Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar los ajustes determinados en cabeza de la contribuyente Marisa Alejandra Pomponio. Con costas al Fisco Nacional.
I. Que a fs. 57/71 la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 168/2017 (DV CRR1) de fecha 18/12/2017, dictada por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Centro de la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva. El apelante impugna la mencionada resolución relativa a Impuesto a las Ganancias por los periodos fiscales 2010, 2011, y 2012 por la cual se determinó un impuesto a ingresar a favor de la AFIP para año 2010 de $559.492,75, para el año 2011 de $118.074,78 y para el año 2012 de $17.227,65 con más intereses resarcitorios de $1.338.866,15, $240.282,18 y 28.873,54 respectivamente y le aplica una multa con relación al Impuesto a las Ganancias por los periodos fiscales 2011 y 2012 graduada en tres veces el gravamen supuestamente evadido cuyo importe total asciende a $405.907,29 de conformidad con los arts. 46 y 47 inc. d) de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.). La actora solicita se haga lugar al recurso de apelación y se revoquen los actos administrativos en crisis por los fundamentos que a continuación se exponen.
La recurrente manifiesta que se le ha instruido un sumario por la omisión de presentación de declaración jurada de los ejercicios 2011 y 2012 omitiendo instruir sumario por el ejercicio 2010.
Además, señala que se le imputa a la Cooperativa de Vivienda y Consumo Credimundo Limitada la omisión maliciosa de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias correspondientes a los ejercicios 2011 y 2012.
Sostiene la recurrente que, el 15/7/2010 el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) le quitó a Credimundo el permiso para operar como cooperativa, por lo que la institución pasó a ser una sociedad de personas o sociedad simple y en tal inteligencia los actos realizados por la cooperativa originaron ingresos gravados por la Ley de Impuesto a las Ganancias, siendo responsables los integrantes del consejo de administración. Por ello, -dice la actora- se le endilga la responsabilidad por haber sido la tesorera al momento del retiro de la autorización.
El apelante alega que integró Credimundo en el ejercicio correspondiente al año 2008 (como socia cooperativista) y que solo ese año ejerció el cargo de tesorera, desvinculándose posteriormente de la institución. Además, dijo desconocer la firma inserta en el libro de actas de reuniones del consejo de administración y la firma inserta en el libro de actas de asamblea del 21/06/2010, las cuales impugnó por considerarlas apócrifas. Por otro lado, la actora opone la excepción de prescripción correspondiente a la pretensión del Fisco respecto a la obligación tributaria periodo fiscal 2010, y añade que el curso de la prescripción de cinco años comenzó a correr el día 01/01/2012, por lo cual operó el 01/01/2017.
El primer agravio que menciona la contribuyente consiste en que se le ha determinado la obligación impositiva del referido impuesto por el periodo fiscal 2010, el cual no formó parte de la instrucción del sumario y por otra parte dice que dicho periodo se encuentra prescripto.
Asimismo, la recurrente señala que la resolución apelada viola el principio de congruencia y el derecho de defensa fallando más allá de la pretensión inicial contenida en el art. 2 de la resolución que diera origen a estas actuaciones.
En el segundo agravio el apelante manifiesta que más allá que a la fecha del retiro de la autorización ya no se desempeñaba como tesorera de la institución, la postura del Fisco Nacional y la resolución apelada -dice- resultan arbitrarias.
Añade que el retiro de la autorización para operar como cooperativa no conlleva a transformar al ente en una sociedad irregular pues no pierde su personería jurídica. Debe procederse -dice- a su disolución. Asimismo, sostiene que la sociedad en liquidación conserva su personalidad jurídica, que es una sociedad regular al fin, sosteniendo su giro comercial lo cual no la convierte en sociedad irregular.
En este sentido expresa que si la cooperativa aun cuando se retirara su autorización para operar continúa conservando su personalidad jurídica en razón de su estado de liquidación continúa gozando de la exención de gravamen de Impuesto a las Ganancias conforme el art. 20 inc. d) de la Ley 20.628.
El tercer agravio se refiere a la prueba pericial caligráfica. La recurrente manifiesta que dicha prueba (cuya copia acompaña) ha determinado que las firmas obrantes en el libro de actas de la asamblea a fs. 14 y en el libro de reuniones del consejo de la administración a fs. 98 “no son adjudicables al puño y letra de la señora María Alejandra Pomponio” y agrega que solo reconoció las firmas insertas en el acta de asamblea general ordinaria del 28/02/2008.
Así sostiene que con la prueba pericial caligráfica ha quedado probada su falta de responsabilidad en cualquier acto llevado a cabo por la cooperativa y luego de la finalización del ejercicio del año 2009.
En el cuarto agravio el apelante aclara que si se encontraba vigente el mandato no hay vencimiento de la personalidad jurídica y por lo tanto no hay sociedad irregular y que el retiro de la autorización para actuar de la cooperativa no conllevó a la cancelación registral de la misma sino a su disolución y al proceso siguiente que es el estado de liquidación.
De igual manera, la actora se agravia de los intereses y las multas toda vez que entiende que ambos constituyen obligaciones accesorias de la obligación principal (pago del impuesto).
De modo que prescripta la obligación tributaria del año 2010 -dice- no corresponden los intereses fijados y añade que, carente de causa la obligación del pago de los tributos de los ejercicios 2010, 2011 y 2012 también carecen de causa los intereses y las multas impuestas.
Por último, alega que se le ha cercenado el ejercicio de su derecho de defensa prescindiéndose de pruebas fundamentales.
Acompaña documental y ofrece prueba instrumental, pericial contable e informativa.
La recurrente solicita la revocación del acto apelado, con costas al Fisco.
Que cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva de cuestión federal.
II. Que a fs. 82/100 contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, se rechacen, los planteos de la recurrente y que se confirme el acto apelado, con costas. El Fisco Nacional manifiesta que el Organismo recaudador detectó que la contribuyente estando obligada omitió declarar rentas gravadas en el Impuesto a las Ganancias, toda vez que no presentó las declaraciones juradas respectivas en su carácter de tesorera e integrante del Consejo de Administración y Sindicatura de la ex Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Credimundo LTDA.
En primer lugar, niega todos y cada uno de los hechos invocados por el apelante que no sean materia de su explícito reconocimiento del escrito de responde o no surja de los antecedentes administrativos que acompaña. Con respecto a la prescripción de las acciones del Fisco Nacional -que la actora opone para determinar el tributo periodo 2010- la representación fiscal plantea que el art. 17 de la Ley 26.860 (BO 03/06/2013) suspende la prescripción en curso con carácter general por el término de un año y que la misma opera sobre el universo de contribuyentes y responsables inscriptos o no en los distintos impuestos, se adhieran o no a los regímenes contemplados en la ley. Agrega que quien puede especular con la prescripción no es quien se acoge al régimen de exteriorización sino quien no lo hace bajo la expectativa de no ser descubierto por el Fisco, y que la suspensión no puede ser sino general, alcanzando a todos los contribuyentes se acojan o no.
Así pues, la representación fiscal sostiene que a partir de la fecha (15/07/2010) en la cual el INAES le quitó a la Cooperativa el permiso y la condición de tal, la misma pasó a ser una sociedad de personas cuyos integrantes son los miembros del Consejo de Administración y Sindicatura, sujetos responsables por los hechos imponibles. Además, señala que la ex Cooperativa realizó operaciones comerciales y obtuvo ingresos gravados en el Impuesto a las Ganancias no declarados por intereses generados en contratos de mutuos, operaciones bursátiles y por descuentos de cheques de terceros entregados en la Bolsa de Comercio a través de distintas Sociedades de Bolsa. En ese orden, el Fisco Nacional sostiene que en virtud de que la Cooperativa pasó a ser una sociedad de personas, desde el 15/07/2010, confeccionó las liquidaciones del Impuesto a las Ganancias y atribuyó el tributo emergente en partes iguales a cada uno de los integrantes de la sociedad conforme los arts. 49 y 50 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Por otro lado, la representación fiscal expresa que la Resolución Nº 18/2017 (DV CRR1) -mediante la cual se confirió vista de las actuaciones- indica en su art. 1 que el cargo formulado corresponde al Impuesto a las Ganancias de los periodos 2010 a 2012, en tanto en su art. 2 se instruye el sumario solo por los periodos 2011 y 2012, toda vez que conforme surge del art. 3 se efectuó la reserva de la eventual aplicación de sanciones por el Impuesto a las Ganancias por el periodo fiscal 2010 de conformidad con el art. 20 de la ley 24.769. Del mismo modo, agrega que a través de la resolución apelada se determinaron de oficio los periodos fiscales 2010 a 2012, se aplicó multa por los periodos 2011 y 2012 y se difirió la aplicación de la eventual sanción material por el ejercicio 2010.
Así las cosas, el Organismo fiscal indica que dispuso el análisis de la situación fiscal de la Cooperativa y que por su parte el INAES analizó su situación como ente Cooperativo y a partir de que el Instituto pertinente le retiró la autorización para funcionar como tal, en materia impositiva –dice- resultan aplicables las disposiciones del art. 2 de la Ley 11.683 (to 1998 y sus modif), por lo que el gravamen adeudado por la misma debe ser tributado por quienes fueron sus integrantes de acuerdo a los arts. 49 inc. b) y 50 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. En ese lineamiento, la representación fiscal manifiesta que, de los elementos documentales surge que la contribuyente fue designada como tesorera de Credimundo con mandato prorrogable hasta el 28/02/2011, que al respecto el art. 63 de la Ley 20.337 de la Ley de Cooperativas, dispone que la duración de los cargos de los consejeros no puede exceder tres ejercicios salvo prohibición del estatuto por lo cual la duración del consejo de administración tenía vigencia hasta el 28/02/2011.
En relación a ello, el Fisco Nacional señala que previo a la conclusión de esos mandatos el 29/06/2010 se aceptó la renuncia del Presidente y de la secretaria conforme surge del Acta Asamblea General Ordinaria (fs. 218 Cpo Impuesto Ganancias Nº 2), sin embargo, no existe renuncia al cargo de tesorera que ejercía la Sra. Pomponio. Añade que más allá que del informe pericial caligráfico surge que la firma de la Sra. Pomponio fue dubitada y que no le pertenecía a la misma, en el Acta de Asamblea general Ordinaria del 29/06/2010 se trató la renuncia del Presidente y Secretario pero carece de tratamiento la renuncia de la actora, a quien por el contrario se la menciona como tesorera.
Por otro lado, la representación fiscal destaca que la recurrente no aportó prueba documental que acredite su desvinculación de la Cooperativa.
Respecto a las multas, el Fisco Nacional manifiesta que la circunstancia fáctica que justifica en el caso la aplicación de la multa es haberse detectado que la actora estando obligada omitió declarar rentas gravadas por el Impuesto a las Ganancias, toda vez que no presentó las declaraciones juradas respectivas en su carácter de tesorera e integrante del Consejo de Administración y Sindicatura de la ex Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Credimundo Ltda.
Sostiene que la contribuyente ha engañado al Fisco a través de la no presentación de sus declaraciones juradas, haciéndolo incurrir en error respecto a su realidad tributaria, la que fue develada durante el desarrollo de la inspección que propició el ajuste que motiva la sanción.
En cuanto a los intereses la representación fiscal entiende que se aplicaron los intereses resarcitorios que establece el art. 37 de la Ley 11.683 (to 1998 y sus modif), los cuales tienen carácter de resarcitorios de daños y perjuicios y corresponde su aplicación en forma objetiva y de pleno derecho.
Acompaña como prueba documental los antecedentes administrativos y se opone a la prueba presentada por la actora por ser improcedente y dilatoria.
El Fisco Nacional solicita se confirme el acto apelado, con costas.
Que cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva de cuestión federal.
III. El Tribunal resuelve el 08/08/2018 -vide fs. 110-, dar traslado a la actora por el término de cinco días, respecto de la oposición articulada por la representación fiscal a la producción de las medidas probatorias ofrecidas por la recurrente.
A tal efecto, el apelante contesta el traslado y manifiesta que el Fisco Nacional se opone a toda prueba ofrecida solo por tratarse de medidas superfluas, inconducentes y dilatorias del procedimiento y que intenta dejar a su parte sin pruebas para sostener su postura sin oposición.
Atento el estado de autos y toda vez que los escritos de inicio y responde presentados surgen hechos controvertidos y medidas probatorias respecto de las cuales las partes han manifestado divergencias respecto de su pertinencia y viabilidad, a tenor de lo dispuesto por el art. 173 de la Ley 11.683 (to Ley 27.430), el Tribunal resuelve citar a las partes a una audiencia preliminar de prueba para el 20/09/2018.
En dicha audiencia el Tribunal resuelve: 1)declarar que la producción de la prueba documental en poder de terceros deviene inoficiosa, 2)tener a la parte actora por desistida de la prueba pericial contable e informativa al INAES, 3)tener presente la instrumental que se encuentra agregada en las actuaciones administrativas, 4)con respecto a la informativa al Juzgado Penal, se reconduce la misma requiriendo a la recurrente que aporte copia de la sentencia de falta de mérito en el plazo de veinte días de la que se correrá oportuno traslado al Fisco Nacional y 5)cumplido lo dispuesto la causa quedará conclusa para definitiva, resolviéndose con la documentación aportada en autos y en el expediente administrativo.
Dando cumplimiento, la recurrente a fs. 126 acompaña copia de la sentencia de falta de mérito dictada el 21/11/2017 en la causa “Cooperativa Credimundo de Trotta Luis A; Spinelli, Guido H y Pomponio, Marisa A. s/ infracción Ley 24.769” por ante el Juzgado Penal Económico Nº 9.
Ello así, atento el estado de autos el Tribunal resuelve dar traslado al Fisco Nacional por el término de diez días y la representación fiscal contesta manifestando que la sentencia dictada nada aporta a la presente causa por lo que sostiene que debe ser desestimada.
De ese modo el Tribunal resuelve tener presente para su valoración en el momento procesal oportuno. Finalmente, el 17/08/2021 mediante PV-2021-75088126-APN-VOCV#TFN este Tribunal resuelve requerir al Fisco Nacional que en el término de diez días informe si la parte recurrente en autos regularizó los conceptos y montos discutidos en los términos de las Leyes Nº 27.541 y 27.562.
A tal fin, la representación fiscal contesta el requerimiento por RE-2021-77965577-APN-SGAI#TFN y manifiesta que a la fecha no registra presentaciones de planes de facilidades de pago alguno, de acuerdo a la consulta efectuada en los sistemas informáticos de su Organismo.
IV. Que en atención al estado de la causa a fs. 148 se elevan los autos a consideración de la sala “B”, a fs. 152 se llaman los autos para sentencia.
V. Que en primer lugar corresponde expedirse con relación al planteo de prescripción efectuado por la actora y analizar, en consecuencia, si la acción del fisco para determinar el Impuesto a las Ganancias del periodo fiscal 2010, se encuentra prescripta de conformidad con lo previsto por las disposiciones de la ley 11.683. Que dicha ley, en su artículo 56, dispone que las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras previstas en la ley de rito prescriben, conforme el inc. a), por el trascurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos. Por su parte, el art. 57 establece que comenzará a correr el término de prescripción del poder fiscal para determinar el impuesto, desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen. Por otro lado el art. 58 establece, que el término de la prescripción de la acción para aplicar multas comenzará a correr desde el 1° de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales.
Es dable destacar que el planteo de la prescripción elaborado por la recurrente se extiende al tributo de Impuesto a las Ganancias periodo 2010. Cabe dejar sentado que, respecto del período por el cual se opone la excepción, conforme se desprende de las constancias de autos, el vencimiento se habría producido durante el año 2011, por lo cual el plazo comenzaría a correr el día 01/01/2012.
Siendo así, prima facie, se podría sostener que el plazo de prescripción habría vencido el 01/01/2017. No obstante, la Ley Nº 26.860 (B.O. 3/6/2013) en su artículo 17 dispuso: “Suspéndase con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”; debiendo tenerse presente que de conformidad con el artículo 21 de dicha norma, sus disposiciones son de orden público y entraron en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. Que se entiende que la norma antes transcripta dispone expresamente que el curso de la prescripción se suspenderá por el término de un año con carácter general. De ello se desprende con total claridad que la intención del legislador ha sido extender los efectos de la suspensión a todos los contribuyentes sin excepción, esto es se hayan o no acogido a los beneficios conferidos por dicha ley. De esta forma, el plazo prescriptivo habría fenecido el día 01/01/2018.
Que por lo expuesto, las facultades del fisco para determinar y exigir el pago del impuesto por el período fiscal citado precedentemente, no se encontraba prescripto a la fecha del dictado del acto determinativo recurrido.
Por ello se resuelve, no hacer lugar al planteo de prescripción incoada por la actora. Toda vez que el planteo de prescripción no fue tratado como de previo y especial pronunciamiento sino como una defensa más frente a la pretensión fiscal, no puede considerarse de forma escindida o autónoma respecto de la unidad de la sentencia a los efectos de la imposición de costas (arg. C.S.J.N., in re: “Colorín IMSSA (T.F.N. 24.123-I) c/D.G.I.”, sentencia del 2 de julio de 2013).
VI. Que a los efectos de resolver la cuestión de fondo traída a decisión de este Tribunal cabe tener presente que, en principio, los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros). En efecto “los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, ni tratar todos los temas expuestos, ni analizar todos los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (fallos 272:325)”, citado por la CNACAF, Sala IV 19-02-97, Causa N° 2783, “Rúffolo Roque c/ DGI”, TFN 13.174-I.
VII. Que expuesto lo que antecede, corresponde analizar el sustento de la pretensión fiscal, para lo cual se examinarán las actuaciones administrativas aportadas por la representación fiscal a la causa.
Conforme surge de dichos antecedentes administrativos, se trata de una contribuyente individual cuya actividad principal declarada es la prestación de “Servicios personales NCP (Código 960990)”, operando el cierre de sus ejercicios comerciales el 31 de diciembre de cada año.
Que a raíz de la verificación practicada el Organismo Fiscal concluyó que la responsable omitió declarar rentas gravadas frente al Impuesto a las Ganancias por los periodos fiscales 2010 a 2012, dejando de presentar las respectivas declaraciones juradas y de ingresar en consecuencia el gravamen pertinente.
Destaca el Organismo que la rubrada era integrante del Consejo de Administración y Sindicatura de la Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Credimundo LTDA y que cumplía el rol de Tesorera al operarse el vencimiento de las obligaciones tributarias reclamadas en estos autos (fs. 159 y 160 Cuerpo Consejo de Administración y Sindicatura de los antecedentes administrativos).
Surge de las actuaciones que los fiscalizadores tomaron conocimiento que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, le aplicó a la Cooperativa la sanción consistente en el retiro de la autorización para funcionar. Así también la División Gestiones y Devoluciones dejó sin efecto el Reconocimiento Provisional de Exención otorgado a la Cooperativa y el Certificado de Exención en el Impuesto a las Ganancias desde el 24/02/2004 y el 01/01/2010 respectivamente.
En ese orden de ideas, sostiene el Fisco Nacional que desde el 15/07/2010 que INAES le quitó a la Cooperativa el permiso y la condición de tal, la misma pasó a ser una sociedad de personas, cuyos integrantes son los miembros del Consejo de Administración y Sindicatura (fs. 159 y 160 cpo consejo administración y sindicatura). Cabe señalar que los fiscalizadores constataron que el sujeto “Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo” realizó operaciones comerciales y obtuvo ingresos gravados en el Impuesto a las Ganancias no declarados por: intereses generados en contratos de mutuos, operaciones bursátiles y por descuentos de cheques de terceros entregados en la Bolsa de Comercio a través de distintas Sociedades de Bolsa. El personal fiscalizador concurrió al domicilio fiscal de la Cooperativa Credimundo Ltda con el objeto de notificar el inicio de inspección y requerirle cierta documentación. Sin embargo, habiéndose vencido el plazo para contestar, la contribuyente no se presentó.
Por otro lado, y a partir de los elementos colectados, los fiscalizadores actuantes concluyeron que la ex Cooperativa se dedicaba a tomar cheques de terceros para luego descontarlos en las sociedades de bolsa, transformando ello en dinero en efectivo (fs 11 a 21 cpo principal IVA).
Finalmente, los verificadores destacaron en su informe final que a la fecha de sus operaciones bursátiles, la mayoría de sus cuentas bancarias ya se encontraban cerradas, siendo que las últimas acreditaciones bancarias son de fechas anteriores a los periodos fiscalizados (fs 161 y 190 cpo principal).
Así pues, los inspectores concluyeron que la ex Cooperativa Credimundo Ltda omitió declarar ingresos gravados originados en dichas operaciones en las declaraciones juradas de los periodos fiscales 2010 a 2012 conforme art. 49 inc. b) de la Ley de Impuesto a las Ganancias (to 1997 y sus modif.) y art. 18 de la Ley 11.683 (to 1998 y sus modif.).
En virtud de que la Cooperativa fue considerada una sociedad de personas a partir del 15/07/2010, el Organismo Fiscal confeccionó la liquidación del Impuesto a las Ganancias de la Sociedad Simple y atribuyó el resultado neto sujeto a impuesto en partes iguales a cada uno de los integrantes de la sociedad conforme arts. 49 y 50 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. En autos se apela precisamente la parte determinada en cabeza de la contribuyente Marisa Alejandra Pomponio.
VIII. En síntesis, el Fisco considera que como la recurrente de autos fue designada Tesorera de la entonces Cooperativa Credimundo con mandato prorrogable hasta el 28/02/2011, sin que exista renuncia expresa a dicho cargo, resulta responsable del tributo determinado, como integrante de la ahora sociedad de personas en atención a la pérdida de la autorización para actuar como cooperativa.
Que cabe considerar que el 15/7/2010 el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) le quitó a Credimundo el permiso para operar como cooperativa, por lo que la institución pasó a ser para el Fisco Nacional una sociedad de personas.
Que expuesto lo que antecede se advierte que el Fisco Nacional pretende justificar la relación de la actora con la sociedad “Credimundo” manteniendo en vigencia un cargo a la luz de la normativa de la entidad cooperativa cuando ésta ha dejado de existir como tal.
De este modo, tratándose de una sociedad de personas, el Fisco Nacional debió acreditar fehacientemente que la señora Marisa Pomponio integró dicha sociedad en los períodos fiscales aquí discutidos. Los únicos elementos documentales que aparecían como suscriptos por la contribuyente han sido desacreditados por la prueba pericial caligráfica producida en sede administrativa (vide fs. 233/242), la que arrojó como resultado que la firma inserta en los mismos no le pertenece a ella, lo cual no es refutado por el Fisco Nacional.
Ello así, no habiéndose acreditado por parte del Fisco Nacional fehacientemente que la recurrente hubiera integrado la sociedad en los periodos por los cuales el Fisco Nacional realizó las determinaciones de oficio, corresponde revocar los ajustes determinados en cabeza de la contribuyente Marisa Alejandra Pomponio. Con costas al Fisco Nacional.
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar los ajustes determinados en cabeza de la contribuyente Marisa Alejandra Pomponio. Con costas al Fisco Nacional.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.06.01 12:58:52 ART Date: 2022.06.01 15:06:17 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.06.01 15:09:46 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.06.01 15:10:00 -03:00
Fin de la sentencia