Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
I. Confirmar parcialmente las determinaciones de oficio en el impuesto a las ganancias y el impuesto sobre los bienes personales, período fiscal 2005. Costas en la medida de los respectivos vencimientos.
II. Ordenar a la AFIP-DGI que en el plazo de treinta (30) días practique la correspondiente reliquidación. A tal efecto deberá la representación fiscal retirar los antecedentes administrativos de la causa de la Mesa de Entradas de este Tribunal dentro del quinto día de notificada la presente.
I. Que a fs. 18/30vta. y fs. 76/88 la contribuyente Alicia Esther Pombo interpone sendos recursos de apelación contra las resoluciones emitidas por la Dirección Regional Centro de la AFIP-DGI en fecha 18 de noviembre de 2016: (i) N° 346/2016 (DV CRR2) mediante la cual se le determina en forma parcial la materia imponible en el Impuesto sobre los Bienes Personales, periodo fiscal 2005 en la suma de pesos nueve mil seiscientos treinta y siete con noventa y cinco centavos ($ 9.637,95) y le liquida el monto de pesos treinta y un mil treinta con noventa y nueve centavos ($ 31.030,99) en concepto de intereses resarcitorios; (ii) N°345/2016 (DV CRR2) mediante la cual le determina en forma parcial la materia imponible en el Impuesto a las Ganancias, periodo fiscal 2005, en la suma de pesos cuatrocientos setenta y un mil trescientos cincuenta con nueve centavos ($ 471.350,09) y le liquida el monto de pesos un millón quinientos diecisiete mil quinientos noventa con diecisiete centavos ($ 1.517.590,17) en concepto de intereses resarcitorios.
Expone que la postura del fisco nacional carece de fundamento legal que lo avale como un acto administrativo a poco que se advierte sin dificultades que mal se le pueden determinar los ajustes que impugna a una mujer casada que no realizaba otra actividad que la de haber sido una ama de casa. Manifiesta que al contraer matrimonio con el Sr. Antonio Juan Cotta Ramusino dejo de trabajar y que desde el año 2007 goza del carácter de jubilada, percibiendo únicamente los haberes correspondientes del régimen previsional nacional.
Explica que al encontrarse jubilada no le correspondía la obligación de inscribirse y presentar declaraciones juradas en el impuesto a las ganancias pues solo puede sufrir retenciones –en caso de proceder- cuando percibe mensualmente sus haberes previsionales. Con respecto a bienes personales, tampoco le correspondía su inscripción y la obligación de presentar declaraciones juradas en virtud que su marido es quien declara y tributa el gravamen por los bienes que integran el activo de la sociedad conyugal.
Ello así, afirma que no tenía ninguna obligación legal de inscribirse como contribuyente ante la AFIP-DGI por no serle exigible tal deber formal. En consecuencia, rechaza la aplicación del plazo decenal establecido en el artículo 56, inc. b) de la ley 11.683 para los contribuyentes no inscriptos, tal como ha procedido el fisco nacional a los fines de realizar los ajustes, invocando su derecho de gozar de la prescripción quinquenal.
Afirma que no puede aportar documentación relacionada a la cuenta N° 40515AL en el HSBC BANK SUIZA (COD. 5091366734) ni conferir información relativa a los fondos allí depositados y sus movimientos, en tanto desconoce su existencia y mal pudo haber poseído tales ingresos considerando su carácter de ama de casa y jubilada. Ofrece prueba informativa y testimonial. Formula reserva del caso federal. Solicita se revoquen las resoluciones apeladas, con costas.
II. Que a fs. 47/52 y fs. 102/107 la representación fiscal contesta los recursos cuyo traslado se le confiere. Con relación a la aplicación del plazo decenal para el caso de contribuyentes no inscriptos, ratifica la procedencia en el caso en tanto constató que la responsable no se hallaba inscripta ante el organismo fiscal para el período 2005 bajo análisis, advirtiendo que solo poseía número de CUIL y, en consecuencia, no presentó declaraciones juradas de Ganancias ni de Bienes Personales. Agrega que fue dada de alta de oficio por el organismo en fecha 04/01/2015 para los citados gravámenes.
Advierte que no resultan procedentes los argumentos de la recurrente referidos a su calidad de jubilada toda vez que registra tal condición desde el 14/03/2007; siendo que en el periodo fiscal 2005 –objeto del ajuste de las presentes actuaciones- la misma no se encontraba inscripta aun teniendo la obligación de hacerlo atento a haberse detectado una cuenta bancaria en el exterior de su titularidad y no declarada por la contribuyente. Ello así, concluye que en el ejercicio 2005 la nombrada revestía la calidad de contribuyente no inscripta ante el Fisco Nacional, que no presentó declaración jurada alguna y por lo tanto, sujeta al plazo de prescripción decenal establecido en la ley de rito.
Con relación a los ajustes de fondo, señala que la apelante manifestó desconocer la cuenta N°40515AL existente en el HSBC BANK SUIZA descubierta por la administración tributaria nacional, no aportando documentación respaldatoria alguna. Destaca que correspondía a la recurrente demostrar el forma indubitable que el monto de aquella cuenta bancaria no le pertenecía, o en su caso, que perteneciéndole, no forma parte de materia gravada, lo que no aconteció en el caso, resultando procedentes los ajustes proyectados.
Cita jurisprudencia. Acompaña los antecedentes administrativos. Se opone a la prueba ofrecida por la recurrente. Solicita se rechacen las apelaciones intentadas, con expresa imposición de costas.
III. Que a fs. 132 se elevan las presentes actuaciones a conocimiento de la Sala “B” y a fs 133 se disponen los autos para el dictado de sentencia.
IV. Que a efectos de resolver la cuestión traída a decisión de este Tribunal corresponde, en primer lugar, dar tratamiento a la prescripción planteada por la actora con relación a las acciones y poderes del fisco para determinar sus obligaciones en el impuesto a las ganancias e impuesto sobre los bienes personales, período fiscal 2005, invocando la inaplicabilidad a su caso del plazo decenal establecido en el artículo 56, inc. b) de la ley N° 11.683 para los contribuyentes no inscriptos. Cabe recordar que la normativa en pugna dispone “Las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley, y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras en ella previstas, prescriben:… b) Por el transcurso de DIEZ (10) años en el caso de contribuyentes no inscriptos”.
Que de las constancias obrantes en los antecedentes administrativos (vide fs. 1 y 3 de las actuación N°10620-2670-2015 y fs. 32 del cuerpo de bienes personales) emerge que en el periodo fiscal 2005 la recurrente no se encontraba inscripta ante el organismo fiscal en ningún impuesto, careciendo de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT). Asimismo, obra acreditado que fue dada de alta de oficio en el impuesto a las ganancias y en el impuesto sobre los bienes personales en fecha 04/11/2015 (vide fs. 32 del cuerpo de bienes personales).
En tal sentido, corresponde señalar que de la lectura de los escritos de apelación interpuestos ante este Tribunal surge que la recurrente reconoció no encontrarse inscripta, explicando que no tenía obligación de hacerlo ni de cumplir con la presentación de las declaraciones juradas de ganancias por ser ama de casa y revestir el carácter de jubilada desde el año 2007; y en cuanto a los bienes personales, en virtud que la presentación era efectuada por su marido, el Sr. Antonio Juan Cotta Ramusino, por los bienes que forman parte de la sociedad conyugal.
Ello así, asiste razón al fisco nacional cuando aplica a la apelante el plazo decenal a los fines de las determinaciones practicadas, habiendo constatado que no poseía CUIT ni se encontraba dada de alta en los impuestos ajustados en el período 2005, hecho que además no ha sido negado por la recurrente, tal cual se advirtió.
Por lo considerado, se rechaza el planteo intentado por la actora, correspondiendo a su caso la aplicación del plazo decenal establecido en la ley de rito para los contribuyentes no inscriptos, siempre que hubieren tenido la obligación de hacerlo, como prima facie surge del caso de autos, teniendo presente que el fisco descubrió una cuenta bancaria con fondos allí depositados, de titularidad de la recurrente, sin que la misma haya declarado tales bienes. Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado reiteradamente el principio según el cual la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir del texto legal (Fallos: 312:2078). Cuando la letra de la ley no exige esfuerzo en su hermenéutica debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (Fallos: 311:1042), máxime cuando, como ocurre en este caso, la prescripción legal es clara, no exige un esfuerzo de integración con otras disposiciones de igual jerarquía ni plantea conflicto alguno con principios constitucionales (Fallos: 327:5614).
Toda vez que el planteo de prescripción no fue tratado como de previo y especial pronunciamiento sino como una defensa más frente a la pretensión fiscal, no puede considerarse de forma escindida o autónoma respecto de la unidad de la sentencia a los efectos de la imposición de costas (arg. C.S.J.N, in re “Colorín IMSSA (T.F.N 24.123-I) c/DGI” sentencia del 2 de Julio de 2013).
V. Que entrando al análisis del fondo del asunto traído a decisión, conviene comenzar por destacar que este Tribunal tiene dicho que “los métodos presuntivos para la determinación de tributos, son alternativas válidas que habilita la ley a favor de la Administración para que pueda cumplir sus objetivos en aquellos casos en que, debido a la inexistencia de elementos, registración con notorias falencias, o documentación que no resulte fehaciente...deba recurrir en forma supletoria o complementaria a esta metodología para cuantificar la base imponible” (cfr. entre otros, Armotec SACIFIC, TFN, Sala B, 10/02/1999, "Victorio Américo Gualtieri S.A.", 08/05/2007). El legislador ha aceptado la necesidad de implantar métodos indiciarios con el propósito de contrarrestar la evasión fiscal. La validez de los mismos dependerá de que su uso guarde razonable correspondencia con los restantes elementos de convicción obrantes en la causa (doctrina de CNACAF, Sala I, in re “Casado Abel y otros”, 7/5/93).
Que el Fisco Nacional ha obtenido información de la Administración Tributaria Francesa relativa a la tenencia de cuentas bancarias en el HSBC de Suiza por parte de ciudadanos argentinos. De la información en cuestión surge, conforme las planillas obrantes a fs. 11/12 de los antecedentes administrativos (vide actuación N°10620-2670-2015) la existencia de dinero en la Cuenta identificada con el N° 40515AL (Código de perfil de cliente 5091366734) cuyos datos de perfil coinciden con los asignados a la aquí actora, no habiendo producido prueba alguna tendiente a desvirtuar las presunciones expuestas por el organismo fiscal.
Que, en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto Ledesma, Amalia, TFN, Sala D, 18/07/2001, Inmobiliaria Quesada SRL, TFN, Sala A, 11/04/2000, Campisi, Benito, Sala B, 10/05/1999, Bur, Delia Matilde, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996).
Cabe recordar que, si las manifestaciones de los contribuyentes no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración de los hechos y errores que le atribuye. Ello no ha acontecido en los presentes autos.
Que como tiene dicho la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede omitirse que -según reiterada doctrina, las resoluciones emanadas regularmente de la Dirección General Impositiva gozan de presunción de legitimidad -cfr. art. 12 de la ley 19.549- por lo que no resultaría ajustado admitir de inicio que ellas respondan a un obrar injustificado o abusivo (Fallos: 318:2431; 321:695; 325:2347, entre muchos otros) por lo que, "la peculiar naturaleza del acto cuestionado tiene a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)...". Asimismo, de seguirse otra tesitura "la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)" (cfr. CSJN in re "Romero SA", sentencia del 8/2/2005).
Al respecto cabe destacar que si bien este Tribunal (en virtud de lo dispuesto por el art. 146 de la ley 11683 -t.o. en 1978 sus modificaciones) tiene “...amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes...”, es jurisprudencia pacífica que en materia de prueba ello no implica “llegar al extremo de reemplazar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de la igualdad procesal” (en tal sentido ver D.F. XXII, -Compendio de Fallos- pág. 1183, referido a la causa: “Tameyfú S.R.L., Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal -Sala II- del 27/6/72, Tribunal Fiscal de la Nación C-833, del 26/3/71).
Que debe entenderse que incumbe a la apelante poner en movimiento la etapa de probanzas del proceso a fin de lograr el mayor grado de verdad -apodíctica-, esto es, lograr que a partir de las pruebas aportadas el juzgador llegue al mayor grado de certeza, eliminando la posibilidad de que las cosas o los hechos hayan sucedido de forma diferente a lo que se está aseverando. Ello no ha ocurrido en los presentes autos.
Que sentado ello, corresponde analizar ahora si se encuentra debidamente cuantificado el ajuste. En ese sentido, se advierte que yerra el fisco cuando endilga al apelante el 100% de la titularidad de los fondos existentes en la cuenta oculta, pues como bien surge de los antecedentes administrativos, existían tres titulares en pie de igualdad, a saber: la Sra. Alicia Esther Pombo, el Sr. Antonio Juan Cotta Ramusino y la Sra. Paula María Cotta Ramusino. En tal sentido, resulta improcedente que la apelante deba responder por la totalidad de aquellos.
Insistimos, de los antecedentes obrantes en la causa, surge sin dudas que eran titulares los sujetos arriba citados, sin precisarse en las resoluciones impugnadas las razones por las cuales el fisco nacional prosiguió con su pretensión únicamente contra la Sra. Pombo por la totalidad de los fondos depositados, lo que resulta improcedente, pues es menester que el fisco reclame a cada uno de los sujetos por el porcentaje que le corresponde, salvo que alguno de ellos asumiera la titularidad del todo, desvinculando al resto de los cotitulares, lo que no se encuentra acreditado en el presente caso. Atento lo expuesto, este tribunal considera que corresponde asignar a cada uno de los titulares de las cuentas, en partes iguales, el 33,33% del saldo existente en ella.
Que, en virtud de lo expuesto, se procede a confirmar parcialmente las determinaciones de oficio en el Impuesto a las Ganancias e Impuesto sobre los Bienes Personales, período fiscal 2005 -apeladas en autos- debiendo el Fisco Nacional proceder a reliquidar en función de lo resuelto en este Considerando.
VI. Que no habiéndose emitido agravios contra los intereses resarcitorios, corresponde su confirmación, debiendo ser reliquidados teniendo presente lo resuelto en el considerando precedente.
Por ello, SE RESUELVE:
I. Confirmar parcialmente las determinaciones de oficio en el impuesto a las ganancias y el impuesto sobre los bienes personales, período fiscal 2005. Costas en la medida de los respectivos vencimientos.
II. Ordenar a la AFIP-DGI que en el plazo de treinta (30) días practique la correspondiente reliquidación. A tal efecto deberá la representación fiscal retirar los antecedentes administrativos de la causa de la Mesa de Entradas de este Tribunal dentro del quinto día de notificada la presente. Se deja constancia que el plazo de treinta días acordado involucra el retiro y devolución de dichos antecedentes.
Regístrese, notifíquese, a la parte actora en el domicilio constituído y al organismo fiscal en el domicilio electrónico constituído -conforme lo dispuesto en Acta del Acuerdo celebrado el 8 de Septiembre de 2020 IF-2020-60084748--APN- VOCXXI#TFN, anexa a la RESOL-2020-44-APN-TFN#MEC – B.O. 11/09/2020-: en la CUIT: 27-28861196-9 (Dra. Sabrina Sánchez) y 33-69345023-9 (AFIP). Fecho, procédase a la impresión y agregación de la presente al expediente papel, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y, archívese.
Date: 2022.09.12 10:22:00 ART Date: 2022.09.12 16:31:00 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.09.12 17:02:37 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.09.12 17:02:56 -03:00
Fin de la sentencia