Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 35.025-I
I. Que, mediante RE-2021-38572057-APN-SGAI#TFN la contribuyente interpone el recurso de apelación previsto en el inciso b) del artículo 76 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) contra la Resolución N° 33/2021 de fecha 08/04/2021 emitida por el Jefe (int) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Comodoro Rivadavia y su antecedente, Resolución N°48/20 (DV RRCR).
Señala que mediante la Resolución que apela se procedió a determinar de oficio el Impuesto al valor agregado, períodos fiscales 01/2015 a 01/2017 por el importe de pesos ocho millones ochocientos veinte mil novecientos con 32/100 ($8.820.900,32) con más el monto de pesos diecisiete millones doscientos noventa y cinco mil ciento ochenta y dos con 94/100 ($17.295.182,94) en concepto de intereses resarcitorios. Además, difiere la sanción de multa, con relación al Sumario 5/431 /005/2020, en orden a lo fijado a tal efecto por la Ley 24.769 (y sus modif.).
Plantea como único argumento la nulidad absoluta, a su entender, la demandada violó el inciso f) apartado 3º del artículo 1º de la Ley 19.549 y artículo 17 de la ley de rito. Argumenta que la Resolución apelada se construyó sobre la base de no haber permitido que su mandante conteste la vista conferida, etapa que le garantiza el citado artículo de la ley de procedimiento fiscal.
Describe que, si bien, se le otorgó la vista en orden a la norma expuesta, ante la solicitud de prórroga que el artículo 17 asegura a todo contribuyente, directamente se procedió a determinar de oficio la materia imponible sin permitirle no sólo su contestación sino la producción de prueba ante su sede.
Adjunta las constancias documentales que acreditan la grave e irreparable violación del derecho de probar ante la sede del Organismo.
Agrega que tiene domicilio en la Ciudad de Trelew, mientras que la autoridad que dictó la Resolución impugnada está a 450 km de dicha ciudad, es decir en la Regional Comodoro Rivadavia.
Por otro lado, manifiesta que tampoco puede desconocerse el grave desapego que la accionada ha tenido a las normas y a la buena fe procesal que rige todo proceso. Ello así, estuvo más de un año parcialmente cerrada y con su atención al público reducida por la pandemia decretada por el COVID19, con restricciones en materia de circulación, de presentaciones digitales y de plazos confusos.
Por último, ofrece prueba documental, hace reserva del caso federal y solicita se decrete la nulidad de lo actuado, ordenando remitir las actuaciones a sede de la demandada para que pueda debidamente contestar la vista conferida produciendo a tal efecto la prueba que le asegura el derecho al debido proceso, con costas.
II. Que mediante IF-2021-85029076 el Fisco Nacional contesta el recurso presentado por la parte actora. Señala que con fecha 07/08/2020, mediante Resolución Nº 48/2020 (DV RRCR), notificada el 10/08/2020, se inició el procedimiento de determinación de oficio.
Señala que las supuestas irregularidades invocadas por la contribuyente como cuestiones que hacen a la nulidad de la resolución de determinación de oficio, son meros artilugios que absolutamente en nada invalidan la misma, como así tampoco la eficacia de las normas aplicadas.
Destaca que en virtud de la Pandemia declarada por la OMS, la AFIP a través de las R.G. 4682, 4695, 4703. 4713, 4722, 4736, 4750, 4766, 4786, 4794, 4807, 4818, 4835, 4840 y 4856/2020 dispuso un período de feria fiscal extraordinario entre los días 18/03/2020 y 29/11/2020 ambos inclusive, durante el cual no se computaron los plazos previstos en los distintos procedimientos vigentes vinculados a la aplicación y percepción y fiscalización de tributos.
Por otra parte, teniendo en cuenta la prescripción de las acciones y poderes del Fisco en el caso, y con el objeto de no afectar los intereses del contribuyente, se dispuso a habilitar la feria fiscal extraordinaria, fijando días a los fines exclusivos de practicar la notificación de la Resolución de Vista.
En este orden, con fecha 7/08/2020 mediante Resolución Nº 48/2020 (DV RRCR), notificada el 10/08/2020 se inició el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible y del gravamen resultante en el IVA por los períodos fiscales 01/2015 a 01/2017 a la aquí apelante mediante el otorgamiento de la vista que prevé el artículo 17 de la Ley Nº 11.683. A partir del 30/11/2020 comenzó efectivamente a correr el plazo para que la contribuyente alegue su defensa por escrito y proponga o entregue todas las pruebas que hagan a su derecho, venciendo el mismo el 23/12/2020, sin que efectuara presentación alguna.
Por otra parte, detalla que el 15/01/2021, es decir, vencido el plazo para que la contribuyente ejerza su derecho de defensa, el Sr. Carlos Castro Blanco, presentó escrito mediante la plataforma de Presentaciones Digitales, que le asignó el Nº #202100048792, solicitando prórroga de la vista conferida en los términos del artículo 17 primer párrafo de la Ley Nº 11.683.
Atento la solicitud efectuada en dicho momento por el ahora apelante, no obstante estar vencido el plazo para efectuar descargo y a efectos de no vulnerar el debido derecho de defensa, el 15/01/2021, a través del Publicador de Comunicaciones No Sistémicas, se otorgó la prórroga solicitada, acordándosele un plazo único e improrrogable de 15 días contados a partir del vencimiento en que operó el término otorgado originalmente (23/12/2021), para que formule su descargo y ofrezca o presente las pruebas que hagan a su derecho (ver fs. 396/ 399 Cuerpo Principal Antecedentes Administrativos).
Agrega que el vencimiento de los plazos mencionados en el párrafo precedente se encontraban suspendidos por la vigencia de la feria anual ordinaria administrativa. Como puede observarse la contribuyente ahora apelante no solo se ha visto beneficiada por las suspensiones extraordinarias dispuestas en el marco de la pandemia COVID- 19 sino que además por el curso de la feria administrativa ordinaria anual durante todo el mes de enero, por lo que el vencimiento de la prórroga se cumplió el 19/02/2021.
Destaca que las manifestaciones vertidas por la recurrente en las Multinotas presentadas el 22/02/2021 y 26/02/2021 eran meras maniobras dilatorias tendientes a entorpecer el curso del procedimiento determinativo. La presentación efectuada el 26/02/2021 no sólo es a todas luces extemporánea sino que al margen del planteo de nulidad no describe de manera concreta cuales son los perjuicios hacia ella o en que ha visto obstaculizado su derecho de defensa, situación que se reitera en el escrito de apelación objeto de estas actuaciones.
Por último, el Fisco Nacional se refiere a la procedencia de la determinación de oficio recurrida, hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución determinativa, con costas.
III. Que, inmediatamente, se elevan los autos a la Sala B, la que pone los autos para dictar sentencia.
IV. Que de acuerdo a la forma en que se encuentra trabada la litis corresponde avocarse al tratamiento del planteo de nulidad opuesto por la actora, respecto de la resolución apelada en autos, por cuanto entiende que se le ha coartado la posibilidad de presentar su descargo contra la vista conferida y de presentar las pruebas que hacen a su defensa. En primer lugar, corresponde destacar que la resolución recurrida en autos, aparece satisfaciendo los requisitos establecidos por el artículo 7° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. La misma efectúa un tratamiento y análisis de los hechos constatados por la fiscalización actuante y el derecho aplicable al caso, no advirtiéndose elementos que hagan suponer que carece de justificación ni se observa que se haya violado el debido proceso legal. Cabe señalar, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y Expte. N° 35.025-I 4 civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA II , 9/10/96, entre otros).
Ahora bien, de las actuaciones administrativas labradas por el Fisco Nacional (Cuerpo Principal de IVA vide IF-2021- 00874953-AFIP-DVRCRI#SDGOPII) surge que la Resolución de vista N° 48/2020 se dictó el 7/08/2020 y fue notificada a la recurrente el 10/08/2020 (ver fs. 390 del cuerpo principal de IVA), es decir, durante la feria extraordinaria administrativa decretada por la Administración Fiscal en virtud de la Pandemia declarada por el COVID19. Conforme surge de las resoluciones dictadas por el Organismo fiscal (R.G. 4682, 4695, 4703. 4713, 4722, 4736, 4750, 4766, 4786, 4794, 4807, 4818, 4835, 4840 y 4856/2020) el 29/11/2020 finalizó la feria extraordinaria decretada, por lo que comenzó a correr para el contribuyente el plazo para presentar el descargo conforme dispone el art. 17 de la Ley 11.683. El plazo de 15 días vencía el 23/12/2020.
Conforme surge de las mismas actuaciones, recién con fecha 15/01/2021, la recurrente solicita prórroga a fin de contestar la vista conferida (ver fs. 392 presentación digital N° 202100048792). Ante ello, y a fin de garantizar la instancia de defensa del contribuyente, el Fisco Nacional hizo lugar a la misma mediante Resolución N°1/2021 de la misma fecha, notificada el 18/01/2021 (vide fs. 399 del mismo cuerpo) acordándole un plazo único e improrrogable de 15 días contados a partir del vencimiento en que opere el término otorgado originalmente para que formule su descargo y ofrezca prueba, bajo apercibimiento de continuar con el procedimiento determinativo. Recordemos que se encontraba vijente en ese momento la feria administrativa anual del mes de enero, venciendo ahora el nuevo plazo el 18/02/2021. Sin embargo, la parte no contestó la vista pese a estar debidamente notificada en su domicilio fiscal electrónico (fs. 399) A fs. 402 de los mismos antecedentes, se observa multinota de fecha 22/02/2021 presentado por la actora intimando al Fisco para que le confiera la prórroga solicitada, y una nueva multinota de fecha 26/02/2021 solicitando la nulidad de todo lo actuado. En dichas presentaciones, la recurrente nada plantea respecto del ajuste practicado por la Administración. Lo cierto es que recién con fecha 8/04/2021 el Fisco Nacional notifica a la actora la determinación de oficio apelada en autos, luego de que dictaminara el servicio jurpidico (vide fs. 415/426) por lo que reseñadas las constancias de la causa, no se advierte la afectación de los principios y derechos constitucionales que denuncia la actora. En efecto, en el acto atacado se exponen claramente los hechos y elementos tenidos en cuenta por el Fisco Nacional para sostener la postura fiscal, actuando el organismo recaudador en el marco de las normas que reglamentan su función de fiscalización y de determinación de oficio, el contribuyente fue notificado del inicio del proceso determinativo con la respectiva resolución de vista en los términos del artículo 17, habiendo obtenido la prórroga para su contestación, sin contestar la misma pese a haber contado con un plazo extenso para hacerlo. En consecuencia, no corresponde acoger los agravios de nulidad articulados por la recurrente.
Por otra parte, en esta instancia del Tribunal, la actora no ha expresado agravios concretos respecto del fondo de la cuestión, conducentes a demostrar la improcedencia del ajuste determinado por el Fisco Nacional ni aportó prueba alguna. En efecto, el recurrente en su escrito de apelación se ha limitado a plantear la nulidad de la resolución recurrida, sin introducir agravio alguno contra la cuestión de fondo resuelta en la misma, por lo que la presentación efectuada carece de los requisitos mínimos que permitan la consideración del remedio articulado, debiendo recordarse que en la instancia de este Tribunal no hay recurso de nulidad autónomo, es decir, que por involucrar o comprender el recurso de apelación al de nulidad, este último no prospera o es improcedente si los agravios se limitan a poner en tela de juicio la validez del acto recurrido sin impugnar lo que éste decide como inadecuado a derecho (ver en igual sentido, el pronunciamiento recaído in re “Kowzef S.A.”, sentencia de la Sala “B” del 29/11/2006).
Al respecto, cabe recordar que la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que no puede omitirse que - según reiterada doctrina, las resoluciones emanadas regularmente de la Dirección General Impositiva gozan de presunción de legitimidad -cfr. art. 12 de la ley 19.549- por lo que no resultaría ajustado admitir de inicio que ellas respondan a un obrar injustificado o abusivo (Fallos:318:2431; 321:695; 325:2347, entre muchos otros) por lo que, "la peculiar naturaleza del acto cuestionado tiene a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)...".
Asimismo, de seguirse otra tesitura "la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)" (cfr. CSJN in re "Romero SA", sentencia del 8/2/2005).
En este contexto debe señalarse que en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto “Ledesma, Amalia”, TFN, Sala D, 18/07/2001, “Inmobiliaria Quesada SRL”, TFN, Sala A, 11/04/2000, “Campisi, Benito”, Sala B, 10/05/1999, “Bur, Delia Matilde”, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996).
Que, siendo ello y no habiendo la actora intentado mínimamente desvirtuar las argumentaciones de hecho y derecho en que se funda el ajuste proyectado en la resolución recurrida, cabe concluir que corresponde su confirmación.
V. Que por su parte, no habiendo tampoco expresado la actora agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000). La recurrente no arrima en esta instancia argumentos para derribar la postura fiscal ni pruebas que acrediten sus dichos. Siendo ello así cabe concluir que corresponde confirmar la determinación efectuada por el Fisco Nacional Con costas.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada en autos. Con costas.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2022.08.05 18:38:36 ART Date: 2022.08.08 09:58:00 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.08.08 11:12:41 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.08 11:12:54 -03:00
Fin de la sentencia