Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Disposición N° 497/2007, del 14/12/2007, dictada en la Actuación AA 33-03-0994 (SIGEA 12586-131-2005), con costas.
I. Que, a fs. 50/64 y vuelta, se presenta el letrado mandatario de la firma PLAXS S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución nº 497/07, dictada en el expediente n° AA33-03-0994 (SIGEA 12586-131-2005), que confirma el cargo Nº 230/02, practicado en la destinación 01-033-ZFE1-010.106-Z. Resume los antecedentes administrativos que justificarían la disposición recurrida. Cuestiona la desestimación de los valores de transacción correspondientes a los ítems 1, 7, 15, 20, 24, 25, 26, 28, 29,30, 31, 32, 33, 35 y 40. Dice que en el caso en cuestión el servicio aduanero ha extraído valores del sistema ExiNet NOSIS y detalla las impresiones tenidas en cuenta por el Informe Técnico 232/07.
Se agravia concretamente respecto de la valoración realizada por la parte demandada. En resumidas cuentas, detalla que la Ley 23.311 regula lo relativo a la valoración de mercadería importada por aplicación del art. VII del GATT, y la Ley 24.425 aprobó las normas relativas al Acta de Marrakech, que ha sido denominada como “norma ampliatoria” del Acuerdo. Que el mismo establece las normas de valoración en aduana, y el art. 1 se refiere expresamente al valor de transacción. Que concretamente en el caso que nos ocupa, la aduana ha establecido la aplicación del método del art. 3, tal es el valor de transacción de mercaderías similares que se han exportado a nuestro país. Que entre ellos el servicio aduanero ha utilizado precedentes de valor más bajo.
Entiende que en dichos antecedentes no se encuentran las producidas por el mismo fabricante, ni llevan incorporados elementos de ingeniería, creación o perfeccionamiento, ni gastos de transporte; por ello interpreta que los valores por ella consignados se encuentran debidamente respaldados por las facturas, y que el acto administrativo impugnado carecería de motivación. Aduce que sin la existencia de antecedentes de mercaderías similares, también se han desestimado los valores de transacción por ella aportados respecto de los ítems 20, 25,26 y 33. Con relación a los ítems 1, 7, 15, 24, 28, 30, 31, 32, 35 y 40 con impresiones de datos extraídos del sistema ExiNet de NOSIS, de lo que resultan una gran diversidad de precios, no puede ser considerado como punto de llegada, o fundamento del ajuste practicado.
Detalla puntualmente sus críticas respecto de cada caso. Agrega que además de las facturas comerciales, aportó el Certificado de Preembarque y la Solicitud de Reexportación emitida por el Servicio Nacional de Aduanas de la República de Chile. Cita jurisprudencia que considera favorable a su argumento. Solicita se la exima de los intereses devengados desde la notificación del cargo por ausencia de mora culpable, como así también de las costas del proceso. Ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada, con costas a la contraria. Formula reserva del caso federal.
II. Que a fs. 80/86 vta., se presenta el representante de la DGA y contesta el traslado oportunamente conferido. En primer lugar, y en cumplimiento del imperativo procesal, niega todos y cada uno de los hechos y el derecho invocados por la actora. Señala que en virtud del artículo 17 del GATT se concede al Servicio Aduanero la facultad de dudar acerca de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados a los fines de la valoración. Expresa que no se pueden aceptar los importes declarados, acorde a lo dispuesto por la R.G. 857 (AFIP) y que en atención a ella se ha recompuesto el valor. Sintetiza los hechos. Manifiesta que el ajuste no responde a meras suposiciones, sino que refleja el estudio efectuado por la División Valoración de Importación de su mandante. Que la accionante no realiza una observación técnica de la recomposición de valor realizada, limitándose a discrepar del procedimiento empleado para llevarlo a cabo. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, plantea el caso federal y solicita se confirme lo decidido por la parte demandada.
III. Que a fs. 87 se abre la causa a prueba, produciéndose los informes que obran agregados en autos. A fs. 187 se declara cerrado el período probatorio. A fs. 206 se elevan los autos a consideración de la Sala G. A fs. 207 se ponen los autos para alegar. Que a fs. 216/217 y vuelta obra el alegato presentado por la accionante y a fs. 221 y vuelta, el presentado por la Dirección General de Aduanas. A fs. 230 se ponen los autos para dictar sentencia.
IV. Que en las actuaciones administrativas AA33-03-0994 tramitó el recurso de impugnación incoado por la aquí accionante, deducido contra el ajuste de valor practicado por la dependencia técnica competente de la Región Aduanera La Plata, que derivó en el cargo 230/2002 (DV. FOLP). En síntesis, el organismo aduanero, luego de los estudios realizados, concluyó que los valores documentados no concordaban con los usuales en dicha rama del comercio. Se propuso efectuar el ajuste de valor que aquí se cuestiona, basado en mercadería similar. La parte interesada ofreció prueba informativa, sobre la cual se expidió la Sección Fiscalización y Valoración de Importación. Se adjuntaron a los actuados todos los informes tenidos en cuenta. Posteriormente se expidió el Asesor Letrado mediante dictamen Nro. 312/07, y en resumidas cuentas tiene por totalmente reproducido el informe técnico referido. Por lo cual la Sr. Administradora (int.) de la Aduana de la Plata decide no hacer lugar, rechazar la impugnación deducida por la firma y confirmar el cargo que aquí se recurre.
V. Que a fin de decidir el presente corresponde recordar que la DGA puede prescindir de los valores resultantes de la factura comercial, cuando sean sospechosos, poco creíbles, o irrazonables, y en tanto la actora no enerve esa presunción con prueba en contrario.
El valor de transacción que surge de la factura comercial que ampara la mercadería importada, podía haber sido objetado por el servicio aduanero en uso de las atribuciones que surgen del art. 9, ap. 2 incs. a), b) y d) del decreto 618/97. Que, como adelantamos, el Informe Técnico de Fiscalización y Valoración en que se fundó el ajuste de valor señalaba que los valores cuestionados no concuerdan con los usuales en la rama del comercio o industria que se trata. Tratándose de valores a los que se aplica la normativa del GATT, la aduana debía dar fundamento suficiente de los ajustes por los que descarta los precios de transacción, salvo que se trate de precios viles, irrisorios o irrazonables (conf. criterio de la Dra. García Vizcaíno in re “Electrónica JS SRL”, del 24/6/03).
Que en caso de rechazarse el valor de transacción, los puntos 3. de los arts. 2 y 3 del Acuerdo para la Aplicación del Art. VII del GATT prevén que si al aplicar estos artículos se dispone de más de un valor de transacción de mercancías idénticas o similares, respectivamente, “para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas se utilizará el valor de transacción más bajo”.
Lo cierto es que, en este recurso de revisión, debe verificarse si los antecedentes considerados por la aduana resultaron suficientes -a la luz del procedimiento de valoración previsto en el Acuerdo del GATT-, para desestimar el valor declarado en su momento por la recurrente.
En resumen, como ha quedado delimitada la jurisdicción del Tribunal, éste debe dilucidar la procedencia del ajuste de valor realizado con relación a la mercadería documentada en el Despacho de Importación N° 01-033-ZFE1-010.106-Z, gestionado en la Actuación AA 33-03-0994 (SIGEA 12586-131-2005).
Conviene recordar el marco normativo aplicable a la cuestión planteada. Es pertinente hacer notar que mediante la ley N° 24.425 del 23/12/1994, se aprueba el Acta Final, en que se incorporan los resultados de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, las Decisiones, Declaraciones y Entendimientos Ministeriales, el Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la OMC y, entre otros, el Acuerdo relativo a la aplicación del Art. VII del GATT de 1994. Cabe subrayar que este último incorpora, además, la “Decisión del Comité de Valoración en Aduana relativa a los casos en que las administraciones tengan motivo para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado”.
VI. En tales condiciones, con relación al Acuerdo relativo a la aplicación del Art. VII Del GATT de 1984, la valoración de las mercaderías en las operaciones de importación se determina a partir de las normas en él contenidas, las que instruyen aplicar, primeramente, a efectos de la determinación del valor en aduana, el “valor de transacción” definido como el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, ajustado de conformidad con lo dispuesto en el art. 8, siempre que concurran ciertas circunstancias que se enuncian taxativamente en el mencionado art. 1°. En ese sentido, no ofrece duda que, si el valor de transacción se adecúa a los parámetros definidos en el Acuerdo, debe ser aceptado como base de tributación, con independencia del valor normal que pudiera corresponder a la mercadería.
Pero, en cambio, si no se adecúa, esto es, si la mercadería no pudiera valorarse conforme al valor de transacción, los artículos 2 a 7 inclusive establecen métodos para determinar el valor en aduana en todos los casos en que no pueda determinarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1°, los que deberán aplicarse recurriendo sucesivamente a cada uno de los artículos siguientes hasta hallar el primero que permita determinarlo. En ese orden de ideas, quisiera insistir en que este orden de prelación de aplicación de métodos secundarios de valoración que enumera el Acuerdo, en una suerte de sistema “cascada”, de suerte tal que se establece que cuando no pueda aplicarse el primer método de valoración en aduana, esto es, el valor de transacción, el orden de la aplicación subsidiaria será, a saber: si hay mercadería idéntica, corresponderá aplicar este valor, si no hubiera y existiera mercadería similar, el valor de ésta última será el aplicable, y así sucesivamente.
Luego, vista la dificultad de la valoración conforme al método deductivo del art. 5° (se parte del precio de venta en el país de importación y se deducen las ganancias del vendedor, los gastos ocasionados en el país de importación y los tributos internos abonados) y al método del valor reconstruido del art. 6° (se parte del costo de producción y se adicionan los gastos y ganancias hasta llegar a un valor CIF), el Acuerdo prevé la posibilidad de alterar el orden de aplicación, a pedido del administrado -del 5° por el 6°-. Por último, el art. 7° establece cómo determinar el valor en aduana en los casos en que no pueda determinarse con arreglo a ninguno de los artículos anteriores.
VII. Respecto de la “Decisión del Comité de Valoración en Aduana relativa a los casos en que las administraciones tengan motivo para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado”, y a efectos de una adecuada interpretación de la intención de los firmantes del Acuerdo, y en particular de la mencionada Decisión, cobra particular relevancia entender el trasfondo de las negociaciones multilaterales que concluyeron en la Ronda Negociaciones de Uruguay con la aprobación, 1 por parte del Comité de Valoración en Aduana (CVA) , de dicha normativa.
2 Así, puede leerse en el “Manual sobre el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC” que el objetivo de las negociaciones de la Ronda Uruguay, en lo que respecta a la valoración en aduana, era “mejorar, aclarar o ampliar, según 3 corresponda”, el Código de la Ronda de Tokio y, por lo tanto, lograr una mayor aceptación entre las partes del GATT. En el momento en que se lanzó formalmente la Ronda Uruguay, menos de un tercio de las partes contratantes del GATT habían firmado el Acuerdo de Valoración del GATT. La participación limitada en la valoración y otros códigos de la Ronda de Tokio, en particular por parte de los países en desarrollo, había sido motivo de preocupación para las partes contratantes del 4 GATT y se convirtió en un foco importante de la actividad del GATT en los años previos a la Ronda Uruguay. Realizadas 5 encuestas sobre los “obstáculos” que los países en desarrollo previeron al adoptar el Código de Valoración , en lo que aquí interesa, el tema de la “facturación falsa e ingresos del gobierno” se convirtió en el foco principal de las discusiones en el grupo de negociación de la Ronda Uruguay sobre valoración.
Es sabido que las preocupaciones prácticas tempranas sobre el valor de transacción giraron en torno a la hipótesis de que el precio en cuestión pueda ser ficticio. Y se planteó la posibilidad de lo que se conoce como "doble facturación" para fines aduaneros. En ese contexto, se entendió que “ese precio, si se declara que era el precio real según [el método del valor de transacción], no sería rechazado por la Aduana a menos que estuviera en condiciones de probar su falsedad estableciendo el verdadero precio de venta real”. Y se sostuvo que “ninguna Administración de Aduanas podría aceptar la carga de tal prueba” (pag. 19 del Manual).
En ese sentido, las negociaciones sobre valoración fueron impulsadas en gran medida por los países en desarrollo. Desde el principio, algunos miembros del grupo de negociación dejaron claro que no estaba sobre la mesa un nuevo acuerdo de 6 valoración en aduana o una revisión completa del Código de la Ronda de Tokio existente. Más bien, se pidió a los países que identificaran sus dificultades particulares con el acuerdo existente (teniendo en cuenta el trabajo que se había realizado 7 en los años anteriores en el Comité de Valoración del GATT) y que presentaran propuestas para cambiar el texto existente. Al final, los temas principales de las negociaciones sobre valoración fueron definidos en gran medida por dos propuestas. Uno -el relevante a autos-, presentado por la India, se refería a la carga de la prueba en casos de sospecha de fraude por 8 parte del importador.
VIII. La propuesta de la India fue motivada por una preocupación sobre la eficacia del Código de Valoración del GATT para hacer frente al fraude de valoración, que ya habían expresado los países en desarrollo miembros en las primeras 9 reuniones del Comité de Valoración del GATT. La propuesta fue apoyada por Brasil, que tenía una dificultad especial con la sobrefacturación fraudulenta de los importadores para evitar los controles de divisas, y por varios otros países en 10 desarrollo .
No cabe duda ninguna de que la preocupación general era que el Código de Valoración del GATT imponía a la aduana una carga demasiado grande para demostrar que un precio declarado era falso antes de poder rechazar el valor de transacción, particularmente en los casos en que los importadores y sus proveedores actuaron en connivencia para ocultar el fraude. Precisamente, este problema era particularmente grave para los países en desarrollo, tanto así que se puso en evidencia que no tenían acceso a información comparativa de precios, procesos y bases de datos automatizados, o la experiencia técnica necesaria para detectar declaraciones falsas. Aun, es más, en ese marco de comprensión, lo cierto fue que India propuso que las administraciones aduaneras tuvieran más flexibilidad en virtud del Acuerdo de Valoración para rechazar valores declarados sospechosos. En ese sentido, conviene subrayar que la propuesta de la India y la posterior negociación en la Ronda Uruguay acerca de las verificaciones aduaneras en el marco del Acuerdo, si bien no dio lugar a ninguna alteración de los términos del Acuerdo en sí, lo cierto fue que produjo la importante Decisión Ministerial de la OMC que aclara la cuestión de la carga de la prueba, a saber, la Decisión relativa a los casos en que las administraciones de aduanas tienen motivos para dudar de la Veracidad o Exactitud del Valor Declarado.
En efecto, para simplificar podríamos decir que es con ese espíritu que debe ser interpretada la “Decisión relativa a los casos en que las administraciones de aduanas tengan motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado”, adoptada por el Comité de Valoración en Aduana. Esta Decisión define el procedimiento a seguir en tales casos, diciendo: “ 1. Cuando le haya sido presentada una declaración y la administración de aduanas tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, la administración de aduanas podrá pedir al importador que proporcione una explicación complementaria, así como documentos u otras pruebas, de que el valor declarado representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8. Si, una vez recibida la información complementaria, o a falta de respuesta, la administración de aduanas tiene aún dudas razonables acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado, podrá decidir, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 11, que el valor en aduana de las mercancías importadas no se puede determinar con arreglo a las disposiciones del artículo 1. Antes de adoptar una decisión definitiva, la administración de aduanas comunicará al importador, por escrito si le fuera solicitado, sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y le dará una oportunidad razonable para responder. Una vez adoptada la decisión definitiva, la administración de aduanas la comunicará por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran”.
Dicho de otra forma, en consecuencia resulta ineludible resaltar que, de acuerdo con lo convenido multilateralmente a insistencia de los países en desarrollo, la carga de la prueba recae pura y exclusivamente en el importador quien, a efectos de que pueda utilizarse el “valor de transacción” como la primera base para la determinación del valor de aduana de conformidad con el Acuerdo, debe demostrar fehacientemente, de modo que genere convicción al servicio aduanero, que dicho valor es el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías que se venden para exportación al país de importación, en las condiciones indicadas en los art. 1° y 8°.
En síntesis, mediante la citada Decisión, la OMC reconoce las dificultades que surgen a la hora de fundamentar el apartamiento del método de “valor de transacción” del art. 1° del Acuerdo, especialmente en países en desarrollo como la República Argentina, por lo que en caso de dudas de la administración aduanera acerca de la veracidad y exactitud de dicho valor, habilita la inversión de la carga de la prueba recayendo en el importador la obligación de demostrar dicha exactitud, a efectos de que pueda utilizarse tal método de valuación.
En esa línea de razonamiento, y respecto de cómo ha de implementarse a nivel de cada jurisdicción firmante tales decisiones, el Comité de Valoración en Aduana, mediante el documento G/VAL/W/112, del 31 de octubre de 2002 (02- 6002) referido a “Cuestiones relativas a la aplicación con respecto al artículo 8.3 de la Declaración Ministerial de Doha: Preocupaciones relativas a la exactitud de los valores declarados en aduana y a los medios prácticos para atender esas 11 preocupaciones” , Apartado A, indica: “1. El Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC establece el marco jurídico y un cuerpo específico de normas de valoración en aduana. 2. Los Miembros de la OMC, actuando habitualmente por medio de sus administraciones de aduanas, aplican las disposiciones del Acuerdo sobre Valoración en Aduana para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas con el fin de percibir los derechos de importación cuando se trata de derechos ad valorem. 3. La determinación del valor en aduana es el resultado de la interacción de: - las normas de valoración, los métodos de valoración y las Notas Interpretativas del Acuerdo sobre Valoración en Aduana; - las transacciones comerciales reales y los datos resultantes de las mismas; -los procedimientos y trámites de aduanas. 4. Las normas jurídicas se aplican en el contexto de procedimientos de aduanas, tanto generales como específicos, a transacciones comerciales específicas, y en combinación con los mismos”.
Ello significa que, a efectos de poner en práctica las normas de valoración en aduana del Acuerdo, la determinación del valor en aduana surgirá de aplicar dichas normas, métodos y notas interpretativas a las transacciones comerciales en el marco de los procedimientos que la aduana estableciere en cada jurisdicción, los que todos, en conjunto, producirán el valor en aduana de las mercancías importadas, base imponible para la determinación de los derechos de importación ad valorem. Es por ello que en la presente litis, dada la normativa del GATT, cobran importancia los procedimientos vigentes al momento de producirse las transacciones objeto de análisis.
IX. Sintetizando lo expresado en los considerandos anteriores, debe visualizarse que el valor en aduana basado en el método del valor de transacción depende en gran medida de los documentos presentados por el importador, y tomando en cuenta que el artículo 17 del Acuerdo se reconoce el derecho de las administraciones de aduanas a “comprobar la veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración”, la AFIP emite el 7/6/2000 la RG 857/2000 “Sistema de control de valor. Procedimientos de selectividad para el control de valor. Procedimientos para la determinación final del valor en aduana de las mercaderías importadas”, y el 10/5/2001, la RG 1004/2001 -y modificaciones- “Implementación de un mecanismo para el establecimiento de valores referenciales de carácter preventivo”, ambas en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº618 de fecha 10/7/1997.
Así, entre los fundamentos para la emisión de la RG 857/00 se destaca: “que el Estado Nacional se encuentra empeñado en fortalecer los instrumentos que permitan enfrentar la evasión fiscal y combatir la incorrecta declaración de valor de mercaderías de importación”, por lo que “resulta necesario recoger en un solo plexo normativo las disposiciones relacionadas con el control de valor de las mercaderías importadas”, a efectos de “incrementar las acciones de fiscalización externa por parte de la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS y de la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA contra la evasión fiscal”, para lo cual la AFIP “ha desarrollado herramientas informáticas que posibilitan mejorar la selección de casos a ser sometidos a control, mediante la instrumentación del Módulo de Seguimiento de Valor en el Sistema Informático María, detectando "prima facie" desviaciones de los valores declarados, lo cual permitirá mejorar el control aduanero y resguardar la renta fiscal”.
Aclara que “la Organización Mundial de Aduanas establece que un primer control del valor tiene por objeto verificar que el valor declarado concuerde con los usuales en el ramo de la industria y con los de mercaderías idénticas y/ o similares (Documento 36.660-5)”, por lo cual establece que “la determinación final del valor en aduana de la mercadería se establecerá con posterioridad al libramiento a plaza de la misma, de conformidad con los procedimientos que se establecen en… la presente”. Recuerda que “el artículo 13 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 establece la posibilidad de exigir garantías en forma previa al retiro de la mercadería a plaza, y el artículo 17 expresa que ninguna de las disposiciones previstas en el Acuerdo se podrán interpretar en un sentido que restrinja o ponga en duda el derecho de las administraciones de aduanas de comprobar la veracidad o exactitud de toda información, documento o declaración presentados a efectos de la valoración en Aduana”.
Menciona que “la Decisión relativa a los casos en que las Administraciones de Aduanas tengan motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado, incluida en el Acta Final firmada en la Reunión Ministerial de Marrakech, recogida por la Ley Nº 24.425, destaca que el servicio aduanero podrá pedir al importador explicaciones complementarias, documentos u otras pruebas de que el valor declarado representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por la mercadería importada, cuando haya motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados como prueba de la declaración. Asimismo, si persistiere la duda razonable sobre la veracidad o exactitud del valor declarado, el mencionado servicio podrá decidir que dicho valor no puede determinarse con arreglo a las disposiciones del Artículo 1º del Acuerdo citado en el Considerando precedente”.
Agrega que, a su vez, “se hace necesario establecer procedimientos que permitan detectar las razones de mercado u otra índole que hubieran podido motivar el precio pactado”, para lo cual, se requiere “uniformidad de los criterios de valoración [lo que] torna conveniente que la Dirección de Fiscalización Aduanera tenga a su cargo las funciones de administración y determinación de los niveles de control de valor de mercaderías que se establezcan en el Módulo de Seguimiento de Valor, dado que el área metropolitana concentra significativamente la mayor cantidad de operaciones de importación”, además de “dotar a las áreas de fiscalización externa de la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS de las competencias y atribuciones necesarias para la determinación final del valor en aduana de la mercadería de importación y de cualquier otra determinación tributaria relacionada con la misma”.
Específicamente por la relevancia en autos, debe resaltarse que el “ANEXO II: SISTEMA DE CONTROL DE VALOR –PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA EL CONTROL DE VALOR DE LAS DESTINACIONES DE IMPORTACION”, punto “I. ACCIONES DE CONTROL”, establece que “Las destinaciones de importación podrán ser seleccionadas para ser sometidas a alguno de los siguientes tipos de control de valor: A. CANAL MORADO CON CONSTITUCION DE GARANTIA: En las declaraciones detalladas de importación que hayan sido alcanzadas por esta acción, se deberá constituir garantía previo al libramiento a plaza de la mercadería. El importador y/o auxiliar del servicio aduanero podrá ser objeto de fiscalización externa por parte de la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, de la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA o por ambas en forma conjunta. Tramitará por CANAL ROJO de selectividad general”.
Y entre los fundamentos de la RG 1004/2001 y modificaciones, “teniendo en cuenta el artículo 13 del ACUERDO …es necesario establecer medidas que, sin rechazar el valor declarado por el importador, le permitan retirar sus mercancías de la Aduana mediante la constitución de una garantía que cubra el pago de los derechos de importación y demás tributos a que puedan estar sujetas en definitiva las mismas”, lo que “permitirá perfeccionar el sistema de selectividad en materia de valor, con el objeto de detectar desviaciones de los valores declarados respecto de los valores referenciales, de carácter precautorio, que el servicio aduanero establezca para la rama industrial o comercial de que se trate, teniendo en cuenta para ello las bases de datos de la Aduana, nacionales e internacionales, con valores de transacciones reales”.
Además, se insiste en que “tal sistema de análisis permitirá, además, resguardar la renta fiscal derivando la mercadería al Canal Morado [luego denominado, Canal rojo valor] cuando el valor declarado de aquélla estuviere por debajo de los valores estimados, mediante la exigencia de la constitución de la garantía pertinente”, siendo tal “procedimiento …sólo un mecanismo preventivo de asignación de selectividad y no para la determinación final del valor en aduana, la que estará a cargo de las áreas de valoración de la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en el marco del ACUERDO mencionado” En otras palabras, el servicio aduanero, en base a su experiencia en materia de fiscalización de importaciones, lleva a cabo un relevamiento de despachos de importación e identifica posiciones arancelarias “sensibles” a la subfacturación, respecto de las cuales es necesario extremar los controles para minimizar los riesgos; así, procede a asignarles un canal propio: el “canal rojo morado”, fijándoles valores de aduana referenciales respecto de los cuales habrán de confrontarse los “valores de transacción” declarados por los importadores y, en caso de resultar menores, aplicar lo dispuesto en la “Decisión relativa a los casos en que las administraciones de aduanas tengan motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado”, todo esto en un marco de reaseguro a través de póliza de modo que tales tareas de “mayor” control no entorpezcan el normal fluir del comercio.
Resulta de directo entendimiento que dicho proceder responde a un tema de economía procesal para el fisco y de menores costos de cumplimiento para el importador, por cuanto tal RG establece un criterio -discrecional, si se quiere- de separación de los despachos a los que habrán de pedirse la documentación complementaria que la mencionada Decisión habilita para “todas” las importaciones.
Le competirá al importador y no al servicio aduanero, demostrar la veracidad y exactitud del “valor de transacción” declarado y que responde al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, en los términos del Acuerdo.
No empece a ello la sustitución de la expresión “valor de referencia” de la RG AFIP 1004/2001 por la de “valor criterio” inserta en la RG AFIP 1907/2005 (cuyo art 6° abroga a aquella), ni la utilización de ésta última expresión con limitado alcance en el Acuerdo relativo para la aplicación del Art. VII del GA.
Es bien sabido que se hace referencia a un "valor criterio" en la Nota Interpretativa del Artículo 1, Párrafo 2, apartado b), al mencionar que “el apartado b) ofrece al importador la oportunidad de demostrar que el valor de transacción se aproxima mucho a un valor previamente aceptado como criterio de valoración por la aduana y que, por lo tanto, es aceptable a los efectos de lo dispuesto en el artículo 1”. Y agrega que “cuando se satisface uno de los criterios previstos en el apartado b) no es necesario examinar la cuestión de la influencia de la vinculación...”. Lo dicho cobra especial significación si recordamos que en el Acuerdo, las Notas Interpretativas son parte del texto del tratado por lo que también son de aplicación obligatoria. Así, esta mención que hace el Acuerdo de “los valores criterio” tiene claramente un alcance determinado, pudiendo referirse únicamente a los tres supuestos contemplados en el Acuerdo: a) el valor de transacción en las ventas de mercancías idénticas o similares efectuadas por compradores no vinculados con el vendedor, para la exportación al mismo país importador; b) el valor en aduana de mercancías idénticas o similares, determinado con arreglo a lo dispuesto al artículo 5 del Acuerdo; o, c) el valor en aduana de mercancías idénticas o similares, determinado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 del Acuerdo.
Sin embargo, el hecho de que el Acuerdo arbitre mecanismos para facilitar el camino que confluya en un valor en aduana basado en un precio idéntico o similar “adecuado”, y que elija justamente el de valor criterio, no obsta a que una administración tributaria, en el marco de las competencias que le han sido delegadas legislativamente, organice el esquema de controles que considera necesario para minimizar los riesgo de evasión fiscal, fortaleciendo los procedimientos aduaneros de mercancía que la experiencia le indica “sensibles” a la hora de determinar su valor, especialmente si al así proceder, sigue los lineamientos recomendados por la propia OMC en su Manual sobre el Acuerdo sobre Valoración en Aduana. Esto así, porque una cosa es que el Acuerdo defina la utilización de determinadas herramientas administrativas -el uso de valores criterio- para ciertas actividades que pueden exhibir cierto grado de dificultad a la hora de ponerlas en práctica -como el ser conseguir precios de mercancías idénticas o similares en los términos del propio Acuerdo-, y otra muy distinta es que el Acuerdo “no habilite” el uso de las mismas herramientas en otra instancia del mismo procedimiento, especialmente si se observa la coherencia que implica el proceder a descartar un método de valuación por el mismo motivo (valor criterio) por el cual se lo recepta en otro método subsidiario, en tanto dicho valor se avenga a los requisitos que surgen del articulado del Acuerdo. En otras palabras, no puede “castigarse” la falta de originalidad del servicio aduanero siempre que en su proceder se mantenga dentro de los parámetros establecidos multilateralmente, máxime cuando surge claro que lo que busca es, justamente, la consecución de los objetivos del propio Acuerdo.
X. En consecuencia, tomando nota de todo lo expuesto hasta aquí, la discusión resulta circunscripta a determinar, si la fuente de donde la AFIP obtiene los “valores criterio”, que ingresa al SIM y en base a los cuales determina el canal de selectividad “Morado”, tienen entidad necesaria y suficiente para justificar que “la administración de aduanas tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración” o para “decidir, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 11, que el valor en aduana de las mercancías importadas no se puede determinar con arreglo a las disposiciones del artículo 1” -punto 1 de la Decisión del Comité de Valoración en Aduana relativa a los casos en que las administraciones tengan motivo para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado-.
En este caso concreto, es manifiesto que no surge del cuerpo del Acuerdo limitación alguna a la administración aduanera a la hora de expresar su incertidumbre respecto de un “valor en aduana”. En sentido similar, sucede en todo el ordenamiento procesal tributario argentino en donde el administrado responsable debe colaborar en las actividades de fiscalización y verificación de los hechos imponibles. Adviértase, en definitiva, que una razonable y discreta interpretación conduce a concluir que no existe valladar para que el ente aduanero- en los términos de la citada Decisión- solicite información complementaria a efectos de aceptar como cierto el “valor de transacción” declarado.
Lo comentado es tan cierto como que el Acuerdo impone a la Aduana la prohibición de utilizar, para valorar las mercancías de importación, su comparación con, entre otros: a) el precio de venta en el país de importación de mercancías producidas en dicho país; b) un sistema que prevea la aceptación del más alto de dos valores posibles; c) valores en aduana mínimos; d) valores arbitrarios o ficticios (art. 7°).
En esencia, una cosa es el procedimiento que debe seguirse para determinar si el “valor en aduana” es exacto y cierto, y otra, muy distinta, es la cuantificación del valor en sí mismo. Precisamente, esta sencilla observación nos indica que el actuar de la AFIP al instaurar el uso de valores criterio para canalizar la fiscalización intensiva de importaciones de mercaderías sensibles, se ajusta a derecho en tanto se encuentra no sólo en consonancia con el Acuerdo relativo a la aplicación del Art. VII del GATT de 1994, sino facultada por normativa interna (ley 11.683 y Decreto 618/97).
XI. Llegados a este punto, corresponde referirse a la Disposición impugnada en autos, a través de la cual el servicio aduanero mantiene el ajuste de valor oportunamente realizado, que aplica el método “valor de mercadería similar” del art 3° del Acuerdo de Valor del GATT previo a descartar, sucesivamente, los de “valor de transacción” y de “valor de mercadería idéntica”.
XII. Al respecto, en el Informe Técnico N° 331/2002 (SE FVIM) -que sirvió de fundamento al acto recurrido-, la Sección Fiscalización y Valoración de Importación de la Región Aduanera La Plata, indica que “La destinación en trato fue afectada al canal Morado tanto para el ítem 27 al 39, determinado por el SISTEMA INFORMÁTICO MARÍA”, explicando tal decisión en que “del estudio realizado surge que los valores documentados no concuerdan con los usuales en la rama del comercio o industria que se trata. Tal apreciación se sustenta en valores de transacción de operaciones comerciales contemporáneas a las objeto de análisis, naturaleza, marca, especie, prestigio comercial, etc. apareciendo anormalmente reducidos frente al marco que refleja aquella realidad. En consecuencia y persistiendo aún la duda sobre la veracidad y/o exactitud de los valores declarados, esta instancia no puede aceptar los mismos como la verdadera expresión del precio realmente pagado o por pagar, procediendo a determinar el valor en aduana por los métodos subsiguientes”. Y se agrega que “…se deja constancia que se ha procedido a descartar el método del Art. 1 ‘valor de transacción’, procediendo en consecuencia con el siguiente método de valoración, el del Artículo 2 ‘mercadería idéntica’, pero al no tener antecedentes, se procedió a valorar por el Art. 3° ‘mercadería similar’ acorde a los referenciales por la Dirección General de Aduana y la aplicación de la instrucción 45/2001”. Asimismo, en cumplimiento del procedimiento antes descripto, se informa que “ …el importador ha sido debidamente notificado…aportando elementos que resultan insuficientes a los efectos de ratificar su valor de transacción, en los términos de la Resolución Nro. 857/2000 AFIP”.
XIII. Por lo antes expuesto, en lo que a procedimiento se refiere, según se desprende de los antecedentes administrativos, en concordancia con lo expresado en la Decisión del Comité de Valoración en Aduana, y frente a motivos de duda acerca de la veracidad o exactitud de lo declarado por el importador, el servicio aduanero procedió a solicitarle explicación complementaria y no obtuvo respuesta de la envergadura suficiente, como para generar convicción acerca de la veracidad de los valores en aduana declarados por PLAXS S.A. Debe insistirse en este punto, habida cuenta de que no resuelta la incertidumbre, el fisco siguió con el procedimiento sin que el recurrente haya “…podido desvirtuar la circunstancia de que siendo mayorista e importador directo de grandes cantidades en el período 2001, y habiendo mantenido una fluida relación comercial con la firma exportadora, el precio de la mercadería por él importada no se compadece con el precio final declarado”.
XIV. En ese sentido, después de esta digresión se percibe la endeblez de los agravios del recurrente en orden a la falta de motivación del acto administrativo impugnado. Todo confirma la impresión de que el acto administrativo se ajusta a las exigencias aplicables, a poco que se advierte que la administración aduanera ha descartado los precios de transacción declarados como base de valoración, exponiendo que los mismos no concuerdan con los usuales en la rama del comercio o industria que se trata, sustentado en valores de transacción de operaciones comerciales contemporáneas a la objeto de análisis, y similares en naturaleza, marca, especie, prestigio comercial, etc., pues aparecen anormalmente reducidos, frente al marco que refleja aquella realidad. Por lo tanto, resultaba de aplicación el procedimiento reglado en la Decisión del Comité de Valoración en Aduana. Y dicho motivo surge claro del cuerpo de la Disposición N°497/2007 atacada. Todavía más, sobre la supuesta falta de causa de la resolución en crisis, y según se ha mencionada anteriormente, resulta indiscutible que sus conclusiones encuentran sustento fáctico suficiente, en los dictámenes técnicos obrantes en el expediente administrativo.
Por todo ello, se concluye que el acto administrativo puesto en crisis cumple con los requisitos esenciales del artículo 7° de la Ley N° 19.549. Y no advirtiéndose ninguna de las causales de nulidad del art. 14° de la LPA, en el marco de lo dispuesto por el art 1017 CA, corresponde desestimar el agravio.
XV. Ello sentado, corresponde analizar si, al determinar el valor en aduana, el fisco se apegó a lo establecido en el Acuerdo de Valor del GATT, en relación con el descarte de la opción de “valor de transacción” y respecto del orden de prelación reglado.
En los términos del art. 1° del Acuerdo, el valor en aduana de las mercaderías importadas será el valor de transacción, ajustado de conformidad con lo dispuesto en el art. 8 (que en el caso de Argentina incluyen adicionar los gastos de carga, el flete y el seguro hasta el puerto o lugar de importación), siempre que concurran las siguientes circunstancias: a) que no existan restricciones al uso o disposición de las mercaderías -con algunas excepciones-; b) que la venta o el precio no dependan de ninguna condición o contraprestación que impidan determinar el valor; c) que no revierta parte alguna del producto de la reventa, cesión o utilización posterior a la importación, a menos que pueda efectuarse el debido ajuste de conformidad con lo dispuesto en el art. 8; y d) que no exista vinculación que influya en el precio.
Sin embargo, aun cuando no fuera de aplicación al caso alguna de las cuatro causales explícitamente indicadas en el art. 1° para apartarse del este método, lo cierto es que tampoco puede el servicio aduanero aceptar un precio de transacción manifiestamente bajo si existen fundados motivos para dudar de su veracidad o exactitud. Este espíritu se deduce del contenido del propio Acuerdo de donde surge, con insistencia, el objetivo de aplicar a la valoración en aduana, el precio “realmente” pagado o por pagar, esto es, aquel precio que refleja la realidad de la operatoria en cuestión. Pero, para rechazar el valor declarado por motivos diferentes a los establecidos en el art. 1° del Acuerdo, cuando no concurran las situaciones previstas en los incisos a), b), c) y d) o del art. 8°, la inexactitud o falta de veracidad de los valores debe estar debidamente fundada. Circunstancia que, según se expuso en el Considerando XII, se verifica en autos.
El siguiente paso en el análisis consiste en establecer si efectivamente, se ha procedido al descarte secuencial del método del art. 2°, para poder alcanzar el derecho a utilizar el 3° método de valuación. Esta instancia también se ha cumplimentado, según lo descripto en el Considerando XII.
Al respecto, resulta pertinente resaltar las diferentes oportunidades en las que el servicio aduanero procedió a “justificar” los valores en aduana por él determinados, a saber:
• Informe técnico N°232/07 de las AA, mediante el cual se agregan impresiones del sistema Exinet NOSIS de Despachos de Importaciones de mercancías similares.
• Responde de la Prueba Informativa ofrecida por la actora a fs. 64, referida a: 1) listado de todas “las destinaciones definitivas para consumo que se hubieran registrado durante el período comprendido entre el 01/07/2001 al 31/12/2001, correspondiente al origen a) China – para todas las aduanas del país-, para las posiciones arancelarias en estudio (excepto 8211.91.00.900K) y b) origen Japón para la PA 8211.91.00.900K”; y 2) cumplido el punto anterior, “…que se giren las actuaciones en donde se encuentran archivadas, a efectos de agregar la documentación respaldatoria de las destinaciones registradas y aquellas correspondientes a la transacción comercial”. • Solicitud de la recurrente de “listar las operaciones acompañadas mediante soporte magnético a fs. 97… [dada] la voluminosidad de la información acompañada por la DGA” (fs. 104)
• Se hace lugar al Recurso de reposición planteado por la actora ante la denegación de lo solicitado en el punto 2 de ofrecimiento a prueba. La medida involucra respuestas de División Aduana de Córdoba, de Ezeiza, y de La Plata. • A fs. 165, la actora advierte que “se acompañó impresiones de pantalla de las destinaciones, sin adjuntar carpetas de las mismas”, por lo que procede desde las citadas aduanas a cumplimentar el requerimiento.
Y, sobre las pruebas propiamente dichas, a las acompañadas en la instancia administrativa deben sumarse la prueba producida en autos (fs. 97) según se describe en el siguiente cuadro:
Es decir, si han de analizarse los agravios planteados por la recurrente en el escrito de apelación, se advierte: • Punto IV “Agravios” - c) “Desestimación valores de transacción ítems 20, 25, 26 y 33 sin existencia de antecedentes de mercaderías similares.
Se observa que el fisco: respecto del ítem 20 se presenta un único DI; del ítem 25 se listan 492 destinaciones; del ítem 26 se incluyen 285 destinaciones; y del ítem 33 hay 749 DI. Excepto el primer ítem, el resto de los DI verifican origen “China”.
• Punto IV “Agravios” - d) “Desestimación valores de transacción ítems 1, 7, 15, 24, 28, 30 31, 32, 35 y 40 por tratarse de impresiones de datos extraídos del sistema informático ExiNet NOSIS.
Se observa que el servicio aduanero: sobre el ítem 1 se listan 1046 DI; del ítem 7, 682 destinaciones; del ítem 15, 68; del ítem 24, 209 DI; del ítem 28, 85 DI; del ítem 30, 7 DI; del ítem 31, 847 DI; del ítem 32; del ítem 35, 67 DI; y del ítem 40, 62 destinaciones. Todas de origen “China”.
En tales condiciones, se verifica que, en todos los casos, la actora se limita a manifestar que no se trata de mercaderías similares, sin mayores explicaciones, y sin justificar la certeza y exactitud de los valores por ella declarados. Nunca, pues, más expresivo de la debilidad del agravio, a poco que se repare que la quejosa procedió a rebatir los despachos de importación presentados por el fisco por no ser similares, cuando, en rigor de verdad, debiera haber justificado que el valor por ella declarado era exacto y cierto, correspondiéndose con la suma pagada o por pagar.
XVI. En tal sentido, procede recordar la intrínseca relación entre la justicia distributiva y la conformación de las relaciones jurídicas administrativas. Las incidencias que deben soportar las personas han de ser estrictamente necesarias, adecuadas y proporcionales a la realización de la justicia distributiva. Ampliado lo expresado en el considerando trascripto precedentemente, corresponde aclarar que la relación jurídica administrativa no es sinónimo de simple relación de poder. Esta observación se ratifica en que los poderes que le asisten a la autoridad para modular y restringir los derechos ciudadanos deben atender a los fines superiores para la cual fue establecida la autoridad administrativa en el ordenamiento legal. De este modo, no caben dudas respecto de la situación de sujeción, no supone la pérdida de la condición de ciudadano para quienes son sujetos de relaciones administrativas. Por ello, el conjunto de atribuciones que puede ejercer la autoridad debe llevarse a cabo con rigurosa observancia de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Con ese criterio, no solamente se ha de justificar la decisión a la luz de una razón instrumental, sino, también, de cara a la razón práctica. Conforme con tales antecedentes, las restricciones impuestas sobre personas deberían ser las mínimas necesarias y proporcionadas al objetivo legítimo por el cual son impuestas’. Por ello ha de expresarse que la autoridad no puede, arbitrariamente, sacrificar valores constitucionales que sean significativos e importantes, por proteger, con mayor empeño, otros de menor valía.
De lo descrito en el considerando anterior resulta justo poner en evidencia el dispendio de recursos públicos que implica un error de interpretación de la normativa multilateral la que, sabiamente, contempló expresamente la debilidad que aqueja a las Administraciones Tributarias de los países en desarrollo, traducida en dificultades técnicas y disponibilidad de información adecuada para hacer valer su verdad y poder cumplir, eficazmente, con su deber de salvaguardar las arcas del Estado, combatiendo la evasión fiscal y desmantelando operaciones que evidencian falta de certeza y exactitud. En ese sentido, los presentes actuados resultan ser la prueba empírica de la problemática planteada allá lejos en el tiempo por India. Es que, en efecto, habiendo la AFIP informado la totalidad de las operaciones en cartera para las posiciones arancelarias involucradas, en el período acorde, decimos aproximadamente CINCO MIL (5000) Despachos de Importación, de las cuales además de solicitarse la información en soporte magnético, se forzó su presentación impresa, y habiendo puesto a disposición el organismo de recaudación no sólo los expedientes correspondientes sino las actuaciones administrativas respectivas, movilizando más de TRES aduanas distintas, repartidas por el país, al entender de la actora no resulta suficiente para torcer su verdad. En otras palabras, habiéndose cubierto la totalidad del universo disponible en AFIP, no se dejó nada de lado -con todos los costos de administración tributaria que tal tarea implica-, y toda esa tarea resultaría -a criterio de la quejosa- insuficiente, es claro que estamos en presencia de una cuestión más de fondo.
Como ya se expuso, es imposible omitir que el ordenamiento jurídico atribuye prerrogativas a los órganos administrativos y que lo colocan en una posición de superioridad frente a los particulares, en razón de regular y garantizar el cumplimiento del acto justo en la relación de alteridad regida por la virtud de la justicia distributiva. Podemos así vislumbrar que las prerrogativas propias del modelo de derecho administrativo se justifican en la idea rectora de realización de la justicia distributiva. Inspirada por las consideraciones y los fines propios del derecho público, la administración puede tutelar por sí misma sus propias situaciones jurídicas, incluso sus pretensiones innovativas del statu quo, eximiéndose de la necesidad, común a los demás sujetos, de recabar la tutela judicial. Se destaca así que la prerrogativa administrativa, en tanto integrante del régimen jurídico, se encuentra presente en la relación jurídica administrativa. Entenderla así permite comprender la forma de actuar que tienen los órganos de la administración en su relación con los particulares, con el objeto de resguardar los intereses generales que le han sido asignados.
En orden a ello, una interpretación que exige semejante despliegue de recursos para fundamentar una decisión no puede sino llamar la atención de quien la pretende aplicar. En el marco del Acuerdo relativo a la aplicación del Art. VII del GATT de 1984, de la mano de la Decisión del Comité de Valoración en Aduana relativa a los casos en que las administraciones tengan motivo para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado, la OMC ya ha contemplado la dificultad de contar con los recursos adecuados para fundamentar el rechazo de valores de transacción por parte de las administraciones aduaneras de países en desarrollo. Y, previéndolo, los países firmantes -entre los que se encuentra la Argentina- decidieron invertir la carga de la prueba y colocar en la figura del importador el justificar su declaración aduanera. Entonces, si una jurisdicción opta por no utilizar tal facilidad y se empeña en una fundamentación propia, a pesar de la normativa internacional, con una significativa sobrecarga a las tareas de verificación y fiscalización del ente fiscal, no puede sino llamarse la atención de que tales tareas implican un quebrantamiento de principios de justicia distributiva que no pueden pedir cobijo bajo el manto de una interpretación literal y mecanicista de las normas jurídicas. Más aun en la materia que nos concierne, la que debe iluminar sus respuestas a la luz del principio de igualdad ante las cargas públicas.
XVII. Dicho esto, procede analizar la situación de autos en la que el servicio aduanero, ajustado a derecho, descarta el “valor de transacción” como método de determinación del valor en aduana, sin que medie presentación alguna por parte del importador que genere la convicción suficiente como para alcanzar el valor que ostente la certeza y exactitud que la situación requiere a efectos tributarios.
En una interpretación armoniosa del artículo 377 CPCC con la presunción de legitimidad consagrada por el artículo 12 de la ley 19549 respecto de la RG AFIP 1907/2005, y frente a la verificación en autos de los presupuestos que surgen de los artículos 7 y 14 de la LPA con relación a la resolución impugnada, corresponde adoptar como verdadero el criterio que los concilie y obtenga su integral armonización (Fallos: 306:721; 307:518 y 993; 313:1293; 315:2668; 316:1927, entre muchos otros), por lo que se impone, desestimar el “valor de transacción” y receptar como válidos los “valores de productos similares”, en el entendimiento que mal puede atarse el destino de la determinación del valor de aduana a la buena voluntad del importador si, agotados los medios previstos en la normativa multilateral, éste decide no prestar la colaboración que el caso requiere. Esto, por cuanto resulta indudable que el importador es la parte que se encuentra en mejores condiciones de demostrar la veracidad de los datos que surgen de la transacción, frente al estado de incertidumbre de la administración aduanera con entidad suficiente como para poner seriamente en duda la real dimensión de las operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida.
Por todo lo hasta aquí expuesto, el Cargo 230/2002 (DV FOLP), fundamento de la emisión de la Disposición N° 497/2007, se ajusta a derecho.
A la misma conclusión se ha arribado en un precedente similar de la Vocalía 19a., de fecha 13 de julio de 2022; en el cual esta Sala G ha tenido oportunidad de expedirse en la sentencia dictada en la causa TFN 34.201-A “PARANÁ S.A. DE SEGUROS”.
Por ello, corresponde confirmar la Disposición N° 497/2007, del 14/12/2007, dictada en la Actuación AA 33-03-0994 (SIGEA 12586-131-2005), con costas.
El Dr. Horacio J. Segura dijo en disidencia:
I. Que me remito al relato efectuado en los Considerandos I a IV. Asimismo, me remito en lo sustancial, a lo expuesto en los Considerandos V y VI en relación al marco normativo aplicable y, específicamente, en lo relativo a los métodos para determinar el valor en aduana en importación. Ello, con las salvedades que hago a continuación.
II. Que, se trata de resolver aquí si resulta ajustada a derecho la resolución aduanera apelada en estos autos (Disposición Nro. 497/2007), dictada por el Administrador de la Aduana de La Plata en la Actuación AA33-03-0994 (SIGEA N° 12586- 131-2005), mediante la cual se rechaza la impugnación deducida por la firma PLAXS S.A. y se confirma el cargo N° 230/02, formulado en concepto de ajuste de valor de parte de la mercadería documentada en el despacho de importación N° 01 033 ZFE1 010 106Z.
III. Que, mediante el referido despacho, PLAXS S.A. documentó con fecha 18/09/2001 la importación a consumo de gran variedad y cantidad de mercadería.
Que, en cuanto aquí interesa, y de conformidad con lo dispuesto en el Estudio de Valor que diera origen al ajuste (Informe Técnico N° 331/2002 SE FVIM, obrante a fs. 14/17 de las actuaciones administrativas) el servicio aduanero cuestionó los valores declarados para las mercaderías consignadas en los ítems 1, 7, 15, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 y 40. Para así decidir, y con fundamento en lo dispuesto por el art. 17 del Acuerdo de Valor del GATT, entendió que los valores documentados no concuerdan con los usuales en la rama del comercio o industria que se trata, en tanto considera que los mismos resultan “anormalmente reducidos”. De este modo, procede a descartar el método establecido en el artículo 1 del Acuerdo (valor de transacción) procediendo a valorar de conformidad con el método del artículo 3 (mercadería similar), descartando el método del artículo 2, alegando no tener antecedentes de mercadería idéntica.
IV. Que, para una mejor ilustración, y teniendo en cuenta el informe técnico confeccionado por la aduana, los antecedentes utilizados por el fisco para proceder al ajuste (Consulta al Sistema EXI Pro de NOSIS SA obrante a fs. 57/93 de las act. adm.), la prueba producida en sede aduanera y ante esta instancia, se elabora el siguiente cuadro:
Valor Antecedente unitario Destinaciones Valor Valor Sistema EXI mercade- Cant. agregadas en Item PA FOB unitario Pro de NOSIS Unidades original. Precios total declarado SA (fs. ría unitarios declarados 57/93act.adm.) similar (DGA)
Sí, a fs. 144 de autos.
COSMETICOS Además, junto a las AVON DI 01- act. adm. obra el DI 73/133816T- 01033ZFE1010925C 1 9102.12.20.000E 1.330,00 7.000,00 0,19 0,82 001 F.ofic.: PLAXS SA 01/10/01 52.000 u F.ofic.:11/10/01 Precio unitario: 0,205 Si, junto a las act.
adm. Además:
DISCO SA DI - SUDAMERICANA 02-73/013296T- SRL 7 8513.10.10.000C 2.372,40 13.800,00 0,17 034 0,81
F.Ofic.:05/03/02 DI 1u 01033ZFE1013262W F.ofic.:17/12/01 Precio unitario: 0,268 -ARGENPROM SRL DI 01033ZFE1009196K F.ofic.:28/08/01 P.unitario: 0,38 -MONTCLAIRE SA DI 01033ZFE1 012279G F.ofic.:15/11/01 Precio unitario: 0,68 -LIBERTAD SA DI 01017IC05005536P F.ofic.:11/12/01 Precio unitario: 0,27 Junto a las act. adm.:
ACEROS SAN PLAXS SA.
JUAN SAIC DI DI
01-
15 9603.21.00.900M 4.819,20 18.580,00 0,26 0,7 38/000248M- 01033ZFE1009019 E
020 F.ofic.: 480 F.ofic.: 22/08/01 u P. unitario: 0,24 DEUTSCHE LUFTHANSA DI 02-
20 8211.91.00.900K 1.440,00 1.200,00 1,20 0,145 01/001683K-
050 F.ofic.:
09/05/02 2.880u DISCO SA DI 02-
01/006818M- 24 9608.10.00.391C 1.296,00 7.200,00 0,18 0,15
004 F.ofic.:23/01/02 62.892u BARLESUR DI 25 8527.19.90.900G 2.220,00 3.700,00 0,60 01033ZFE1010230Y F.ofic.:21/09/01 Precio unitario: 0,78 BARLESUR DI 26 9006.53.10.000F 3.468,60 2.820,00 1,23 01033ZFE1010230Y F.ofic.:21/09/01 Precio unitario: 1,92 CARREFOUR ARG. SA DI 02-01/003880X- 28 9608.10.00.311B 300,00 1.250,00 0,24 0,2 005 F.ofic.:
09/01/02 25.056u ADIDAS ARG.
SA DI 02-
29 9506.62.00.430M 1.500,00 2.500,00 0,60 01/000821D- 4,5
008 F.Ofic.:
15/02/02 50u VEDEMEN SA DI 01-
30 9102.91.00.100R 1.486,80 980,00 1,52 01/004165G- 4,63
005 F.Ofic.:
05/09/01 60u WATCH LAND SA DI 31 9102.11.10.151G 4.326,81 3.675,00 1,18 01-01/042226F- 7,45 001 F.ofic.:
27/09/01 1.140u VEDEMEN SA DI 01-
32 9102.11.10.153L 2.812,00 2.280,00 1,23 01/004165G- 2,9
002 F.Ofic.:
05/09/01 2.960u 33 8470.10.00.000E 1.830,00 4.000,00 0,46 WAL-MART ARG SA DI 01-
35 8527.13.10.000H 1.449,00 900,00 1,61 01/128790P-003 6,5
F.Ofic.:
25/09/01 1.000u VEDEMEN SA DI 01-
40 9102.11.10.152J 1.621,50 1.260,00 1,29 01/003193U- 3,14
003 F.ofic.:
26/07/01 800u Que, a dicha información debe adicionarse la obtenida del soporte magnético acompañado por la aduana a fs. 97 de autos, cuya impresión –acompañada por la actora- obra agregada junto a las actuaciones administrativas. De dicho listado se pueden observar los números de destinaciones, estado, fecha de oficialización, Aduana, país de origen, P.A., cantidades, moneda, Valor FOB, base imponible, precio unitario, marca, modelo y versión. Asimismo, y únicamente en relación al contenido de dicha información, me remito al cuadro confeccionado en el considerando XV del voto que antecede.
V. Que, el Preámbulo del Acuerdo de Valor del GATT deja ver la importancia que se confiere a la noción positiva en materia de valor en importación. Se concede a dicha noción, como entiende prestigiosa doctrina, una suerte de privilegio mediante la aseveración que reza: "... la base para la valoración en aduana de las mercaderías ha de ser en la mayor medida posible el valor de transacción". Así es que el Artículo 1, como principio general establece que: "El valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción es decir, el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando ellas se venden para su exportación al país de importación, ajustado de conformidad con lo dispuesto por el art. 8º."
Que, por su parte, el art. 17 del Acuerdo dispone: “Ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo podrá interpretarse en un sentido que restrinja o ponga en duda el derecho de las Administraciones de Aduanas de comprobar la veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración presentados a efectos de valoración en aduana”.
Que, además, el párr. 6. del Anexo III de ese Acuerdo preceptúa: “El artículo 17 reconoce que, al aplicar el Acuerdo, podrá ser necesario que las Administraciones de Aduanas procedan a efectuar investigaciones sobre la veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración que les sean presentados a efectos de valoración en aduana. El artículo reconoce por tanto que pueden realizarse investigaciones con objeto, por ejemplo, de comprobar si los elementos del valor declarados o presentados a las autoridades aduaneras en relación con la determinación del valor en aduana son completos y exactos. Los Miembros, con sujeción a sus leyes y procedimientos nacionales, tienen el derecho de contar con la plena cooperación de los importadores en esas investigaciones”.
Que la imposibilidad de desestimar directamente el valor de transacción no implica que deba aceptarse como base de valoración el precio facturado y/o declarado cuando éste sea considerablemente inferior a los precios que surjan de antecedentes que resulten válidamente comparables. Resulta claro que el Acuerdo procura un sistema equitativo de valoración con exclusión de valores arbitrarios o ficticios, es decir, alejados de la realidad del mercado de libre competencia.
Que de lo actuado surge que la aquí recurrente brindó la información tendiente a justificar el valor de transacción declarado en oportunidad de impugnar el cargo formulado y ofreció prueba tanto en sede administrativa como ante esta instancia a tal fin.
Que, sin embargo, y como se verá en el considerando siguiente, no surge de las actuaciones administrativas que la Aduana haya fundado acabadamente el rechazo del valor de transacción.
Que, en tal caso, de rechazarse el valor de transacción, el punto 3 de los artículos 2 y 3 del Acuerdo no contemplan que se efectúen promedios de los precios de que disponga la Aduana, sino que prevén que, si al aplicar estos artículos se dispone de más de un valor de transacción de mercaderías idénticas o similares, respectivamente, para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas se utilizará el valor de transacción más bajo.
VI. Que, como se dijo en el considerando anterior, si bien se le reconoce a la Aduana la posibilidad de descartar el valor de transacción declarado por el importador, cuando exista una duda fundada respecto de dicho precio, no debe interpretarse como una inversión en la carga de la prueba.
Que para llegar a dicha conclusión, debemos referirnos a la "Decisión relativa a los casos en que las administraciones de aduanas tengan motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado" emitida por el Comité Técnico de Valoración (Decisión 6.1, que complementa e integra el Acuerdo), la cual reafirma en primer lugar que el valor de transacción es la base principal de valoración, a la vez que reconoce que la Aduana puede enfrentarse a casos en que existan motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados por los comerciantes como prueba de un valor declarado, insistiendo en que al obrar así, la Aduana no debe causar perjuicio a los intereses comerciales legítimos de los comerciantes.
Es por eso que teniendo en cuenta el artículo 17 del Acuerdo, el párrafo 6 del Anexo III del Acuerdo y las decisiones pertinentes del Comité Técnico de Valoración en Aduana, la Decisión 6.1 establece expresamente que: "1. Cuando le haya sido presentada una declaración y la Administración de Aduanas tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, la Administración de Aduanas podrá pedir al importador que proporcione una explicación complementaria, así como documentos u otras pruebas, de que el valor declarado representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8.
Si una vez recibida la información complementaria o a falta de respuesta, la Administración de Aduanas aún tiene dudas razonables acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado, podrá decidir teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 11, que el valor en aduana de las mercancías importadas no se puede determinar con arreglo a las disposiciones del artículo 1. Antes de adoptar una decisión definitiva, la Administración de Aduanas comunicará al importador, por escrito si le fuera solicitado, sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y le dará una oportunidad razonable para responder. Una vez adoptada la decisión definitiva, la Administración de Aduanas la comunicará por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran".
Y en base a dicha Decisión se internalizó el procedimiento establecido en la Resolución AFIP N° 857/2000. Que, conforme jurisprudencia de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, "… en el procedimiento de ajuste de valor, quien afirma el hecho que origina el conflicto es el servicio aduanero, por lo tanto es quien deberá probar la veracidad de su cuestionamiento y, de lograrlo se transferirá al importador "en este caso" la carga de demostrar la legitimidad de su declaración. Así, hasta tanto la Aduana no produzca la prueba eficiente respecto de la necesidad de un ajuste del valor declarado, ninguna carga pesa sobre el particular. …” ("Macnet S.A. c/DGA" Sent. del 13/09/05).
Que, por su parte, la Sala III decidió que "… si bien la aduana no puede fijar o adoptar valores irrazonables o arbitrarios y por ende tampoco correlativamente está obligada a aceptarlos, debe formular las observaciones al valor de transacción de manera fundada y motivada, exigencia predicable, según es de rigor, en cualquier decisión estatal, se trate o no de actos administrativos en sentido estricto (art. 1º, inc. f), ap. 3) y 7o, inc. e) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos) …" ("Argaman SA c/ DGA", Sent. del 2/2/2011). Asimismo, en otra oportunidad sentenció que: "… Cuando las autoridades aduaneras se pronuncian por el rechazo del precio declarado como base de valoración, queda a su cargo la prueba de los argumentos que sustentan dicho cuestionamiento …" ("Textil Hasbani S.R.L c/ DGA", Sent. del 20- 2-2009).
Que, en conclusión, no considero que en el tema bajo análisis se de una inversión de la carga de la prueba en el importador, sino que tanto él como la Aduana tienen su propia carga probatoria. La de uno aportando la documentación que respalda el precio declarado en la destinación cuestionada, la del otro fundando acabadamente la investigación de valor que se lleva a cabo con la agregación de los antecedentes que resulten válidamente comparables.
VII. Que, sentado ello, corresponde determinar si los antecedentes considerados por la Aduana resultan suficientes, a la luz del procedimiento de valoración previsto en el Acuerdo de Valor del GATT, para desestimar el valor declarado. Que, como se dijo en el considerando III de mi voto, en este caso, el servicio aduanero desestimó el valor de transacción declarado por la importadora tomando como antecedentes los valores de mercadería similar declarados por otros operadores. Y para fundar dicha desestimación, recurrió a la información vertida de la consulta al Sistema EXI Pro de NOSIS SA. Que al respecto, y en esta instancia de análisis se deben dejar sentadas dos cuestiones.
En primer lugar, la relativa a mi postura en cuanto a que, a fin de fundar acabadamente el ajuste de valor respectivo, deben acompañarse necesariamente los antecedentes (destinaciones de importación de mercadería similar en este caso) para dar pleno cumplimiento a las condiciones exigidas en la normativa internacional que ha sido incorporada a nuestro ordenamiento jurídico. Ello así en tanto, la información obtenida por el servicio aduanero del sistema NOSIS no resulta suficiente para efectuar un cotejo de todos los datos necesarios para evaluar la pertinencia de la recomposición de que se trata, ya que no en todos los casos surge la descripción completa de la mercadería, la marca, calidad, prestigio comercial y demás circunstancias de las operaciones y de la mercadería, que resultan determinantes a la hora de decidir sobre la pertinencia de una recomposición de valor como la de autos. Asimismo, varias de las operaciones extraídas del Sistema NOSIS no coinciden en el año de oficialización de las importaciones, lo cual no permite cumplir con el elemento temporal a los fines de tener por válido el antecedente en trato. Dicha información puede observarse fácilmente del cuadro confeccionado en el Considerando III de mi voto. (ver columna respectiva para los ítems 7, 20, 24, 28, 29, entre 4 y 8 meses de diferencia)
En segundo lugar, y en concordancia con lo resuelto por la Sala E en una causa de igual carátula y temática que la presente “… el servicio aduanero no efectuó una investigación complementaria idónea que justifique la duda inicial y que denote que el valor documentado resultó considerablemente inferior a precios o a valores de antecedentes (…). Ello así, y de acuerdo a lo que surge del análisis de los antecedentes de valor resultantes del Sistema Nosis, la imputación que efectúa la representación fiscal es general de la mercadería del Despacho impugnado, y que por otra parte las mercaderías relevadas y comparadas no resultan antecedentes idóneos a los efectos de justificar la determinación del valor es la circunstancia que permite concluir que no existen en el caso referentes suficientes para descartar el valor de la mercadería declarada. …”.(PLAXS SA c/DGA s/apelación Causa TF N° 25.149-A. Sent. 05/03/2014)
Que, a mayor abundamiento, la propia aduana a fs. 56 de las actuaciones administrativas mediante AD LAPL N° 1205/2007 de fecha 06/08/07, en orden a producir la prueba ofrecida por la importadora en su impugnación, solicita la agregación de los antecedentes que fundaron el ajuste y de la documentación respaldatoria de los mismos. No obstante, y conforme surge de fs. 94 de las act. adm. se adjuntan únicamente las constancias del sistema NOSIS confirmando que se trata de “… los elementos tenidos en cuenta para efectuar el cambio de base imponible correspondiente la destinación ZFE110106-Z …”. Y, en base a ello se emite el dictamen jurídico y se dicta la resolución aduanera que aquí se encuentra apelada.
VIII. Que, la Aduana no puede rechazar el valor declarado únicamente sobre la base de una diferencia entre el valor declarado y el valor obtenido de una base de datos como puede ser el sistema NOSIS en el caso de autos. Así tiene dicho el Documento “RESPUESTA DEL COMITÉ TÉCNICO DE VALORACIÓN EN ADUANA AL MANDATO PARA LA LABOR DEL COMITÉ TÉCNICO DE VALORACIÓN EN ADUANA EN RELACIÓN CON LAS PREOCUPACIONES CON RESPECTO A LA EXACTITUD DEL VALOR DECLARADO (G/VAL/51)” de fecha 13/10/04, que “… el valor o los valores almacenados en la base de datos, en conjunción con otros indicadores aplicados por las Aduanas, solamente deberá servir como indicador de un riesgo potencial y no constituye sino un dato inicial de orientación que ayuda a reforzar o a disipar las dudas de las Aduanas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado.”
Que la Aduana puede requerir al importador documentación que respalde el precio declarado, pero el hecho de que éste presente documentación que no satisfaga el pedido efectuado por la Aduana o bien no la presente, no habilita a la Aduana a descartar sin mas el valor de transacción y proceder con los métodos subsiguientes de determinación del valor. Que, por lo demás, quien se encuentra en mejor posición para procurar la documentación que sirva de antecedente comparable con la operación sujeta a investigación, es la Aduana y no el importador, a quien más allá de poder aportar la documentación complementaria relativa a la propia importación por él documentada (factura comercial, contratos relativos a cánones y derechos de licencia, hoja de valor o declaración relativa a la vinculación entre partes, comprobantes de transferencias, planos, croquis, tareas de ingeniería, facturas de seguro, facturas de fletes, etc.) no le resultaría viable conseguir de parte de sus competidores la misma documentación por el simple hecho de tratarse de datos confidenciales que resulta difícil imaginar se concedan libremente a la competencia.
Como se ve de las propias actuaciones administrativas y de las respuestas a la prueba informativa producida en autos, la Aduana cuenta con sistemas eficaces para identificar rápidamente la información relativa a operaciones de importación de mercadería idéntica o similar, que arrojan datos tales como razón social, número de destinación, fecha de oficialización, posición arancelaria, valor FOB, precio unitario, etc. Lo que sí, no puede culminar allí esa tarea de investigación a fin de procurar los antecedentes de valor que resulten válidamente comparables con la operación de la que se trate. Sino que, deberán discriminar únicamente aquellas operaciones que cumplan con el elemento temporal, es decir que no pueden tomarse en consideración antecedentes que no sean cercanos en sus fechas de oficialización, máxime teniendo en cuenta los cambios que sufre la economía de nuestro país a veces en cortos plazos de tiempo.
En tal sentido se ha expedido la Cámara, donde se ponderó las diferencias temporales -si bien en dicho caso se trataba de una diferencia de años- entre el momento en el que se produjo la importación cuestionada y el antecedente tomado en cuenta por el fisco; de este último dijo que "… no se corresponde con la importada en autos, pues a pesar de que responden a los mismos productos en cuanto a la marca, calidad y origen, no lo son respecto al momento en que fueron realizadas, existiendo una diferencia de 4 años mínimo entre las operaciones que se agregan como antecedentes y la de la causa, no reflejando dichos factores que las mercaderías sean comercialmente intercambiables, toda vez que el valor puede haberse modificado en dicho tiempo, requisito ineludible a los efectos de la comparación y posible ajuste del valor …" ("Supermercados Mayoristas Makro S.A c/ DGA", Sala III CNACAF Sent del 5-8-2010).
Asimismo, deben ponderarse las mercaderías que se comparan teniendo en cuenta su marca, nivel comercial, prestigio, cantidades importadas que pudieran haber dado lugar a descuentos, o la relación entre proveedores, etc.. Dicho esto, la única forma de poder cumplir acabadamente con la tarea de investigación a los fines de descartar el valor de transacción y proceder al ajuste, es contar con las destinaciones propiamente dichas junto con su documentación complementaria. Es decir, que las bases de datos o los sistemas registrales, tales como NOSIS o INDIRA, son una herramienta que otorga celeridad y posibilita, el cruzamiento de datos, y obtener un gran volumen de información que debe ser analizada minuciosamente y discriminando la misma a fin de determinar cuáles operaciones resultarían ser antecedentes válidamente comparables con la operación de la que se trata, para así proseguir con la agregación de las destinaciones y su documentación complementaria para poder respaldar la investigación de valor.
Citando nuevamente el Documento del CTV antes referido, el mismo establece que: “Por lo general, los sistemas de gestión de bases de datos permiten a una Administración de Aduanas comparar el valor declarado con un valor o con los valores en aduana aceptados anteriormente. Dado que las fluctuaciones de los precios son algo normal en el comercio internacional, los resultados de tales comparaciones no representan por sí mismos un indicador suficiente o definitivo de la existencia de un riesgo potencial. …”
Que, a mayor abundamiento y citando un antecedente jurisprudencial de este Tribunal se sostuvo que: "… si bien la consulta a registros informáticos de datos aduaneros, puede ser empleada como parámetro a fin de recabar información y determinar la inicial inverosimilitud del precio declarado, dicha duda inicial deberá respaldarse posteriormente en una investigación complementaria de valor que acredite dicho extremo…”. (“Quiroga, Carlos c/ Dirección General de Aduanas”; Sala F, Sent. del 17-6-2013).
IX. Que, en cuanto al análisis de los valores referenciales, vale recordar que el manual sobre controles en la valoración en Aduana (documento 36.660 S) de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y el art. 13 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994, la AFIP, mediante RG 1004/2001 (B.O. 11/5/2001), sustituida por la RG 1907/2005 (B.O. 7/7/2005) y sus modificatorias, implementó un mecanismo para el establecimiento de valores referenciales a fin de combatir las prácticas de subfacturación en la importación de mercaderías, atento a que éstas causan graves daños a la economía nacional y posibilitan eludir el pago de tributos a la importación afectando la renta fiscal. No obstante, cabe recordar una vez más que, de todos modos, la valoración aduanera de las importaciones no es teórica, sino que se trata de una noción positiva (Derecho Tributario, LexisNexis, Buenos Aires, 3ª edición, 2005, Tomo III, p. 459). Que, de este modo la Administración Federal de Ingresos Públicos implementó un mecanismo para el establecimiento de valores criterio de carácter preventivo. El antes referido manual sobre los controles en la valoración en aduana (documento 36.660 S) de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), establece que un primer control de valor tiene por objeto verificar que el precio declarado concuerde con los usuales en la rama de la industria o comercio y con los de mercaderías idénticas o similares. Y, por otra parte, el Acuerdo sobre Valor en Aduana (art. VII del GATT), en el artículo 13, expresa que es necesario establecer medidas que, sin rechazar el valor declarado por el importador, le permitan retirar sus mercaderías de la aduana mediante la constitución de una garantía que cubra el pago de los derechos de importación, a fin de que, entre otros objetivos, se facilite el perfeccionamiento del sistema de selectividad en materia de valor, con el objeto de detectar desviaciones de los valores declarados respecto de los valores referenciales, de carácter precautorio, que el servicio aduanero establezca para la rama industrial o comercial de que se trate.
Que, de esta manera los valores criterio constituyen sólo un mecanismo preventivo de asignación de selectividad y no para la determinación final del valor en aduana, la que estará a cargo de las áreas de valoración de la DGA. Que, ello quiere decir que la garantía que se pueda prestar por valores referenciales, no obsta a que la DGA efectúe el estudio de valor respectivo y, en su caso, funde acabadamente el ajuste que practique.
Que, surge expresamente de las actuaciones administrativas que la Aduana reconoce haber tomado los precios de la mercadería detallada en los listados arrojados por el sistema NOSIS. (ver fs. 94 y 56/93 de las act. adm.) Que, por ende, concluyo que el proceder de la Aduana en sede administrativa se expone como abiertamente incompatible con los principios y disposiciones generales del Acuerdo, que podrían sintetizarse en la finalidad de un sistema “equitativo” de valoración con exclusión de valores arbitrarios o ficticios, es decir, alejados de la realidad del mercado de libre competencia.
X. Que, no obstante, y más allá de lo expuesto supra, resulta oportuno analizar las destinaciones originales que fueran agregadas ante esta instancia con motivo de la producción de la prueba informativa ofrecida por la actora, algunas de las cuales se corresponden con los antecedentes obtenidos del Sistema NOSIS.
Que, recordemos, la Aduana descartó el valor de transacción declarado por el importador para ciertos ítems del despacho, y procedió a valorar de conformidad con el método establecido en el artículo 3 del Acuerdo, es decir que determinó el valor en aduana conforme al de mercaderías similares.
Que, al respecto, y de conformidad con lo analizado por doctrina en la materia, “… Revisten el carácter de similares, aquellas mercaderías que sin ser iguales en todo, tienen características y composición semejante, lo que les permite cumplir con las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Para determinar la similaridad debe considerarse su prestigio comercial, existencia de una marca, su calidad, etc. (art. 15). Por lo demás, las mercaderías similares deben reunir los mismos requisitos que las idénticas en cuanto al momento de su exportación, cantidad, y de nivel comercial, transporte y seguro. Asimismo, en caso de haber más de un valor, deberá aplicarse el más bajo, y los ajustes que se formulen deberán basarse en datos razonables y exactos. …” (Daniel Zolezzi “La Ley”, Tomo 1987-A, pág. 970, Buenos Aires.)
Que, dicho esto, y teniendo en cuenta la información volcada en el cuadro del Considerando IV, se arriba a las siguientes conclusiones:
• Únicamente fueron agregadas las destinaciones originales de dos de los antecedentes obtenidos del sistema NOSIS. No obstante, existe una diferencia notoria en las cantidades importadas entre el DI investigado y las de los antecedentes agregados. ITEMS 1 y 7 • En relación a los ítems 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 y 40 no se agregaron destinaciones con las cuales se pudiera comparar el valor declarado en el DI investigado. Particularmente en relación al ítem 33, no se encuentra siquiera en los antecedentes extraídos del sistema NOSIS ninguno que sea de la misma PA que el referido ítem.
• En relación a los ítems 1, 7, 15, 25 y, 26, respecto de los cuales se agregaron destinaciones comparables, se registran valores unitarios similares a los declarados en la DI investigada.
Que, por una parte, se carece entonces de antecedentes válidos a los fines de comparar con la mercadería de algunos de los ítems del DI investigado, y por el otro, si bien obran agregados respecto de algunos ítems, destinaciones que resultan antecedentes comparables, no se observa respecto de las mismas una diferencia de valor significativa respecto de los valores unitarios declarados por la aquí recurrente en el DI cuestionado.
XI. Que, en consecuencia, y de conformidad a lo analizado en los considerandos anteriores, se rechaza el ajuste de valor efectuado por la Aduana .
XII. Que, en cuanto a las costas, corresponde imponerlas a la vencida (conf. art. 1163 del C.A.).
Por ello, VOTO POR:
Revocar la Disposición Nro. 497/2007, dictada por el Administrador de la Aduana de La Plata en la Actuación AA33-03- 0994 (SIGEA N° 12586-131-2005) y, en consecuencia, revocar el cargo N° 230/02. Con costas al fisco.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría SE
Confirmar la Disposición N° 497/2007, del 14/12/2007, dictada en la Actuación AA 33-03-0994 (SIGEA 12586-131-2005), con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.
Notas ______________________________________________________________________________________ ___________ 1El Comité de Valoración Aduanera (CVA) es el órgano creado en el seno del OMC, para intervenir en cuestiones relacionadas con la administración del sistema de valoración en aduana por cualquiera de los Miembros o con la consecución de los objetivos del Acuerdo.
2https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/handbook_cusval_e.pdf 3Negociaciones de Comercio Multilateral del GATT, La Ronda de Uruguay, Declaración Ministerial de la Ronda de Uruguay, MIN.DEC (Setiembre 20, 1986).
4La Declaración Ministerial de 1982, que definió el programa de trabajo del GATT y prioridades para los 1980s, ordenó una revisión del funcionamiento de los Temas de la Ronda de Tokio, centrándose en “la adecuación y la eficacia… y los obstáculos para la aceptación de estos [códigos]… por las partes interesadas”. Partes Contratantes del GATT del Trigésimo Octavo Período de Sesiones, Declaración Ministerial Adoptada el 29 de noviembre de 1982, L/5424 (29 de noviembre de 1982). Dos años más tarde, las partes contratantes del GATT “invitaron” a cada comité del GATT responsable de administrar un Tópico de la Ronda de Tokio a examinar estos temas en una reunión especial, abierta a los no signatarios, e informar los resultados a un grupo de trabajo especialmente creado para llevar a cabo una revisión general. GATT, Acuerdos MTN y Arreglos: Cuadragésima Sesión de las Partes Contratantes, Acción tomada el 30 de noviembre de 1984, L/5756 (20 de diciembre de 1984).
5Véase Grupo de Negociaciones sobre Mercancías (GATT), Grupo de Negociación sobre Acuerdos y Arreglos de las MTN, Acuerdos y Arreglos de las NCM: Trato Especial y Diferenciado para los Países en Desarrollo, Nota de la Secretaría, MTN.GNG/NG8/W/2 (4 de mayo de 1986).
6Grupo de Negociaciones sobre Mercancías (GATT), Grupo de Negociación sobre Acuerdos y Arreglos MTN, Reunión del 6 de marzo de 1987: Nota de la Secretaría, MTN.GNG/NG8/1 (23 de marzo de 1987).
7Grupo de Negociaciones sobre Mercancías (GATT), Quinta Reunión del Grupo de Negociaciones sobre Mercancías: Registro de Decisiones Tomadas, MTN.GNG/5 (9 de febrero de 1987) (plan de negociación en anexo).
8Grupo de Negociaciones sobre Mercancías (GATT), Grupo de Negociación sobre Acuerdos y Arreglos de las MTN, Comunicación de la India, MTN.GNG/NG8/W/9 (30 de septiembre de 1987); Grupo de Negociaciones sobre Mercancías (GATT), Grupo de Negociación sobre Acuerdos y Arreglos de las NCM, Acuerdo sobre Valoración en Aduana:
Justificación de la Propuesta de la India sobre la Carga de la Prueba, MTN.GNG/NG8/W/54 (9 de octubre de 1989) 9Véase Comité de Valoración en Aduana del GATT, Informe del Comité Técnico de Valoración en Aduana sobre los Efectos de la Facturación Falsa en la Valoración en Aduana, VAL/W/32 (7 de noviembre de 1985).
10Grupo de Negociaciones sobre Mercancías (GATT), Grupo de Negociación sobre Acuerdos y Arreglos de las MTN, Acuerdo sobre la Implementación del Artículo VII: Presentación de Brasil, MTN.GNG/NG8/W/57 (22 de noviembre de 1989); Grupo de Negociaciones sobre Mercancías (GATT), Grupo de Negociación sobre Acuerdos y Arreglos de las MTN, Minutas de la reunión del 16 al 18 de octubre de 1989, MTN.GNG/NG8/13 (15 de noviembre de 1989).
11https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=S:/G/VAL/W112.pdf&Open= True Date: 2022.08.22 10:42:43 ART Date: 2022.08.22 16:28:48 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.08.22 16:55:09 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.22 16:55:40 -03:00
Fin de la sentencia