Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 28.510-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la resolución n° 146/10, recaída en la Actuación SIGEA nro. 12834-87-2009/09, en cuanto ha sido materia de agravio. Costas a la demandada.
I. Que a fs. 16/22 y vta., se presenta, por apoderado, la firma “FISHING WORLD S.A.” e interpone recurso de apelación contra la resolución n° 146/10, recaída en la Actuación SIGEA nº 12834-87-2009/09, en tanto la condena al pago de una multa, en los términos del art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A., en relación al PE nº 06-019- EC01-000454-K. Relata que, por medio del PE mencionado, documentó una exportación de mercadería declarando un plazo de espera de 120 días, siendo cancelados los derechos de exportación dentro de las fechas declaradas. Informa que, sin embargo, se instruyó sumario contencioso en los términos del art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A., por considerar que la fecha de vencimiento para el pago de los derechos de exportación era distinta a la declarada, toda vez que, según el servicio aduanero, debió declarar la opción PLESP2 y no PLESP1. Considera que existe una falta de tipicidad, toda vez que la norma que se alude hace referencia a los tributos y no a los intereses, siendo imposible la aplicación de una sanción por analogía. Señala que el ingreso de los tributos con posterioridad a la fecha considerada por la demandada motivó la liquidación de intereses, que fueron abonados y, teniendo en cuenta su naturaleza sancionatoria, la voluntad del fisco de imponer una nueva sanción por el mismo hecho resulta injustificada y contraria al principio non bis in idem. Cita jurisprudencia. Considera que, por aplicación de la ley 26.746 han quedado condonadas de pleno derecho las multas por infracciones cometidas al 31/12/07 y plantea la inconstitucionalidad de la RG AFIP nº 2537/09, en cuanto pretende excluir del ámbito de aquella las deudas e infracciones aduaneras, de acuerdo a lo establecido en su art. 3, inc. e). Ofrece prueba, hace reserva de la cuestión federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 39/49, se presenta la representación fiscal y contesta el traslado del recurso incoado. Realiza una breve reseña de lo acontecido en sede administrativa. Seguidamente, efectúa una negativa genérica de las afirmaciones vertidas por la recurrente. Cita el art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A. y el art. 956 del C.A., en cuanto define el perjuicio fiscal. Señala que la recurrente habría declarado en el campo de “opciones/ventajas” “PLESP1=GIRO DE DIVISAS 120 DIAS Y/O 5 DIAS A PARTIR DEL INGRESO DE DIVISAS AL PAIS”, cuando la opción correcta sería “PLESP2=QUINCE DIAS CORRIDOS A PARTIR DEL LIBRAMIENTO DE LA MERCADERÍA”, y que, el texto a validar sería “LA PRESENTE DESTINACION CUENTA CON PREFINANCIACION COBRO ANTICIPADO Y/O PRESTAMOS ESTRUCTURADOS POR EL 100% DEL PRODUCTO A EXPORTAR”. Sostiene que aquellos exportadores que cuentan con cobro anticipado y/o prefinanciación por el cien por ciento del valor del producto a exportar deben hacer efectivo el pago de derechos de exportación dentro de los quince días posteriores al libramiento de la mercadería. Menciona que la conducta de la firma exportadora produjo el perjuicio fiscal exigido por la figura infraccional toda vez que ésta no pagó los derechos de exportación en el correspondiente plazo sino que lo hizo luego de que se encontrara holgadamente vencido el término para efectuar dicho pago. Niega que se produzca violación alguna del principio non bis in idem. En ese sentido, destaca que los intereses han sido considerados por la doctrina y la jurisprudencia una sanción civil y no una sanción penal como resulta ser la pena prevista para la figura del art. 954 inc. a) del Código Aduanero por lo que no nos encontramos ante un supuesto de dos o más persecuciones penales contra una misma persona y por un mismo hecho. Por último, con relación a la aplicación de la ley 26.746, señala que la RG AFIP nº 2650 excluye de su ámbito de aplicación a las deudas e infracciones aduaneras. Considera que no hay inconstitucionalidad alguna por exceso reglamentario toda vez que la AFIP se ha limitado a reglamentar la ley en cumplimiento de las mandas que prevé la propia ley en sus arts. 24 y 43. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se dicte sentencia confirmando el decisorio aduanero, con costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA 12834-87-2009/09 se inician con el acta denuncia labrada con motivo de la Nota nº 147/09 (SE FVEX), de fecha 16/11/09, por la que se indica que se estaría en presencia de una situación infraccional. A fs. 4/6 (refoliado) obra el Informe Técnico nº 122/09 (SE FVEX), de fecha 12/11/09. A fs. 7/9 (refoliado) obra el detalle de cálculo del importe adeudado. A fs. 28 obra el sobre contenedor del PE nro. 06-019-EC03-000454-K. A fs. 34/35 se instruye sumario contencioso contra la firma FISHING WORLD S.A., en los términos del art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A. A fs. 117, con fecha 29/11/11, se corre vista de todo lo actuado a la firma aquí recurrente, siendo notificada el día 5/12/11 -según constancia de fs. 122-. A fs. 123/129 formula descargo la firma actora. A fs. 144/147 y vta., se emite el dictamen nº 74/12 (AD PDES). A fs. 148/152, con fecha 14/06/12, se dicta la resolución nro. 146/12 (AD PDES), aquí apelada.
IV. Que mediante el PE nº 06-019-EC03-000454-K la firma FISHING WORLD SA, documentó en fecha 15/06/06 la exportación para consumo de langostinos congelados.
Que, al tiempo de declarar, en el campo “Opciones/ventajas” se consignó la opción “PLAZOESPERAOPC=PLESP1” (“GIRO DE DIVISAS A 120 DÍAS Y/O 5 DIAS A PARTIR DEL INGRESO DE DIVISAS”, lo que indicaría que la operación no habría sido prefinanciada, motivo por el cual el servicio aduanero instruyó sumario a la recurrente por presunta infracción al artículo 954, ap. 1, inc. a), del Código Aduanero. En otras palabras, el libramiento de la mercadería se ha efectuado en fecha 10/07/06 (fecha en la que también se efectuó la liquidación de divisas) y el pago de los derechos recién se efectuó el 07/11/06 de lo que se desprende que la destinación en trato habría gozado de prefinanciación o cobro anticipado por el 100% del producto a exportar por lo que los derechos de exportación deberían haberse abonado quince días corridos después del libramiento de la mercadería, es decir, en fecha 25/07/06 y no en fecha 7/11/06 como lo hizo la actora.
Que, una vez sustanciado el sumario contencioso, la Aduana dictó la resolución (AD PDES) nº 146/12, condenando a la aquí recurrente al pago de una multa.
V. Que, de acuerdo a la RG AFIP nº 1921/2005, Anexo IV “A”, “Cuando la Destinación de Exportación requiera el pago de Derechos de Exportación, el Sistema Informático MARIA permitirá a los declarantes optar por el pago previo a través del KIT MARIA, o bien acordar el plazo de espera en los términos del artículo 54 del Decreto Nº 1001/82”.
Que, según el primer párrafo del artículo 54 del mencionado decreto, modificado por el decreto nº 583/2002 (B.O., 11/04/2002), que amplió el plazo del diferimiento concedido a los exportadores por el decreto nº 1001/82 para el pago de derechos y demás tributos que gravaren sus operaciones, “(...) a) en operaciones de exportación, acordará una espera de QUINCE (15) días corridos, sin intereses, para el pago de los derechos y demás tributos que las gravaren, contados a partir del día siguiente al del libramiento”.
Que, asimismo, mediante el artículo 1º del decreto nº 835/2002 (B.O., 16/5/2002), se incorporó como segundo párrafo del inciso a) del artículo 54 del decreto n° 1001/82 y sus modificatorios, el siguiente: "En el caso de tratarse de exportadores que en el año calendario inmediato anterior a la fecha del registro de la correspondiente solicitud de exportación para consumo hayan exportado menos de VEINTE MILLONES DE DOLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 20.000.000), el plazo de la espera será hasta la fecha de liquidación de divisas a favor del exportador o CIENTO VEINTE (120) días corridos, sin intereses, contados a partir del día siguiente al del libramiento, el que fuere menor."
Que, de acuerdo al Anexo IV de la RG AFIP nº 1921/05, existen distintas posibilidades para la determinación del plazo de espera, teniendo en cuenta si el declarante se encuentra o no dentro del tratamiento del art. 1º del decreto 835/2002 (es decir, si en el año calendario inmediato anterior a la fecha del registro de la correspondiente solicitud de exportación para consumo ha exportado menos de VEINTE MILLONES DE DOLARES ESTADOUNIDENSES). Para el supuesto en que el exportador no estuviera comprendido por el decreto nº 835/02, el punto 2.1.1 del Anexo IV de la Resolución mencionada previó que “(...) la fecha para hacer efectivo el pago será de QUINCE (15) días corridos a partir del libramiento”. Asimismo, según el punto 2.1.2 del mismo Anexo, “2.1.2 De hallarse el Exportador alcanzado por el tratamiento establecido a través del artículo 1º del Decreto Nº 835/02, y optar por el pago dentro de esta facilidad, el plazo máximo para hacer efectivo el pago de los derechos y demás tributos estará comprendido en alguna de las siguientes opciones: a) CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a partir del día siguiente al de la fecha del libramiento, o b) la fecha de vencimiento para liquidar las divisas (correspondiente al plazo que tenga la posición arancelaria del ítem de mayor valor FOB embarcado), o c) la fecha real de liquidación efectiva de divisas a favor del Exportador, conforme a la información que envíe a la AFIP el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por vía electrónica”. Que, sin embargo, por el punto 2.1.4, se aclaró que “En las operaciones que cuenten con prefinanciación, cobro anticipado y/o préstamos estructurados por el CIEN POR CIENTO (100%) del valor del producto a exportar, de optarse por el pago con plazo de espera, el mismo no podrá superar al establecido en el punto 2.1.1. del presente Anexo”.
Que, en virtud de las normas citadas, al considerar el servicio aduanero que se trata de una operación prefinanciada, entendió que el pago de los tributos debió efectuarse en el plazo de quince días, por lo que habría existido una diferencia entre el contenido de la declaración y la comprobación, que sería suficiente para considerar configurada la infracción del art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A.
VI. Que corresponde analizar si es ajustada a derecho la resolución que aquí se apela, en cuanto condena a la recurrente, al pago de una multa por infracción al art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A., por haber declarado la recurrente en el campo correspondiente a “opciones/ventajas” “PLESP1=GIRO DE DIVISAS 120 DIAS Y/O 5 DIAS A PARTIR DEL INGRESO DE DIVISAS AL PAIS” cuando, según el servicio aduanero, la opción correcta sería “PLESP2=QUINCE DIAS CORRIDOS A PARTIR DEL LIBRAMIENTO DE LA MERCADERÍA” y, el texto a validar sería “LA PRESENTE DESTINACIÓN CUENTA CON PREFINANCIACIÓN COBRO ANTICIPADO Y/O PRESTAMOS ESTRUCTURADOS POR EL 100% DEL PRODUCTO A EXPORTAR”.
Que aclarado lo que antecede, corresponde asimismo analizar la configuración o no del presupuesto básico del tipo infraccional. Esto es, si lo declarado, en carácter de declaración comprometida, difirió de lo comprobado en las operaciones involucradas.
Que el art. 332 del C.A. establece que la declaración comprometida debe indicar toda circunstancia o elemento necesario para permitir al servicio aduanero el control de la correcta clasificación arancelaria y valoración de la mercadería que se trate.
Que desde la implementación y generalización del SIM, la declaración comprometida de las características de la mercadería se centra en la elección por parte del declarante de la posición arancelaria, es decir, se centra en la clasificación arancelaria que realiza el declarante, toda vez que, a partir de la posición arancelaria escogida, el SIM define el esquema de prohibiciones, restricciones y régimen tributario aplicable.
Que al establecer el art. 332 del C.A. que la declaración comprometida debe indicar toda circunstancia o elemento necesario para permitir al servicio aduanero el control de la correcta clasificación arancelaria y valoración de la mercadería que se trate, refiere a la descripción de la mercadería (naturaleza, especie, calidad, precio, etc.) y de la relación jurídica y comercial del exportador con el destinatario de la mercadería y de toda otra información que permita determinar el tratamiento aduanero que corresponda a las mercaderías objeto de despacho, son aquellas informaciones o descripciones las que pueden ser verdaderas o falsas.
Que, en definitiva, por la forma en que está configurada la “opción” involucrada en autos en el SIM, no genera una declaración comprometida del declarante que permita al servicio aduanero establecer la correspondencia del plazo de espera escogido, sino que se limita a permitirle al declarante optar por uno u otro plazo de espera. Que, en consecuencia, siendo que el SIM al momento de oficializar las operaciones aquí involucradas, otorgó a la firma exportadora la posibilidad de optar entre las “ventajas” de plazo de espera, entre la cual se encontraba la aquí elegida-PLESP1-, no se encuentra motivo para aplicar sanción a la aquí recurrente toda vez que optó entre una de las opciones brindadas por el sistema.
Que, ello así, la conducta reprochada en autos por el servicio aduanero no cumple con los elementos del tipo infraccional de declaración inexacta, toda vez que no se observa inexactitud punible en la declaración comprometida por la exportadora. Por lo que, atendiendo al principio de legalidad, que exige atenerse a la descripción legal de la conducta penada, no es posible considerar configurada la infracción prevista y penada en el art. 954 del C.A., lo que determina que en autos no pueda confirmarse la multa impuesta.
Que, en el mismo sentido, se resolvió, entre otras, la causa “IL SOLE SA c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, expediente n° 28.510-A, con sentencia de fecha 30/9/2014, de esta misma Sala “F”. Asimismo, también se resolvió en el mismo sentido el expediente caratulado “TRANSMARITIMA CRUZ DEL SUD S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, expediente nº 26.327-A, en fecha 24/6/2013, por ante esta misma Sala “F”, entre otros.
VII. Que, en consecuencia, resulta ajustado a derecho revocar la infracción endilgada por la Aduana, dejando a salvo el criterio asumido por el Dr. Garbarino – por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala – en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes (“Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.840, del 02/12/13; “Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.553-A, del 03/12/13 y “Nutribras SA c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 36.507-A, del 06/03/12, entre otros).
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar la resolución n° 146/10, recaída en la Actuación SIGEA nro. 12834-87-2009/09, en cuanto ha sido materia de agravio. Costas a la demandada.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y al Dr. Ricardo Gabilondo, por Secretaría de Registro, al domicilio constituido en Tucumán 1424 Piso 2 Of. A CABA. Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese. Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2022.06.22 14:59:25 -03:00 Date: 2022.06.22 15:24:41 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.06.22 15:24:42 -03:00
Fin de la sentencia