Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar las resoluciones apeladas, con costas al Fisco Nacional.
I. Que a fs. 14/28 y fs. 78/92 el contribuyente Virasoro, Federico Gustavo interpone sendos recursos de apelación contra la Resolución N° 101/2015 (DV MRR1) de fecha 06/07/2015 suscripta por la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Microcentro de la AFIP-DGI, en la cual se le determina en forma parcial la materia imponible en el Impuesto sobre los bienes personales, período fiscal 2006, en la suma de $37.416, 01 (pesos treinta y siete mil cuatrocientos dieciséis con 01/100) con más la suma de $93.939,13 (pesos noventa y tres mil novecientos treinta y nueve con 13/100) en concepto de intereses resarcitorios; y contra la Resolución N°102/2015 (DV MRR1) de fecha 08/07/2015 en la cual se le determina en forma parcial la materia imponible en el Impuesto a las Ganancias, periodo fiscal 2006, en la suma de $1.921.948,71 (pesos un millón novecientos veintiún mil novecientos cuarenta y ocho con 71/100) con más la suma de $4.825.372,56 (pesos cuatro millones ochocientos veinticinco mil trescientos setenta y dos con 56/100) en concepto de intereses resarcitorios.
Señala que las presentes actuaciones han sido promovidas sobre la base de la información sustraída ilegítimamente del HSBC Private Bank (Suisse) S.A por el prófugo de la justicia Helvética Herve Falciani, que luego Francia suministró a nuestro país sobre la base de lo previsto por el artículo 27 del Convenio para Evitar la Doble Imposición y prevenir la evasión fiscal celebrado con dicho Estado y aprobado por la Ley 22.357.
Impugna la planilla con los datos obtenida en el marco del citado Convenio, en los que se sustentan las determinaciones de oficio, la que no exhibe ninguna firma de la autoridad del banco, ningún membrete del banco que lo identifique, así como ninguna certificación de validez de la información allí exhibida. Ello así, destaca que se trata de una copia simple de un presunto instrumento privado, el que además se habría obtenido de manera puramente informal incumpliendo con la Convención de la Haya sobre legalización de documentos.
Destaca además que el intercambio de información que dio lugar a la obtención de la información sobre cuentas radicadas en Suiza nada tiene que ver con la aplicación del CDI celebrado entre Argentina y Francia, sino que ha sido utilizado por ambos países para validar el uso de elementos probatorios obtenidos en forma ilícita por el sujeto prófugo referenciado en párrafos precedentes, quedando al descubierto la mala fe en el accionar del organismo fiscal nacional. Informa, que en su caso, se inclinó por exteriorizar los fondos existentes en la cuenta abierta en el HSBC BANK, en el marco del régimen de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior previsto en la ley 26.860, bajo en convencimiento que tal acogimiento daría por finalizado el asunto. Ello así, reconoció la tenencia de fondos depositados en la entidad bancaria situada en Suiza, en la cuenta identificada con el código perfil del cliente 9072094339 y numero de perfil del cliente 35758 ZPA, cuyo monto al cierre del ejercicio 2006 era de UD$ 1.650.827, 88. Señala que, en virtud de lo establecido en el artículo 4° inc. b) de la ley 26.860, efectivizó la transferencia de la suma de U$D 1.720.800 desde la cuenta situada en Suiza al Banco de la Nación Argentina y luego, el 23/01/2015 se suscribió el boleto de cambio ante el mismo Banco por la suma sindicada. Seguidamente, en fecha 28/01/2015 le fueron entregados los Certificados de Depósito de Inversión (CEDIN) por la suma exteriorizada. Al suscribir el CEDIN, presentó una declaración jurada dejando expresa constancia que no se encuentra en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 15 de la ley 26.860.
Aclara que, a los efectos de evitar todo tipo de controversia, ha exteriorizado la totalidad de la moneda extranjera, todo ello sobre la base de lo indicado en la instrucción N° 2/2015 (AFIP), lo que ha sido expresamente reconocido en los actos que impugna.
Revela que no obstante a que ha dado cabal cumplimiento con lo previsto en la ley 26.860, exteriorizando fondos por un monto superior al incremento patrimonial generado en el ejercicio fiscal 2006, el fisco resuelve que corresponde postergar la aceptación del acogimiento formulado hasta la obtención del pronunciamiento jurisdiccional en la causa caratulada “HSBC BANK ARGENTINA S.A. y otros s/ infracción ley 24.769” en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 3, que desvincule la conducta desplegada por el contribuyente del asunto, de la posible comisión del delito de lavado de activos. Ello así, asegura que la pretensión del fisco resulta infundada y arbitraria.
Frente a ello, asevera que no ha sido imputado respecto del delito de lavado de dinero y que no integra los “anexos” de contribuyentes que el titular de la vindicta pública ha mencionado en su dictamen de fecha 27 de abril de 2015 y sobre los cuales se solicitó la citación a prestar declaración indagatoria, destacando que el fisco nacional no ha hecho especial referencia a la supuesta causa en la que se encontraría imputado y bajo investigación de la justicia penal, a efectos de sustentar la pretendida puesta en pausa a la aceptación del acogimiento operado.
Concluye que no se evidencian motivos fácticos ni normativos que justifiquen la postergación de la aceptación de la exteriorización, a resultas de la sentencia definitiva en la causa que se instruye en la Justicia en lo Penal Tributario. Cita jurisprudencia. Acompaña prueba documental y ofrece prueba informativa. Formula reserva del caso federal. Solicita se revoquen las resoluciones apeladas, con costas al fisco nacional.
II. Que a fs. 42/56 y fs. 105/119vta., la representación fiscal contesta los recursos cuyos traslados fueron conferidos. Expone que el Juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N°1, en el marco de la causa N°134.053/2014 caratulada “HSBC BANK ARGENTINA S.A. y otros s/ Infracción Ley 24.769”ordenó dar inicio a los procedimientos de determinación de oficio de la deuda que ostentan los distintos contribuyentes involucrados en dichas actuaciones. Ello así, se dio curso a la fiscalización electrónica N° 2299364 seguida contra el apelante, con el fin de establecer el cumplimiento frente al impuesto a las ganancias e impuesto sobre los bienes personales, período fiscal 2006.
Manifiesta que según surge de los antecedentes, el recurrente se acogió al régimen establecido en la ley 26.860, en razón de lo cual solicitó oportunamente el archivo de las actuaciones, lo que a su entender no corresponde, desde que el contribuyente se encuentra involucrado en la causa penal referida en el párrafo precedente.
Ratifica la legalidad y autenticidad de los datos obtenidos de la administración tributaria francesa en el marco del Convenio para evitar la doble imposición suscripto con la República de Francia, conforme lo previsto en el artículo 27 del referido instrumento internacional, la que fue obtenida de un allanamiento regularmente efectuado. Asimismo, rechaza la supuesta falta de validez de la información así obtenida, por carecer de apostilla y legalización, destacando que no requiere de tales extremos desde que fue obtenida por autoridad francesa competente. En razón de ello, asegura que deviene en improcedente el planteo de nulidad y que en el procedimiento no se ha vulnerado garantías constitucionales del apelante.
Con respecto al acogimiento a la ley 26.860 de exteriorización de activos y el planteo introducido por la actora en virtud que se ha decidido diferir la ejecución del acto definitivo de determinación del impuesto hasta tanto exista un pronunciamiento en la causa penal, expresa que se fundó en una recta interpretación del derecho aplicable, teniendo presente lo establecido en el artículo 15 de la citada ley, y que en modo alguno puede constituir una causal de nulidad del acto recurrido.
Cita jurisprudencia. Acompaña los antecedentes administrativos. Se opone a la prueba ofrecida por el apelante. Solicita se rechacen las apelaciones intentadas, con expresa imposición de costas.
III. Que a fs. 136 de autos se abre la causa a prueba, confiriendo la producción de la prueba informativa ofrecida por el apelante.
Que a fs. 162/203 obran agregadas las contestaciones de los oficios remitidas por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico y el Ministerio Público Fiscal.
Que a fs. 204 se resuelve clausurar el periodo probatorio.
Que a fs. 208 se elevan las presentes actuaciones a conocimiento de la Sala “B”, y a fs. 215 se ponen los autos para alegar, haciendo uso de su derecho el Fisco Nacional a fs. 226/228, no habiendo hecho uso de su derecho la actora, y a fs. 239 se disponen los autos para el dictado de sentencia.
IV. Que a efectos de resolver la cuestión traída a decisión de este Tribunal cabe tener presente que, en principio, los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
V. En cuanto a los agravios de la recurrente relativos a la inaplicabilidad del convenio firmado con el Estado de Francia y frente a los cuestionamientos vinculados a la validez de la información que origina los cargos formulados en las resoluciones apeladas, resulta menester recordar que el artículo 27 del Convenio entre la República Argentina y la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, normado por la ley 22.537, que cuenta con un Protocolo Modificatorio al Convenio aprobado por la ley 26.276 prevé que:
“Las autoridades competentes de los Estados intercambiarán las informaciones que sean necesarias para la aplicación de las disposiciones de/presente Convenio, o aquellas de la legislación interna de los Estados relativas a los impuestos comprendidos por el Convenio, en la medida en que la imposición que ella prevé no sea contraria al Convenio. Dicho intercambio de información no se verá restringido por las disposiciones del Artículo 1. Las informaciones que reciba un Estado serán mantenidas en secreto de la misma manera que los intercambios obtenidos por aplicación de la legislación interna de ese Estado y sólo se entregará a las personas o autoridades (incluso tribunales y órganos administrativos) a quienes compete el establecimiento o recaudación de los impuestos comprendidos en el Convenio, o la sustanciación de causas judiciales o apelaciones relativas a impuestos, o para las decisiones sobre los recursos concernientes a esos impuestos. Estas personas o autoridades sólo usarán estos informes para estos fines. Podrán revelar las informaciones en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales.”
En virtud del precepto glosado, resulta claro que no existían obstáculos legales para que nuestro país, en el marco del mentado convenio, requiera información relativa a los sujetos e impuestos comprendidos en el mismo, tendiente a su correcta administración. No se advierte, pues, que el intercambio efectuado exceda lo dispuesto en el artículo 27 del convenio referido, sino en cambio, que el intercambio se encuentra dentro del marco de lo dispuesto en el mismo. Del texto del convenio se extrae que las autoridades competentes intercambiarán las informaciones que sean necesarias para la aplicación de las disposiciones de la legislación interna de los Estados relativas a los impuestos comprendidos en el Convenio —cfr. artículo 27-. Tal como se desprende de los fundamentos que se extraen del propio convenio, ambos países lo celebran deseosos de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio.
Ello así, corresponde desestimar el planteo de nulidad intentado por el apelante.
VI. Que seguidamente, corresponde abordar el tratamiento de la cuestión referida a la exteriorización voluntaria de tenencia de moneda extranjera en el marco de la Ley Nº 26.860 que efectuó el recurrente.
Que la ley en cuestión regula la exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior, a través de la adquisición de los instrumentos financieros creados, a esos fines, por el Título I de la misma, y siendo reglamentada por la Resolución General N° 3.509 emanada de la Administración Federal de Ingresos Públicos. La mentada ley, en su artículo 3°, dispone las condiciones en que será aplicable la exteriorización de moneda extranjera, la cual comprenderá la tenencia, en el país y en el exterior, al 30 de abril de 2013, inclusive, pudiendo, a su vez, incorporarse la tenencia de moneda extranjera que surja del producido de bienes existentes a dicha fecha. En su artículo 5° establece que el importe exteriorizado no estará sujeto a impuesto especial alguno, quedando el goce de los beneficios, según el artículo 7°, supeditado a que dicho importe sea afectado a la adquisición de alguno de los instrumentos financieros a que hace mención el Título I.
El artículo 9° establece, en la parte que aquí interesa, que “(…) los sujetos que efectúen la exteriorización, conforme a las disposiciones de este título, no estarán obligados a informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin perjuicio del cumplimiento de la ley 25.246 y demás obligaciones que correspondan, la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con las que fueran adquiridas, y gozarán de los siguientes beneficios: a) No estarán sujetos a lo dispuesto por el inciso f) del artículo 18 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, con respecto a las tenencias exteriorizadas. (…) c) Quedan eximidos del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 1.
Eximición del pago de los Impuestos a las Ganancias, a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas y sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, respecto del monto de la materia neta imponible del impuesto que corresponda, el importe equivalente en pesos de la tenencia de moneda extranjera que se exteriorice. 2. Eximición de los Impuestos Internos y al Valor Agregado. El monto de operaciones liberado se obtendrá multiplicando el valor en pesos de las tenencias exteriorizadas, por el coeficiente resultante de dividir el monto total de operaciones declaradas -o registradas en caso de no haberse presentado declaración jurada- por el monto de la utilidad bruta, correspondientes al período fiscal que se pretende liberar. 3.
Eximición de los Impuestos a la Ganancia Mínima Presunta y sobre los Bienes Personales y de la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas, respecto del impuesto originado por el incremento del activo imponible, de los bienes sujetos a impuesto o del capital imponible, según corresponda, por un monto equivalente en pesos a las tenencias exteriorizadas. 4. Eximición del Impuesto a las Ganancias por las ganancias netas no declaradas, en su equivalente en pesos, obtenidas en el exterior, correspondientes, a las tenencias que se exteriorizan (...)” El artículo 10°, por su parte, manifiesta que las personas físicas y las sucesiones indivisas podrán, mediante la exteriorización, “liberar con la misma las obligaciones fiscales de las empresas o explotaciones unipersonales, de las que sean o hubieran sido titulares”.
Cabe comprender que el término “liberar” empleado por el legislador en referencia a las “obligaciones fiscales” indica que los beneficios de la ley alcanzan incluso a obligaciones que ya hubieren sido determinadas, por cuanto en caso contrario, de ser inexistentes, no podrían ser referidas como pasibles de liberación. Ello así, toda vez que de la misma ley surge que el Organismo Fiscal ha de abstenerse de sustanciar recursos por el valor del monto liberado contra los contribuyentes que se hubieren acogido al régimen mentado.
A los fines de determinar el monto en pesos de la moneda extranjera exteriorizada, de conformidad con el artículo 12°, “ deberá considerarse el valor de cotización de la moneda extranjera que corresponda, tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina, vigente a la fecha de la respectiva exteriorización.”
A su vez, el artículo 13° prevé que “será requisito, para el usufructo de los beneficios que otorga la presente que los contribuyentes hayan cumplido con la presentación y pago, al 31 de mayo de 2013, de las obligaciones de los Impuestos a las Ganancias, a la Ganancia Mínima Presunta y al Impuesto sobre los Bienes Personales correspondientes a los ejercicios fiscales finalizados hasta el 31 de diciembre de 2012, inclusive. El incumplimiento a lo dispuesto precedentemente, tendrá el carácter de condición resolutoria.”
Por su parte, el artículo 15° establece “Quedan excluidos de las disposiciones de la presente ley, quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones: (…) d) Los imputados por delitos vinculados con operaciones de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, sus cónyuges y parientes en el segundo grado de consanguinidad o afinidad ascendente o descendente (…)”
A su turno, el título III establece las disposiciones generales que regulan la presente ley. Ello así, el artículo 18° expresa que “la Administración Federal de Ingresos Públicos reglamentará el título II de la presente ley y dictará las normas complementarias que resulten necesarias para su aplicación.”. En consecuencia, la AFIP emite la Resolución General N° 3509/2013 de fecha 06/06/2013, por la cual se reglamenta la ley bajo análisis.
Que la misma, en su artículo 1° reproduce prácticamente de manera literal lo establecido por la Ley 26.860 en sus artículos 9° y 10°. El artículo 2°, en lo que a las presentes actuaciones interesa, dispone: “La exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior, conforme lo establecido por la Ley N° 26.860 (...) se considerará perfeccionada una vez cumplidos los requisitos, plazos y condiciones dispuestos por la citada ley, la presente resolución general y demás normas que se dicten al efecto.”
En el artículo 5° se aclara en qué situación se considerarán cumplidos los requisitos establecidos por el artículo 13° de la ley para el usufructo de los beneficios por ella dispuestos. Se encontrarán consumados, explicita el articulado, cuando “las declaraciones juradas se hayan presentado, y el saldo resultante de las mismas se haya cancelado o incluido en un plan de facilidades de pago dispuesto por esta Administración Federal.”
VII. Que, del cotejo de las actuaciones administrativas emerge que no se encuentra controvertido el monto exteriorizado por el contribuyente, es decir la suma de U$D 1.720.775, la que resulta superior al saldo detectado al 31/12/2006 en la cuenta N° 35758 ZPA existente en el HSBC BANK, que ascendía al monto de U$D 1.650.827.
Por el contrario, el propio Juez Administrativo hace constar en las resoluciones apeladas (vide hoja 3 del acto determinativo de ganancias y hoja 3 del de Bienes Personales) que “ (…) con fecha 23 de enero de 2015 se suscribió el Boleto de cambio ante el mismo Banco de la Nación Argentina, por la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLON SETECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO (U$D 1.720.775) y el 28 de enero de 2015 le fueron entregados los Certificados de Depósito para Inversión (CEDIN) conforme el siguiente detalle: diecisiete (17) CEDIN de DOLARES ESTADOUNIDENSES CIEN MIL (U$D 100.000) cada uno y un (1) CEDIN de DOLARES ESTADOUNIDENSES VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO (U$D 20.775)” en el marco del Régimen de Exteriorización Voluntaria de la Tenencia de Moneda Extranjera en el país y en el exterior, establecido en el Título II, artículo 4°, de la Ley N° 26860.
Continúa el juez administrativo señalando que “el monto autorizado por el contribuyente se condice con los normado en la Instrucción General N°2/15 (AFIP) del 20/04/2015 donde se sostiene que la tenencia de moneda extranjera exteriorizada no podrá ser inferior a la cantidad de moneda extranjera causa de los ajustes, lo que implica la identidad de los montos nominales, cuestión que en este caso ha sido cubierta”.
No obstante lo expuesto, la controversia se sitúa en lo relativo a la aceptación del acogimiento formulado por el contribuyente que había solicitado en su descargo el archivo de las actuaciones, a la que el Fisco Nacional hizo caso omiso y prosiguió adelante con la determinación dejando supeditado los efectos de la exteriorización de la Ley 26.860 hasta tanto exista un pronunciamiento en la causa judicial Nº 134053/2014 “HSBC Bank Argentina S.A. y otros” (CPE 1652/2014), por entender que el contribuyente podría quedar incurso en las previsiones del artículo 15, inciso d) de la citada ley. Ahora bien, con relación a la causal de exclusión de los beneficios que establece la ley, incluida en el inciso d) del artículo 15, y que motivara la supeditación del goce de dichos beneficios al resultado de la causa penal ya citada, cabe señalar que, en primer término dicho inciso excluye a los imputados por delitos vinculados con operaciones de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo y que de los mismos dichos de la AFIP, la denuncia que efectuara involucra las figuras de “Evasión Fiscal” y “Asociación Fiscal Ilícita” y no la del delito de lavado de dinero.
Al respecto cabe señalar que a fs. 162/163 de autos obra agregado el informe producido por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en el que se expresa “Informo a V.E que se procedió a consultar el Sistema Informático de Gestión Integral de Expedientes Judiciales (SGJ) consignando en forma sucesiva el número de documento aportado en el oficio que antecede y las distintas combinaciones posibles del nombre Federico Gustavo Virasoro, en los campos de búsqueda de la opción ‘interviniente por datos’ y con el filtro correspondiente a parte imputada, sin que las respectivas búsquedas arrojasen resultado alguno”.
Asimismo, a fs. 164/166 de autos, se agrega el informe emitido por la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico que sostiene “no ha sido posible establecer la existencia de causas seguidas contra Virasoro, Federico Gustavo (DNI N° 20.627.611)”.
Y finalmente, a fs. 167/198 de autos, se anexa el informe elaborado por el Ministerio Publico Fiscal que acompaña el dictamen emitido en fecha 27/04/2015 en el marco de la causa “HSBC Bank Argentina S.A. y otros” (CPE 1652/2014), agregando los anexos de imputados citados a indagatoria, entre los que no se encuentra incluido el apelante. Vale decir entonces que el recurrente no sólo no se encuentra imputado por el delito de lavado de dinero, sino que no fue siquiera denunciado por los delitos de evasión o asociación ilícita. Al respecto, es dable señalar que, el texto del inciso d) del artículo 15 de la ley 26.860, resulta de una claridad meridiana e indica que el sujeto debió ser “imputado” en una causa penal por el delito de lavado de dinero.
En tal sentido, y como es sabido, cuando una norma es clara en su formulación y sus alcances no ofrecen inconvenientes interpretativos, no cabe sino su directa aplicación (Fallos 308:1745; 320:2145). Es doctrina inveterada de nuestro más Alto Tribunal que no cabe admitir una interpretación de las disposiciones legales que equivalga a prescindir de su texto, si no media para ello declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad (Fallos 285:358; 307:2153) pues la exégesis de la norma debe practicarse sin violencia de su letra o de su espíritu.
Por lo tanto, siendo que de las constancias de autos ha quedado acreditado que el apelante adquirió CEDINES de acuerdo con lo establecido por la ley 26.860 y que no se encuentra comprendido en la causal de exclusión prevista en el inciso d) del artículo 15 de dicha ley, se considera que resultan aplicables al caso los beneficios previstos por la mencionada ley (en similar sentido, Sala “D”, in re “CERVIO, Guillermo José”, sentencia del 7/8/2017, con voto del Dr. Magallón como Subrogante de la Vocalía de la 11ª Nominación).
VIII. En función de lo expuesto en los Considerandos precedentes, habida cuenta el acogimiento de la recurrente a la Ley 26860, habiendo aportado los certificados de depósitos para la inversión -CEDIN- que aplican a la pretensión fiscal en estas actuaciones, corresponde hacer lugar al planteo del recurrente en lo relativo a su acogimiento a dicho régimen y, en consecuencia, revocar las Resoluciones Nros. 101/2015 (DV MRRI) y 102/2015 (DV MRRI), con costas al Fisco Nacional.
Por ello, SE
1. Revocar las resoluciones apeladas, con costas al Fisco Nacional.
2. Se deja constancia de que la presente resolución es suscripta por los miembros titulares de las Vocalias 4° y 5° en virtud de lo dispuesto en el art. 6°, 10° párrafo del R.P.T.F.N.
Regístrese, notifíquese a los domicilios electrónicos constituidos por las partes -conforme lo dispuesto en Acta del Acuerdo celebrado el 8 de septiembre de 2020 IF-2020-60084748--APN-VOCXXI#TFN, anexa a la RESOL-2020-44- APN-TFN#MEC – B.O. 11/09/2020-: a la actora en la CUIT 23-25705093-9 (Dr. Esteban Daniel Semachowicz), y al Fisco Nacional en la CUIT 33-69345023-9 (AFIP) y, asimismo, en la CUIL 23-23033314-9 (Dr. Nicolás Sarmiento) CUIL 20-27026369-1 (Dr. Lucas Sebastián Ormazabal) y CUIL 20-23054789-1 (Dr. Hernán Spina) Hecho, procédase a la impresión y agregación de la presente al expediente papel y, oportunamente, archívese.
Date: 2022.10.13 16:54:44 ART Date: 2022.10.17 14:58:25 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.10.17 14:59:14 -03:00
Fin de la sentencia