Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 47.886-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar las resoluciones apeladas en autos. Con Costas al Fisco Nacional
I. Que a fs. 111/127 se interpone recurso de apelación contra la resolución 263/2016 (DV RR1R), dictada por el Jefe de División Revisión y Recursos 1 de la Dirección Regional Rosario, por las que se determina de oficio la obligación tributaria de PALAN S.A. frente al Impuesto a las Ganancias por el ejercicio fiscal 2009, con mas intereses resarcitorios.
Que a fs. 403/424 se interpone recurso de apelación contra las resolución 23/2017 (DV RR1R), dictada por el Jefe de División Revisión y Recursos 1 de la Dirección Regional Rosario, por las que se determina de oficio la responsabilidad personal y solidaria del Sr. Pascual Alberto Lanzillotta respecto de la deuda de la firma denominada Palan SA correspondiente al Impuesto a las Ganancias período fiscal 2009, con mas sus intereses resarcitorios.
La recurrente PALAN S.A. sostiene que en el marco de una causa judicial por divorcio vincular de sus socios, Pascal Alberto Lanzillotta y Maria Graciela Anunziata, el juzgado interviniente en dicha causa, a solicitud de la Sra. Anunziata, ordenó la adjudicación directa a su favor, de gran parte de los bienes de PALAN SA. Señala que fue la Sra Anunziata quien optó por dicho modo de distribución de los bienes, conforme surge del acuerdo suscripto por los conyuges.
Agrega que el juez interviniente en el divorcio realizó una consulta vinculante ante la AFIP y, a pesar de la repuesta de esta última, no exigió el pago del Impuesto a las Ganancias a la Sra. Anunziata. Deja constancia que Palan SA no fue parte en el proceso judicial de divorcio vincular, ni de dicha consulta a la AFIP. Indica que PALAN SA no fue parte en el proceso judicial de divorcio vincular, ni de dicha consulta a la AFIP. Sin perjuicio de ello y con motivo de la Carta Documento cursada oportunamente por PALAN SA al Director de la AFIP y al Jefe de la Región Rosario, ésta inició una fiscalización mediante la O.I. N° 1239130, considerando que la recurrente debía ingresar el Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2009, por la salida de los bienes inmuebles rurales y de ciertos muebles de su patrimonio.
Señala que del expediente administrativo no surge información alguna sobre los actos de la empresa DESIN SA (empresa controlada por Palan S.A.). No obstante ello, señala que es falso que DESIN SA haya aceptado pagar el Impuesto a las Ganancias. La realidad es que en el caso de dicha empresa, en virtud de un acuerdo celebrado entre los Sres. Lanzillotta y Anunziata, el primero se comprometía a pagar el impuesto en cuestión por cuenta y orden de la Sra. Anunziata, entregándole el dinero a DESIN SA. Así, en virtud de lo acordado entre los Sres. Lanzillotta y Anunziata, DESIN SA no expresó consentimiento alguno a los fines del pago del Impuesto a las Ganancias. Alega que no hubo ni enajenación ni acto de disposición alguno. Manifiesta que al analizar el razonamiento efectuado por el organismo, se advierte el error en que incurre, pues pretende concluir que la mera entrega de la posesión de los bienes a la Sra. Anunziata conlleva la aplicación del art. 71 del Decreto Reglamentario de la Ley Impuesto a las Ganancias), olvidando que para ello se requiere que se verifiquen puntualmente los supuestos que taxativamente enuncia el art. 3 de la LIG y el art. 71 del Decreto Reglamentario de aquél.
Indica que no se advierte de las constancias de autos que hubiera existido una operación a título oneroso, dado que conforme surge de la definición de onerosidad, no se observan contraprestaciones de las partes, requisito esencial para que se aplique tal concepto.
Reitera que en el marco del juicio de divorcio, el juzgado interviniente fue quien dispuso la adjudicación de los bienes en cuestión a uno de los accionistas de PALAN SA, pero la empresa no participó en el citado convenio judicial celebrado por las partes (Sres. Lanzillotta y Anunciata); tampoco manifestó su voluntad a través de los actos societarios o contractuales que menciona el citado art. 3 de la LIG ni realizó ningún acto de disposición de los bienes, limitándose a acatar estrictamente una orden judicial.
Señala que la AFIP sostiene que la actora ha efectuado una "adjudicación de bienes" en los términos del art. 71 citado, lo cual también es falso, pues sostiene que la recurrente no dispuso la adjudicación a través de alguna de las formas societarias establecidas por el Decreto Reglamentario de la LIG y conforme lo dispuesto por la Ley de Sociedades.
Alega que la AFIP soslaya las exigencias de la Ley del Impuesto a las Ganancias y de su Decreto Reglamentario, pues considera que el mero hecho de la entrega de bienes en cumplimiento de una orden judicial, equivale - jurídica o económicamente hablando- a una transferencia, pese a la inexistencia de un acto de disposición contractual o societario, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550. Destaca que en lo que a la reducción forzosa atañe, ésta puede darse por pérdidas o por ejercerse el derecho de receso. En virtud de ello, destaca dos situaciones: 1) la prevista en el artículo 206 de la Ley de Sociedades, que establece que la reducción es obligatoria cuando las pérdidas insumen las reservas y el 50% del capital; 2) la contemplada en el artículo 245 de la misma ley, en el que se dispone que el accionista, disconforme con las modificaciones estatutarias, puede en ciertos casos, separarse de la sociedad con reembolso del valor de sus acciones. Señala que el estatuto de PALAN SA no lo permite y que tampoco tuvieron lugar ninguna de estas dos situaciones.
Señala que no se han producido variaciones en la cantidad accionaria de la Sra. Anunziata para considerar un retiro (ello, conforme surge de los libros societarios, pues la Sra. Anunziata conservó su participación accionaria); asimismo, agrega que, de los balances no se advierte ninguna reducción de capital, motivo por el cual el artículo 71 del Decreto Reglamentario de la Ley del Impuesto a las Ganancias es inaplicable.
Afirma que no es cierto, como pretende hacer creer el fisco, que PALAN SA decidió adjudicar bienes en forma directa a sus accionistas. Fue el juez interviniente en la causa quien decidió tal adjudicación, por pedido de la Sra. Anunziata. Indica que según el acuerdo de accionistas, la Sra. Anunziata debía definir el modo de transferencia de los bienes que se encontraban en cabeza de la sociedad y ésta resolvió la adjudicación directa, sin que PALAN SA participara de esa decisión y por supuesto, el juez homologó tal decisión.
Señala que el Fisco Nacional utiliza el principio de la realidad económica, desconociendo las formas jurídicas que exigen las normas societarias para tipificar una reducción de capital como tal. En este sentido, reitera lo expresado por el Fisco literalmente en la Resolución aquí apelada, donde dice: "Que tampoco le asiste razón a la fiscalizada en cuanto entiende que en el caso no hubo una reducción de capital; dada la disminución patrimonial que sufrió la sociedad—bien que forzosa-; (...)". Señala que se observa que el Fisco equipara erróneamente el instituto del derecho societario de reducción de capital con el concepto de "disminución patrimonial", que por otro lado no se verificó tampoco en el caso. Sin embargo, los supuestos del citado artículo 71 y en particular, la reducción de capital, se encuentran tipificados en la Ley de Sociedades y ello nada tiene que ver con una disminución patrimonial, como lo pretende afirmar el organismo.
Señala que esa expresión de la AFIP no está contemplada en la legislación y además, los bienes se ubicaron contablemente en el rubro "otros activos", de modo que estrictamente tampoco hubo una disminución patrimonial.
Afirma que el obligado a pagar la eventual obligación tributaria es el sucesor a título particular de los bienes adjudicados que originan el ajuste que nos ocupa y no la actora, quien no participó en acuerdo alguno ni realizó ningún acto societario generador del nacimiento de la obligación tributaria en su cabeza.
Señala que la obligación tributaria que pretende la AFIP ha quedado en cabeza de la Sra. Anunziata, en tanto adjudicataria de los bienes que originan el ajuste.
Alega que la Sra. Anunziata es quien solicitó la adjudicación directa de los bienes objeto del ajuste y es a favor de quien el juez interviniente en el divorcio vincular ordenó su transferencia, por lo cual claramente esa ha sido su intención, a pesar de todas las consecuencias que pudieron suscitarse posteriormente. En ese contexto es ella, al recibir los bienes que generan la supuesta obligación tributaria, quien adquirió el rol de sucesor a título particular de los activos de la sociedad, y por ende se convierte en responsable o deudor principal del pago de la obligación. Para refutar lo planteado en la vista, señala que la AFIP hace referencia al concepto de unidad de explotación —que no define, pues no existe una definición expresa en la Ley del tributo ni en su Decreto Reglamentario-; y en base a ello, pretende desconocer la responsabilidad solidaria invocada por la actora en cabeza de la Sra. Anunziata, pues considera que los bienes transferidos no constituyen una unidad de explotación.
Señala que las consideraciones hasta aquí realizadas, como las restantes que integran el recurso de apelación, los colocan en presencia de un acto administrativo nulo de nulidad absoluta e insanable pues posee vicios sumamente graves. Particularmente por la causal que el tratadista Gordillo ha denominado arbitrariedad. Los actos son arbitrarios y por ende nulos por violación de la garantía de razonabilidad, entre otros casos, cuando: a) deciden cosas no sometidas a decisión u omiten resolver otras expresamente planteadas, b) prescinden de los hechos probados, se fundan en hechos no probados o aprecian mal o ni siquiera ven los hechos, toman determinaciones no proporcionadas o no adecuadas a tales hechos, se apartan de una única solución justa cuando ella existe, etc. c) prescinden de fundar seria y suficientemente en derecho la decisión adoptada.
Por su parte el recurrente Lanzillotta sostiene que si bien su recurso se basa en la defensa de la improcedencia de su responsabilidad solidaria, esta última no puede ser analizada sin considerar las particularidades de la improcedencia del reclamo de la obligación principal en cabeza de Palan S.A.
Señala que la extensión de la responsabilidad solidaria como la que se pretende a su parte no es automática ni objetiva, sino que requiere para su configuración de la existencia de un incumplimiento de sus deberes por parte del imputado como solidario.
Manifiesta que agravia a su parte que se decida determinar su responsabilidad en el carácter de responsable solidario de la firma Palan S.A, en franca contradicción con las normas de fondo que regulan las responsabilidades de los administradores de las sociedades.
Sostiene que se encuentra ampliamente acreditado que no ha existido una disposición de fondos que implique la configuración de un hecho imponible, máxime cuando los únicos actos efectuados sólo responde a una orden judicial y no se pueden advertir manifestaciones expresas respecto de la adjudicación de los bienes en discusión. Señala que la conducta que genera la extensión de responsabilidad debe ser culposa -culpa grave- o dolosa. En el caso, dice, se advierte fácilmente la improcedencia de la mentada extensión, en tanto en momento alguno se actuó con la intención de dañar, en tanto que el administrador societario NO ha soslayado la aplicación de las previsiones de la legislación societaria u otras normas legales, como pueden ser en el caso las normas impositivas. Asimismo, debe destacarse la falta de antijuridicidad de la conducta de los administradores, como presupuesto de su responsabilidad, en cuanto contradicción entre su conducta con el ordenamiento jurídico, o sea en el daño injusto a reparar, que se plasma específicamente en la norma del artículo 59 de la ley de sociedades. Indica que de conformidad con lo que dispone el artículo 268 de la Ley 19.550, la representación de las sociedades anónimas -esto es su actuación frente a terceros- corresponde al Presidente del Directorio, sin perjuicio que el estatuto pueda autorizar su actuación con otro u otros directores. En concordancia con ello, el artículo 11 del estatuto social de PALAN S.A dispone "La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente... "; y más adelante en el mismo se designa como presidente a "PASCUAL ALBERTO LANZILLOTA". En base a ello, se puede inferir que atribuye una responsabilidad objetiva por el sólo hecho de detentar un cargo.
Destaca que ni Palan S.A ni la actora en carácter de presidente han participado en acuerdo alguno en el marcó del expediente del Divorcio Vincular de los socios de la empresa acordando la adjudicación de la bienes objeto de discusión. El acta de entrega de los bienes fue efectuada en el marco de una orden judicial. Expresa que las órdenes judiciales deben ser debidamente acatada por los obligados, caso contrario recaería un incumplimiento judicial contra el responsable de no hacerlo.
Señala que el acta, de fecha 17 de diciembre de 2015, está relacionada con otros inmuebles diferentes a los aquí discutidos, conforme será demostrado. En la misma se desprende que existió una asamblea, una manifestación expresa de voluntad respecto a la adjudicación de dichos bienes, que reitera no son los que aquí se discuten. Es decir que efectivamente Palan S.A, por medio de recurrente en esa oportunidad había autorizado la transferencia considerando que en ese caso particular la Sra. Anunziata se haría responsable del impuesto correspondiente que podría devengarse, y efectivamente fue pagado por cuenta y orden de aquella.
Sostiene que resulta totalmente improcedente que este último base su postura respecto al supuesto consentimiento de la parte, en actos posteriores al vencimiento de la obligación que se discute en atención, que el acta que a la cual se refiere fue efectuada en un período diferente al 2009, y no sólo tiene que ver con otros inmuebles que son urbanos y no rurales sino que además la manifestación allí expresada no implica consentimiento alguno máxime cuando el pago fue realizado por cuenta y orden de la Sra. Anunziata.
Alega que considerando que los argumentos mencionados serían falaces o inválidos, el argumento que no ha mediado oposición expresa de la recurrente no tiene entidad suficiente para desvirtuar la postura de su parte porque los actos de disposición deben ser actos fácticos, manifestaciones expresas, nunca podrían ser como lo pretende hacer el fisco, un acto tácito que implique la toma de una decisión. Por lo cual, para que se configure un acto de disposición en cabeza de Palan S.A o de la recurrente, se requiere un acto positivo, expreso del directorio que no ha ocurrido en las presentes actuaciones.
Señala que en atención a la orfandad probatoria del fisco respecto de la ocurrencia de los hechos y en particular de los supuestos deberes incumplidos, teniendo en cuenta el carácter restrictivo que debe primar en su aplicación, solicita se revoque la determinacón de oficio que dispone la imputación de responsabilidad solidaria del impuesto e intereses reclamados respecto de la recurrente.
Que, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
II. Que a fs. 135/146 y 433/445 contesta los traslados la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, que se confirmen los actos apelados, con costas.
En cuanto al ajuste efectuado en cabeza de PALAN S.A. señala que la fiscalización que diera origen a estos actuados, tiene su origen en el Oficio N° 4327 de fecha 03/09/2010, emitido en los autos caratulados "ANUNZIATA MARIA GRACIELA c/ LANZILLOTTA PASCUAL S/ DIVORCIO VINCULAR", Expte. 1878/08"; del Tribunal Colegiado de Familia de la 3° Nominación de Rosario, a cargo del Dr. Fabian BELLIZIA (Juez Subrogante), Secretaría de la Dra. Graciela EREÑU, en el cual se consultó a la AFIP-DGI del tratamiento en el Impuesto a las Ganancias (Ley N° 20.628 normativa modificatoria y complementaria) respecto de la adjudicación directa y gratuita de bienes de las sociedades a la ex-cónyuge, todo ello como consecuencia del "acuerdo privado de disolución, división, liquidación y adjudicación parcial del patrimonio conyugal por divorcio vincular."
Sostiene que la nulidad planteada, es totalmente improcedente, ya que la contribuyente no esgrime ningún argumento válido que permita fundamentar la misma. Cabe destacar que la nulidad importa la privación de efecto a los actos que adolecen de algún vicio y que por ello carecen de aptitud para cumplir con el fin a que se hallan destinados y las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el apelante (C. Civ. Sala C. LL 135- 1102,20836-S), debiendo además ser fundados en un interés jurídico, ya que no puede invocarse la nulidad por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar.
Señala que no concurren en el sub-lite las circunstancias contempladas por el art. 14 de la ley 19.549, como causales de nulidad absoluta, puesto que no se ha violado ninguna de sus formas,esenciales y que resulta infundada, ya que no cumple los requisitos que se requieren para que prospere la nulidad. Al respecto, se cumplimentaron todos los requisitos esenciales y sustanciales exigidos por las normas que reglan la sustanciación del procedimiento previsto en el ordenamiento jurídico -Ley 11.683 y L.N.P.A.- como así también aquellos que resulten implícitos, cumpliéndose con la finalidad que resulta de la normativa que otorga las facultades pertinentes del Órgano emisor.
Afirma que si bien el acuerdo celebrado entre los ex cónyuges establece la entrega a la Sra Anunziata de bienes muebles (maquinas, herramientas, tractores, maquinarias, implementos agrícolas y rodados), hacienda, cereales, agroquímicos y bienes inmuebles integrados por hectáreas de campo con sus respectivos accesorios (instalaciones, galpones, silos, alambrados, corrales, molinos y aguadas) y determinados silos, la fiscalización centralizó la tarea en la obtención de los valores de mercado atribuibles a los campos, ya que los restantes bienes no evidenciaban relevancia, según se pudo observar en el anexo entregado por la inspeccionada, donde se detallan todos los bienes en cuestión con sus respectivos valores de incorporación al activo de la firma y su valor residual. Señala que se toma conocimiento a través de la propia expresión verbal del señor Presidente de la firma, del hecho que los silos en realidad son una planta de elevadísimo valor económico y que además desde el año 2015 están arrendados a AFA; ante tal hecho se pensó por qué medio lograr una valuación de dicha planta, surgiendo la idea del requerimiento a AFA SC pidiendo pólizas de seguro (previa confirmación de que efectivamente lo tengan arrendado); como así también del resto de bienes entregados.
Señala que PALAN SA es un tercero respecto de la sociedad conyugal que formaban ANUNZIATA MARIA GRACIELA y LANZILLOTTA PASCUAL ALBERTO; y por tanto resulta plenamente aplicable al caso el artículo 71 del decreto reglamentario del gravamen; por los bienes entregados por la sociedad a su accionista; no resultando una exigencia del mismo convenio o voluntad en tal sentido por parte, de la sociedad; y a contrario de lo sostenido en su descargo en el caso la sociedad dispuso el traspaso de los bienes a favor de la Sra. ANUNZIATA, sin oposición alguna. Por lo que debe concluirse que en las presentes actuaciones se han interpretado los hechos a la luz de la normativa aplicable.
Tampoco le asiste razón a la actora en cuanto entiende que en el caso no hubo una reducción de capital; dada la disminución patrimonial que sufrió la sociedad - bien que forzosa- y, a contrario de lo sostenido en su descargo, ésta se efectúa siempre sobre el capital (entendido este como el patrimonio neto más o menos resultados no asignados) a la fecha de adjudicación y no sobre el capital nominal, el cual en el caso no sufrió alteraciones. Asimismo resalta que en el "Convenio sobre disolución, división, liquidación y adjudicación parcial de bienes de la sociedad conyugal" de fecha 12/05/2009, involucran a dos sociedades; por un lado PALAN SA que resulta ser una sociedad anónima cerrada o de familia que no cotiza en bolsa y cuyos únicos accionistas resultan ser los excónyuges; y por el otro DESIN SA controlada por la primera en el 98% de su capital; la segunda conformó la pretensión fiscal respecto de los bienes cedidos a la Sra. ANUNZIATA; y el presidente de la firma no aclara en su presentación cual es la justificación de tal disímil criterio.
Afirma que dado que en el caso no se ha transferido la totalidad de la empresa y dado que los bienes transferidos no resultan ser una unidad de explotación o patrimonio de afectación, no resulta aplicable al caso el inciso d) del artículo 8° de la Ley del rito; sino el inciso a) del mismo; el cual resultará procedente una vez concluido el presente procedimiento.
Manifiesta que los contribuyentes son determinados expresamente por la normativa aplicable y no pueden ser modificados por acuerdos privados o de parte. En este sentido y tal como se expuso en la respuesta a la consulta efectuada, el artículo allí mencionado resulta claro y no ofrece dudas; es la sociedad la obligada a ingresar el gravamen. Por lo demás, afirma que la actora en su descargo se limita a discrepar con la valuación efectuada por la auditoria fiscal de los bienes muebles e inmuebles; al respecto hace notar que se efectúo un puntilloso detalle de los procedimientos realizados en la vista conferida y las mismas resultan un valor de mínima de los bienes en cuestión.
Alega que la recurrente no indica los errores que le atribuye -salvo en el caso de los silos y agroquímicos- y mucho menos un método alternativo para su valuación a la fecha de entrega de los mismos. En igual sentido la propia sociedad reconoce que no confeccionó un balance especial a la fecha del convenio. Por último señala que permanecen fuera de todo cuestionamiento la aplicación de los intereses resarcitorios intimados en virtud del art. 37 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) atento la inexistencia de agravios sobre su imposición. En lo relativo al recurrente Lanzillotta el Fisco sostiene que en las presentes actuaciones se encuentra probado el carácter de Presidente del Directorio del responsable solidario a la fecha de vencimiento de la obligación que nos ocupa, lo que implica facultades para el conocimiento, liquidación e ingreso del gravamen a cargo de la sociedad; en tanto dicho impuesto se genera en hechos o situaciones involucrados en el objeto de su representación; deviniendo inexcusable para él -en tales circunstancias- el no ejercicio de una actividad obligatoria como parte de sus funciones, para la cual resultaba, idóneo, Es decir, la ley tributaria presume, en el representante, las facultades necesarias para conocer, decidir y materializar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de su representada; sin otra excusa valedera que no sea la imposibilidad de llevarla a cabo por impedimento imputable a la representada, lo que no se da en el caso.
Afirma que a contrario de lo sostenido en su descargo, existen actos realizados como Presidente del Directorio en relación a los bienes en cuestión; consulta de fecha 03/09/2009; acta de entrega de los mismos de fecha 21/05/2009 y Asamblea del 17/1 2/2015; lo que en el caso no existe como presidente de la firma es oposición alguna a dicho acuerdo, resultando del caso destacar que la Sección Penal Tributario 1 de la División Jurídica 1 de la Dirección Regional Rosario del Fisco Nacional ha considerado que existe -prima facie- una conducta dolosa.
Señala que en modo alguno el responsable demuestra que su representada lo ha colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales, por lo que las circunstancias que refiere no lo desvinculan de su carácter de responsable por deuda ajena ni tampoco de su carácter de responsable solidario ante el incumplimiento de la sociedad que representa. Y ello dado que el propósito primordial del legislador al crear la figura del responsable solidario, es el resguardo del crédito fiscal.
Manifiesta que probado el hecho de la representación, se presumen en el representante facultades para el conocimiento, liquidación e Ingreso de los impuestos a cargo del contribuyente de derecho, en tanto dicho impuesto se genere íntegramente en hechos o situaciones involucrados en el objeto de la representación. En este sentido, está ínsita en la ley una correlación necesaria entre las facultades del representante con relación al hechocausa de la obligación fiscal y los deberes referentes a su ingreso, en forma que estos últimos vienen a ser inexcusables para él y reclaman el ejercicio de una actividad obligatoria y objetivamente idónea a su respecto. Alega que en autos no obra constancia alguna referida a defensa o aporte de prueba con sustento para desvirtuar las conclusiones del Fisco Nacional. Atento todo lo expuesto, se observan en el caso los extremos requeridos por el artículo 81 inciso a) de la Lev de rito no habiendo el administrado alegado ni probado causales que lo eximan de su responsabilidad, por lo que se encuentra probada la responsabilidad solidaria del Sr. PASCUAL ALBERTO LANZILLOTTA, por la deuda en el impuesto y por el período discutido de la firma PALAN S.A., en su carácter apoderado de la misma.
Acompaña antecedentes administrativos y se opone a la prueba ofrecida por la actora.
III. A fs. 151 se abre la causa a prueba, ordenándose la producción de la prueba informativa y pericial contable. A fs. 454 se resuelve acumular el Expte. N° 47.886-I al que lleva el N° 47.368-I. A fs. 461 se abre la causa a prueba por el Expte. 47.886-I, ordenándose producir la prueba informativa que ofrece la actora en el punto d) de fs. 424. A fs. 204/209 se produce la prueba pericial contable, a fs. 469/487 la informativa. A fs. 531/533, 548/549vta, 563/564 denuncia hecho nuevo la actora. A fs. 580 se clausura el período de instrucción, se elevaron los autos a consideración de la sala “B”. A fs. 587 pasan para alegar. A fs. 596/598; 599/619vta obran alegatos del Fisco Nacional y parte actora. A fs. 621 pasan los mismos a sentencia.
IV. Que ahora, por una cuestión de lógica precedencia, corresponde que este Tribunal se pronuncie con relación a los agravios de la actora por cuanto considera la nulidad absoluta e insanable de las resoluciones administrativas por arbitrariedad de las mismas.
Cabe señalar, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
Que respecto de lo estrictamente formal, la resoluciones determinativas de autos, en cuanto actos administrativos, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Que en definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
V. Que expuesto lo que antecede, cabe resaltar que conforme surge de las actuaciones administrativas (fs. 1231/1248 Cuerpo Antecedentes Administrativos) las presentes actuaciones tienen su origen en el Oficio N° 4327 de fecha 03/09/2010 librado en los autos caratulados "ANUNZIATA MARIA GRACIELA c/ LANZILLOTTA PASCUAL SI DIVORCIO VINCULAR", Expte. 1878/08'; del Tribunal Colegiado de Familia de la 3° Nominación de Rosario, a cargo del Dr. Fabian BELLIZIA (juez Subrogante), Secretaría de la Dra. Graciela ERENU.
En el mismo se consultaba a la AFIP-DGI respecto el tratamiento en el Impuesto a las Ganancias (Ley 20.628 normativa modificatoria y complementaria) de la adjudicación directa y gratuita de bienes de las sociedades a la ex-cónyuge todo ello como consecuencia del "acuerdo privado de disolución, división, liquidación y adjudicación parcial del patrimonio conjuga¡ por divorcio vincular."
En respuesta a lo solicitado y recordando lo dispuesto en el artículo 71 del Decreto Reglamentario de la Ley del Impuesto a las Ganancias (N°1.344/1998) la Administración Federal le informó al Juzgado interviniente que "... en este caso que nos ocupa, no se trata de la disolución de una sociedad conyugal simplemente, sino de la adjudicación de bienes por parte de una sociedad, la que era la titular de los mismos. Por lo tanto, se deberá tributar, el impuesto correspondiente de acuerdo al precio equivalente al valor de plaza de los bienes al momento de la adjudicación."
Entonces, la Administración inicio las tareas necesarias y conducentes a fin de verificar la situación fiscal de la responsable; atento que se constató que en su declaración jurada del año 2009, la sociedad fiscalizada no cumplimentó lo dispuesto en el artículo mencionado en el párrafo anterior.
El día 20/04/2016, la Administración fiscal recibió una multinota firmada por presidente de la firma (fs. 741 Cuerpo Impuesto a las Ganancias N° 4), en la cual manifiesta que en relación al ajuste notificado, el mismo resulta improcedente, ya que la firma Palan SA no ha realizado ningún acto de disposición de los bienes, sino que solamente se limitó a cumplir con la orden judicial dispuesta en la causa judicial, la cual ordenaba que en función de la decisión de la Sra Anunziata, otorgara a la misma la posesión de los bienes que le correspondían, según lo estipulado por el juez del juicio de divorcio. Continúa su escrito diciendo que por lo tanto, el impuesto supuestamente adeudado por la salida de esos bienes de la órbita patrimonial de la sociedad, corresponde a su ex esposa, encontrándose la obligación impositiva en cabeza de ella, siendo por ello improcedente el reclamo a la firma Palan SA.
Por último, solicita que se archive la notificación por ilegítima, señalando además que el ajuste realizado no abarca la totalidad de los bienes retirados de la sociedad por parte de la Sra Anunziata. Si bien el acuerdo celebrado entre los ex conyuges establece la entrega a la Sra Anunziata de bienes muebles (maquinas, herramientas, tractores, maquinarias, implementos agrícolas y rodados), hacienda, cereales, agroquímicos y bienes inmuebles integrados por hectáreas de campo con sus respectivos accesorios (instalaciones, galpones, silos, alambrados, corrales, molinos y aguadas) y determinados silos, la fiscalización centralizó la tarea en la obtención de los valores de mercado atribuibles a los campos, ya que los restantes bienes no evidenciaban -a su criterio- relevancia, según se pudo observar en el anexo entregado por la inspeccionada (obrante a fojas 560 a 561 y 567) donde se detallan todos los bienes en cuestión con sus respectivos valores de incorporación al activo de la firma y su valor residual.
En este punto resulta importante señalar que los fiscalizadores tomaron conocimiento a través de expresiones verbales del señor presidente de la firma, del hecho que los silos en realidad son una planta de elevadísimo valor económico y que además desde el año 2015 están arrendados a AFA; Ante tal hecho se pensó por qué medio lograr una valuación de dicha planta, surgiendo la idea del requerimiento a AFA pidiendo pólizas de seguro (previa confirmación de que efectivamente lo tengan arrendado). Señalan los fiscalizadores que el resultado fue sorprendentemente positivo (atento al elevadísimo valor), e implicó una elevación sustancial del ajuste.
Concluidas las tareas concernientes a la determinación del valor de mercado de los bienes entregados a la Sra Anunziata, según acuerdo de fecha 12/05/2009; cuyo resultado total atribuible a la sociedad asciende a $37.668.521,04. Al resultado impositivo declarado de $477.381,40; se le adicionó el resultado total mencionado; para obtener un resultado impositivo ajustado del ejercicio 2009 de $38.145.902,44; el cual resulta ser la ganancia neta sujeta a impuesto; y por aplicación de la alícuota del gravamen -35%- prevista en el artículo 69 de la ley del tributo; a un impuesto determinado de $13.351.065,85. Luego considerando a favor de la responsable el pago a cuenta computable del Impuesto s/ los Combustibles Líquidos, del proveniente de los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias (utilizado para la cancelación de anticipos), de las retenciones y percepciones sufridas y de los anticipos ingresados; arribo al saldo de impuesto a favor de esta Administración de $12.799.769,04; tal como en detalle se ilustra a fs. 1179 del Cuerpo Principal de Ganancias N° 6 y en la Planilla Anexa N°1.
VI. Que, a continuación, debe este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis. Que, entrando en el análisis de la cuestión, corresponde efectuar una reseña de la normativa en trato. En primer lugar el artículo 3 de la Ley de Impuesto a las Ganancias dispone “A los fines indicados en esta ley se entenderá por enajenación la venta, permuta, cambio, expropiación, aporte a sociedades y, en general, todo acto de disposición por el que se transmita el dominio a título oneroso.
Tratándose de inmuebles, se considerará configurada la enajenación de los mismos cuando mediare boleto de compraventa u otro compromiso similar, siempre que se diere la posesión o en su defecto en el momento en que este acto tenga lugar, aún cuando no se hubiere celebrado la escritura traslativa del dominio.”
Asimismo el artículo 71 Decreto Reglamentario N° 1344/98 establece que “Los bienes que las sociedades y empresas comprendidas en los incisos b), d), e) y en el último párrafo del artículo 49 de la ley y las sociedades de responsabilidad limitada y en comandita simple y por acciones, adjudiquen a sus socios y dueños en caso de disolución, retiro o reducción de capital, se considerarán realizados por la sociedad o empresa por un precio equivalente al valor de plaza de los bienes al momento de su adjudicación.”
Que habiéndose efectuado dicha reseña cabe señalar que el objeto de la cuestión a decidir consiste, en definitiva, en dilucidar si la recurrente ha efectuado una “adjudicación de bienes” en los términos del artículo 71 citado anteriormente, como sostiene el Fisco Nacional.
Que sentado lo expuesto corresponde entonces analizar si en el caso de marras se cumple los supuestos previstos por el artículo 71 del decreto reglamentario N° 1344/1998. Corresponde señalar que conforme surge de la pericial contable producida en autos ambos peritos son contestes en que no hubo reducción del capital social de Palan SA durante el año 2009 ni posteriormente. Asimismo dejan sentado que se verificó en los estados contables de los años 2009 al 2016 inclusive y del libro de Registro de Accionistas de la Sociedad.
Por otro lado ambos peritos dejan sentado que no se verificó ninguna reducción del capital por ejercicio del derecho de receso ni por retiro de socios. Asimismo ambos peritos son contestes en que no se inició un proceso de disolución durante el 2009 y que no se transfirió el dominio de los campos los cuales siguen estando en el activo de la sociedad en el rubro otros activos. Esto se verifica en los Estados contables cerrados al 31/08/2015 en la Nota 3.4 Otros Activos cuenta Bienes Desafectados $ 7.615.059,89, con saldo 0 al 31/08/2014.
Por último ambos peritos dejan sentado que no existió variación del patrimonio neto de Palan SA. Atento lo expuesto corresponde concluir que en el caso en concreto no se cumplen con los requisitos establecidos por el artículo 71 del decreto reglamentario N° 1344/1998 esto es disolución, adjudicación o reducción de capital circunstancia esta que lleva a revocar el ajuste fiscal, con costas al Fisco Nacional.
Asimismo corresponde señalar que, atento la forma en que se resuelve respecto del ajuste determinado a la sociedad, deviene abstracto tratar la responsabilidad solidaria del contribuyente Lanzillotta Pascual Alberto, la cual -en consecuencia- corresponde se revoque. Con costas al Fisco Nacional.
Por ello, SE
Revocar las resoluciones apeladas en autos. Con Costas al Fisco Nacional Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.12.05 14:17:37 ART Date: 2022.12.05 16:39:13 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.12.06 12:39:21 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.06 12:40:37 -03:00
Fin de la sentencia