Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 47.582-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar los actos apelados en autos. Con Costas al Fisco Nacional.
I. Que a fs. 58/74 se interpone recurso de apelación contra las resoluciones 157/2016 y 158/2016 (DV RRLP) dictadas por el Jefe (Int) de División Revisión y Recursos de la Dirección Regional La Plata, por las que se determina de oficio la obligación tributaria de la recurrente frente al Impuesto a las Ganancias por los ejercicios fiscales 2009 a 2012, e Impuesto al Valor Agregado períodos fiscales 01/2011 a 09/2013 con mas intereses resarcitorios, y aplica multa en la Res. 158/2016.
Que a fs. 214/233 la actora interpone recurso de apelación contra la resolución N° 267/16 (DV RRLP) de fecha 3 de Noviembre de 2016 mediante la cual se determinó de oficio la responsabilidad del Sr. Branne Jorge Héctor en su carácter de responsable personal y solidario respecto de la deuda correspondiente a la contribuyente Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Bienestar Ltda Titular de la CUIT N° 33-70789666-9, por las deudas intimadas en cabeza del Principal en el Impuesto al Valor Agregado, por los períodos fiscales 01/2011 a 09/2013, y del Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2009/2012.
En primer lugar, respecto al Impuesto a las Ganancias afirma que en este impuesto, el órgano recaudador formula cargo por no tener acreditada la exención en el gravamen, ignorando al respecto que su propio procedimiento para peticionar impide a la Cooperativa cumplimentar el trámite, colocándola en una situación de cumplimiento imposible.
Alega que durante la fiscalización se puso en conocimiento de la inspección dicha circunstancia y el criterio fiscal ha sido el de seguir adelante con el procedimiento de determinación, ignorando cuestiones procesales pendientes de cumplimentar y no accediendo a flexibilizar el procedimiento de solicitud de exención; procedimiento que según dice, no es legal sino reglamentario y establecido por el mismo organismo.
Sostiene que no resulta razonable que se niegue la exención del tributo por la sola circunstancia de que no haya realizado un trámite administrativo tendiente al reconocimiento de su calidad de institución de beneficencia o solidaridad social, cuando por reiteradas disposiciones, de sus libros y antecedentes sociales y comunitarios merece un tratamiento fiscal con sólido fundamento en la consideración de las tareas asistenciales desarrolladas por la entidad, nunca cuestionadas ni puestas en duda por el organismo fiscal, todas justificantes de la exención. Alega que la AFIP, a través del dictamen (DAL) 57/2003 del 9/9/2003, ha decidido que si bien la ley de impuesto a las ganancias es la que exime del gravamen a determinadas entidades, el Fisco es quien reconoce la diversas cuestiones conducentes, e incluso la normativa que regla su creación, actividades y liquidación o disolución. Indica que ante la persistencia del Fisco en pretender unificar procedimientos y denegar liminarmente los certificados de exención con sustento en que se adeudan gravámenes por los períodos en que se pretenda la no vigencia del beneficio, sólo cabe la vía judicial del amparo.
En síntesis, sostiene que el no haber cumplido oportunamente con las diversas normas para obtener el certificado de exención, no empece a la vigencia del beneficio, siendo admisible su regularización. La caducidad del beneficio por contravenir las condiciones legales de la exención, y subsiguiente obligación de determinación e ingreso del gravamen, la aplicación de sanciones, y aun de la ley 24769, sólo resultan procedentes una vez cumplidos los procedimientos legales.
Solicita se suspenda el procedimiento hasta que la cooperativa pueda cumplimentar la presentación exentiva con todos los recaudos formales; el perjuicio que traerá aparejado la continuación de este expediente sin prever estas circunstancias conlleva a un peligro cierto en el funcionamiento del ente, por lo que de no ser otorgado en sede administrativa deberá acudir en este sentido al órgano jurisdiccional judicial para que dicte una medida suspensiva.
Alega que se trata de un ente cooperativo, no es una sociedad comercial. presuponer prima facie como lo hace el acto atacado que la conducta podría encuadrar en la figura del art. 46 de la ley 11683 es un acto incriminatorio y discriminatorio, porque no se trata de un particular o de una sociedad, sino de un ente cooperativo, que a sabiendas el funcionario no puede dudar de que está exento; y que haya omitido el deber formal de peticionar, al que, encima ahora, está atado de manos porque depende de que se autorice administrativamente el cambio de domicilio.
Con respecto al Impuesto al Valor Agregado, basa su análisis en dos ejes: 1) el exceso reglamentarista en que cae la Resolución General (AFIP) N° 680/99 y 2) la existencia de documentación respaldatoria de las operaciones que como documentos no contextuales, pero que reunidos con la solicitud de préstamo, permiten apreciar, con grado suficiente de certeza, que el destino de los fondos tomados es para atender mejoras de escasa significación económica pero sumamente imprescindibles para quien desee poseerlas.
Con relación al punto 1), cita los artículos 7º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y artículo 36º del Decreto N° 692/98, efectuando una crítica a la Resolución General (AFIP) N° 680/99 por ser contraria al artículo 28 de la Constitución Nacional y por limitar irracionalmente el beneficio otorgado por la ley, en tanto que observaría la falta de actualización de los valores expresados en la misma atento la inflación imperante, relacionando dicha norma a la operatoria de entidades financieras.
Indica que condiciones de mercado, de acceso a las instituciones oficiales o privadas, habían limitado el funcionamiento de Bienestar al otorgamiento de préstamos entre sus asociados para dos destinos: a) el consumo y b) refacción y mejoras de sus propiedades y con relación a estas últimas, hace referencia al tipo de mejoras que realizarían los socios cooperativos en sus propiedades, en virtud de ser trabajadores de recursos bajos o muy bajos, las que responden a obras imprescindibles para hacer más habitables las mismas. – Manifiesta que el juez administrativo, respecto del fondo de la cuestión incurriría en un exceso de calificación, generando por vía administrativa la pérdida de una dispensa amparándose en una norma de menor jerarquía, la que se impugna, por entorpecer el fin perseguido en la Ley de manera arbitraria.
Critica el acto administrativo por argumentar que la documental aportada no acredita el carácter de única casa habitación del tomador o la posesión pública, pacífica y continua, ni la descripción detallada de la mejora certificada por profesional matriculado.
Interpreta que la documentación por ellos exigida a los tomadores de préstamos (fotocopia de DNI donde consta el domicilio, dos servicios del inmueble a refaccionar y recibo de haberes) sería suficiente para acreditar los requisitos mínimos necesarios.
Con relación al punto 2) señala que "Bienestar ejerce el contralor sobre el destino de los fondos ya que lo que no puede exigir a sus socios cooperativos lo implementa por cuenta propia.", efectuando a su vez, por mandato conferido por estatuto, el monitoreo de todas las operaciones que tienen como destino la refacción o mejora, mediante personal técnico competente, quienes velan por el destino de los fondos; indicando a su vez, que la cooperativa fiscaliza por cuenta propia, a través de representantes cooperativos que constatan el domicilio y habitabilidad del mismo, el destino de los fondos cooperativos asignados, debido a que los socios no aportan el detalle de la mejora a realizar avalada por profesional matriculado.
Entiende que tendría más valor esta documentación, que la exigida por el fisco mediante Resolución General (AFIP) N° 680/99, ya que intervino un representante de la cooperativa y fueron constatadas las tareas a realizar. Sostiene que la operatoria que nos interesa en este responde está dirigida a mejorar, dentro de las posibilidades, la vivienda que constituye el asiento del núcleo familiar y los préstamos que se otorgan están vinculados directamente con la capacidad de pago de los socios cooperativos, la mayoría de ellos con algún trabajo informal y con relación de dependencia con el estado, es decir, por las características de quienes conforman la entidad, todos trabajadores de recursos bajos o muy bajos, el endeudamiento al que pueden comprometerse es muy limitado, destinado a obras imprescindibles para hacer habitable su propiedad, tales como instalación de gas, o de agua, o colocar revestimientos en los ambientes húmedos, o pisos donde había alisado. Es decir, a las mejoras son muy importantes para ellos pero difícilmente apreciables por su valor monetario para otros sectores sociales. Considera un agravio la graduación de la sanción por encima del mínimo al tener en cuenta como antecedentes, hechos que no se encuentran firmes ni consentidos, y su clasificación como figura dolosa. Con respecto a los intereses resarcitorios indica que los mismos surgen como de raíz represiva y carácter sancionatorio, indicando que su aplicación lesionaría derechos adquiridos, apartándose de principios de razonabilidad, afectando su derecho de propiedad y generando el estado un enriquecimiento ilícito.
En cuanto al Expte. N.º 47.582-I que determina la responsabildad solidaria del Sr. Branne Jorge Hector indica que no fue ni es presidente de la cooperativa. Reconoce haber cometido errores al confeccionar actas en las que se consignó cargo (vice-presidente) que no se encuentra estipulado en el estatuto, negando que la responsabilidad como representante de una cooperativa pueda estar vinculado a quien es la persona que da órdenes, entrega materiales o ejerce control administrativo de la organización.
Afirma que ninguna de las conductas y actos desarrollados confieren el carácter de administrador de la cooperativa ni participe de las decisiones sociales y que como apoderado es ejecutor de las mismas ya que las que despliega en ejercicio de dicho mandato se atribuyen a la persona en cuyo nombre actúa, por orden expresa conforme la naturaleza jurídica del mandato.
Ofrece prueba, reserva la cuestión federal y solicita se revoque el acto apelado, con costas.
II. A fs. 82/97vta y fs. 251/263vta el Fisco Nacional contesta el recurso y niega todos y cada uno de los hechos alegados por la recurrente.
En primer lugar manifiesta que en el marco de la O.I. N° 911.228 en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 33 y 35 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus mod.), se procedió a verificar el cumplimiento de los deberes tributarios a cargo de la accionante, quien se encuentra inscripta en la Administración Federal de Ingresos Públicos desde el año 2002, y que habiendo iniciado por primera vez el trámite para el reconocimiento de la exención, la misma le fue denegada en el año 2003 y archivada en el año 2005, es decir, ya sea de acuerdo a lo establecido por la Resolución General N°2681 vigente desde el año 2009, o mediante los procedimientos reglamentados en las resoluciones que antecedían a la citada, nunca finalizó el trámite para obtener el reconocimiento de exención.
En lo relativo al Impuesto al Valor Agregado sostiene que en el proceso de determinación de la materia imponible se han aplicado las normas, que se encuentran vigentes, sin que pueda verificarse excesos en su implementación; y vinculado a la documental aportada, la misma no acredita los requisitos, en los términos de la normativa citada, como por ejemplo destino de los préstamos otorgados a efectos de ser reconocido el beneficio pretendido. Afirma que fue constatado que el débito fiscal exteriorizado en las declaraciones juradas presentadas para el periodo verificado, corresponde al débito registrado en libros como "gravado", proveniente de intereses de préstamos no utilizados para refacción o mejoras de vivienda sino para consumo, detectándose asimismo, ingresos registrados como "no gravados", correspondientes a intereses de préstamos, otorgados para la refacción o mejoras de viviendas.
Con respecto al Impuesto a las Ganancias reitera que no es potestad de la Administración la flexibilización del procedimiento para el reconocimiento de la exención en el impuesto que viene dado por ley, siendo obligatorio, para la contribuyente (como para el resto de contribuyentes) el cumplimiento efectivo de toda la normativa vigente con el propósito de la obtención del solicitado reconocimiento. El hecho concreto mencionado del cambio de domicilio no aprobado por el INAES, se encuentra fuera de la jurisdicción del Organismo.
Afirma que se verifica con carácter de activo en el Impuesto a las Ganancias atento no haber reconocido el Organismo a la cooperativa como sujeto exento del impuesto; en tanto se constatan presentadas en cero las declaraciones juradas correspondientes a los períodos fiscales 2009 a 2011, y sin presentación, la correspondiente al período fiscal 2012.
Alega que durante la fiscalización practicada se analizó toda la documentación aportada por la actora y la obtenida de la-base de datos del Fisco Nacional, comprobándose la carencia de documentación que justifique los dichos de la apelante. Sostiene que sus meras manifestaciones no son prueba suficiente para revertir el criterio esgrimido por el Fisco Nacional.
En cuanto a los intereses resarcitorios señala que como se encuentra acreditada la falta de pago del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales en debate, se aplicaron en consecuencia los intereses resarcitorios que establece el artículo 37 de la Ley, de Procedimiento Tributario en los siguientes términos "La falta total o parcial de pago de los gravámenes, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta, devengará desde los respectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio".
Con respecto a la aplicación de multa sostiene que del análisis de las demás circunstancias objetivas y subjetivas del caso, se consideraron "prima facie' que existen elementos suficientes para aplicar una multa prevista en el artículo 46 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) en relación con el Impuesto a las Ganancias, por los ejercicios fiscales 2010 y 2012.
En cuanto al Expte. 47.582-I en el se discute la responsabilidad solidaria manifiesta que habiendo transcurrido el plazo de intimación de pago aludido en la normativa citada, sin que Cooperativa de Viviendo Crédito y Consumo Bienestar Limitada haya abonado las deudas en cuestión, el Fisco se encuentra legalmente habilitado para determinar la responsabilidad solidaria a quien corresponda según lo previsto en el artículo 81 dé la Ley de rito, en el caso de autos el Sr. Branne Jorge Héctor, dado que es apoderado de la mencionada entidad. Alega que se verificaron sueldos de empleados de la cooperativa firmados por Branne Jorge Héctor; nota del Banco Patagonia en el que figura como uno de los autorizados para operar las cuentas corrientes N° 206- 206007300-000 y N° 206-206007300-001 habilitadas; nota del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la que figura como único autorizado a operar la cuenta corriente N° 2000-17797/5 por el período 2011/2013; cheques emitidos por la cooperativa girados contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, extendidos con la firma del Sr. Branne; copia de escritura N° 158 mediante la cual se otorga poder general amplio de administración y disposición al Sr. Branne, en su carácter de presidente de la cooperativa, para actuar en su nombre; copias de actas de reunión de Consejo Directivo, en las que por la gestión adminitrativa y en su carácter de vicepresidente de la cooperativa se fijan los honorarios del Sr. Branne; todo lo cual sustenta que el Sr. Branne Jorge Héctor ejerció como apoderado de la cooperativa, con manejo y participación en los destinos de la sociedad. Alega que la actividad que le corresponde a. un presidente o vicepresidente de una cooperativa en relación a los impuestos tratados, no es facultativa sino obligatoria e inherente a la función de representación ejercida. Sostiene que en modo alguno el responsable demuestra que su representada lo ha colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales, por lo que las circunstancias que refiere no lo desvincula de su carácter de responsable por deuda ajena ni tampóco de su carácter de responsable solidario ante el incumplimiento de la cooperativa que representa. Y ello dado que el propósito primordial del legislador al crear la figura del responsable solidario, es el resguardo del crédito fiscal.
Hace reserva la cuestión federal y solicita se confirme el acto apelado, con costas.
III. A fs. 104 se abre la causa a prueba ordenándose producir la prueba informativa, pericial contable y testimonial. A fs. 110/113, 117/120, 143/145, 271, 287 se produce la prueba informativa. A fs. 146/173 se produce la prueba testimonial. A fs. 270 se resuelve acumular el Expte. N° 47582-I al que lleva el N° 47.351-I. A fs. 289/292 se produce la prueba pericial contable. A fs. 312 se clausura el período probatorio. A fs. 318 se elevan los autos a consideración de la Sala B. A fs. 324 se ponen los autos para alegar. A fs. 329/331 y fs. 334/338vta obran alegatos de la actora y el Fisco Nacional. A fs. 340 pasan los autos a sentencia.
IV. Que conforme surge de las actuaciones administrativas por O.I. N° 911.228 se procedió a verificar el cumplimiento de los deberes tributarios a cargo de la accionante, quien se encuentra inscripta en la Administración Federal de Ingresos Públicos desde el año 2002, y que habiendo iniciado por primera vez el trámite para el reconocimiento de la exención, la misma le fue denegada en el año 2003 y archivada en el año 2005, es decir, a criterio del Fisco Nacional ya sea de acuerdo a lo establecido por la Resolución General N°2681, vigente desde el año 2009, o mediante los procedimientos reglamentados en las resoluciones que antecedían a la cooperativa, nunca finalizó el trámite para obtener el reconocimiento de exención.
Con motivo de las tareas referidas, atento verificarse con carácter de contribuyente activo en el Impuesto al Valor Agregado la fiscalización efectuó ajustes como consecuencia de no considerar acreditado el beneficio de la exención fijado por la Ley del Impuesto al Valor Agregado en su artículo 7° inciso h) punto 16, apartado 8), respecto de los intereses sobre préstamos que habrían sido destinados a mejora o refacción de viviendas. Asimismo al constar presentadas en cero las declaraciones juradas correspondientes al Impuesto a las Ganancias de los ejercicios fiscales 2009 a 2011 y sin presentación la referida al ejercicio fiscal 2012, mediante las Resoluciones Nros. 210/2015 (DV RRLP) y 209/2015 (DV RRLP) ambas dictadas el 13/08/2015, notificadas el 19/08/2015 se otorgó Vista de las actuaciones administrativas y de las liquidaciones del Impuesto al Valor Agregado períodos fiscales enero de 2011 a septiembre de 2013, e Impuesto a las Ganancias ejercicios fiscales 2010 a 2012 respectivamente, de conformidad con el artículo 17 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
V. En cuanto al ajuste en el Impuesto a las Ganancias cabe señalar que el inciso "d" del art. 20 de la Ley N° 20.628 (t.o. Decreto N° 649/97) establecía la exención de las utilidades de las sociedades cooperativas de cualquier naturaleza y las que bajo cualquier denominación (retorno, interés accionario, etc.), distribuyen las cooperativas de consumo entre sus socios.
Que en primer término, corresponde señalar que no se discute en autos el carácter de entidad cooperativa que reviste la parte actora, toda vez que así se constituyera desde el momento mismo de su creación. Conforme surge de la prueba informativa producida en autos dirigida al INAES, la misma informa que la Cooperativa se encuentra inspcripta en ese Instituto bajo Matricula 23482, con domicilio registrado en el Padrón de Cooperativas en la calle Rivadavia 2671 -Piso 9- Depto A- Mar del Plata – Gral Pueyrredon y consta con actuaciones sumariales bajo Expte. N° 04342/09 por Resolución N° 2791, 2792, 2793. (fs. 117/120).
Ahora bien el Fisco Nacional sostiene que la recurrente se encuentra inscripta en la Administración desde el año 2002, y que habiendo iniciado por primera vez el trámite para el reconocimiento de la exención oportunamente, la misma le fue denegada en el año 2003 y archivada en el año 2005, ya sea, de acuerdo a lo establecido por la Resolución General (AFIP) N° 2681, vigente desde el año 2009, o mediante los procedimientos reglamentados en las resoluciones que antecedían a la citada.
Sobre este aspecto en particular, no obstante lo señalado por el Fisco Nacional, cabe poner de resalto que, conforme surge de la la prueba informativa acompañada en autos que la recurrente hubo presentado su trámite de cambio de domicilio ante el INAES conforme Resolución N° 3371/2009. A fs. 143 la oficiada detalla los domicilios históricos que surgen de la consulta del Sistema Maestro de Cooperativas.
Sentado lo expuesto corresponde señalar que más allá de las cuestiones reseñadas relativas al trámite de exención, en el caso de autos, se trata de un ente cooperativo que, sin perjuicio de la coyuntura puntual del trámite de cambio de domicilio, se encontraba exento del gravamen conforme establece el inciso "d" del art. 20 de la Ley N° 20.628 (t.o. Decreto N° 649/97).
Corresponde señalar que esta situacion ya fue tratada por esta Sala en autos “COOPERATIVA DE CRÉDITO, CONSUMO Y VIVIENDAS INDEPENDENCIA LTDA. N° 24.473-I c/ DGI" de fecha 1/6/2022. Se señaló allí que en efecto, conforme ha expresado en reiteradas oportunidades la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “..el carácter de sujeto exento estará dado por el encuadramiento de la entidad actora en las previsiones de dichas normas y no por la circunstancia de que cuente o deje de contar con una resolución del ente recaudador que declare explícitamente que reviste esa calidad, máxima si se tiene en consideración que el citado art. 39 dispone que la exención opera automáticamente, por la sola obtención de la personería gremial. Ello sin perjuicio de la función que pueda cumplir una declaración de esa clase en lo relativo a clarificar lo atinente a deberes formales y obligaciones derivadas de pagos o cobros a terceros" ("U.T.G.R.A. Unión de Trabajadores Gastronómicos de la República Argentina c/ D.G.I. s/ acción de amparo", Fallos 322:2173, Considerando 6°, 16/09/1999). Ello así, no escapa al criterio de esta Sala que el supuesto de hecho analizado por el Máximo Tribunal se refiere a la exención establecida en el art. 20 inciso "f" de la ley del gravamen, vinculada a entre otras, las asociaciones gremiales, supuesto que a su vez se observa reforzado por la automaticidad de la exención al obtener la respectiva entidad la personería gremial, específicamente prevista en el art. 39 de la Ley N° 23.551, de Asociaciones Sindicales.
No obstante ello, esta tesitura ha sido reiterada por la Corte Suprema en autos "Recurso de Hecho deducido por el Fisco Nacional (AFIP -DGI) en la causa Cámara de Propietarios de Alojamientos c/ Dirección General Impositiva" de fecha 26 de noviembre de 2002 (Fallos 325:3092).
En este segundo precedente, deben destacarse las palabras del Procurador General de la Nación, Dr. Nicolás Eduardo Becerra, quien en su dictamen expresara que "...(e)ste certificado constituye un mero acto de reconocimiento, por parte de la Administración, de las situaciones en que, prima facie, se encuentran determinadas personas, a los fines de adecuar su actuación respecto de los demás sujetos gravados y terceros, como asimismo el propio Fisco" (cfr. "Cámara de Propietarios de Alojamientos el Dirección General Impositiva", Dictamen del Procurador General de la Nación de fecha 12 de julio de 2001, Considerando VI).
Este criterio fue convalidado también en el supuesto de la derogación retroactiva del beneficio exentivo de las entidades mutuales comprendidas en el inciso "g" del art. 20 de la ley del gravamen, a través del Dictamen de la Procuradora General de la Nación, Dra. Laura M. Monti, de fecha 4 de noviembre de 2009, el cual la Corte Suprema Justicia de la Nación compartiera el 2 de marzo de 2011 en autos "Mutual de Socios Credivico c/ AFIP- DGI - Región 1 resol. 27-X-00 s/Dirección General Impositiva" al desestimar el recurso extraordinario interpuesto por el Fisco Nacional. Se destaca que el Dictamen mencionado toma su base de los dos precedentes de Corte anteriormente señalados.
Al igual que se sostuvo en la jurisprudencia que emana del caso "Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre C/DGI", Sala 1 de la CNACAF (19.12.17), lo esencial no es el reconocimiento formal como persona exenta, sino la adecuación sustancial a las previsiones de las leyes que establecían esos beneficios. En el presente caso el fisco no demostró la existencia de hechos y actos que pusieran en evidencia la transgresión de las condiciones legales bajo las cuales la cooperativa gozaba de la franquicia.
Atento lo expuesto corresponde revocar el ajuste practicado por el Fisco Nacional en el Impuesto a las Ganancias.
VI. En lo relativo al ajuste practicado en el Impuesto al Valor Agregado corresponde efectuar una reseña de la normativa en trato.
El artículo 7° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que “Estarán exentas del impuesto establecido por la presente ley, las ventas, las locaciones indicadas en el inciso c) del artículo 3° y las importaciones definitivas que tengan por objeto las cosas muebles incluidas en este artículo y las locaciones y prestaciones comprendidas en el mismo, que se indican a continuación: ... h) Las prestaciones y locaciones comprendidas en el apartado 21 del inciso e) del artículo 30, que se indican a continuación: ... 16) Las colocaciones y prestaciones financieras que se indican a continuación ...8. Los intereses de préstamos para vivienda concedidos por el FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA y los correspondientes a préstamos para compra, construcción o mejoras de Viviendas destinadas a casa-habitación, en este último caso cualquiera sea la condición del sujeto que lo otorgue.
El Decreto 692/98, en su parte pertinente dice: Art. 36:.... Asimismo, en todos los casos la documentación que respalda la operación deberá contener una manifestación expresa del prestatario en la que conste que el préstamo será afectado a una vivienda que constituye o constituirá su propia casa habitación, como así también, cuando se trate de mejoras, los elementos probatorios necesarios que acrediten su condición de tal, de acuerdo a lo previsto en el párrafo anterior, debiendo en ambos casos ajustarse a la forma y condiciones que al respecto establezca la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.”
Finalmente, el organismo dictó la, RG 680/99 en la cual en su Artículo 1ºestablece “A efectos de la exención sobre los intereses correspondientes a préstamos para compra, construcción o mejoras de viviendas destinadas a casa habitación —artículo 7°, inciso h), punto 16., apartado 8, de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones—, los tomadores de los préstamos y aquellos sujetos que los otorguen, cualquiera sea su condición, deberán cumplir con las disposiciones del artículo 36 del Decreto N° 692/98 y sus modificaciones y con los procedimientos, requisitos, plazos y demás condiciones que se establecen en la presente Resolución General.
Asimismo el art. 2° de dicha resolución dispone “Los prestadores comprendidos en la presente, cualquiera sea su condición, —a efectos de la exención indicada en el artículo 1º de esta Resolución General— podrán otorgar préstamos o financiación únicamente por un monto equivalente al importe de la inversión (precio de compra de la vivienda o valor de la construcción o mejora a realizar) en el momento de la respectiva solicitud, incrementado hasta en un DIEZ POR CIENTO (10%), inclusive.“ El art. 7° dispone “Los tomadores de préstamos, o de financiación, a fin de la exención a que se refiere esta Resolución General, podrán destinar los fondos a comprar o construir una vivienda, o para realizar mejoras en ella, sólo cuando se trate de una vivienda que es o será utilizada por el prestatario como su única casa habitación.”
El artículo 8° establece que “Los sujetos indicados en el artículo anterior, para acreditar el beneficio a la exención, tendrán que aportar a la entidad financiera o prestador los siguientes elementos, según corresponda: a) para el caso de compra de un inmueble destinado a casa habitación: boleto de compraventa o escritura traslativa de dominio; b) para el caso de construcción de un inmueble destinado a casa habitación: boleto de compra-venta o escritura traslativa de dominio del terreno, y los planos —de las obras a realizar— certificados por un profesional relacionado con la industria de la construcción, cuya firma estará autenticada por la entidad en la cual se encuentre matriculado; c) para el caso de realización de mejoras sobre un inmueble que constituye o constituirá la casa habitación del tomador del préstamo: boleto de compraventa o escritura traslativa de dominio del inmueble, y los planos —de las obras a realizar— certificados por un profesional relacionado con la industria de la construcción, cuya firma estará autenticada por la entidad en la cual se encuentre matriculado. Cuando en los supuestos previstos en los incisos b) y c) anteriores no existan el boleto de compra-venta ni la escritura traslativa de dominio, el tomador del crédito, o de la financiación, deberá probar que tiene la posesión pública, pacífica y continua del inmueble en el que se efectuará la construcción o mejora.”
Sentado lo expuesto es dable señalar que conforme surge de la pericial contable producida en autos resultan atendibles los argumentos del perito de la actora por cuanto en los legajos agregados en el expediente y revisados figuran elementos para establecer, con algún grado de certeza, el destino de los préstamos. En efecto, se observa una Declaración Jurada del solicitante del préstamo manifestando que el mismo será destinado a la refacción de su vivienda, requisito que lo establece la AFIP en la Resolución General 680/99 y un informe de profesional matriculado que verifica en el inmueble del tomador del préstamo la exactitud de lo declarado por el solicitante y la factibilidad de realizar las mejoras que se manifiestan en la Declaración Jurada mencionada. Este informe también es requerido por la Resolución General 680/99.
Si bien, tal como lo pone de evidencia el perito designado a propuesta del Fisco Nacional, la firma de dicho profesional no se encuentra certificada por el colegio que regula el ejercicio de su profesión, cabe advertir que teniendo en cuenta las particularidades de la presente causa, la exigencia de dicha certificación tornaría onerosa la concesión de los préstamos en cuestión, teniendo en cuenta que los mismos son por bajos montos, están destinados a atender mejoras de escasa significación económica en la casa habitación de personas asociadas a la Cooperativa, no habiendo tan siquiera el Fisco insinuado que existiera un desvío en la aplicación de tales fondos, amparándose tan solo en una exigencia formal, que en el caso luce como excesiva.
Por tal motivo, surgiendo de las actuaciones administrativas la existencia de documentación respaldatoria de las operaciones discutidas en autos las cuales junto con las declaraciones juradas permiten apreciar con grado de certeza suficiente que el destino de los fondos tomados por los prestatarios de la recurrente eran para atender mejoras de escasa significación económica en su casa-habitación y no surgiendo elementos que permitan sospechar que otro hubiera sido el destino de los fondos prestados por la Cooperativa a sus asociados, corresponde revocar el ajuste practicado por el Fisco Nacional.
VII. Atento la forma en que se resuelve en los Considerandos precedentes, resulta inoficioso tratar la Res. 267/2016 que determina la Responsabilidad Solidaria artibuida a Branne Jorge Hector, correspondiendo en consecuencia su revocacion.
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar los actos apelados en autos. Con Costas al Fisco Nacional.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.12.05 22:27:01 ART Date: 2022.12.06 15:05:11 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.12.06 15:08:50 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.06 15:09:20 -03:00
Fin de la sentencia