Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuesto e intereses resarcitorios, como así también la multa aplicada, reduciendo la graduación de esta última a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
I. Que a fs. 47/60vta. y 135/147 se interponen sendos recursos de apelación contra las Resoluciones de la AFIP- DGI Nros. 198/18 y 197 -DO (DV RRMP)-, ambas de fecha 6/9/2018 en virtud de las cuales se determina de oficio con carácter parcial la materia imponible y la situación tributaria de la recurrente frente al Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales diciembre de 2014, enero a octubre de 2015 y frente al Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2015, en ambos casos con más intereses resarcitorios. En la determinación del Impuesto al Valor Agregado se aplica además multa por los períodos febrero a mayo y julio a octubre de 2015 con sustento en los artículos 46 y 47, incisos a) y b), de la ley procedimental, en tanto que en la resolución determinativa del Impuesto a las Ganancias se hace reserva en los términos del artículo 20 del Régimen Penal Tributario.
Explica la actora que los ajustes determinados por el organismo fiscal se sustentan en la verificación de los pasivos comerciales y de los aportes que efectuaron sus socios. Respecto de la procedencia del dinero aportado por los socios, indica que los mismos ingresaron al régimen de blanqueo de la Ley 27260, imposibilitando con ello que la AFIP cuestione la procedencia del mismo.
Se agravia del hecho de que la inspección que se le iniciara tenía por fin la verificación de los aportes de los socios y sin embargo termina con un ajuste por ventas omitidas, lo cual considera ajeno a los actos de verificación anteriores, existiendo además el acogimiento al blanqueo por los aportes, como un crédito, lo que fue informado en forma oportuna a los inspectores, razón por la cual solicita la nulidad de las actuaciones.
Afirma la procedencia de la exteriorización efectuada por sus socios y la absoluta carencia de argumentos del Fisco para impugnar el mismo y proceder a determinar un incremento patrimonial no justificado. Afirma que el Ente Fiscal no puede pretender impuesto alguno de manera presunta ignorando el blanqueo efectuado. Sostiene que mal puede permitirse que el blanqueo repercuta liberando a los socios por el impuesto por aquellos bienes omitidos y que respecto del aporte irrevocable, que es inescindible de la sociedad, se pretenda que el mismo no pueda liberarla.
Insiste en que todo el proceso de fiscalización estuvo orientado a justificar el aporte irrevocable de los socios, una vez blanqueado por el título correspondiente de la Ley 27260 y que nunca fue informada la contribuyente ni se le dió oportunidad de defensa respecto de la imputación de un incremento patrimonial no justificado. Además rechaza todas las afirmaciones realizadas por el Fisco en cuanto a la imposibilidad de justificar el origen de los aportes, porque justamente -dice- el efecto de la Ley 27260 es la imposibilidad de que la AFIP investigue el origen de los bienes exteriorizados. No obstante advierte que los socios que la integran son familiares, es decir, se trata de una sociedad familiar dedicada a pequeños quioscos, por lo que el análisis de los recaudos formales debe ser atenuado. Afirma que los aportes no deben ser necesariamente bancarizados y que se encuentran registrados en los libros contables.
Que en función de lo expuesto, solicita se revoque el ajuste determinado por carecer de razonabilidad lo pretendido por la AFIP, máxime que el blanqueo de los socios no ha sido impugnado.
Además, plantea la improcedencia de la sanción de multa aplicada, argumentando que no se le puede aplicar una multa utilizando presunciones cuando el ajuste impositivo es presuncional. Además dice que la exteriorización en los términos de la ley 27260 impediría cualquier pretensión fiscal en tal sentido. Asevera que no existe contradicción alguna en los libros, documentos y antecedentes ni se ha consignado ningún dato inexacto que ponga una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible. Concluye en que en el caso no se acreditó la conducta engañosa o maliciosa mediante hechos externos y concretos ni se probó el soporte fáctico de la presunción de dolo, por lo que peticiona se revoque la sanción aplicada. En subsidio, plantea la existencia de error excusable y se agravia del quantum de la multa aplicada, considerando su graduación infundada. Por último, solicita que en todo caso se reencuadre la misma en la figura del artículo 45 de la ley ritual.
En cuanto al ajuste relativo a los pasivos comerciales, sostiene que no se le dieron copias de las supuestas contestaciones de los proveedores involucrados, y que al contestar la vista se manifestó en tal sentido solicitándolas y requiriendo un plazo adicional para evaluar el descargo, lo que -dice- le fue negado, Entiende que ello le impidió el correcto ejercicio del derecho de defensa, motivo por lo cual, solicita la nulidad de las resoluciones apeladas en relación a este ajuste.
Ofrece prueba y efectúa reserva del caso federal.
II. Que a fs. 68/87 y 154/165 la representación fiscal contesta los recursos interpuestos. Sostiene en primer lugar que el agravio principal de la actora referido a la Ley 27260 es totalmente improcedente. Explica que la fiscalización actuante constató que los mutuos de los socios carecen de fecha cierta, que se otorgaron por un plazo de 6 años sin generar intereses, que ninguno de los socios presentó declaración jurada en Bienes Personales y que solo uno lo hizo en el Impuesto a las Ganancias por el período 2015 sin incluir el préstamo a la sociedad. Agrega que no se aportaron constancias de las transferencias de los fondos a la sociedad, la que no registra acreditaciones bancarias durante el ejercicio en análisis.
Advierte que no se encuentra en discusión si fue correcta la exteriorización efectuada por los socios sino la eficacia del mutuo por el cual pretende justificar la contribuyente un incremento patrimonial ya que lo que no pudo establecerse fue la trazabilidad del dinero desde el patrimonio de los socios al de la sociedad, razón por la cual se consideró que la única fuente de ingresos que pudo tener la misma fueron ventas omitidas por los importes de los pasivos. Alega que el impuesto ha sido determinado a través del mecanismo previsto legalmente por el inciso f) de la ley de procedimiento tributario.
Manifiesta que la ley 27260 permitió sincerar créditos que tuvieran los socios en las sociedades, ello en tanto dichos créditos hubieran existido en la realidad, cuestión que no está probada -dice- en estas actuaciones. En cuanto al ajuste referido a la impugnación de los pasivos comerciales, sostiene que el contribuyente pudo tomar conocimiento de las contestaciones efectuadas por cada uno de los proveedores cuestionados, habiéndosele otorgado a la recurrente vista de las actuaciones por los cargos formulados, lo que no hizo. Ello así, sostiene que no hubo afectación al derecho de defensa de la recurrente, no existiendo vicio alguno en los actos determinativos que amerite decretar su nulidad.
Rechaza los agravios de la actora respecto de la multa aplicada, señalando que la conducta de la apelante, en virtud de la prueba recabada por la fiscalización, configuró la defraudación fiscal en los términos del artículo 46 de la ley de rito, comprobándose además las presunciones contempladas en los incisos a) y b) del artículo 47 de la citada norma legal. Agrega que el hecho de haber puesto la recurrente en conocimiento del Fisco la exteriorización de los socios en los términos de la ley 27260, no da lugar a la aplicación de la figura del error excusable. En función de ello, solicita su confirmación.
Por último ofrece como prueba los antecedentes administrativos y formula reserva del caso federal.
III. Que a fs. 171 el Tribunal en Pleno dispuso la acumulación del Expte. Nº 49294-I al que lleva el Nº 49293-I, quedando radicados los autos en la Sala “B”, Vocalía de la 5ta. Nominación.
A fs. 175 se le corrió traslado a la actora de la oposición formulada por el Fisco Nacional a la prueba que ofreciera en autos, el que es contestado a fs. 177.
A fs. 181 se requirió a las partes que, atento encontrarse los hechos de la causa expuestos en los respectivos escritos de inicio y de responde, y habiendo tenido además las partes la posibilidad de pronunciarse sobre la prueba ofrecida y su oposición, manifiesten si consideraban que la audiencia prevista en el art. 173 devenía inoficiosa. Dicho requerimiento solo es contestado por el fisco nacional. Reiterado a fs. 187 el requerimiento a la actora, esta vez bajo apercibimiento de quedar el Tribunal en condiciones de resolver sobre la pertinencia y admisibilidad de las pruebas ofrecidas, el mismo tampoco fue contestado. Ello así a fs. 193 se declaró que la audiencia devenía inoficiosa y, teniendo en consideración que conforme se desprende de los actos apelados y de los escritos de la representación fiscal, no se encuentra en discusión por parte del Fisco la exteriorización efectuada por los socios de la contribuyente, se resolvió hacer lugar a la oposición del Fisco Nacional, no haciendo lugar a la prueba informativa ofrecida por la recurrente, haciéndole saber a las partes que las presentes actuaciones se resolvería con las constancias de autos y de las actuaciones administrativas, quedando conclusa para definitiva. De ello quedaron las partes notificadas según constancias de fs. 194/198. Habiendo quedado consentido lo allí resuelto, a fs. 199 se elevaron los autos a consideración de la Sala “B”, la que a fs. 205 los llamó para sentencia.
IV. Que en primer lugar, aún cuando no hayan sido planteados como excepción de previo y especial pronunciamiento, por una cuestión de lógica precedencia corresponde analizar los agravios de nulidad que introduce la actora.
Por un lado la actora se agravia de que la inspección se inició para verificar los aportes de los socios y sin embargo terminó con un ajuste por ventas omitidas, lo cual considera ajeno a los actos de verificación anteriores, existiendo además el acogimiento al blanqueo por los aportes, como un crédito, lo que fue informado en forma oportuna a los inspectores, razón por la cual solicita la nulidad de las actuaciones.
Por otro lado, respecto del ajuste relativo a la impugnación de los pasivos comerciales, la recurrente expone como único agravio que no se le otorgaron copias de las supuestas manifestaciones de los proveedores involucrados, lo cual le impidió ejercer correctamente su derecho de defensa, lo cual motiva también a su entender la nulidad de las resoluciones recurridas.
Respecto del primer agravio, cabe señalar que tal como lo indican los inspectores en el informe final de inspección, el presente caso se origina en la verificación de pasivos que a criterio del ente fiscalizador no habrían sido justificados. Además en las resoluciones de vista de cada uno de los impuestos ajustados, se le informó respecto de cada uno de los ajustes proyectados consignándose como sustento que los pasivos no justificados eran considerados como incremento patrimonial no justificado en los términos del artículo 18 de la ley procedimental. Asimismo en los actos recurridos el juez administrativo explica los fundamentos por los cuales no considera el acogimiento de los socios en los términos de la ley 27260, respecto del ajuste proyectado a la recurrente. Por otro lado, respecto del restante planteo vinculado con las copias de las manifestaciones de los proveedores vinculados con el pasivo comercial declarado, cabe señalar que se encuentran en las actuaciones administrativas los cuerpos con las circularizaciones efectuadas a los mismos. Ello así y toda vez que se le corrió la vista del artículo 17 de las actuaciones administrativas por los cargos formulados, haciéndole saber el domicilio de la División Revisión y Recursos actuante, y que allí obraban las actuaciones pertinentes.
Ello así, cabe concluir que la vista corrida no solo era de los cargos explicitados en las correspondientes resoluciones sino también de la totalidad de las actuaciones labradas, razón por la cual la actora no puede pretender nulificar el procedimiento cuando tuvo la oportunidad de tomar vista de la totalidad de la documentación recogida por la fiscalización y no lo hizo.
Que, cabe señalar, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
Que, en definitiva se observa que los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que en modo alguno resulta un fundamento válido para determinar la nulidad del acto.
Que, por lo tanto corresponde rechazar los agravios de nulidad introducidos por la actora.
Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
V. Que corresponde entrar al análisis de los ajustes determinados por el Fisco Nacional en las resoluciones apeladas. En primer lugar, se entiende prudente tratar el ajuste determinado en función de la impugnación de los pasivos comerciales. Al respecto surge que la fiscalización circularizó a los proveedores informados por la contribuyente como acreedores, resultando de la información brindada por los mismos la inexistencia de saldos pendientes en la cuenta corriente de la rubrada a la fecha requerida o bien que se trataban de montos distintos a los declarados por la recurrente.
Que el único agravio de la recurrente sobre este ajuste ha sido el planteo de nulidad por no habérsele otorgado copias de las supuestas manifestaciones de los proveedores, argumento que ha sido desechado en el Considerando precedente.
Ello así, ante la falta de agravios concretos respecto del ajuste y no habiendo aportado la apelante elementos que contrarresten las conclusiones a las que arriba el Fisco Nacional en función de los informes producidos por los proveedores en cuestión, los cuales no respaldan los montos declarados como pasivos comerciales por la actora, solo resta confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto al ajuste aquí tratado.
En efecto, tal como lo expusiera esta Sala en anterior composición al sentenciar las causas “Monteverde José I.” sentencia del 16/11/2001 y “Compudata S.A.” del 2/9/2003, “...en el sistema de impugnación que por esa vía se intenta ante este Tribunal, el de nulidad queda subsumido en el de apelación con la importante consecuencia de que por no tratarse de un recurso autónomo es además inviable si no resulta admisible el segundo. Por ello, y al no haber planteado la apelante cuestiones de fondo que habiliten por sí misma la instancia, resultan improcedentes los recursos de apelación interpuestos, sin que los argumentos desarrollados en punto a la nulidad articulada permitan superar la valla procesal porque, como se ha visto, el de nulidad es "per se" inidóneo para habilitar la instancia si el que aquí se plantea no puede ser entablado (vide, entre otros, "Rentería Hnos.", sent. del 31/10/85 y "Metalúrgica Dalmacio Vélez S.R.L.", sent. del 19/6/91).”
VI. Que corresponde entonces entrar al restante ajuste traído en apelación ante este Tribunal, esto es la impugnación del pasivo registrado en el Rubro “Otras Deudas” (préstamos efectuados por sus socios), otorgándole a las sumas impugnadas el tratamiento de incremento patrimonial no justificado, con más el 10% en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles, considerándola ventas netas omitidas. Que respecto de este ajuste el Fisco Nacional consideró no probados los préstamos en cuestión, en tanto la recurrente sostiene que los socios aportantes ingresaron al régimen de blanqueo de la Ley 27.260 y que por lo tanto la AFIP no puede cuestionar la procedencia del mismo.
Que conforme se desprende de las actuaciones administrativas acompañadas por la representación fiscal, el presente caso se origina en la verificación de pasivos que a criterio del ente fiscalizador no habrían sido justificados. Señalan los inspectores en el informe final de inspección que del pasivo declarado por la sociedad se observaron $ 1.550.000 registrado como “Otras Deudas” detallando en los estados contables que el rubro representa “Préstamos mediante comodato”.
Según constan en el informe final de inspección, durante la fiscalización la recurrente informó mediante multinota que el saldo de la cuenta Disponibilidades era de $ 242,89; que los importes de los mutuos celebrados con los socios fueron utilizados para pagar mercaderías adquiridas en diferentes fechas, por lo que los mismos no ingresaron a la cuenta bancaria de la sociedad y que el origen de los fondos aportados fue incluido por los socios en el Sinceramiento Fiscal de la Ley 27260. Aclaran los inspectores que la documentación aportada por la recurrente carece de fecha cierta y que los supuestos mutuos no generan interés alguno respecto de los prestamistas.
Que cabe concluir que la pretensión fiscal se encuentra adecuadamente sustentada por el organismo recaudador, habiendo demostrado la falta de prueba documental básica, así los mutuos en cuestión carecen de fecha cierta, se otorgaron por un plazo de 6 años sin generar intereses, ninguno de los socios presentó declaraciones juradas del Impuesto sobre los Bienes Personales, y solo uno de ellos presentó declaración jurada en el Impuesto a las Ganancias por el ejercicio 2015, sin incluir dicho préstamo, no se aportaron constancias de transferencias de los fondos a la sociedad ni se registran acreditaciones bancarias durante el ejercicio en análisis.
Ahora bien con respecto a los agravios de la actora relativos al rechazo efectuado por el Fisco Nacional de la exteriorización de dinero en función a los alcances expresados por la Ley N° 27.260, se advierte que respecto de la exteriorización efectuada por los socios de la recurrente, el Organismo Fiscal no cuestiona en modo alguno la corrección de la exteriorización sino la trazabilidad del dinero desde el patrimonio de éstos al de la sociedad. En efecto, la citada ley permitió el sinceramiento de los créditos que los socios tuvieran en las sociedades, en tanto dichos créditos hubieran existido realmente, cuestión que es controvertida en la especie por el Fisco Nacional.
En efecto, los elementos aportados por la recurrente de autos no permiten afirmar la real existencia de los mutuos y mucho menos la transferencia de los fondos a la sociedad. Los fondos supuestamente aportados por los socios fueron registrados en la contabilidad de la actora en la cuenta “Aportes a cuenta” pero exteriorizados como “préstamos en comodato”, observándose que la relación entre las ventas y las compras es de 0,62 y que las compras netas gravadas y no gravadas, menos las notas de crédito registradas, superan en 2,07 veces a las ventas netas, conforme exponen los fiscalizadores en papel de trabajo de fs. 114 de las actuaciones administrativas; este incremento de stock no guardaría relación con la afirmación de que la empresa atravesaba un contexto de recesión de la actividad comercial, lo que refuerza la hipótesis de los inspectores de que existen ventas marginales que habrían generado un desfasaje financiero en la contabilidad el cual habría sido ocultado contabilizando los préstamos de los socios.
Que en definitiva se observa que el blanqueo en la Ley 27.260 por parte de los socios buscó aprovechar los beneficios de un régimen de excepción para tributar lo menos posible sobre fondos que se encontraban en poder de la empresa sin justificación alguna, y evitar así un ajuste en los términos del artículo 18, inciso f), de la ley ritual. En definitiva, no hay elemento alguno en la causa que permita establecer el origen de los fondos contabilizados por la empresa como pasivos.
Que, en este orden de ideas la causa se refiere específicamente a una verdadera cuestión de hecho y prueba donde corresponde al apelante aportar prueba concreta y fehaciente que justificara el origen del pasivo declarado. Por todo lo expuesto, la recurrente no ha probado la realidad del pasivo declarado. Que cabe destacar que si las manifestaciones de los contribuyentes no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración de los hechos, al contribuyente que impugna las liquidaciones hechas en la Entidad Recaudadora le corresponde probar los errores que le atribuye.
Que la necesidad de documentar todos los actos que involucren al contribuyente sólo puede resultar en su propio beneficio para evitar que pueda darse una determinación alejada de la realidad económica, encontrándose a su cargo, como ya se dijo, la obligación de contrarrestar con pruebas fehacientes las conclusiones del Ente Fiscal, siendo esto último lo que no ha ocurrido en la especie.
como tiene dicho la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede omitirse que -según reiterada doctrina, las resoluciones emanadas regularmente de la Dirección General Impositiva gozan de presunción de legitimidad -cfr. art. 12 de la ley 19.549- por lo que no resultaría ajustado admitir de inicio que ellas respondan a un obrar injustificado o abusivo (Fallos: 318:2431; 321:695; 325:2347, entre muchos otros) por lo que, "la peculiar naturaleza del acto cuestionado tiene a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)...". Asimismo, de seguirse otra tesitura "la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)" (cfr. CSJN in re "Romero SA", sentencia del 8/2/2005).
En la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto Ledesma, Amalia, TFN, Sala D, 18/07/2001, Inmobiliaria Quesada SRL, TFN, Sala A, 11/04/2000, Campisi, Benito, Sala B, 10/05/1999, Bur, Delia Matilde, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996). Que, en definitiva, se trata de una cuestión de hecho y prueba, correspondiendo a la recurrente, en ejercicio de su derecho de contradicción, desvirtuar las conclusiones a las que arriba el juez administrativo. En consecuencia, corresponde confirmar también las resoluciones apeladas en este ajuste.
VII. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación en este acto. No obstante ello, cabe recordar que los mimos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
VIII. Que resta tratar el aspecto sancionatorio, en cuanto a las multas aplicadas en el Impuesto al Valor Agregado, con sustento en los artículos 46 y 47 incisos a) y b) de la Ley 11.683.
Que con relación a la multa por defraudación, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco.
En el tal sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. -
SALA V – 29/3/1999).
Que por su parte, tal como sostuvo la Sala V in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) cabe dejar en claro que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314. b) En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
Que no puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la respectiva resolución y que particulariza en el ajuste practicado, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. Cabe destacar, en este orden de ideas, que la conducta de la recurrente constituye una maniobra por la que se perjudicó al Fisco Nacional, por lo que ha sido correctamente subsumida en la figura prevista en el citado artículo 46. En cuanto al quantum de la sanción aplicada, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en el acto atacado una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarla en tres veces el impuesto omitido, por el contrario no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirlas al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuesto e intereses resarcitorios, como así también la multa aplicada, reduciendo la graduación de esta última a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.10.25 16:08:18 ART Date: 2022.10.27 12:05:42 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.10.27 12:55:46 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.10.27 12:56:15 -03:00
Fin de la sentencia