Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 36.109-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaReencuadrar la conducta de la apelante en los términos del art. 45 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), graduada en un tercio del mínimo legal, costas en el orden causado.
I. Que, a fs. 30/45 la actora interpone recurso de apelación en los términos del art. 76, inc. b) de la Ley N°11.683 (t.o. en 1998 y modificaciones) contra la Resolución Nº 221693-02 de fecha 23/01/2012, notificada con fecha 26/03/2012, suscripta por la Sra. Jefa (Int.) de la División Jurídica de la Dirección Regional Mendoza de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos, mediante la cual se aplica sanción de multa de ($49.384,15), por el período fiscal 2008 en relación al Impuesto a las Ganancias en virtud de los artículos 46 y 47 inc. a) de la Ley 11.683 texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.
Que, por otro lado, a fs. 113/127 (Expte. N° 36.109-I acumulado) la actora interpone recurso de apelación en los términos del art. 76, inc. b) de la Ley N°11.683 (t.o. en 1998 y modificaciones) contra la Resolución Nº 221692-02 de fecha 23/01/2012, notificada con fecha 26/03/2012, suscripta por la Sra. Jefa (Int.) de la División Jurídica de la Dirección Regional Mendoza de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos, mediante la cual se aplica sanción de multa por los períodos fiscales julio y septiembre de 2008 de ($1.228,51) y ($2.690,91) respectivamente, en relación al Impuesto al Valor Agregado en virtud de los artículos 46 y 47 inc. a) de la Ley 11.683 texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.
Plantea, como cuestión de previo y especial pronunciamiento que se declare la nulidad de los actos administrativos recurridos, conforme a la gravedad de los vicios que contienen las resoluciones apeladas.
Indica que, el personal del Órgano Fiscal realiza una fiscalización por el período 2008 de Impuesto a las Ganancias, donde las tareas realizadas consistieron en realizar requerimientos de información y documentación a la aquí recurrente, los cuales señala fueron cumplidos totalmente, aportando la contribuyente la documentación solicitada, y destaca que los registros cumplen con los requisitos establecidos en la norma vigente.
Manifiesta que el Fisco Nacional conforme a la presentación de las declaraciones juradas rectificativas, lo utiliza como argumento para sostener una conducta disvaliosa de su parte, y con ello aplicar la sanción de defraudación, por entender que la maniobra llevada a cabo por la contribuyente era dolosa.
Indica que realiza la actividad de consignación de cereal, es decir es un sujeto que opera en la intermediación de granos, lo cual significa que las compras la realiza a productores, o a otros acopios, da lugar a liquidaciones (productores) o facturas que emiten los intermediarios a los que compra. Esta modalidad la hace porque a veces no se llega con los cupos pactados en los contratos de venta con los exportadores o industriales, destino final del grano vendido. Manifiesta que ha tenido una conducta de colaboración con el accionar del fisco. En cuanto a los comprobantes y registros, nada se ha observado, tal cual consta en los considerandos de las resoluciones. Igual opinión asume el fisco, en relación a los medios de pago utilizados, donde no hace observación alguna; es más, tiene expresiones que indica el cumplimiento por parte del contribuyente.
En cuanto a las observaciones efectuadas por el Fisco al proveedor Cooperativa Agrícola Ganadera Forestal Granjera Unión Limitada, dice que del control del CAI, como las determinaciones del impuesto, menciona tasa y exteriorización del crédito fiscal, no hay observación que realizar. En cuanto a la sustentación económica, menciona en los considerandos “posee bienes registrables”; hay “erogaciones por conceptos previsionales”, en relación a bienes dice “posee bienes registrables”, finalmente en relación al circuito de pago, expresa “fue cumplido sin observaciones”; a lo que agrega que existen retenciones practicadas a este contribuyente, y en otro párrafo posterior expresa que se ha comprobado los depósitos bancarios. Lo cual incurre en una contradicción, no se puede afirmar estos hechos y considerar que no tiene sustento económico, sin duda una incongruencia notoria y manifiesta.
Manifiesta que surge una contradicción en la calificación del domicilio, dado que específicamente dice: “domicilio se encuentra clasificado como existente o desconocido”; con lo cual mal puede un domicilio ser desconocido y a la vez existente. Otra incongruencia notoria y manifiesta.
Sostiene que, en referencia a la inclusión en base APOC, debe tenerse en cuenta que la contribuyente opera por última vez, con COMERCIALIZACIÓN SAN LUIS SRL, con fecha 30 de junio de 2008, fecha en que se documentan las últimas operaciones con las facturas N° 028 y 030, tal cual surge del Registro de IVA Venta, mes de junio de 2008. Mientras que surge que recién con fecha 3 de octubre de 2008, se lo incorpora por parte del fisco en la base APOC, es decir mientras estuvo operando con la apelante, según el fisco no registraba ninguna irregularidad.
Destaca que, la posición que tenía dicho proveedor en el Registro Fiscal de Operadores de Compraventa de Granos y Legumbres Secas, RG 2300, la cual según surge de los registros fiscales es excluido con fecha 27 de octubre de 2008, en consecuencia, la operatoria de dicho proveedor era normal, según el fisco hasta que se realizó la última operación, por esta contribuyente.
Afirma que, estar inscripto en el mencionado registro significa que el Fisco ha realizado los controles pertinentes a los efectos de incorporarlo, con lo cual mal puede esta contribuyente sospechar lo que luego afirma el Fisco, la calidad de apócrifo. Dicha inscripción se realizó el 27 de noviembre de 2007, es decir, que se encontraba en vigencia el actual régimen, ergo, los controles que por entonces hacía el fisco previo a la incorporación eran más estrictos. Sostiene que, este proveedor, salvo la cuestión de la no contestación de requerimientos, no hay otros elementos que ameritan una conducta irregular o transgresora por parte de la Cooperativa, por lo cual mal se puede calificar de apócrifo. Más cuando se encontraba inscripto ante el Fisco, había solicitado facturas y el fisco las autorizó, y no hay observaciones (así se señala en los considerandos por el fisco); estuvo en el registro regido por la RG 2300, mientras operó con esta contribuyente, y finalmente durante dicha operatoria no estuvo incluida en la base APOC. Finalmente fue objeto de retenciones tanto en el Impuesto a las Ganancias, como en el impuesto al Valor Agregado, tal cual emerge de la RG 2267 y RG 2300, respectivamente.
Indica que, ante estas evidencias, mal se puede calificar de apócrifo dicho proveedor e impugnar los créditos fiscales, siendo que la rectificación material solo fue realizada para superar la circunstancia de extorsión apuntada. Pero que esta rectificación no amerita el reconocimiento de parte del contribuyente, y por consecuencia, no surge argumento alguno que permita calificar de defraudación la conducta seguida por la contribuyente, en referencia a este proveedor. En relación al proveedor Ferreira Ceferino Alejandro, indica que el fisco funda la calificación de apócrifo en no haber contestado los requerimientos remitidos; en encontrarse en la base APOC, y en no tener capacidad operativa, aspecto que salvo el primer supuesto existe falsedad e incongruencia entre la conclusi6n y las apreciaciones fácticas que menciona. En cuanto a la sustentación económica, menciona en los considerandos se establece que “posee bienes registrables"; hay “erogaciones por conceptos previsionales”, finalmente en relación al circuito de pago expresa “fue cumplido sin observaciones”; a lo que agrega que existen retenciones practicadas a este contribuyente, y en otro párrafo posterior expresa que se ha comprobado los depósitos bancarios. Lo cual incurre en una contradicción, no se puede afirmar estos hechos y considerar que no tiene sustento económico, sin duda una incongruencia notoria y manifiesta.
Sostiene que, en cuanto a la inclusión en base APOC, debe tenerse en cuenta que la contribuyente opera por última vez, con COMERCIALIZACIÓN SAN LUIS SRL, con fecha 16 de abril de 2008, fecha en que se documentan las últimas operaciones con la liquidación emitida en esa fecha por la contribuyente, tal cual surge del Registro de IVA venta, mes de abril de 2008. Mientras que se lo incorpora en la base APOC recién con fecha 12 de junio de 2008, es decir mientras estuvo operando con la recurrente el proveedor, según el fisco no registraba ninguna irregularidad.
Destaca que, la posición que tenía dicho proveedor en el Registro Fiscal de Operadores de Compraventa de Granos y Legumbres Secas, RG 2300, la cual según surge de los registros fiscales es excluido con fecha 14 de julio 2008, en consecuencia, la operatoria de dicho proveedor era normal, según el fisco hasta que se realizó la última operación, por esta contribuyente.
Reitera que al estar inscripto en el mencionado registro significa que el Fisco ha realizado los controles pertinentes a los efectos de incorporarlo, con lo cual mal puede esta contribuyente sospechar lo que luego afirma el Fisco, la calidad de apócrifo. Dicha inscripción se realizó el 21 de septiembre de 2007, es decir, que se encontraba en vigencia el actual régimen, ergo, los controles que por entonces hacía el fisco previo a la incorporación eran más estrictos. También argumenta respecto de este proveedor, que salvo la cuestión de la no contestación de requerimientos, no hay otros elementos que ameritan una conducta irregular o transgresora por su parte Finalmente, aclara que fue objeto de retenciones tanto en el Impuesto a las Ganancias, como en el impuesto al Valor Agregado, tal cual emerge de la RG 2267 y RG 2300, respectivamente.
Indica que, ante estas evidencias, mal se puede calificar de apócrifo dicho proveedor e impugnar las los créditos fiscales originados por las compras que fueron objeto por parte de la inspección, siendo que la rectificación material solo fue realizada para superar la circunstancia de extorsión por el Fisco Nacional. La simbiosis de disposiciones reglamentarias, implica que el ajuste que surge de la fiscalización, si no es conformado y regularizado o cancelado, la consecuencia es la exclusión del Régimen. Un claro acto perverso y arbitrario que niega la posibilidad del ejercicio del derecho de defensa, más cuando la exclusión implica para la contribuyente la salida del mercado, dado que a los operadores no les interesa operar con sociedades que están excluidas.
Indica que, otro hecho que amerita destacarse es la negación de la prueba ofrecida en la presentación de fecha 22 de noviembre de 2011, declarando sin mayores argumentos que son hechos ya constatados en el desarrollo del proceso de fiscalización, y en consecuencia se califica de dilatorias a los efectos de su rechazo. Se niega así el derecho esencial de todo proceso, el derecho a prueba el cual tiene en este proceso raigambre legal (art. 1 inc. f 2, ley 19.549) y constitucional (artículo 18 de la CN y concordantes establecidos en los tratados internacionales enunciados en el segundo párrafo del inciso 22, del artículo 75 de la CN).
Manifiesta que, luego de negar la prueba, se puede apreciar que ha tergiversado los hechos, tales como la falsedad demostrada en la consideración de la inclusión en la base APOC, o la apreciación en referencia a la exclusión en el Registro Fiscal de Operadores en la Compra Venta de Granos y legumbres secas, RG 2300.
Ofrece prueba, formula reserva del caso federal. Finalmente, solicita se revoquen las multas aplicadas, con costas.
II. Que, a fs. 57/68 y fs. 141/149vta, la representación fiscal contesta el traslado de los recursos que le fueran conferidos, solicitando el rechazo de los recursos y la confirmación de las resoluciones apeladas, con costas.
Indica que, del análisis de los antecedentes administrativos acompañados en autos, se desprende que el Fisco Nacional, en uso de sus atribuciones que le son propias, pudo constatar que la contribuyente había presentado declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2008 y del Impuesto al Valor Agregado, periodos fiscales julio y septiembre de 2008, consignando cifras inexactas y dejando de ingresar los gravámenes en su justa medida.
Mediante acto formal, se procedió a instruir el sumario pertinente, corriendo vista a la actora, merituando los cargos formulados y su encuadre jurídico.
Afirma que,pudo constatar que la contribuyente comercializó cereales en forma marginal con determinados proveedores observados. Sostiene que la fiscalización detectó dos proveedores que fueron considerados apócrifos: COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA FORESTAL GRANJERA UNION LIMITADA, CUIT N° 30-70966090-6 y FERREYRA, CEFERINO ALEJANDRO, CUIT N° 20-26112598-7.
En relación a los proveedores, indica que ambos fueron circularizados y los resultados fueron nulos. Asimismo, se verificó el CAI de los mismos y la información que surge de la base de datos de AFIP sistema E-FISCO, y de la misma no se obtuvieron datos de interés. Asimismo, se consultó la base de datos APOC en donde se constató que se encuentran incluidos en dicha base.
Manifiesta que, en el caso del proveedor COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA FORESTAL GRANJERA UNION LIMITADA, se constató que carecía de capacidad operativa para las operaciones que declara, razón por la cual se la introdujo en la base APOC. En el caso del proveedor FERREYRA, CEFERINO ALEJANDRO, también se constató que carecía de capacidad operativa para las operaciones que declara, razón por la cual se lo introdujo en la base APOC. Plantea que, por tal motivo y en virtud de lo detallado por el Juez Administrativo en las resoluciones recurridas en autos, a las cuales se remite, el Organismo Fiscal procedió a impugnar las compras a los proveedores mencionados. Manifiesta que, realizando la aplicación de un índice de la actividad para empresas acopiadoras de granos, se determinó un ajuste practicado por las compras efectuadas en el año 2008 a los proveedores impugnados, lo que provocó un incremento en las utilidades del período fiscal 2008.
Indica que, con fecha 27/09/2011 la recurrente presentó las declaraciones juradas rectificativas conformando los ajustes fiscales por el período fiscal 2008 en relación al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto a las Ganancias. En cuanto a las conductas desplegadas por la contribuyente, las mismas reflejan la existencia de un obrar doloso por parte de la responsable, lo que denota el ánimo defraudatorio previsto en el art. 46 de la ley de rito tributaria, sobre la base de la presunción contenida en el art. 47, inciso a), de la misma ley. Sostiene que, en relación a la nulidad alegada por la recurrente por falta de causa, es totalmente improcedente ya que surge de los antecedentes administrativos, las causas y cargos de a fiscalización realizada por la inspección actuante. Es decir, se ha desarrollado una correcta actividad fiscalizadora y análisis técnico, que se encuentran plasmadas no solo en el informe final de inspección, sino también en la documentación que conforma el expediente administrativo que acompaño en la presente causa.
Indica que, al momento de correrse vista, la actora ejerció libremente su derecho de defensa, por lo cual, jamás fue cercenado o limitado por el Fisco.
Resalta que, con respecto de la configuración del elemento objetivo éste quedó configurado con las presentaciones de las declaraciones juradas rectificativas mediante las cuales la contribuyente reconoció la materialidad de las infracciones. Señala que, en relación a la configuración del elemento subjetivo “dolo” requerido por la figura infraccional, quedó acreditado con la “ocultación maliciosa" en la que incurrió el contribuyente al presentar sus declaraciones juradas originales en forma inexacta, ocultando materia imponible y dejando de ingresar el gravamen en su justa medida. Ofrece prueba, cita jurisprudencia y hace reserva del caso federal.
III. Que, a fs. 157 luce sentencia de acumulación del Expediente N° 36.109-I al Expediente N° 36.108-I. A fs. 168 se abre la causa a prueba ordenando la producción de la prueba informativa y pericial.
Que, posteriormente, con el dictado de la Ley N° 27.541 (y modif.), este Tribunal dispuso intimar al Fisco Nacional en la PV-2020-74820933-APN-VOCVI#TFN y en la PV-2021-37438502-APN-VOCVI#TFN se reitera la intimación, para que el referido organismo informe si la sanción discutida en las presentes actuaciones se encontraba alcanzada por el beneficio establecido en el art. 12 párrafo cuarto de la Ley N° 27.541.
Mediante el RE-2021-48793018-APN-SGAI#TFN, el Fisco Nacional evacua la intimación practicada, e informa que “… respecto de las obligaciones fiscales que dieran origen a las multas discutidas en autos NO se encuentran canceladas y/o regularizadas en su totalidad, por lo tanto, las sanciones discutidas en los presentes actuados NO se encuentran alcanzadas por el citado beneficio establecido en la ley N°27.541 (y modificatorias). Asimismo, informa que la actora NO se encuentra inscripta como Micro, Pequeña o Mediana Empresa (MiPyme).”
IV. Que, a fs. 215 se da por decaído el derecho a producir la prueba pericial ofrecida. A fs. 241 se clausura el período probatorio e inmediatamente se elevan los autos a consideración de la Sala “B” y seguidamente se ponen los mismos para sentencia.
V.-Que, en principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
VI. Que, en un orden lógico de precedencia, corresponde pronunciarse en primer término respecto a los agravios referidos al planteo de nulidad de los actos administrativos apelados.
Tal como se señaló, la actora invoca la falta de causa y razonabilidad del acto administrativo, así como también una violación del derecho de defensa por una supuesta falta de por las incongruencias del acto por parte del Juez Administrativo.
En primer lugar, cabe señalar que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA II , 9/10/96, entre otros).
En lo que se refiere a la invocación de falta del elemento causa de la resolución apelada, debe recordarse que la discrepancia con los hechos y normas en las que se basó el organismo fiscal, no resulta fundamento válido para la defensa de nulidad, puesto que la apreciación de los hechos que realice el juez administrativo, es una valoración subjetiva, que puede o no compartirse, lo que podrá dar lugar a la confirmación o no de la resolución apelada, pero nunca a su anulación. En efecto, no se observan agravios específicos contra los supuestos defectos o vicios de la resolución apelada, ni se han demostrado perjuicios concretos como consecuencia de éstos, por lo que este Tribunal no observa que se haya violentado el derecho de defensa de la actora.
Sentado el carácter restrictivo para la procedencia de las nulidades, cabe precisar que respecto a lo estrictamente formal, las resolución discutida, en cuanto al acto administrativo en sí, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos establecidos por el artículo 7° de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo.
En definitiva se observa que los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que hace al fondo mismo de la cuestión sometida a decisión de este Tribunal y excede el marco de la nulidad planteada. Por todo lo expuesto corresponde rechazar los agravios de nulidad articulados por la apelante, sin costas atento que si bien el mismo fue planteado como de previo y de especial pronunciamiento, fue diferido para resolución con el fondo de la cuestión y los argumentos vertidos referían a la revocación de los actos apelados (conf. CSJN, “Bolland y Cía S.A.”, 21/2/13).
VII. Que, corresponde a este Tribunal resolver si se ajustan a derecho las multas aplicadas referentes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto a las Ganancias.
A ese efecto, corresponde observar que en el Informe Final de Inspección (fs. 5/16 de los antecedentes administrativos), se expresa que la actividad del contribuyente es la venta por mayor en consignación de cereales, que el origen del cargo radica en la verificación del cumplimiento del contribuyente en el IVA y en el Impuesto a las Ganancias en el marco del Operativo Granos 2008, información adquirentes a operadores riesgosos.
Señala que se efectuaron requerimientos, los que fueron cumplidos por la recurrente en su totalidad. El informe destaca que se realizó control de las facturas emitidas no detectándose anomalías, se controló su registración en el libro IVA ventas sin observaciones, se analizaron las declaraciones juradas de IVA las que concuerdan con los registros. Se revisaron los depósitos bancarios los que no superan las ventas declaradas. Respecto de los proveedores “se procedió a analizar y verificar los saldos de proveedores corrientes en los Estados Contables, solicitando a la contribuyente que aporte el detalle de los mismos a fecha de cierre, no encontrándose diferencias sustanciales”.
Por otro lado, señala como maniobra detectada “una interposición ficta de personas físicas y jurídicas en cabeza de los cuales se ha intentado hacer recaer los respectivos hechos imponibles, es decir en la comercialización de cereales en forma marginal en donde están involucrados los distintos actores de la cadena de comercialización de granos”. Se informa que se detectaron dos proveedores que fueron considerados apócrifos: COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA FORESTAL GRANJERA UNION LIMITADA, CUIT N° 30-70966090-6 y FERREYRA, CEFERINO ALEJANDRO, CUIT N° 20-26112598-7.
En relación a los proveedores, indica que ambos fueron circularizados y los resultados fueron nulos. Sin embargo, se informa que en cuanto a los aspectos materiales y formales de las operaciones se verificó el CAI de los mismos y la información que surge de la base de datos de AFIP sistema E-FISCO, y de la misma no se obtuvieron datos de interés. Asimismo, se consultó la base de datos APOC en donde se constató que se encuentran incluidos en dicha base. Detalla que, se consideró la presentación de las DDJJ en el IVA e Impuesto a las Ganancias no habiendo elementos a considerar. Manifiesta que, en el caso del proveedor COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA FORESTAL GRANJERA UNION LIMITADA, se constató que al ser la misma una revendedora de cereales se verificó la emisión de las facturas correspondientes, además de las cartas de porte y los certificados del F116/B, comprobándose además que se habían realizado las retenciones respectivas como así también los depósitos bancarios correspondientes pero que carecía de capacidad operativa para las operaciones que declara, razón por la cual se la introdujo en la base APOC. En el caso del proveedor FERREYRA, CEFERINO ALEJANDRO, se verificó la emisión de las facturas correspondientes, además de las cartas de porte y los certificados del F1116/B, comprobándose además que se habían realizado las retenciones respectivas como así también los depósitos bancarios correspondientes, como así también se verificaron los cheques emitidos y los depósitos bancarios correspondientes pero careciendo de capacidad operativa para las operaciones que declara, razón por la cual se lo introdujo en la base APOC.
VIII. Que, cabe recordar que el artículo 46 de la ley de rito sanciona a quien mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa defraudare al Fisco. Es decir, para que se configure el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley 11683, se requiere no sólo la intención de evadir el pago del impuesto, sino que también se exige un plus representado por la existencia de un ardid o engaño realizado por el sujeto activo del ilícito con el objeto de generar un error en la víctima de aquél.
No toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un supuesto de defraudación fiscal, sino sólo aquella evasión que va acompañada de un artificio dirigido a evadir el tributo (ver en tal sentido CNCAF, Sala I, in re “Georgalos Hnos S.A.I.C.A.” con fecha 1/10/2008). Tal como como sostuvo la Sala “B” in re “Sanguinetti Sergio Claudio” (Expte. nº 25.562-I) y en “Kank y Costilla S.A.” (05/11/2004) entre otros: “...el ilícito tributario previsto en el artículo 46 de la ley 11.683 requiere para su configuración la intención deliberada de no pagar el tributo en su justa medida y la realización de maniobras aptas para lograr este resultado, sin que ello sea advertido por el Fisco...”.
En el caso del art. 47: “...Se produce por mandato legal, la inversión de la carga de la prueba, correspondiendo en consecuencia a la contribuyente probar que en la materialidad de los hechos que se enrostra y admite, no se asentaba el dolo presumido o el acaecimiento de alguna circunstancia imprevisible, caso fortuito, fuerza mayor, error de hecho o de derecho excusable, a fin de ser eximida de responsabilidad...”.
En cuanto al aspecto subjetivo, si la administración fiscal optara por encuadrar la conducta en el art. 46 de la ley de rito, debería producir las pruebas pertinentes a tales efectos, pero si opta por invocar las presunciones del art. 47 –como en el caso de autos-, deberá acreditar la circunstancia (hecho inferente) que, según la regla de experiencia aplicable al caso de que se trate, permita establecer la necesaria relación de causalidad que admita la activación de dichas presunciones (hecho inferido), presumiendo el dolo como sustrato subjetivo imprescindible del ilícito de que se trata, e invirtiendo la carga probatoria.
En el particular, el Fisco Nacional aplica la presunción del art. 47 de la ley procedimental inciso a) de la ley de procedimiento fiscal sin embargo, los actos en tratamiento no dan cuenta de la imputación que enrostran a la aquí apelante, y ello sin perjuicio de la conformación del ajuste efectuada por esta última y de haberse constatado la materialidad infraccional en lo que a la omisión del pago de impuestos se refiere, sobre la base de la presentación de declaraciones juradas inexactas.
Aun cuando la AFIP resalta en forma genérica la falta de capacidad operativa de estos proveedores de la recurrente -que motivó su inclusión en la base APOC- en relación a las operaciones de compra que se cuestionan además de los resultados nulos de las circularizaciones realizadas, no obran en estas actuaciones elementos o evidencias concretas que permitan corroborarlo, no obstante el mismo Fisco hace referencia a cuestiones que podrían indicar lo contrario tales como gastos previsionales, depósitos bancarios y bienes registrables sin mayores detalles ni valoraciones al respecto. Como se señaló, dicha circunstancia no habilita de forma automática la activación del tipo legal de la defraudación fiscal establecida en el art. 46 de la Ley N° 11.683. Por otro lado, tampoco se observan aquellos indicios habilitantes de las presunciones de dolo que comporta el inciso “a” del art. 47 de la norma procedimental. El elemento intencional no puede inferirse sólo invocando el hecho de que la actora computó en forma improcedente los créditos fiscales provenientes de compras a proveedores observados presuntamente apócrifos o la deducción de dichos gastos.
Ello así, cabe concluir que más allá de las rectificativas presentadas por la recurrente, la pretensión dolosa del Fisco Nacional no se encuentra debidamente acreditada.
IX. Que, no obstante, ello no implica que la conducta de la recurrente quede impune. La contribuyente ha aceptado su omisión en el ingreso debido del gravamen en cuestión, ello mediante la aceptación de los ajustes fiscales con la presentación de las declaraciones juradas rectificativas, sin que en el caso se verifique la existencia de un error excusable de entidad suficiente como para eximirse de la sanción prevista en el artículo 45 de la ley 11683 (t.o. 1998). Ello así, corresponde reencuadrar de oficio la conducta de la recurrente en la infracción prevista en esa norma legal, en su mínimo legal, de conformidad con lo establecido en el art. 49, primer párrafo de la Ley N° 11.683 (t.o. vigente a la fecha de la comisión de la infracción).
En cuanto a las costas, en atención a las particularidades de la presente causa, corresponde imponerlas en el orden causado (cf. art. 184 último párrafo in fine, ley 11.683).
Por ello, SE RESUELVE:
Reencuadrar la conducta de la apelante en los términos del art. 45 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), graduada en un tercio del mínimo legal, costas en el orden causado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2022.08.26 17:06:34 ART Date: 2022.08.26 17:21:49 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.08.26 21:30:46 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.26 21:31:07 -03:00
Fin de la sentencia