Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado por la actora.
2Intimar a la actora para que dentro del quinto día ingrese la suma de $1.190.260,20 (UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON VEINTE CENTAVOS), bajo apercibimiento de expedir el correspondiente certificado de deuda.
3Imponer costas a la actora solicitante.
I. Que, a fs. 117/122 vta., la actora solicita se le otorgue el beneficio de litigar sin gastos que contemplan los arts. 78 y sig. del C.P.C.C.N. Y del art. 9 de la ley 25.694. Expone que debido a su carácter de actora y del monto del pleito debería abonar una tasa de actuación de PESOS UN MILLÓN CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA CON VEINTE CENTAVOS ($ 1.190.260,20), suma que no puede afrontar de modo alguno. Realiza una breve reseña de lo actuado en el expediente de fondo que tramita ante este Tribunal y subraya que mediante auto de fecha 21/12/18 se la intimó para que, dentro del quinto día y bajo apercibimiento de expedir certificado de deuda, ingrese la suma de $ 1.190.260,20 en concepto de tasa de actuación, señalando que si bien la misma se encuentra bien calculada en los términos del art. 2 de la ley 25.694, no puede bajo ninguna circunstancia afontar su pago producto de que la firma se encuentra atravesando una delicada situación económica-financiera.
Destaca que INTEK S.A. es una sociedad que se dedica -desde el año 2006- al diseño, importación y comercialización de juguetes en el mercado argentino, pero que a partir del año 2015 la situación económica y financiera se vio severamente alterada, a tal punto que ha dado pérdida en los balances de los ejercicios de 2016, 2017 y 2018. Sostiene que ha disminuido violentemente la posibilidad de venta de las mercaderías que comercializa, por lo que se encuentra en estos momentos en una situación de ahogo financiero y económico. Subraya que la falta de pago de la tasa de actuación implica un recargo del 50%, lo cual puede elevar la deuda por tasa de justicia, a una suma igual o mayor a la que se discute mediante recurso de apelación interpuesto, llevando a la firma a una situación de quebranto seguro.
Manifiesta que la imposibilidad de pago de la tasa de actuación afecta derechos constitucionales, toda vez que su exigencia impedirá el ejercicio del derecho de defensa en juicio. Sostiene que los últimos ejercicios fiscales los balances de la empresa han arrojado pérdida, que la empresa no tiene inmuebles a su nombre y que la planta donde desarrolla sus actividades comerciales es un inmueble alquilado. También afirma que la única propiedad con la que cuenta fue puesta a la venta ya que necesita obtener liquidez para abonar las deudas de la empresa y costear las próximas importaciones para poder mantener viva la empresa. Cita jurisprudencia, ofrece prueba y solicita que oportunamente se dicte sentencia haciendo lugar al beneficio de litigar sin gastos.
II. Que, a fs. 124, se corre vista del pedido a los representantes de la D.G.I. y de la D.G.A. A fs. 125, el representante de la D.G.I. toma intervención y solicita nueva vista una vez producida la totalidad de la prueba.
III. Que, a fs. 127, se tiene presente lo manifestado por el representante de la DGI y las autorizaciones conferidas por la actora. Asimismo se hace saber a la actora que se requerirá en el momento oportuno la documentación en poder de terceros y se provee respecto a la prueba ofrecida, solicitando se libren los oficios solicitados, y no haciendo lugar por improcedente a la prueba pericial y a la testimonial.
IV. Que, a fs. 128, la actora interpone recurso de reposición contra el auto en el cual no se hace lugar a la prueba pericial contable por improcedente.
V. Que, a fs. 147, se revoca por contrario imperio el punto 3 del auto de fs. 127, y se ordena que se proceda a desinsacular perito contador público. Asimismo, se tiene por acreditados los oficios dilingenciados y se corre vista a la actora de las contestaciones obrantes a fs. 137 ref/146 ref.
VI. Que a fs. 163/919 la perito contadora que fuera designada presenta el informe percial contable del que se corre vista a la actora y a los representantes de la DGI y DGA a fs. 920.
VII. Que el beneficio solicitado se encuentra encaminado a evitar el pago de la tasa de actuación establecida por la ley 25.964, debiendo resolverse aquí si por las circunstancias de hecho que invoca la actora le es aplicable la exención prevista en el art. 9º de dicha ley. Que, al respecto, alega la recurrente que se encuentra atravesando una delicada situación económico-financiera. Para acreditar dicho extremo, acompaña la documental que obra a fs. 4/116, consistente en fotocopia de sus estados contables, informe de auditoría, informe del síndico y en los contratos de locación de la planta donde la empresa realiza sus actividades comerciales.
Que la jurisprudencia de este Tribunal, al resolver peticiones análogas a la presente con la vigencia de la ley Nº 22.610, estableció que el presupuesto de hecho de la referida exención es la situación de pobreza en que debe encontrarse aquél a quien se conceda el beneficio de litigar sin gastos” (Sala “G”. “OLIMPIC ELECTRÓNICA S.A.”, 23/3/95; Sala “B”, “CUNNINGTON C.I.F.I.S.A.”, 26/8/96; Sala “F” “EMPRESA ARGENTINA DE CEMENTO ARMADO”, Expte. Nº 8320-A, 25/9/96) y caracterizó dicha situación de pobreza definiéndola como una incapacidad económica severa que impide afrontar el pago de la tasa, por lo que se va más allá de las dificultades financieras de la empresa, incluso las que podrían dar lugar al concurso preventivo. Ello porque cuando la solicitante es una persona jurídica que persigue fines de lucro, la intepretación debe ser aún más restrictiva que en el caso de las personas físicas (en el mismo sentido, CSJN, 29/10/96, “Estructura Taifa S.A.c/Provincia de Tucumán)
Que la situación económica que invoca la actora y a cuya acreditación se encontró encaminada la prueba arrimada en el presente, constituirían, en su caso, verdaderas dificultades financieras, pero no evidenciarían una incapacidad económica severa que impida el pago de la tasa de actuación, ni puede inferirse de ellas que el pago de la suma correspondiente a dicha tasa impida la subsistencia de la sociedad, que ni siquiera se encuentra en estado de cesación de pagos. Al respecto, cabe señalar que, aún ese caso, por sí solo no habilitaría el beneficio, sino una reducción de la tasa (cfme. art, 9 in fine de la ley Nº 25.964), pero podría constituirse en un elemento indicativo más de la aludida situación de pobreza (en el mismo sentido, jurisprudencia cit.).
Que los estados contables, el informe de auditoría, el informe pericial y las contestaciones de los oficios incorporados a la presente resultan insuficientes para alterar la conclusión a la que se arriba. En efecto, en primer lugar, se trata de una sociedad anónima, que si bien experimentó un resultado negativo en los dos últimos ejercicios considerados (2018/2019), se encuentra realizando acciones económicas y financieras dirigidas a restablecer su situación, contando con una cantidad de empleados razonable y mostrando que, pese a las dificultades argumentadas, el valor de su activo continúa siendo superior al pasivo.
Que estas circuntancias, lejos de permitir su acceso al beneficio que solicita, lo impide, porque tratándose de una persona jurídica cuyo objeto es la producción de bienes con propósito de lucro debe, entonces, promover los medios para alcanzar dicho objetivo y, llegado el caso, hacer valer judicialmente sus derechos y no, por el contrario, colocarse en una voluntaria situación de pobreza debido a su manifiesta inacción para eximirse de las obligaciones que a todo litigante le son impuestas. (En el mismo sentido, Cámara Nacional en lo Comercial, Sala E, 15/9/89, “Gualda S.A. c/Río Cereal S.A.”, entre otros)
Que corresponde agregar que todas las exenciones en materia tributaria deben ser interpretadas con criterio restrictivo a fin de no vulnerar el principio de igualdad ante las cargas públicas, de raigambre constitucional Que, sin perjuicio de lo expuesto, tampoco se encuentra conculcado el derecho de defensa por cuanto el pago previo de la tasa de actuación no suspende el procedimiento, que continuará hasta su terminación, no obstante la ejecución de la deuda impaga (Sala “G”. “OLIMPIC ELECTRÓNICA S.A.”, 23/3/95)
Que, por lo expuesto, corresponde denegar el beneficio de litigar sin gastos peticionado por la actora e intimar el pago de la tasa de actuación determinada en el principal, bajo apercibimiento de expedir el correspondiente certificado de deuda.
Por ello, SE
1. Denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado por la actora.
2. Intimar a la actora para que dentro del quinto día ingrese la suma de $1.190.260,20 (UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON VEINTE CENTAVOS), bajo apercibimiento de expedir el correspondiente certificado de deuda.
3. Imponer costas a la actora solicitante.
Regístrese, notifíquese a las CUIT de la Dra. Verónica Laura Cicchi (27-20355359-0) y a la DGA (33- 69345023-9) y, firme que quede la presente, agréguese el incidente por cuerda al principal. Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. Gonzalez Palazzo, por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación. (art. 1162 del Código Aduanero).
Date: 2022.06.13 17:31:32 -03:00 Date: 2022.06.13 17:42:17 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.06.13 17:42:17 -03:00
Fin de la sentencia