Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Y
I. Que, mediante IF-2019-48113811-APN-DTD#JGM, se presenta el contribuyente e interpone recurso de apelación en los términos del artículo 76 inciso b) de la Ley N° 11.683 (t.o 1998 y sus modificaciones) contra la Resolución N° 17/2019 (DV RRTU), de fecha 30/04/2019, suscripta por la Jefa (int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Tucumán de la Administración Federal de Ingresos Públicos mediante la cual se determinó de oficio el Impuesto al Valor Agregado, por los periodos fiscales 05/2017 a 03/2018, la suma de pesos novecientos setenta y siete mil sesenta y un mil con doce centavos ($977.061, 12).
La actora afirma que las facturas recibidas de Clementina SRL y Celeste Belén Minchiotti fueron controladas y corroboradas a través de la página del Organismo Fiscal, obteniendo su aprobación. Agrega que los proveedores en cuestión fueron incluidos en la base de contribuyentes no confiables de AFIP, con fecha posterior a la emisión de los comprobantes cuestionados.
Sostiene que, al momento de realizar los pagos, la sucesión contaba únicamente con una caja de ahorro del Banco Galicia y que no tenía una chequera, motivo por el cual las erogaciones se efectuaron en efectivo. Asegura que no se computaron créditos fiscales en exceso y afirma que el Decreto 814/2001 tiene como condición que, para tomarse el crédito fiscal, las contribuciones deben estar canceladas. Asimismo, acompaña su detalle con respecto a los cálculos oportunamente confeccionados.
Por último, plantea la nulidad de la determinación de oficio, ofrece prueba documental, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución atacada, con costas.
II. Que, a través del IF-2019-88844832-APN-DTD#JGM, el Fisco Nacional contesta el recurso de apelación interpuesto, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos, quien en orden a las razones que expone peticiona que se confirme la resolución apelada, con costas a la parte actora.
Indica que la recurrente tiene actividades declaradas de cultivo de soja, venta al por mayor de frutas, legumbres, cereales secos y en conserva, cultivo de cereales excepto de uso forrajero, servicio de transporte automotor de cargas, cultivo de maíz, cultivo de legumbres secas, servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes rurales propios o arrendados y venta al por mayor de insumos agropecuarios diversos, siendo responsable inscripta en el impuesto al valor agregado.
Manifiesta que, la parte actora se habría computado en sus declaraciones juradas créditos fiscales en forma improcedente que provenían de operaciones consideradas apócrifas, vinculadas con facturas de los proveedores Clementina SRL y Celeste Belen Minchiotti.
Señala que, la incorporación de los proveedores cuestionados en la base Apoc, se origina en una investigación previa que confecciona el Organismo y en la recolección de pruebas suficientes que demuestran irregularidades en su actividad comercial, las cuales la recurrente no habría podido desvirtuar ni tampoco demostrar la real existencia de las operaciones.
Deja en claro que la impugnación de los créditos fiscales fue producto de la falta de capacidad económica, financiera y operativa de los proveedores cuestionados para desarrollar las actividades comerciales propuestas. Informa que del detalle de las cuentas bancarias que surgen de sus bases informáticas surgiría la existencia de una cuenta corriente en el Banco Nación en los periodos 04/2016 a 04/2018 a nombre de la sucesión y su administradora.
Advierte que, con respecto a la detracción de los créditos fiscales relacionados con el Decreto Nro. 814/2001, en la resolución determinativa de oficio, se hizo lugar a los planteos efectuados por la recurrente y, en consecuencia, se procedió a confeccionar una nueva planilla de cálculo del crédito fiscal por aplicación de dicha normativa. Finalmente, acompaña los antecedentes administrativos, se opone a la prueba ofrecida por la actora, hace reserva del caso federal, solicita se rechace la nulidad planteada y que se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que, no existiendo prueba a producir, se ordenó elevar las presentes actuaciones a consideración de la Sala “B” e inmediatamente, poner los autos a sentencia.
IV. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo con los términos en que ha quedado trabada la litis.
Conforme se desprende de autos y de las actuaciones administrativas que corren por separado, en especial del informe de inspección obrante a fs. 245/251 del cuerpo II correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, el ajuste determinado se originó en créditos fiscales improcedentes originados en el uso de facturas apócrifas. Del análisis de las facturas de compras correspondiente a los periodos fiscales 2017 y 2018 se detectaron numerosas irregularidades, por lo que se impugnó al contribuyente el crédito fiscal de IVA correspondiente a los siguientes proveedores apócrifos: Clementina SRL y Celeste Belen Manchiotti. Por lo tanto, se procedieron a efectuar los ajustes apelados en autos.
Con respecto a CLEMENTINA SRL, fue cargada por la Dirección Regional Rosario en la base de proveedores no confiables, bajo la condición de “Usina de Única Actividad Venta de Facturas”, “Sin capacidad económica” y/o “Sin Capacidad Financiera”. Se circularizó a su domicilio fiscal y a su domicilio alternativo, retornando los requerimientos con la leyenda “domicilio cerrado” o “ausente y se dejó aviso de visita”. Asimismo, se comprobó que los socios se encuentran informados en la causa penal. Por otro lado, se desprende que no resulta titular de bienes registrables, no declaró empleados y no presentó declaraciones juradas ni efectuó pagos. Con relación a la proveedora, CELESTE BELEN MANCHIOTTI, fue cargada por la Dirección Regional Rosario en la Base de proveedores no confiables, bajo la condición de "Sin capacidad económica". De la base APOC del Organismo, surge que el domicilio de la Sra. Manchiotti es una vivienda de carácter humilde, con acceso a través de un pasillo con referencias sin corresponder a la contribuyente, y realizándose además averiguaciones vecinales de las cuales surgen manifestaciones de desconocimiento si en dicho domicilio vive la Sra. Manchiotti, no identificándose ninguna de las personas consultadas. A su vez, se verificó que del sistema SITER posee acreditaciones bancarias muy inferiores a la facturación por ventas realizada que surge de la información de RG 3685 Registro de Compras - Ventas. Por último, no se constataron operaciones de compras ni contratación de personal en relación de dependencia, no cuenta con bienes registrables ni posee inmuebles ni demuestra locación de los mismos para desarrollar las actividades declaradas.
Sin perjuicio de lo mencionado ut supra, se ha solicitado a SUCESION DE BABOT ANA LUIS que pruebe la real existencia de las operaciones que dieron lugar a los ajustes con relación a los proveedores informados, procediendo la recurrente a aportar las fotocopias de las facturas de compra firmadas por la administradora de la sucesión e informando los medios de pago utilizados para cancelar dichas operaciones. En consecuencia, no se aportó medio probatorio fehaciente sobre las intervenciones de los proveedores que surgen de los comprobantes ni la percepción del dinero por parte de tales sujetos ni que se haya desempeñado actividad alguna en todas las operaciones cuestionadas en el sentido de entregarse bienes.
A partir de allí, en ejercicio de su derecho de contradicción, la actora debió haber acreditado la realidad de las operaciones, importes y sujetos intervinientes, lo que no ocurrió en el caso traído a sentencia. Cabe destacar que la apelante no ha aportado ni ofrecido producir prueba alguna en las presentes actuaciones. En efecto, sobre la base de la impugnación de las facturas de ciertos proveedores y la falta de prueba que permita concluir que las operaciones cuestionadas fueron efectivamente realizadas, los agravios de la recurrente resultan meras consideraciones dogmáticas que lejos se encuentran de conmover el criterio fiscal.
V. Que, en primer término, procede expedirse sobre si la resolución apelada se ajusta a derecho respecto del planteo de nulidad esbozado por la recurrente a lo largo de su escrito de inicio.
En primer término, cabe señalar que para la procedencia de la nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que originen el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que puedan dar lugar a la indefensión, razón por la cual, las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría privado de oponer al impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma. Ello así, quien la invoca debe ofrecer elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si pretende que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/daños y perjuicios”, CSJN, 5/10/95, T. 318, P. 1798; “Aguirre, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324, P.151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E) s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA II, 9/10/96, entre otros).
Con relación a lo estrictamente formal, la resolución determinativa de autos, en cuanto acto administrativo, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se hubiera apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Al respecto, es preciso indicar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, la determinación de oficio, como especie de acto administrativo, goza de presunción de legitimidad, es decir, que se presume que ha sido emitida conforme al ordenamiento jurídico y la misma subsiste en tanto no se declare la eventual invalidez por el órgano competente, correspondiendo al contribuyente la carga de probarla, circunstancia que no se produjo en autos.
En definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica procedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del artículo 171 de la ley ritual, sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal, razón por la cual no correspondería un tratamiento incidental como tampoco una imposición de costas autónoma. En este aspecto, es pertinente citar lo expresado por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia del 24/08/2007), por cuanto “…al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o especifica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco el tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial…”.
En el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y -tal como lo puso de relieve el a quo- la actora la planteó ‘como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal’ (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B- 485-XLV, “Bolland y Cia S.A”, sentencia del 21/02/2013).
VI. Que, según lo expuesto, con respecto al ajuste en el Impuesto al Valor Agregado, a juicio de este Tribunal conforme las constancias de los Antecedentes Administrativos y de las presentes actuaciones, cabe anticipar que la impugnación efectuada por el Organismo Fiscal respecto de los proveedores cuestionados se encuentra debidamente sustentada en la comprobación de indicios graves, precisos y concordantes que imprimen serios reparos respecto de la validez de las facturas y la capacidad de los proveedores declarados como quienes han comercializado los bienes.
Siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas de la citada norma deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Cabe tener presente que en materia de determinaciones impositivas se admite la sustantividad de reglas distintas sobre la carga de la prueba con relación a las que se aplican en los demás juicios, correspondiendo a quien la impugne, la documentación irrebatible de los hechos. En ese contexto, el tema en debate queda reducido a una cuestión de hecho y prueba destinado a obtener un adecuado grado de certeza sobre la efectiva correspondencia entre los hechos tenidos en cuenta por la AFIP y negados por la actora, razón por la cual corresponde analizar las probanzas arrimadas por ésta última.
Debe por tanto determinarse si las probanzas aportadas por la apelante a estos autos permiten un confronte capaz de confirmar la relación entre la entrega efectiva de los bienes comercializados por parte de los proveedores que surgen de los comprobantes y su real representación en los créditos fiscales declarados.
En este sentido, la recurrente no aportó los elementos probatorios indispensables para lograr desacreditar los contundentes indicios que revelan las inconsistencias endilgadas a los proveedores no confiables. Así las cosas, debe señalarse que una factura es considerada como apócrifa cuando no representa la realidad económica que en la misma se registra, sea porque la factura corresponde a una operación inexistente o porque corresponde a una operación existente, pero el sujeto emisor de la misma no resulta ser el proveedor real. Adicionalmente, cabe recordar que conforme surge de reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Frente a las afirmaciones de la actora mediante las cuales ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió de los proveedores cuestionados, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993).
Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde además se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada ‘realidad económica’, corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas... "
En este sentido, corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con la proveedora indicada en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O.
“Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25/08/2015). Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: ‘[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...’.
Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” Tal como explicara nuestro Más Alto Tribunal, por la propia mecánica del impuesto “el llamado crédito fiscal constituye una acreencia sujeta a la condición legal de que se verifiquen operaciones generadoras de un débito contra el que aquél pueda ser imputado, lo que implica que el momento en que el adquirente de los bienes satisface el impuesto no coincide con aquel en el cual el tributo ingresado se convierte en crédito fiscal, ya que no solo su medida sino también su existencia dependen de la ulterior concreción de tales operaciones” (“Álcalis de la Patagonia S.A.”, sentencia del 06/05/1986).
En síntesis, correspondía a la recurrente acreditar fehacientemente la existencia de tales proveedores y la participación de ellos en las operaciones cuestionadas, circunstancias que no ha demostrado al no presentar elementos de prueba que permitan evidenciar la real capacidad operativa, económica y financiera de estos supuestos proveedores.
En virtud de lo expuesto, no procede el cómputo de crédito fiscal alguno a su respecto.
Por último y en relación al ajuste relativo al Decreto 814/2001, cabe mencionar que le Fisco Nacional acogió oportunamente los planteos de la actora en la resolución recurrida, subsistiendo una diferencia de impugnación por $ 739,73 (vide páginas 10 y 15 de IF-2019-57723382-APN-SGAI#TFN), respecto de la cual, la recurrente no ha esgrimido agravio alguno.
En consecuencia, cabe confirmar los ajustes efectuados por el Fisco Nacional en todas sus partes en relación con el Impuesto al Valor Agregado determinado en las Resolución N° 17/2019 (DV RRTU). Las costas se imponen a la actora.
Por ello, SE
Confirmar la resolución apelada, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.11.15 15:28:12 ART Date: 2022.11.15 16:04:46 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.11.17 11:43:40 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.11.17 11:45:01 -03:00
Fin de la sentencia