Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en autos en cuanto determina impuesto, intereses y multas, reduciendo la graduación de esta última a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
Que mediante RE-2022-17705047-APN-SGAI#TFN se interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 5/22 DO(DV RRMP) dictada por la Sra. Jefa (int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mar del Plata, donde se determina el Impuesto al Valor Agregado por los periodos fiscales Octubre 2017 a septiembre 2018, resultando una disminución de saldo a favor de la contribuyente en el período Octubre y Noviembre de 2017 y enero a agosto de 2018, un Saldo de libre disponibilidad inferior al declarado en los períodos octubre de 2017 a septiembre de 2018 y un importe a ingresar en el impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales diciembre de 2017 y septiembre de 2018, con más sus intereses resarcitorios. Y aplica multa por los períodos fiscales diciembre de 2017 y septiembre de 2018, conforme lo previsto en los artículo 46 y 47 incisos b), c) y d) de la Ley 11.683 (t.v.).
Que en primer lugar señala que la AFIP-DGI inició un procedimiento de determinación de oficio pues, conforme al criterio del juez administrativo, la empresa FARM EQUITY desarrolla bajo su CUIT actividades u operaciones que, para el Ente Recaudador, corresponden al Fideicomiso Farm Equity. En consecuencia, para el Fisco Nacional tales operaciones deberían ser facturadas y declaradas en el Impuesto al Valor Agregado en cabeza del fondo fiduciario y no de su representada.
Alega que la totalidad de las operaciones económicas que han sido objeto de verificación se encuentran facturadas, registradas y declaradas impositivamente. Afirma que el funcionario efectúa un repaso cronológico de la inspección fiscal y la remisión a las tareas de inspección. No fundamenta ni razona seriamente cuáles son los elementos que le permiten concluir que las operaciones que realiza FARM EQUITY bajo su CUIT son actividades u operaciones que corresponden al Fideicomiso; simplemente las descalifica ligeramente en pos de un ajuste impositivo.
Indica que en este caso la resolución de inicio no puede, ni merece, ser considerada como un acto administrativo válido. Sostiene que de forma impropia, el juez administrativo se limitó a enunciar que tales o cuales operaciones no debían ser facturadas y registradas en cabeza de la recurrente, omitiendo el contenido del contrato de fideicomiso que consignaba expresamente el mandato para que FARM EQUITY S.A. operara por cuenta y orden del fondo fiduciario, rindiendo luego las utilidades correspondientes.
Manifiesta que no se advierte en el texto de la misma referencia alguna al contenido contractual, el que resulta determinante para desentrañar la realidad económica y tributaria a la cual debe sujetarse el accionar de las partes. Tampoco ha analizado, valorado y profundizado la naturaleza de la actividad de FARM EQUITY y el modo en que, conforme su actividad y a las previsiones contractuales, se encontraba obligada a funcionar. Indica que la resolución que determina y aplica la sanción impugnada, contiene graves vicios de fundamentación e imputación infraccional que determinan su nulidad en los términos del artículo 14 de la ley 19.549, de aplicación supletoria a la ley11.683 por imperio del artículo 116.
Sostiene que nada dijo el juez administrativo sobre el contrato de Fideicomiso que ligaba a los fiduciantes con FARM EQUITY, y mucho menos sobre las obligaciones que, de dicho contrato, se generaban para la actora. Insólitamente la Autoridad Fiscal proyecta un ajuste obviando el documento esencial (Contrato de Fideicomiso) que resulta el sustrato de las obligaciones tributarias cuestionadas.
Manifiesta que haciendo foco en el eje sobre el cual gira la pretensión fiscal,es menester discernir si las operaciones que realiza el Fiduciario debían ser facturadas en su cabeza o bien bajo la CUIT del Fideicomiso como lo pretende esa Administración.
Afirma que el Fisco ha obviado la realización de un adecuado análisis del contrato que vincula a FARM EQUITY con sus fiduciantes, pues de la letra del mismo se desprende claramente que los fiduciantes facultaban a la recurrente para que operara “Por sí” en pos de cumplir con la manda fiduciaria.
Manifiesta que las retenciones sufridas por FARM EQUITY constituyen impuesto ingresado por dicho contribuyente y deben ser computadas aun cuando se pretenda desplazar hacia el Fideicomiso el cómputo de los débitos y créditos fiscales.
Alega que el mecanismo que emana de las distintas Resoluciones Generales de AFIP que implementan regímenes de retención es netamente “objetivo”: basta con verificarse la calidad de agente de retención del sujeto pagador, la condición de sujeto pasible de la contraparte y la existencia de una operación sujeta al régimen para que nazca la obligación de retener. Las normas que disponen regímenes de retención no exigen, para determinar la procedencia de la retención, que el hecho imponible se hubiera verificado en cabeza de quién emite la factura, sino que el rol de “sujeto pasible” de la retención se otorga por el simple hecho de revestir la condición de “Responsable Inscripto” o “Sujeto no categorizado”.
Destaca que la determinación practicada por el Fisco Nacional es contraria a las normas legales en materia tributaria y por ende deben revocarse. Por lo tanto y en virtud del principio de accesoriedad, también resulta improcedente la aplicación de los intereses resarcitorios previstos por el artículo 37 de la ley 11.683. Sostiene que agravia a la actora la intimación practicada por el Fisco Nacional, de los que la actora considera “mal denominados intereses resarcitorios”, por no existir mora culpable en su obrar, presupuesto esencial para la procedencia de los mismos. En este aspecto debe tenerse en cuenta -dice- el sentido e interpretación que debe darse al artículo 37 de la ley 11.683, ya que si bien es cierto que por ser las obligaciones tributarias de plazo cierto y producirse la mora en forma automática por el solo vencimiento del plazo de pago, también es cierto que debe considerarse el segundo elemento configurativo de la mora, que consiste en el obrar culposo como elemento agregado al retardo material en el pago.
Respecto de la multa aplicada sostiene su improcedencia, por no haberse configurado a su criterio la acción típica en su faz objetiva ni subjetiva de obrar doloso. Afirma que la imputación no deriva ni es producto de una razonada y probada configuración de los elementos típicos de la figura de defraudación fiscal. Entiene que en este caso no se ha dado el requisito de atribución del hecho al autor. Reitera que todas las operaciones realizadas por la empresa han sido facturadas y declaradas; es evidente que no ha existido voluntad alguna de ocultar la magnitud o alcance de las obligaciones fiscales y, mucho menos, maniobras defraudatorias. Plantea el uso indebido de las presunciones de la ley 11683, señalando que el juez administrativo simplemente invocó (pero no justificó ni fundamentó) las presunciones establecidas en los incisos b), c) y d) del artículo 47 de dicha ley. A todo evento, plantea la existencia de un error sobre la norma tributaria no penal. Existe en el caso concreto, dice, una incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica, en este caso, la generada entre el FARM EQUITY como sujeto y la Administración Federal de Ingresos Públicos; y que la complejidad de la cuestión y la seria divergencia de criterios entre las partes contendientes, pone de manifiesto que la conducta desplegada por esta parte no estuvo imbuida de la subjetividad requerida por el tipo del artículo 46, que la haga merecedora de una sanción como la aplicada en este caso.
Que, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
II. Que mediante IF-2022-42806447-APN-DTD#JGM el Fisco contesta el traslado, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, que se confirme el acto apelado, con costas.
Con respecto al planteo de nulidad opuesto por la actora, sostiene que la misma es totalmente improcedente, ya que la actora no esgrime ningún argumento válido que permita fundamentar la misma.
Indica que la actora aventura un pedido de nulidad olvidando que ésta opera como una última ratio de orden jurídico al que sólo cabe acceder en casos muy especiales, en los que puede determinarse sin ninguna duda un agravio constitucional. Afirma que el área interviniente dictó el acto administrativo cumpliendo toda la normativa y formalidades impuestas.
Manifiesta que se cumplimentaron todos los requisitos esenciales y sustanciales exigidos por las normas que reglan la sustanciación del procedimiento previsto en el ordenamiento jurídico -Ley 11.683 y L.N.P.A,- como así también aquellos que resultan implícitos, cumpliéndose con la finalidad que resulta de la normativa que otorga las facultades pertinentes del Órgano emisor.
Sostiene que la invalidez de los actos administrativos emanados del Organismo Fiscal se presupuesta según el perjuicio que sufren los intereses intervinientes. No puede declararse la nulidad del acto por la simple presencia de un vicio o de una violación si no existe un perjuicio, salvo cuando la nulidad se sanciona en forma expresa por una norma.
Indica que se verificó la situación impositiva de la recurrente y, se constató que registró y declaró débitos y créditos fiscales correspondientes a la actividad de FIDEICOMISO FARM EQUITY; razón por la cual corresponden los ajustes en el Impuesto al Valor Agregado por los períodos en debate.
Manifiesta que la contribuyente sostiene que en su rol de fiduciaria desarrolla la actividad productiva y comercial del Fideicomiso que es agropecuaria, siendo que la puede desarrollar ella por sí sola o con ayuda y contratación de terceros como estipula el contrato; lo cual -dice- no debe interpretarse que lo hace a nombre del Fideicomiso, como pretende hacer entender la contribuyente abusando de las formas legales.
Alega que siendo que la actividad desarrollada por FIDEICOMISO FARM EQUITY S.A. se encuentra alcanzada por el Impuesto al Valor Agregado, el fideicomiso es sujeto pasivo del impuesto y es por ello que posee CUIT y se encuentra inscripta en IVA desde su creación. Conforme el artículo 6° inciso e) de la Ley 11.683 t.o. en 1998 y sus modificaciones, FARM EQUITY S.A. en su carácter de administrador fiduciario del FIDEICOMISO FARM EQUITY, es responsable por deuda ajena.
Explica que es aquí donde surge un punto importante, en donde la contribuyente pretende confundir la personalidad legal del Fideicomiso con la personalidad impositiva del mismo. Si bien el Fideicomiso prescinde de personería legal como persona jurídica, por la actividad desarrollada en este caso por FIDEICOMISO FARM EQUITY, el mismo adquiere personería impositiva y es por esta razón que debe tributar en su cabeza las operaciones que desarrolla a través de su fiduciario, cuestión que el mismo Fideicomiso desde su inscripción hasta el año 2017 hizo y que demuestra a las claras el aprovechamiento posterior de las formas jurídicas efectuado por la firma FARM EQUITY SA.
Afirma que son falaces los dichos de la contribuyente en cuanto afirma que el impuesto en cuestión ha sido ingresado en su justa medida, puesto que tal como se indica en la resolución aquí atacada, FARM EQUITY S.A. compensó créditos fiscales de la operatoria del fideicomiso con débitos fiscales propios, con el consecuente perjuicio fiscal.
Sostiene que son falaces los dichos de la contribuyente en cuanto afirma que el impuesto en cuestión ha sido ingresado en su justa medida, puesto que tal como se indica en la resolución aquí atacada, FARM EQUITY S.A. compensó créditos fiscales de la operatoria del fideicomiso con débitos fiscales propios, con el consecuente perjuicio fiscal.
Manifiesta que FARM EQUITY S.A. computó mayores créditos fiscales que débitos fiscales por las operaciones propias del Fideicomiso, y sumado a ello, con la emisión posterior de la factura tipo A punto de venta 0002 Nro 00000006 de fecha 30/09/2018 lo que hace es aumentar aún más su crédito fiscal a computar, no verificándose ninguna compensación a los efectos de tributar únicamente sobre sus actividades propias, hechos éstos de alta significación y sobre los cuales la contribuyente no efectuó mención alguna.
Explica que efectivamente, si FARM EQUITY S.A. no hubiese facturado y declarado las ventas y compras efectuadas por la operatoria del FIDEICOMISO FARM EQUITY, y no hubiere consignado el crédito fiscal improcedente proveniente de la factura de fecha 30/09/2018, emitida por FIDEICOMISO FARM EQUITY S.A., hubiera debido ingresar en concepto de Impuesto al Valor Agregado, la suma de $ 21.651,77 en el período diciembre de 2017, y la suma de $ 105.966,86 en el período septiembre de 2018.
Manifiesta que el carácter legal de administración fiduciaria, no se encuentra en discusión. Aquí se discute el carácter impositivo que adquiere el Fideicomiso por el desarrollo de la actividad que se encuentra gravada en IVA y que por lo tanto es sujeto del impuesto. Y este punto es reconocido por la misma contribuyente en sus primeras argumentaciones que ahora se contradicen con su recurso.
Alega que queda sobradamente en claro que los señalamientos de la recurrente sobre la realidad de los hechos no son más que una repetición de defensas ya argüidas y que han sido, junto a las pruebas existentes, debidamente merituada en la resolución determinativa apelada. Sostiene que el ajuste practicado por la fiscalización resulta de base cierta,siendo su fundamento, la contabilidad y documental aportada por la propia contribuyente y la carencia de documentación que justifique su accionar.
Sostiene que el Fisco Nacional no ha colocado a la contribuyente en un estado de indefensión, sino por el contrario, a partir de ciertas irregularidades detectadas en determinadas operaciones, se le ha otorgado, tanto en la inspección como en el procedimiento de determinación de oficio, la posibilidad de probar la realidad de las mismas como en la presente instancia.
Indica que la recurrente entonces, no puede sostener que la resolución se basa en simples manifestaciones o a enumeraciones cronológicas cuando todas estas actuaciones están correctamente incorporadas en autos. Acompaña antecedentes administrativos y se opone a la prueba ofrecida por la actora.
III. Mediante PV-2022-100787798-APN-VOCV#TFN se elevaron los autos a consideración de la sala “B” y mediante IF-2022-104229896-APN-VOCV#TFN pasan los mismos a sentencia.
IV. Que conforme surge de las actuaciones administrativas con respecto al origen del presente caso, se dejó constancia que la firma tiene por actividad la cría de ganado bovino y el cultivo de cereales. La producción agrícola corresponde como administradora Fiduciaria del Fideicomiso Farm Equity.
El área fiscalizadora constató que Farm Equity SA declara en el Impuesto a las Ganancias, ingresos provenientes de sus actividades propias, es decir por su actividad de venta de hacienda y comisión por la administración del fideicomiso.
Analizadas las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado y los libros de IVA Ventas e IVA Compras, el área fiscalizadora pudo constatar asimismo registrados y declarados, débitos y créditos fiscales provenientes de las operaciones realizadas en cabeza de Fideicomiso Farm Equity SA.
El área fiscalizadora constató que Farm Equity SA computó en el período septiembre de 2018 crédito fiscal por un importe de $ 546.546,99 proveniente de la factura Tipo A punto de venta 0002 Nro 0000006 de fecha 30/09/2018, emitida por Fideicomiso Farm Equity SA. Visualizada dicha factura, el área fiscalizadora constata que el concepto facturado es “Renta por resultado de explotación agropecuaria” por un importe neto de $ 2.602.604,71.
El área fiscalizadora procedió a analizar la operatoria informada por la recurrente, resultando que el importe de débito fiscal correspondiente a las operaciones del fideicomiso computadas por Farm Equity SA asciende a un importe de $ 707.877,41, mientras que el crédito fiscal computado por las operaciones del fideicomiso ascienden a $ 1.220.189,77.
Ello así, en el ejercicio comercial 2018, Farm Equity SA computó mayores créditos fiscales que débitos fiscales por las operaciones propias del fideicomiso.
Según las manifestaciones efectuadas por Farm Equity SA con la emisión de la factura en cuestión, la sociedad fiduciaria tributaría exclusivamente sobre sus ingresos genuinos y propios que son los honorarios determinados por la administración fiduciaria, hecho éste que probadamente no ocurre, siendo que con la emisión posterior de la factura lo que hace es aumentar aún más su crédito fiscal a computar, no verificándose ninguna compensación a los efectos de tributar únicamente sus actividades propias.
Concluyendo el área fiscalizadora que Farm Equity SA reemplazó en su cabeza la operatoria del fideicomiso, declarando las ventas y compras efectuadas por Fideicomiso Farm Equity.
La contribuyente no aportó la contabilidad del fideicomiso en forma separada a las actividades propias, y no probó que hubieran dejado sin causar efectos en su propia declaración las operaciones del fideicomiso, constatándose en cambio que Farm Equity SA compensó créditos fiscales de la operatoria del fideicomiso con débitos propios, con el consecuente perjuicio fiscal.
V. En cuanto al planteo de nulidad articulado por la actora por cuanto entiende que se violó la garantía del debido proceso y que el acto contiene graves vicios de fundamentación e imputación infraccional que determinan su nulidad, cabe señalar en primer lugar que respecto de lo estrictamente formal, la resolución determinativa de autos, en cuanto acto administrativo, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.
Que es dable recordar la doctrina de nuestro más alto Tribunal, en el sentido de que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA II, 9/10/96, entre otros).
Que en definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Cabe señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido recientemente la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VI. Que, a continuación, debe este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
Corresponde señalar que en el caso de marras se constató que la recurrente registró y declaró débitos y créditos fiscales correspondientes por un lado a la actividad de FARM EQUITY S.A. y también aquellos correspondientes a operaciones del FIDEICOMISO FARM EQUITY; razón por la cual el Fisco Nacional procedió a ajustar en el Impuesto al Valor Agregado por los períodos en debate.
En cuanto a lo relativo a la mecánica elegida por las partes y plasmada contractualmente se asimila a los denominados “contratos asociativos” –regulados en el artículo 1442 y siguientes de nuestro Código Civil y Comercial- pues el Fiduciario tiene a su cargo el desarrollo a nombre propio del negocio, corresponde señalar que conforme se desprende del Contrato aportado en sede administrativa (vide RE-2022-42757723-APN-DTD#JGM) las partes pautaron la constitución de un fideicomiso en los términos de la ley 24441, donde el fiduciante se obliga a realizar con el patrimonio fiduciario todas y cada una de las labores que resultan necesarias para desarrollar el plan de inversión, el que implica la realización de una inversión de riesgos, que consiste principalmente en la siembra de distintos cultivos. Surge del mismo que los costos, gastos, tributos, honorarios y comisiones emergentes de la instrumentación como los emergentes del cumplimiento del mandato fiduciario, entre ellos los impuestos que lo gravan, deberán ser soportados en su integridad y sin exclusión alguna por el patrimonio fiduciario; fijándose una retribución anual para el fiduciario en concepto de administración. Ello así corresponde recordar que el artículo 4° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado al enumerar los sujetos pasivos del impuesto en su último párrafo establece: “Quedan incluidos en las disposiciones de este artículo quienes, revistiendo la calidad de uniones transitorias de empresas, agrupamientos de colaboración empresaria, consorcios, asociaciones sin existencia legal como personas jurídicas, agrupamientos no societarios o cualquier otro ente individual o colectivo, se encuentren comprendidos en alguna de las situaciones previstas en el párrafo anterior.”
A ello cabe agregar lo dispuesto por el artículo 5 de la ley 11683, en cuanto establece que revisten el carácter de contribuyentes, en tanto se verifique a su respecto el hecho imponible que les atribuyen las respectivas leyes tributarias, en la medida y condiciones necesarias que éstas prevén para que surja la obligación tributaria, cuando sean considerados por las leyes tributarias como unidades económicas para la atribución del hecho imponible. Atento lo expuesto siendo el fideicomiso sujeto pasivo del impuesto le asiste razón al criterio esbozado por la fiscalización actuante ya que la actividad desarrollada por el Fideicomiso Farm Equity se encuentra alcanzada por el Impuesto al Valor Agregado.
En tal sentido corresponde destacar que la aquí recurrente en su rol de fiduciaria, desarrolla la actividad productiva y comercial del Fideicomiso que es agropecuaria, siendo que la puede desarrollar ella por sí sola o con ayuda y contratación de terceros como estipula el contrato; correspondiendo tributar en cabeza del Fideicomiso las operaciones desarrolladas a través de su fiduciario, cuestión que el mismo Fideicomiso hizo desde su inscripción hasta el año 2017. Lo contrario sería admitir que la apelante utilice una forma jurídica inadecuada para hacerse de un beneficio fiscal impropio.
La propia recurrente en Multinota presentada ante la AFIP el 16/12/2019 (vide RE-2022-42757524-APN- DTD#JGM) sostiene el carácter de sujeto pasivo del fideicomiso en el tributo que nos ocupa y que las actividades que realiza la administración fiduciaria es por cuenta y riesgo del fideicomiso como así también las actividades de comercialización, perteneciendo el resultado obtenido exclusivamente al fideicomiso, recibiendo la sociedad fiduciaria una retribución que le es facturada al fideicomiso y que se convierte en utilidad gravada de la sociedad fiduciaria.
Atento lo expuesto corresponde destacar que la pretensión fiscal se encuentra fundada por cuanto la recurrente computó mayores créditos fiscales que débitos fiscales por las operaciones propias del Fideicomiso, compensando los créditos fiscales del Fideicomiso con débitos fiscales propios y, sumado a ello, con la emisión posterior de la factura tipo “A”, punto de venta 0002, Nro 00000006 de fecha 30/09/2018, por la cual el Fideicomiso le facturó el concepto “Renta por Resultado de Explotación Agropecuaria”, siendo que la transferencia de utilidades no se encuentra gravada en el IVA, lo que hace es aumentar aún más su crédito fiscal a computar, no verificándose ninguna compensación a los efectos de tributar únicamente sobre sus actividades propias, hechos éstos de alta significación y sobre los cuales la contribuyente no efectuó mención alguna.
En cuanto a los agravios de la actora relativo a que las retenciones sufridas por FARM EQUITY S.A. constituyen impuesto ingresado por dicho contribuyente y deben ser computadas aun cuando se pretenda desplazar hacia el Fideicomiso el cómputo de los débitos y créditos fiscales corresponde señalar que dichas retenciones fueron efectuadas como consecuencia de la operatoria del Fideicomiso Farm Equity, sujeto pasivo del tributo que aquí se trata, y en la que la actora actuó como administradora fiduciaria, motivo por el cual corresponde rechazar los agravios de la actora.
Que sentado lo expuesto y dado que la actividad desarrollada por Fideicomiso Farm Equity se encuentra gravada en el impuesto al valor agregado, los débitos fiscales provenientes de las ventas de los bienes de afectación fiduciaria, así como los créditos fiscales provenientes de las compras vinculadas a dicha actividad deben ser declaradas por el fideicomiso, siendo este mismo sujeto pasivo del impuesto.
Por lo expuesto corresponde confirmar el acto apelado. Con costas.
VII. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
VIII. Que corresponde ahora analizar el aspecto infraccional de la resolución en crisis. Que con relación a la multa por defraudación debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”.
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. -
SALA V – 29/3/1999).
Que no puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que más allá de encontrarse acreditado vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al Organismo Recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo.
Que por su parte, tal como sostuvo la Sala V in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) cabe dejar en claro que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314. b) En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no sólo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria, en atención a que supo que la información contenida en la declaración jurada presentada no se correspondía con las constancias de los registros.
Que en virtud de lo expuesto, encontrándose acreditado en forma clara y suficiente la intención dolosa de defraudación, es decir, la existencia del ardid, maniobra o engaño y no solamente el resultado omisivo del gravamen, corresponde confirmar la multa aplicada al contribuyente de autos.
En cuanto al quantum de la sancion aplicada, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en el acto atacado una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarla en tres veces el impuesto omitido, por el contrario no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirlas al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental. Las costas se imponen a la actora, salvo en la proporción en que se reduce, aspecto éste en que se imponen por su orden.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada en autos en cuanto determina impuesto, intereses y multas, reduciendo la graduación de esta última a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.10.06 13:31:08 ART Date: 2022.10.11 18:24:09 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.10.11 18:51:52 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.10.11 18:52:34 -03:00
Fin de la sentencia