Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la determinacion de oficio del Impuesto sobre los Bienes Personales conforme se determina en los Considerandos de la presente.
2Ordenar, en consecuencia, a la AFIP-DGI que en el término de treinta (30) días practique la reliquidación de lo que resulta adeudar la apelante de conformidad con lo resuelto en la presente.
3Las costas se imponen en proporción a los respectivos vencimientos.
I. Que a fs.16/45vta. se deduce recurso de apelación contra la resolución de fecha 24 de junio de 2015, dictada por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Palermo de la A.F.I.P.-D.G.I., mediante la cual se determinó de oficio con carácter parcial la obligación fiscal de la recurrente con relación al Impuesto sobre los Bienes Personales correspondientes al periodo fiscal 2006, imponiéndosele la obligación de ingresar en concepto de Impuesto la suma de $7.871,68.-, con mas la suma de $19.629,35.- en concepto de intereses resarcitorios.
Plantea como cuestión de previo y especial pronunciamiento la nulidad de la resolución traída en recurso, destacando que la información en la cual se basó la determinación es nula por entender que se utilizaron datos obtenidos de forma ilícita, como así también no se habrían cumplido las formalidades que deberían contener los documentos.
Se agravia en cuanto a que la información magnética referente al año 2006 y que habría sido el único indicio con que contó su contraria para llevar adelante sus actuaciones, no estaría amparada por el Convenio de Doble Imposición con la Confederación Suiza. Destaca que la única documentación impresa no se encontraría certificada por alguna autoridad competente de origen suizo o francés, entendiendo que los listados magnéticos habrían llegado al Organismo Fiscal como consecuencia de un acuerdo de intercambio de información con una jurisdicción -Francia- que las habría recibido de un sujeto que a su vez las habría obtenido a través de un delito, lo que los convertiría en ilegítimos y sin validez legal.
Asimismo manifiesta que las hojas insertas por la A.F.I.P. no fueron traducidas al idioma castellano por Traductor Público matriculado y que esta situación habría impedido ejercer de manera adecuada su defensa, aclarando que por tal motivo tampoco habría llegado a comprender integramente la totalidad de la imputación.
Manifiesta que el acto recurrido adolecería de nulidad atento su falta de causa y motivación, ello en cuanto todo el ajuste se basaría en la supuesta existencia de una cuenta en la cual la aquí apelante según el Fisco tendría parte, sin aportarse prueba alguna, mas aún se plantea la comisión de un delito sin especificarse demasiado cuál habría sido.
Advierte que con fecha 03/02/2015 habría realizado ante el Juez Administrativo un planteo de nulidad alegando diversas cuestiones y que ninguna de las aclaratorias solicitadas fueron por éste respondidas.
Señala que la fiscalización electrónica como herramienta utilizada de base de este tipo de procedimientos, a menos de tres meses de la prescripción, no es eficiente para reunir la información mínima necesaria para una determinación de oficio en los términos que la jurisprudencia requiere para permitir la utilización de un solo indicio o presunción.
Estima que el procedimiento empleado, la fiscalización electrónica, sin la realización de ninguna tarea del Fisco Nacional para constatar por sus propios medios la veracidad, certeza o consistencia de un dato que luego será hecho base de una determinación de oficio ha implicado en la práctica la inversión de la carga do la prueba y no puede transformarse en el hecho cierto que de origen a la presunción del inciso g) del Artículo 18 de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
Sostiene que la posibilidad de aplicación del método presuntivo implica partir necesariamente de un hecho cierto, probado y comprobado. Asimismo entiende que si el Fisco decidió no accionar con los medios a su alcance para comprobar de manera cierta e incontrastable el hecho base, no queda expedita la vía para aplicar la presunción. El hecho base en este caso no sería cierto ni aceptado como cierto por el contribuyente, y la posibilidad de invertir la carga probatoria hacia el contribuyente sólo tendría lugar una vez que el hecho cierto se encuentre efectivamente acreditado por el Fisco Nacional.
Refiere que si se tratara de una determinación con base indiciaria o presuncional, debería arbitrar el Fisco una batería de medidas como para contrastar esas presunciones o indicios con la realidad económica del contribuyente y chequear de manera incontrastable que esa realidad inferida no es contradictoria y además compatible con la realidad tributaria del sujeto pasivo de la obligación tributaria, y que nada de esto se observa en el expediente, por el contrario, -reitera- que fue un proceso de fiscalización iniciado casi en el último bimestre del año y concluido contra reloj, luego además de instrucciones contrapuestas de parte de las autoridades de la AFIP y un único indicio para trabajar, que además habría sido obtenido ilícitamente. No habría existido ningún chequeo de la ficción intentada con el resto de la capacidad contributiva del encartado conforme se detrae de la simple lectura del expediente.
Entiende que la presunción utilizada con relación a los depósitos bancarios, está inserta en el inciso g) del articulo 18 de la Ley 11.683 y que con relación al impuesto sobre los bienes personales, se estima que se habría aplicado el inciso f) del articulo 18 y que al no citarlo la determinación, constituiría un serio agravio y menoscabo de la posibilidad de ejercer el derecho de defensa.
Destaca los mismos montos de la misma cuenta se estan imputando a diferentes contribuyentes en su totalidad y que la AFIP tomó como base de su imputación la cotitularidad de una cuenta, involucrando a la Sucesión del Sr. Jorge Hadid y a la Sra. Teresa Hadid, independientemente de que la supuesta cuenta no existe ni existió, la imputación por el total del saldo a más de un contribuyente es un absurdo técnico, derivado de la carencia documental de la AFIP.
Manifiesta que no existió y ya habría prescripto el delito de evasión impositiva toda vez y que aún si no hubieren estado prescriptos, tampoco se llegaría a la condición objetiva de punibilidad.
Expresa que no puede iniciarse un proceso penal a una sucesión indivisa en función del delito en que podría haber incurrido el causante volviendo a plantear la nulidad de lo actuado, considerando que las penas por hechos ilicitos eventualmente concretados por las personas, no son trasladables a sus herederos, entendiendo que si desde el principio se conocía que el Sr. Jorge Hadid había fallecido, no debió habérselo incorporado a una acción penal, y luego, cuando se produce el oficio del Sr. Juez Penal Tributario, debió habérselo excluido por no corresponder al universo de los sujetos alcanzados por la orden judicial, atento lo cual debería darse por concluida la presente determinación de oficio, disponiéndose el archivo de lo actuado, por no seguir existiendo el contribuyente al cual se le reclama, por imperio del artículo 33 de la Ley 20.628.
Se agravia por entender que la denuncia penal por evasión debió ser formulada luego de efectuada la determinación de oficio, lo que, caso contrario, resultaría un incumplimiento de la prejudiacialidad administrativa.
Afirma que se adquirieron titulos BAADE por dólares estadounidenses billete diez mil (U$S 10.000) equivalentes, por imperio del artículo 12° de la aplicación de la letra de la Ley 26.860 al tipo de cambio vigente al dia de la adquisición a pesos ochenta y seis mil ($ 86.000). Señala que ese monto absorbe en exceso y libera por completo, por aplicación de la letra de los artículos 9° y 12° de la Ley 26860 la totalidad de las diferencias de ganancia neta y bienes computables calculados en la determinación de oficio que se contravierte, y el remanente quedará para liberar a futuro el ejercicio que disponga, en uso del derecho conferido por el artículo 9° de la Ley 26.860.
Abona su libelo recursivo citando variada doctrina y jurisprudencia, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y concluye peticionando se revoque la resolución por su parte aquí apelada.
II. Que a fs. 73/86 vta contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, que se confirme el acto apelado, con costas.
Sostiene que con motivo de las tareas referidas, se constató que la contraparte omitió declarar en el Impuesto sobre los Bienes Personales correspondiente al periodo fiscal 2006, el saldo de sus cuentas bancarias radicadas en una entidad financiera de la confederación Suiza, dejando de ingresar en consecuencia el gravamen referido en su justa medida.
En cuanto al planteo de nulidad destaca que la información en cuestión fue entregada a la autoridad competente Argentina por la autoridad competente Francesa en el marco de un tratado internacional, el Convenio con la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, Ley N° 22.357, que cuenta con un Protocolo modificatorio del Convenio, aprobado por Ley N° 26,276. La AFIP obtuvo la información a través de un organismo oficial, la Dirección General de las Finanzas Públicas de Francia, en el marco del articulo 27 del convenio para evitar la doble imposición aritos citado. Sostiene que el marco del mentado Convenio con Francia, nuestro país puede solicitar el intercambio de información para aplicar lo dispuesto en el mismo, o bien, para administrar y exigir lo dispuesto en nuestra legislación nacional, relativa a los impuestos y respecto de los sujetos comprendidos en el mismo. Señala que la pauta sobre traducción no resulta absoluta sino que configura un principio general, en tanto el idioma oficial en el país es el castellano, aspecto que sería fácilmente subsanable, puesto que la documentación obrante tanto en el Cpo. de Impuesto sobre los Bienes Personales, refiere básicamente a datos personales como nombres, nacionalidades, domicilios, montos de dinero y referencias temporales, por lo que su traducción se considera irrelevante y mucho menos implica que carezcan de la presunción de legitimidad prevista en el articulo 12 de la ley 19.549 como sugiere la accionante.
Indica que la actora manifiesta que el acto es nulo por apoyarse el mismo en antecedentes falsos, haciendo con ello faltar la "causa" al acto en crisis. Afirma que no puede aceptarse el agravio vinculado a la falta de motivación de la resolución apelada, pues se advierte que el Fisco Nacional basó su accionar en una estricta aplicación de las normas legales.
Destaca que el último elemento “finalidad", refiere al bien jurídico perseguido con el dictado del acto administrativo. Al respecto, señala que en todo momento el accionar de la Administración ha tenido como único fin el de propender a la “verdad material de los hechos”, respetando el principio del debido proceso adjetivo, por lo que los dichos de la actora al respecto carecen de sustento fáctico y jurídico, dado que en ningún momento se ha cercenado el citado derecho.
Respecto del comprobante de depósito de U$D 10.027 para la suscripción de BAADE adjuntado por la recurrente, menciona que mediante mail oficial N° 445/2015 (Dl PYNF) de fecha 30/04/2015, la Dirección de Programas y Normas de Fiscalización comunicó que en virtud de información proporcionada por el Banco Central de la República Argentina y las entidades financiaras en los términos del artículo 4° de la Resolución General (AFlP) N° 3509, no se registran datos en los sistemas del Organismo respecto de la contribuyente HADID, TERESA -C. U. I. T. N° 27-00197092-0-. De esta forma, no queda comprobado fehacientemente la validez de tal comprobante.
Se opone a la prueba ofrecida, introduce la cuestión federal y solicita que se dicte sentencia confirmando la resolución apelada, con costas.
III.-A fs. 94 se abre la causa a prueba ordenándose producir la prueba informativa. A fs. 98, 100/101, 103/104 se produce la prueba informativa. A fs. 120 se da por decaido el derecho a producir las pruebas informativas al Juzgado Penal Tributario N° 1 y Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 49, ordenadas y no producidas. A fs. 123 se clausura el período de instrucción.
A fs. 151 se elevan los autos a Sala y pasan para alegar. A fs. 160 se remiten los presentes autos a la Vocalia 5° Nominación haciendo constar que a fs. 157/159 se encuentra agregado el alegato del Fisco Nacional, no habiendo hecho uso la actora del derecho otorgado a fs. 151. A fs. 166 pasan a sentencia.
IV. A los efectos de resolver la cuestión traída a decisión de este Tribunal cabe tener presente que, en principio, los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros). En efecto “los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, ni tratar todos los temas expuestos, ni analizar todos los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (fallos 272:325)”, citado por la CNACAF, Sala IV 19-02-97, Causa N° 2783, “Rúffolo Roque c/ DGI”, TFN 13.174-I.
V. Que respecto del planteo de nulidad esbozado por la recurrente a lo largo de su escrito de inicio, cabe señalar que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
Que respecto de lo estrictamente formal, la resolución determinativa de autos, en cuanto acto administrativo, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Que en definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. En cuanto a los agravios de la recurrente relativos a la inaplicabilidad del convenio suscripto con el Estado de Francia y frente a los cuestionamientos vinculados a la validez de la información que origina los cargos formulados en las resoluciones apeladas, resulta menester recordar que el artículo 27 del Convenio entre la República Argentina y la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, normado por la ley 22.537, que cuenta con un Protocolo Modificatorio al Convenio aprobado por la ley 26.276 prevé que “Las autoridades competentes de los Estados intercambiarán las informaciones que sean necesarias para la aplicación de las disposiciones del presente Convenio, o aquellas de la legislación interna de los Estados relativas a los impuestos comprendidos por el Convenio, en la medida en que la imposición que ella prevé no sea contraria al Convenio. Dicho intercambio de información no se verá restringido por las disposiciones del Articulo 1. Las informaciones que reciba un Estado serán mantenidas en secreto de la misma manera que los intercambios obtenidos por aplicación de la legislación interna de ese Estado y sólo se entregará a las personas o autoridades (incluso tribunales y órganos administrativos) a quienes compete el establecimiento o recaudación de los impuestos comprendidos en el Convenio, o la sustanciación de causas judiciales o apelaciones relativas a impuestos, o para las decisiones sobre los recursos concernientes a esos impuestos. Estas personas o autoridades sólo usarán estos informes para estos fines. Podrán revelar las informaciones en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales.”
En virtud del precepto glosado, resulta claro que no existían obstáculos legales para que nuestro país, en el marco del mentado convenio, requiera información relativa a los sujetos e impuestos comprendidos en el Convenio, tendiente a su correcta administración.
No se advierte, pues, que el intercambio efectuado exceda lo dispuesto en el articulo 27 del convenio referido, sino en cambio, que el intercambio se encuentra dentro del marco de lo dispuesto en el mismo. Del texto del convenio se extrae que las autoridades competentes intercambiarán las informaciones que sean necesarias para la aplicación de las disposiciones de la legislación interna de los Estados relativas a los impuestos comprendidos en el Convenio —cfr. artículo 27-. Tal como se desprende de los fundamentos que se extraen del propio convenio, ambos países celebran el convenio deseosos de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio.
En cuanto a los argumentos de la recurrente relativos a la prueba en que funda su pretensión el Fisco Nacional corresponde destacar lo resuelto por el Juzgado Nacional Penal Económico Nº 11 al resolver el 7/3/2017 el Incidente de Nulidad sobre el origen de la prueba en la causa HSBC Bank Argentina SA y otros s/L 24769, donde el juez señala que el 4/7/2014 el Administrador Federal inició las gestiones ante el Ministerio de Economía a efectos de obtener la información financiera y bancaria de contribuyentes argentinos en poder de la Administración Tributaria Francesa, lo que se concretó con la nota remitida por el titular del aludido ministerio a su par de la República Francesa. La información le fue entregada al Administrador Federal en ocasión de su viaje a París el día 25/9/2014, en un CD encriptado, el cual fuera recibido y mantenido en custodia por la División de Intercambio de Información Tributaria de la AFIP.
Tal como se señala en la sentencia del Incidente de nulidad antes referido “...los archivos en cuestión fueron secuestrados, en poder de un particular, por las autoridades de la República Francesa en el marco del registro domiciliario … y posteriormente entregados a la autoridad fiscal de nuestro país en el marco del art. 27 de la ley 22.357 … No se advierte la intevención o conexión entre los agentes estatales y la obtención por parte de Hervé FALCIANI de los datos cuestionados...”
“Los eventuales delitos que pudiera haber cometido el poseedor de tales documentos -Hervé FALCIANI-, tal como se indica en los diferentes planteos, no constituye una circunstancia que invalide “per se” la obtención de los documentos secuestrados por las autoridades estatales.”
Asimismo en dicha sentencia se señala “Que, en otro orden de ideas, las objeciones planteadas con relación a la presunta violación de la cadena de custodia y la posible contaminación de la documentación aportada por la República Francesa no resulta cuestiones nomativamente vinculadas a la validez de esos documentos sino que, por el contrario, guardan relación con el valor probatorio que jurisdiccionalmente pueda asignárseles”.Agrega al respecto que “En conclusión, al no corresponder un juicio anticipado y aislado sobre el mérito de la documentación acompañada por la República Francesa, el análisis de las objeciones y planteos desarrollados por el acápite (ii) del considerando 3º excede el marco de la presente incidencia”.
Si bien se trata de documentación que carece de firma y apostillado, tal como se describe en el fallo que venimos transcribiendo “que tratándose de documentos privados secuestrados en poder de un particular, tales recaudos no constituyen un requisito de validez sin perjuicio de su valor probatorio...”. En cuanto a la falta de traducción, este Tribunal entiende que a tenor de los datos que surgen de la misma consistentes en datos personales de las personas y montos asignados a determinados números de códigos de clientes, la falta de traducción no es óbice para su análisis. Por otra parte, el recurrente ha tenido la posibilidad de requerir en esta instancia la traducción de dicha documentación por un perito traductor público, lo que no ha acontecido, surgiendo del propio escrito de apelación que el recurrente no ha tenido en principio inconveniente para interpretar los datos que de ella surge. Que por lo expuesto, corresponde rechazar la defensa de nulidad articulada por el contribuyente en autos. Corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal, razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “ Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VI. Que entrando al análisis del fondo del asunto traído a decisión, conviene comenzar por destacar que este Tribunal tiene dicho que “los métodos presuntivos para la determinación de tributos, son alternativas válidas que habilita la ley a favor de la Administración para que pueda cumplir sus objetivos en aquellos casos en que, debido a la inexistencia de elementos, registración con notorias falencias, o documentación que no resulte fehaciente...deba recurrir en forma supletoria o complementaria a esta metodología para cuantificar la base imponible” (cfr. entre otros, Armotec SACIFIC, TFN, Sala B, 10/02/1999, "Victorio Américo Gualtieri S.A.", 08/05/2007). El legislador ha aceptado la necesidad de implantar métodos indiciarios con el propósito de contrarrestar la evasión fiscal. La validez de los mismos dependerá de que su uso guarde razonable correspondencia con los restantes elementos de convicción obrantes en la causa. (doctrina de CNACAF, Sala I, in re “Casado Abel y otros”, 7/5/93).
Cabe señalar que el Fisco Nacional ha obtenido información del Fisco Francés relativa a la tenencia de cuentas bancarias en el HSBC Suiza por parte de ciudadanos argentinos. De la información en cuestión surge, conforme las planillas que obran en autos la existencia de diversos activos en una cuenta cuyos datos de perfil coinciden con los asignados a los aquí actores, no habiendo producido prueba alguna tendiente a demostrar no ser titulares de los fondos allí depositados, como lo hubieran podido hacer mediante una informativa vía exhorto al HSBC Suiza requiriendo que dicha entidad informara si los tenían como clientes y titulares de alguna cuenta bancaria. Que, en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto Ledesma, Amalia, TFN, Sala D, 18/07/2001, Inmobiliaria Quesada SRL, TFN, Sala A, 11/04/2000, Campisi, Benito, Sala B, 10/05/1999, Bur, Delia Matilde, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996).
Cabe recordar que si las manifestaciones de los contribuyentes no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración de los hechos y errores que le atribuye.
Que como tiene dicho la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede omitirse que -según reiterada doctrina, las resoluciones emanadas regularmente de la Dirección General Impositiva gozan de presunción de legitimidad -cfr. art. 12 de la ley 19.549- por lo que no resultaría ajustado admitir de inicio que ellas respondan a un obrar injustificado o abusivo (Fallos: 318:2431; 321:695; 325:2347, entre muchos otros) por lo que, "la peculiar naturaleza del acto cuestionado tiene a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)...". Asimismo, de seguirse otra tesitura "la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)" (cfr. CSJN in re "Romero SA", sentencia del 8/2/2005).
Al respecto cabe destacar que si bien este Tribunal (en virtud de lo dispuesto por el art. 146 de la ley 11683 -t.o. en 1978 sus modificaciones) tiene “...amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes...”, es jurisprudencia pacífica que en materia de prueba ello no implica “llegar al extremo de reemplazar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de la igualdad procesal” (en tal sentido ver D.F. XXII, -Compendio de Fallos- pág. 1183, referido a la causa: “Tameyfú S.R.L., Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal -Sala II- del 27/6/72, Tribunal Fiscal de la Nación C-833, del 26/3/71). Debe entenderse que incumbe a la apelante poner en movimiento la etapa de probanzas del proceso, a fin de lograr el mayor grado de verdad -apodíctica-, esto es, lograr que a partir de las pruebas aportadas el juzgador llegue al mayor grado de certeza, eliminando la posibilidad de que las cosas o los hechos hayan sucedido de forma diferente a lo que se está aseverando.
VII. Que sentado lo expuesto, corresponde entrar ahora a analizar si se encuentra debidamente cuantificado el ajuste. En lo que respecta a Bienes Personales el Fisco Nacional determinó el período fiscal 2006. Respecto del período fiscal 2006 surge de la documentación que sustenta el ajuste la existencia de saldo en la cuenta al 31/12/2006.
Asimismo en cuanto a los agravios de la recurrente relativos a la adquisición de títulos BAADE fecha 11/02/2015 por U$S 10.000 corresponde señalar que conforme la prueba informativa producida en autos obrante a fs. 100/101, el Banco Nación deja sentado que los datos suministrados no resultan suficientes para identificar al Sr. Hadid José. “Se requiere mayores datos, DNI, CUIT/CUIL, números de cuentas que hubiere tenido en nuestro Banco. Por lo cual no es factible contestar lo solicitado en el punto a).” Asimismo corresponde señalar que habiéndole corrido traslado a la actora de lo informado por la oficiada la misma no insto la producción de dicha prueba (fs. 102). Por otro lado corresponde señalar que conforme surge de las actuaciones administrativas que obran por cuerda (fs. 82 a 85 del Cuerpo Bienes Personales) la Dirección de Programas y Normas de Fiscalización comunicó que en virtud de información proporcionada por el Banco Central de la República Argentina y las entidades financiaras en los términos del artículo 4° de la Resolución General (AFlP) N° 3509, no se registran datos en los sistemas del Organismo respecto de la contribuyente HADID, TERESA -C. U. I T. N° 27-00197092-0-. De esta forma, no queda comprobado fehacientemente la adquisición de tales títulos. A mayor abundamiento corresponde señalar que se ha dado por decaído a la actora el derecho a producir las pruebas informativas al Juzgado Penal Tributario N°1 y Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 49, ordenadas y no producidas, circunstancia esta que resta sustento a sus agravios.
Ahora bien en cuanto a los argumentos de la actora relativo a la existencia de múltiples determinaciones sobre la misma cuenta corresponde señalar que este Tribunal a fs. 126 requirió al Fisco Nacional acompañe copias de las determinaciones de oficio practicadas por el Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales ejercicio 2006 de la contribuyente Teresa Hadid.
Sentado lo expuesto y conforme surge de la documentación que aportara el ente fiscal en autos es dable señalar que le asiste razón en este sentido al planteo esbozado por la recurrente por cuanto una misma cuenta no puede pertenecer en un 100% a más de un sujeto ya que el Fisco Nacional estaría cobrando en reiteradas ocasiones por una misma exteriorización de capacidad contributiva a varios sujetos.
Atento lo expuesto, corresponde asignar a cada uno de los titulares en partes iguales el 50% del saldo de las cuentas del exterior.
Que, en virtud de lo expuesto, procede confirmar parcialmente la determinación de oficio del Impuesto sobre los Bienes Personales apelada en autos, debiendo el Fisco Nacional proceder a reliquidar en función de lo resuelto en este Considerando.
VIII. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación en la proporción en que se confirma el impuesto omitido en este acto. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
IX. En función de lo expuesto en los Considerandos precedentes, corresponde: 1) Confirmar parcialmente la determinacion de oficio del Impuesto sobre los Bienes Personales conforme se determina en los Considerandos de la presente. 2) Ordenar, en consecuencia, a la AFIP-DGI que en el término de treinta (30) días practique la reliquidación de lo que resulta adeudar la apelante de conformidad con lo resuelto en la presente. 3) Las costas se imponen en proporción a los respectivos vencimientos.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la determinacion de oficio del Impuesto sobre los Bienes Personales conforme se determina en los Considerandos de la presente.
2. Ordenar, en consecuencia, a la AFIP-DGI que en el término de treinta (30) días practique la reliquidación de lo que resulta adeudar la apelante de conformidad con lo resuelto en la presente.
3. Las costas se imponen en proporción a los respectivos vencimientos.
4. Se deja constancia que la presente resolución es suscripta por los miembros titulares de las Vocalias 4° y 5° en virtud de lo dispuesto en el art. 6°, 10° párrafo del R.P.T.F.N.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.05.16 15:32:58 ART Date: 2022.05.17 12:58:05 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.05.17 12:58:18 -03:00
Fin de la sentencia