Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Que mediante RE-2021-90785565-APN-SGAI#TFN el actor deduce recurso de apelación contra la resolución dictada en fecha 21/08/2021 por el Jefe de la División Jurídica de la Dirección Regional Mar del Plata de la A.F.I.P.-D.G.I., mediante la cual se le aplica una multa de $40.337,12.- equivalente al 100% del Impuesto al Valor Agregado por los periodos 01 a 04 y 07 a 12 de 2019 en los términos de los arts.45 y 49 de la Ley 11.683 t.o. en 1998 y sus modif.
Comienza su líbelo recursivo con un análisis de la naturaleza penal de las infracciones tributarias, entendiendo que a éstas últimas le son aplicables todos los principios del derecho penal y procesal penal y que nunca podrá importar detrimento o menoscabo de garantías constitucionales.
Señala que encontrándose acreditado el tipo objetivo, en el acto recurrido se presumiría la subjetividad culposa y que no se trataría de la inversión de la prueba, como se pregona -dice- en la resolución apelada, atento que ésta arrojaría como resultado directo e inmediato el menoscabo del estado jurídico de inocencia.
Remarca que en el presente caso aplicaría la plena vigencia del principio de legalidad, del estado jurídico de inocencia y de la garantía de imparcialidad.
Luego de ese breve análisis articula la excepción de nulidad absoluta del acto apelado toda vez que en la parte resolutiva del mismo sólo se describirían los períodos del Impuesto al Valor Agregado por los que se aplicaría la sanción, pero no se indicaría el encuadre legal de la misma, lo que afectaría su legalidad atento que la ausencia de este, no respetaría la tipicidad en la imputación que sería una aplicación del principio de legalidad. Se agravia al entender que la rectificación de las diferencias surgidas de la verificación, merecería ser valorada con neutralidad, ya que el contribuyente tendría a salvo la posibilidad de la repetición y que no correspondería otorgarle a ese acto jurídico un valor categórico como sería el hecho de considerarlo una conformidad que se traduciría en una acreditación del tipo objetivo de la infracción imputada.
Señala que asignarle a la rectificación el valor de conformidad en materia penal, importaría tanto como presumir una confesión, postura ésta que no resistiría el menor análisis de la perspectiva del plexo de principios, derechos y garantías que regirían la materia penal.
Expone que tanto de la lectura del acto de inicio como de la resolución recurrida no se realizaría una acusación ajustada a derecho, toda vez que se omitiría explicitar los hechos y elementos del juicio concretos los que constituirían el sustento de la acusación formulada, entendiendo que este defecto conduciría a la ineficacia insubsanable de la sanción aquí discutida, ya que una acusación defectuosa no podría ser presupuesto válido para aplicar una multa de naturaleza represiva.
Abona su tesis con variada doctrina y jurispruedencia, ofrece prueba, deja planteado el Caso Federal y concluye solicitando se revoque la multa recurrida.
II. Que mediante IF-2021113617113-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional procede a contestar el traslado que del recurso incoado por su contraria le fuera oportunamente conferido.
En primer lugar y en cuanto al planteo de nulidad articulado señala que la resolución aquí discutida es un acto administrativo que goza de legalidad y reúne los requisitos necesarios que la convalidarían tanto en lo que hace a la causa-fuente de su dictado, como asimismo al procedimiento seguido y su motivación. Destaca que en ese sentido la parte actora ni en instancia administrativa como así tampoco por ante este Tribunal aportó prueba alguna que controvierta la imputación que el Juez Administrativo consideró pertinente.
Manifiesta que la resolución recurrida habría desarrollado los fundamentos sobre los cuales se sustenta el criterio aplicado, las circunstancias fácticas, relacionándolas de manera tal que quedarían descriptas y adecuadas a la normativa vigente y que se traducirían en una conducta punible de acuerdo con las normas sancionatorias que resultaron aplicadas. Asimismo establecería los hechos, los desarrolla y fundamenta acabadamente de manera tal que por sí misma resultaría suficiente para justificar el criterio fiscal.
Destaca que la comisión de los hechos violatorios que se le imputan a la apelante se encontrarían debidamente probados y que las omisiones que determinaron la infracción aquí apelada resultarían indiscutibles toda vez que la presentación de declaraciones juradas rectificativas, que es reconocida en la apelación y de la que surgiría una omisión del pago de impuesto, sería prueba suficiente de la existencia de la conducta desplegada por la apelante y que encontraría efectivamente su adecuación tanto objetiva como subjetiva en el artículo 45 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.).
Señala que el juez administrativo no habría basado su decisorio en una sola prueba, si no que habría realizado un análisis de la totalidad de los antecedentes administrativos quedando claro que la motivación está perfectamente descripta en los considerandos de la resolución apelada y de la forma que lo requeriría la normativa y que en cuanto al planteo que: “... al momento de resolver la aplicación de la multa NO define el encuadre legal...”, entiende que de la simple lectura del acto recurrido y previamente, en la resolución de apertura sumarial constaría que la conducta del apelante fue, en primer término encuadrada en el artículo 45 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, y que con posterioridad, en el acto recurrido, se graduó la sanción con base en el mismo artículo.
Que en cuanto al agravio que hace referencia a la naturaleza penal de las infracciones y sanciones tributarias, señala que el contribuyente se encuentra amparado por las garantías constitucionales, las que son respetadas por el Organismo recaudador, y de las que no se advierte que hayan sido violentadas en el presente caso atento lo cual no podría prosperar la nulidad planteada, solicitando por lo tanto su rechazo con expresa imposición de costas. Describe que el encuadre del ilícito materia de litis surgiría claramente toda vez que el responsable habría ingresado en defecto el importe correspondiente al período en cuestión, en contravención a las disposiciones aplicables en la materia, debiendo tenerse presente que la conducta contravencional que se le imputa al recurrente tiene, como punto de partida, la inspección llevada a cabo por personal fiscalizador.
Señala que la reprochabilidad del derecho con relación a la acción delictuosa se basa en el juicio de valor acerca de lo que ha querido hacer el sujeto, a fin de establecer si la voluntad estuvo dirigida al propósito de lesionar la norma, o si al menos, por no haber puesto la diligencia y cuidado que la acción requería, igualmente produjo el resultado dañoso y que el primer interrogante que cabe formularse es si el sujeto obró intencionalmente y en un marco de libertad, lo que permitiría llegar a determinar si existió -prescindiendo del supuesto del dolo- “culpa con previsión de resultado”, entendiendo, en consecuencia, que le serían imputables las consecuencias inmediatas del hecho ejecutado con discernimiento y libertad; en el caso, la sanción impuesta por la ley por las inexactitudes detectadas en su declaración jurada.
Destaca que no puede haber dudas que la parte actora habría actuado en forma lesiva para el patrimonio fiscal, por lo que se le atribuiría no haber obrado con mediana diligencia para evitar la omisión y que el sistema represivo fiscal tiene fines y valores que intenta preservar, que le atribuyen una naturaleza especial frente al derecho represivo del delito común.
Entiende que la presentación de declaración jurada inexacta es otro de los medios comisivos que prevé la norma señalada para configurar una conducta bajo el tipo de la omisión de impuestos y que la forma fiscal incluye la necesidad de acreditación del “efectivo perjuicio” porque el mismo quedaría configurado con el incumplimiento del plazo del pago, en las condiciones en que debió efectuarse, no siendo necesario, que el organismo recaudador pruebe la culpa, sino que la actora acredite fehacientemente causa válida de exculpación.
Manifiesta que hacer lugar a los argumentos expuestos por la recurrente, equivaldría a quebrar las condiciones de igualdad que deben tenerse presentes al momento de evaluar la conducta de los contribuyentes, en desmedro de aquellos que adoptan todos los recaudos necesarios, a efectos de cumplir con sus obligaciones tributarias en tiempo y forma y que con sólo efectuar la lectura del acto recurrido, surgiría claramente que el hecho desencadenante de la sanción, consistió en el ilícito de omisión del tributo verificado con la presentación de la declaración jurada inexacta, que luego requirió la necesaria rectificación por parte del contribuyente, como él mismo lo reconocería y que, atento lo cual, el ilícito no puede ya discutirlo del momento que su inconducta fue reconocida al rectificar su declaración jurada, situación que bajo ningún aspecto la exime de responsabilidad - artículo 13 de la Ley Nº 11.683, t.o. en 1998-, a no ser en cuanto a la reducción del monto de la multa por efecto del artículo 49 del citado cuerpo legal, atento el acto voluntario de rectificar, al que la ley le reconoce dicho beneficio y que efectivamente fue aplicado al caso de autos.
Abona su tesis con variada doctrina y jurisprudencia y concluye su responde ofreciendo como prueba los antecedentes administrativos de la causa, haciendo reserva del Caso Federal y solicitando se confirme la resolución traida en recurso en todas sus partes, con costas a su contraria.
III. Que en PV-2021-126443793-APN-VOCV#TFN se elevaron los autos a consideración de la Sala “B”, la que mediante IF-2022-12943095-APN-VOCV#TFN los llamó para sentencia.
IV. Que en primer lugar, aún cuando no hayan sido planteados como excepción, por una cuestión de lógica precedencia, corresponde que este Tribunal se pronuncie con relación a los agravios de la recurrente en cuanto solicita la nulidad absoluta del acto. y expone que al momento de resolver la aplicación de la multa no define el encuadre legal.
Que cabe señalar, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
Que respecto de lo estrictamente formal, la resolución de autos, en cuanto acto administrativo, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Que el planteo de nulidad efectuado por la actora debe ser rechazado, atento que de la resolución en examen surge la explicitación de la causa que motiva su dictado, es decir, la descripción de los hechos que dan origen a la sanción, la conducta que se le imputa al contribuyente y la normativa aplicable al caso según el criterio del juzgador. En efecto, surge de los considerandos del acto el encuadre legal de la sanción aplicada. Por lo demás, debe tenerse presente la doctrina que surge de los pronunciamientos de esta Sala -en su anterior conformación- en los que se expresó que "...de la lectura de sus considerandos" (se refiere al acto apelado) "puede afirmarse que el mismo se encuentra fundado en las circunstancias de hecho y de derecho que el juez administrativo invoca y, como reiteradamente tiene dicho este tribunal, sólo la ausencia de este requisito del acto administrativo ameritaría su nulidad cuando el derecho de defensa en juicio se encontrare fatalmente afectado; pero no así, cuando tal elemento está presente a pesar de su discutible corrección. (cfm "Cooperativa de Trabajo Integral- Coop. Ltda. s/ apelación IVA", sentencia del 09/12/02, entre otros)
Que en definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido recientemente la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
V. Que debe tenerse presente que no basta para tener por verificados los extremos de aplicación de la sanción del artículo 45 de la ley ritual, la presentación de declaraciones juradas rectificativas que conformen el ajuste fiscal, sino que el tipo penal descripto por la norma requiere de la culpa del infractor. En la materia que nos ocupa la Corte ha consagrado el criterio de la personalidad de la pena, es decir que sólo puede ser reprimido quien sea culpable: aquél a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos 271:297).
Que, no obstante la existencia del elemento objetivo hace presumir la culpa en el contribuyente (conforme reiterada jurisprudencia de esta Sala, entre otros, in re Rosmino y Cía., sentencia del 27/09/1999, entre otros), quien tendrá a su cargo la destrucción de dicho elemento subjetivo, alegando y demostrando la existencia de un error excusable con entidad para marginarlo del reproche punitivo, debiendo advertirse que, de conformidad a distintos pronunciamientos de esta Sala (ver, por caso, “Importaciones Alfatex S.A.”, sentencia del 30/12/02 y “Pepa José Luis” del 22/4/03), el error para poseer entidad eximente de reproche debe reunir la triple característica de esencial, decisivo e inculpable, todas circunstancias que no se visualizan con ninguna nitidez en las presentes actuaciones, incumpliendo la doctrina jurisprudencial del Alto Tribunal in re “Casa Elen Valmi de Claret y Garello” (Fallos 322:519).
Que asimismo, cabe tener presente lo establecido en el art. 13 de la ley ritual, según el cual “La declaración jurada está sujeta a verificación administrativa y, sin perjuicio del tributo que en definitiva liquide o determine la Administración Federal de Ingresos Públicos hace responsable al declarante por el gravamen que en ella de base o resulte, cuyo monto no podrá reducir por declaraciones posteriores, salvo en los casos de errores de cálculo cometidos en la declaración misma. El declarante será también responsable en cuanto a la exactitud de los datos que contenga su declaración, sin que la presentación de otra posterior, aunque no le sea requerida, haga desaparecer dicha responsabilidad”.
Que, en el caso de análisis, durante la inspección de la que fuera objeto el recurrente obrante a fs. 31/36 RODRIGUEZ DAMIAN SCANER DE EXPEDIENTE 202110151357 OI 1913478 – IF-2021-113887856-APN- DTD JGM, se detectó que el monto de ventas netas informado por las administradoras de tarjetas de crédito supera el monto declarado por la contribuyente en el Impuesto al Valor Agregado por el período fiscal 2019. Con fecha 7 de Abril de 2021, se procedió a notificar mediante F. 8000/1 N° 0350002021017833507 y F. 8600/1 N° 0350002021017852304 en donde se le solicita lo siguiente: DD.JJ Impuesto al Valor Agregado periodo 01/2019 a 12/2019, Libro de IVA ventas y Compras con sus respectivos comprobantes respaldatorios periodo 01/2019 a 12/2019 y extractos bancarios con detalle de acreditaciones periodo 01/2019 al 12/2019. Asimismo se le requiere realice depuración bancaria descontando ingresos o acreditaciones de fondos que no se originen por ventas , (Créditos ) aportando documentación respaldatoria - Periodo 01/2019 a 12/2019. Con fecha 03/05/2021 accede voluntariamente a presentar una DD.JJ rectificativa del periodo solicitado. Que asimismo es dable destacar que la presentación de declaraciones juradas rectificativas no tiene relevancia exculpatoria. Por el contrario, la presentación de estas últimas por montos mayores que los consignados por las declaraciones juradas originales no hace más que corroborar el conocimiento de que éstas no reflejaban la realidad económica de la contribuyente que si estaría exteriorizada por las rectificaciones. No es posible sostener que la utilización de las declaraciones juradas rectificativas presentadas como un elemento de prueba de cargo, constituya una violación a la prohibición de autoincriminación compulsiva. En efecto, aun si se pretendiera considerar que la declaración rectificativa podría constituir una suerte de "prueba confesional", no se advierte en la causa ninguna circunstancia por la cual se permita concluir que aquella supuesta confesión fue conseguida coactiva o compulsivamente; este último elemento es el que constituye el fundamento de la disposición del artículo 18 de la Constitución Nacional, según la cual "nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo". (García Coni, Gregorio y otra s/ley 24769 (Estrella Federal Seguridad Integral SRL) Cám. Fed. San Martín, Sala II, 04/06/2009, Garantía Cía. Argentina de Seguros SA y otros, Cám. Nac. Penal Ec., Sala B, 14/02/2006, entre otros)
Que en suma, resulta acertado el criterio del organismo fiscalizador, en tanto imputó un negligente accionar al apelante, advirtiendo la rectificación de las declaraciones juradas como consecuencia de observaciones fiscales durante un procedimiento de fiscalización, lo que demuestra que se infringieron los deberes de cuidado que se exigen respetar, de lo que se deduce el elemento subjetivo del tipo, es decir, una concreta manifestación de un obrar culposo.
Que en función de todo lo expuesto y de las circunstancias de autos, no habiendo ofrecido prueba la actora que pudiera eximirla de la sanción aplicada, toda vez que no acredita la verificación de un error con entidad excusante, esencial, decisivo e inculpable y toda vez que la multa apelada fue adecuadamente ponderada por el juez administrativo, quien tuvo en cuenta la oportunidad en que el contribuyente ejerció su derecho a rectificar, por cuanto aplica la reducción prevista por el artículo 49 de la ley procedimental, y no encontrando mérito alguno para apartarse de lo resuelto por el Juzgador Administrativo, corresponde confirmar la resolución apelada, con costas.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar el acto apelado, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.02.17 20:30:28 ART Date: 2022.02.21 09:25:45 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.02.21 14:20:07 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.02.21 14:20:18 -03:00
Fin de la sentencia