Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar las resoluciones N° 072/2015 y 073/2015. Con Costas.
2Revocar la Resolución 074/15 correspondiente al Impuesto a los Bienes Personales. Con Costas.
I. A fs. 33/58 se interpone recurso de apelación contra la resolución 072/2015 (DV RRES) de fecha 25 de junio de 2015, que le determina de oficio a la apelante (Sucesión de Juan Carlos Relats) el Impuesto a las Ganancias, correspondiente al período fiscal 2006, con más los intereses resarcitorios, A fs. 225/251 se interpone recurso de apelación contra las resoluciones 073/2015 (DV RRES) y 074/2015 de fecha 25 de junio de 2015, que le determinan de oficio a la apelante (Relats Rubén Oscar) el Impuesto a las Ganancias, correspondiente al período fiscal 2006 e Impuesto sobre los Bienes Personales, correspondiente al período fiscal 2006 y 2007, con más los intereses resarcitorios, y aplican multa con sustento en el art. 46 Ley 11683 en la Res 74/15.
Corresponde señalar que los agravios resultan ser análogos en ambos expedientes. Plantea la recurrente la prescripción de las facultades del Fisco Nacional para determinar de oficio sus obligaciones fiscales del período fiscal 2006, argumentando -en primer término- que resultaría aplicable el plazo quinquenal de prescripción. Sostiene que resultarían inaplicables las causales de suspensión de la prescripción contenidas en el artículo sin número agregado a continuación del artículo 65 de la ley 11.683 (como consecuencia de los vicios que a su criterio evidenciarían los procedimientos determinativos de deuda) y en el artículo 17 de la ley 26.860 (por poseer tal norma un vicio constitucional que la invalidaría como tal, así como también por resultar una causal prevista exclusivamente para los contribuyentes que optaron por la exteriorización bajo el régimen en ella previsto). Manifiesta que en el procedimiento de fiscalización desplegado en sede administrativa no se habría indicado la existencia de una orden de intervención ni se le habría informado en forma fehaciente que se encontraba bajo una formal investigación relacionada con los gravámenes en trato -requisitos indispensables para dar inicio a una fiscalización ordinaria y luego al procedimiento de determinación de oficio de deudas-, todo lo cual -estimaocasiona la nulidad de todo lo actuado.
Considera que las resoluciones serian nulas de nulidad absoluta e insanable por falta de motivación y causa, en los términos del artículo 14 inciso b) de ley 19549, toda vez que se invoca en sustento de las determinaciones el Convenio para evitar la Doble Imposición y prevenir la evasión fiscal suscripto con la República Francesa, agraviándose de que el juez administrativo tome como elemento suficiente para fundar sus determinaciones la información supuestamente recibida por el Administrador Federal en soporte magnético del Administrador Francés, obtenida al amparo del Convenio suscripto con la República Francesa, sin mayores explicaciones ni soportes legales para declararla convalidada. Cuestiona asimismo los alcances del citado Convenio y su aplicación.
Concluye que la información considerada por el juez administrativo para sustentar los ajustes de marras no tendría cobertura legal, puesto que la misma provendría de Suiza y no de Francia, siendo que el intercambio de información previsto en su artículo 27 es aquella que se encuentre dentro del ámbito de extensión territorial de los países firmantes.
Respecto de la cuestión de fondo controvertida, afirma que la presunción de incremento patrimonial no justificado prevista en el artículo 18 inciso f) de la ley de rito fiscal utilizada seria ilegítima porque partiría de un indicio erróneo, cual es la titularidad de una cuenta bancaria en el exterior que no sería de su propiedad, alegando que no poseería capacidad para generar la renta que presume.
Manifiesta que a tenor de las previsiones del articulo 17 inciso a) de la ley de impuesto sobre los bienes personales no revestiría el carácter de sujeto pasivo de tal tributo -en razón de que no poseería los bienes situados en exterior que el Fisco presume-. Alega que la documentación que sirve de base a los ajustes habría sido obtenida de manera ilegítima y en transgresión a garantías constitucionales, por lo que la Administración se convertiria en beneficiaria de hechos ilícitos.
Señala que no existiría constancia fehaciente de cuál fue la información supuestamente entregada por la Administración Francesa al Administrador Federal, ni mucho menos certificar que los elementos que se pretenden utilizar como indicio en su contra o como sustento cierto de los bienes omitidos de declarar sean expresión fiel de la información aludida. Destaca sobre el punto que, para que el documento electrónico tenga valor probatorio, debe estar respaldado por otras pruebas que le asignen autenticidad.
Remarca que la documentación no contaría con la legalización correspondiente a todo documento expedido por autoridad extranjera ni con la debida traducción oficial, ni con fecha cierta, amén de que se trataría de copias simples.
Cita doctrina y jurisprudencia, agrega prueba documental, ofrece informativa, hace reserva del caso federal, pide que oportunamente se revoquen los actos apelados, las resoluciones apeladas resultan nulas e ilegítimas con imposición de costas al Fisco Nacional.
II. A fs. 68/91 y 262/288vta el Fisco Nacional contesta el recurso interpuesto solicitando su rechazo con costas. Afirma que en razón de que el artículo 57 del ordenamiento aplicable establece que el término de la prescripción comienza a correr desde el 1° de enero siguiente al año en que se produce el vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada correspondiente.
Afirma que el vencimiento para la presentación de las declaraciones juradas del período fiscal 2006 operó en el año 2007, razón por la cual el cómputo del plazo de la prescripción comenzó a correr el 1° de enero de 2008, habiéndose visto suspendido el 24 de diciembre de 2008, fecha en que se publicó en el Boletín Oficial la ley 26.476 que estableció un régimen de regularización impositiva y de protección de empleo y que en su artículo 44 dispuso la suspensión del curso de la prescripción con carácter general, en los siguientes términos "Suspéndese con carácter general por el término de un (1) alio el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales".
Señala que el cómputo del curso de la prescripción se reinició el 24 de diciembre de 2009, habiéndose visto nuevamente suspendido dicho plazo el 3 de junio de 2013, fecha en que fue publicada en el Boletín Oficial la ley 26.860 que estableció un nuevo régimen de regularización y consagró en su artículo 17 la suspensión con carácter general por término de un año del curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos en idénticos términos a los previstos en el artículo 44 transcripto.
Frente al planteo nulificante con sustento en el cuestionamiento de la validez de la Fiscalización Electrónica, destacando también la falta de Orden de Intervención con los datos correspondientes (impuesto, períodos, etc.) para dar inicio a la inspección y luego al procedimiento de determinación de oficio, destaca que la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.) no fija formas solemnes ni impone requisitos expresos con relación al inicio de "fiscalización", en tanto ésta se trata de un procedimiento no reglado que tiene que dar lugar a las amplias facultades con que el Fisco Nacional necesariamente debe contar al efecto, como contrapartida lógica del sistema de autodeterminación de los tributos.
Afirma que los agravios de la actora referidos a la ilegalidad de la aplicación al caso del citado Convenio, resultan infundados pues la información aportada por la Dirección General de Finanzas Públicas -Servicio de Control Fiscal de Francia se refiere a información sobre materia imponible gravable en cabeza de un contribuyente residente en la República Argentina a razón de no haber exteriorizado en su declaración jurada bienes de su titularidad en el exterior, habiendo sido requerido a la contribuyente en el curso de la fiscalización electrónica llevada a cabo el aporte de la información y documentación vinculada con la materia imponible gravable, sin haber obtenido respuesta u aportado prueba conducente alguna.
Señala que respecto del caso traído en estudio, la información fue obtenida de las autoridades competentes del Gobierno Francés, en el marco de un tratado internacional que autoriza el intercambio de información en materia tributaria. A mayor abundamiento, el Gobierno francés por su parte obtuvo la información en el mareo de un allanamiento regularmente efectuado tal como lo sostuvo la Corte de Casación francesa en el fallo del 27/11/13, desestimando los planteos nulificantes de la información en cuestión (lista de Herve Falciani) vinculados con la obtención de la misma.
Con respecto a la pretendida invalidez de la prueba por la falta certificación bancaria, o de la referencia al Banco al cual pertenecería la cuenta objeto de ajuste, cabe indicar que la información recibida por nuestra Administración Tributada se encuentra convalidada, en tanto la misma fue emitida por la autoridad competente de la Administración Tributaria que entrega la información.
Señala que en el Dictamen MRECIC N° 1387/07 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto del 21/11/2007 se sostuvo que si bien los Acuerdos de Intercambio de Información no eximen expresamente de legalización, es de destacar que aquellos logran que el envio de información provenga directamente del Fisco extranjero, al cual le es solicitada.
Afirma que los elementos probatorios reunidos por el Fisco Nacional resultan suficientes para relacionar un tercio de las acreditaciones de tal cuenta al 31 de diciembre de 2006 a la actividad comercial que desarrolla la contraparte, teniendo en consideración que, como se adelantara, no ha acompañado ni ofrecido elemento probatorios hábiles a los fines de validar un origen diferente de los fondos aludidos.
En cuanto al supuesto Error de Cálculo -Cumplimiento de la Instrucción General N°01/2015 (DG IMPO) señala que la recurrente a los fines de determinar el monto de ingresos omitidos para este caso particular, no se puede considerar el saldo de la cuenta al inicio, toda vez que no se han aportado pruebas que permitan establecer enequívocamente que el mismo se mantuvo durante todo el período fiscal para ser considerado imputable a otro ejercicio.
Se opone a la prueba ofrecida, introduce la cuestión federal , solicita el rechazo de la prescripción opuesta por la contraparte así como los planteos nulificantes y que se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas, con costas.
III. A fs. 333 se abre la causa a prueba, ordenándose producir la prueba informativa. A fs. 344/351, se produce la prueba informativa. A fs. 367 se clausura el período de instrucción. A fs. 382 se elevan los autos a Sala. A fs. 386 pasan para alegar. A fs. 388/392vta y 402/407 obran alegatos del Fisco Nacional y la parte actora. A fs. 413 pasan a sentencia.
IV. A los efectos de resolver la cuestión traída a decisión de este Tribunal cabe tener presente que, en principio, los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros). En efecto “los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, ni tratar todos los temas expuestos, ni analizar todos los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (fallos 272:325)”, citado por la CNACAF, Sala IV 19-02-97, Causa N° 2783, “Rúffolo Roque c/ DGI”, TFN 13.174-I.
V. Ello así, corresponde el tratamiento del planteo de prescripción que efectúa el actor respecto de las facultades del Fisco para reclamar el Impuesto sobre los Bienes Personales e Impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal 2006 y 2007 Ahora bien corresponde analizar si resulta de aplicación al caso algún supuesto de suspensión del término de la prescripción en curso.
Que el artículo 44, de la ley 26.476 (B.O. 24/12/2008) dispone: "Suspéndase con carácter general por el término de (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales".
Asimismo, el artículo 86 de la R.G. 2650 (AFIP) aclaró que: "La suspeñsión del curso de la prescripción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización está a cargo de esta Administración Federal y para aplicar multas relacionadas con los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales, previstas con carácter general en el Artículo 44 de la Ley N° 26.476, alcanza a la totalidad de los contribuyentes o responsables, hayan o no adherido a alguno de los regímenes reglamentados por esta resolución generaL.. El término de un año a que se refiere dicho artículo se computará a partir del día 24 de diciembre de 2008, inclusive."
Que en términos similares la Ley N° 26.860 (B.O. 3/6/2013) dispuso en su artículo 17 dispuso: "Suspéndase con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales"; debiendo tenerse presente que de conformidad con el articulo 21 de dicha norma, sus disposiciones son de orden público y entraron en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Que la redacción de ambos textos legales, no arroja dudas acerca de la intención del legislador, en cuanto a que la mentada suspensión se dispone "con carácter general", esto es, que abarca a la generalidad de los contribuyentes responsables y no solamente a los que hubiesen ejercido el derecho a acogerse al régimen de normalización tributaria. Así lo ha entendido la C.S.J.N in re "Fisco Nacional c/Distribuidora El Plata SRL s/Ejecución Fiscal" de fecha 26/11/91. Ello así, que por ejemplo y para elegir el periodo fiscal mas antiguo el vencimiento para la presentación de la declaración jurada del período fiscal 2006 operó en el año 2007, razón por la cual el cómputo del plazo de la prescripción comenzó a correr el 1 de enero de 2008, el cual se vio suspendido el 24 de diciembre de 2008, fecha en que se publicó en el Boltín Oficial la ley 26,476 que estableció un régimen de regularización impositiva y de protección de empleo y que en su articulo 44 dispuso la suspensión del curso de la prescripción. Conforme lo dispuesto en la norma transcripta, el cómputo del curso de la prescripción se reinició el 24 de diciembre de 2009, viéndose nuevamente interrumpido dicho plazo el 3 de junio de 2013, fecha en que fue publicada en el Boletín Oficial la ley 26.860 que estableció un nuevo régimen de regularización y estableció en su artículo 17 la suspensión con carácter general por término de un año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos en idénticos términos a los previstos en el artículo 44 supra citado. Por lo expuesto, retomándose el 3 de junio de 2014 el cómputo del curso de la prescripción y por la conjunción de las suspensiones dispuestas en las leyes 26.476 y 26.860 referenciadas, el término de la prescripción hubiera operado el 1 de enero de 2015.
No obstante, resta analizar la aplicación de la última parte del artículo agregado a continuación del art. 65 de la ley 11683.
Al respecto, el mencionado artículo establece "Se suspenderá por ciento veinte (120) días el curso de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley y para aplicar y hacer efectivas las multas, desde la fecha de notificación de la vista del procedimiento de determinación de oficio o de la instrucción del sumario correspondiente, cuando se tratare del o los períodos fiscales próximos a prescribir y dichos actos se notificaran dentro de los ciento ochenta (180) días corridos anteriores a la fecha en que se produzca la correspondiente prescripción”
Al respecto se ha sostenido que "En este caso debe tratarse de períodos fiscales próximos a prescribir y siempre que esa vista se notifique dentro de los 180 días corridos anteriores a la fecha en que se produzca la correspondiente prescripción.. .No aclara la norma cómo deben computarse los 120 días, pero es indudable qué ellos serán los hábiles administrativos, teniendo en cuenta la norma general establecida en el art. 4° de la ley procedimental..." (Horacio Ziccardi, 75 Aniversario de la Ley 11.683, Ed. Edicoal, Pags.543/546). En ese sentido, teniendo en cuenta que la resolución por la que se confirió vista notificada el 19/12/2014 al contribuyente en el impuesto que nos ocupa y por el período fiscal aludido, habiéndose dictado las resoluciones apeladas con fecha 25/6/2015, esto es, dentro del plazo que estipula la norma antes citada; cabe concluir que las facultades del fisco para determinar y exigir el impuesto y aplicar multa por el periodo fiscal citado precedentemente, no se encuentran prescriptas.
No modifica lo expuesto el planteo de la recurrente respecto de la validez de la vista administrativa puesto que la misma fue dictada dentro del marco del procedimiento legalmente previsto para el proceso de determinación de oficio. Además de la lectura de dicho acto se advierte que contiene el cargo que se le efectúa al contribuyente, el origen del mismo, la forma en que había recibido el Fisco la información, por lo cuál y más allá del análisis de los restantes planteos de nulidad que articula la actora que este Tribunal hará a continuación, no se advierten vicios de tal gravedad que permitan tener por inexistente el acto de vista que diera origen al procedimiento determinativo.
En cuanto al planteo que efectúa la actora con relación a las manifestaciones vertidas por algunos legisladores durante el debate en la Cámara de Diputados de la que terminara siendo la Ley 26860, cabe recordar que nuestro Alto Tribunal ha señalado "Que, de conformidad con el criterio expuesto por esta Corte en Fallos: 120:372, debe suponerse que las comisiones parlamentarias estudian minuciosa y detenidamente en su fondo y forma los asuntos que despachan, por lo cual sus informes orales o escritos tienen más valor que los debates en general del Congreso o las opiniones individuales de los legisladores (Fallos: 77:319; 141 U.S. 268; 166 U.S. 290) y constituyen una fuente legítima de interpretación (Fallos: 33:228; 100:51 y 337; 114:298; 115:186; Sutherland y Lewis Statutes and Statutory Construction, párrafo 470, segunda edición 1904 y numerosos fallos allí citados, entre ellos 143 U.S. 457 y 192 U.S. 470).”
“Es por ello, que frente a una disparidad de opiniones deberá adquirir relevancia la voluntad expresada por quienes sometieron el proyecto de ley a la consideración de los restantes integrantes del Parlamento, como así también la instrumentación finalmente plasmada en el texto aprobado.” (CSJN, in re “Hermitage S.A. c/Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos - Título 5 - ley 25063 s/proceso de conocimiento”, sentencia del 15/06/2010).
Que en función de lo expuesto, procede rechazar la prescripción opuesta por el recurrente.
VI. En cuanto a los agravios de la recurrente relativo a la inaplicabilidad del convenio suscripto con- el Estado de Francia y frente a los cuestionamientos vinculados a la validez de la información que origina los cargos formulados en las resoluciones apeladas, resulta menesterrecordar que el artículo 27 del Convenio entre la República Argentina y la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, normado por la ley 22.537, que cuenta con un Protocolo Modificatorio al Convenio aprobado por la ley 26.276 prevé que "Las autoridades competentes de los Estados intercambiarán las informaciones que sean necesarias para la aplicación de las disposiciones del presente Convenio, o aquellas de la legislación interna de los Estados relativas a los impuestos comprendidos por el Convenio, en la medida en que la imposición que ella prevé no sea contraria al Convenio. Dicho intercambio de información no se verá restringido por las disposiciones del Articulo 1. Las informaciones que reciba un Estado serán mantenidas en secreto de la misma manera que los intercambios obtenidos por aplicación de la legislación interna de ese Estado y sólo se entregará a las personas o autoridades (incluso tribunales y órganos administrativos) a quienes compete el establecimiento o recaudación de los impuestos comprendidos en el Convenio, o la sustanciación de causas judiciales o apelaciones relativas a impuestos, o para las decisiones sobre los recursos concernientes a esos impuestos. Estas personas o autoridades sólo usarán estos informes para estos fines. Podrán revelar las informaciones en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales."
En virtud del precepto glosado, resulta claro que no existían obstáculos legales para que nuestro país, en el mareo del mentado convenio, requiera información relativa a los sujetos e impuestos comprendidos en el Convenio, tendiente a su correcta administración.
No se advierte, pues, que el intercambio efectuado exceda lo dispuesto en el articulo 27 del convenio referido, sino en cambio, que el intercambio se encuentra dentro del marco de lo dispuesto en el mismo. Del texto del convenio se extrae que las autoridades competentes intercambiarán las informaciones que sean necesarias para la aplicación de las disposiciones de la legislación interna de los Estados relativas a los impuestos comprendidos en el Convenio —cfr. artículo 27-. Tal como se desprende de los fundamentos que se extraen del propio convenio, ambos países celebran el convenio deseosos de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio.
VII. En lo relativo a los agravios de la recurrente referidos a la falta de validez probatoria de la información en que se sustentan los ajustes por falta de traducción oficial corresponde señalar que este Tribunal entiende que a tenor de los datos que surgen de la misma consistentes en datos personales de las personas y montos asignados a determinados números de códigos de clientes, la falta de traducción no es óbice para su análisis. Por otra parte, el recurrente ha tenido la posibilidad de requerir en esta instancia latraducción de dicha documentación por un perito traductor público, lo que no ha acontecido, surgiendo del propio escrito de apelación que el recurrente no ha tenido en principio inconveniente para interpretar los datos que de ella surge.
Asimismo la documentación obrante a 4/9 Cpo. Antecedentes, refiere básicamente a datos personales como nombres, nacionalidades, domicilios, montos de dinero y referencias temporales, por lo que su traducción se considera lo irrelevante y mucho menos implica que carezcan de la presunción de legitimidad prevista en el artículo 12 de la ley 19.549 como sugiere el accionante.
Que, en este orden, es dable recordar la doctrina de nuestro más alto Tribunal, en el sentido de que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo, además, ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido "Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica-Amet c/ Buenos Aires Provincia de y otro s/ amparo", C.S.J.N,, 5/10/95, t. 318, p.1798; "Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros si daños y perjuicios", C.S.J.N. 6/2/01, t. 324, p. 151, entre otros). Cabe agregar que para pretender la nulidad de las actuaciones administrativas, se debe demostrar de qué concretas defensas y pruebas se habría visto privada la parte en las instancias administrativas y la incidencia que dichas omisiones hubieran podido tener para modificar en su favor la situación que da origen a la causa judicial (conf. Fallos: 282:188 y sus citas; Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal, Sala Y - "in re" "Sugart Pedro Medrano SA e/Secretaría de Comercio e Inversiones - disposición [DNCI] 2373/1996" - 23/9/1998), lo que no se ha acreditado en autos.
Que por lo expuesto, corresponde rechazar esta defensa de nulidad articulada por el contribuyente en autos.
VIII. A raíz de la prueba ofrecida por la propia parte actora, a fs. 344/351 y 350 del presente expediente obra la respuesta del Fisco Nacional al oficio que le fuera librado en autos.. En dicha oportunidad el Ente fiscal aporta la nota fechada en París el 25/9/2014, copia de la actuación SIGEA N° 13288-1070-2014/3 en la cual se describe el procedimiento seguido, en la que se da cuenta de la existencia de una reunión con la Administración Tributaria Francesa, en la cual se entregó un CD-ROM encriptado en sobre lacrado con información financiera y bancaria de cuentas de argentinos que se encontrarían vinculadas a la causa judicial por evasión fiscal y lavado de activos seguida a la entidad HSBC. En dicha actuación se fija el procedimiento a seguir para la apropiación de la información.
En cuanto a los argumentos de la recurrente relativos a a los vicios en los elementos del cargo corresponde destacar lo resuelto por el Juzgado Nacional Penal Económico N° 11 al resolver el 7/3/2017 el Incidente de Nulidad sobre el origen de la prueba en la causa HSBC Bank Argentina SA y otros siL 24769, donde el juez señala que el 4/7/2014 el Administrador Federal inició las gestiones ante el Ministerio de Economía a efectos de obtener la información financiera y bancaria de contribuyentes argentinos en poder de la Administración Tributaria Francesa, lo que se concretó con la nota remitida por el titular del aludido ministerio a su par de la República Francesa. La información le fue entregada al Administrador Federal en ocasión de su viaje a París el día 25/9/2014, en un CD encriptado, el cual fuera recibido y mantenido en custodia por la División de Intercambio de Información Tributaria de la ÁFIP.
Tal como se señala en la sentencia del Incidente de nulidad antes referido "...los archivos en cuestión fueron secuestrados, en poder de un particular, por las autoridades de la República Francesa en el marco del registro domiciliario ... y posteriormente entregados a la autoridad fiscal de nuestro país en el marco del art. 27 de la ley 22.357 ... No se advierte la intevención o conexión entre los agentes estatales y la obtención por parte de Hervé .PALCIÁNI de los datos cuestionados...”
"Los eventuales delitos que pudiera haber cometido el poseedor de tales documentos -Hervé FALCIANI-, tal como se indica en los diferentes planteos, no constituye una circunstancia que invalide "per se" la obtención de los documentos secuestrados por las autoridades estatales."
Asimismo en dicha sentencia se señala "Que, en otro orden de ideas, las objeciones planteadas con relación a la presunta violación de la cadena de custodia y la posible contaminación de la documentación aportada por la República Francesa no resulta cuestiones nomativamente vinculadas a la validez de esos documentos sino que, por el contrario, guardan relación con el valor probatorio que jurisdiccionalmente pueda asignárseles". Agrega al respecto que "En conclusión, al no corresponder un juicio anticipado y aislado sobre el mérito de la documentación acompañada por la República Francesa, el análisis de las objeciones y planteos desarrollados por el acápite (it) del considerando 30 excede el marco de la presente incidencia ". Si bien se trata de documentación que carece de firma y apostillado, tal como se describe en el fallo que venimos transcribiendo "que tratándose de documentos privados secuestrados en poder de un particular; tales recaudos no constituyen un requisito de validez sin perjuicio de su valor probatorio...". En cuanto a la falta de traducción, este Tribunal entiende que a tenor de los datos que surgen de la misma consistentes en datos personales de las personas y montos asignados a determinados números de códigos de clientes, la falta de traducción no es óbice para su análisis. Por otra parte, el recurrente ha tenido la posibilidad de requerir en esta instancia la traducción de dicha documentación por un perito traductor público, lo que no ha acontecido, surgiendo del propio escrito de apelación que el recurrente no ha tenido en principio inconveniente para interpretar los datos que de ella surge. Que por lo expuesto, corresponde rechazar el planteo efectuado por el contribuyente en autos.
IX. Que entrando al análisis del fondo y en primer lugar, corresponde analizar si se encuentra debidamente cuantificado el ajuste en el Impuesto a las Ganancias. El mismo se sustenta en un incremento patrimonial no justificado en función de los depósitos en la cuenta en cuestión. Pero este Tribunal advierte que el Fisco ha procedido a determinar de esa forma tomando el saldo total de la cuenta al 31/12/2006, pero se observa en las planillas que dieran origen al ajuste (vide fs. 5/9) que las sumas depositadas provienen de años anteriores, observándose la existencia de un saldo final del período fiscal 2005. Ello así, la determinación del incremento patrimonial respecto del período fiscal 2006 debe ser la diferencia existente entre el saldo al cierre del periodo 2006 (U$S 4.101.037,28) con el saldo al cierre del periodo fiscal 2005 (U$S 6.181.756,27) en la cuenta objeto de autos. Por lo tanto, el monto base del ajuste sería negativo en U$S (-2.080.719.), es decir no habría incremento patrimonial alguno en el período 2006.
Atento lo expuesto corresponde señalar que el monto que toma el Fisco Nacional resulta erróneo ignorando o desatendiendo la propia información a la que la misma Administración pretende otorgarle validez, circunstancia esta que resta sustento a los argumentos del Fisco Nacional por cuanto sostiene que la recurrente no arrima prueba alguna que demuestre que los fondos contenidos en el saldo al inicio son los mismos que se encuentran contenidos al cierre.
Atento lo expuesto corresponde revocar las resoluciones N° 072/2015 y 073/2015. Con Costas.
X. En cuanto al ajuste en Bienes Personales corresponde señalar que a través de la Resolución N° 081/2015 (DV RRES), del 7 de Julio de 2015, se resolvió dejar sin efecto la intimación de pago del capital, de los intereses resarcitorios y la multa aplicada en los arts. 3° y 4° de la Resolución N° 074/2015 (DV RRES) y confirmando en todo lo demás dicho acto citado, por lo que retrotrajo sus efectos al 25 de junio de 2015; todo ello, en los términos del art. 19 de la Ley 19.549.
Corresponde señalar que en dicha resolución surge que la contribuyente Sucesión de Juan Carlos Relats -CUIT N° 20-06011163-5 -, ha presentado el 19-12-2014 Declaraciones Juradas Rectificativas en el Impuesto sobre los Bienes Personales por los períodos fiscales 2006 y 2007 incluyendo importes de saldos de cuentas en entidades financieras Suizas, acreditándose la cancelación de los importes declarados y sus accesorios.
En consecuencia y dado que la sucesión ha asumido en las rectificaciones presentadas la titularidad de los fondos existentes en la cuenta que diera origen a los ajustes apelados, corresponde revocar la Resolución 074/15, con costas.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Revocar las resoluciones N° 072/2015 y 073/2015. Con Costas.
2. Revocar la Resolución 074/15 correspondiente al Impuesto a los Bienes Personales. Con Costas.
3. Se deja constancia que la presente resolución es suscripta por los miembros titulares de las Vocalias 4° y 5° en virtud de lo dispuesto en el art. 6°, 10° párrafo del R.P.T.F.N.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.02.09 16:53:31 ART Date: 2022.02.10 09:48:27 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.02.10 09:48:36 -03:00
Fin de la sentencia