Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determina impuesto, intereses y multas. Con costas a la vencida.
I. Que a fs. 157/191 y 412/453 se interpone sendos recursos de apelación contra las resoluciones 40/2016 (DV RRBB) y 39/2016 (DV RRBB) dictadas por la Jefa (Int) de División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Bahia Blanca de la AFIP-DGI, por las que se determina de oficio la obligación tributaria del recurrente frente al Impuesto a las Ganancias e Impuesto sobre los Bienes Personales por los ejercicios fiscales 2008, 2009 y 2010, con mas intereses resarcitorios y aplica multas con fundamento en los arts. 46 y 47 inc. a), b) y e) de la Ley 11.683.
En primer lugar, afirma que el motivo del ajuste se funda en la atribución a la recurrente y a su ex marido Claudio Geisbühler de una serie de unidades funcionales construidas en Bahía Blanca, a partir de desconocer la participación de familiares directos de ambos en cada uno de los desarrollos inmobiliarios objeto de análisis y bajo la presunción de que los proyectos fueron realizados por el matrimonio íntegramente con recursos propios. Plantea la nulidad de las resoluciones, sostiene que el acto que aquí se recurre parte de una presunción construida a partir de una visión sesgada de la realidad, fundamentada de forma deficiente. La Resolución atribuye a la señora Viviana Noemí Martin la totalidad de un grupo de bienes inmuebles, sin siquiera brindar fundamentos fácticos que sustenten la atribución de un patrimonio de semejante magnitud a una persona que se desempeña como profesional en relación de dependencia. Simplemente por afirmar que los verdaderos titulares carecen de capacidad económica para poseer dicho patrimonio lo traslada directamente a la recurrente y su ex cónyuge. No aclara siquiera de qué manera suple la falencia argumental de que la inexistencia de bienes y patrimonio también se aplica para la actora quien se desempeña única y exclusivamente en relación de dependencia -como Vocal del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires—.
Alega que la Resolución que se pone en crisis no sólo no se sustenta en el derecho aplicable, sino que tampoco menciona cómo es que con fondos propios pudo la recurrente y su ex marido llevar adelante tamaña inversión. El fisco parte de atribuir la titularidad dominial de 26 unidades funcionales construidas en Bahía Blanca a dos personas cuyo único ingreso proviene de actividad profesional llevada a cabo en relación de dependencia, sin indicar siquiera presuncionalmente cual es el origen de los fondos invertidos.
Señala que en sede administrativa la recurrente ofreció la declaración testimonial de diez personas que podrán dar debida cuenta de la situación; muchos de ellos, a efectos de reconocer formalmente la titularidad de los bienes y la propiedad de los fondos invertidos. Otros, a los fines de corroborar su participación en el emprendimiento que se estaba llevando a cabo.
Alega que nada de todo ello resulto atendible para el Fisco, el que livianamente se limitó a rechazar la producción de la prueba por considerarla manifiestamente inconducente dilatoria e improcedente como puntapié para ratificar la posición fiscal, basada únicamente en presunciones irrazonables. La Resolución -dice- no se presenta como una derivación lógica producto del resultado de un procedimiento.
Afirma que es una reiteración ciega del auto que dispuso la Vista que no considera pertinente siquiera la concurrencia de los testigos para que en todo caso se autoincriminen reconociendo que contaban con los fondos suficientes para llevar a cabo las obras, ni el libramiento de los oficios para que las entidades bancarias respondan que los plazos fijos constituidos en la Provincia de Córdoba fueron retirados en Bahía Blanca. Ello acreditara parte de los aportes de los familiares del ex matrimonio Geisbuhier - Martin.
Sostiene que la AFIP omitió considerar argumentos vitales que hacen a la esencia de la defensa de la recurrente; no analizó siquiera la prueba documental aportada -nada menos que certificados de plazo fijo constituidos en la provincia de Córdoba y detalles de movimientos y saldos bancarios de uno de los aportantes, el señor Manlio Geisbuhler.
Indica que a lo largo de la Resolución se hacen menciones concretas a la prueba, pretendiendo significar haberla valorado debidamente, pero sin tomar en cuenta la real contundencia que ofrecen. Por ejemplo, quedó sobradamente demostrada la capacidad económica tanto del matrimonio Morichetti-Geisbuhler como de Locatelli-Martin, con constancia de los movimientos bancarios de los primeros en la cuenta de la Sociedad Militar y con los depósitos a plazo fijo constituidos en la provincia de Córdoba por parte de los segundos. Ello, sumado a que todos los familiares reconocieron a la Administración Fiscal haber participado con fondos propios en los proyectos inmobiliarios.
Manifiesta que los inmuebles atribuidos a la recurrente se encuentran escriturados a favor de los inversores y, por consiguiente no resulta titular de dominio ni mucho menos ostenta la posesión. Se trata de un total de veintiséis (26) unidades habitacionales, de aproximadamente cincuenta metros cuadrados cada una, de tipo mono-ambiente o con una habitación (2 ambientes), llevadas a cabo con una calidad constructiva moderada (estándar). En cuanto al Fideicomiso Camila I manifiesta que la obra denominada "Fideicomiso Camila 1" fue realizada en el inmueble de calle Aguado n° 33 Bahía Blanca, adquirido en el año 2004 por el matrimonio que integraba con el señor Claudio Geisbühler (Escritura 496 oportunamente aportada) y su realización culminó en 2007, es decir prolongándose por más de 24 meses.
Manifiesta que a partir de la elección de la figura de Fideicomiso, que constituyeron la recurrente y su ex esposo por sí y en representación de sus familiares, futuros beneficiarios, asumieron el rol de fiduciantes el señor Claudio Geisbühler y la actora —aportantes del terreno--, Gabriel Eduardo Martin y María de las Mercedes Alicia Moyano, Manlio A. Geisbühler e Italia J. Morichetti, Eduardo A. Martin y Noemí Anita Locatelli, Virginia E. Martin y la hermana de Claudio Geisbühler y Miriam B. Ana Geisbühler. Por Escritura SETECIENTOS VEINTIDOS que se acompaña, el día 11/12/2005 fue transferido el dominio fiduciario a favor de María Luisa Peña.
Indica que luego, por Convenio de Adjudicación Privada "Fideicomiso Camila 1" de fecha 10 de marzo de 2007 - que se acompaña-- el fideicomiso distribuyó a favor de los fiduciantes las unidades funcionales en los siguiente términos: a María de las Mercedes Alicia Moyano el departamento 3 "D", a Italia J. Morichetti el '1 "C", a Gabriel Eduardo Martin le correspondieron los departamentos PB y 2 "B", a Eduardo Adolfo Martin los identificados como 1 "D" y 3 "E", a Noemí Anita Locatelli el 1 "A", y a Manlio A. Geisbühler el departamento 2 "A". Al ex marido de la recurrente, Claudio Geisbühler y a la actora, les fueron adjudicados los locales de la Planta Baja "3" y "A", respectivamente. Tiempo más tarde, por convenio posterior, suscripto el día 1 de diciembre de 2008 el fideicomiso adjudicó a Virginia Elizabeth Martín las unidades funcionales 1 "B", 2 "C" y 2"D". En dicha oportunidad se transfirió la posesión de los inmuebles a cada inversor en la medida de sus aportes, generando de ese modo obligación de cada uno tributar el impuesto que aquí se reclama en cabeza de la actora. En lo relativo al Condominio de la calle 19 de Mayo n° 764. manifiesta que ante lo exitoso del proyecto, ambas familias decidieron iniciar uno nuevo, en merito de lo cual María de las Mercedes A. Moyano, Miriam Ana Geisbüller, Italia Josefa Moricletti, Noemí Anita Locatelli, Claudio Geisbühler y la recurrente adquirieron en condominio un terreno en calle 19 de Mayo n° 764 de Bahía Blanca por Escritura 317 de fecha 18/07/2006. La construcción se inició en 2007 y concluyó en noviembre de 2008--. Se trató de 13 unidades funcionales, que fueron valorizadas por la AFIP,del siguiente modo ocho unidades de $ 42.000, dos unidades de $ 27.000, y tres unidades de $ 59.000.
Alega que en este caso, las partes no adoptaron la figura del Fideicomiso sino que realizaron un consorcio a partir de la compra en condominio del lote de terreno y, como en el anterior caso, aportaron fondos propios para la construcción -utilizando además las rentas que obtenían del primer emprendirniento y recibieron unidades funcionales en la proporción de sus aportes.
Sostiene que se trató de dos emprendimientos inmobiliarios llevados a cabo por seis familias (procedentes de dos ramas) y, como emprendimiento familiar primó la confianza y se relajó el cuidado de las formas. Pero ello de ningún modo invalida la realidad de los hechos al extremo que el Fisco ha llegado.
Señala que en el caso de marras, los parientes acreditaron su capacidad económica, aportaron sus fondos propios a dos proyectos inmobiliarios y hoy son titulares de sus respectivas unidades. Además, así lo ratificaron, y existen instrumentos públicos y bancarios que avalan estos hechos. Nótese aquí que ningún funcionario puede exigir para acreditar una operación elementos o cláusulas contractuales que no sean exigidas por la legislación. Señala que entre las diez personas mencionadas a lo largo de 3 años (2005- 2008) fueron realizando aportes parciales para llevar a cabo la construcción de dos emprendimientos inmobiliarios en lo que se conoce como "construcción al costo". Aportaron sus ahorros, los ingresos que fueron generando en dicho periodo y en la última etapa los frutos civiles generados por las propiedades que tenían en alquiler. En todos los casos, los familiares manifestaron en sede administrativa a requerimiento de AFIP tanto haber efectuado los aportes de capital para la construcción como la percepción de los alquileres. El reconocimiento de cada uno ha sido volcado al informe final de inspección.
Alega que en ocasión de constituir el Fideicomiso se dispuso el nombramiento de la señora Peña en el rol de fiduciaria a partir de la relación de conocimiento que los unía. Ello a fin de cumplir con el objetivo exigido por la ley. No puede desprenderse de ello la simulación de la figura del fideicomiso y mucho menos la inexistencia real de los fiduciantes. La señora Peña accedió a ocupar el rol y muchas de las actividades vinculadas con su condición fueron realizadas en forma personal. No obstante, confirió poder a la recurrente para que realizara algunas tareas en su representación. Ello se debió fundamentalmente a una cuestión operativa, atento que la actora y su ex marido -Claudio Geisbuhler- se ocuparon personalmente de realizar las obras; por lo que resultaba útil y práctico que estuvieran autorizados para llevar a cabo algunas tareas.
Alega que la actuación personal de la fiduciante Peña quedó demostrada, más allá de que tuviera que ver con tareas mayores o no. Cumplió por sí varios actos de administración y de disposición. En efecto, formalizó personalmente la solicitud de habilitación de libretas de fondo de desempleo ante el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción -IERIC-, pidió la apertura de cuentas ante el organismo para los empleados Nelson Carlos Sanhueza, Juan Carlos Valenzuela, Adrian Javier VogeL Jorge Mauricio Conejero, Juan Arnaldo Mercado, entre muchos otros. El Fisco le quita validez a dichas actuaciones por tratarse de presentaciones que no tienen firma certificada; se trata de trámites de administración que no requerían certificación de firma, pero no significa por eso que Peña no los hubiera cumplido.
Afirma que todos los inversores han ratificado la gestión de la recurrente administrando los alquileres que percibió en su nombre. Adjunta siete exposiciones tituladas "Ratificación de lo actuado" suscriptas por María de las Mercedes Alicia Moyano, Miriam Beatriz Ana Geisbühler, Italia Josefa Morichetti, Noemí Anita Locatelli, Eduardo Adolfo Martín, Manlio A. Geisbühler -representado por sus únicos herederos--, Gabriel Eduardo Martín, y Virginia Elizabeth Martín, por las que reconocen las unidades funcionales que les han sido adjudicadas en los inmuebles de calle Aguado 33 -Fideicomiso Camila 1—y 19 de Mayo 764. Y, admiten haber percibido los alquileres de dichas unidades por intermedio de Viviana Noemí Martín y/o Claudio Marcelo Geisbuhler. Cabe destacar que se trata de documentos privados que corroboran lo que cada parte ha manifestado en sede administrativa y resultará reafirmado en oportunidad de que declaren como testigos ante este Excmo. Tribunal. Ello también será corroborado con la prueba pericial contable que se ofrece.
Alega que la inspección actuante ha tomado como una presunción a favor de sus dichos, al hecho que los inversores no hubieran presentado declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales ni del Impuesto a las Ganancias durante el periodo fiscalizado. Se trata de una valoración inapropiada, puesto que ninguno estaba obligado a presentar dichas declaraciones en virtud de su condición fiscal. No obstante, si en tal caso esta Administración entendiera que la declaración de sus obligaciones fiscales no se compadece con las inversiones que expresamente reconocen haber realizado, se trata de un incumplimiento que no resulta atribuible a Viviana Noemí Martín.
Manifiesta que no aporta el Fisco respecto de la actora siquiera una sola prueba que evidencie acreditaciones bancarias ni la existencia de dinero que le hubiera permitido construir 26 unidades funcionales conjuntamente con su ex marido, lo cual requiere una magnitud de capacidad económica mucho mayor a la que le atribuye a los reales inversores.
Señala que se parte aquí de una presunción que es la existencia de los bienes en cabeza de la recurrente, derivada de otra presunción que es la capacidad económica de la señora Martin (conjuntamente con su ex marido) para realizar obras de tal magnitud. Y, ambas como desprendimiento de la presunción de que los inversores no contaban con capacidad económica suficiente. Es cierto que elFisco está facultado para estimar la materia imponible, pero para ello debe partir de un hecho cierto y, eventualmente deducir de él otro hecho no probado. En cuanto a la entrega de fondos sostiene que la razón del otorgamiento de los poderes no es otra que el hecho de que los inversores residen en su totalidad en la provincia de Córdoba y los emprendimientos iban a realizarse en Bahía Blanca donde viven la recurrente y su ex marido. Por ese motivo -y no otro—se justificó el otorgamiento de poderes, los que además están basados en relaciones familiares que facilitan este tipo de operatoria, lejos de que ello pudiera generar sospecha.
Afirma que las entregas en efectivo se realizaban en ocasión de viajar tanto a la localidad de Córdoba como cuando los familiares viajaban a Bahía Blanca, lo que ocurría con cierta frecuencia. Sin perjuicio de ello, en muchos casos la operatoria consistió en la constitución de depósitos a plazo fijo en Córdoba o Santa Fe, los que eran retirados por la actora en Bahía Blanca, operatoria que quedará demostrada a partir de la prueba informativa que aquí se ofrece. Además, varios de los inversores realizaban pagos en forma directa a proveedores, lo que ha sido reconocido en las actuaciones administrativas.
Señala que el fisco desconoce el carácter de parientes entre los inversores de los proyectos objeto del presente expediente. No puede negarse lógicamente el valor del reconocimiento expresado libremente brindado por los aportantes en sede administrativa. Ello, en concordancia con la acreditación de las respectivas capacidades económicas. El fisco en lugar de repasar la situación fiscal de cada contribuyente, pretende endilgarle ambos proyectos a la actora y a su ex marido.
En cuanto a la aplicación de multa manifiesta que los presupuestos fácticos de los que parte el Fisco para atribuir a la recurrente conductas defraudatorias no son tales, puesto que no resulta propietaria de los bienes en la parte que se le pretende adjudicar, siendo real y genuina la intervención de los diez familiares arriba mencionados, los que obtuvieron su porción en orden a los aportes efectuados. | Indica que no dice siquiera cuál es el origen de dichos fondos, teniendo en cuenta que tanto la recurrentee como su ex marido son personas que desempeñan su actividad profesional en relación de dependencia. Sencillamente, presume que por hallarse los bienes situados en Bahía Blanca y los inversores residir en la provincia de Córdoba, el hecho de que quienes viven en Bahía Blanca se hayan encargado de la realización de las obras los convierte por sí mismos en titulares de todos los bienes.
Cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
II. Que a fs. 202/220, 470/484 contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, que se confirmen los actos apelados, con costas.
Sostiene que la Resolución impugnada fue dictada con fundamento en circunstancias de hecho y de derecho, es decir, que no sólo se ha cumplido con los requisitos extrínsecos de validez sino que se han valorado las circunstancias fácticas y jurídicas que la presupone. Por ello, es necesario mencionar que en cuanto al supuesto defecto en la motivación invocado por la actora, dicho planteo debe ser rechazado atento a que del acto administrativo surge la explicitación de la causa que motiva su dictado, es decir la descripción de los hechos que dan origen a la misma, la conducta que se le imputa al contribuyente y la normativa aplicable al caso. Sostiene que de ninguna manera se violentó garantía alguna consagrada en la Constitución Nacional, ya que la actora conoció perfectamente y en su totalidad los cargos formulados y la información colectada en la inspección, tuvo derecho a ser oído y a ofrecer las pruebas que estimó conducentes y obtuvo una resolución debidamente fundada, todo ello en riguroso cumplimiento de las normas vigentes. Indica que en el caso de autos no se vio agraviada la garantía del debido proceso adjetivo, ya que es necesario que el vicio haya colocado a la parte en un estado de indefensión, situación que —se reitera- no se verificó en la especie.
Señala que en base a la numerosa prueba documental reunida, la auditoría fiscal concluyó que los emprendimientos inmobiliarios fueron realizados por el matrimonio Geisbuhler-Martín, con recursos propios no declarados, utilizando para ello como un artificio o pantalla figuras jurídicas tales como el fideicomiso y el consorcio de propietarios, que no responden a la realidad económica de los hechos probados en la causa, ocultando de ese modo al Fisco el negocio real subyacente y el verdadero origen de los fondos utilizados para financiar las inversiones.
Afirma que partiendo de esta premisa, la inspección actuante atribuyó la titularidad de los departamentos construidos en un 50% a cada cónyuge, ante la ausencia de elementos que permitieran efectuar una apropiación distinta. En el sentido indicado, las pruebas aportadas al caso por la actora resultan insuficientes, y tornan ineficaz la construcción teórica desarrollada en la defensa desde que correspondía al apelante aportar los elementos que pusieran de relevancia el error en la pretensión fiscal, circunstancia que en el presente no se ha verificado. Alega que recién con posterioridad al inicio de las acciones de fiscalización, los fiduciantes/consorcistas presentan DDJJ extemporáneas de los gravámenes señalados, exteriorizando las unidades funcionales y las rentas por alquileres, acciones todas ellas que evidencian la existencia de maniobras desplegadas para otorgar indicios de veracidad a la efectiva participación de tales sujetos en el negocio inmobiliario, lo que aparece desvirtuado por la abundante prueba reunida en los antecedentes administrativos y de la que da cuenta el acto apelado. Sostiene que no resulta posible el seguimiento del circuito económico del dinero por no contar con bancarización ni respaldo documental en ninguna etapa, puesto que tanto los aportes de los presuntos inversores para financiar la construcción de los edificios, corno así también el cobro de los alquileres por parte de los adjudicatarios de cada una de las unidades funcionales se efectuaron en todos los casos en efectivo, sin dejar rastros ostensibles y/o pruebas que permitan acreditar de manera fehaciente e indubitable la operatoria invocada.
Manifiesta que el hecho de haber otorgado la fiduciaria amplios poderes a favor de los fiduciantes Viviana Noemí Martín y Claudio Marcelo Geisbuhler, condujo materialmente a esa finalidad, lo que ha sido corroborado con las declaraciones de María Luisa Peña quien niega haber ejercido las funciones inherentes a su calidad fiduciaria. Señala que las pruebas aportadas al caso resultan insuficientes y tornan ineficaz la construcción teórica desarrollada en el recurso, desde que -como ha quedado demostrado-, correspondía al apelante aportar los elementos que pusieran de relevancia el error en la pretensión fiscal, circunstancia que en el presente no se ha verificado.
Con respecto a los intereses resarcitorios señala que la actora no expresa agravios, razón por la cual dicho concepto debe considerarse consentido y pasado en autoridad de cosa juzgada. No obstante, cabe mencionar que la mora en el pago del impuesto de marras es imputable a la sociedad, ya que la misma se produce de manera automática.
Con respecto a la aplicación de multa sostiene que se encuentran acreditados en los antecedentes administrativos agregados a la causa y en las resoluciones apeladas, todos los hechos que llevan a colegir la existencia de los elementos material y subjetivo requeridos para la aplicación de la sanción, toda vez que la actora ha presentado sus DDJJ con datos engañosos perjudicando al Fisco con liquidaciones que no se compadecen con la realidad al disminuir los saldos de impuesto a ingresar mediante la declaración de un total de bienes inmuebles sujetos a impuesto inferiores a los que resultan de las pruebas reunidas, utilizando para ello figuras jurídicas que no reflejan la realidad económica de los hechos verificados por la inspección.
Acompaña antecedentes administrativos y se opone a la prueba ofrecida por la actora.
III. A fs. 500 se abre la causa a prueba, ordenándose la producción de la prueba informativa y testimonial. A fs. 525/533, 540/541, 544, 553, 568/569. A fs. 554/565 obra prueba testimonial. A fs. 595 se clausura el período de instrucción. A fs. 611 se elevan los autos a consideración de la Sala B y pasan para alegar. A fs. 618/623 obra alegato del Fisco Nacional y a fs. 621/634 obra alegato de la parte actora. A fs. 639 pasan los mismos a sentencia.
IV. Que conforme surge de las actuaciones administrativas a raíz de la fiscalización practicada, surgieron diferencias como consecuencia de los cargos que la fiscalización interviniente estima corresponde formular, los que consisten en atribuir la titularidad dominial de inmuebles contruidos en Bahía Blanca en cabeza de la contribuyente del asunto, conjuntamente con su cónyuge Claudio Marcelo Geisbuhler (C.U.l.T. 23-16507526-9), concluyendo en base a las pruebas colectadas que dichos inmuebles fueron construidos por el matrimonio señalado con recursos propios.
Los edificios en cuestión se encuentran ubicados en calles Aguado N° 33 y 19 de Mayo N° 764 de la ciudad de Bahía Blanca, habiéndose instrumentado en el primer caso un contrato de fideicomiso denominado "Fideicomiso Edificio Camila I y en el segundo se utilizó para su construcción la figura de consorcio de propietarios. Que con fundamento en las tareas de auditoría realizadas y en las pruebas reunidas en las actuaciones, el área fiscalizadora sostiene la inexistencia del fideicomiso y del consorcio de propietarios, concluyendo que dichas figuras fueron utilizadas como artificios para encubrir el negocio real subyacente, esto es, la construcción de los inmuebles por parte de los cónyuges Geisbuhler - Martín con fondos propios.
Además se efectuaron ajustes de menor magnitud en los rubros "derechos reales" y "depósitos en dinero" en base a la documentación aportada y a la información obtenida en las bases de datos del organismo. Que la auditoría interviniente procedió a confeccionar las planillas de ajuste del gravamen por los períodos fiscales 2008, 2009 y 2010, las que fueron puestas a consideración de la responsable sin ser conformadas.
Que mediante escritura N° 496 de fecha 15/12/2004 que se agrega a fs. 1/2 de las actuaciones, los cónyuges Geisbuhler— Martín adquieren una fracción de terreno ubicada en calle Aguado N° 33 de la ciudad, identificada como partida N° 30.620, en la suma de $ 30.000.-
Mediante instrumento privado de fecha 27/07/2005, que cuenta con certificación de firmas por notario, se celebra un contrato de fideicomiso inmobiliario con el objeto de construir un edificio de departamentos destinados a vivienda y locales comerciales, que se identifica como "Edificio Camila 1", en el inmueble ubicado en Aguado N° 33 de la ciudad de Bahía Blanca, bajo el régimen de propiedad horizontal normado por la Ley 13.512. En el citado contrato que se agrega a fs. 230 a 234 (a.a. Imp. Ganancias), se establece que asumen el carácter de fiduciantes los cónyuges Claudio Marcelo Geisbuhler y Viviana Noemí Martín, quienes aportan el terreno sobre el cual se efectuará la edificación, siendo la misma financiada con los aportes en dinero que realicen el resto de los fiduciantes que se detallan a continuación:
-Gabriel Eduardo Martín (hermano de Viviana Noemí Martín).
•Manlio Arturo Geisbuhler (padre del contribuyente del asunto).
-María de las Mercedes Alicia Moyano (esposa de Gabriel Eduardo Martín).
•Miriam Beatriz Ana Geisbuhier (hermana del contribuyente).
•ltalia Josefa Morichetti (madre del contribuyente).
•Virgina Elizabeth Martín (hermana de Viviana Noemí Martín).
-Eduardo Adolfo Martín (padre de Viviana Noemí Martín).
-Noemí Anita Locatelli ( madre de Viviana Noemí Martín).
•Omar Edgardo Buede.
Por otra parte, se designa en calidad de fiduciaria a la Sra. María Luisa Peña y como beneficiarios del contrato de fideicomiso a los fiduciantes, y como tales, adquirentes de las unidades funcionales que se construyan y resulten producidas en la gestión del patrimonio fiduciario.
Se entiende oportuno destacar que el citado contrato de fideicomiso se encuentra suscripto por los cónyuges Gesibubler - Martín, quienes actúan por sí y también en nombre y representación de los demás fiduciantes, como consta en el instrumento a fs. 230 de las actuaciones del Impuesto a las Ganancias.
Que dicha representación se sustenta en el poder especial otorgado mediante escritura N° 47 de fecha 22/07/2005 obrante a fs. 235 a 240 (a.a. Imp. Ganancias), donde todos los fiduciantes conceden al matrimonio Geisbuhler - Martín amplias facultades para que en su nombre y representación constituyan un fideicomiso sin fines de lucro con el objeto de construir el edificio señalado, facultando asimismo a los mandatarios a designar a los administradores del consorcio, contratar con quien estimen conveniente el proyecto, dirección y construcción de la obra, firmar contratos, suscribir documentación pública o privada y realizar todo tipo de gestiones administrativas, financieras, bancarias; como así también ceder en favor de terceros los derechos emergentes de la condición de consorcista por el precio y condiciones que vieren convenir, ya sea al contado o a plazos." Se estima relevante señalar asimismo que mediante escritura N° 403 obrante a fs. 247/52 (a.a. Imp. Ganancias), efectuada en la misma fecha que el contrato de fideicomiso -27/07/2005-, la fiduciaria María Luisa Peña otorga un poder general a favor de los cónyuges Geisbuhler - Martín para que en nombre y representación del "Fideicomiso Edificio Camila I', actuando en forma conjunta, separada e indistintamente, intervengan en sus negocios con amplias facultades de orden administrativo, comercial, industrial y judicial, como as! también para adquirir y enajenar bienes, dar o tomar en locación, constituir hipotecas y otros derechos reales, efectuar operaciones bancarias, intervenir en juicios, conferir mandatos, otorgar escrituras, etc.
Con fecha 30/11/2005 los fiduciantes Omar Edgardo Ruede, Nicolás Higinio Ruede y Miriam Beatriz Ana Geisbuhler, renuncian a sus derechos por no poder cumplir con los aportes al fideicomiso en los dos primeros casos y por "razones particulares" en el último, tal como consta resulta de los contratos de rescisión que se agregan a fs. fs. 970/71 y a fs. 1050/51 (a.a. Imp. Ganancias), con firmas certificadas por escribano el 29/10/20012.
El área fiscalizadora labró acta a fs. 320 a 323 de las actuaciones del Impuesto a las Ganancias, donde constan las declaraciones efectuadas por María Luisa Peña, quien reconoce haber suscripto el contrato de fideicomiso en calidad de fiduciaria, indicando que no lleva libro Diario, Inventarios y Balances ni Registro de Beneficiarios, que desconoce si el fideicomiso se encuentra inscripto como agente de retención, que no sabe quiénes son los proveedores de materiales y servicios para la construcción, que desconoce dónde se construyó el edificio, que no entregó ninguna documentación a los fiduciantes puesto que no lleva la administración de la construcción y que no efectuó balances, liquidación ni repartición de remanentes.
La fiduciaria Peña declara además que no percibió honorarios ni realizó ningún trámite vinculado con el fideicomiso, que solamente firmó el contrato de fideicomiso y el poder a favor de los cónyuges Geisbuhler - Martín" ... en carácter de amistad y confianza.", agregando que se encuentra jubilada y que durante el período comprendido entre julio de 2005 y abril de 2007"... trabajó en el estudio Pinotti que tiene domicilio en Asiria 35 en calidad de administrativa."
Los convenios de adjudicación tienen fecha cierta oponible a terceros en virtud de la certificación de firmas por escribano efectuada el 29/10/2012, es decir con posterioridad al inicio de la fiscalización y envío de requerimientos a los fiduciantes que fueron cursados el 9/10/2012, tal como consta a fs. 325 a 343 de las actuaciones administrativas del Impuesto a las Ganancias.
Se observa en los sistemas informáticos que la cuenta corriente N° 123-3-21560-9 del Banco HSBC cuyo titular es el fideicomiso no registra movimientos (fs. 1707/9 a.a. Imp. Gcias.), a lo que cabe agregar que el único firmante autorizado para operar con dicha cuenta no es la fiduciaria sino el Sr. Geisbuhler Claudio Marcelo, tal como consta en la nota presentada por la entidad bancaria a fs. 2621 (a.a. Imp. Gcias).
Asimismo, se advierte que se unifican en las mismas personas (los cónyuges Geisbuhler - Martín) los roles fiduciante y fiduciario, en virtud del poder otorgado por la fiduciaria María Luisa Peña a favor del matrimonio señalado, lo que resulta contrario a las previsiones legales que regulan la figura contractual utilizada. Conforme surge de los antecedentes administrativos en lo que respecta al edificio ubicado en calle 19 de Mayo N° 764 de la ciudad, cabe indicar que mediante escritura N° 317 de fecha 18/07/2006 que se agrega a fs. 383 a 387 (a.a. Imp. Ganancias) se instrumenta la compra de un terreno ubicado en el domicilio señalado que se identifica con la partida N° 28.684, por la suma de $ 40.000.-, siendo los compradores María de las Mercedes Alicia Moyano, Mirjam Beatriz Ana Geisbuhler, Italia Josefa Morichetti, Noemí Anita Locatelli, Claudio Marcelo Geisbuhler y Viviana Noemí Martín, siendo de destacar que los cónyuges Geisbuhler — Martín intervienen en este acto por sí y además en nombre y representación de los restantes compradores.
Dicha representación se sustenta en el poder especial otorgado por escritura N° 55 de fecha 14/07/2006 que se agrega a fs. 619/21 (a.a. Imp. Gcias.), donde María de las Mercedes Alicia Moyano, Miriam Beatriz Ana Geisbuhler, Italia Josefa Morichetti y Noemí Anita Locatelli otorgan poder a favor de Claudio Marcelo Geisbuhler y Viviana Noemí Martín, facultándolos para que compren el inmueble señalado, en unión o no con los propios mandatarios o con terceras personas, realicen la construcción de departamentos bajo el régimen de la Ley 13.512 de propiedad horizontal, sea mediante la constitución de un consorcio de copropietarios o de un fideicomiso y vendan las unidades funcionales resultantes y/o dividan el condominio, autorizándolos a suscribir toda la documentación que sea necesaria a tal efecto.
Se señala en las actuaciones fiscales que el convenio de adjudicación tiene fecha cierta oponible a terceros en virtud de la certificación notarial de firmas efectuada el 29/10/2012, es decir con posterioridad al inicio de la fiscalización y envío de requerimientos a los aportantes que fueron cursados el 9/10/2012, tal como consta a fs. 325 a 343 del expediente administrativo del Impuesto a las Ganancias.
Destacan los fiscalizadores que no obran en las actuaciones constancias documentales que acrediten la instrumentación del referido consorcio de copropietarios, mediante un convenio que fije la cuantía de la participación de cada uno de los consorcistas, a fin de formular la asignación de las unidades en función de la magnitud de los aportes comprometidos y efectivamente materializados; todos elementos necesarios para probar la existencia de un emprendimiento levado a cabo por una pluralidad de sujetos, que resulta ser la característica distintiva del instituto en análisis.
La auditoría fiscal indica que no se verificó el alta del consorcio en el organismo ni la utilización de cuentas bancarias de titularidad del mismo, como así tampoco la existencia de rendiciones de cuentas a los consorcistas. Por lo expuesto, el área fiscalizadora destaca que también en este caso control absoluto del emprendimiento estuvo en manos de los cónyuges Geisbuhler - Martín, en virtud del poder especial otorgado a su favor por los presuntos consorcistas, quedando así ampliamente facultados para ejecutar actos de administración y disposición, tal como puede hacerlo quien detenta derechos de dominio.
Con fecha 9/10/2012 la auditoría actuante cursó requerimientos a todos los presuntos fiduciantes y consorcistas (fs. 325/43 a.a. Imp. Gcias.) siendo útil reseñar los siguientes aspectos comunes que se observaron en las repuestas recibidas:
1. Todas las respuestas fueron presentadas personalmente por Viviana Noemí Martín, según indica la inspección actuante, mediante multinotas con las firmas de los fiduciantes/consorcistas certificadas por escribano el 29/10/2012, las que se agregan en las actuaciones del Impuesto a las Ganancias a fs. 615/51 (Locatelli); fs. 693/724 (Morichetti); fs. 769/809 (Eduardo Martín); fs. 846/70 (Gabriel Martín); fs. 915/45 (Moyano); fs. 967/99 (Miriam Geisbuhler) y fs. 1072/1106 (Virginia Martín); en cuanto a Manlio Geisbuhler la ausencia de respuesta obedece a su fallecimiento ocurrido el 15/05/2011.
2. Se adjuntan sesenta y seis (66) contratos de locación relativos a las unidades funcionales ubicadas en Aguado N° 33 y 19 de Mayo N° 764, observándose que en veinticuatro (24) de ellos los locadores no coinciden con los presuntos fiduciantes o condóminos adjudicatarios de las unidades funcionales alquiladas, conforme al convenio privado de adjudicación otorgado (v.g. fs. 711/12; 719/20; 721122; 781/83; 786/87; 794/95; 796/97; 798/99; 935/36; etc. a.a. Imp. Gcias).
3. Se observaron cuatro (4) contratos de locación que lucen a fs. 711/12, 796/97, 798/99 y 859/60 (c.v. Imp. Gcias.) donde los locadores son personas que no revisten la calidad de fiduciantes ni de adjudicatarios de unidades, atento haber rescindido el contrato de fideicomiso, conforme los intrumentos de rescisión aportados a fs. 970/71 y 1050/51 (a.a. Imp. Gcias).
4. Se destaca que todos los contratos de locación fueron suscriptos por Viviana Noemí Martín o Claudio Marcelo Geisbuhler en nombre y representación de los locadores/adjudicatarios de las unidades funcionales.
5. Con todas las respuestas se adjunta un documento privado titulado "Ratificación de lo actuado" con certificación notarial de firmas de fecha 29/10/2012, es decir, posterior a la recepción de los requerimientos cursados por la inspección, donde los fiduciantes/consorcistas expresan que han conferido un poder tácito a favor de Viviana Noemí Martín a fin de que administre los inmuebles, los dé en locación y perciba los montos de los alquileres, agregando que han cobrado dichos alquileres y que nada tienen que reclamar Martín por tal concepto.
6. En todos los casos los fiduciantes/consorcistas declaran en las multinotas presentadasque las unidades funcionales están destinadas a alquiler, exponiendo los ingresos obtenidos; no obstante ello ninguno declaraba al momento de las respuestas -noviembre de 2012- rentas de primera categoría por alquileres.
7. En cuanto al origen de los fondos que habrían sido destinados a las inversiones inmobiliarias en cuestión, las respuestas de los fiduciantes/consorcistas remiten en términos generales a ahorros personales, sin aportar en ningún caso documentación respaldatoria que justifique acabadamente la existencia material de las sumas de dinero involucradas, a fin de dar sustento a sus dichos.
8. En orden a la forma en que se habrían efectuado los aportes, las respuestas coinciden en el sentido de que se efectuaron en efectivo y en entregas parciales en mano, sin conservar ninguna documentación de respaldo -v.g. recibos-debido a la confianza depositada en los cónyuges Geisbuhler- Martín por los lazos familiares existentes, no obstante la importancia de las sumas de dinero involucradas.
En síntesis, el Fisco sostiene que no resulta posible el seguimiento del circuito económico del dinero por no contar con bancarización ni respaldo documental en ninguna etapa, puesto que tanto los aportes de los presuntos inversores para financiar la construcción de los edificios, como así también el cobro de los alquileres por parte de los adjudicatarios de cada una de las unidades funcionales se efectuaron en todos los casos en efectivo, sin dejar rastros ostensibles y/o pruebas que permitan acreditar de manera fehaciente e indubitable la operatoria invocada. En cuanto a la capacidad económica de los presuntos fiduciantes y consorcistas, el área fiscalizadora destaca que tuvieron ingresos modestos durante los períodos involucrados por ser jubilados en algunos casos y en otros monotributistas inscriptos en categorías bajas, sin acreditaciones bancarias importantes ni bienes que permitan justificar la magnitud de las inversiones que sostienen haber realizado para la Construcción de los edificios, siendo ilustrativo remitirse al efecto a lo manifestado en las multinotas presentadas donde los supuestos fiduciantes/consorcistas declaran haber aportado sumas importantes, tales como el caso de Noemí Anita Locatelli -$ 115.468-; María de las Mercedes Moyano -$ 100.000-; Italia Josefa Morichetti -$195.948-; Miriam Beatriz Geisbuhler-$ 101.000-, etc. (fs. 615/17, 915/17, 693/95 y 967/68 a.a. Imp. Ganancias).
Por lo tanto, advierte el Fisco Nacional que no se ha acreditado en las actuaciones la existencia de dinero disponible en cabeza de los presuntos fiduciantes/consorcistas a fin de cumplir con aportes de la magnitud que se invoca, como así tampoco se probó la entrega de los fondos ni la fecha cierta en que se habría efectuado, por tratarse en todos los casos de remesas parciales entregadas en mano y en efectivo, sin documentación de respaldo, lo que arroja más incertidumbre acerca de la efectiva participación de dichos sujetos en el negocio inmobiliario emprendido por los cónyuges Geisbuhier — Martín.
A lo expuesto agrega la fiscalización que los presuntos inversores no registraban presentaciones de los Impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales, declarando la propiedad de los departamentos que les habrían sido adjudicados y la renta de primera categoría por los alquileres que habrían percibido, conforme sus propios dichos. Recién con posterioridad al inicio de las acciones de fiscalización, los fiduciantes/consorcistas presentan declaraciones juradas extemporáneas de los gravámenes señalados en el párrafo anterior, exteriorizando las unidades funcionales y las rentas por alquileres, lo que puede considerarse como otra maniobra intentada para otorgar algún indicio de veracidad en cuanto a la efectiva participación de tales sujetos en el negocio inmobiliario, lo que aparece desvirtuado por la abundante prueba reunida en las actuaciones, tal como se ha señalado en los considerandos que anteceden.
Por todo lo expuesto, la fiscalización concluye que las figuras del fideicomiso y del consorcio de copropietarios, esta última no instrumentada formalmente, han sido utilizadas como un artificio o pantalla para encubrir el negocio real subyacente, esto es, la contrucción de los inmuebles por parte de los cónyuges Geisbuhler — Martín con fondos propios que fueron excluidos de la tributación.
En otro orden, en lo que se refiere a la casa habitación de la contribuyente, ubicada en calle Tres Sargentos N° 4010 de Bahía Blanca, la fiscalización dedujo el importe adeudado al 31 de diciembre cada uno de los períodos auditados en concepto de un crédito hipotecario otorgado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, tal como resulta del instrumento público cuya copia se glosa a fs. 3 a 19 de los actuados.
En este sentido cabe recordar que el artículo 22 de la Ley N° 23.966 (t.o. 1997) dispone en su inciso a) que 'De tratarse de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, o del causante en el caso de sucesiones indivisas, del valor determinado de conformidad a las disposiciones de este inciso podrá deducirse el importe adeudado al 31 de diciembre de cada año en concepto de créditos que hubieren sido otorgados para la compra o construcción de dichos inmuebles o para la realización de mejoras en los mismos."
Además se efectuaron ajustes de menor magnitud en los rubros "derechos reales" y "depósitos en dinero" en base a la documentación apodada y a la información obtenida en las bases de datos del organismo, como dan cuenta las planillas anexas que se adjuntan.
Así, en cuanto al rubro "derechos reales" se consideraron los importes que resultan de las bases de datos del organismo, tal como consta en las impresiones de pantalla agregadas a fs. 1552 a 1560 de las actuaciones del Impuesto a las Ganancias.
Con respecto a "depósitos en dinero" la fiscalización computó los saldos que resultan de los resúmenes del Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. (cuenta corriente N° 6511-7-082-4) que se agregan a a fs. 44/100 y 508/29 (a-a. Imp. Ganancias), los que se encuentran gravados por el tributo conforme al artículo 34 del Decreto N° 127/96, reglamentario de la Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales.
En orden a los objetos personales y del hogar, se calcularon los importes a computar en los períodos involucrados considerando lo dispuesto en el artículo 22, inciso g) de la ley del tributo que establece que «... El monto a consignar por los bienes comprendidos en este inciso no podrá ser inferior al que resulte de aplicar el cinco por ciento (5%) sobre la suma del valor total de los bienes gravados situados en el país y el valor de los inmuebles situados en el exterior sin computar, en caso de corresponder, el monto de la exención prevista en el inciso O del artículo 21 de la presente ley", arribándose así a un total de bienes gravados de $ 835.173,99.-; $ 821.729,90.- y $ 810.905,67.- para los años fiscales 2008, 2009 y 2010, respectivamente.
En lo relativo al ajuste en Impuesto a las Ganancias se efectuaron ajustes de menor magnitud relativos a los ingresos de cuarta categoría, gastos y deducciones generales.
V. Que, en primer lugar, corresponde avocarse al tratamiento del planteo de nulidad opuesto por la actora, por cuanto considera que los actos apelados carecen de causa válida, objeto, motivación y vicios en el procedimiento. Cabe señalar, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
Que respecto de lo estrictamente formal, la resolución determinativa de autos, en cuanto acto administrativo, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Asimismo en lo relativo a los agravios de la recurrente referidos a la arbitrariedad alegada al sostener la misma que se ha prescindido de prueba ofrecida, cabe señalar que así como resulta cierto que el contribuyente tiene derecho a ofrecer pruebas durante el procedimiento administrativo, el juez administrativo interviniente tiene el deber de evaluar su admisibilidad procesal, circunstancia que se encuentra cumplida en el acto recurrido en su hoja 33/36 y 34/38 (ver fs. 34/37 y 264/267 de autos). Esta evaluación discrecional cae, por supuesto, dentro de la órbita jurisdiccional de este Tribunal quien juzgará, en definitiva, sobre la pertinencia o ilegitimidad de la resolución adoptada en la etapa anterior, pero para lo cual, deberá, necesariamente entrar al examen de la cuestión de fondo controvertida y como esta fue propuesta por ambas partes. Solamente dicho examen permitirá a este Tribunal evaluar, a la postre, la justeza del rechazo probatorio en sede fiscal, agravio que se torna inviable en proporción excepcional.
Que, la ponderación de la admisibilidad o pertinencia de las medidas propuestas por el contribuyente, realizada por el Juez Administrativo, resulta un aspecto del acto que se encuentra dentro de la potestad revisora de este Tribunal. Empero, aun en el caso de una “desestimación arbitraria” de las medias, tal agravio no resulta suficiente, por sí solo para ocasionar la nulidad del acto en un planteo por vía excepcional, aunque pueda originar, sin dudas, la revocación del mismo al momento de analizar el fondo de la cuestión controvertida. En consecuencia, no corresponde acoger los agravios de nulidad articulados por la recurrente.
Que corresponde señalar aquí que, dicho planteo no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido recientemente la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VI. Que en primer lugar corresponde señalar que respecto a los ajustes en los rubros "derechos reales" y "depósitos en dinero" correspondientes al Impuesto sobre los Bienes Personales la actora no esboza agravios en su escrito de inicio por lo cual corresponde su confirmación.
Asimismo en el Impuesto a las Ganancias se efectuaron ajustes de menor magnitud relativos a los ingresos de cuarta categoría, gastos y deducciones generales, respecto de los cuales la contribuyente no ha opuesto defensa alguna, por lo que corresponde también su confirmación.
VII. Que entrando al análisis de los argumentos expuestos en los recursos interpuestos en autos, corresponde adelantar que en el caso de marras no se ha acreditado la existencia de dinero disponible en cabeza de los presuntos fiduciantes/consorcistas a fin de cumplir con aportes de la magnitud que se invoca, como así tampoco se probó la supuesta entrega de los fondos ni la fecha cierta en que se habría efectuado, por tratarse según lo manifestado en todos los casos de remesas parciales entregadas en mano y en efectivo, sin documentación de respaldo, lo que no permite tener certeza alguna acerca de la intervención de dichos sujetos en el negocio de marras.
Que con respecto al Edificio Camila I, corresponde señalar que conforme surge de la Ley 24.441 (B.O. 16/01/1995), artículo 1°, la misma establece “Habrá fideicomiso cuando una persona (fiduciante) transmita la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiario), y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario.”
Corresponde destacar que del texto legal citado se desprende que no puede confundirse en un mismo sujeto las calidades de fiduciante y fiduciario, puesto que el primero debe transmitir los bienes en propiedad fiduciaria al segundo con el objeto de resguardar el propósito final del fideicomiso. En tal sentido en el caso de marras se advierte que se unifican en las mismas personas los roles fiduciantes y fiduciarios, ello en virtud del contrato constitutivo del fideicomiso que si bien no se estableció esta unificación de roles, al haber otorgado la fiduciaria amplios poderes a favor de los fiduciantes Viviana Noemi Martin y Claudio Marcelo Geisbuhler, condujo materialmente a esta finalidad.
Corresponde señalar que la fiscalización actuante enumera y detalla las pruebas glosadas en las actuaciones que acreditan que todos los actos de gestión, administración y disposición fueron efectuados exclusivamente por Viviana Noemí Martín y Claudio Marcelo Geisbuhler, sin ninguna intervención de la fiduciaria, a quien la ley le asigna un rol primordial, ni de los demás fiduciantes, tales como:
“- Escritura N° 266 de fecha 24/04/2009 obrante a fs. 540 a 554 donde Viviana Noemí Martín en nombre y representación de la fiduciaria Peña transfiere el dominio de la unidad funcional doce en la suma de $ 32.070.- a favor de Rolando Riccioti y Alicia Haydee Maccari y les ratifica la posesión material otorgada el 30/03/2007 mediante "Cesión de condición de beneficiario" (fs. 545) suscripto por Claudio Marcelo Geisbuhler en nombre y representación de Italia Josefa Morichetti (cedente), cesión efectuada por el precio total y convenido de $ 60.000.
- Escritura N° 267 de fecha 24/04/2009 obrante a fs. 555 a 573 donde Viviana Noemí Martín en nombre y representación de la fiduciaria Peña transfiere el dominio de la unidad funcional catorce en la suma de $ 36.636,71.- a favor de Estela Nora Trentini y le ratifica la posesión material otorgada el 23/03/2007 mediante "Cesión de condición de fiducíante-beneficiario" (fs. 562) suscripto por Claudio Marcelo Geisbuhler en nombre y representación de Eduardo Adolfo Martín (cedente), cesión efectuada por el precio total y convenido de $ 60.000.
- Convenio privado de fecha 17/06/2005 a fs. 367 por medio del cual Viviana Noermí Martín y Julio Daniel Encina (maestro mayor de obras) dan por concluida la relación contractual que los vinculaba en relación al proyecto y cálculo de un edificio multifamiliar a construirse en calle Aguado N° 33 de Bahía Blanca. - Nota de fecha 22/06/2005 suscripta por el ingeniero civil Claudio Marcelo Geisbuhier, dirigida al Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, por la que solicita la exención de la Presentación de contrato para desempeñarse como director técnico del proyecto de vivienda multifamiliar a construirse en Aguado N° 33 de esta ciudad, atento que la obra será realizada con capital propio sobre un terreno de su propiedad, es decir que estaría oficiando el doble rol de profesional actuante y comitente (fs. 364).
- "Certificado de tareas de constructor' expedido por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito X, a solicitud del arquitecto Luis Daniel Alessandra para ser presentado ante la Muncipalidad de Bahía Blanca correspondiente a la obra "vivienda multifamiliar propiedad de Viviana Martín", ubicada en Aguado N° 33 de Bahía Blanca (fs. 365).
- Nota de la Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A. -EDES- recibida el 11/12/2012 donde se informa que la Sra. Viviana Martín figura como titular de los suministros de calles Aguado N° 29, Aguado N° 33, 19 de Mayo N° 764 y 12 de Octubre N° 541 de Bahía Blanca (fs. 1259/69).
- Contrato de fecha 24/08/2005, aportado a la fiscalización por el Departamento de Contralor de Obras Particulares de la Municipalidad de Bahía Blanca, para la realización de la dirección ejecutiva de la instalación eléctrica completa en el inmueble ubicado en Aguado N° 33, siendo la comitente Viviana Noemí Martín Y el profesional Mauricio Miguens, ingeniero electricista (fs. 355/59).-
Autorización para la solicitud de suministro de energía en el inmueble de Aguado N° 33, suscripta por Viviana Noemí Martín en calidad de propietaria, recibida con fecha 23/02/2007 'por parte del Departamento de Electricidad Y Mecánica del municipio bahiense (fs. 360/611).”
Asimismo corresponde hacer mención a la declaración testimonial de María Luisa Peña efectuada en sede administrativa, a fs. 320 a 323 del cuerpo A.A., donde reconoce haber suscripto el contrato de fideicomiso en calidad de fiduciaria, indicando que no llevalibro Diario, Inventarios y Balances ni Registro de Beneficiarios, que desconoce si el fideicomiso se encuentra inscripto como agente de retención, que no sabe quienes son los proveedores de materiales y servicios, asimismo desconoce donde se construyó el edificio y destaca que no entregó ninguna documentación a los fiduciantes puesto que no lleva la administración de la balances, construcción y que no efectuó liquidación ni repartición de remanentes.
Por otro lado declara que no percibió honorarios ni realizó ningún trámite vinculado con el fideicomiso, hace mención a que solo firmó el contrato de fideicomiso y el poder a favor de los cónyuges Geisbuhler- Martin "en carácter carácter de de amistad y confianza". Corresponde destacar que a partir de lo expuesto la figura legal del fideicomiso se ve absolutamente restringida a partir de los poderes absolutos conferidos por la fiduciaria y los demás fiduciantes al matrimonio Geisbuhler - Martín, lo que desnaturaliza la figura jurídica utilizada. Corresponde destacar que la actuación de Peña se limitó a tareas menores o meramente formales en oposición a las relevantes, sustanciales e importantes para la consecución del objeto del Fideicomiso que estuvieron a cargo del matrimonio integrado por la responsable del título.
Por otro lado de la cuenta corriente N° 123-3-21560-9 del Banco HSBC cuyo titular es el fideicomiso no registra movimientos (fs. 1707/9), a lo que cabe agregar que el único firmante autorizado para operar con dicha cuenta no es la fiduciaria María Luisa Peña sino el Sr. Geisbuhler Claudio Marcelo, tal como consta en la nota presentada por la entidad bancaria a fs. 2621 de estos actuados.
Respecto del edificio en la calle 19 de Mayo N° 764 de esta ciudad se verifica la misma situación, ya que el control absoluto del emprendimiento estuvo en manos de los cónyuges Geisbuhler - Martín, en virtud del poder especial otorgado a su favor por los presuntos consorcistas, quedando así ampliamente facultados para ejecutar actos de administración y disposición, tal como puede hacerlo quien detenta derechos de dominio. Entonces, se advierte idéntico manejo de los negocios por parte del matrimonio en esta nueva obra.
Que en cuanto a la capacidad económica de los fiduciantes/consorcistas, cabe reiterar se trata de personas que tuvieron ingresos modestos durante los períodos involucrados sin acreditaciones bancarias importantes ni bienes que permitan justificar la magnitud de las inversiones que sostienen haber realizado para la construcción de los edificios. En efecto en algunos casos resultan ser jubilados y en otros monotributistas inscriptos en categorías bajas, sin acreditaciones bancarias importantes ni bienes que permitan justificar la magnitud de las inversiones que sostienen haber realizado para la construcción de los edificios.
Corresponde destacar que no se se probó la entrega de los fondos ni la fecha cierta en que se habría efectuado, no habiendo acreditado en las actuaciones ni en esta instancia la existencia de dinero disponible suficiente en cabeza de los presuntos fiduciantes/consorcistas a fin de cumplir con aportes de la magnitud que se invoca, en tal sentido resulta acertado el criterio esbozado por la fiscalización actuante que dichos sujetos no tuvieron efectiva participación en el negocio inmobiliario emprendido por los cónyuges Geisbuhler – Martin.
Corresponde señalar que en autos resultó cuestionable la efectiva participación de tales sujetos en el negocio inmobiliario. En tal sentido es dable señalar que al inicio de las acciones de fiscalización, los fiduciantes/consorcistas presentaron declaraciones juradas extemporáneas de los gravámenes, exteriorizando las unidades funcionales y las rentas por alquileres.
En cuanto a la prueba informativa producida en esta instancia referida a los plazos fijos, se observa que o bien se trata de certificados constituidos en forma conjunta y a la orden recíproca con los cónyuges Geisbühler y/o Martin, que no acreditan la titularidad individual de los fondos por parte de los familiares ante la falta de ingresos de magnitud suficiente en cabeza de los mismos que permita justificar dichos ahorros, o bien como en el caso de los plazos fijos del Sr. Manlio Arturo Geisbuller (vide fs. 525/533 de autos), se informan plazos fijos con fechas de depósitos entre el 9/8/2007 al 14/4/2011, siendo los últimos con fecha de pago 17/5/2011, observándose salvo escasas diferencias la reinversión de los mismos montos durante ese periodo (vease fs. 532) lo que evidencia que no han sido aportados estos montos como lo pretende demostrar la actora.
Cabe señalar que con respecto a la prueba testimonial producida por la actora, este Tribunal tiene dicho en reiteradas oportunidades, en consonancia con cita de doctrina jurisprudencial de nuestro Alto Tribunal, que la prueba testimonial en sede fiscal posee un valor probatorio acotado. Al respecto, y entre otros, cabe citar lo señalado por esta Sala in re "Wree Helmuth Tomás" (sentencia del 30/9/2002) donde se dijera "Que, la prueba testimonial en materia fiscal tiene un valor probatorio acotado, frente a otras circunstancias que resultan probadas...Que, las personas deponentes revestían, en varios casos, características de cuasi dependientes, familiares o amigos del actor...Que, al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene inveteradamente resuelto que la prueba para desvirtuar la determinación del Fisco puede ser ampliamente desarrollada “aunque claro está que esa prueba no puede consistir únicamente... en certificaciones testimoniales de sus propios dependientes...porque de admitirse tal procedimiento, los fraudes fiscales quedarían impunes” (CSJN in re S.I.A.
S.A. 06/09/1967)."
Que, en tal sentido la prueba testimonial ofrecida, la que en modo alguno resulta apta para conmover una determinación como las que aquí se encuentran en crisis, no acreditan la titularidad de los fondos por parte de los familiares ante la falta de ingresos de magnitud suficiente en cabeza de los mismos que permita justificar dichos ahorros.
Que en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto Ledesma, Amalia, TFN, Sala D, 18/07/2001, Inmobiliaria Quesada SRL, TFN, Sala A, 11/04/2000, Campisi, Benito, Sala B, 10/05/1999, Bur, Delia Matilde, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996).
Que como ya se ha dicho al respecto, “Quien invoca ciertos hechos como fundamento de su pretensión tiene la carga de acreditarlos (art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), y si no logra cumplir con esa carga mediante la actividad probatoria desarrollada durante el juicio, corre el riesgo de que su acción sea rechazada” (cfr. Fallos 331:881).
Atento lo expuesto corresponde confirmar los actos apelados. Con costas.
VIII. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
IX. Que corresponde ahora analizar el aspecto infraccional de las resoluciones en crisis. Que con relación a la multa por defraudación debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”.
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. -
SALA V – 29/3/1999).
Que no puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que más allá de encontrarse acreditado vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al Organismo Recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo.
Que por su parte, tal como sostuvo la Sala V in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) cabe dejar en claro que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314. b) En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no sólo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria, en atención a que supo que la información contenida en la declaración jurada presentada no se correspondía con las constancias de los registros.
Que en virtud de lo expuesto, encontrándose acreditado en forma clara y suficiente la intención dolosa de defraudación, es decir, la existencia del ardid, maniobra o engaño y no solamente el resultado omisivo del gravamen, corresponde confirmar las multas aplicadas al contribuyente de autos.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determina impuesto, intereses y multas. Con costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.12.06 16:48:52 ART Date: 2022.12.07 16:58:33 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.12.07 17:07:03 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.07 17:07:42 -03:00
Fin de la sentencia