Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 24.553-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de nulidad opuesta por la actora, sin costas atento a su tratamiento con el fondo.
2Revocar la 1090/2018 (AD MDZA) en cuanto impone multa a la firma “MERCATOR S.A.”, por la comisión de la infracción tipificada en el art. artículo 954, apartado 1, inciso b) del CA.
3Confirmar parcialmente la Resolución 1090/2018 (AD MDZA) en cuanto impone multa a la firma “MERCATOR S.A.”, por la comisión de la infracción tipificada en el art. 954, apartado 1, incisos a) y c) del Código Aduanero. La multa asciende a la suma de ciento cincuenta y tres mil doscientos noventa y cuatro pesos ($153.294) teniendo en cuenta la liquidación practicada por el servicio aduanero a fs. 23 de las act. adm. y lo dispuesto en el art. 954 apartado 2 del Código Aduanero.
4Modificar la Resolución 1090/2018 (AD MDZA) en tanto exige, a la firma exportadora, el pago de tributos que ascienden a la suma de ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos siete pesos con ochenta y cuatro centavos ($ 146.407,84.-), más los intereses del art. 794 los que deben calcularse desde el 7/04/14 y hasta la fecha de efectivo pago.
5Costas conforme los mutuos vencimientos.
I. Que a fs. 21/38, se presenta, por apoderado, la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución nro. 1090/2018 (AD MDZA), recaída en las actuaciones SIGEA Nro. 12448-1168-2012, por la que se le exige el pago de tributos por la suma de U$S 32.826,87.- y se la condena al pago de una multa que asciende a la suma de $ 542.251,26.- por considerarla responsable de la comisión de la infracción tipificada en el artículo 954, apartado 1, incisos a), b) y c), del Código Aduanero.
Comienza su relato de los hechos explicando que el servicio aduanero considera que en su declaración aduanera hay un yerro clasificatorio puesto que según el informe, de dicho organismo fiscal, las muestras extraídas dan como resultado que se trataría de mercadería correspondiente a la posición arancelaria 1201.90.00.290C que en el caso concreto llevaría una Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) y en consecuencia resultaría prohibida y, más aún generaría una diferencia clasificatoria con consecuencias tributarias.
Manifiesta que en el caso concreto la posición arancelaria 2309.90.90.900T declarada es correcta y, que de hecho la misma Dirección General de Aduanas ordenó el libramiento de la mercadería. Agrega que la declaración fue exacta y no se configuró infracción alguna pues la mercadería declarada es exactamente la que el servicio aduanero verificó.
Requiere la nulidad de la extracción de las muestras y sus resultados. Afirma que es imposible que un funcionario aduanero pueda realizar la homogeneización y extracción (de mercadería que en su fusión y temperaturas de fusión serían diferentes) puesto que se debe prever la situación y realizarse una extracción previa en planta o exigir que parte de dicha mercadería vaya pre-envasada. Señala que si bien el verificador actuante es una persona idónea desde el punto de vista aduanero no lo es desde la perspectiva exigida por la norma.
Destaca que conforme surge del resultado del análisis y del permiso de embarque agregado a las actuaciones la prueba fue realizada sobre un producto denominado AGROIN 1 y conforme surge del mismo permiso de embarque la mercadería objeto del embarque era PREMIX COTRASEP IV.
Entiende que la mercadería no es prohibida por cuanto el hecho de que la posición arancelaria enrostrada lleve presuntamente Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) la tornaría restringida pero no prohibida. Considera que la corrida de vista es nula de nulidad absoluta toda vez que el funcionario aduanero firmante no observaba los requisitos previstos por el art. 1023 del C.A.
Aduce que nunca se notificó a su apoderado, Sr. Fernando Seleme, quien compareció, contestó la vista, constituyó domicilio y diligenció la prueba, lo que resulta violatorio del derecho de defensa.
Se queja de la falta de correspondencia del monto exigido en concepto de tributos y multa entre la corrida de vista y el fallo apelado. Considera que debería haberse realizado una nueva intimación a pagar mas no condenar por un monto extremadamente superior al que se intimó originalmente.
Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 51/54 se presenta, la representación fiscal y contesta el traslado que le fuera conferido. Primeramente, efectúa un breve racconto de lo acontecido en sede aduanera. Luego, por imperativo procesal, niega todas y cada una de las afirmaciones de hecho y derecho esgrimidas por la actora que no fueren objeto de su expreso reconocimiento.
Manifiesta que el sistema aduanero descansa sobre la base de la veracidad y exactitud de las declaraciones efectuadas acerca de la naturaleza, calidad y propiedades de las mercaderías que constituyen los objetos de las destinaciones u operaciones que se realizan en las aduanas como también de todos los demás datos relevantes que puedan ser requeridos en la destinación u operación.
Manifiesta que resulta imprescindible que los despachantes de aduana, importadores, transportistas, agentes de transporte, viajeros, tripulantes, etc., suministren precisa y concretamente todos los elementos de juicio e informaciones necesarias que permitan al servicio aduanero ejercer sus facultades de control y, en su caso, determinar los tributos aplicables.
Invoca jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia in re “SUBPGA” donde se ha plasmado que el bien jurídico tutelado en el art. 954 resulta ser “el principio de la veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación de aduana” estableciéndose en la normativa aduanera que una vez registrada la declaración deviene inalterable. Agrega que el criterio antes expuesto resultó ratificado en “Frigorífico Rioplatense”.
Cita textualmente la resolución aduanera que expresa “...una vez realizado el control documental y físico surge del Protocolo de análisis Nº 85347 que la muestra corresponde a una mezcla de estructuras vegetales a base de expeller de soja (aprox. 76,5%) trigo molido (aprox. 20%), maíz molido (aprox. 2,5%). En consecuencia, correspondería la PA 2304.00.90.200K. La posición en que corresponde clasificar necesita DJVE por lo que se estaría frente a una prohibición”.”
Explica que se produjo un error de tipeo en la denominación del producto analizado volcado en el protocolo y que el Instituto Técnico de Examen de Mercaderías (ITEM) efectuó, correctamente, el análisis de la muestra correspondiente al producto exportado.
Ofrece como prueba las actuaciones administrativas vinculadas a la causa, hace reserva del caso federal y solicita se rechace el recurso, con costas a la actora.
III. Que las actuaciones administrativas se inician a raíz de la denuncia labrada por el Jefe (Int.) de la Sección Verificaciones de la Aduana de Mendoza, mediante la Nota nro. 2078/2013, que da cuenta de una presunta diferencia en la posición arancelaria consignada en la destinación 12038EC01013562K que encuadraría dentro de las previsiones del Código Aduanero como presunta infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, incs. a), b) y c). A fs. 23 luce la liquidación de tributos y multa. A fs. 31/32, con fecha 21/02/2014, se dispone, en los términos del art. 1090, inc. c), del CA, la instrucción de sumario contencioso por la presunta infracción al art. 954, incs. a), b) y c), del C.A. contra la firma “MERCATOR SA” y se ordena correr vista de lo actuado en los términos del art. 1101 del CA, notificándose la firma exportadora el 20/03/2014 (ver fs. 34). A fs. 43/45, la firma exportadora contesta la vista conferida. A fs. 109/115 y vta., se dicta la resolución Nº 1090/2018 de la Aduana de Mendoza, apelada en la especie.
IV. Que, en primer lugar, corresponde analizar la supuesta nulidad planteada por la recurrente en cuanto sostiene que el funcionario aduanero firmante de la corrida de vista no observaba los requisitos previstos por el art. 1023 del C.A. Además, indica que nunca se notificó la resolución aduanera a su apoderado, Sr. Fernando Seleme, quien compareció, contestó la vista, constituyó domicilio y diligenció la prueba, lo que resulta violatorio del derecho de defensa.
Que, en principio, y de acuerdo con las constancias de esta causa en particular puede afirmarse que no hay vicios de procedimiento en la tramitación de las actuaciones administrativas que causen a la recurrente indefensión o gravamen irreparable.
Que cabe destacar que la instrucción de sumario de fecha 21/02/14 fue firmada por el Administrador de la Aduana de Mendoza tal como lo dispone el art. 1094 del C.A. Además, en ese mismo acto, dicho funcionario dispuso correr vista de todo lo actuado en el artículo tres de la parte resolutiva (ver fs. 31/32 de autos). Ahora bien, la efectiva corrida de vista se efectuó tres días después, el 24/02/14, y fue rubricada por el Abogado, Dr. Lucas Moyano y Sierra, pero lo cierto es que la misma constituye un simple acto material de notificación en base a las instrucciones impartidas por el propio Administrador de la Aduana de Mendoza al momento de iniciar el sumario de modo que los agravios de la recurrente en este sentido deben desestimarse.
Que, por otro lado, de las actuaciones administrativas acompañadas surge que en fecha 23/11/18 se envió a través del Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera la notificación de la Resolución aduanera al Sr. Fernando Seleme quien, efectivamente, se notificó de dicha resolución en fecha 3/12/18 (ver a fs. 120 el estado notificado del SICNEA) por lo que no es verdadero que el Sr. Fernando Seleme no haya sido notificado de la resolución que puso fin al procedimiento infraccional. Ahora bien, es cierto que el Sr. Fernando Seleme fue notificado con posterioridad a la firma “MERCATOR S.A.” (se notificó en fecha 02/11/18) aunque ello no provocó ningún gravamen o indefensión irreparable para la recurrente toda vez que pudo apelar la resolución, en tiempo y forma, por ante este Tribunal Fiscal.
Que, por lo demás, cabe destacar que la recurrente jamás se agravió en sede aduanera del funcionario aduanero firmante de la corrida de vista ni de la supuesta falta de notificación de la resolución aduanera, es decir, que ha consentido los actos administrativos que impugna en esta instancia jurisdiccional, al no haber articulado recurso alguno contra las providencias de la DGA. Que, en definitiva, la nulidad que se persigue carece de finalidad práctica y su declaración no procede pues se trataría de la nulidad por la nulidad misma. Por lo expuesto corresponde rechazar el agravio por resultar el mismo improcedente en razón de no existir la causa de nulidad invocada por la recurrente.
V. Que la cuestión sobre la que corresponde resolver a este Tribunal Fiscal radica en determinar si la aquí actora ha cometido en relación con la declaración comprometida, la infracción prevista y penada por el art. 954, ap. 1, incs. a), b) o c) del Código Aduanero.
Que a los efectos de la configuración de la infracción en trato es presupuesto necesario la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación. Que la firma recurrente, con fecha 22/05/2012, documentó mediante el despacho N° 12-038-EC01-013562-K la exportación para consumo de mercadería que declaró bajo la PA SIM 2309.90.90.900T que comprende a “Las demás-Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales”, con un valor FOB de 87.210 dólares estadounidenses.
Que, en fecha 24/05/12, es decir, dos días después de la oficialización de la destinación, un funcionario aduanero, verificador, se apersonó en el depósito fiscal donde estaba ubicada la mercadería a los efectos someterla a un análisis de carácter presuntivo por instrucciones emitidas por el SIM y en los términos de la R.G. N° 1582/03 AFIP (ver 3 de las act. adm.).
Que en dicho análisis intervino un verificador del Fisco hallándose presente, en representación de la firma exportadora, el despachante de aduana, Sr. Cristian Fontana. Allí mismo se labró un acta de extracción de muestras donde se certifico lo siguiente “...se ha extraído un juego de tres muestras por variedad de la mercadería documentada en la destinación 12-038-EC01-013562-K (…) las que debidamente cerradas y firmadas se destinan: la primera al Organismo analizador, la segunda a la aduana interviniente y la tercera al exportador…”. Además, se dejó constancia de que se autorizaba el libramiento de la mercadería sujeta a análisis “…en razón de que el retiro conlleva el compromiso por el pago de las eventuales diferencias de tributación que se comprobaren del análisis a practicarse, más las multas que correspondieren en el caso de verificarse tales inexactitudes…”.
Que, en fecha 26/11/13 el organismo analizador denominado Instituto Técnico de Mercaderías (ITEM) efectúa el examen de la mercadería, documentada mediante la destinación N° 12-038-EC01-013562-K, con las muestras obtenidas por el agente verificador y de acuerdo con las conclusiones del Protocolo de Análisis N° 85347 sostiene que se trata de “mezcla de grumos pardos con polvo amarillento” que se compone de “…una mezcla de estructuras vegetales a base de expeller de soja (aprox. 76.5%), trigo molido (aprox. 20%), maíz molido (aprox. 2.5%)…” (ver 7 de las act. adm.).
Que, por su parte, el Jefe del Departamento de Técnica Nomenclatura y Clasificación Arancelaria, luego del análisis efectuado por el Instituto Técnico de Examen de Mercaderías, expresó que para la mercadería descripta no resultaría aplicable la partida 23.09 (ver fs. 13). Así las cosas, a criterio del servicio aduanero no se trataba de mercadería clasificable en la posición arancelaria 2309.90.90.900T como había declarado la firma exportadora en su declaración comprometida, sino de mercadería clasificable en la posición arancelaria 2304.00.90.200K, considerando a ambas diferencias como configurativas del presupuesto de hecho del tipo infraccional enrostrado. Que la recurrente cuestiona la extracción de las muestras y sus resultados, más específicamente, la idoneidad del funcionario aduanero para realizar la homogeneización y extracción desde la perspectiva exigida por la norma. Hay que señalar que la Resolución General AFIP N° 1582 “SOBRE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS Y ANÁLISIS” en su Anexo II bajo el título “MUESTRA PARA ANÁLISIS” en el punto 3.1 referido a “EXTRACCIÓN DE MUESTRAS” expresa que “...Durante todo el procedimiento de extracción, identificación y acondicionamiento de las muestras debe estar presente el interesado, entendiéndose por tal al importador, exportador o al despachante de aduana (el destacado me pertenece) correspondiente o su apoderado, debidamente acreditado para tal cometido, o en ciertos casos peritos de parte oportunamente designado.”. Al respecto, no se advierte que durante el procedimiento de extracción de muestras el representante de la firma recurrente haya realizado alguna observación o reserva respecto de las muestras tomadas, ni que haya cuestionado fundadamente la idoneidad reunida por el funcionario aduanero para dicha labor. Por lo demás, la clasificación arancelaria determinada por la aduana no ha sido enervada por otras pruebas por parte de la actora cuando podría haber solicitado prueba pericial para rebatir las conclusiones del Protocolo de Análisis N° 85347.
Que debe también desecharse la queja de la actora en relación con que la prueba llevada a cabo por el Instituto Técnico de Mercaderías fue realizada sobre una mercadería distinta a la que fue objeto del embarque “PREMIX COTRASEP IV”, en cuanto ello ha sido rectificado por el mencionado organismo a fs. 106/108 de las actuaciones administrativa al informar que “…por un error involuntario de tipeo, en la identificación de la mercadería “EXTRACCIÓN DE BULTO, MARCA Y N°” en vez de “PREMIX COTRASEP I”, debió decir “PREMIX COTRASEP IV”.”.
Que la destinación de exportación fue formalizada a través del Sistema María, en el que los elementos de declaración se encuentran codificados y al ingresar la posición arancelaria el declarante no tenía la posibilidad de efectuar una descripción detallada de la mercadería ya que el sistema se lo impide, que es la parte de la declaración denominada antes del SIM, declaración complementaria, por lo que el declarante debe actuar con extrema precaución sobre las precisiones de la mercadería al indicar o validar la posición arancelaria. Que, así las cosas, se puede afirmar que la composición de la mercadería (harina soya desactivada 88.5% aprox, maíz 10% aprox, 05%) según la declaración del exportador resultó ser distinta a la comprobada por el servicio aduanero tal como surge de las conclusiones del Protocolo de Análisis N° 85347 elaborado por el Instituto Técnico de Mercaderías donde se constató que la mercadería“…corresponde a una mezcla de estructuras vegetales a base de expeller de soja (aprox. 76.5%), trigo molido (aprox. 20%), maíz molido (aprox. 2.5%)…”. Que la indicada diferencia entre la composición de la mercadería declarada y la mercadería resultante es innegable. Por ello, el servicio aduanero clasificó a la mercadería en la posición arancelaria 2304.00.90.200K. Cabe destacar, además, que si bien es cierto que el servicio autorizó el libramiento de la mercadería, no lo hizo sin reservas pues tal como fuera expuesto en el acta de extracción de muestras el retiro de la mercadería conllevó el compromiso por el pago de las eventuales diferencias de tributación que se comprobaren del análisis a practicarse, más las multas que correspondieren en el caso de verificarse inexactitudes.
Sentado lo que antecede, el presupuesto de hecho del tipo infraccional -una diferencia entre lo declarado por la firma exportadora en su solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación–, se encuentra acreditado en autos VI.- Que, ahora bien, la figura infraccional del art. 954 del CA requiere como elemento del tipo, además de la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación -cuestión analizada en el acápite anterior de este voto-, que la misma resulte idónea para producir alguno de los efectos previstos en los incs. a), b) y/o c), del ap. 1 de dicho artículo.
Que la mercadería amparada por la destinación de exportación N° 12-038-EC01-013562-K fue declarada en la posición arancelaria 2309.90.90.900T descripta como “Las demás-Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales” que tributa un 5% en concepto de derechos cuando en realidad la mercadería exportada debió ser declarada en la posición arancelaria P.A. 2304.00.90.200K correspondiente a la mezcla de estructuras vegetales que abona un 32% de derechos por lo que ese distinto tratamiento arancelario provocó un perjuicio fiscal. Además, la diferencia entre lo declarado y lo comprobado que se tiene por acreditada en autos de pasar inadvertida podría haber producir el ingreso desde el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondía toda vez que el valor FOB declarado tendría que haber sido mayor debido a un aumento en la alícuota de los derechos.
Que, en definitiva, ha quedado comprobada la configuración de la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1 incs. a) y c) del Código Aduanero.
VII. Que corresponde resolver si se ha configurado en autos la infracción tipificada por el art. 954, inc. b), del Código Aduanero toda vez que de la comprobación realizada por el servicio aduanero la mercadería documentada en la destinación de exportación N° 12-038-EC01-013562-K que resulta clasificable en la posición arancelaria 2304.00.90.200K requiere una declaración jurada de venta al exterior en forma previa a la liberación de la mercadería lo que impone a la mercadería declarada, a criterio del servicio aduanero, una prohibición. Que no se encuentra controvertido que la mercadería amparada por la destinación de exportación N° 12-038- EC01-013562-K requiere en forma previa a la liberación para su exportación una declaración jurada de venta al exterior. Ahora bien, la recurrente entiende que la mercadería no es prohibida por cuanto el hecho de que la posición arancelaria enrostrada lleve Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) la tornaría restringida pero no prohibida Que, así las cosas, corresponde analizar la normativa que rige la materia para corroborar si los hechos aquí descriptos se subsumen bajo algún tipo infraccional previsto en el Código Aduanero.
Que el art. 954 del CA sanciona al que para cumplir una operación de importación o de exportación efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que en caso de pasar inadvertida produjere o pudiere producir: inc. b) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación será sancionada con una multa de uno a cinco veces el valor en aduana de la mercadería en infracción.
Que, a mi juicio, la falta de presentación declaración jurada de venta al exterior no resulta punible en los términos del art. 954 ap. 1. inc. b) del C.A. por cuanto no está prohibido el egreso, en sí mismo, de la mercadería del territorio aduanero sino que dicho egreso que se condiciona al previo libramiento de la mercadería exige contar con una Declaración Jurada de Venta al Exterior. La mercadería es o no es prohibida en cuanto una norma dispone que así lo sea y no por una mera restricción o autorización que se impone previo a su libramiento. Cabe aclarar que en la sentencia del 12/6/2012, recaída en los autos “Nate Navegación y Tecnología Marítima SA [TF 22.220-A]”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación con remisión al fundado dictamen de la Procuración General de la Nación del 4/10/2010, recordó que las prohibiciones de importación habrán de surgir de manera expresa de la norma, no pudiéndose asimilar a las mismas, las restricciones habituales o requisitos exigidos para la importación de la mercadería. Allí se señaló que el Código no establece prohibición específica alguna, sino que ellas deben surgir de la legislación que corresponda a la materia de que se trate. Se destaca, asimismo, que las prohibiciones aduaneras han de surgir de la letra expresa e inequívoca de la norma, de forma tal que su existencia como regla general merecedora de acatamiento, como así de la respectiva sanción a su inobservancia, puedan ser efectivamente discernidas y constatadas.
Que, en el mismo sentido, la Sala ”IV” de la Excma. Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvo que “toda prohibición debe surgir de la letra expresa e inequívoca de la ley o de la norma reglamentaria aplicable al caso, de manera tal que su existencia como regla de acatamiento obligatorio y su respectiva pena o sanción pueda ser efectivamente discernida y constatada, sin que pueda ser inferida implícitamente de los requisitos, restricciones o condiciones a cuya observancia está sujeta la importación” (v. sentencia de fecha 2/07/15, in re “UNILEVER ARGENTINA S.A. c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”).
Que no hay ninguna norma que expresamente establezca que la falta de presentación de la Declaración Jurada de Venta al Exterior constituye una prohibición para el egreso de la mercadería del territorio aduanero sino más bien constituye una restricción a la exportación que impone el servicio aduanero a determinadas mercaderías a los efectos de autorizar su libramiento. Por ello, a mi juicio no corresponde atribuir a la recurrente la infracción imputada (art. 954 ap. 1 inc. b. del C.A.).
VIII. Que, por otra parte, la recurrente se agravia de que el monto de los tributos exigidos, por el servicio aduanero, en la resolución definitiva que asciende a la suma de u$s 32.826,87.- no guarda relación alguna con el monto que fuera intimado, previamente, en la corrida de vista por la suma de $ 146.407,84.-.
Que la liquidación de los tributos fue practicada y volcada en la planilla de aforo N° 467, por un verificador, funcionario aduanero, de la aduana de Mendoza, en fecha 12/12/13, con relación a 256.5 toneladas de mercadería, reclasificadas en la PA. 2304.00.90.200K dando como resultado un monto total de tributos de u$s 32.826,87- siendo, según el servicio aduanero, su equivalente la suma de pesos $ 146.407,84.- según el tipo de cambio de U$S 1 = $4,46 utilizado para realizar la conversión de la moneda estadounidense a la moneda nacional. Que el servicio aduanero, asimismo, expresó el importe de los tributos en pesos por un total de $ 146.407,84.- cuando se corrió a la recurrente la vista del art. 1101 del C.A. Sin embargo, la resolución aduanera que puso fin al procedimiento infraccional N° 144/12 exigió el importe de los tributos en dólares estadounidenses por un monto de u$s 32.826,87.- que no guarda relación alguna con la corrida de vista conferida previamente. Que no surge de las actuaciones administrativas acompañadas que se haya anoticiado a la recurrente de la modificación en el quantum de la obligación tributaria de pesos a dólares estadounidenses. A tales efectos, el servicio aduanero debía practicar una nueva liquidación tributaria y notificar otra vez el importe de los tributos en dólares estadounidenses. Sin embargo, el servicio aduanero dictó la resolución aduanera que puso fin al procedimiento infraccional alterando arbitrariamente el objeto de la obligación tributaria pues la corrida de vista ya había generado derechos subjetivos en el administrado que no pueden reverse sino en el curso del procedimiento con una rectificación del acto previo y su notificación al administrado.
Que el art. 20 de la ley 23.905 que establece la determinación de los tributos en dólares ya se hallaba vigente al momento de la corrida de vista original. Asimismo, también regía la Resolución AFIP 3271/12 en relación con la liquidación e ingreso de tributos aduaneros. No obstante, el servicio aduanero, decidió pesificar la obligación tributaria y mantener el importe adeudado en concepto de tributos en esa moneda hasta el fin del procedimiento. Que tiene sentado el Más Alto Tribunal que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con una anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (precedente “Arigós c/ Lotería de Beneficencia de Corrientes”, del 8.4.69, “Fallos”, 7: 139).
Que, ello así, corresponde que la liquidación tributaria se practique en pesos a un tipo de cambio de $4,46 que fue el utilizado por el servicio aduanero al momento de practicar la liquidación por la que posteriormente se corrió la vista del art. 1101 del C.A. Lo contrario implicaría vulnerar el principio que inhibe la reformatio in pejus en tanto la aduana no puede modificar el quantum de la obligación tributaria sin motivo alguno para perjudicar el derecho patrimonial de la recurrente. Ello porque modificar los tributos nominados originariamente en pesos a dólares estadounidenses, sin anoticiar al administrado, implica ajustar el monto de la exigencia tributaria y, por ende, modificar la corrida de vista en perjuicio del apelante colocándolo en una peor situación que en la que se encontraba y tenía conocimiento, lo cual resultaría inadmisible, pues, se estaría incurriendo en una indebida reformatio in pejus.
IX. Que conforme el Considerando IV del presente voto resultaría ajustado a derecho absolver (por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. b) del C.A.) y condenar ((por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, incs. a) y c) del C.A.) a la firma recurrente de la infracción endilgada por la Aduana, dejando a salvo el criterio asumido por el Dr. Garbarino – por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala – en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes (“Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.840, del 02/12/13; “Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.553-A, del 03/12/13 y “Nutribras SA c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 36.507-A, del 06/03/12, entre otros).
Por ello, SE RESUELVE:
1. Rechazar la excepción de nulidad opuesta por la actora, sin costas atento a su tratamiento con el fondo.
2. Revocar la 1090/2018 (AD MDZA) en cuanto impone multa a la firma “MERCATOR S.A.”, por la comisión de la infracción tipificada en el art. artículo 954, apartado 1, inciso b) del CA.
3. Confirmar parcialmente la Resolución 1090/2018 (AD MDZA) en cuanto impone multa a la firma “MERCATOR S.A.”, por la comisión de la infracción tipificada en el art. 954, apartado 1, incisos a) y c) del Código Aduanero. La multa asciende a la suma de ciento cincuenta y tres mil doscientos noventa y cuatro pesos ($153.294) teniendo en cuenta la liquidación practicada por el servicio aduanero a fs. 23 de las act. adm. y lo dispuesto en el art. 954 apartado 2 del Código Aduanero.
4. Modificar la Resolución 1090/2018 (AD MDZA) en tanto exige, a la firma exportadora, el pago de tributos que ascienden a la suma de ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos siete pesos con ochenta y cuatro centavos ($ 146.407,84.-), más los intereses del art. 794 los que deben calcularse desde el 7/04/14 y hasta la fecha de efectivo pago.
5. Costas conforme los mutuos vencimientos.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y al Dr. Carlos María Palacio (20-28117847-5). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2022.04.11 16:57:52 -03:00 Date: 2022.04.11 19:30:32 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.04.11 19:30:33 -03:00
Fin de la sentencia