Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 20.440-I
Lo que resolvió el tribunal
I. Confirmar parcialmente las determinaciones de oficios en el Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2006 y 2007 e Impuesto al Valor Agregado por los periodos fiscales 01 a 04 y 08 a 12/2006 y 01, 03 y 06 a 12/2007.
II. Reencuadrar las multas aplicadas, en el Impuesto a las Ganancias período fiscal 2006 e Impuesto al Valor Agregado periodos fiscales 01 a 04 y 08 a 12/2006, en el mínimo del tipo infraccional del artículo 45 de la ley 11.683.
III. Confirmar las multas aplicadas, en el Impuesto a las Ganancias período fiscal 2007 e Impuesto al Valor Agregado IVA periodos fiscales 01, 03 y 06 a 12/2007.
IV. Costas a la vencida, salvo en aquellos aspectos en que se imponen por el orden causado conforme se deja establecido en los considerandos VII y VIII con respecto a los comprobantes de gastos presentados en esta instancia, y en el considerado IX con respecto al reencuadre de las sanciones aplicadas por el periodo fiscal 2006.
V. Ordenar a la AFIP-DGI que en el plazo de treinta (30) días practique la correspondiente reliquidación, teniendo presente lo expuesto en los considerandos VII y VIII del pronunciamiento. A tal efecto deberá la representación fiscal retirar los antecedentes administrativos de la causa de la Mesa de Entradas de este Tribunal dentro del quinto día de notificada la presente.
I. Que a fs. 133/143vta. el Sr. Ignacio Miguel José Oría interpone recurso de apelación contra las resoluciones emitidas por la Dirección Regional Rio Cuarto de la AFIP-DGI:
(i) N° 13/13 (DV RRCU) que le determina con carácter parcial la obligación en el Impuesto a las Ganancias, en la suma de pesos cinco mil doscientos dieciocho con sesenta y siete centavos ($5.218,67) por el periodo 2006, y la suma de pesos cuatro mil doscientos sesenta y siete con veinticinco centavos ($4.267,25) por el periodo 2007, con más la suma de pesos catorce mil doscientos cinco con veinte centavos ($14.205,20) en concepto de intereses resarcitorios. Asimismo, le aplica una multa por el periodo 2006 de pesos diecinueve mil sesenta y nueve con ochenta y un centavos ($19.069,81) graduada en tres veces el impuesto evadido, por considerar su conducta encuadrada en las previsiones de los artículos 46 y 47 inciso a) de la ley N° 11.683, y una multa por el periodo 2007 de pesos tres mil cuatrocientos trece con ochenta centavos ($3.413,80) graduada en un ochenta por ciento (80%) el impuesto omitido, por considerar su conducta dentro de la tipificación prevista en el artículo 45 de la ley de rito.
(ii) N° 12/13 (DV RRCU) que le determina de oficio con carácter parcial la obligación en el Impuesto al Valor Agregado, periodos fiscales enero a abril y agosto a diciembre de 2006 y enero, marzo y junio a diciembre de 2007, en la suma de pesos treinta dos mil doscientos veinticinco con cinco centavos ($32.225,05), con más la suma de pesos cincuenta y dos mil quinientos sesenta y nueve con noventa y dos centavos ($52.569,92) en concepto de intereses resarcitorios. Asimismo, le aplica una multa graduada en tres veces el impuesto dejado de ingresar en la suma de pesos treinta y nueve mil ochocientos cincuenta y ocho ($39.858,00) por los periodos del 2006, encuadrando la conducta en los artículos 46 y 47 inciso a) de la ley N° 11.683, y una multa por los periodos del 2007, graduada en el ochenta por ciento (80%) del impuesto omitido por la suma de pesos quince mil ciento cincuenta y uno con veinticuatro centavos ($15.151,24), encuadrando la conducta en las previsiones del artículo 45 de la ley de rito.
Sostiene que las determinaciones de oficio efectuadas por el Fisco Nacional carecen de datos de vital importancia para la proyección de los ajustes, muchos de los cuales fueron considerados por el mismo organismo en la determinación de periodos fiscales previos, y que por lo tanto, no los desconoce. Ello así, advierte que se han presumido impuestos inexistentes, quedando en evidencia la flagrante nulidad de las resoluciones, que no han contemplado elementos fundamentales que hacen a la técnica determinativa. Por tal motivo, opone la nulidad de los actos que apela. Enumera una serie de elementos no tenidos en cuenta por la fiscalización a los efectos de determinar el impuesto a las ganancias, consistentes en deducciones personales, gastos y un mutuo contraído con su madre, todos los cuales sustenta con prueba documental que agrega a los presentes autos. Además, para el periodo 03/2007 reclama que se toma una sumatoria de movimientos bancarios que era el resultado de la suma de conceptos, como si fuera un concepto distinto, y por ende, que se ha duplicado ese monto.
Con respecto al impuesto al valor agregado, manifiesta que el monto de facturación computado debió ser considerado neto de IVA, pues teniendo en miras la normativa aplicable, el referido gravamen se entiende como integrante del precio del servicio facturado. Asimismo, señala que no se le permitió el cómputo del credito fiscal emergente de los comprobantes de compra aportados.
Seguidamente, advierte que el organismo fiscal no acreditó que se encuentre excluido del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo), manifestando que aún se encuentra en trámite su discusión ante este Tribunal, ratificando en consecuencia que, por los periodos determinados, no se encontraba inscripto en los impuestos que se le reclaman.
Finalmente, rechaza las sanciones aplicadas por no encontrarse configurado el elemento subjetivo, señalando que el organismo no ha especificado los motivos del encuadre y que aquel elemento no puede presumirse.
Cita jurisprudencia. Adjunta prueba documental y propone pruebas informativa y pericial contable. Formula reserva del caso federal. Solicita se revoquen las resoluciones apeladas, con costas al fisco nacional.
II. Que a fs. 152/175 la representación fiscal contesta el recurso.
Rechaza el planteo de nulidad introducido por la parte actora. Enfatiza que en la etapa administrativa del procedimiento de determinación de oficio, el apelante no ofreció defensa ni aportó prueba alguna, y tampoco cuestionó la metodología utilizada para calcular la base imponible reclamada. Es decir, no habiendo ofrecido su defensa ni aportado prueba en aquella instancia, pretende ahora cuestionar la validez del procedimiento. Por ello, asegura que no existen vicios que tornen nulo el procedimiento, no advirtiéndose un accionar arbitrario o discrecional por parte del Fisco Nacional, quien ha cumplido con todas las previsiones dispuestas en la ley de procedimiento.
Con relación a la falta de cómputo de ciertas deducciones, insiste en que el apelante no aportó en la etapa administrativa la totalidad de la documentación que le fuera requerida, en consecuencia, no podrían ahora alterarse los elementos sobre los cuales fue calculada la base imponible original. Destaca que para que procedan las deducciones pretendidas deben acreditarse una serie de datos que no han sido probados debidamente en ninguna de las instancias. Lo mismo ocurre con los gastos cuya deducibilidad reclama, señalando que extemporáneamente intenta oponer argumentos que debió haber presentado en otra etapa procesal, y advirtiendo que la documental que aporta a los autos carece del valor suficiente para dar fe por si misma de que las operaciones se hayan realizado efectivamente. Asimismo, afirma que se efectuó una correcta depuración de los depósitos bancarios relevados en las cuentas del apelante.
Rechaza el mutuo invocado, subrayando que no cumple con ninguno de los requisitos legales necesarios para ser admitido y resultar oponible a terceros. Manifiesta que se trata de un contrato celebrado el 12/06/2007 y que por lo tanto, no resultaría válido para justificar las diferencias de ingresos detectadas por el organismo desde el 01/01/2006 hasta la fecha de la presunta firma del instrumento.
Respecto del crédito fiscal cuyo cómputo exige, sostiene que conforme surge de la propia ley del impuesto al valor agregado, existen impedimentos que hacen inviable su pretensión. Precisa que la normativa condiciona la procedencia del cómputo del crédito fiscal a la discriminación formal del tributo; es decir, si no existe facturación del impuesto, no hay derecho a dicho cómputo, por lo que no cabe la consideración de créditos fiscales oponibles a los débitos fiscales determinados.
Por último, ratifica la procedencia de las multas aplicadas. Destaca que se encuentra acreditado que los hechos observados en autos exteriorizan la conducta guiada por el deliberado propósito del apelante de evadir sus obligaciones fiscales. Sostiene que se ha fundamentado legítimamente la pretensión fiscal, correspondiendo al apelante acercar pruebas contundentes a los fines de desvirtuarla, lo que no aconteció en el caso.
Acompaña los antecedentes administrativos, se opone a la prueba ofrecida por el recurrente, cita jurisprudencia y hace reserva del caso federal. Solicita que se confirmen las resoluciones apeladas, con costas al actor.
III. Que a fs. 200 se abre la causa a prueba, proveyéndose la producción de la prueba pericial contable e intimando al recurrente a cumplir con lo requerido a fs. 194 a los fines de la producción de la prueba informativa. Que a fs. 205, dado el tiempo transcurrido, se intima a los peritos a presentar el informe bajo apercibimiento de dar por decaído el derecho de la actora a producir la referida medida probatoria. Que a fs. 212, ante el incumplimiento, se da por decaído el derecho del apelante de producir la prueba pericial contable. A fs. 218 se clausura el periodo probatorio. Que fs. 224 se elevan los autos a conocimiento de la Sala “B” y a fs. 227 se disponen para el dictado de la sentencia.
IV. Por cuestiones de lógica precedencia, corresponde dar tratamiento al planteo nulificante de la parte actora, con relación a las contradicciones que –según su criterio- existen en los actos y la falta de valoración de ciertos datos para la configuración de los ajustes.
Que al respecto, cabe advertir que la discrepancia con los hechos y normas en las que se basó el Organismo Fiscal para encuadrar la conducta del recurrente, no resulta sustento a la defensa de nulidad, puesto que la apreciación de los hechos que realice el juez administrativo es una valoración subjetiva, que puede o no compartirse, lo que podrá dar lugar a la confirmación o no de la resolución apelada, pero nunca a su anulación.
Que como sostuvo esta Sala in re “Siev Publicidad S.A.” (sentencia del 01/04/2004) debe rechazarse la defensa opuesta por la apelante en cuanto a la falta de fundamentación del acto determinativo y falta de consideración de lo alegado por ella, puesto que “el juez administrativo se encuentra investido de las facultades necesarias para decidir la cuestión conforme a su criterio, independientemente de lo alegado por las partes y siempre que su decisión sea fundada, situación ésta que se verifica en autos al sustentarse las resoluciones en los hechos y antecedentes del caso y en el derecho aplicable”.
Que, además, cabe considerar que este Tribunal ha sostenido in re “Mirror Holding S.A” (fallo del 15/09/06, expte. Nº 20.440-I) que: “...como lo tiene reiteradamente dicho nuestro Más Alto Tribunal (fallo 205:549, 247:52, 267:393, entre otros), cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque satisface ese derecho fundamental ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un Organismo jurisdiccional en procura de justicia, tal como “in extenso”, en el caso de marras, lo ha hecho el recurrente ante este Tribunal, pudiendo ofrecer todas las pruebas que hacían a su derecho...”. Que, así ello, cabe recordar que “… la nulidad es la sanción por la cual la ley priva a un acto jurídico de sus efectos normales cuando en su ejecución no se han guardado las formas prescriptas para ello, pero no debe olvidarse como lo destaca Alsina que “las formas procesales no tienen un fin en sí mismas y su razón de ser no es otra que la de asegurar a las partes la libre defensa de sus derechos y una defensa justa (Derecho Procesal, Tomo I, Parte General, Bs. As. 1951, pág. 646)” (vide CNACAF, “Dadea, Marta Elisa s/recurso de apelación – Impuesto al Valor Agregado”, de fecha 30/08/1984).
Que en ese orden de ideas, no asiste razón al apelante cuando asegura que en modo arbitrario la fiscalización no ha tenido en cuenta ciertos datos relevantes para la determinación de la materia imponible. En efecto, tal como surge de los Cuerpos de IVA y Ganancias, y de los informes finales de fiscalización (vide fs. 31/38 del Cpo. De Ganancias y Fs. 269/276 del Cpo. N° 2 del Impuesto al Valor Agregado) que forman parte de los antecedentes administrativos, los documentos aportados fueron analizados y considerados a los fines del procedimiento. Por su parte, y con relación a los comprobantes que son aportados en esta instancia, tal como lo expresa la representación fiscal en su contestación, no puede ahora pretender impugnar de nulidad aspectos de la determinación de oficio arguyendo que no fueron ponderados, pues se trata de elementos que no aportó al expediente administrativo en la etapa de fiscalización.
En suma, según surge de los actos administrativos que se apelan en autos, el Fisco Nacional ponderó la documentación aportada por el recurrente en la instancia administrativa a los fines de la determinación; ocurre que tal como se adelantó, la apreciación que el juez administrativo realiza de ellos es subjetiva, pudiendo el recurrente coincidir o no con ella, pero de ningún modo ello podría ser plataforma para sustentar la pretendida nulidad de las resoluciones así emitidas. Por lo merituado, se rechaza el planteo de nulidad intentado por el recurrente.
Cabe advertir que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por el actor como excepción en los términos del artículo 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación obrante a fs. 143vta. de autos), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto, corresponde traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
V. Que seguidamente, corresponde pronunciarse sobre si la determinación de la materia imponible resulta ajustada a derecho.
Que previo a toda consideración, es dable advertir que, en contraposición a lo planteado por la recurrente en su escrito de apelación, la exclusión del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes desde 07/2004 y las determinaciones de oficio en el IVA (periodos fiscales 07/12 de 2004 y 01/03 – 05/12 de 2005) e impuesto a las ganancias (periodos fiscales 2004 y 2005) ha sido confirmada por la Sala “D” de este Tribunal Fiscal de la Nación, sentencia de fecha 01/11/2012 en los autos “ORÍA, IGNACIO MIGUEL JOSE s/ Recurso de Apelación- impuesto al valor agregado y a las ganancias” ( Expte. N° 33.870-I).
En el decisorio, este Tribunal ratificó la exclusión del contribuyente del Régimen Simplificado y la procedencia de los ajustes en los referidos gravámenes. Se advierte además, que según las constancias de este tribunal y de la consulta al sistema web del Poder Judicial de la Nación (http://scw.pjn.gov.ar/scw/consultaParte.seam?cid=258941), no se registra apelación de la sentencia ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, por lo que cabe entender que se trata de una sentencia firme y pasada en autoridad de cosa juzgada. En mérito de lo expresado, se rechaza el agravio manifestado por el contribuyente según el cual no corresponden las determinaciones de oficio en tanto no se encontraba obligado al pago de los impuestos por continuar revistiendo el carácter de monotributista, condición tributaria que perdió indefectiblemente a partir del periodo fiscal julio de 2004.
Que teniendo presente la firmeza de la exclusión de Monotributo y la procedencia de la tributación del Sr. Oría dentro del Régimen General para los periodos fiscales 2006 y 2007 -discutidos en autos- seguidamente se expondrán los elementos tenidos en cuenta por la fiscalización para proceder a determinar el Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias, por los mencionados periodos.
Que a fs. 31/38 del Cuerpo del Impuesto a las Ganancias y fs. 269/276 del Cuerpo N° 2 del Impuesto al Valor Agregado - antecedentes administrativos- obran agregados los Informes Finales de Fiscalización. Allí se deja constancia de que el Sr. Oría se encontraba inscripto en el Monotributo, declarando como actividad principal la de “Servicios Jurídicos”, y que como resultado de las verificaciones seguidas en la O.I N° 238.253, se modificó su condición de monotributista a contribuyente del Régimen General a partir de julio de 2004, generándose entonces, mediante O.I N° 656.307, los cargos por los periodos fiscales 2006 y 2007, trabajándose sobre la hipótesis de omisión de ingresos y ventas. Se aclara que durante la fiscalización tributaba en el Monotributo en la Categoría “H” y no presentaba DDJJ de Ganancias ni de Bienes Personales.
Los inspectores analizaron los siguientes elementos:
-El 03/01/2008 entregó en carácter de fiduciante a un fideicomiso dos inmuebles urbanos por el valor de $25.468 y $ 9.759.
-El 24/10/2007 vendió un inmueble rural en $120.000 en conjunto con el Sr. Hernán Hugo Escudero a Hugo Serapio Solis, ambas personas vinculadas con él.
-En las cuentas bancarias en las que reviste el carácter de único titular, se advierte un bajo porcentaje de movimientos frente a los que se observan en aquellas que posee en sociedad con otros titulares.
-Tiene distintas condiciones en varios Fideicomisos, siendo en uno fiduciario (Fideicomiso EMY) y en tres fiduciante y fideicomisario (Fideicomisos AYUDA INFANTIL, Fideicomiso SOLIDARIO y Fideicomiso LAS MECHAS) función que posiblemente le genere ingresos, dado que es el administrador. Además, ha incorporado bienes a los mismos, los que podrían acreditar incrementos patrimoniales no justificados.
-En los meses de noviembre y diciembre de 2005, compró moneda extranjera por $ 329.500.
-Integra diversas empresas con actividades agropecuarias e inmobiliarias: INVERSIONES INMOBILIARIAS S.R.L, UGGIS PIZZA ARGENTINA S.A., MBB S.A. y FIDEICOMISO EMY.
-Se investiga a sus socios y del análisis de la información obtenida emerge que estas personas presentan inconsistencias relacionadas con incrementos patrimoniales, las que podrían acreditar ingresos del inspeccionado.
En lo relativo al IVA, se expone:
-Periodos fiscales del año 2006: se cuenta con ingresos ciertos, los cuales provienen de los comprobantes de ingresos - tipo “C”- emitidos por los servicios prestados como abogado. Los comprobantes se totalizaron por mes, con el objetivo de proyectar los respectivos débitos fiscales, teniendo en cuenta que el contribuyente se encuentra excluido del régimen Monotributo, según lo detallado anteriormente. Por otra parte, se informa que no aportó comprobantes de compra con crédito fiscal discriminado a los efectos de su cómputo en el gravamen. Luego, a los efectos de determinar si los ingresos facturados en el periodo se corresponden con otros indicios recabados durante el control, se tuvo en cuenta toda la información obrante en el expediente: (i) depósitos bancarios cuya sumatoria, comparada con las ventas ciertas, resulta ser mayor; (ii) indicios de incrementos patrimoniales a su nombre y a nombre de vinculados.
-Períodos fiscales del año 2007: se sigue el mismo razonamiento, pues en base a la documentación aportada por el contribuyente, se cuenta con ingresos ciertos que provienen de los servicios profesionales facturados como abogado. Ello así, se tomaron los comprobantes por mes, con el objetivo de proyectar los respectivos débitos fiscales, nos surgiendo comprobantes de compra con crédito fiscal discriminado a los efectos del cómputo en el gravamen. Luego, a efectos de determinar si los ingresos facturados se corresponden con otros indicios recabados durante el control, se tuvo en cuenta toda la información obrante en el expediente: (i) depósitos bancarios que realizándose la sumatoria de ellos y comparándolos con las ventas ciertas se advierte que aquellos son mayores; (ii) además, se destaca que el contribuyente no ofreció la depuración de esos depósitos, procediendo a ser realizada por la auditoria; (iii) también se tuvieron en cuenta los indicios de incrementos patrimoniales no justificados a su nombre y de sus vinculados.
Por lo merituado, se concluye que se lograron detectar depósitos bancarios debidamente depurados, que superan las ventas y/o ingresos facturados del periodo, y no se cuenta con documentación de compras con créditos fiscales discriminados. Que realizando una interpretación estricta, no ha declarado ingresos, si bien se había encuadrado en el monotributo, por lo tanto se utiliza la presunción simple prevista en el artículo 18 de la ley 11.683. En suma, se determinaron los ingresos por ambos periodos, conforme la información de los depósitos bancarios depurados, y que dada la condición de monotributista, estos importes de ingresos son netos a los efectos de calcular el débito fiscal correspondiente al IVA.
Con respecto al Impuesto a las Ganancias, se señala que las operaciones realizadas se corresponden con el ejercicio de su actividad profesional como abogado, por lo que se trata de ganancias de la cuarta categoría.
-Periodo fiscal 2006: a efectos de determinar los gastos del periodo, se tuvieron en cuenta los que fueron acreditados fehacientemente con el correspondiente comprobante, a saber:
Gastos derivados del uso de la cuenta bancaria: costo mensual de la cuenta más el IVA, los intereses y el IVA de los mismos, seguro de vida e impuesto a los débitos y créditos bancarios, todo ello conforme los resúmenes bancarios aportados por el contribuyente.
Gastos de teléfono móvil: acreditados con las correspondientes facturas a su nombre y en el domicilio donde se desarrollaba la actividad, situado en Dean Funes 470 de la ciudad de Rio Cuarto, Córdoba (vide comprobantes de NEXTEL a fs. 72/85 del Cpo. N° 1 De IVA) gastos de insumos de computación acreditados por el contribuyente con las correspondientes facturas a su nombre y a consumidor final (vide fs. 68/71 del Cuerpo N° 1 de IVA).
Gastos de empleados: de la base de datos del organismo surge que presentó DDJJ de un empleado desde junio de 2006 en adelante, haciéndose la salvedad que requerida tal información, no fue aportada por el contribuyente.
Se consigna que “Respecto al estado de situacion patrimonial, dada la falta de información la inspeccion ha proyectado los mismos” (sic). De igual modo, en cuanto al monto consumido, se consideraron los gastos pagados con tarjeta de crédito. También se han computado como pagos a cuenta del impuesto determinado, la parte impositiva de los pagos del Monotributo realizados por ese periodo, los que surgen de las bases de datos del organismo.
-Periodo fiscal 2007: se deja constancia de que también las operaciones analizadas se corresponden con el ejercicio de su actividad profesional como abogado, tratándose en consecuencia de ganancias de la cuarta categoría.
Respecto de los ingresos, se hacen las mismas consideraciones vertidas con respecto al IVA, es decir que al determinar los ingresos netos a los efectos de calcular el débito fiscal en el IVA, se han considerado los que surgen de las facturas emitidas aportadas por el rubrado más la diferencia entre los depósitos bancarios depurados respecto a los ingresos que surgen de aquellas facturas (vide fs. 15/16 del Cuerpo de Ganancias).
Por otro lado, a los efectos de determinar los gastos del período se toman los que resultan acreditados con sus correspondientes comprobantes: gastos derivados del uso de cuenta bancaria (fs. 17/18 Cpo. Ganancias), gastos de teléfono y suscripción de diarios (ver detalle papel de trabajo fs. 19 del Cpo. De Ganancias), gastos de empleados (fs. 20 del Cpo. De Ganancias).
Con respecto a la situación del estado patrimonial, y el monto consumido, se sigue el mismo procedimiento desplegado para el periodo 2006.
Con sustento en tales constataciones, el organismo fiscal proyecta ajustes en ambos impuestos, calculando saldo a su favor a ingresar por el rubrado.
VI. Que corresponde entonces analizar si resultan ajustadas a derecho las determinaciones proyectadas por el organismo fiscal a los fines de determinar las obligaciones fiscales del contribuyente frente al IVA y el Impuesto a las Ganancias, en virtud de la exclusión del Regimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, la que según se informó, se encuentra firme operando a partir del mes de julio de 2004.
A los fines de dar tratamiento a los agravios del recurrente, se advierte que los mismos se direccionan a cuestionar el modo en que se ha efectuado el procedimiento de determinación, exponiendo en cuanto a ganancias que no se han tomado ciertas deducciones y gastos que acredita con documentación en autos; y por otro lado, con respecto al IVA, que no se le computó el crédito fiscal emergente de los comprobantes de compra que presentó.
VII. En primer lugar, y en lo que a ganancias refiere, se observa en el papel de trabajo obrante a fs. 12 del Cpo. De Ganancias de los antecedentes administrativos y las declaraciones juradas que se acompañan con la Vista (fs. 09/10 de la actuación de ganancias N°2132) que se han computado –únicamente- en concepto de deducciones personales el monto de $5400 (pesos cinco mil cuatrocientos) para el año 2006 y de $7500 (pesos siete mil quinientos) para el año 2007. Se advierte que las citadas deducciones se refieren a “ganancias no imponibles” conforme lo establecido en el artículo 23, inc. a) de la ley de impuesto a las ganancias, cuyos montos se encuentran establecidos - para los periodos en cuestión - en los Decretos N°314/2006 (B.O 22/03/2006) y N° 298/2007 (B.O 29/03/2007).
Que siendo ello así, asiste razón al recurrente cuando expresa que no se han tomado las deducciones personales correspondientes a las “cargas de familia”, por cónyuge y por hijo.
En tal sentido, corresponde recordar aquí lo previsto en la ley del impuesto en su artículo 23 “(…) las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas… en concepto de cargas de familia siempre que las personas que se indican sean residentes en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año entradas superiores a seis mil pesos ($6000)”.
A los fines del cómputo pretendido, el recurrente aporta a estos autos (ver fs.131/132) la libreta de familia que acredita el vínculo de matrimonio que lo unía a la Sra. María Laura Urquidi durante los periodos bajo observación, como asimismo el nacimiento de sus tres hijos menores: Joaquín (el 26/11/2001), Milagros (el 28/06/2004) y María Paz (el 10/06/2006). Con respecto a los hijos, no caben dudas que -por las fechas de nacimiento acreditadas en esta instancia según documentación ya citada- se trataba de niños menores de edad en los periodos observados. Por ello, se entiende que los hijos se encontraban a cargo del Sr. Oría en la época de la determinación de oficio, y no existiendo probanza de parte del Fisco Nacional que sustente la falta de cómputo de tales cargas de familia, este Tribunal considera que resulta procedente reclamo intentado por el apelante.
En lo atinente al cónyuge, habiéndose acreditado el matrimonio, resta dilucidar lo tocante al otro elemento previsto en la ley, es decir, la ausencia de percepción de ingresos que superen el mínimo dispuesto en la norma. En ese orden de ideas, se observa que en los informes finales de investigación se traen a colación las auditorias realizadas a proposito de la verificación por intermedio de la cual se excluyó al Sr. Oria del Monotributo y allí se indica que “Respecto a la inspección anterior, se resumen las principales consideraciones del informe final: 1- Causas de generación del cargo: incrementos patrimoniales de su conyuge Laura Maria Urquidi en Inversiones Inmobiliarias S.R.L (inmueble Dean Funes 470) y automotores (...) 5- Los ingresos omitidos por consumos de su esposa: gastos, aportes esposa a Inversiones Inmobiliarias S.R.L, pagos como autónomo, tarjetas de crédito. Los ingresos omitidos por su consumo: tarjetas de crédito, impuestos, amortización de préstamos, otros gastos, seña por compra de inmueble Dean Funes 470, compra de dólares, compra de auto. Se le admitieron ingresos propios y de su esposa: facturación, auto, dólares, venta terreno”. En linea con lo allí considerado, es dable destacar lo analizado oportunamente por este Tribunal Fiscal de la Nación cuando el recurrente apeló el acto. Allí se esgrimió “Que a los efectos de demostrar que su cónyuge poseía fondos suficientes para la adquisición de ese automóvil, a fs. 232/257 se acompañan los resúmenes de cuenta de la caja de ahorro en pesos y dólares que la Sra. María Laura Urquidi tiene en el Banco Macro S.A. De tales resúmenes surge que desde el año 1998 la cónyuge tenía fondos para poder efectuar esa adquisición, contando además con distintos plazos fijos a su nombre, y si bien fue el contribuyente quien contrajo el préstamo prendario, no lo fue por la totalidad del monto del vehículo, sino por sólo $ 10.000, por lo que los datos reunidos en la causa, incluyendo un informe de las entradas y salidas del país del vendedor del auto Sr. García Alvarez (ver fs. 261/262 y 265) que justifica que la compra se realizó en 2003 y no en 2004, no son suficientes para que el Fisco impute el vehículo al patrimonio del contribuyente, resultando que el cargo es inconsistente y por lo tanto, debe desecharse (considerando VI, sentencia de la Sala “D” del 01/11/2012 en los autos “ORÍA, IGNACIO MIGUEL JOSE s/ Recurso de Apelación- impuesto al valor agregado y a las ganancias” (Expte. N° 33.870-I).
Ahora bien, de la ponderación de las pruebas existentes en autos emerge que no existe probanza rendida por el organismo fiscal que justifique la falta de cómputo de la deducción, habiéndose limitado a señalar en su contestación del recurso que el recurrente no probó que la Sra. Urquidi no percibió ingresos en los periodos bajo analisis, poniendo en cabeza del apelante la prueba de un hecho negativo, lo que no resulta admisible.
Que no se pierde de vista que, por los periodos fiscales previos, la Sra. Urquidi fue investigada por presuntos incrementos patrimoniales, e inclusive, el recurrente presentó pruebas sobre la efectiva percepción de ingresos de su esposa a los fines de acreditar la adquisición de automotores; sin embargo, tales hechos quedan circunscriptos temporalmente a los periodos allí analizados y no pueden ser traspolados a los que se apelan en los presentes autos. En definitiva, no surgen de los antecedentes administrativos las probanzas tenidas en cuenta por la auditoría fiscal para justificar el rechazo de la deducción personal por cónyuge al momento de proyectar los ajustes en el impuesto a las ganancias.
Por lo considerado, cabe acoger el planteo del recurrente y tener por válido el cómputo de cargas de familia prevista en el articulo 23 de la ley de impuesto a las ganancias para el caso de sus tres hijos menores de edad y su cónyuge, en los periodos determinados en autos.
Que en lo atinente a la falta de cómputo de ciertos gastos, el recurrente agrega a los presentes autos los siguientes comprobantes: facturas por extracción de fotocopias (fs. 29/31); gastos de suscripción a diarios (fs. 32/42); pago de servicio de teléfono fijo –TELECOM- (fs. 63/74 y fs. 87/98); pago de servicio de internet –TELECOM- (fs. 99/105); pago de servicio de teléfono móvil –NEXTEL- (fs. 43/62); solicitud de informes a “Riesgo Online” (fs. 75/86); pagos a la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba (fs. 106/111); gastos de sepelio (fs. 112/119). Respecto de ellos, corresponde descartar los comprobantes de suscripción de diarios (fs. 32/42) en tanto los mismos fueron computados a los fines de la determinación (vide fs. 19 del Cpo. De Ganancias de los antecedentes administrativos).
Que con respecto al resto de los comprobantes, se advierte en los antecedentes administrativos que a fs. 106/116 del Cuerpo N°1 del Impuesto al Valor Agregado, obran agregados una serie de comprobantes correspondientes a pago de servicios de telefonía fija -TELECOM- que no fueron considerados a los fines de la determinación, conforme surge de la lectura de los papeles de trabajo obrantes a fs. 4 y 19 del Cpo. De Ganancias, sin que se hubieran esgrimido en el informe final de fiscalización los motivos de tal rechazo, teniendo presente que se trata de facturas emitidas a nombre del Sr. Oría y correspondientes al domicilio donde el fisco ha considerado que ejercía su actividad profesional. Por tal motivo, teniendo presente que no existen argumentos esgrimidos por la fiscalización para la improcedencia de su cómputo, corresponde que sean tomados como gastos deducibles a los fines del ajuste.
Con relación al resto de los comprobantes enumerados en párrafos precedentes, se advierte que no fueron presentados ante la fiscalización, pero revisten idénticas características que aquellos que fueron merituados a los fines de la determinación, tratándose de gastos que se encuentran directamente relacionados con el ejercicio de la profesión de abogado por parte del Sr. Oría. Por ello, a los fines de salvaguardar del derecho de defensa de contribuyente y advirtiendo que se trata de gastos relacionados con el ejericio de su profesión de abogado por la cual se encontraba inscripto en el Monotributo del que fuera excluido, corresponde el cómputo que el recurrente requiere en esta instancia. Que acerca del mutuo celebrado con su madre -la Sra. Mercedes del Carmen Abella de Oria- en fecha 12/06/2007 (ver fs. 123 de autos), corresponde adelantar que asiste razón al Fisco Nacional cuando esgrime que el mismo no cumple con los requisitos legales necesarios para ser admitido. Nótese que el instrumento carece de fecha cierta y se encuentra supuestamente perfeccionado en junio de 2007, resultando inválido para justificar las diferencias de ingresos que el Fisco Nacional detectó desde el 01/01/2006 hasta la fecha del supuesto mutuo. A ello, debe adicionarse que ni en la etapa administrativa ni en esta instancia el actor ha acreditado la titularidad de los fondos en cabeza de la supuesta acreedora, como así tampoco el perfeccionamiento de la entrega del dinero y la aplicación de los mismos por parte de este ni su posterior devolución. En tal sentido, corresponde puntualizar que las declaraciones juradas de Ganancias de la Sra. Abella -adjuntadas a fs. 126/128 de autos- no logran desvirtuar lo antes dicho, en tanto corresponden al periodo fiscal 2008. En razón de ello, se rechaza el agravio del recurrente en este punto.
Que en virtud de las consideraciones expuestas, corresponde confirmar parcialmente las determinaciones de oficio proyectadas en ganancias por los periodos 2006 y 2007, correspondiendo su reliquidación en virtud de la ausencia de cómputo de los gastos que el recurrente reclama y que este Tribunal considera procedentes.
Cabe advertir que, toda vez que los comprobantes presentados ante esta instancia no fueron agregados al expediente administrativo ni exhibidos ante la fiscalización, los que a la luz de lo decidido tenían clara injerencia en la proyección de los ajustes, las costas en tal aspecto se imponen por el orden causado.
VIII. Que en cuanto al Impuesto al Valor Agregado, el recurrente se agravia en tanto no se ha reconocido el crédito fiscal contenido en las compras y/o gastos efectuados en los periodos bajo análisis.
En este punto, corresponde señalar que sobre la cuestión planteada por el recurrente, esta Sala “B” ha dejado sentado en autos “DIAZ, Emilia Leonor s/apelación IVA” (sentencia del 19/09/2012) que “A dicho efecto, procede tener presente lo prescripto por la normativa aplicable al caso de autos. En ese sentido, el art. 29 del Régimen Simplificado (…) en su parte pertinente indicaba (al igual que actualmente lo hace el art. 28 del texto según Ley 26.565) que "Los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) quedarán sujetos a las siguientes disposiciones respecto a las normas de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones: a) Quienes hubieran renunciado o resultado excluidos del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y adquirieran la calidad de responsables inscriptos, serán pasibles del tratamiento previsto en el artículo 16 por el impuesto que les hubiera sido facturado como consecuencia de hechos imponibles anteriores a la fecha en que produzca efectos su cambio de condición frente al tributo". A su turno, el reenviado artículo 16 de la ley de Impuesto al Valor al Agregado prescribe que "Quienes asumieran la condición de responsables del gravamen en virtud de normas que derogaran exenciones o establecieran nuevos actos gravados no podrán computar el impuesto que les hubiera sido facturado como consecuencia de hechos imponibles anteriores a la fecha en que aquellas produjeran efectos" (Ley N° 23.349. t.o. D.280/97, B.O. 15/4/97 y modificatorias).
Que, según la télesis de la citadas normas, en casos como el de autos en los que el ente fiscalizador procedió a la exclusión del contribuyente del régimen de Monotributo en virtud de un incorrecto tratamiento de sus obligaciones tributarias -por superarse los parámetros exigidos por el mencionado régimen, originando saldos a favor del ente fiscalhacen imposible el cómputo de los créditos fiscales relativos a períodos anteriores a la fecha en que el cambio de situación comience a producir efectos. Así entonces, los créditos fiscales originados en adquisiciones correspondientes a periodos fiscales en los que el Fisco ha considerado que la contribuyente debió haber revistado como responsable inscripto y le ha asignado un tratamiento acorde con esa categorización -calculando el débito fiscal sobre sus ventas-, los créditos fiscales resultarán computables, a condición de que se cumplan los requisitos establecidos en la ley del gravamen a tales fines.
Que en dicho sentido, debe tenerse en cuenta que el art. 12 de la ley del gravamen prevé que "Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior los responsables restarán: a) El gravamen que, en el período fiscal que se liquida,se les hubiera facturado por compra o importación definitiva de bienes, locaciones o prestaciones de servicios —incluido elproveniente de inversiones en bienes de uso—y hasta el límite del importe que surja de aplicar sobre los montos totales netos delas prestaciones, compras o locaciones o en su caso, sobre el monto imponible total de importaciones definitivas, la alícuota a laque dichas operaciones hubieran estado sujetas en su oportunidad". A su turno, el art. 37 de dicha norma establece en lo pertinente que "Los responsables inscriptos que efectúen ventas, locaciones o prestaciones de servicios gravadas a otros responsables inscriptos, deberán discriminar en la factura o documento equivalente el gravamen que recae sobre la operación, el cual se calculará aplicando sobre el precio neto indicado en el artículo10, la alícuota correspondiente... ".
Que tal como sostiene la actora, es debido a su carácter de monotributista que no sería razonable exigirle la acreditación de facturación discriminada del monto correspondiente al crédito fiscal de IVA como requisito para su cómputo, pues es justamente en mérito de aquella condición que sus proveedores no habrían de facturarlo separadamente. En efecto, la norma del artículo 37 antes citada exige a éstos la discriminación del gravamen sólo en aquellos casos de responsables inscriptos que efectúen ventas, locaciones o prestaciones de servicios gravadas a otros responsables inscriptos, y ciertamente no es éste el caso, ya que al momento de efectuarse las operaciones de adquisición de bienes o prestaciones de servicios, la actora no revistaba como responsable inscripto del gravamen. Y por esta misma razón (...) tampoco resulta operativa la presunción contenida enel art. 41 de la citada ley. Contrariamente, la situación de autos debería ser encuadrada en la prevista por el art. 39 de la ley de IVA, en la medida que éste prescribe que "Cuando un responsable inscripto realice ventas, locaciones o prestaciones de servicios gravadas aconsumidores finales, no deberá discriminar en la factura o documento equivalente el gravamen que recae sobre la operación. El mismo criterio se aplicará con sujetos cuyas operaciones se encuentran exentas", razón por la que la falta de discriminación del crédito fiscal en las facturas de la apelante deriva, precisamente, del cabal cumplimiento de las normas del tributo que resultan aplicables. Del juego de las normas pretranscriptas surge (…) la procedencia del cómputo de los créditos fiscales, aún cuando dichos créditos pudieran no encontrarse discriminados en las correspondientes facturas de compra.”
A la luz de la citada jurisprudencia, no caben dudas acerca de la procedencia del cómputo de los créditos fiscales, aún cuando dichos créditos pudieran no encontrarse discriminados en las correspondientes facturas de compra. Esta Sala, en su anterior composición in re “Distribuidora Senderos S.R.L.” del 9/6/2008 -confirmado por la Sala V de la Alzada el 8/7/2010- adoptó idéntica solución, señalando “Que con relación al uso de los créditos fiscales por las compras (...) también debe prosperar la posición de la apelante y no puede aceptarse el criterio fiscal (fs. 119 de autos) sobre la falta de comprobante de compra a nombre de la apelante, mientras que la falta de ese elemento no le ha impedido el cómputo del débito fiscal, lo que luce asimétrico”.
Que ello no implica subvertir al carácter “formal” que cabe asignar al crédito fiscal -desde la perspectiva de los requerimientos instrumentales que condicionan su cómputo-, pues cabe entender que se trata aquí de una situación excepcional -exclusión del régimen simplificado- que no puede ser subsumida de modo automático en una mecánica del gravamen concebida para una diversa categoría de sujetos tributarios, tipificada en sus propias disposiciones. Que, sin perjuicio de lo expuesto, cabe hacer una última precisión a fin de establecer la procedencia del cómputo del crédito fiscal ante esta instancia para casos como el de autos. En ese orden de ideas, debe dejarse sentado que recae sobre la recurrente -indudablemente- la carga de acompañar la documentación respaldatoria de las operaciones de compra que alegue, de cuyo crédito fiscal inherente solicita el cómputo.
Que en el presente caso se observa que el recurrente ha presentado en autos facturación de compra fehaciente a los efectos de que puedan computarse los créditos fiscales en cuestión (vide fs.29/31,32/42,43/62,63/7487/98,106/119). A ello, corresponde agregar -tal como se ponderó en el considerando precedente- que los comprobantes añadidos a la presente instancia revisten idénticas características que aquellos que fueron tomados por el Fisco Nacional para la determinación del impuesto a las ganancias, considerándolos gastos computables. En ese sentido, se advierte que el único argumento esgrimido por el organismo fiscal para no tomar tales comprobantes a los efectos de la determinación del impuesto al valor agregado es que “no ha aportado comprobantes de compra con crédito fiscal discriminado” (vide informe final de inspección, fs. 272 del Cuerpo N° 2 de Impuesto al Valor Agregado).
Que lo anteriormente expresado, referido al reconocimiento del cómputo del crédito fiscal respecto de las facturas de compra aportados por el recurrente, lo es sin perjuicio de la incidencia que tal hecho pudiera tener a los efectos de la determinación de los montos correspondientes a la deducción de gastos en el impuesto a las ganancias.
Que por lo merituado, corresponde hacer lugar al reclamo del apelante, resultando procedente el cómputo del crédito fiscal que solicita, teniendo presente la documentación oportunamente acompañada ante el Fisco Nacional obrante en el Cuerpo N° 1 del Impuesto al Valor Agregado de los antecedentes administrativos y los comprobantes que se adjuntan a los presentes autos.
IX. Que seguidamente, corresponde dar tratamiento a las sanciones impuestas, merituando si el encuadre de la conducta del contribuyente resulta ajustado a derecho. En tal sentido, se advierte que para el periodo fiscal 2006 se encuadra la conducta del apelante en las previsiones de los articulos 46 y 47 inc. a), aplicándose la figura del artículo 45 para el periodo fiscal 2007, respectivamente, para ambos impuestos.
Que en primer término, analizaremos las multas aplicadas por el periodo fiscal 2006. Que, como sostuvo la Sala “B” in re “Sanguinetti Sergio Claudio” (Expte. Nº 25.562-I) y en “Kank y Costilla S.A.” (05/11/2004) entre otros: “...el ilícito tributario previsto en el artículo 46 de la ley 11.683 requiere para su configuración la intención deliberada de no pagar el tributo en su justa medida y la realización de maniobras aptas para lograr este resultado, sin que ello sea advertido por el Fisco...”. En el caso del art. 47: “...Se produce por mandato legal, la inversión de la carga de la prueba, correspondiendo en consecuencia a la contribuyente probar que en la materialidad de los hechos que se enrostra y admite, no se asentaba el dolo presumido o el acaecimiento de alguna circunstancia imprevisible, caso fortuito, fuerza mayor, error de hecho o de derecho excusable, a fin de ser eximida de responsabilidad...”.
Que, si la administración fiscal optara por encuadrar la conducta en el art. 46 de la ley de rito, debería producir las pruebas pertinentes a tales efectos, pero si opta por invocar las presunciones del art. 47 –como en el caso de autos-, deberá acreditar la circunstancia (hecho inferente) que, según la regla de experiencia aplicable al caso de que se trate, permita establecer la necesaria relación de causalidad que admita la activación de dichas presunciones (hecho inferido), presumiendo el dolo como sustrato subjetivo imprescindible del ilícito de que se trata, e invirtiendo la carga probatoria. Que, por lo tanto, si se analiza la presunción utilizada en la especie -la del inciso a) de dicho artículo 47-, debe puntualizarse que no cualquier incidencia allanaría el camino hacia una presunción adecuadamente conformada, sino que es necesario que el juez administrativo fundamente que la merma de materia imponible reúne la calidad de “grave” (véase “Cochería Tacuarí de Campos y Cía. S.C.A.”, Sala “B”, de fecha 11/02/2008).
Que la presunción establecida en el inciso a) implica una confrontación entre las registraciones y documentaciones con la declaración jurada y con datos de allí extraídos, siendo necesario que de dicha comparación surja "una grave contradicción", lo que debe ser debidamente explicado por el juez administrativo al momento de aplicar la sanción, a excepción de algún caso donde dicha situación surja con absoluta evidencia. Como puede observarse, no es la simple contradicción lo que funda el presupuesto de hecho, sino que la misma requiere "gravedad", que puede surgir por ejemplo de los montos que se omiten, o de la cantidad de comprobantes que no han sido receptados en la declaración jurada. En ese orden de ideas, cabe señalar que de la lectura de las resoluciones impugnadas y del Dictamen Jurídico obrante a fs. 37/38 de la actuación N° 2132 de los antecedentes administrativos, no se advierten expresamente los hechos en los cuales el Fisco Nacional sustenta la activación de la presunción de la que pretende valerse.
A su turno, en su escrito de contestación, esgrime como justificativo de la configuración de la conducta dolosa, que el contribuyente “adoptó una figura fiscal impropia (…) y conservó esa categoría fiscal a sabiendas que no le correspondía (…) a lo que cabe agregar que (…) oculto ingresos y simuló operaciones (contrato de mutuo)”, y concluye “Ante la contradicción existente entre la figura adoptada por el quejoso y aquella que le correspondía y la grave incidencia de esta conducta respecto de la determinación del tributo correspondiente, al juez administrativo no le quedó otra alternativa que presumir el dolo (…) –vide fs. 167 y fs. 168vta de autos-.
Que a este respecto, no se comparte aquí la tipificación intentada. En contraposición, se entiende que el recurrente no se ha valido de maniobras maliciosas a los fines de ocultar los ingresos, mucho menos puede así catalogarse al mutuo presentado ante la verificación, como tampoco se vislumbra que la ocultación de ingresos haya significado una “grave incidencia” en la materia imponible, teniendo en cuenta los montos involucrados en la determinación de oficio. En definitiva, no solo no se ha logrado activar la presunción contenida en el inciso a) del art. 47, mucho menos la existencia del dolo que prescribe el art. 46.
Creo oportuno insistir en que resultaría consecuente con la estructuración del sistema represivo de la ley 11.683 que la subsunción en la figura de la defraudación quedase reservada exclusivamente para las conductas que claramente traduzcan o denoten una mayor peligrosidad y sofisticación en los medios comisivos del ilícito, situación que puede diferenciarse sin mayores inconvenientes de la simple omisión tipificada en el art. 45.
Que en tal sentido, la idoneidad del ardid o de la maniobra que despliega el sujeto activo con el deliberado objeto de ocultar su incursión en la hipótesis de incidencia o la existencia de una concreta capacidad contributiva e inducir al Fisco a error respecto de ello, no podría dejar de ser considerado un elemento indispensable en la configuración del tipo infraccional defraudatorio que nos ocupa aquí, pues ignorar o minimizar la relevancia de ese dato central de la realidad no conduce más que a una indebida asimilación de esta figura con la de la omisión del artículo 45.
Por lo merituado, corresponde reencuadrar las sanciones impuestas por el periodo fiscal 2006 en ganancias e IVA, en el mínimo de la figura prevista en el art. 45 de la ley 11.683. Las costas se imponen por su orden, conforme las previsiones del 6to párrafo del artículo 184 de la ley 11.683.
Que en lo que respecta al periodo fiscal 2007, corresponde adelantar que las sanciones se encuentran tipificadas en el artículo 45 de la ley 11.683, (t.o. 1998) que establece: “El que omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas, será sancionado con una multa graduable entre el 50% y el 100% del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente siempre que no corresponda la aplicación del art. 46 y en tanto no exista error excusable. La misma sanción se aplicará a los agentes de retención o percepción que omitieran actuar como tales”.
Que, por lo tanto, la infracción del art. 45 de la ley 11.683 requiere para su configuración, la concurrencia de dos elementos: por un lado la omisión de pago de impuesto y por otra el medio comisivo, que puede ser la falta de presentación de declaraciones juradas o la presentación de DDJJ inexactas, siempre y cuando el juez administrativo descarte la existencia de “declaración engañosa” y en la medida que no exista error excusable.
Que se trata de una conducta típica negligente, presumiéndose la culpa, que lleva al sujeto a obrar con inobservancia de los deberes y obligaciones que lo alcanzan como contribuyente, y que previendo el resultado disvalioso posible, no adopta las medidas diligentes necesarias para mantener indemne el bien jurídico tutelado, es decir, la renta fiscal. Que en el caso de autos, la actora no ha derribado la presunción de que se ha verificado en este caso dicho elemento subjetivo, siendo que para ello era indispensable la demostración -a su cargo- de que mediaba en un error excusable que excluía la antijuridicidad de su conducta.
Que, en virtud de las consideraciones expuestas, y no habiendo la actora aportado prueba alguna que permita eximirla de las multas aplicadas por el periodo fiscal 2007, corresponde su confirmación. Con costas.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
I. Confirmar parcialmente las determinaciones de oficios en el Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2006 y 2007 e Impuesto al Valor Agregado por los periodos fiscales 01 a 04 y 08 a 12/2006 y 01, 03 y 06 a 12/2007.
II. Reencuadrar las multas aplicadas, en el Impuesto a las Ganancias período fiscal 2006 e Impuesto al Valor Agregado periodos fiscales 01 a 04 y 08 a 12/2006, en el mínimo del tipo infraccional del artículo 45 de la ley 11.683.
III. Confirmar las multas aplicadas, en el Impuesto a las Ganancias período fiscal 2007 e Impuesto al Valor Agregado IVA periodos fiscales 01, 03 y 06 a 12/2007.
IV. Costas a la vencida, salvo en aquellos aspectos en que se imponen por el orden causado conforme se deja establecido en los considerandos VII y VIII con respecto a los comprobantes de gastos presentados en esta instancia, y en el considerado IX con respecto al reencuadre de las sanciones aplicadas por el periodo fiscal 2006.
V. Ordenar a la AFIP-DGI que en el plazo de treinta (30) días practique la correspondiente reliquidación, teniendo presente lo expuesto en los considerandos VII y VIII del pronunciamiento. A tal efecto deberá la representación fiscal retirar los antecedentes administrativos de la causa de la Mesa de Entradas de este Tribunal dentro del quinto día de notificada la presente. Se deja constancia que el plazo de treinta días acordado involucra el retiro y devolución de dichos antecedentes.
Registrese, notifíquese, a los domicilios electronicos constituidos por las partes -conforme lo dispuesto en Acta del Acuerdo celebrado el 8 de Septiembre de 2020 IF-2020-60084748--APN-VOCXXI#TFN, anexa a la RESOL-2020-44- APN-TFN#MEC – B.O. 11/09/2020-: a la actora en el domicilio constituído y al Fisco Nacional en la CUIT 27- 28970528-2 (Dra. Cecilia Inés Curarello) y CUIT 33-69345023-9 (AFIP). Fecho, procedase a la impresión y agregacion de la presente al expediente papel, devuelvanse los antecedentes administrativos y, archívese.
Date: 2022.12.28 14:08:46 ART Date: 2022.12.28 14:52:13 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.12.28 18:10:03 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.28 18:10:24 -03:00
Fin de la sentencia