Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 25.562-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sanción de multa aplicada al recurrente, con costas.
I. Que a fs. 28/34vta. la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2557-2017 (DV JPOS) emitida el 24/11/2017 por el Jefe (Int.) de la Dirección Jurídica de la Dirección Regional Posadas de la Dirección General Impositiva. Mediante dicha resolución se aplica una multa de $233.991,61 respecto del Impuesto a las Ganancias período 2016, de conformidad con los arts. 46 y 47 incisos a) y c) y 49 de la ley 11.683. En primer lugar, la actora manifiesta que su actividad consiste en la construcción, reforma y reparación de edificios. Relata que el 17/10/2017 el Fisco Nacional instruyó sumario donde observa dos pasivos con las firmas Popelka S.R.L. y Credimaz S.R.L..
Señala que su representada en su descargo solicitó el reencuadre de la multa en el art. 45 de la ley 11.683, lo cual no modificó la tesitura fiscal.
Sostiene que no tuvo voluntad de ocultar o engañar al Fisco ya que los pasivos estaban registrados en su declaración y que, en oportunidad de la inspección, se rectificó la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias conformando el ajuste efectuado por el inspector.
Manifiesta que la resolución en cuestión no explica fundadamente la razón por la que corresponde la aplicación del art. 46 de la ley 11.683 y agrega que el Fisco debe partir de hechos ciertos y acreditados que razonablemente permitan inferir la existencia del elemento ardidoso.
Niega que sea correcto encuadrar la conducta de su mandante en las hipótesis de los incisos a) y c) del art 47 de la ley 11.683.
Esgrime que al no encontrarse acreditado el dolo de su mandante de manera fehaciente corresponde se reencuadre en el artículo 45 con más la reducción establecida en el art 49 de la ley de rito. Acompaña documental y ofrece instrumental en poder del Fisco, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
Por lo expuesto solicita se revoque en todas sus partes la resolución apelada, con costas.
II. Que, a fs. 33/46vta., se presenta el Fisco Nacional y contesta el recurso interpuesto por la recurrente, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos.
Manifiesta que a raíz de la inspección realizada, el contribuyente presentó la declaración jurada rectificativa conformando el ajuste y, que dicho accionar no es motivo de debate.
Señala que según el art. 13 de la ley 11.683 el declarante es responsable por la exactitud de los actos que contenga su declaración, sin que la presentación de otra posterior haga, aunque no le sea requerida, desaparecer dicha responsabilidad.
Señala que la rectificación conforme las observaciones efectuadas por la inspección fiscal, constituye un reconocimiento pleno de la conducta y será el infractor quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa, lo que -dice- no ha acontecido en autos.
En cuanto al error excusable añade que la recurrente no acreditó los elementos que la causal exonerativa de la responsabilidad precisa a efectos de su viabilidad.
Asimismo, manifiesta que no corresponde encuadrar en la figura culposa prevista en el art. 45 de la ley de procedimiento tributario, ni ser pasible de la causal eximente basada en error excusable y dice que el contribuyente no ha arrimado prueba que enerve la posición fiscal. En cuanto al art. 49 de la ley 11.683, señala que este ha sido aplicado.
Cita jurisprudencia en respaldo a su criterio y acompaña los antecedentes administrativos. Hace reserva del caso federal y solicita que se rechace el recurso intentado confirmando la resolución recurrida en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la recurrente.
III. Que, teniendo en cuenta lo informado por el Fisco Nacional en relación a que no resultan aplicables los términos de la Ley 27.541 (y modificatorias) a las presentes actuaciones, se elevan los autos a consideración de la Sala “B”.
IV. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. C/ Universidad de Buenos Aires s/ Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
V. Que, corresponde describir las constancias de autos que llevaron a la aplicación de la sanción apelada. Ello así, de conformidad con el Informe Final de Inspección obrante a fs. 8/13 del cuerpo de las actuaciones administrativas, la recurrente se encuentra inscripta en la AFIP como actividad principal construcción, reforma y reparación de edificios residenciales.
La verificación de la Administración se generó a efectos de cotejar la información que surgía de las bases de datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Así la inspección procedió a requerir cierta documentación, observando en la declaración jurada de Impuesto a las Ganancias un importe significativo de pasivos los cuales no figuraban detallados por número de CUIT por lo que se le consultó al contribuyente. Aportado el detalle se le solicitó la documentación de los pasivos con Popelka SRL y Credimaz.
Efectuadas las observaciones detectadas, el contribuyente procede a la presentación de la declaración jurada rectificativa de Impuesto al Valor Agregado correspondiente al período fiscal 12/2016 y la rectificativa de Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2016.
A instancias de la verificación realizada la contribuyente manifiesta que la deuda con la primer empresa corresponde a anticipos del cliente, cuya obra estaba en ejecución a la fecha del ejercicio, aclarando que Popelka S.R.L. al momento de la contratación se encontraba realizando los trámites constitutivos, los datos de sus representantes fueron aportados al inspector actuante, consultados dichos representantes informaron que no se terminó de realizar el trámite de inscripción, aportando el Contrato Social de Popelka S.R.L. (fs. 18 A.A.) Respecto a la deuda con Credimaz S.R.L. señala que corresponde a un préstamo que no fue documentado. (fs. 18 A.A.)
VI. Que, señalado ello, corresponde determinar si la multa aplicada por el Fisco Nacional se encuentra ajustada a derecho.
Que, sentado cuanto antecede, la sanción que se endilga encuentra sustento normativo en los arts. 46 y 47 incs. a) y c) de la Ley 11.683. Como sostuvo la Sala “B” in re “Sanguinetti Sergio Claudio” (Expte. nº 25.562-I) y en “Kank y Costilla S.A.” (05/11/2004) entre otros: “...el ilícito tributario previsto en el artículo 46 de la ley 11.683 requiere para su configuración la intención deliberada de no pagar el tributo en su justa medida y la realización de maniobras aptas para lograr este resultado, sin que ello sea advertido por el Fisco...”. En el caso del art. 47: “ ...Se produce por mandato legal, la inversión de la carga de la prueba, correspondiendo en consecuencia a la contribuyente probar que en la materialidad de los hechos que se enrostra y admite, no se asentaba el dolo presumido o el acaecimiento de alguna circunstancia imprevisible, caso fortuito, fuerza mayor, error de hecho o de derecho excusable, a fin de ser eximida de responsabilidad...”.
En lo que atañe al aspecto material de la multa aplicada, debe destacarse que la presentación de DDJJ rectificativas lo que revela, y así ha quedado plasmado en el acto que aquí se recurre, es que el contribuyente primitivamente no ha declarado el impuesto en su justa medida, siendo dicha declaración defectuosa la que, al no haberse producido prueba en contrario, lleva a estos juzgadores a tener por configurado el aspecto objetivo de la infracción que se endilga.
En cuanto al aspecto subjetivo, si la administración fiscal optara por encuadrar la conducta en el art. 46 de la ley de rito, debería producir las pruebas pertinentes a tales efectos, pero si opta por invocar las presunciones del art. 47 –como en el caso de autos-, deberá acreditar la circunstancia (hecho inferente) que, según la regla de experiencia aplicable al caso de que se trate, permita establecer la necesaria relación de causalidad que admita la activación de dichas presunciones (hecho inferido), presumiendo el dolo como sustrato subjetivo imprescindible del ilícito de que se trata, e invirtiendo la carga probatoria. Por lo tanto, si se analizan las presunciones utilizadas en la especie, debe puntualizarse que en el inciso a) del art. 47 de la ley 11.683 “...no es la simple contradicción lo que funda el presupuesto de hecho, sino que la misma requiere “gravedad” y en el inciso c) del mismo artículo, se requiere que la “...disconformidad sea "manifiesta", lo que exige que la disconformidad sea casi radicalmente opuesta a lo que la norma dice y no se trate de problemas de dudosa interpretación” (véase “Cochería Tacuarí de Campos y Cía. S.C.A.”, Sala “B”, de fecha 11/02/2008).
En el caso de autos, dichas circunstancias se encuentran acreditadas en autos, por cuanto se vislumbra de las actuaciones administrativas y de lo argumentado por el juez administrativo, que el monto a ingresar a la AFIP ascendió de $21.695,86 a $373.572,27 tras el ajuste efectuado, que además la parte actora no argumentó fundamentos de derecho ni aportó prueba tendiente a desvirtuar las presunciones aplicadas.
Siendo ello así, las presunciones se encuentran activadas conforme a derecho y a los hechos del caso, y correspondía a la parte actora demostrar la ausencia de dolo que la ley, de conformidad con lo expuesto, autoriza a presumir al Organismo Fiscal.
Por las consideraciones que anteceden, procede confirmar la multa apelada, con costas.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
Confirmar la sanción de multa aplicada al recurrente, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.12.14 14:22:03 ART Date: 2022.12.14 15:23:54 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.12.14 15:43:55 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.14 15:44:38 -03:00
Fin de la sentencia