Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las determinaciones de oficio del Impuesto sobre los Bienes Personales e Impuesto a las Ganancias apeladas en autos. Con costas.
I. A fs. 46/69 se interpone recurso de apelación contra las resoluciones 256/2015 (DV RR1P) y 257/2015 (DV RR1P) de fecha 22 de junio de 2015, que le determinan de oficio a la apelante el Impuesto sobre los Bienes Personales y el Impuesto a las Ganancias, respectivamente, con más los intereses resarcitorios, correspondientes ambos tributos al período fiscal 2006.
En primer lugar sostiene que las actuaciones que motivan su presentación se originan en la fiscalización electrónica 2299575 efectuada por el Organismo Recaudador, en el marco del cual, la Administración notificó a la recurrente un requerimiento de información solicitando datos vinculados a una presunta cuenta bancaria radicada en la Confederación Suiza.
Plantea la prescripción de las potestades del Fisco para reclamar el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto sobre los Bienes Personales del período fiscal 2006, por haber transcurrido el plazo con que la Ley 11683 dota al Organismo Recaudador a tales efectos.
Afirma que atento a que el vencimiento para la presentación de las declaraciones juradas del período fiscal 2006 operó el año inmediato siguiente a éste, el inicio del cómputo del plazo de la prescripción acaeció el 1 de enero de 2008 y los cinco años habrían concluido el 1 de enero de 2013.
Señala que la pretensión de la Administración Federal de Ingresos Públicos examinada en autos se encuentra claramente prescripta, en la medida que resulta inválido aplicar en autos la suspensión por un año dispuesta por el art. 17 de la ley 26.860 pues posee flagrantes vicios constitucionales en su trámite parlamentario. Manifiesta que las facultades del Fisco Nacional también habían expirado, por resultar inaplicable la causal de suspensión de la prescripción contenida en el artículo agregado a continuación del 65 de la ley 11.683. Ello así por cuanto se ha dado inicio a un procedimiento determinativo que se encuentra viciado con la única finalidad de intentar suspender el curso de la prescripción.
Alega que a poco que se repare en la Fiscalización Electrónica N° 2299575, único proceso de investigación que precedió a los actos determinativos recurridos, el Organismo Recaudador solicitó información general de un conjunto de períodos fiscales -desde 2006 a la fecha del requerimiento-. Sin embargo allí no se indicó la existencia de una orden de inspección ni se informó a la recurrente en forma fehaciente que se encontraba bajo una formal Investigación relacionada con el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto sobre los Bienes Personales, ambos del periodo fiscal 2006, por lo que ninguno de estos actos puede ser considerado, como intenta sostener la contraparte en las resoluciones que nos ocupan, como el inicio de una fiscalización ordinaria, requisito indispensable para impugnar, a todo evento, la declaración jurada de los gravámenes aquí involucrados. Sostiene la ilegitimidad de las determinaciones recurridas por cuanto se sustentan exclusivamente en las constancias obrantes a fs. 6/8 de los cuerpos del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto sobre los Bienes Personales a las cuales les otorga el carácter de prueba absoluta y pretende demostrar con ellas que esta parte habría poseído una cuenta bancaria en un Banco de Suiza al 31 de diciembre de 2006 —en las que ni siquiera incluso aparece como titular—, cuando no existe elemento alguno en las actuaciones administrativas que demuestre que las mismas provinieron de una entidad financiera de Suiza, que llegaron al Estado Francés, ni que fueron entregadas por la Administración Tributaria Francesa al Señor Echegaray.
Alega que tanto el procedimiento de obtención de la información que aduce haber llevado adelante la República Argentina – presuntamente, en cabeza del Ministerio de Economía y de la Administración Fiscal Argentina-; así como toda la información que aducen haber obtenido, resultan ilegítimas e inválidas, por la aplicación del articulo 27 del Convenio que pone en evidencia que la única información que podían válidamente intercambiar los estados suscriptores del convenio, se limitaba y se limita, a la información necesaria para la aplicación de las disposiciones del convenio entre dichos estados o a la información referente a los impuestos con incidencia en los sujetos comprendidos en dicho convenio.
Manifiesta que de lo expuesto solo puede colegirse que no pudo válidamente aplicarse el Convenio con la República de Francia para obtener información de las presuntas cuentas que contribuyentes Argentinos tendrían o habrían tenido en Bancos localizados en la Confederación Suiza.
Si el Estado Argentino pretendía obtener y utilizar información sobre cuentas suizas, debería haber gestionado conforme a mecanismos legales, es decir, debería haberla obtenido aplicando un Convenio internacional con Suiza que así lo habilite.
Afirma que la presunta información recabada se encuentra agregada en copia simple, carece de fecha cierta e incluso, en idioma extranjero sin traducción por parte de un profesional competente, todo lo cual constituye un obstáculo insalvable que la invalida como elemento idóneo para la determinación de materia imponible. Alega que en el caso de autos los únicos elementos en los que se sustentan las determinaciones que motivan esta apelación son las constancias obrantes a fs. 6/8 de las actuaciones administrativas. Desconoce expresamente la autenticidad, validez y legitimidad de dichas constancias, si la Administración Federal pretende hacerlas valer como prueba documental, no puede soslayarse que existen ciertas formalidades que deben inexorablemente respetarse por cuanto hacen al derecho de defensa que, por mandato constitucional, asiste a los administrados. Manifiesta que el Fisco Nacional no ha podido demostrar, tal como se desarrolló en los acápites precedentes, que el hecho inferente sea cierto y comprobado. Ello, en tanto las determinaciones de oficio tienen su origen en la información que presuntamente habría sido proporcionada por la Administración Francesa, respecto a la cual no existe constancia alguna en las actuaciones administrativas: ni del pedido de información, ni de la recopilación de la misma, ni de cómo ha sido entregada a la administración federal, ni mucho menos de cómo ha sido procesada. Señala que de ninguna manera puede sostenerse que los indicios recogidos sean unívocos y concordantes; por el contrario, la presunción sólo responde a un razonamiento arbitrario e irrazonable, que carece de todo sustento. Cita doctrina y jurisprudencia, agrega prueba documental, ofrece informativa, hace reserva del caso federal, pide que oportunamente se revoquen los actos apelados, las resoluciones apeladas resultan nulas e ilegítimas con imposición de costas al Fisco Nacional.
II. A fs. 83/105 el Fisco Nacional contesta el recurso interpuesto solicitando su rechazo con costas. Afirma que en el marco de la Fiscalización Electrónica N° 2299575 la Administración Federal procedió a verificar el cumplimiento de los deberes tributarios a cargo del accionante, cuya actividad principal declarada es la prestación de servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas, siendo el código de actividad el Nro. 702092.
Señala que los artículos 56, 57 y 58 de la ley 11.683 (t.o en 1998 y sus modif.) establecen un plazo de prescripción de cinco años para los sujetos inscriptos -tal es el caso de la recurrente- contados a partir del primero de enero del año siguiente al que se produce el vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada correspondiente. Ello así, el vencimiento para la presentación de la declaración jurada del periodo fiscal 2006 operó en el año 2007, razón por la cual el cómputo del plazo de la prescripción comenzó a correr el 1° de enero de 2008, el cual se vio suspendido el 24 de diciembre de 2008, fecha en que se publicó en el Boletín Oficial la ley 26.476 que estableció un régimen de regularización impositiva y de protección de empleo y que en su artículo 44 dispuso la suspensión del curso de la prescripción con carácter general en los siguientes términos: “ Suspéndese con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales.”
Afirma que no cabe duda de que son de aplicación a los presentes actuados, respecto del período fiscal 2006 las previsiones del articulo 44 de la Ley N° 26.476, con vigencia desde el 24/12/08, que suspende, es decir "detiene o difiere" por el término de un año el curso de la prescripción iniciada el 01/01/08.
Alega que para el período fiscal 2006 a la fecha de publicación de la Ley 26.860 se encontraba en curso la prescripción, por lo tanto le es aplicable también la suspensión de la citada norma.
Señala el accionante que a la prescripción operada el 1° de Enero de 2015 no puede adicionarse la causal suspensiva contenida en el articulo agregado a continuación del art. 65 de la Ley 11.683, por cuanto se ha dado inicio a procedimientos que considera viciados. Frente a los argumentos trazados, señala que el Organismo goza de facultades de carácter general (artículo 33 - Ley N° 11.683) y facultades discrecionales (articulo 35 —Ley N° 11 683) Estas últimas, constituyen los amplios poderes con los que cuenta la autoridad fiscal para verificar el cumplimiento de los deberes de contribuyentes, responsables y terceros, incluso respecto de períodos fiscales en curso.
Sostiene la agraviada que no existe Orden de Intervención alguna en los antecedentes administrativos, lo cual - según su criterio- traería aparejada la nulidad del procedimiento determinativo por violación al debido proceso adjetivo y al derecho de defensa. Con respecto a este tema, se remite a lo ya explicitado respecto al procedimiento de Fiscalización Electrónica el cual se enmarca dentro de las facultades de verificación y fiscalización del cumplimiento de las obligaciones fiscales que la Ley de Procedimiento Tributario le otorga a la Administración Federal de Ingresos Públicos, pudiendo ésta en el ejercicio de las misma, citar al firmante de la declaración jurada, al presunto contribuyente o responsable, o a cualquier tercero que a su juicio tenga conocimiento de las negociaciones u operaciones de aquellos, para contestar o informar"... todas las preguntas o requerimientos que se les hagan.. "-artículo 35, inciso a).
Afirma que frente a los cuestionamientos vinculados a la validez de la información que origina los cargos formulados en las resoluciones apeladas, resulta menester recordar que el artículo 27 del Convenio entre la República Argentina y la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, normado por la ley 22.537, que cuenta con un Protocolo Modificatorio al Convenio aprobado por la ley 26.276 prevé que las autoridades competentes de los Estados intercambiarán las informaciones que sean necesarias para la aplicación de las disposiciones del presente Convenio, o aquellas de la legislación interna de los Estados relativas a los impuestos comprendidos por el Convenio, en la medida en que la imposición que ella prevé no sea contraria al Convenio.
Alega que dicho intercambio de información no se verá restringido por las disposiciones del Artículo. Las informaciones que reciba un Estado serán mantenidas en secreto de la misma manera que los intercambios obtenidos por aplicación de la legislación interna de ese Estado y sólo se entregará a las personas o autoridades (incluso tribunales y órganos administrativos) a quienes compete el establecimiento o recaudación de los impuestos comprendidos en el Convenio, o la sustanciación de causas judiciales o apelaciones relativas a impuestos, o para las decisiones sobre los recursos concernientes a esos impuestos.
Manifiesta que la información que sirvió de base a los ajustes en discusión fue entregada a la autoridad competente Argentina por la autoridad competente Francesa en el marco de un tratado internacional, el Convenio con la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, ley 22.357, que cuenta con un Protocolo modificatorio del Convenio, aprobado por ley 26.276. La AFIP obtuvo la información a través de un organismo oficial, la Dirección General de las Finanzas Públicas de Francia, en el marco del artículo 27 del convenio para evitar la doble imposición antes citado. Alega que la pauta sobre traducción no resulta absoluta sino que configura un principio general, en tanto el idioma oficial en el país es el castellano, aspecto que sería fácilmente subsanable, si ese Excmo. Tribunal estimare necesario contar con la traducción del material intercambiado. Sostiene que la documentación obrante a fs. 11/13, tanto del cpo. del Impuesto a las Ganancias como del relativo al Impuesto sobre los Bienes Personales, refiere básicamente a datos personales como nombres, nacionalidades, domicilios, montos de dinero y referencias temporales, por lo que su traducción se considera irrelevante y mucho menos implica que carezcan de la presunción de legitimidad prevista en el artículo 12 de la ley 19.549 como sugiere la accionante. Afirma que la Administración Federal recibió por parte del Fisco francés información financiera y bancaria referida a nacionales y/o contribuyentes argentinos -vinculada a la causa judicial por evasión fiscal y lavado de activos iniciada contra la entidad bancaria HSBC en dicho país- en un sobre cerrado y lacrado que contenía un soporte óptico CD-ROM. Posteriormente, mediante la correspondiente contraseña se abrió el mismo, descomprimiéndose el archivo que contenía el citado soporte óptico. Asimismo, se recibió lo una nota del Fisco francés en la que detallaba y describía la información contenida en dicho soporte óptico.
Alega que la presunción utilizada por el Ente Fiscal no forma parte del proceso liquidatorio del gravamen sino del proceso determinativo en sí mismo, atribuyendo la "causa" (hecho imponible) que según su criterio provocó el "efecto" (nacimiento de la obligación tributaria), la cual a su vez debió determinar (no presumir) a través de medios por fuera de sus declaraciones juradas.
Destaca que respecto al método de determinación de la obligación tributaria en base a los depósitos bancarios, la jurisprudencia es abundante en cuanto a la aceptación de la presunción de que los mismos, en principio, corresponden al titular de la cuenta de que se trote (cfr, "Dadea Marta Elisa", C.N.A.C.A.F. Sala IV del 30/8/84; T.F.N. Sala B, "Bur, Delia Matilde", 31/5/94 y "Moraco, Horacio Carlos", del 11/11/09, entre otros) y establece también que es el contribuyente quien debe demostrar en forma indubitable que el monto de sus cuentas bancarias no le pertenecen, o que perteneciéndole, no forman parte de la materia gravada.
En cuanto a los intereses resarcitorios manifiesta que permanecen fuera de todo cuestionamiento la aplicación de los intereses resarcitorios intimados en virtud del art. 37 de la ley 11.683 (t.o. En 1998 y su modif). Se opone a la prueba ofrecida, introduce la cuestión federal , solicita el rechazo de la prescripción opuesta por la contraparte así como los planteos nulificantes y que se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas, con costas.
III. A fs. 114 se abre la causa a prueba, ordenándose producir la prueba informativa. A fs. 117, 119/124, 135/141vta, 164, se produce la prueba informativa. A fs. 175 se clausura el período de instrucción. A fs. 184 se elevan los autos a Sala. A fs. 189 pasan para alegar. A fs. 194/199vta y 201/207vta obran alegatos de la actora y el Fisco Nacional. A fs. 219 pasan a sentencia.
IV. A los efectos de resolver la cuestión traída a decisión de este Tribunal cabe tener presente que, en principio, los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros). En efecto “los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, ni tratar todos los temas expuestos, ni analizar todos los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (fallos 272:325)”, citado por la CNACAF, Sala IV 19-02-97, Causa N° 2783, “Rúffolo Roque c/ DGI”, TFN 13.174-I.
V. Ello así, corresponde el tratamiento del planteo de prescripción que efectúa el actor respecto de las facultades del Fisco para reclamar el Impuesto sobre los Bienes Personales e Impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal 2006.
Ahora bien corresponde analizar si resulta de aplicación al caso algún supuesto de suspensión del término de la prescripción en curso.
Que el artículo 44, de la ley 26.476 (B.O. 24/12/2008) dispone: “Suspéndase con carácter general por el término de (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”.
Asimismo, el artículo 86 de la R.G. 2650 (AFIP) aclaró que: “La suspensión del curso de la prescripción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización está a cargo de esta Administración Federal y para aplicar multas relacionadas con los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales, previstas con carácter general en el Artículo 44 de la Ley Nº 26.476, alcanza a la totalidad de los contribuyentes o responsables, hayan o no adherido a alguno de los regímenes reglamentados por esta resolución general...El término de un año a que se refiere dicho artículo se computará a partir del día 24 de diciembre de 2008, inclusive.”
Que en términos similares la Ley Nº 26.860 (B.O. 3/6/2013) dispuso en su artículo 17 dispuso: “Suspéndase con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”; debiendo tenerse presente que de conformidad con el artículo 21 de dicha norma, sus disposiciones son de orden público y entraron en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Que la redacción de ambos textos legales, no arroja dudas acerca de la intención del legislador, en cuanto a que la mentada suspensión se dispone “con carácter general”, esto es, que abarca a la generalidad de los contribuyentes responsables y no solamente a los que hubiesen ejercido el derecho a acogerse al régimen de normalización tributaria. Así lo ha entendido la C.S.J.N in re “Fisco Nacional c/Distribuidora El Plata SRL s/Ejecución Fiscal” de fecha 26/11/91.
En cuanto al planteo que efectúa la actora con relación a las manifestaciones vertidas por algunos legisladores durante el debate en la Cámara de Diputados de la que terminara siendo la ley 26860, cabe recordar que nuestro Alto Tribunal ha señalado “Que, de conformidad con el criterio expuesto por esta Corte en Fallos: 120:372, debe suponerse que las comisiones parlamentarias estudian minuciosa y detenidamente en su fondo y forma los asuntos que despachan, por lo cual sus informes orales o escritos tienen más valor que los debates en general del Congreso o las opiniones individuales de los legisladores (Fallos: 77:319; 141 U.S. 268; 166 U.S. 290) y constituyen una fuente legítima de interpretación (Fallos: 33:228; 100:51 y 337; 114:298; 115:186; Sutherland y Lewis Statutes and Statutory Construction, párrafo 470, segunda edición 1904 y numerosos fallos allí citados, entre ellos 143 U.S. 457 y 192 U.S. 470)”.
“Es por ello, que frente a una disparidad de opiniones deberá adquirir relevancia la voluntad expresada por quienes sometieron el proyecto de ley a la consideración de los restantes integrantes del Parlamento, como así también la instrumentación finalmente plasmada en el texto aprobado.” (CSJN, in re “Hermitage S.A c/Poder Ejecutivo Nacional – Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos – Título 5 – ley 25063 s/proceso de conocimiento”, sentencia del 15/06/2010).
Ello así, que por ejemplo y para elegir el periodo fiscal mas antiguo el vencimiento para la presentación de la declaración jurada del período fiscal 2006 operó en el año 2007, razón por la cual el cómputo del plazo de la prescripción comenzó a correr el 1 de enero de 2008, el cual se vio suspendido el 24 de diciembre de 2008, fecha en que se publicó en el Boletín Oficial la ley 26,476 que estableció un régimen de regularización impositiva y de protección de empleo y que en su articulo 44 dispuso la suspensión del curso de la prescripción. Conforme lo dispuesto en la norma transcripta, el cómputo del curso de la prescripción se remitió el 24 de diciembre de 2009, viéndose nuevamente interrumpido dicho plazo el 3 de junio de 2013, fecha en que fue publicada en el Boletín Oficial la ley 26.860 que estableció un nuevo régimen de regularización y estableció en su artículo 17 la suspensión con carácter general por término de un año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos en idénticos términos a los previstos en el artículo 44 supra citado. Por lo expuesto, retomándose el 3 de junio de 2014 el cómputo del curso de la prescripción y por la conjunción de las suspensiones dispuestas en las leyes 26.476 y 26.860 referenciadas, el término de la prescripción hubiera operado el 1 de enero de 2015.
No obstante, resta analizar la aplicación de la última parte del artículo agregado a continuación del art. 65 de la ley 11683.
Al respecto, el mencionado artículo establece “Se suspenderá por ciento veinte (120) días el curso de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley y para aplicar y hacer efectivas las multas, desde la fecha de notificación de la vista del procedimiento de determinación de oficio o de la instrucción del sumario correspondiente, cuando se tratare del o los períodos fiscales próximos a prescribir y dichos actos se notificaran dentro de los ciento ochenta (180) días corridos anteriores a la fecha en que se produzca la correspondiente prescripción”.
Al respecto se ha sostenido que “En este caso debe tratarse de períodos fiscales próximos a prescribir y siempre que esa vista se notifique dentro de los 180 días corridos anteriores a la fecha en que se produzca la correspondiente prescripción...No aclara la norma cómo deben computarse los 120 días, pero es indudable que ellos serán los hábiles administrativos, teniendo en cuenta la norma general establecida en el art. 4° de la ley procedimental...” (Horacio Ziccardi, 75 Aniversario de la Ley 11.683, Ed. Edicoal, Pags.543/546). En ese sentido, teniendo en cuenta que la resolución por la que se confirió vista al contribuyente en el impuesto que nos ocupa y por el período fiscal aludido, le fue notificada dentro del plazo de 180 días corridos anteriores a la fecha en que se hubiera producido la prescripción -1° de enero de 2015-, habiéndose dictado las resoluciones apeladas con fecha 22/6/2015, esto es, dentro del plazo que estipula la norma antes citada; cabe concluir que las facultades del fisco para determinar y exigir el impuesto y aplicar multa por el período fiscal citado precedentemente, no se encuentran prescriptas.
No modifica lo expuesto el planteo de la recurrente respecto de la validez de la vista administrativa puesto que la misma fue dictada dentro del marco del procedimiento legalmente previsto para el proceso de determinación de oficio. Además de la lectura de dicho acto se advierte que contiene el cargo que se le efectúa al contribuyente, el origen del mismo, la forma en que había recibido el Fisco la información, por lo cuál y más allá del análisis de los restantes planteos de nulidad que articula la actora que este Tribunal hará a continuación, no se advierten vicios de tal gravedad que permitan tener por inexistente el acto de vista que diera origen al procedimiento determinativo.
Que en función de lo expuesto, procede rechazar la prescripción opuesta por el recurrente.
VI. Respecto de los argumentos de la recurrente relativos a la carencia de una orden de intervención ni que se informó a la recurrente en forma fehaciente que se encontraba bajo una formal investigación, cabe reiterar aquí lo expuesto por esta Sala con fecha 18/12/2017 in re “COMPARIN, DANIEL HORACIO”, en el sentido que el Formulario Orden de Intervención tiene por finalidad proveer a un mejor control interno de las áreas de fiscalización. Con el mismo se instruye a los funcionarios actuantes, generalmente indicándoles períodos, gravámenes, alcances que posteriormente permitirán evaluar resultados, rendimientos, tiempos insumidos y desvíos a la propia orden. Es decir, las jefaturas de fiscalización formalizan una orden a sus subordinados, respecto a ciertos contribuyentes, períodos o gravámenes; órdenes éstas, que se ajustan después formalmente o no a la realidad de los hechos y las observaciones detectadas.
En este sentido la Sala “B” en su anterior constitución al sentenciar en la causa “Rodríguez, Gerardo Oscar” del 11/02/09, sostuvo: “Que, el dictado de la Orden de Intervención ... por parte del Organismo Recaudador no es más que el ejercicio de las facultades (y deberes) que la ley procedimental otorga a la Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección General Impositiva, para verificar en cualquier momento el cumplimiento que los obligados y responsables dan a sus obligaciones tributarias, no advirtiéndose por parte de este Tribunal, irregularidad alguna en su dictado.”
“Que, mediante la orden de intervención, acto interno de la repartición fiscal, el superior jerárquico de la Dirección Regional instruye a determinado agente para que verifique el cumplimiento que el contribuyente ha dado a las disposiciones de la materia, actuación que resulta razonable y oportuna a efectos de lograr una adecuada puesta en marcha de la “maquinaria” fiscal.”
“Que, cabe destacar que el accionar del ente fiscal encuentra sustento en los artículos 35 y 36 de la Ley de Rito, correspondiéndose con los amplios poderes que posee el Fisco para verificar el cumplimiento que los obligados den a las leyes y demás disposiciones tributarias ... En este sentido, no se observa que los requerimientos cuestionados por la recurrente sean arbitrarios, improcedentes ni contrarios a derecho. Al respecto, es importante recordar que la inspección tributaria opera como una colección de datos, es decir, se trata de una actividad administrativa cuyo presupuesto es la atribución de una potestad de comprobación encaminada a la búsqueda de hechos y datos que ignora el Organismo Recaudador, que le permitan establecer la corrección o inexactitud de lo declarado por el contribuyente.”
“Que, ello es coherente con el sistema de autodeterminación que rige en nuestro país, donde es el contribuyente quien efectúa una autoliquidación del tributo, reservando entonces la legislación fiscal, amplias facultades al Organismo Recaudador para verificar la corrección de las declaraciones juradas presentadas por los responsables, recayendo sobre los contribuyentes, e incluso terceros en general, el deber de colaboración con en el ente fiscalizador. En efecto, como sostiene Jarach, todos los administrados tienen un deber general de colaborar con la Administración, de modo tal que ésta pueda cumplir con las funciones de interés público que le han sido encomendadas (Dino Jarach, “Curso de Derecho Tributario”, Ed. Cima, 1980, p. 310).”
“Que, la ley procedimental, en su artículo 16, establece que las liquidaciones y actuaciones practicadas por los inspectores y demás empleados que intervienen en la fiscalización de los tributos no constituyen determinación administrativa, la que sólo compete a los funcionarios que ejercen las atribuciones de jueces administrativos. Por su parte, el artículo 17 de la ley ritual establece que el procedimiento determinativo se inicia con una vista al contribuyente que otorga el juez administrativo, circunstancia que se encuentra cumplida en el subexamine.” “Que, precisamente, conforme surge de los antecedentes administrativos de la causa el Organismo Fiscalizador dio cabal cumplimiento con los requisitos establecidos por la ley ritual, habiéndole corrido a la recurrente la vista que dispone el artículo 17 del citado texto legal, verdadera e insubsanable oportunidad en que se anoticia a quienes tengan responsabilidad impositiva, de los cargos, impugnaciones y fundamentos de los mismos.” Ello así, el agravio en examen debe ser rechazado.
VII. En cuanto a los agravios de la recurrente relativo a la inaplicabilidad del convenio suscripto con el Estado de Francia y frente a los cuestionamientos vinculados a la validez de la información que origina los cargos formulados en las resoluciones apeladas, resulta menester recordar que el artículo 27 del Convenio entre la República Argentina y la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, normado por la ley 22.537, que cuenta con un Protocolo Modificatorio al Convenio aprobado por la ley 26.276 prevé que “Las autoridades competentes de los Estados intercambiarán las informaciones que sean necesarias para la aplicación de las disposiciones del presente Convenio, o aquellas de la legislación interna de los Estados relativas a los impuestos comprendidos por el Convenio, en la medida en que la imposición que ella prevé no sea contraria al Convenio. Dicho intercambio de información no se verá restringido por las disposiciones del Articulo 1. Las informaciones que reciba un Estado serán mantenidas en secreto de la misma manera que los intercambios obtenidos por aplicación de la legislación interna de ese Estado y sólo se entregará a las personas o autoridades (incluso tribunales y órganos administrativos) a quienes compete el establecimiento o recaudación de los impuestos comprendidos en el Convenio, o la sustanciación de causas judiciales o apelaciones relativas a impuestos, o para las decisiones sobre los recursos concernientes a esos impuestos. Estas personas o autoridades sólo usarán estos informes para estos fines. Podrán revelar las informaciones en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales.”
En virtud del precepto glosado, resulta claro que no existían obstáculos legales para que nuestro país, en el mareo del mentado convenio, requiera información relativa a los sujetos e impuestos comprendidos en el Convenio, tendiente a su correcta administración.
No se advierte, pues, que el intercambio efectuado exceda lo dispuesto en el articulo 27 del convenio referido, sino en cambio, que el intercambio se encuentra dentro del marco de lo dispuesto en el mismo. Del texto del convenio se extrae que las autoridades competentes intercambiarán las informaciones que sean necesarias para la aplicación de las disposiciones de la legislación interna de los Estados relativas a los impuestos comprendidos en el Convenio —cfr. artículo 27-. Tal como se desprende de los fundamentos que se extraen del propio convenio, ambos países celebran el convenio deseosos de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio.
VIII. En lo relativo a los agravios de la recurrente referidos a la falta de validez probatoria de la información en que se sustentan los ajustes por falta de traducción oficial corresponde señalar que este Tribunal entiende que a tenor de los datos que surgen de la misma consistentes en datos personales de las personas y montos asignados a determinados números de códigos de clientes, la falta de traducción no es óbice para su análisis. Por otra parte, el recurrente ha tenido la posibilidad de requerir en esta instancia la traducción de dicha documentación por un perito traductor público, lo que no ha acontecido, surgiendo del propio escrito de apelación que el recurrente no ha tenido en principio inconveniente para interpretar los datos que de ella surge.
Asimismo la documentación obrante a fs. 6/8, del cpo. del Impuesto a las Ganancias, refiere básicamente a datos personales como nombres, nacionalidades, domicilios, montos de dinero y referencias temporales, por lo que su traducción se considera lo irrelevante y mucho menos implica que carezcan de la presunción de legitimidad prevista en el artículo 12 de la ley 19.549 como sugiere el accionante.
Que, en este orden, es dable recordar la doctrina de nuestro más alto Tribunal, en el sentido de que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo, además, ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido "Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica- Amet c/ Buenos Aires Provincia de y otro s/ amparo", C.S.J.N., 5/10/95, t. 318, p.1798; "Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios", C.S.J.N. 6/2/01, t. 324, p. 151, entre otros). Cabe agregar que para pretender la nulidad de las actuaciones administrativas, se debe demostrar de qué concretas defensas y pruebas se habría visto privada la parte en las instancias administrativas y la incidencia que dichas omisiones hubieran podido tener para modificar en su favor la situación que da origen a la causa judicial (conf. Fallos: 282:188 y sus citas; Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal, Sala V - “in re” “Sugart Pedro Medrano SA c/Secretaría de Comercio e Inversiones - disposición [DNCI] 2373/1996” - 23/9/1998), lo que no se ha acreditado en autos.
Que por lo expuesto, corresponde rechazar esta defensa de nulidad articulada por el contribuyente en autos.
IX. A raíz de la prueba ofrecida por la propia parte actora, a fs. 135/141 y 162/164 del presente expediente obra la respuesta del Fisco Nacional al oficio que le fuera librado en autos. En dicha oportunidad el Ente fiscal aporta la nota fechada en París el 25/9/2014, copia de la actuación SIGEA Nº 13288-1070-2014/3 en la cual se describe el procedimiento seguido, en la que se da cuenta de la existencia de una reunión con la Administración Tributaria Francesa, en la cual se entregó un CD-ROM encriptado en sobre lacrado con información financiera y bancaria de cuentas de argentinos que se encontrarían vinculadas a la causa judicial por evasión fiscal y lavado de activos seguida a la entidad HSBC. En dicha actuación se fija el procedimiento a seguir para la apropiación de la información.
En cuanto a los argumentos de la recurrente relativos a a los vicios en los elementos del cargo corresponde destacar lo resuelto por el Juzgado Nacional Penal Económico Nº 11 al resolver el 7/3/2017 el Incidente de Nulidad sobre el origen de la prueba en la causa HSBC Bank Argentina SA y otros s/L 24769, donde el juez señala que el 4/7/2014 el Administrador Federal inició las gestiones ante el Ministerio de Economía a efectos de obtener la información financiera y bancaria de contribuyentes argentinos en poder de la Administración Tributaria Francesa, lo que se concretó con la nota remitida por el titular del aludido ministerio a su par de la República Francesa. La información le fue entregada al Administrador Federal en ocasión de su viaje a París el día 25/9/2014, en un CD encriptado, el cual fuera recibido y mantenido en custodia por la División de Intercambio de Información Tributaria de la AFIP.
Tal como se señala en la sentencia del Incidente de nulidad antes referido “...los archivos en cuestión fueron secuestrados, en poder de un particular, por las autoridades de la República Francesa en el marco del registro domiciliario … y posteriormente entregados a la autoridad fiscal de nuestro país en el marco del art. 27 de la ley 22.357 … No se advierte la intevención o conexión entre los agentes estatales y la obtención por parte de Hervé FALCIANI de los datos cuestionados...”
“Los eventuales delitos que pudiera haber cometido el poseedor de tales documentos -Hervé FALCIANI-, tal como se indica en los diferentes planteos, no constituye una circunstancia que invalide “per se” la obtención de los documentos secuestrados por las autoridades estatales.”
Asimismo en dicha sentencia se señala “Que, en otro orden de ideas, las objeciones planteadas con relación a la presunta violación de la cadena de custodia y la posible contaminación de la documentación aportada por la República Francesa no resulta cuestiones nomativamente vinculadas a la validez de esos documentos sino que, por el contrario, guardan relación con el valor probatorio que jurisdiccionalmente pueda asignárseles”.Agrega al respecto que “En conclusión, al no corresponder un juicio anticipado y aislado sobre el mérito de la documentación acompañada por la República Francesa, el análisis de las objeciones y planteos desarrollados por el acápite (ii) del considerando 3º excede el marco de la presente incidencia”.
Si bien se trata de documentación que carece de firma y apostillado, tal como se describe en el fallo que venimos transcribiendo “que tratándose de documentos privados secuestrados en poder de un particular, tales recaudos no constituyen un requisito de validez sin perjuicio de su valor probatorio...”. En cuanto a la falta de traducción, este Tribunal entiende que a tenor de los datos que surgen de la misma consistentes en datos personales de las personas y montos asignados a determinados números de códigos de clientes, la falta de traducción no es óbice para su análisis. Por otra parte, el recurrente ha tenido la posibilidad de requerir en esta instancia la traducción de dicha documentación por un perito traductor público, lo que no ha acontecido, surgiendo del propio escrito de apelación que el recurrente no ha tenido en principio inconveniente para interpretar los datos que de ella surge. Que por lo expuesto, corresponde rechazar el planteo efectuado por el contribuyente en autos.
X. Que entrando al análisis del fondo del asunto traído a decisión, conviene comenzar por destacar que este Tribunal tiene dicho que “los métodos presuntivos para la determinación de tributos, son alternativas válidas que habilita la ley a favor de la Administración para que pueda cumplir sus objetivos en aquellos casos en que, debido a la inexistencia de elementos, registración con notorias falencias, o documentación que no resulte fehaciente...deba recurrir en forma supletoria o complementaria a esta metodología para cuantificar la base imponible” (cfr. entre otros, Armotec SACIFIC, TFN, Sala B, 10/02/1999, "Victorio Américo Gualtieri S.A.", 08/05/2007). El legislador ha aceptado la necesidad de implantar métodos indiciarios con el propósito de contrarrestar la evasión fiscal. La validez de los mismos dependerá de que su uso guarde razonable correspondencia con los restantes elementos de convicción obrantes en la causa. (doctrina de CNACAF, Sala I, in re “Casado Abel y otros”, 7/5/93).
Cabe señalar que el Fisco Nacional ha obtenido información del Fisco Francés relativa a la tenencia de cuentas bancarias en el HSBC Suiza por parte de ciudadanos argentinos. De la información en cuestión surge, conforme las planillas de fs. 6/8 del cpo. de Impuesto a las Ganancias la existencia de diversos activos en una cuenta cuyos datos de perfil coinciden con los asignados al aquí actor.
Que, en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto Ledesma, Amalia, TFN, Sala D, 18/07/2001, Inmobiliaria Quesada SRL, TFN, Sala A, 11/04/2000, Campisi, Benito, Sala B, 10/05/1999, Bur, Delia Matilde, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996).
Cabe recordar que si las manifestaciones de los contribuyentes no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración de los hechos y errores que le atribuye.
Que como tiene dicho la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede omitirse que -según reiterada doctrina, las resoluciones emanadas regularmente de la Dirección General Impositiva gozan de presunción de legitimidad -cfr. art. 12 de la ley 19.549- por lo que no resultaría ajustado admitir de inicio que ellas respondan a un obrar injustificado o abusivo (Fallos: 318:2431; 321:695; 325:2347, entre muchos otros) por lo que, "la peculiar naturaleza del acto cuestionado tiene a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)...". Asimismo, de seguirse otra tesitura "la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)" (cfr. CSJN in re "Romero SA", sentencia del 8/2/2005).
En el caso concreto el actor encaminó su recurso a cuestionar la suficiencia de la prueba aportada por el Fisco para adjudicarle la cuenta en cuestión, mas no ha ofrecido ni producido prueba alguna tendiente a comprobar no ser el titular de los fondos allí depositados, como lo hubiera podido hacer mediante una informativa vía exhorto al HSBC Suiza requiriendo que dicha entidad informara si lo tenía como cliente y titular de alguna cuenta bancaria. Al respecto cabe destacar que si bien este Tribunal (en virtud de lo dispuesto por el art. 146 de la ley 11683 -t.o. en 1978 sus modificaciones) tiene “...amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes...”, es jurisprudencia pacífica que en materia de prueba ello no implica “llegar al extremo de reemplazar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de la igualdad procesal” (en tal sentido ver D.F. XXII, -Compendio de Fallos- pág. 1183, referido a la causa: “Tameyfú S.R.L., Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal -Sala II- del 27/6/72, Tribunal Fiscal de la Nación C-833, del 26/3/71). Debe entenderse que incumbe a la apelante poner en movimiento la etapa de probanzas del proceso, a fin de lograr el mayor grado de verdad -apodíctica-, esto es, lograr que a partir de las pruebas aportadas el juzgador llegue al mayor grado de certeza, eliminando la posibilidad de que las cosas o los hechos hayan sucedido de forma diferente a lo que se está aseverando. Que, en virtud de lo expuesto, procede confirmar las determinaciones de oficio del Impuesto sobre los Bienes Personales e Impuesto a las Ganancias apeladas en autos. Con costas.
XI. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar las determinaciones de oficio del Impuesto sobre los Bienes Personales e Impuesto a las Ganancias apeladas en autos. Con costas.
2. Se deja constancia que la presente resolución es suscripta por los miembros titulares de las Vocalias 4° y 5° en virtud de lo dispuesto en el art. 6°, 10° párrafo del R.P.T.F.N.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.02.03 15:51:01 ART Date: 2022.02.04 10:42:07 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.02.04 10:42:15 -03:00
Fin de la sentencia