Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución DE PRLA Nro. 108/12 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación N° 12210-2035-2006 (AA73 N° 9640/03).
2Modificar la exigencia tributaria dispuesta a la actora en el artículo 2 de la referida resolución, declarando que la misma adeuda al 01/04/22 la suma de pesos ciento doce mil novecientos setenta y seis con 51/00 ($ 112.976,51.-), sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el momento del pago.
3Costas conforme los respectivos vencimientos, las que se distribuyen en un 45% a cargo del fisco y en un 55% a cargo de la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-36434698-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 13 de Abril de 2022 BUENOS AIRES c/ DGA s/ recurso de apelación”
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en la Causa N° 31.866-A: “GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES c/ DGA s/ recurso de apelación”
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA Nro. 108/12 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación N° 12210- 2035-2006 (y aprobada por el Subdirector General de la Subdirección General Técnico Legal Aduanera mediante Res. N° 623/2012), mediante la cual se resuelve, por un lado absolver al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con relación a la infracción tipificada por el art. 970 del C.A., y por el otro, formular cargo por la suma de $ 49.741,75 en concepto de tributos, con más los intereses correspondientes.
II. Fundamentos de la apelación: A fs. 11/15 se presenta el Director de Asuntos Especiales de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en representación de la actora, con patrocinio letrado, e interpone recurso de apelación contra la resolución antes mencionada. En primer lugar, efectúa un breve relato de los hechos y pasa a analizar cada uno de los agravios. Afirma que con motivo del rechazo in limine de la prueba ofrecida en sede aduanera, se ha violado el derecho de defensa en juicio y al debido proceso. Manifiesta que mediante dicha medida se intentaba probar que la importación de la mercadería había sido efectivizada por un tercero y que la misma había sido reexportada por su propietario dentro del plazo autorizado. Señala no haber sido la importadora de la mercadería ingresada por un tercero y que no puede endilgársele responsabilidad tributaria alguna. Cita el artículo 91 del C.A.. Destaca que sólo comunicó a la Aduana que el portador del equipo entraba al país con el mismo para ser utilizado en un congreso, y que dicho organismo emitió la autorización pertinente. Se agravia en relación a que no se efectuó la discriminación del IVA, impuesto respecto del cual -asegura- se encuentra exenta en virtud de lo dispuesto por el art. 8 inc. e) de la ley de IVA. Cita jurisprudencia al respecto. Finalmente, ofrece prueba, hace la reserva del caso federal y solicita que se revoque la resolución aduanera apelada.
III. Contestación del traslado: A fs. 27/32 contesta el traslado la representación fiscal. En primer lugar, efectúa una breve reseña de los hechos acaecidos en sede aduanera y, seguidamente, formula la negativa genérica de rigor. En tal sentido, niega todos y cada uno de los hechos, la veracidad de la prueba aportada y el derecho invocado, que no fueran objeto de un expreso reconocimiento o bien surjan de las actuaciones administrativas. Sostiene que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora, y que ello debe hacerse en forma fehaciente y con la documentación aduanera pertinente. Afirma que la exigencia de reexportar la mercadería o, en su caso, regularizarla dentro del plazo legalmente otorgado por la Aduana, constituye una ineludible obligación del importador que permite la razonable posibilidad de constatación del debido cumplimiento del régimen de beneficio al que voluntariamente se acogió. Cita jurisprudencia. Manifiesta que no hubo vulneración alguna al debido proceso legal y que la presente vía jurisdiccional ofrece la posibilidad de producir prueba, con lo cual entiende que no hay posible vulneración de la defensa en juicio. Señala que el servicio aduanero ha hecho estricta aplicación de lo normado por el art. 910 del C.A. y que, no obstante, ante la responsabilidad infraccional demostrada, se exigen los tributos correspondientes ya que la inmunidad alcanza solamente a la aplicación de la multa. Determina que al quedar constatada la infracción aduanera, la encartada debe afrontar los tributos como consecuencia de su obrar, quedando vedada la posibilidad de invocar una exención tributaria. Cita jurisprudencia. Finalmente, ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace la reserva del caso federal y solicita que confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. Que las actuaciones administrativas (Expte. N° 12210-2035-2006 / AA73 N° 9640/03) se inician con la presentación efectuada en fecha 27/08/03 por el Sr. Germán Fernández, Director General del Sistema de Atención Médica de Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A fs. 2, con fecha 28/08/03, el mismo Director efectúa una segunda presentación indicando que el Sr. Felipe de Jesús Gallegos Laurent “… está autorizado para retirar el Manequin de Entrenamientos Médico Simulador de Paciente con Equipo Electrónico, para ser exhibido en el Congreso de Emergencias Médicas de la Ciudad de Buenos Aires.”. A fs. 3, se dicta la Nota N° 6955/03 de fecha 28/08/03 mediante la cual se autoriza la importación temporaria por el plazo de 60 días.
A fs. 3vta. luce constancia del verificador donde detalla tipo, marca, PA y valuación de la mercadería. A fs. 4 lucen pases internos. A fs. 5 se agrega la Nota N° 453/03 de fecha 12/11/03 a fin de elevar las actuaciones a la División Registro. A fs. 6 se encuentra el pase a la Sección Procedimientos Técnicos. A fs. 7 se labra el Acta de Denuncia N° 12210- 144/06 de fecha 27/04/06 contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por presunta infracción del art. 970 del C.A.. A fs. 8 luce Nota N° 4689/06 SE PTEZ con el listado de denunciantes. A fs. 9 se detallan dependencia, expediente, ausencia de prórroga, fecha de vto. (28/10/03), importador, tipo de cambio, y motivo de denuncia. A fs. 10, con fecha 2/05/06, se solicita el pase a la División Verificación a fin de indicar el valor en aduana de la mercadería y en su caso si es de importación prohibida.
A fs. 11 la Div. Verificación determina el valor en aduana de la mercadería y las alícuotas aplicables en concepto de tributos, a la vez que se indica afirmativamente la condición de prohibida. A fs. 11vta. luce la liquidación respectiva. A fs. 12, con fecha 15/06/06 se ordenan remitir las actuaciones a la Sección Procedimientos Técnicos. A fs. 13 luce LMAN. A fs. 14 luce Nota N° 7326/06 con un giro interno. A fs. 15 luce la Nota N° 7327/06 (SE PTEZ) de fecha 04/07/06. A fs. 16 se agrega la determinación de los tributos y de la multa. A fs. 17 obra la apertura de sumario de fecha 03/07/07. A fs. 18, con fecha 09/09/09, la secretaría actuante remite las actuaciones a la Aduana de Ezeiza Sección Control de equipaje.
A fs. 19 luce el informe respectivo agregado mediante Nota N° 988/09. A fs. 20/22 luce el print de pantalla del resultado de consulta al Sistema Registral. A fs. 23, con fecha 17/08/11, se procede a correr vista del sumario al GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, imputándosele la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. respecto de la destinación gestionada mediante N° AA73 9640/2003. A fs. 26 luce print de pantalla con el resultado -negativo- tras la consulta al Registro General de Infractores. A fs. 27 luce sobre con cédula de notificación al GCBA del auto de corrida de vista, con constancia del correo argentino de dirección insuficiente con fecha 19/09/11. A fs. 30 obra la constancia de notificación al GCBA con fecha 27/09/11.
A fs. 31/33vta. contesta la vista el GCBA con fecha 07/10/11. Seguidamente luce agregada la Actuación N° 12034-1-2012, la cual continúa el orden correlativo de foliación. A fs. 35/36 luce copia de la cédula de notificación y de la corrida de vista. A fs. 38 luce remisión del expediente N° 1694202/2011por parte de la Procuración General del GCBA al director de asuntos especiales. A fs. 39/40 se agrega mail de fecha 29/09/11 en el cual el director de asuntos institucionales solicita informe judicial urgente a la Subdirectora de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Salud. A fs. 40 bis/70 se agregan copias del sumario administrativo. A fs. 71/73vta., con fecha 06/10/11 contesta la vista el GCBA.
A fs. 74, con fecha 25/11/11 se tiene por presentado al representante del GCBA y por contestada la vista respectiva. A fs. 76/77vta. el GCBA interpone revocatoria en fecha 06/12/11. A fs. 78, con fecha 07/12/11, se rechaza la revocatoria interpuesta. A fs. 80 luce constancia de notificación de fecha 13/12/11. A fs. 81, en fecha 16/12/12 se ponen los autos para resolver. A fs. 82 se agrega print de pantalla del resultado -negativo- de la consulta al registro general de infractores. Finalmente, a fs. 83/84vta. se dicta con fecha 2/2/12 la resolución N° 108 apelada en autos, a fs. 86/87 luce el dictamen N° 471/12 y a fs. 89/91 la resolución que resuelve la aprobación.
V. Que corresponde expedirme en primer lugar respecto del primer agravio esgrimido por la actora, en cuanto considera que ha sido violado su derecho de defensa en juicio y del debido proceso, en tanto el rechazo in limine en sede administrativa de la prueba por ella ofrecida.
Que, en virtud de que la actora cuenta con la presente instancia a fin de subsanar cualquier indefensión a la que se hubiera sentido expuesta en sede administrativa, considero que no se ve vulnerado su derecho de defensa, en cuanto a la valoración de la prueba con la que cuenta este Tribunal. Más allá de haber considerado inconducente la ofrecida en su recurso de apelación, se cuenta con las actuaciones administrativas y, de haberse considerado pertinente, se hubiesen ordenado medidas para mejor proveer, de conformidad con lo dispuesto a fs. 35 de autos. Que, por lo expuesto, resulta aplicable la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (entre otros fallos: 205:549 y 267:393). Cabe señalar que atento a la posibilidad de la actora en esta instancia de ofrecer y producir prueba con toda amplitud y exponer todos los argumentos que estime convenientes, sin restricción alguna, el posible agravio del que habla la actora se torna improcedente.
VI. Que aclarado lo antes expuesto, la cuestión de autos radica en determinar si en el caso se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del C.A., con relación a la mercadería cuya importación temporaria fuera autorizada mediante Nota N° 6955/03 dictada en el expediente AA73 N° 9640/03. Ello por cuanto, si bien no se aplicó la sanción de multa, la resolución aquí recurrida resolvió formular cargo por la exigencia tributaria.
VII. Que, de la compulsa de los antecedentes administrativos, resulta que el Director General del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, puso en conocimiento de la Aduana de Ezeiza -mediante presentación de fecha 27/08/03- que un tercero (Sr. Felipe Gallegos) traía en el vuelo 8671 proveniente de Méjico, un “Manequin de Entrenamiento Médico, Simulador de Paciente con Equipo Electrónico”, para ser usado en un Congreso de Emergencias Médicas en la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, mediante una nueva presentación fechada el 28/08/03, se informó que el antes referido pasajero se encontraba autorizado para retirar la mercadería. (ver fs. 1/2 de las act. adm.)
Que, en respuesta a la mencionada presentación, la Aduana de Ezeiza dictó la Nota N° 6955/03 mediante la cual autorizó con fecha 28/08/03 “… el ingreso temporal de la mercadería en cuestión, (…) por el plazo de SESENTA (60) DIAS, en los términos del Artículo 31, apartado 1, inciso h) del Decreto 1001/82, bajo la responsabilidad exclusiva y excluyente del Organismo recurrente a todo efecto. …”. (ver fs. 3 de las act. adm.) Que, ocurrido el vencimiento del referido plazo de permanencia otorgado, se dispuso instruir sumario por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del CA, exigiéndosele a la actora el pago de los tributos mediante la resolución aduanera aquí apelada.
VIII. Que, en primer lugar, y en tanto resulta materia de agravio, corresponde determinar quién ha sido el importador de la mercadería cuestionada en autos. A tal fin, es dable citar lo dispuesto por el apartado 1 del artículo 91 del C.A.: “Son importadores las personas que en su nombre importan mercadería, ya sea que la trajeren consigo o que un tercero la trajere para ellos. …”. Resulta evidente que, en el caso, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reviste la condición de importador de la mercadería, y que fue el pasajero Felipe Gallegos quien la trajo consigo, en concordancia con las presentaciones efectuadas por dicho organismo ante la Aduana de Ezeiza. En igual sentido, la Aduana expresamente autorizó la importación temporaria del maniquí en virtud de “… la gestión interpuesta a fs. 1 por el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, donde se solicita se autorice la importación temporal de la mercadería descripta a fs. 1, que arribará como equipaje acompañado del Sr. Felipe Gallegos, a los efectos de ser utilizada en el “CONGRESO DE EMERGENCIAS MÉDICAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES”. …” (ver fs. 3 de las act. adm.).
Que, termina por dilucidar esta primera cuestión, el hecho de que en la resolución definitiva se resuelve absolver al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con relación a la infracción imputada. Ello, como consecuencia de la naturaleza jurídica que reviste dicho organismo y lo dispuesto por el artículo 910 del C.A., el cual le confiere inmunidad en materia infraccional aduanera en los siguientes términos: “Salvo el Estado nacional, las provincias, las municipalidades y sus respectivas reparticiones centralizadas, las entidades estatales, cualquiera fuere la forma jurídica que adoptaren, no gozan de inmunidad alguna en materia de responsabilidad por infracciones aduaneras.”. No obstante, y en cuanto a la exigencia tributaria dispuesta en la resolución aquí apelada, entra en juego lo establecido por el artículo 778 del C.A.: “El Estado nacional, las provincias, las municipalidades y sus respectivas reparticiones y entes centralizados o descentralizados, salvo disposición expresa en contrario, están sujetos a las mismas responsabilidades y obligaciones tributarias aduaneras que las demás personas.”. Que, resulta evidente entonces que, de haberse considerado que el importador era el Sr. Felipe Gallegos, el servicio aduanero habría aplicado la multa como sanción.
IX. Que, sentado lo antes expuesto, me referiré al régimen de importación temporaria y las consecuencias previstas en el Código ante su incumplimiento.
Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo, es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar la misma.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivasrecae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados a demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre la mercadería importada temporariamente y la que se exporta (o nacionaliza). En suma, es el importador el que debe demostrar el correcto y efectivo cumplimiento del régimen bajo el cual solicitó destinar la mercadería (como se vió, régimen de importación temporaria), ya sea -en este caso- mediante la acreditación de la efectiva salida de la mercadería (no de la persona que ingresó la misma, como lo pretendía la actora en forma inconducente mediante la prueba ofrecida en sede aduanera y ante esta instancia) o bien de su importación a consumo, en el caso de que, se hubiera decidido nacionalizarla. Le basta entonces al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado (en este caso, 60 días conforme surge de la autorización de fs. 3 de las actuaciones administrativas), por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que, en consecuencia de todo lo antes expuesto, se concluye que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (quien importara a su nombre el maniquí que trajera consigo el pasajero autorizado por dicho organismo a tal fin) no ha demostrado fehacientemente el cumplimiento del régimen de importación temporaria dentro del plazo otorgado por la Aduana. Por ende, se encuentra configurada a su respecto la infracción prevista en el artículo 970 del C.A. y corresponde confirmar la resolución aduanera apelada, con costas.
X. Que, en cuanto a los conceptos que componen la exigencia tributaria (ver fs. 16 de las actuaciones administrativas), cabe señalar que de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Impuesto al Valor Agregado (conforme Anexo I del Dec. 280/97 que aprueba el texto ordenado de dicha Ley, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 23.349 y modif.) y la Ley de Impuesto a las Ganancias (conforme texto ordenado por Dec. 649/97 y modif., art. 20 inc. a), el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resulta exento del pago de dichos impuestos, y por ende de sus percepciones.
Que, de este modo, corresponde practicar la liquidación correspondiente deduciendo los conceptos antes mencionados (conforme liquidación de fs. 16 de las act. adm.):
LIQUIDACIÓN TRIBUTOS VALOR EN ADUANA (U$S 28.000) $ 79.520,00.- (T.C. $ 2,84)
DERECHOS DE IMPORTACIÓN 28% $ 22.265,60.-
TASA de ESTADÍSTICA 0,5% $ 397,60.-
TOTAL TRIBUTOS $ 22.663,20.-
Que, respecto de los intereses, los mismos deben calcularse de conformidad con lo dispuesto en los arts. 794 y 796 del C.A.. De este modo, y teniendo en cuenta que la corrida de vista fue notificada en fecha 27/09/11 (ver fs. 30 de las act. adm.), los intereses deberán calcularse desde el 13/10/11. A tal fin se adjunta planilla de cálculo de intereses extraída de la página http://www.afip.gob.ar/genericos/calculointeres/resarcitorios_main.asp Tipo de cálculo : Intereses RESARCITORIOS Fecha de Vencimiento : 13/10/2011 Fecha de Pago del Capital: 01/04/2022 Importe del Capital : 22.663,20 Desde Hasta Importe Tipo Tasa % Intereses 14/10/2011 28/02/2019 22.663,20 Res 0,100000 60.170,80 01/03/2019 31/03/2019 22.663,20 Res 0,150000 1.121,83 01/04/2019 30/06/2019 22.663,20 Res 0,125333 2.556,41 01/07/2019 31/07/2019 22.663,20 Res 0,157667 1.107,70 01/08/2019 30/09/2019 22.663,20 Res 0,157667 2.143,94 01/10/2019 31/12/2019 22.663,20 Res 0,178000 3.670,99 01/01/2020 31/03/2020 22.663,20 Res 0,120000 2.447,63 01/04/2020 30/06/2020 22.663,20 Res 0,083333 1.699,74 01/07/2020 30/09/2020 22.663,20 Res 0,092000 1.876,51 01/10/2020 31/12/2020 22.663,20 Res 0,100667 2.076,10 01/01/2021 31/03/2021 22.663,20 Res 0,111667 2.277,65 01/04/2021 30/06/2021 22.663,20 Res 0,111667 2.277,65 01/07/2021 30/09/2021 22.663,20 Res 0,111667 2.277,65 01/10/2021 31/12/2021 22.663,20 Res 0,111667 2.302,96 01/01/2022 31/03/2022 22.663,20 Res 0,111667 2.277,65 01/04/2022 01/04/2022 22.663,20 Res 0,124000 28,10 Total de Intereses Resarcitorios 90.313,31 TOTAL INTERESES desde 13/10/11 al 01/04/2022: $ 90.313,31.-
De este modo, el importe total de los tributos más los intereses es de $ 112.976,51.-
XI. Que, en cuanto a las costas, corresponde imponerlas conforme los respectivos vencimientos, en virtud de lo dispuesto en el considerando precedente y del agravio presentado por la actora en el punto V de su recurso de apelación. Las mismas se distribuyen en un 45% a cargo del fisco y en un 55% a cargo de la actora.
Por ello voto por:
1. Confirmar la Resolución DE PRLA Nro. 108/12 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación N° 12210-2035-2006 (AA73 N° 9640/03).
2. Modificar la exigencia tributaria dispuesta a la actora en el artículo 2 de la referida resolución, declarando que la misma adeuda al 01/04/22 la suma de pesos ciento doce mil novecientos setenta y seis con 51/00 ($ 112.976,51.-), sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el momento del pago.
3. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que se distribuyen en un 45% a cargo del fisco y en un 55% a cargo de la actora.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Horacio J. Segura.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Horacio J. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad SE
1. Confirmar la Resolución DE PRLA Nro. 108/12 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación N° 12210-2035-2006 (AA73 N° 9640/03).
2. Modificar la exigencia tributaria dispuesta a la actora en el artículo 2 de la referida resolución, declarando que la misma adeuda al 01/04/22 la suma de pesos ciento doce mil novecientos setenta y seis con 51/00 ($ 112.976,51.-), sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el momento del pago.
3. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que se distribuyen en un 45% a cargo del fisco y en un 55% a cargo de la actora.
Regístrese, notifíquese, oportunamente, devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2022.04.13 14:51:17 ART Date: 2022.04.13 15:36:05 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.04.13 19:27:54 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.04.13 19:28:10 -03:00
Fin de la sentencia