Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 27.425-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 60/2006 en todas sus partes, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, en la suma de $16.120 por la representación procesal y $40.299 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por cada uno de los profesionales intervinientes en autos, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-94790841-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 8 de Septiembre de 2022 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación), para dictar sentencia en el Expediente N° 27.425-I carartulado: "Progranos S.R.L. s/ apelación”, La Dra. O’Donnell dijo:
I. Progranos S.R.L. interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución N° 60/2006 dictada el 25 de abril de 2006 por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Tucumán de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la que se determina de oficio su obligación en el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales 7/2002 a 6/2004, intimándola a ingresar $437.910,46, más intereses resarcitorios (art. 37). Además, se le aplica una multa de defraudación de $295.841,85 por los períodos fiscales 7/2002 a 9/2002 y 10/2003 a 6/2004 (arts. 46 y 47, ley 11.683) y se difiere la aplicación de la sanción por los restantes períodos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del entonces vigente régimen penal tributario.
En su presentación ante este Tribunal, relata que tiene por actividad la venta al por mayor de cereales y compraventa de agroquímicos y que, sin atender a la realidad económica emergente de la documentación contable y de los elementos respaldatorios de los asientos, como asimismo del movimiento bancario aportado a la fiscalización, se le impugnaron los créditos fiscales computados por las operaciones con los siguientes proveedores: Manuel Alberto Llorens, Mario Aníbal Marquestó, Agromix S.A. y Agroservicio San Ignacio S.H., a los que se los calificó de apócrifos por habérsele detectado diversas irregularidades.
A continuación, sostiene que:
a) En la instancia administrativa, de las preguntas formuladas al socio gerente, surgieron elementos que le permitieron concluir a la jueza administrativa que el circuito seguido por los cheques cobrados por los proveedores, como así también la modalidad en su cobro, fueron suficientes para considerarlos apócrifos, b) Indica que debido a este errado razonamiento, se concluyó que por aplicación del art. 12 de la ley del gravamen, no correspondía computar el crédito fiscal.
c) Al momento de contestar la vista, planteó la nulidad del ajuste al no haberse computado las retenciones practicadas a los proveedores e ingresadas por compensación, y carecer de interés fiscal ya que el IVA compras se canceló en un 100%, desde el momento que el impuesto no retenido se abonó al proveedor con cheques nominativos no a la orden.
d) Se agravia también del método presuntivo adoptado por la jueza administrativa y hace hincapié en que lo más grave de todo fue que el Fisco Nacional pretendió invertir la carga de la prueba, por no tener sustento en la ley y ser una presunción inventada en perjuicio de los contribuyentes; sumado a que los indicios reveladores de la calidad de “apoc” de los proveedores fueron tomados de otras fiscalizaciones, sin otorgársele vista ni ser incorporados para poder ejercer su respectiva defensa.
Afirma que los proveedores nunca estuvieron incluidos en la base apoc, por lo que de ningún modo podrían considerarse apócrifos; ello, tal como lo acreditó con las copias autenticadas por el escribano Marco A. Padilla (h) de las consultas a la base de datos de AFIP efectuadas el 3/11/2005, por lo que el Fisco Nacional debió tener por cierta su presunción de buena fe al momento de hacer las operaciones que le cuestiona.
Respecto a la supuesta falta de capacidad operativa o la falta de empleados de los proveedores, manifiesta que son apreciaciones meramente subjetivas, sin sustento en ninguna prueba sino en meras consultas a las bases de datos, que no reflejan información concluyente, toda vez que nada impedía a Progranos S.R.L. subcontratar servicios de terceros.
Indica que probó con varios elementos que tanto los proveedores, como las operaciones fueron reales y existieron. En particular, de cada proveedor, dice:
1. Mario Aníbal Marquestó, que probó con copia carbónica original de la carta de porte del 15/12/2005 (es decir un año y medio después del último período fiscal verificado), una operación de venta de 33.500 kgs. netos de soja efectuada a la firma Bunge Argentina S.A., carga que fuera entregada en el domicilio de ésta última. Agrega que con esta operación, posterior a la inspección, no sólo acreditó que el proveedor existió a la fecha de las operaciones realizadas sino que siguió operando y con una importante firma de plaza. También aportó, entre otras pruebas: constancia de inscripción de Marquestó ante la AFIP y fotocopia de F206/1 multinota recibida el 21/11/2005 en la que el proveedor contestó un requerimiento efectuado por un inspector, adjuntando copia de las declaraciones juradas del impuesto a las de ganancias 2003 y 2004, y otros elementos.
2. Manuel Alberto Llorens, que acompañó fotocopia de una nota externa del 7/5/2004, firmada por la Cdora. Susana Estela Solórzano, Jefa de la Agencia Tucumán, dirigida a dicho proveedor en la que le comunicaba la suspensión del reintegro sistemático previsto en el art. 40 de la RG 1394/02 y que dicha comunicación se efectuó el mes anterior al de junio de 2004 tomado por la inspección dentro de los períodos fiscalizados. Agrega que hasta mayo de 2004, éste no sólo existía sino que gozaba del reintegro sistemático del IVA como responsable inscripto en el Registro Fiscal de Operadores de Granos, en cuyo registro aparece inscripto, según consulta efectuada el 8/3/2004 que en fotocopia adjuntó como prueba. También dice que acompañó: fotocopia de una escritura del 20/2/2004 de revocación del poder especial efectuado al Sr. Mario Arturo Barros Sosa, el que fue notificado en ese mismo acto, de lo que se desprendería que dicho apoderado no pudo haber retirado cheques a nombre de Llorens con fecha posterior a febrero de 2004, tal como indicaron los inspectores actuantes; también aportó diversos documentos emitidos tanto por el proveedor como también otros dirigidos por él a la AFIP y por terceros, de los que surgen numerosos requerimientos que se le cursaran y sus respuestas; el otorgamiento de clave del régimen de transferencia electrónica de datos del 3/2006, facturas y recibos de terceros, multa aplicada por el Organismo del mes de julio de 2004, extractos de la caja de ahorros del Banco Hipotecario, cuentas de consignación, comprobantes de ingresos directos por retenciones, comprobantes de retención de Industrias del Trigo S.A., así como facturas, cartas de porte, idénticas operaciones realizadas por dicho proveedor con Codegran S.R.L., etc.
Dice, en definitiva, que acreditó con documentación comercial y fiscal que tanto el Sr. Llorens como Marquestó existieron, y, además que fueron contribuyentes activos con actividad reconocida y detectable, pero que sin embargo, ésta prueba no se la consideró, como toda la restante que fue olímpicamente desconocida, por haber sido presentada fuera del vencimiento del plazo para su defensa, sin tener en cuenta la dificultad que tuvo para obtenerla por no encontrarse en su poder sino de terceros.
1. Agromix S.A., que ofreció como prueba poder especial otorgado a los Sres. Rodolfo Martín Paz Posse y Oscar Eduardo Ruiz, por escritura pública N° 188 del 5/5/2003 pasada ante el Escribano Marco A. Padilla (h), junto con su correspondiente legalización por parte del Colegio de Escribanos de Tucumán, actas de asamblea y de directorio de Agromix S.A. certificadas por la Inspección General de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, constancia de inscripción del mencionado en la Agencia Mercedes de la AFIP-DGI, testimonio del acta constitutiva y sus estatutos también expedidos por la IGJ con su correspondiente inscripción, anexo I referido a solicitud de servicios de certificación (RG AFIP 1394-02) en el que consta la actividad de la empresa e información sobre su capacidad de producción, con indicación de la ubicación de la explotación, acreditando la inscripción del proveedor, constancia de CBU del 29/5/2003 y del registro como operador comercial ante la coordinación de cuarentenas, fronteras y certificaciones, impresión de pantalla del padrón de inscriptos de la AFIP, Boletín Oficial de la Nación, ejemplar del 13/12/2002 en que consta la inscripción de Agromix S.A. en el Registro Fiscal de Productores y Operadores de Granos.
2. Agroservicios San Ignacio SH, que aportó: F.712/A Modificación de datos CBU presentado por la firma y recibidos por la AFIP el 20/5/2002 a los fines del reintegro sistemático bancario de los montos de IVA retenidos en su condición de operador inscripto en el Registro Fiscal de Granos, F. 712/A ingresado en la AFIP el 11/6/2001, modificatorio del anterior, formulario constancia de inscripción en la Agencia Sede de la AFIP Tucumán, F.12 ingresado el 8/10/2000 declarando actividad y consignando en el rubro 2 la aportación del contrato de arriendo de la explotación agropecuaria, F. 460/J ingresado el 20/9/2000 en la AFIP, informando la actividad de prestación de servicios agrícolas y producción de los mismos, testimonio de poder otorgado por escritura pública N° 213 del 20/4/2001 a favor del Sr. Enrique A. Cecilia, copia del contrato constitutivo de la sociedad de hecho formalizado el 18/9/2000 con fecha cierta y firmas certificadas por notario público.
Alega, así, que la fiscalización basó la impugnación de los proveedores solo en la consulta a sus bases de datos, a las que varias veces cataloga de falibles e inseguras, por arrojar muchas veces datos erróneos, y que circunstancias tales como la ausencia de inscripción como empleador, o la carencia de automotores o inmuebles registrados, o la falta o escasez de movimientos bancarios, son datos genéricos y superficiales que sólo conducen a juicios conjeturales e hipotéticos y, a su entender, no pueden ser fundamento válido para cuestionar créditos fiscales apropiados legítimamente.
En cuanto a la forma de pago, explica que recién a partir de agosto de 2003, con el dictado de la RG 1547, reglamentaria de la ley 25.345, se introdujo la obligatoriedad de que los cheques sean cruzados, adicionándose en su anverso la leyenda “para acreditar en cuenta”, limitándose así la cantidad de endosos. De ese modo, la fiscalización debió haber impugnado, solamente, las operaciones realizadas con posterioridad a agosto de 2003 y no las anteriores, como ocurrió, ya que ninguna norma lo obligaba a emitirlos de tal modo. Reitera que en su descargo, alegó y probó que gran parte de los pagos a dichos proveedores, se hicieron con Bonos de Deuda, Bonos de Cancelación de Deuda (Bocade) o Letras de Coparticipación (Lecop).
Explica que la falta de condición de apócrifos de las personas cuestionadas, la probó mediante los servicios del Escribano Marco Padilla (h) quien ingresó en la página de AFIP y certificó la impresión de pantalla obtenida de la que surgía que no aparecían incluidos en la base apoc, ello conforme fotocopia autenticada de las mencionadas consultas.
Plantea la nulidad de la Resolución por no fundarse en los hechos y antecedentes que le sirvieron de causa ni el derecho aplicable, conforme art. 14 de la ley de procedimientos administrativos, invocando también la falta de cómputo de las retenciones practicadas e ingresadas y en la omisión de considerar el saldo del impuesto pagado a los proveedores con cheque cruzado imputado.
Remite nuevamente a su descargo, donde invoca la falta de dolo de los arts. 46 y 47, incs. a), b) y c) por los períodos fiscales 7/2002 a 9/2002 y 10/2003 a 6/2004, porque para ellos deben existir indicios ciertos, precisos y concordantes de conductas evasoras, que tanto en sus aspectos externos y objetivos como internos y subjetivos, demuestren de modo inequívoco que existía ánimo de perjudicar al Organismo Fiscal, ya sea omitiendo o deformando la realidad económica de los hechos imponibles declarados, lo que no ocurrió, toda vez que la inspección centró sus objeciones en aspectos meramente formales, nacidos de conjeturas y no sustentadas en la realidad económica. Agrega que su conducta excluye todo ánimo subjetivo y que esa sola circunstancia haría aplicable la solución eximitoria propiciada por nuestros tribunales. Así, dice que al no existir dolo y resultando la determinación fiscal fruto de la aplicación de elementos inculpatorios, indiciarios o presuncionales correspondería, en todo caso, el reencuadramiento de su conducta en la figura culposa del art. 45 de la ley, lo que así solicita.
Por las mismas razones, alega que tampoco corresponde encuadrar su conducta en las previsiones del art. 1° de la ley 24.769, ya que el ajuste se realizó por procedimientos fictos, referidos a conductas ajenas que son la de los proveedores.
En esta instancia, acompaña únicamente prueba documental y se remite a las constancias obrantes en los antecedentes administrativos, solicita que se le otorgue a la excepción de nulidad el tratamiento como de previo y especial pronunciamiento y, por último, que se revoque la Resolución en todas sus partes, con costas.
II. A fs. 95/106 vta., la representación fiscal contesta el traslado del recurso, y por las consideraciones que expone pide que se la confirme, también con costas.
Ello así, toda vez que Progranos S.R.L.:
a. Respecto a la defensa de nulidad, destaca que los actos son consecuencia de haberse seguido el procedimiento previo para su dictado, en el que se respetó el derecho de defensa del contribuyente. b. Aclara que en ningún momento Progranos S.R.L. acreditó fehacientemente la existencia y veracidad de las operaciones instrumentadas en las facturas cuestionadas.
c. Respecto a Manuel Alberto Llorens y Mario Aníbal Marquestó, expresa que estaban incluidos en la base apoc, carecían de capacidad operativa, y que eran en realidad meras usinas generadoras de crédito fiscal; no tenían domicilio comercial, ni fueron localizados en el domicilio fiscal ni en el legal, no tenían empleados en relación de dependencia como tampoco acreditaciones bancarias acordes con el volumen de transacciones que presuntamente realizaron, no dieron cumplimiento a lo establecido respecto a medios de pago, entre otros;
Con relación a los cheques emitidos por el Sr. Llorens por un monto de $366.330,80, señala que solamente $65.677,79 fueron a su nombre, de los cuales $41.607,01 fueron endosados a favor de terceros, y $15.811,48 depositados en la cuenta del Banco Galicia, cuyo número coincide con la cuenta en la que el Sr. Marquestó depositó también cheques a su nombre; solamente $8.259,30 fueron depositados en la cuenta del proveedor del Banco Hipotecario.
Por otra parte, el saldo restante de los pagos a Llorens se cancelaron en realidad con cheques a terceras personas. En lo que respecta a los cheques emitidos por Progranos S.R.L. a Mario Marquestó por $1.100.465,21, solo $196.921,40 fueron a su nombre y de ese monto $45.245,70 fueron endosados a favor de terceros, $25.797,37 se depositaron en el Banco Galicia, en la misma cuenta que Llorens depositó cheques a su nombre, y solamente $125.878,33 fueron depositados en la cuenta del Banco Hipotecario del proveedor. El saldo también fueron cheques librados a terceras personas.
a. Respecto al proveedor Agromix S.A., dice que éste acompañó contratos de arriendos adulterados con certificación de escribanías apócrifas, pretendidamente acreditados por actas labradas en estudios notariales, también considerados apócrifos. Además se pudo constatar que no es un productor primario de cereales, sino un intermediario.
Agrega que se pagó con cheques la suma de $112.717,66 en cheques a nombre del proveedor que fueron endosados por el apoderado, Esteban Paz Posse y recibidos por éste $79.634,47 y $25.839,07 por la señora Teresa López Frias, representando así el 93,57 % del total emitido.
a. Del proveedor Agroservicio San Ignacio S.H., que no aportó documentación respaldatoria de las operaciones –ventas, liquidaciones de compra, gastos, remitos, etc., expresando que ésta se extravió, pero no acompañó constancia de haber efectuado denuncia policial; tampoco compró formularios 116/A, 116/B Y/O 116/C; no tenía empleados ni bienes como camiones, acoplados, cosechadoras, trilladoras, arados, tractores, maquinarias o bienes de uso en general para desarrollar la actividad agrícola -producción de cereales- necesaria para las operaciones realizadas, tampoco acreditó su arrendamiento. Por otro lado, la mayoría de los proveedores circularizados negaron haber tenido relaciones comerciales con este proveedor. b. Por otra parte, el socio gerente de Progranos S.R.L. -Jorge Cossio-, declaró con relación a los proveedores que la persona que retiraba con frecuencia los valores en las operaciones realizadas con el Sr. Manuel Alberto Llorens y Mario Aníbal Marquestó, era Mario Barros Sosa, apoderado de ambos. Además, que la modalidad era librar los cheques a nombre de la persona que solicitaban sus clientes, debido a la limitación de endoso existente en esos momentos. Manifestó también, con relación a los cheques que fueran cobrados por su empleada –Sra. Sandra Ávila- y por él mismo, que se trataba de una atención que se efectuaba a los proveedores.
III. A fs. 124/141 vta. la recurrente acompaña copia de la sentencia dictada en el proceso penal que tramitó ante el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, del 8/10/2007, en la que se dictó la falta de mérito del señor Jorge Cossio, responsable de Progranos S.R.L. por el delito de evasión tipificado en el art. 1° de la ley 24.769 (t.v.) por el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales 10/2002 a 9/2003; a fs. 142/151 acompaña como hecho nuevo copia de la sentencia dictada por la Sala B de este Tribunal en el Exp. “Codegran S.R.L.”, del 11/8/2008 en la que se revocó la Resolución de determinación de oficio que incluía operaciones con algunos de los proveedores, solicitando que se considere la postura allí adoptada como un precedente de innegable incidencia para el caso analizado en autos.
A fs. 162 se elevaron los autos a consideración de la Sala y, por último, el 1 de septiembre de 2022 quedan en estado para dictar la sentencia.
IV. Que corresponde referirse, en primer lugar, a la defensa de nulidad opuesta por la recurrente, por no fundarse en los hechos y antecedentes que le sirvieron de causa ni el derecho aplicable e invocando que la misma también se fundó en la falta de cómputo de las retenciones practicadas e ingresadas y en la omisión de considerar el saldo del impuesto pagado a los proveedores con cheque cruzado imputado, la que cabe rechazar, toda vez que lo que pretende en realidad es atacar sus fundamentos, lo que será analizado en los siguientes párrafos. Cabe recordar, asimismo, que la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta, sino que es indispensable acreditar la existencia de afectación en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso no se han cumplido.
Así lo ha manifestado en forma reiterada y constante la Cámara que ejerce como tribunal de alzada de este tribunal al decir que “…cuando se plantea la nulidad de un acto administrativo debe señalarse, concretamente, cuáles son los vicios que exhibe y qué perjuicio ha provocado (causa “Cooperativa de Trabajo EI “Colonia Barraquero” LTDA c/ INAES – Resol. 806/08 (Expte. 137/03)”, pronunciamiento del 3 de febrero de 2012). También ha sostenido que el interesado debe acreditar la violación de una forma procesal, o la omisión de un acto, que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a su indefensión, por lo que las nulidades son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se vio privado de oponer el impugnante (causa “EDI Fumigaciones SRL (TF 27564-I) c/ DGI”, “Cachape SRL c/ DGI” y “Ángel Russo Combustibles SRL (TF 24979-I) c/ DGI”, pronunciamientos del 2 de febrero de 2012, del 12 de julio de 2012 y del 20 de mayo de 2015, respectivamente)” -conf. ”Bringas Raul”, sentencia del 1.10.2020.
De este modo, no es posible encontrar en la Resolución ninguno de los vicios de nulidad que acusa la recurrente; por el contrario, lo que se advierte es la omisión de Progranos S.R.L. de dar respaldo a sus declaraciones juradas en la forma que le exige el art. 11 y ss. de la ley 11.683, corolario del principio de autodeterminación de la obligación tributaria que rige en el orden nacional. No ofreció en ninguna de las instancias de defensa previstas para ello, documentación o punto de pericia tendiente a probar la real realización de las operaciones con los proveedores calificados de apócrifos, quedando así sus agravios desprovistos de fundamentos válidos y, más importante todavía, huérfanos de pruebas, aunque sea mínimas que los respalden y validen la credibilidad de sus manifestaciones.
En el caso la invocación de la nulidad ha sido genérica, por lo que corresponde desestimarla, sin costas (Fallos 336:70, “Bolland”).
V. Corresponde ahora decidir si la Resolución apelada se ajusta a derecho, para lo cual cabe recordar que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir a las partes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen, sino tan sólo aquéllas que sea conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970 y en el mismo sentido la Cámara in re “Agropecuaria Huinca SRL”, sentencia del 2/9/2014 y sus citas, entre muchas otras).
De los Considerandos de la Resolución surge que en el procedimiento de fiscalización llevado a cabo a Progranos S.R.L., se detectaron irregularidades en las compras a los proveedores Manuel Alberto Llorens, Mario Aníbal Marquestó, Agromix S.A. y Agroservicio San Ignacio S.H., por lo que se impugnaron los créditos fiscales computados en sus declaraciones juradas del impuesto al valor agregado.
Se detallan allí también las irregularidades detectadas durante la exhaustiva tarea de fiscalización a cada uno de los proveedores, que llevaron a calificarlos de apócrifos, por lo cual se concluyó en que no tenían capacidad operativa ni económica para realizar la actividad por la que emitieron las facturas a la recurrente, entre ellas: inclusión en la base de contribuyentes no confiables, falta de capacidad operativa y de localización de los mismos, ausencia de empleados en relación de dependencia, acreditaciones bancarias no acordes al volumen de las transacciones, defectos en los medios de pago, presentaciones de declaraciones juradas con inconsistencias, cobro de los cheques por terceros ajenos al beneficiario, entre muchas otras.
Tales irregularidades deben ser analizadas teniendo en consideración los volúmenes de operaciones que supuestamente llevaron a cabo sin contar con esos medios económicos y humanos; así, por ejemplo, en el caso de Marquestó el crédito fiscal impugnado asciende a $344.582,95.
Frente a las objeciones formuladas, era a la contribuyente a la que le correspondía probar la real existencia de sus operaciones con los proveedores cuestionados porque así se encuentra diseñado el proceso en la ley de procedimiento tributario, corolario del régimen de autodeclaración de la obligación tributaria que rige en el orden nacional.
Ello, además, por aplicación del criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al interpretar el art. 12 de la ley del impuesto al valor agregado en la causa “Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/ DGI” del 10 de marzo de 2015, y sostener: "Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "En todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles...". Resulta claro entonces, que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto de los vendedores de los bienes o prestadores de los servicios, extremos que no se cumplen en las presentes actuaciones, pues la recurrente no rindió ninguna prueba ante este Tribunal tendiente a acreditar que a pesar de las inconsistencias detectadas a todos y cada uno de los proveedores, las operaciones con éstos no existieron y por ello, tampoco los créditos fiscales cumplen con el recaudo del art. 12 de la ley y, como tales, son legítimos para ser computados en las declaraciones juradas.
En definitiva de las circunstancias apuntadas se desprende que son insuficientes los elementos probatorios incorporados tanto en la instancia administrativa como ante este Tribunal –que consistió en una sentencia de otros fuero y una sentencia del mismo Tribunal pero de otro contribuyente-para demostrar la existencia de las compras a los proveedores cuestionados, lo que pone de resalto la ausencia de pruebas categóricas y conducentes para desvirtuar la postura fiscal en la forma específicamente exigida en esta clase de ajustes fiscales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Aunque sobre decirlo, ni la sola existencia de las facturas, ni su registración, aunque sea correcta y oportuna, ni tampoco la emisión de cheques conforme a las reglamentaciones vigentes constituyen por sí solas prueba suficiente a los fines antes indicados y exigidos en la jurisprudencia del Alto Tribunal antes citada. Es necesario que el contribuyente demuestre que los bienes y/o servicios enunciados en los comprobantes fueron efectivamente adquiridos y/o prestados, pero no por cualquier proveedor, sino por el que aparece allí identificado, y es esa la prueba que la recurrente no ha rendido, ni ha hecho esfuerzo alguno por producir, ya que en su extensa presentación ante este Tribunal solo se ha limitado a hacer consideraciones genéricas en relación a su falta de responsabilidad en el cumplimiento fiscal de sus proveedores, que no es lo que la ley y la jurisprudencia exigen que demuestre en este tipo de ajustes.
En efecto, la única prueba ofrecida en esta instancia remite a las constancias obrantes en los antecedentes administrativos, tanto al contestar la vista como con posterioridad y antes del dictado de la Resolución, que en nada modifican la decisión, ya que se trata de documentación que en modo alguno prueba que las compras se hicieron a los proveedores. Aunque huelga decirlo, el hecho que hayan también vendido a otras empresas en nada cambia, ni elimina la condición de apocrificidad que le imputa el organismo fiscal, al contario, puede constituir prueba de que no se trata de operaciones aisladas sino de empresas creadas como verdaderas usinas de emisión de facturación apócrifa.
Por último, la forma en que supuestamente se cancelaron las compras da clara cuenta que los proveedores permanecieron ocultos. Es que para ello, según manifiesta Progranos S.R.L., se utilizaron utilizados bonos de deuda, como Bocade o Lecop, que por definición no contemplan la identificación del destinatario del pago, y una afirmación en dicho sentido no implica desconocer la validez que como medio de cancelación de deudas comerciales tuvieron estas cuasi monedas en determinado momento y contexto histórico del país. No se trata que no fue válido utilizarlos como medio de pago, sino que no sirven como prueba a la hora de probar que fueron entregados en forma de pago a determinadas personas.
En cuanto a los cheques, las irregularidades señaladas por la fiscalización dan también testimonio que quienes cobraron los fondos realmente fueron otras personas, los verdaderos proveedores, o bien intermediarios –el señor Barrios Sosa, apoderado de Llorens y de Marquestó- o personas allegadas a éstos. No se explica sino por qué dos proveedores depositaron los cheques en una misma cuenta bancaria -Marquestó y Llorens-, ni menos aún que como atención de Progranos S.R.L. hacia sus proveedores, incluyera cobrar en ventanilla el cheque que les diera antes en pago, como el mismo propio socio gerente, el Sr. Cossio, lo reconoció a ser indagado por la fiscalización. Para este último propósito, reconoció también que recurrió al auxilio de una empleada de la empresa, Sandra, maniobra de uso común cuando se trata de ocultar al verdadero perceptor de los fondos.
Como señala la recurrente en su presentación ante este Tribunal, fueron efectivamente esas manifestaciones del socio gerente que explicó con detalle el circuito seguido por los cheques de la empresa bajo su dirección las que, sumadas al resto de los elementos recolectados, llevaron a la Administración Tributaria a concluir con certeza en la inexistencia de los proveedores y de las compras y a impugnar las declaraciones juradas en las que Progranos S.R.L. se computó los créditos fiscales –ficticios-por las mismas.
Todas estas razones son por demás suficientes para desestimar el planteo de nulidad y confirmar la Resolución N° 60/2006, tanto en cuanto al capital como los intereses intimados en ella, con costas.
VI. Respecto a la sanción de defraudación aplicada en dicho acto con sustento en los arts. 46 y 47 de la ley 11.683, corresponde su tratamiento en razón de su naturaleza penal.
A la luz de las consideraciones de hecho y de derecho formuladas en párrafos precedentes, la misma debe ser confirmada por cuanto ha quedado acreditado el dolo incurrido por Progranos S.R.L. en la confección de las declaraciones juradas en las que incluyó créditos fiscales de comprobantes fiscales emitidos por proveedores inexistentes, es decir engañosas. En cuanto al dolo exigido por dicha figura, cabe recordar que el art. 47 de la ley habilita al juez administrativo a presumir la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas.
En particular, en el inc. b), en el supuesto en el que los documentos y registraciones impliquen una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible, que se configura desde el momento que los créditos fiscales computados no responden a la realidad de las operaciones celebradas y tienen la entidad suficiente para generar la grave incidencia a la que se refiere la norma. Se encuentran configurados entonces los supuestos allí previstos por cuanto fue necesaria la intervención de la fiscalización y tareas llevadas a cabo respecto a todos y cada uno de los proveedores para detectar el fraude cometido, las que se encuentran reseñadas con detalle minucioso en los Considerandos de la Resolución y en el Informe de Fiscalización con el que la División interviniente culminó su intervención.
Por lo expresado, corresponde confirmar también la sanción aplicada, con costas.
El Dr. Martín dijo:
Que adhiere a las conclusiones del voto de la Vocal Instructora.
Atento al resultado de la votación que antecede,
1. Confirmar la Resolución N° 60/2006 en todas sus partes, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, en la suma de $16.120 por la representación procesal y $40.299 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por cada uno de los profesionales intervinientes en autos, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
Se hace constar que este pronunciamiento se emite con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de esta Sala por encontrarse en uso de licencia la Vocal Titular de la 10° Nominación (conf. art. 184 de la ley 11.183). Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.09.08 15:05:52 -03:00 Date: 2022.09.08 15:08:37 -03:00 Daniel Alejandro Martín Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.09.08 15:08:38 -03:00
Fin de la sentencia