Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 48.632-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en autos. Con Costas.
I. Que a fs. 44/55 se interpone recurso de apelación contra las resoluciones 132/2017 (DV RR1R) y 131/2017 (DV RR1R), de fecha 18 de Septiembre de 2017, dictadas por el Jefe de División Revisión y Recursos 1 de la Dirección Regional Rosario por las que se determina de oficio la obligación tributaria en el Impuesto al Valor Agregado 01/2012 a 12/2012 y en el Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2012, con mas intereses resarcitorios y aplica multa con fundamento en art. 45 de la Ley 11.683 en la Res. 131/17.
Que a fs. 129/141, la actora interpone recurso de apelación contra la resolución N° 11/2017 dictada por el Jefe de Distrito Cañada de Gómez -DGI-AFIP, por la que se acepta en forma parcial las solicitudes de compensación referida a los saldos a favor de IVA periodos fiscales 01/2012 a 03/2012, 06 a 11/2012 y 06/2013 "hasta la concurrencia de los montos determinados conforme Resolución N° 132/2017 y sus traslados a los períodos siguientes".
Sostiene que en todas las operaciones impugnadas, TALISMANI ha solicitado la información de identidad del contribuyente, sus instrumentos constitutivos y su condición fiscal, ha verificado su inclusión en la base APOC, con resultado negativo, y la autorización de la CAI, con resultado positivo; ha recibido el cereal, el cual ha sido debidamente registrado en los libros especiales de la autoridad de control, conforme las cartas de porte, ha abonado el precio conforme el régimen de lavado de dinero, por idénticos valores a los de la factura; ha registrado el IVA, y ha retenido el impuesto conforme la normativa vigente, ingresandolo al Fisco.
Alega que no le resulta exigible otra conducta que la razonablemente propia de un buen hombre de negocios, lo que no incluye tareas de fiscalización propias del Fisco.
Alega que de las constancias surgen que los proveedores habían sido perfectamente identificados por la AFIP y que a ese momento no se encontraban inhabilitados por ningún registro o base.
Con respecto al Registro Fiscal de Operadores de Granos, sostiene que la resolución presenta a la operatoria de este registro como si fuera. una simple decisión voluntaria de ser incluido o excluido, cuando en realidad requiere el cumplimiento de una serie de requisitos que, la propia AFIP verifica, verificación por la cual es responsable, no sólo ante el solicitante, sino también ante terceros luego de su publicación.
Con respecto a los argumentos del Fisco por el cual la recurrente no demostró la capacidad económica de los proveedores" afirma que difícilmente podría TALISMANI probar en esa instancia si la AFIP rechazó toda la prueba ofrecida, inclusive el propio expediente administrativo elaborado por el Fisco, en el que obran casi la totalidad de las constancias que hacen a su defensa.
En cuanto a los argumentos del Fisco por cuanto afirma que no quedó establecido el origen del cereal, sostiene que el origen se encuentra perfectamente identificado en las cartas de porte y facturas de cada operación. Si el cereal fue efectivamente cosechado y cargado en el domicilio del proveedor, conforme la doctrina de las cargas probatorias dinámicas, es la AFIP y no TALISMANI quien está en mejores condiciones fácticas para producir la prueba vinculada a los hechos controvertidos de la causa, considerando que, en todos los casos, el proveedor se encuentra en otra jurisdicción y que, en la mayoría , de los casos, el flete no era contratado por TALISMANI. Afirma que para el Fisco la mercadería EXISTE y ha sido efectivamente comercializada por TALISMANI. Pero aún así alega que intenta hacer prevalecer otras circunstancias ajenas a TALISMANI para impedirle el cómputo del crédito fiscal de dicha compra, pero no así del débito fiscal, lo cual resulta contrario a la teoría de las correcciones simétricas, receptada en el artículo 81 de la LPT.
Ante la objeción de TALISMANI en cuanto a que los proveedores impugnados no se encontraban incluidos en la base al momento de las operaciones y que que fueron incluidos posteriormente (lo cual el Fisco reconoce), las RESOLUCIONES eluden argumentar al respecto, sólo mencionando que algunos de ellos se encontraban incluidos, lo cual no es cierto.
Señala que las liquidaciones de IVA, como las liquidaciones de las retenciones se tornan en actos complejos y no simples, dado que es una combinación entre la liquidación del impuesto propiamente dicha y la liquidación de las retenciones. Es por ello que no puede pretenderse la impugnación de aquellas retenciones que incorporadas en las declaraciones juradas resultaron efectivamente acreditadas por el contribuyente, aún cuando no hubiera sido posible ser probada como válida la operatoria de compraventa a la cual refieren.
Alega que corresponde proceda el cómputo de aquellas retenciones debidamente ingresadas por la recurrente contra el impuesto ajustado por el Fisco, debiendo abstenerse éste de reclamar a TALISMANI el ingresó de las mismas y dejando sin efecto las intimaciones realizadas hasta tanto sean exigibles dichos conceptos. Afirma que la impugnación de Pasivos y la aplicación al caso de la presunción prevista en el art. 18 inc. f) resulta a todas luces incongruente. Sostiene que a fs. 176 la inspección proyecta la incidencia del supuesto incremento patrimonial no justificado en los períodos "01/2014 a 12/2014, lo que excede el alcance de la inspección iniciada a TALISMANI. Por ello sostiene que la determinación basada en tal incongruencia corresponde sea rechazada. En cuanto al Expte. N° 48.632-I en primer término solicita la acumulación a las actuaciones correspondientes al Recurso de Apelación interpuesto por Talismani en fecha 11 de octubre de 2017 contra las Resoluciones N° 131/2017 y 132/2017, expediente N° 48.310-I, en trámite ante este Tribunal Fiscal de la Nación, Vocalía 5ta, por corresponder a idénticos antecedentes fácticos y por remitirse expresamente a ella las intimaciones impugnadas mediante los presentes.
Que, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
II. Que a fs. 68/75 y 147/153 vta contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, que se confirme el acto apelado, con costas.
Señala que sobre las irregularidades detectadas que llevaron al Fisco a la conclusión de que se trataba de documentación carente de sinceridad, debe decirse que los presuntos proveedores (Negocios y Servicios Agropecuarios del Sur SRL y Cooperativa Agropecuaria Tacuaria Ltda.) fueron incluidos en la base Apoc habiendo sido caracterizados como “prestanombres” detectándose irregularidades en la cadena de comercialización. Ambos fueron excluidos de Registro Fiscal de Operaciones de Granos.
Afirma que el Fisco Nacional constató que los aludidos proveedores carecían de capacidad operativa para prestar en el escenario fáctico los servicios que figuran en la documentación como realizados por ellos. Asimismo menciona con respecto al circuito de pagos, que si bien el apelante indica que los pagos fueron efectuados mediante cheques o canje de mercaderías, en ningún momento aportó la documentación que respalde esos dichos.
Por ello es que son meras manifestaciones sin respaldo probatorio alguno.
Alega que resulta necesario apreciar el elenco probatorio en su conjunto dado que existen hechos en la causa con aptitud suficiente para demostrar el carácter apócrifo de la facturación. La actora, en cambio, lo único que intenta es criticar aisladamente los indicios colectados por la inspección, lo cual resulta totalmente ineficaz a los fines de probar la secuencia negocial que dice haber realizado.
En lo atinente al ajuste por Incremento patrimonial no justificado señala que la actora no ensaya más agravio que el decir que es una determinación basada en la incongruencia de los períodos 1/2014 a 12/2014.
Con respecto al sumario instruido que devino en aplicación de multa en los términos del art. 45 de la Ley 11.683 destaca que es preciso decir que la recurrente se limita a destacar su improcedencia remitiendose a lo expresado al rechazar el ajuste. Mas de modo alguno expresa agravio contra la sanción aplicada, ni demuestra su falta de culpabilidad.
En cuanto al Expte. N° 48.632-I contesta el Fisco Nacional el traslado del recurso, y plantea como de previo y especial pronunciamiento la excepción de incompetencia de este Tribunal para entender en la presente causa. Señala que la resolución en recurso no constituye una determinación de ofició, ni impone sanciones, como tampoco se trata de una denegatoria de repetición, por lo que no encuadra en ninguna de las hipótesis del art. l59 de la ley 11.683.
En cuanto a los intereses resarcitorios señala que la recurrente no esgrime agravio alguno sobre los mismos, por lo que cabría tenerlos por consentidos. No obstante ello, cabe decir que la liquidación se ajusta, en un todo a derecho.
III. Que a fs. 94 obra el acta de la audiencia celebrada en los términos del artículo 173 de la ley 11683, donde la recurrente desistió de la prueba ofrecida en el Expte Nº 48.310-I, resolviéndose entonces que la causa se resolvería en función de las constancias de autos.
Que A fs. 160 se resolvió tratar como de previo y especial pronunciamiento la excepción de incompetencia opuesta por el Fisco Nacional, se elevaron los autos a consideración de la Sala A y pasaron a sentencia. A fs. 163/164vta se resuelve rechazar la excepción de incompetencia planteada por el Fisco Nacional. Con costas. A fs. 166 se resolvió acumular el expediente N° 48.632-I al que lleva el N° 48.310-I.
Que a fs. 171 se adoptó idéntico criterio respecto de la prueba ofrecida en el Expte. Nº 48632-I al asumido en el Expte. Nº 48310-I, por ser idénticas las medidas probatorias propuestas.
Ello así, no existiendo prueba a producir, a fs. 182 se elevaron los autos a consideración de la Sala “B”. A fs. 186 pasan los autos a senencia.
IV. En cuanto al ajuste efectuado en el Impuesto a las Ganancias (fs. 327/333 Cuerpo Principal Impuesto a las Ganancias Cuerpo II) encuentra su origen en la detección, por parte del personal verificador, de una serie de irregularidades en la declaración jurada del impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal 2012, entre otras, pasivos declarados dentro del patrimonio afectado a tercera categoría no confirmados (ver fs. 36 a 39 del Cuerpo de Auditoria).
Atento a efectuar las constataciones pertinentes, la fiscalización actuante, mediante formulario F. 8600/1 N° 0240002015044308904 notificado el 30/07/2015 a través del procedimiento establecido en el articulo 100, inciso e) de la ley ritual vigente, solicitó al contribuyente "...1- Registros IVA Compras y Ventas Períodos: 01/2012 a 12/2012 adjuntando documentación respaldatoria 2- Detalle de apertura de ingresos declarados en la DDJJ del Impuesto a las Ganancias, periodo fiscal 2012 3- Apertura y respaldo documental del monto de $ 3.009.783 expuesto en la Justificación Patrimonial 4- Apertura y respaldo documental del rubro Deudas Comerciales de la empresa unipersonal por $ 6.313.988,21...", obrando la documental aportada al efecto a fojas 56 a 63 del del Cuerno Principal de Impuesto a las Ganancias 1, en Cuerpo Anexo 1 - Libros IVA Ventas 2012 y en Cuerpo Anexo II - Libros IVA Compras 2012.
En relación a las deudas comerciales de la empresa unipersonal, el responsable arrimó a la fiscalización sólo un detalle en el que las agrupa por conceptos, a saber, "Ctas. Ctes. Productores" -$ 733.113,13-, “Ctas. Ctes. Proveedores" -$ 349.514,35-, "Ctas. Ctes. Corredores" -$ 290.158,17-, "Cheques Diferidos" -$2.394.215,89- y "Cereales a Liquidar" -$ 2.246.986,67-, sin documental que sustente cada partida consignada, en virtud de lo cual se le remitieron otros requerimientos solicitando apertura y respaldo documental de los mismos, todos incumplidos (ver fojas 58, 151 a 155 del Cuerpo Principal de Impuesto a las Ganancias).
Por su parte, se colectó de las bases de datos del Organismo toda la información relevante relacionada con los pasivos bajo auditoría, entre otras, el detalle de deudas comerciales correspondientes al capital afectado a tercera categoría efectuada por el fiscalizado en su declaración jurada del impuesto a las ganancias del período fiscal 2012 y su antecesor, detalle de los créditos consignados por los proveedores cuyos pasivos se analizan en la presente en sus declaraciones del impuesto a las ganancias del primer ejercicio mencionado, y las acreditaciones bancarias informadas a la AFlP-DGl por entidades financieras respecto del fiscalizado (ver Cuerpo de Investigación y fojas 45, 158 a 159 y 246 a 249 de los Cuerpos Principales de Impuesto a las Ganancias). Se procedió a circularizar a aquéllos quienes en la enumeración obrante en la declaración jurada del impuesto y período de que se trata la presente, a excepción del confirmado por el personal investigador -Gustavo Bolatti-, siendo de relevancia destacar que Juan Carlos Colotti no logró ser notificado por el Correo Argentino quien consignó como motivo "cerrado/ ausente, se dejó aviso de visita - plazo vencido no reclamado", Juan Manuel Otero si bien se notificó no respondió a la solicitud del Fisco, El Cimarrón S.R.L. niega haber operado durante el período con el fiscalizado y sólo Intagro S.A. contestó en forma afirmativa aportando documental de respaldo (ver fojas 45, y 64 a 144 del Cuerpo Principal de Impuesto a las Ganancias).
En virtud de que el contribuyente no arrimó a las presentes actuaciones la suficiente documentación fehaciente que acredite la composición de las deudas comerciales relativas al capital afectado a tercera categoría computados en la declaración jurada del impuesto a las ganancias del período fiscal 2012 y al haberse constatado diferencias relevantes con la información extraída de las bases de datos del Organismo, se procedió a impugnar los pasivos mencionados, a excepción de: 1) los confirmados por terceros, 2) los constatados a través de las bases de datos de la AFlP-DGI y, 3) aquéllos que no registraron aumentos en el ejercicio 2012.
En atención a las exposiciones vertidas, la auditoría fiscal concluye que resulta impugnable la declaración jurada presentada, y a fin de calcular la ganancia neta sujeta a impuesto, se consideró el total de los pasivos observados como un incremento patrimonial no justificado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 18, inciso f) de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), totalizando dicho incremento un monto de $ 3.506.656,85 en concepto de ganancia neta más un diez por ciento (10%) -$ 350.665,59- en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles. Este importe se adiciona al resultado neto de la tercera categoría declarado, calculando luego el resultado neto de las categorías, a la que se le sustrajeron las deducciones generales y personales a los fines de arribar a la ganancia neta sujeta a impuesto. A partir de dicho importe, se calculó el impuesto determinado conforme lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1997 y sus modificaciones), al que se le detrajo las retenciones, percepciones, y los pagos a cuento originados en el impuesto a la ganancia mínima presunta y en el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios en cuentas corrientes bancarias y otras operatorias declarados por la recurrente.
En cuanto al ajuste efectuado en el Impuesto al Valor Agregado conforme surge de las actuaciones administrativas (fs. 243/249 Cuerpo Impuesto al Valor Agregado II) corresponde destacar que el mismo se encuentra relacionado con el ajuste proyectado en el Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2012, en la cual se dejó constancia que se constató que los ajustes proyectados encuentran basamento, en la detección de un incremento patrimonial no justificado, de acuerdo a lo normado en el artículo 18, inciso f) de la ley ritual vigente, originado en la falta de documentación fehaciente que acredite una serie de deudas comerciales relativas al capital afectado a tercera categoría computado en la declaración jurada del impuesto a las ganancias del periodo fiscal 2012.
Asimismo, en relación al crédito fiscal, se impugnó aquél declarado por la recurrente respecto de ciertas operaciones registradas a nombre de Negocios y Servicios Agropecuarios del Sur S.R.L -CUIT 30-70801992-1 y Cooperativa Agropecuaria Tacuari Ltda. -CUIT 33-71094506-9-, por considerar, teniendo en cuenta el grado de comprobación obtenida en atención al cúmulo de anomalías constatadas, que no fueron concertadas en cabeza de los mismos.
Respecto de las proveedoras supra apuntadas, es dable destacar que ambas se encuentran caracterizadas en las bases de datos del Organismo como "prestanombres" -Negocios y Servicios Agropecuarios del Sur S.R.L.- y como "con irregularidades en la cadena de comercialización" -Cooperativa Agropecuaria Tacuari Ltda.-, con fecha de detección 01/07/2011 y 28/07/2009, respectivamente. Asimismo, las proveedoras observadas se encuentran excluidas del Registro Fiscal de Operadores de Granos (ver fojas 58 a 76 y 88 a 124 del Cuerpo Principal de Impuesto al Valor Agregado 1).
Por su parte, a los fines de constatar que cuanto se encuentra documentado se corresponde con lo realmente acontecido, se remitieron requerimientos a parte y contraparte de la operatoria analizada, solicitándole la documental específica pertinente, resultando dichas tareas infructuosas, atento que ambas pseudo proveedoras recibieron los requerimientos remitidos sin que los hubieran cumplimentado, y el Correo Argentino no logró notificar aquél que se le remitió a la fiscalizada, consignando como motivo "se mudó", razón por la cual, la funcionario actuante procedió a su notificación a través del procedimiento previsto en el artículo 100, inciso e) de la ley ritual vigente, siendo también incumplido por parte del responsable, quedando así las operaciones observadas sin sustento alguno (ver fojas 66 a 57, 86 a 87 y 134 a 141 del Cuerpo Principal de Impuesto al Valor Agregado 1).
Finalmente, fue detectado un error de exposición en las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado de los períodos fiscales 01/2012 a 12/2012 ambos inclusive, en virtud de que si bien en el rubro donde se consigna el monto utilizado no se efectuó cómputo de monto alguno, los saldos de libre disponibilidad del período anterior fueron computados, en todos los períodos mencionados, en menor cuantía a la determinada en la declaración jurada de origen correspondiente (ver fojas 202 a 214 del Cuerpo Principal de Impuesto al valor Agregado II). Entonces, con fundamento en los considerandos expuestos, la fiscalización actuante confeccionó las liquidaciones del impuesto al valor agregado correspondientes a los períodos fiscales 01/2012 a 12/2012, ambos inclusive.
VI. Que procede entrar al análisis de los ajustes proyectados en las resoluciones apeladas en autos, para lo cual se tratarán en forma separada cada uno de ellos.
a) En primer lugar corresponde tratar el ajuste referido a la impugnación de créditos fiscales en el IVA de los proveedores Negocios y Servicios Agropecuarios del Sur y Cooperativa Agropecuaria Tacuari Ltda, a los cuáles el Fisco Nacional los considera pseudo proveedores prestanombres y con irregularidades en la cadena de comercialización.
Que en relación a ello, cabe señalar que la impugnación de dichos proveedores ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y la existencia de las operaciones cuestionadas por el Fisco Nacional.
Cabe destacar que no ha quedado probado en autos que dichas firmas hayan sido quienes efectivamente proveyeron a la recurrente de los bienes, toda vez que no surge de las verificaciones efectuadas por el personal fiscalizador ni de las pruebas arrimadas, la capacidad operativa de las mismas como proveedores de aquella. Cabe señalar que ambas se encuentran caracterizadas en las bases de datos del Organismo como "prestanombres" encontrandose el mismo su CUIT inactiva -Negocios y Servicios Agropecuarios del Sur S.R.L.- y como "con irregularidades en la cadena de comercialización" -Cooperativa Agropecuaria Tacuari Ltda.-, con fecha de detección 01/07/2011 y 28/07/2009, respectivamente. Asimismo, las proveedoras observadas se encuentran excluidas del Registro Fiscal de Operadores de Granos (ver fojas 58 a 76 y 88 a 124 del Cuerpo Principal de Impuesto al Valor Agregado 1).
En cuanto al proveedor Negocios y Servicios Agropecuarios del Sur S.R.L. Se concluyó que la firma habia tenido un comportamiento que fue evolucionando a través del tiempo, hasta convertirse netamente en una empresa destinada plenamente a blanquear cereal en negro. Se pudo establecer que dicho momento operó a partir de 07/2011 (cambio administrador de relaciones clave fiscal, comienza a operar con apócrifos masivamente, deja de operar con sus proveedores habituales, deja de retener a sus proveedores, queda con solo dos empleados, etc) (fs. 191 Informe final de Inspección, Cuerpo I Impuesto al Valor Agregado).
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Que cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto (apelando a la "actividad del apelante" u otros conceptos similares), sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Que, conforme a reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Respecto a las afirmaciones de la actora en la cual ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió de los proveedores cuestionados, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993). Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde, además, se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada "realidad económica", corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas....".
Que formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad de los sujetos emisores de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando su impugnación.
Que, no obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones por los proveedores impugnados, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos que ponen seriamente en duda que dichos terceros hayan sido los verdaderos proveedores de los productos involucrados cuyo crédito fiscal se encuentra controvertido, frente a lo cual la recurrente no puede limitarse a manifestar que los indicios colectados por la fiscalización en su mayoría son imputables a terceros o que no es su obligación verificar el domicilio comercial de sus proveedores.
Se debe recordar en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25 de agosto de 2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” Cabe dejar sentado que la postura por la cual la actora intenta probar la existencia de las operaciones simplemente a partir de facturas o que dichos proveedores se encuentren inscriptos, resultan claramente insuficientes para rebatir la tesis fiscal, sustentada en toda la serie de circunstancias mas arriba detalladas, y acreditar la materialidad -no su instrumentación- de las operaciones realizadas con los proveedores impugnados. Asimismo cabe poner de resalto que en casos como el presente cuando se trata de operaciones cuya impugnación fundamental se basa en que las irregularidades comprobadas dieron origen a considerar que las operaciones cuestionadas no fueron concertadas con los proveedores observados, se estima que no procede computar las retenciones oportunamente ingresadas que sólo existieron para dar un viso de realidad a las operaciones fraudulentas y que han quedado en evidencia en la descripción de la maniobra detectada por el Fisco Nacional. Al respecto, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Molinos Río de la Plata SA”, el 25/8/2015, la aquí recurrente carecería de legitimación para efectuar el citado reclamo en atención a que las retenciones ingresadas constituyen un anticipo del gravamen en cabeza de su proveedor, que en este caso no sería quien figura en la facturación.
Ahora bien con respecto a los agravios de la recurrente por cuanto sostiene que los mismos estaban autorizados para operar por el Registro de Operadores de Granos, en modo alguno permite tener por acreditada la materialidad de las operaciones impugnadas por el Fisco Nacional respecto de los proveedores impugnados. Cabe advertir que la incorporación al mentado Registro Fiscal, no implica eximir a los integrantes del mismo de controles fiscales, pues en esa inteligencia, de comprobarse irregularidades, la AFIP, puede proceder a su exclusión, tal como aconteció con los proveedores cuestionados.
En efecto, el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones en cuestión (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
Atento lo expuesto precedentemente corresponde señalar que el cúmulo de irregularidades detectadas por el Fisco, permite concluir que los proveedores eran apócrifos siendo la consecuencia la imposibilidad de computar el crédito fiscal de las operaciones cuestionadas. Atento lo expuesto precedentemente resulta acertado el criterio asumido por el Fisco Nacional en el Impuesto al Valor Agregado.
Máxime si se tiene en consideración que aquélla no desvirtuó los hechos y fundamentos sobre los que la fiscalización actuante efectuó el ajuste, en especial, en lo referente a la ausencia de capacidad operativa, comercial y financiera de los proveedores impugnados para vender los bienes facturados (confr. causa CSJ 119/2013“ADM Argentina SA c/EN –AFIP-DGI- Resol. 24/08 25/08 DV Dy R s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 10 de marzo de 2015) y más recientemente “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI – resol. 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva”, sent. Del 25/8/15).
Que en función de lo expuesto procede confirmar el ajuste del crédito fiscal determinado por el Fisco Nacional en autos. Con costas.
b) Que corresponde ahora analizar el ajuste proyectado por el Fisco Nacional en el Impuesto a las Ganancias por considerar la existencia de un incremento patrimonial no justificado por la impugnación de pasivos, aplicando la presunción prevista en el artículo 18, inciso f), ajuste éste que también se proyecta en el Impuesto al Valor Agregado en el monto de los débitos fiscales de los períodos 01/2012 a 12/2012.
Que en lo atinente al ajuste por incremento patrimonial no justificado es preciso decir que la actora no ensaya agravio concreto alguno con relación a la impugnación de los pasivos comerciales que efectúa el Ente fiscal; correspondiendo señalar que los alegatos esgrimidos en su escrito defensivo se refieren sustancialmente al ajuste realizado en el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales 01/2012 a 12/2012, salvo señalar un supuesto exceso en el alcance de la inspección por pretender proyectar a tales períodos un incremento que -dice- la inspección opero en los períodos 1/2014 a 12/2014 (vide fs. 52 in fine de autos).
Al respecto cabe señalar que le asiste razón al criterio fiscal en cuanto a que se deslizó un error material al consignar los fiscalizadores el título de la planilla obrante a fs. 176 del Cuerpo IVA de los antecedentes administrtivos, no pudiendo tal error ser causal de revocación del ajuste.
En efecto, se advierte en la misma que el detalle que se incluye en ella, corresponde -más allá de su título- a los períodos 01/2012 a 12/2012. Asimismo, tanto en la Vista (vide. fs. 248 del Cuerpo IVA Nro. 2) como en la Determinación de Oficio (fs. 299 del Cuerpo Iva 2), se han consignado a estos últimos como los períodos fiscales involucrados.
Ello así, y en atención a la falta de otros agravios, corresponde confirmar el ajuste fiscal en el Impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal 2012 y en los débitos fiscales del IVA por los períodos 01/2012 a 12/2012. Con costas.
c) En cuanto a la Resolución N° 11/2017 corresponde señalar que, conforme se desprende del acto apelado en autos, el rechazo de las compensaciones que allí se resuelve reconoce su origen en el dictado de la Resolución determinativa (Nº 132/17) por parte del Organismo Fiscal de fecha 18/09/2017 notificada el 21/09/2017 donde se procedió a impugnar las declaraciones juradas presentadas y a determinar de oficio los saldos del Impuesto al Valor Agregado por los períodos 01/2012 a 12/2012, resultando improcedentes los saldos a su favor declarados por dichos períodos.
Que atento lo expuesto y la forma en la que se resuelve en los Considerandos precedentes, corresponde en consecuencia confirmar también la Resolución Nº 11/2017. Con Costas.
VII. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios calculados en la determinación de oficio que se confirma en este acto. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
VIII. Que corresponde ahora analizar el aspecto infraccional de la resolución N° 131/2017.
Que en el caso de autos se le aplicó al contribuyente una multa con sustento en el artículo 45 de la ley procedimental.
Dicho ilícito requiere para su configuración, además de los presupuestos de culpa o negligencia, la concurrencia de dos situaciones: a) omisión de pago de impuestos y b) falta de presentación de declaraciones juradas o presentación de declaraciones juradas inexactas.
Al respecto, corresponde tener en cuenta lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia recaída en los autos “Elen Valmi de Claret y Garello” del 31 de marzo de 1999, en donde al analizar la figura del art. 45 de la ley 11683, en lo que aquí interesa dijo: “...Surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador”. Sentado ello, y tras recordar su conocida doctrina en el sentido que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena (que en esencia responde al principio de que solo puede ser reprimido quien sea culpable, esto es, aquél a quien la acción punible puede ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente), concluyó: “...si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad solo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación de alguna excusa admitida por la legislación vigente”. Con respecto a la excusabilidad del error, la jurisprudencia se ha inclinado por comprender tanto al error de hecho como al de derecho. Para que el error de derecho, en cuanto equiparable al de hecho pudiere resultar admisible, debe aducirse y demostrarse oscuridad en las distintas disposiciones de la ley cuestionada o que de la inteligencia de su texto surgieran dudas acerca de la situación frente al tributo (CSJN -Morixe Hnos. SACI - 20/8/96). En efecto, la causal exonerativa del error excusable requiere para su viabilidad que sea esencial, decisiva e inculpable, extremos que deben ser examinados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquel a quien se le atribuye la infracción tributaria. El error es excusable si la conducta del infractor proviene de la certeza y de la convicción de la obligatoria aplicación de las normas fiscales de difícil y alambicada interpretación”.
En tales condiciones, corresponde concluir que se encuentra acreditada en autos la materialidad de la infracción prevista en el art. 45 de la ley de procedimiento fiscal, toda vez que la recurrente omitió ingresar el impuesto en su justa medida, ante la falta de elementos que permitan tener por configurada la existencia de un error excusable previsto en la norma, corresponde confirmar la multa aplicada. Con costas.
Por ello; SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas en autos. Con Costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.08.17 17:56:03 ART Date: 2022.08.18 10:27:27 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.08.18 11:03:14 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.18 11:03:41 -03:00
Fin de la sentencia