Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuesto e intereses resarcitorios y multa, reduciendo la graduación de esta última a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
I. Que a fs. 240/281 la actora interpone recurso de apelación contra las Resoluciones N° 107/2017 (DV DEOA) y Nº 108/2017 (DV DEOA) ambas de fecha 23/06/2017 que fueran notificadas el 26/06/2017, dictadas ellas por la Jefa (Int.) de la División Determinaciones de Oficio “A” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales. El apelante impugna las mencionadas resoluciones relativas a: a) Impuesto a las Ganancias del periodo fiscal 2009 estableciendo un impuesto a ingresar a favor de la AFIP de $1.356.045,02 con más intereses resarcitorios por $3.371.579,93 y reserva la eventual aplicación de sanciones administrativas, que pudieran corresponder, en orden a lo establecido en el artículo 20 de la Ley 24.769; y b) Impuesto sobre Bienes Personales del periodo fiscal 2009 estableciendo un impuesto a ingresar a favor de la AFIP de $100.767,81 con más intereses resarcitorios por $250.542,36 y le aplica una multa por infracción al art. 46 y 47 inciso c) y e) de la Ley 11.683 de $302.303,43 equivalente a tres veces el impuesto evadido.
Que la actora solicita se haga lugar al recurso de apelación y se revoque el acto administrativo en crisis por los fundamentos que a continuación se exponen.
En primer lugar, la actora manifiesta que se desempeñó en tareas de su especialidad -economía- en el Banco Central y luego en un banco privado local donde ejerció la presidencia del Directorio y en 1998 vendió su participación accionaria a un banco español.
Con posterioridad y a requerimiento de la AFIP dice haber presentado la documentación pertinente por las inversiones efectuadas con fondos provenientes de la venta de su paquete accionario.
Sostiene que la simple posesión de un inmueble no lo convierte en una fuente de riqueza, tampoco 11 lotes que representan un 3% de la superficie de una importante porción de un cerro utilizado como coto de caza, justifican - dice- la presunción del inciso g) del art. 41 de la ley. Señala que tampoco cabe gravar los aportes para futuras suscripciones efectuadas por el contribuyente en 3 sociedades anónimas que administran el mantenimiento de inversiones cuyo capital accionario pertenece al contribuyente y sus hijos que atienden personalmente.
Afirma que la casa habitación donde vivieron familiares directos y descendientes del contribuyente, la actual generación no puede sostener el mantenimiento ni los impuestos, por lo que el recurrente decidió mediante la compra y usufructo vitalicio y gratuito, liberarlos de esas cargas que quedaron a su cargo.
Así pues, el apelante explica que no tiene ventaja económica, sino que asegura a sus parientes la permanencia mediante la compra y el fideicomiso.
Manifiesta que similar situación resulta de la pretensión de gravar con arrendamiento presunto a 11 lotes que integraban una enorme extensión del terreno de propiedad de una compañía concursada, que en la apertura del concurso la titularidad estaba a nombre del accionista y fue regularizado por decisión del juez del concurso, mediante escritura pública a nombre del contribuyente.
Expresa agravios contra las resoluciones y en cuanto al Impuesto a las Ganancias dice, es imposible imaginar otra operación que encuadre en el principio de realidad económica, ya que son herederos legítimos habitando un inmueble de su hogar familiar recibiendo la asistencia de uno de ellos que en una excelente situación económica los libera de impuestos y gastos, mediante la figura de usufructo vitalicio y gratuito.
Agrega que el tratamiento de la casa habitación de familiares del contribuyente, en el Impuesto a las Ganancias no se ha modificado para ninguna de las partes, toda vez que antes de la compra y usufructo, el contribuyente cancelaba los impuestos y después de las operaciones continúa abonando los mismos conceptos, ahora formalmente a su nombre y sus familiares continuarán residiendo en la casa habitación adquirida originalmente por el hermano de la madre del contribuyente.
Alega que el Fisco no observó la posible existencia de un acto jurídico por el cual el contribuyente otorgó el usufructo vitalicio a título gratuito a favor de quienes tendrían relaciones parentales, por cuanto -dice- no es una valoración que condicione la liquidación del impuesto en trato.
Entiende que el contribuyente no ha restado ingresos al Fisco, sino que por el contrario, formalizó su responsabilidad por los impuestos y demás gastos del inmueble, para garantizarle a su familia su permanencia por vida.
Añade que tanto el terreno correspondiente a los 11 lotes como su costo han estado incluidos en los estados contables de la compañía Parque A Diana SA.
La recurrente manifiesta que en esta situación la adquisición y el usufructo gratuito no modificaron la realidad al momento de su formalización, dado que éste ya lo estaba haciendo. Como contribuyente –dice- que el hecho de poseer la nuda propiedad consolidó su responsabilidad y la de sus herederos de garantizar la casa habitación de los familiares sin riesgo de remate por falta de pago de los impuestos.
En el caso de los 11 lotes, considera que no correspondía abonar ningún arrendamiento presunto, por cuanto la omisión al comienzo del Concordato era consecuencia –dice- del estado de abandono o desorden en la administración de la sociedad Parque A Diana y que la regularización a nombre del contribuyente fue dispuesto por razones del proceso en curso poco antes de la homologación.
Señala que el apelante incorporó los lotes en las cuentas contables respectivas junto con la contabilización del costo de adquisición consignado en la escritura correspondiente y registrada en los balances posteriores a la escrituración dispuesta por el juez del concurso, agregando que impuestos y servicios respectivos fueron realizados en la empresa poseedora de los mismos aunque las partidas inmobiliarias figuraban a nombre del contribuyente.
Por otro lado, el recurrente manifiesta que vendió su participación en el paquete accionario del Banco de Crédito Argentino cuyo importe fue depositado por el vendedor, Banco Bilbao Vizcaya BBVA sucursal Nueva York, en las cuentas de Fernando Jorge de Santibañes.
Que esa venta se efectuó por escritura pública con intervención del Banco central y de la Comisión Nacional de Valores y los activos derivados de esta operación fueron incorporados a su patrimonio.
Expresa que dentro de las inversiones realizadas en 1998, su patrimonio registraba una posición importante en Bono emitido por el Gobierno Nacional y ciertas provincias que fueron sustituidos por títulos similares emitidos en 2000. Dichos bonos que integraban el patrimonio del contribuyente generaban ganancia exenta.
Explica que en periodos mensuales se utilizaban rentas, y el producido de las amortizaciones de los bonos y a veces su venta parcial, siempre se aplicaban a inversiones en el monto suficiente para cubrir el presupuesto de cada sociedad.
Agrega que la cuenta particular del contribuyente era el vehículo para proveer fondos a cada una de las sociedades de la cual era accionista: London Derby SA, Mayed SA y Parque A. Diana SA.
El apelante sostiene que ha proporcionado toda la información y documentación requerida por el Organismo fiscal relacionada con los antecedentes acerca del origen de los activos declarados, en la declaración patrimonial del Impuesto a las Ganancias, como también de las inversiones realizadas mediante las sociedades anónimas London Derby SA, Mayed SA y Parque A Diana SA.
Entiende que las tres sociedades han sido equivocadamente observadas por la vista de la División Determinaciones de Oficio, solo porque tienen como únicos accionistas al contribuyente y sus hijos, operan con capital propio, sus pasivos son los correspondientes a las facturas del mes de cierre de ejercicio y que los aportes realizados estaban destinados a financiar los gastos de mantenimiento de las inversiones, dado la recurrencia de estados negativos, sin recurrir a actos que violen el principio de realidad económica.
Agrega que de los aportes irrevocables para futuras suscripciones el Organismo fiscal ha procedido de manera similar al considerarlos como préstamos y sujetos al pago del Impuesto a las Ganancias en concepto de intereses presuntos en la forma indicada en el art 48, porque no admite el procedimiento empleado por el contribuyente luego de revisar la documentación proporcionada a su requerimiento en que –dice- descartó la validez de las actas de las sociedades, sus balances, detalle de cuentas contables y demás información.
Añade que los aportes irrevocables consistieron en el uso de los recursos provenientes de las rentas y dividendos de sus inversiones para acreditarlas en las cuentas bancarias de las tres sociedades, las que cancelaban en tiempo las boletas de impuestos y las facturas de proveedores que se registraban diariamente en sus registros contables que anualmente se volcaban en estados contables que se presentaban en tiempo y forma en las entidades de control.
Afirma que la norma sugerida por el Organismo fiscal, trabaría totalmente el procedimiento de aportes irrevocables en razón de que exige formalizar su capitalización, cosa imposible –dice- a las sociedades de dicho aporte que están siendo periódicamente compensados por pérdidas acumulados en sus balances.
Rechaza la multa prevista en los arts. 46 y 47 de la Ley 11.683 en el art 6 de la Res. Nº108/2017, y dice que el ajuste que genera esa multa es consecuencia directa del practicado en el Impuesto a las Ganancias sobre los aportes irrevocables, y debe ser anulada.
Acompaña prueba documental.
Que cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
Por lo expuesto precedentemente, solicita se haga lugar al recurso de apelación en todas sus partes y se revoquen las Resoluciones, como también la multa impuesta. Con costas.
II. Que a fs. 294/311 contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, se rechace los planteos de la recurrente, que se confirme la resolución apelada, con costas. El Organismo Fiscal señala que la actora declara como actividad económica principal “Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas” (código 702091) y como actividad secundaria “Servicios de financiación y actividades financieras NCP” (código 649999) cerrando sus ejercicios el 31 de diciembre de cada año. El área fiscalizadora detectó que el actor es titular por un lado de un inmueble sito en la calle 70 Nº 595 de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires y de nueve partidas inmobiliarias (designadas como Estancia Meliquina) y dos fracciones de terreno (identificadas como fracciones IX B de 3 hectáreas e IX E de 104 hectáreas) en ambos casos, ubicados en el Departamento de Lacar, Provincia de Neuquén.
Señala que, en virtud de ello, se observó que correspondía gravar en cabeza del actor -De Santibañes- el valor locativo de los bienes en cuestión como ganancia de primera categoría, de acuerdo art 41 inc g) de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Por otra parte, el área fiscalizadora informó que se le había solicitado al actor el detalle de “2- Acciones y Títulos sin cotización en el país y en el exterior” y el recurrente aportó una planilla de la que surgía que era accionista al 31/12/2009 de las siguientes sociedades del país: London Derby SA, Mayed SA y Parque A Diana SA. Agrega que de las actas de asamblea surge que el contribuyente había realizado aportes irrevocables que no cumplían con los requisitos establecidos en la normativa y al no verificarse la efectiva capitalización de los mismos se consideraron préstamos que habría realizado el contribuyente a las sociedades mencionadas por aplicación del criterio de realidad económica (art. 2 Ley 11.683).
Sostiene que para que un ingreso de fondos a una sociedad pueda ser considerado un aporte societario, la sociedad receptiva debe cumplir con una serie de exigencias legales, de lo contrario como ocurre en este caso –dice- los aportes integrarán el pasivo de la empresa siendo que los aportes irrevocables nunca fueron aprobados como tales por las sociedades.
En consecuencia, afirma que al no cumplir con los requisitos exigidos por la normativa, las entregas de bienes (sea efectivo, bienes o títulos públicos) por parte del actor a las sociedades en cuestión, han sido considerados como préstamos para las empresas y créditos para el actor.
En ese orden, el Fisco Nacional niega todos y cada uno de los hechos y fundamentos de derecho que esgrime la actora que no sean objeto de aceptación expresa o surjan de los antecedentes administrativos.
Señala que el art 41 de la Ley de Ganancias establece: “En tanto no corresponda incluirlas en el art 49 de esta ley, constituyen ganancias de la primera categoría y deben ser declaradas por el propietario de los bienes raíces respectivos: …g)El valor locativo o arrendamiento presunto de inmuebles cedidos gratuitamente o a un precio no determinado”
Además menciona el art 44: “Los contribuyentes que transmitan gratuitamente la nuda propiedad del inmueble, conservando para si el derecho a los frutos -de cualquier clase que sean-, uso o habitación, deben declarar la ganancia que les produzca la explotación o el valor locativo, según corresponda, sin deducir importe alguno en concepto de alquileres o arrendamientos, aun cuando se hubiere estipulado su pago.
Sostiene que la ley del tributo establece que en los casos en que se configure la cesión gratuita de inmuebles, el propietario deberá declarar ganancias de primera categoría, aunque haya decidido no percibir dicha renta. Por otra parte, manifiesta que el ajuste fiscal en trato referido al valor locativo presunto tiene también por objeto 11 lotes, integrantes del coto de caza perteneciente a la sociedad Parque A Diana SA, además, la fiscalización verificó los estados contables de la firma Parque A Diana SA cerrados al 30/9/2009 y determinó que no consta que los lotes formen parte de su activo; puesto que la existencia del acuerdo homologado por el juez del concurso preventivo de la firma Parque A Diana SA decretó la transferencia de los lotes en fecha 1/6/1999 a favor del actor.
En cuanto al Impuesto a las Ganancias, la representación fiscal entiende que la controversia se centra en la naturaleza jurídica del financiamiento, por cuanto de corresponder aportes irrevocables, los mismos no cumplen con los requisitos exigidos por la normativa vigente con la consecuencia fiscal que conlleva y además se advierte que los mismos fueron retornados.
Con respecto al Impuesto a Bienes Personales, señala que la naturaleza jurídica del financiamiento, no es otra que préstamos del actor hacia las empresas, ergo, se consideró que eran créditos, omitiendo de ingresar el gravamen correspondiente a los bienes personales del periodo fiscal 2009.
Refiere que dicha conclusión encuentra sustento en el art. 19 de la ley del tributo que dispone: “Se consideran situados en el país, Los créditos, incluidas las obligaciones negociables previstas en la Ley 23.576 y los debentures –con excepción de los que cuenten con garantía real , en cuyo caso estará a lo dispuesto en el inciso b)- cuando el domicilio real del deudor esté ubicado en su territorio”.
En relación a la sanción aplicada, la representación fiscal afirma que la conducta del actor se encuentra perfectamente calificada en el marco del art 46 de la Ley 11.683 cuando determina: “El que mediante declaraciones engañosas y ocultación maliciosa perjudicare al Fisco con liquidaciones de impuestos que no correspondan a la realidad, será reprimido con una multa de dos (2) hasta diez (10) veces el importe del tributo evadido”
Respecto de la solicitud de eximirse de la sanción por considerar que hubo error excusable, se advierte que ha quedado demostrado la materialidad de los hechos y especialmente la intención dolosa, por lo tanto no procede el planteo de la actora.
En relación a los intereses resarcitorios el Organismo afirma que no han sido objetados mediante el planteo de un agravio autónomo, y en el caso de autos no se ha hecho más que aplicar el art. 37 de la Ley Procedimental. Se opone a toda la prueba ofrecida por la actora y solamente reconoce la autenticidad de la documental. Acompaña los antecedentes administrativos.
Que cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
Por lo expuesto precedentemente, solicita se dicte sentencia confirmándose las resoluciones recurridas. Con costas.
III. El Tribunal resuelve mediante PV-2021-75490741-APN-VOCV#TFN del 18/8/2021, requerir al Fisco Nacional que en el término de diez días informe si la parte recurrente en autos regularizó los conceptos y montos discutidos en los términos de las leyes Nº 27.541 y Nº 27.562.
A tal efecto, la representación fiscal mediante RE-2021-79125127-APN-SGAI#TFN da cumplimiento y manifiesta que atento el traslado conferido y de acuerdo con las consultas efectuadas en las bases de datos de su Organismo-Mis Facilidades y Sistemas Tributarios, no surge el acogimiento al régimen de regularización conforme Ley 27.541 y 27.562 como tampoco pagos o presentación de un plan de facilidades de pago respecto de las obligaciones sustanciales objeto del recurso.
IV. Que en atención al estado de la causa por a fs. 339 se elevan los autos a consideración de la sala “B”. A fs. 349 pasan los autos a sentencia.
V. Que expuesto lo que antecede, cabe resaltar que las presentes actuaciones tienen su génesis en la fiscalización practicada a la encartada, la cual declara como actividad económica principal “Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas” Cerrando sus ejercicios fiscales el 31 de diciembre de cada año.
De los antecedentes administrativos se desprende que el rubrado fue verificado por personal fiscalizador de la AFIP-DGI a fin de establecer el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el Impuesto a las Ganancias y en el Impuesto sobre Bienes Personales ambos periodos fiscales 2009.
Con las órdenes respectivas de intervención se le solicitó detalle de la totalidad de inmuebles de su propiedad y destino otorgado a los mismos; y que informara sobre el detalle de “2-acciones y títulos sin cotización en el país y en el exterior indicando fecha de adquisición, denominación, valor de origen, cantidad de acciones, porcentaje de participación, valor actualizado al 31/12/2009…”
En respuesta a ello, aportó cierta información entre la que se encuentra la Escritura Nº 175 del 19/3/2002 por la adquisición del inmueble sito en la calle 70 Nº 595 de la Ciudad de La Plata Provincia de Buenos Aires de la cual aclaró que “fue adquirida a parientes de la madre del contribuyente para darla en usufructo vitalicio y gratuito a tres primas hermanas” agregando que “confirmo que ninguno de los inmuebles ha generado ingresos en el periodo fiscal 2009, como tampoco en los anteriores”
En función de ello, el área fiscalizadora solicitó al contribuyente que indicara el monto de alquiler real o valor locativo correspondiente al año 2009 del inmueble sito en la Ciudad de La Plata.
En respuesta a ello informa que “este inmueble fue adquirido en 1928 por Albino Ricci, hermano de Angélica Ricci, madre del contribuyente y casado con Elvira Arriola con destino a casa habitación de su familia (…) Al fallecimiento de ambos le sucedieron en carácter de herederas universales sus hijas Elvira Delfina y Haydee en el año 1989…”
Agrega que adquirió el inmueble a sus titulares y en ese mismo acto constituyó usufructo vitalicio y gratuito sobre el inmueble adquirido a favor de Mirta Moriondo, Licia Moriondo y Hebe Molinari, todas nietas de Albino Ricci y Elvira Arriola.
Así las cosas, el área fiscalizadora consideró que correspondería gravar el valor locativo como ganancia de primera categoría de acuerdo al art. 41 de la Ley de Impuesto a las Ganancias en el marco del inciso g). De ese modo, el área fiscalizadora solicitó a inmobiliarias cercanas al inmueble que informe el monto estimado que hubiera correspondido abonar en concepto de alquiler en el año 2009, ello así el área procedió a calcular el valor locativo presunto promedio por un monto total anual de $28.200.
Que según la base de datos E-fisco del Organismo fiscal, el fiscalizado figuraba registrado como titular de nueve partidas inmobiliarias ubicadas en la Provincia de Neuquén.
Siendo así, el área fiscalizadora solicitó que el contribuyente informara por qué no exteriorizó en sus declaraciones juradas los terrenos y en respuesta señaló que los terrenos formaban parte de los activos comprendidos en el Concurso Preventivo de la Sociedad Anónima Parque A Diana SA. y dado que esos terrenos no estaban formalmente integrados al patrimonio de la sociedad concursada, el juzgado a cargo dispuso la transferencia del dominio a favor de Fernando Jorge de Santibañes, adquirente de las acciones de la sociedad concursada.
Asimismo, el área fiscalizadora solicitó a tres inmobiliarias del departamento de Lacar, que informaran el monto estimado que hubiera correspondido abonar en el año 2009 en concepto de alquiler por los nueve lotes de terreno que se encuentran a nombre del contribuyente, y teniendo el valor informado por las inmobiliarias se estimó el valor locativo presunto promedio por un monto anual de $18.800.
Atento que dichos terrenos no integraron la declaración jurada del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta del contribuyente, el área fiscalizadora entendió que correspondía gravar en cabeza de Fernando Jorge de Santibañes, el valor locativo como ganancia de primera categoría de acuerdo al art. 41 inciso g) de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
En otro orden de ideas, continuando con la verificación, surge de los antecedentes remitidos al área fiscalizadora que se le había solicitado al contribuyente que informara sobre “2-Acciones y Títulos sin cotización en el país y en el exterior”.
En respuesta a ello, el responsable aportó una planilla de la cual surge que el aludido es accionista al 31/12/2009 de las siguientes sociedades del país: London Derby SA, Mayed SA y Parque A Diana SA.
Por lo expuesto, dicha área solicitó detalle de montos invertidos durante el 2009 el cual fue aportado junto con los movimientos de las cuentas corrientes que indican la salida de los montos por tal concepto.
Asimismo, del análisis efectuado por el área fiscalizadora, surge que en las Actas de Asamblea y/o Directorio, en las cuales se debería reflejar la decisión societaria de incrementar el capital y/o realizar aportes irrevocables, no consta la decisión del órgano societario de capitalizar los aportes que habría efectuado el contribuyente, por el contrario, surge que estos se aprueban con posterioridad y que se pospone continuamente su capitalización. Con relación a los supuestos aportes realizados a la firma London Derby SA, el área fiscalizadora destacó que de la documentación aportada, surgieron movimientos de fondos entre el contribuyente y la compañía identificados como “aportes”, “Mayed”, “sueldos Gladys Mota”, “ingresos por siembra de soja”, respecto de los cuales, los autorizados de London Derby SA y el contribuyente informaron que “corresponden, sin excepción, al salario mensual neto percibido por los empleados de London Derby SA” y agregan que “se puede verificar que los importes consignados en los asientos del mayor contable coinciden exactamente con el monto determinado en las respectivas liquidaciones del personal en cuestión (…) En el primer momento, el accionista, de Santibañes, provee los fondos necesarios. En segundo se procede al pago de dichos salarios”.
Se concluyó que tales sumas de dinero habían sido entregadas por el contribuyente a la empresa London Derby SA con el fin de proveer los fondos necesarios para que la sociedad procediera al pago de salarios y facturas de servicios.
Con relación a los supuestos aportes a las firmas Mayed SA y Parque A Diana SA, surge de la documentación aportada por las mismas que el destino de estos fue compensar quebrantos acumulados.
Ello así, el Fisco Nacional tiene dicho que los aportes irrevocables son los que realizan los socios o terceros cuando entregan dinero o bienes a la sociedad a fin de que se aplique al pago de acciones a emitir en el futuro. Es el Directorio quien los recibe ad referéndum de la asamblea, es decir supeditado a lo que ésta decida en su oportunidad y esos aportes son irrevocables para quien los efectúa, es decir, se compromete por escritura pública a no reclamar su devolución y la sociedad no está obligada a capitalizarlos.
En consecuencia, a criterio del Fisco Nacional, si la Asamblea de accionistas decide aceptarlos debe aprobar los mismos dejando constancia de un plazo razonable para suscribir el aumento de capital respectivo. Los aportes no pueden permanecer en el patrimonio neto de la sociedad sin capitalizarse por tiempo indeterminado y si se decide rechazar, también debe dejar asentado ello.
En el caso el contribuyente informó haber realizado aportes irrevocables en las empresas London Derby SA, Mayed SA y Parque A Diana SA, no obstante, en las Actas de Asamblea y Directorio no surge la efectiva capitalización de los mismos.
En función del análisis, el Fisco Nacional procedió a considerar los fondos entregados por el contribuyente a las tres firmas como préstamos y se calcularon los intereses presuntos respectivos.
VI. En primer término, corresponde efectuar una reseña de la normativa en discusión. El Art. 41 de la Ley del Impuesto a las Ganancias establece “En tanto no corresponda incluirlas en el artículo 49 de esta ley, constituyen ganancias de la primera categoría, y deben ser declaradas por el propietario de los bienes raíces respectivos: …f) El valor locativo computable por los inmuebles que sus propietarios ocupen para recreo, veraneo u otros fines semejantes. g) El valor locativo o arrendamiento presunto de inmuebles cedidos gratuitamente o a un precio no determinado.”
En el caso del inmueble ubicado en la Ciudad de La Plata, cabe aclarar que la recurrente aportó la escritura en la cual surge que fue adquirido a parientes de la madre del contribuyente para darlo en usufructo vitalicio y gratuito a tres primas hermanas.
Más allá de la finalidad que la parte manifiesta y de las razones que ésta invoca, no cabe duda alguna de que queda comprendido en el mencionado art. 41 de la ley de Impuesto a las Ganancias, antes transcripto. En efecto, no se encuentra en discusión que el actor es el titular del inmueble y que ha cedido su usufructo en forma gratuita.
Por otro lado, en cuanto a los 11 lotes ubicados en la Provincia de Neuquén, surge de los informes de la base de datos e-fisco –conforme antecedentes administrativos- que el único propietario es el señor Fernando J de Santibañes. Siendo que a raíz de la existencia de un acuerdo homologado por el juez del concurso preventivo de la firma Parque A Diana SA, se decretó la transferencia de los lotes en fecha 1/6/1999 a favor del actor. Que conforme surge de los antecedentes administrativos en los Estados Contables de la firma Parque A Diana SA cerrados al 30/09/2009, no surge que los lotes en cuestión formaran parte del activo de la empresa (vide fs. 820 cpo antecedentes OI 687.626).
Que por lo tanto al 31/12/2009, conforme las escrituras 189 (01/06/1999) y 158 (24/11/1998) –vide p. 583/586 y 972/973 de los antecedentes administrativos- la titularidad de tales bienes se encontraba en cabeza del recurrente, sin que se haya acreditado ni la venta de aquellos ni que la firma Parque A Diana SA las hubiera declarado en su activo.
Más aún, tal como se señala en los actos apelados, en la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Neuquén surge como único propietario el aquí apelante (fs. 220/226 de los antecedentes administrativos). De este modo, a efectos de fijar el valor locativo el artículo 42 de la Ley de Impuesto a las Ganancias vigente para los períodos cuestionados expresaba “Se presume de derecho que el valor locativo de todo inmueble urbano no es inferior al fijado por la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN o, en su defecto, al establecido por las municipalidades para el cobro de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. A falta de estos índices, el valor locativo podrá ser apreciado por la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA. En los casos de inmuebles cedidos en locación, usufructo, uso, habitación o anticresis, por un precio inferior al arrendamiento que rige en la zona en que los mismos están ubicados, la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA podrá estimar de oficio la ganancia correspondiente.”
Que el art. 56 del decreto reglamentario 1344/1998 define que “A los fines de lo dispuesto en los incisos f) y g) del artículo 41 de la ley, se considera valor locativo el alquiler o arrendamiento que obtendría el propietario si alquilase o arrendase el inmueble o parte del mismo que ocupa o que cede gratuitamente o a un precio no determinado.”
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción.
De este modo, la AFIP ajustó el valor locativo del inmueble de la Ciudad de La Plata solicitando -el área fiscalizadora- a tres inmobiliarias de la zona que informaran el monto estimado que hubiera correspondido abonar en el año 2009 en concepto de alquiler y así se procedió a calcular el valor locativo presunto promedio por un monto total anual.
Por otra parte, el Organismo recaudador ha ajustado el valor locativo de los 11 lotes procediendo del mismo modo que el efectuado con el inmueble de la Ciudad de La Plata y así obtuvo el monto estimado que hubiera correspondido abonar durante el año 2009 en concepto de alquiler por nueve lotes de terreno y calcular el valor locativo presunto.
Cabe señalar, que los fiscalizadores aclararon que, se consideraron los meses en que el contribuyente podría haber alquilado dichos inmuebles.
Para determinar la renta de primera categoría el fisco realizó una valuación técnica, consultando a distintos agentes inmobiliarios respecto al posible valor de alquiler de los inmuebles. Es decir, recurrió a operadores competentes del mercado en cuestión. Habida cuenta que se informaron diversas cotizaciones, la administración fiscal a efectos de mitigar las diferencias de cotización determinó un promedio de los valores informados, el cual fue utilizado para calcular el valor locativo presunto.
Tiene dicho la doctrina (Fernández, Luis Ornar. 'Tratamiento en el impuesto a las ganancias de algunas rentas producidas por inmuebles.", La Ley Online): “Por su parte el decreto reglamentario, dispone que el valor locativo es 'el alquiler o arrendamiento que obtendría el propietario si alquilase o arrendase el inmueble...; con lo cual el problema pasa a ser una cuestión de investigación y prueba de dicho valor. Entonces la responsabilidad del contribuyente será averiguar si existe tal valor en plaza y procurarse de los medios para probarlo en caso que el Fisco así lo requiera.”
Dicha situación no tuvo lugar en las presentes actuaciones; el contribuyente no aportó ninguna consulta efectuada a efectos de conseguir el valor de plaza, ni siquiera alguna que avale su suposición de que no existe valor de plaza.
Ello así, lo actuado por el Fisco Nacional se encuentra ajustado a derecho por lo que corresponde confirmar este ajuste.
VII. Que corresponde ahora el tratamiento del ajuste determinado en los actos recurridos en relación a los fondos entregados por el recurrente a las sociedades London Derby SA, Mayed SA y Parque A Diana SA, los cuales son calificados por el apelante como “aportes irrevocables” en tanto el Fisco Nacional impugna esa calificación considerándolos “préstamos” sobre los cuales determina intereses presuntos.
De los estudios efectuados en los antecedentes administrativos, surge que se aportaron los mayores de movimientos de la cuenta de las sociedades London Derby SA, Parque A Diana SA, y Mayed SA, en las que se reflejaron los aportes, préstamos o entregas de fondos por parte del contribuyente durante el ejercicio 2009. Con relación a los supuestos aportes efectuados a las firmas Mayed SA y Parque A Diana SA, surge de la documentación aportada por las mismas, que el destino de éstos fue compensar quebrantos acumulados (fs. 1262 y 1308 respectivamente cpo antecedentes OI Nº 687.626).
Con respecto a los supuestos aportes realizados a la firma London Derby SA, surge de la documentación aportada, movimientos de fondo entre el contribuyente y la compañía identificados como “aportes”, “Mayed”, “sueldos Gladys Mota”, “ingresos por siembra de soja”, respecto de los cuales, se pudo verificar conforme los antecedentes administrativos que corresponden a salario mensual neto percibido por los empleados de London Derby SA y a las respectivas liquidaciones del personal en cuestión.
De este modo, tales sumas de dinero habían sido entregadas por el contribuyente a la empresa London Derby SA con el fin de proveer los fondos necesarios para que la sociedad procediera al pago de salarios y facturas de servicios.
Asimismo, de la documentación aportada surgieron movimientos de fondo entre el contribuyente y la compañía identificados como aportes y se pudo observar que primero el accionista, Fernando Jorge de Santibañes, provee de los fondos y luego realiza ciertos pagos.
Así también señala el Fisco Nacional que al cierre ejercicio 2009 el contribuyente había realizado retiros de la firma Parque A Diana SA por importes mayores a los fondos entregados en dicho periodo.
Que no se encuentra en discusión el origen de los fondos ni la aplicación de los fondos otorgados a las empresas. La cuestión radica en que para el Fisco Nacional no se cumplen los requisitos exigidos por la normativa vigente, para ser aportes irrevocables además de advertir que los mismos fueron retornados.
En el caso de autos no se han aportado elementos que permitan afirmar la voluntad de suscripción de acciones futuras. Tampoco se han aportado decisiones asamblearias que aprobaran la incorporación de tales entregas como aportes irrevocables.
En tales condiciones y habida cuenta el destino dado a esos fondos, de acuerdo con el principio de la realidad económica que invoca el Fisco Nacional, hace razonable el criterio fiscal de considerar que la finalidad de los movimientos de fondos configura verdaderos préstamos a favor de las sociedades.
En efecto, los aportes no pueden permanecer en el patrimonio neto de la sociedad sin capitalizarse por tiempo indeterminado, ya que se desvirtúa la finalidad del instituto, y consecuentemente se estaría en presencia de un préstamo.
La “entrega de fondos” del recurrente a las empresas no tendría la naturaleza de aporte, habida cuenta que no se han aportado elementos que permitan suponer que se trate de la voluntad de suscripción de acciones futuras. No se han aportado decisiones asamblearias respecto de los fondos aportados sino que por el contrario se advierte que estarían destinados a cubrir el pago de salarios, pagos de facturas de servicios, etc.
Ello así, la calificación que a su respecto efectuó el Fisco como “préstamos” luce razonable en función de las constancias arrimadas a la causa correspondiendo por lo tanto su confirmación.
VIII. Que atento lo expuesto precedentemente corresponde confirmar los actos apelados en cuanto determinan el Impuesto a las Ganancias e Impuesto sobre Bienes Personales. Con costas.
Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación en este acto. No obstante ello, cabe recordar que los mimos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
IX. Que resta tratar el aspecto sancionatorio, concretamente la multa impuesta en el Impuesto sobre los bienes personales.
Que entrando al análisis de la sanción aplicada, cabe recordar que el artículo 46 de la ley de rito sanciona a quien mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa defraudare al Fisco. Ahora bien, las formas genéricas del fraude son el ardid y el engaño, que tienen como finalidad hacer creer a la víctima o mantenerla en la creencia o reforzarla en su creencia de que lo que no es verdadero lo es. Pero el ardid o el engaño han de ser “idóneos”, esto es aptos para inducir a error, en el caso, al organismo especializado en la fiscalización y recaudación tributaria.
Que con relación a la multa por defraudación, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco.
Que tal como sostuvo la Sala V in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) cabe dejar en claro que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314. b) En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. -
SALA V – 29/3/1999).
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no solo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria.
En cuanto al quantum de la sanción aplicada, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio.
Ello así, se advierte en el acto atacado una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarla en tres veces el impuesto omitido, por el contrario no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirlas al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental.
Por ello; SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuesto e intereses resarcitorios y multa, reduciendo la graduación de esta última a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.08.31 15:33:41 ART Date: 2022.08.31 16:43:21 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.09.01 11:36:51 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.09.01 11:37:10 -03:00
Fin de la sentencia