Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuesto e intereses resarcitorios y multa, reduciendo la graduación de estas últimas a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
I. Que a fs. 125/178 la actora interpone recurso de apelación contra las Resoluciones N° 136/2018 (DV DEOB), 137/2018 (DV DEOB) y 138/2018 (DV DEOB) todas de fecha 10/12/2018, dictadas por el Jefe (Int.) de la División Determinaciones de Oficio “B” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Dirección General Impositiva). El apelante impugna las mencionadas resoluciones relativas a: 1) Impuesto al Valor Agregado mediante el cual se determinó de oficio las obligaciones de los periodos fiscales 11/2011 a 10/2015 estableciendo un impuesto a ingresar a favor de la AFIP de $1.746.298,15 con más intereses resarcitorios por $2.927.697,30 y le aplica una sanción de $1.885.021,23 equivalente al 300% del gravamen omitido en los términos del art 46 de la Ley 11.683. 2) Impuesto a las Ganancias mediante el cual se determinó de oficio las obligaciones de los periodos fiscales 2011 a 2015 estableciendo un impuesto a ingresar a favor de la AFIP de $2.275.350,57 más intereses resarcitorios por $2.769.175,66 y se le aplica una multa de $407.068,20 equivalente al 300% del gravamen omitido en los términos del art 46 de la Ley 11.683. Deja constancia de la reserva de aplicar sanciones del art 20 del régimen penal tributario de los periodos fiscales 2014 y 2015. 3) Impuesto sobre Salidas No Documentadas por el cual se determinó de oficio las obligaciones tributarias por las erogaciones efectuadas en los meses de 12/2011 a 12/2013 y 02/2014 a 09/2015 estableciendo un saldo de impuesto a ingresar a favor de la AFIP de $5.040.321,13 con mas intereses resarcitorios por $9.411.118,22 y se le aplica una multa de $395.225,13 equivalente al 300% del gravamen omitido en los términos del art 46 de la Ley 11.683. Deja constancia de la reserva de aplicar sanciones del art 20 del régimen penal tributario.
Que la actora solicita se haga lugar al recurso de apelación y se revoquen los actos administrativos en crisis por los fundamentos que a continuación se exponen.
Primero, plantea que están prescriptas las acciones del Fisco Nacional para determinar de oficio y/o aplicar sanciones con relación a los periodos fiscales 12/2011 a 11/2012.
Segundo, señala que las determinaciones de oficio del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganancias, e Impuesto sobre Salidas No Documentadas han sido dictadas a partir de conclusiones ajenas a las operaciones declaradas por Cattorini respecto a las compras de vidrio a los proveedores Soset SRL, Gotingen SA, Reciclados y Servicios Austral SA, Reciclar Mendoza SA y Cemento SA., toda vez que se apoya en una investigación administrativa que en ningún pasaje relaciona a su mandante.
Tercero, afirma que el juez administrativo se aferró a un expediente administrativo llevado contra esos proveedores, sin indagar los hechos concretos sobre las ventas de vidrios mezcla que le realizaron a su mandante conforme la documentación que la empresa aportó en la fiscalización.
Cuarto, sostiene que no ha existido prueba concreta que determine la responsabilidad de Cattorini como adquirente de materia prima esencial para el desarrollo de su actividad.
Quinto, dice que es falso el razonamiento ensayado por el juez administrativo sobre la supuesta “inexistencia de la compra de bienes”, ya que el mismo no se condice con los cargos formulados ni con las constancias del expediente y pruebas aportadas por la empresa donde se acredita existencia y compra de materia prima. Sexto, destaca que las compras de vidrios son bienes concretos ingresados a las plantas de la empresa y utilizados para la elaboración de botellas de vidrio, por lo que -dice- fueron destinados a la obtención de ganancias gravadas.
Séptimo, alega que el juez administrativo no ha valorado y/o analizado la totalidad de las facturas, recibos, órdenes de pago, retenciones, comprobantes de ingresos del vidrio a las plantas, que ampararon a todos los traslados de mercadería adquirida a los proveedores objetados.
Octavo, entiende que resulta improcedente la aplicación de multas por presunta defraudación al no constituir ilícito alguno la conducta desplegada por la empresa y/o sus responsables, en tanto se recibieron los bienes, pagándose por ellos el precio pactado con los correspondientes impuestos.
Noveno, considera que no se han verificado los presupuestos contenidos en la ley 20.628 para la aplicación de la figura de Salidas No Documentadas en tanto se han documentado conforme a derecho las compras y se han pagado las mismas a personas físicas y jurídicas debidamente individualizadas, no solo a nivel de facturación sino también con la debida identificación mediante retenciones impositivas.
La recurrente manifiesta que Cattorini fue objeto de una verificación impositiva iniciada por el organismo recaudador a partir de una causa penal de asociación ilícita tributaria sustanciada en la justicia federal de Mendoza y con motivo de esa causa, en la cual no está involucrada Cattorini Hnos, se objetaron los siguientes proveedores: Soset SRL, Gotingen SA, Reciclados y Servicios Austral SA, Reciclar Mendoza SA y Cemento SA. Concluida la verificación, a criterio del juez administrativo, no serían auténticas determinadas facturas comerciales por compras de vidrios realizadas por la empresa.
El apelante opone prescripción de las acciones y poderes del Fisco Nacional para determinar de oficio y para aplicar sanciones respecto al Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto sobre Salidas No Documentadas de los periodos 12/2011 a 11/2012, fundándose en el artículo 56 de la Ley 11.683 señalando que el cómputo se inició el 01/01/2013 y operó el 01/01/2018.
Agrega la inexistencia de causales de suspensión y la no aplicación del artículo 17 de la ley 26.860 y dice que por ser esas leyes de afectación a una institución sustantiva de la obligación tributaria como su extinción, solo tiene vigencia para los ejercicios cuyo cómputo de prescripción comienza a correr después del 03/6/2013. Sostiene que la suspensión especial de la ley 26.860 tampoco resulta aplicable en tanto la entidad no ha utilizado ni adherido al régimen de regularización, dice que el carácter general de la suspensión no es subjetivo sino objetivo y aplicable a los contribuyentes que han utilizado esas leyes en la regularización de tributos. Manifiesta que el art. 7 de la resolución general Nº 3509/2013 es nulo de nulidad absoluta por falta de competencia del Fisco Nacional para reglamentar el art. 17 de la ley 26.860.
La recurrente alega la improcedencia de los ajustes por presuntos proveedores apócrifos. Expresa que el juez administrativo utiliza datos de una causa penal tributaria que lo único que demuestra, es que esos sujetos engañaban al Fisco Nacional y que en modo alguno acreditan que Cattorini no haya obrado conforme a derecho. Entiende que la investigación se apoya en presuntas irregularidades en la situación fiscal de estos, lo que de ningún modo determina ausencia de capacidad para vender y generar débitos.
Señala que con todos los proveedores los indicios son débiles e improcedentes y están referidos a la falta de capacidad operativa porque no posee personal o bienes de uso, y dice que esas cuestiones son ajenas a su mandante.
Alega que no existe fundamento en los expedientes administrativos que sustente la presunta “inexistencia de las operaciones de compra” de materia prima esencial realizadas por Cattorini, ni tampoco fundamenta qué grado de participación pudo haber tenido la empresa al contratar puntuales y concretas entregas de bienes, pagarlas y recibir los comprobantes respectivos para su ulterior cómputo.
Considera que el juez administrativo ha sustentado los ajustes fiscales utilizando indicios insustanciales. La recurrente manifiesta que Cattorini es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de envases de vidrio, tanto en el mercado interno como en el externo y que es un contribuyente cumplidor que paga sus obligaciones fiscales y previsionales.
Expresa que la actividad manufacturera requiere de la compra de ese insumo esencial pues cuanta mayor cantidad de vidrios rotos y molidos se incorporen a la producción, menor será el uso de los componentes químicos que levaron vidrio (sic). Agrega que la adquisición de esa mercadería se realiza a través de proveedores que aparecen en esta actividad y obtienen de innumerables fuentes el vidrio.
Sostiene que las operaciones con los proveedores son significativas y habituales por lo que deben cumplir con la legislación vigente, constituyendo un eslabón en la cadena de producción, estando éstos inscriptos ante las autoridades fiscales con autorización para facturar y cumpliendo sus propias obligaciones impositivas. Señala que Cattorini siempre canceló las operaciones mediante cheques en pesos, cruzados, a la orden de los proveedores cumpliendo con los mecanismos cancelatorios contemplados en las normas antievasión y practicó las retenciones impositivas, presentó las declaraciones juradas correspondientes e ingresó los pagos a las cuentas del organismo recaudador.
La recurrente refuta los indicios empleados por el Fisco Nacional para la impugnación de los créditos fiscales y alega que el juez administrativo ha impugnado a determinados proveedores por encontrarse investigados en causa ajena a la relación concreta con Cattorini o por no poder cobrarles las deudas tributarias que tienen ellos con el ente fiscal.
El apelante destaca que el funcionario olvida que la responsabilidad de determinar la capacidad operativa de cada contribuyente inscripto y habilitado para operar no es otro contribuyente, sino la propia AFIP (DGI). Agrega que los presuntos incumplimientos de los proveedores a sus propias obligaciones impositivas es lo que ha llevado a impugnar créditos fiscales computados por Cattorini.
Asimismo plantea la improcedencia de los ajustes fiscales en el Impuesto a las Ganancias señalando que la ley autoriza la deducción de ciertos gastos en la medida que los mismos estén destinados a obtener, mantener y conservar ganancias.
Manifiesta que cualquier consecuencia derivada del eventual incumplimiento del sujeto pasivo generador del débito fiscal en el IVA y de la renta en Ganancias, atañe exclusivamente a este y dice que el organismo recaudador no puede sino a este mismo sujeto exigirle que cumpla o pague la presunta deuda por sus propias obligaciones tributarias.
En otro orden, la recurrente plantea la improcedencia de las multas aplicadas por presunta defraudación fiscal de Impuesto al Valor Agregado y de Impuesto a las Ganancias y dice que todas las operaciones fueron debidamente informadas en el citi compras por lo que no existió alteración u ocultación de las mismas para con el organismo recaudador.
Con respecto a Salidas No Documentadas alega que la falta de documentación de una erogación no resulta punible, sino que constituye un presupuesto que la ley contempla al otorgarle un tratamiento específico. Por lo cual, expresa que la falta de declaración e ingreso del impuesto correspondiente al beneficiario no individualizado, no resulta procedente la aplicación de sanciones.
Además, la actora, se agravia con relación a la figura de Salidas No Documentadas, cuando dice que no son de ningún modo apócrifas las facturas que han sido cuestionadas por la AFIP en tanto la empresa compró los insumos –vidrios y materiales refractarios- y pagó conforme normas de pago vigentes a determinados y puntuales proveedores, por lo que no puede sostenerse que las erogaciones que se efectuaron con el fin de proceder a su cancelación puedan ser consideradas como Salidas No Documentadas.
Acompaña documental. Ofrece prueba informativa y pericial contable.
Que cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
Por lo expuesto precedentemente, solicita se haga lugar al recurso de apelación en todas sus partes y se declaren prescriptas las acciones por los periodos fiscales solicitados y/o se revoquen las determinaciones de oficio por tratarse de créditos fiscales y gastos genuinos producto de compras de bienes necesarios para el ejercicio de la actividad. Con costas.
II. Que a fs. 198/231 contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, se rechace los planteos de la recurrente, que se confirmen las resoluciones apeladas, con costas.
El Fisco Nacional niega todos y cada uno de los hechos y fundamentos de derecho que esgrime la actora que no sean objeto de aceptación expresa o surjan de los antecedentes administrativos.
Manifiesta que la recurrente es una sociedad anónima, cuya actividad principal declarada es la fabricación de envases de vidrio, cerrando sus ejercicios comerciales el 31 de diciembre de cada año.
Señala que la actora fue verificada por personal de su mandante a fin de establecer el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el Impuesto a las Ganancias- Salidas No Documentadas por los pagos realizados del 12/2011 a 12/2013 y 02/2014 a 09/2015; y dice que de dicho análisis se observó que la responsable había deducido impositivamente de sus declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado, erogaciones y créditos fiscales como asimismo, realizado erogaciones de fondos de facturas relacionadas con los proveedores Soset SRL, Gotingen SA, Reciclados y Servicios Austral SA, Reciclar Mendoza SA y Cemento SA, respecto de los cuales se detectaron indicios graves, precisos y concordantes que permiten inferir su apocrificidad.
Sostiene que las proveedoras Reciclados y Servicios Austral SA, Reciclar Mendoza SA y Cemento SA se encuentran involucradas en la causa “Delfino Sergio y otros s/ infracción ley 24.769” la cual se originó por presentación de una denuncia penal tributaria que implicaba al estudio contable del Sr. Sergio Delfino en la venta de facturas apócrifas y que las tres sociedades tienen domicilios en la provincia de Mendoza y que sus facturas detallan entrega de vidrio en la planta de Cattorini Hnos. SA.
Agrega que se adjuntan facturas y remitos emitidos por las supuestas proveedoras, pero que en muchos casos éstos no consignan datos de mercadería, patente de los camiones, ni son claramente datados, difiriendo las fechas consignadas en los remitos que se les vinculan.
Por otro lado expresa que la fiscalización observó que hay dos grupos de proveedoras que se suceden entre sí en la emisión de comprobantes: Reciclar Mendoza SA, Cemento SA y Reciclados y Servicios Austral SA con quienes habría operado desde el 12/2011 a 12/2013, 02/2014 a 10/2014 y 17/10/2014 a 17/09/2015, respectivamente. Del mismo modo -dice- ocurre con Gotigen SA con la que habría operado desde 12/2011 hasta 01/2013 y luego con Soset SRL desde 04/2013 hasta 06/2013.
En merito a lo detallado, la representación fiscal manifiesta que el Fisco impugnó los créditos fiscales vinculados a las operaciones cuestionadas y también las erogaciones deducidas, encuadrando dicho cargo en el marco de los art. 12 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado y art. 37 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Asimismo, señala como se calculó el tributo en concepto de Salidas No Documentadas pues los fondos que habrían sido orientados a la cancelación de las presuntas operaciones no habrían tenido, en la realidad de los hechos, el destino indicado, y al no haber demostrado la responsable, durante la etapa fiscalizadora que, la dirección asignada a esas erogaciones observadas fue la de obtener, mantener o conservar ganancias gravadas, las mismas carecen de respaldo documental que las avale, constituyendo Salidas No Documentadas, encuadradas bajo las previsiones del art. 37 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Además, el Fisco Nacional contesta los agravios interpuestos por la actora y en cuanto a la excepción de prescripción sostiene que el art 56 de la ley de rito tributaria establece la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir pago de impuestos, por el transcurso de cinco años en el caso de contribuyentes inscriptos y agrega que el art 57 determina que el plazo en el que comienza a correr el término de prescripción es desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas.
Añade que por su parte el art 17 de la Ley 26.860 (BO 3/6/13) suspende por el término de un año el plazo de prescripción de la acción, con lo cual concluye que de la normativa se advierte que el término de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco pata determinar y exigir el pago de impuestos en el presente caso no ha acaecido.
Respecto a la procedencia de los ajustes, la representación fiscal manifiesta, que se detectaron numerosas inconsistencias que llevaron a la convicción de que ciertos proveedores no pudieron desarrollar las actividades por las cuales emitieron las facturas, por no poseer capacidad económica suficiente ya que no poseen personal en relación de dependencia, bienes registrables, cuentas bancarias y si las poseen no tienen depósitos efectuados, los domicilios fiscales son inexistentes o no se condicen con el de personas que desarrollen actividades comerciales como las facturadas y en virtud de ello se dictaron las determinaciones de oficio y las multas aquí discutidas. Destaca que del hecho de que no se haya podido localizar a los “proveedores”, existen constancias válidas que permiten afirmar que no resultaron ser los reales vendedores/prestadores, ni se probó la existencia de bienes que denoten la infraestructura necesaria para llevar a cabo las operaciones alegadas por la responsable, como la carencia de empleados en relación de dependencia y la falta de identificación del destinatario final de las erogaciones -dice- son algunos de los elementos que inciden en desmedro de las pretensiones de la recurrente. Manifiesta que frondosa jurisprudencia sostiene que es propia responsabilidad de la contribuyente demostrar la veracidad de las operaciones que intentan respaldar las facturas en cuestión.
Es por ello que señala, que para probar la existencia de una operación, no basta con que la factura que la pretende respaldar cumpla con los requisitos formales, o que se encuentre autorizada su impresión por parte del Organismo, sino que también deben concordarse elementos que den fe o sustento a la realidad fáctica de las operaciones.
Alega que la contribuyente no puede excusarse en la observancia del cumplimiento o no de los requisitos formales que les compete a sus proveedoras al momento de entregar la documentación respaldatoria de las operaciones.
La representación fiscal expresa que, si bien la compra de vidrios que se pretende hacer valer pudo ser necesaria para la actividad de Cattorini, no demuestra en modo alguno que esas operaciones existieron y hayan sido efectuadas a Soset SRL, Gotingen SA, Reciclados y Servicios Austral SA, Reciclar Mendoza SA y Cemento SA, más aún cuando la propia responsable alega que los proveedores que suministran dicho insumo son …”más de novecientos”.
Así también, el organismo se fundamenta en el art. 33 de la Ley 11.683 la que establece “… todas las registraciones contables deberán estar respaldadas por los comprobantes correspondientes y sólo de la fe que éstos merezcan surgirá el valor probatorio de aquellas”.
El Fisco Nacional entiende que la recurrente tuvo la posibilidad de aportar al procedimiento la prueba fehaciente que demostrara que las operaciones observadas fueron efectivamente realizadas con los proveedores impugnados, siendo que la falta de prueba es un problema que compete solo a la actora dado que la contratación de proveedores es resorte exclusivo de su incumbencia y por tanto a ella corresponde su demostración. Sostiene que la no inclusión de un proveedor en la base apoc no garantiza que el mismo haya operado comercialmente, ello por cuanto dicha base de datos se nutre de información recabada en procesos de inspección a medida que se van detectando irregularidades.
Respecto del agravio del Impuesto a las Ganancias, cuando Cattorini afirma la improcedencia de los ajustes fiscales en ese tributo por tratarse de gastos genuinos tendientes a mantener y conservar la fuente de ganancias, la representación fiscal argumenta que del propio plexo legal surge la exigencia que las partidas se documenten y que en su defecto la necesidad del gasto debe ser probada por la contribuyente, pudiendo recurrir a cualquier medio de prueba que demuestre la concreción de la erogación, la existencia de un bien o prestación de servicio y los sujetos intervinientes en la misma.
Destaca que en el presente caso, los comprobantes de los que la responsable sustenta su pretensión resultan falsos por no reflejar la real ocurrencia de las operaciones alegadas por aquella, no pudiendo probar la encartada que las erogaciones fueron efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, destinadas a la adquisición de insumos –vidrios- como pretende.
Respecto a los agravios referidos a la figura de las Salidas No Documentadas, la representación fiscal sostiene que no se permite su deducción como gasto y el pagador está obligado a ingresar la tasa máxima sobre el importe erogado a título propio, como responsable sustituto del verdadero beneficiario, respecto del cual se presume que, al no haber emitido comprobante o bien el mismo es falso, no abonó el impuesto que le corresponde. Añade que resulta de plena aplicación la figura, puesto que no existen indicios que permitan inferir la existencia real de alguna transacción.
En cuanto a la procedencia de la sanción aplicada en Salidas No Documentadas, el Organismo fiscal manifiesta que la conducta de la actora encuadra perfectamente en la infracción que establece el art 46 de la Ley de Procedimiento Fiscal, toda vez que la misma omitió efectuar el pago del Impuesto a las Salidas No Documentadas dispuesto en el art 37 de la Ley 20.628.
Respecto al cumplimiento de los requisitos formales de las facturas emitidas, el organismo destaca que la impugnación de las supuestas operaciones no está basada en defectos formales de los comprobantes sino en fuertes indicios que indican que los proveedores no eran tales y que las operaciones no se produjeron. En cuanto a los intereses resarcitorios, considera que el elemento está configurado por el mero acaecimiento del plazo (mora automática), lo cual tiene sustento en que la obligación de abonar los intereses devenga sin necesidad de interpelación alguna, según establece art. 37 de la ley 11.683.
Acompaña los antecedentes administrativos, y rechaza la prueba informativa peticionada por innecesario e inconducente. Propone perito contador de parte.
Que cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
Por lo expuesto precedentemente, solicita se dicte sentencia confirmándose las resoluciones recurridas. Con costas.
III. El 11/09/2019 -vide fs. 250- el Tribunal resuelve de la oposición del Fisco Nacional a las pruebas ofrecidas por la actora, traslado a esta última por el término de diez días.
Mediante PV-2021-101405117-APN-VOCV#TFN, el Tribunal resuelve citar a las partes a una audiencia preliminar de prueba para el día 01/12/2021.
Ello así, se celebra la audiencia y en la misma el Tribunal hace saber a las partes que la presente se resolverá con las constancias de autos y que las que obran en los antecedentes administrativos, quedando la causa conclusa para definitiva.
IV. Que en atención al estado de la causa a fs. 256 se elevan los autos a consideración de la sala “B”, a fs. 267 se llaman para sentencia.
V. Que en primer lugar corresponde expedirse con relación al planteo de prescripción efectuado por la actora y analizar, en consecuencia, si la acción del fisco para determinar el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto sobre Salidas No Documentadas de los periodos 12/2011 a 11/2012 y aplicar sanciones, se encuentra prescripta de conformidad con lo previsto por las disposiciones de la ley 11.683.
Que dicha ley, en su artículo 56, dispone que las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras previstas en la ley de rito prescriben, conforme el inc. a), por el trascurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos, por su parte el art. 57 establece que comenzará a correr el término de prescripción del poder fiscal para determinar el impuesto, desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen. Por otro lado el art. 58 establece, que el término de la prescripción de la acción para aplicar multas comenzará a correr desde el 1° de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales.
Es dable destacar que el planteo de la prescripción elaborado por la recurrente se extiende a los tributos de Impuesto al Valor Agregado y de Impuesto Salidas No Documentadas. Cabe dejar sentado que, respecto de los períodos por los cuales se opone la excepción, conforme se desprende de las constancias de autos, el vencimiento se habría producido para todos los periodos en el transcurso del año 2012, por lo cual el plazo de prescripción comenzaría a correr el día 01/01/2013.
Ello así, prima facie, se podría sostener que el plazo de prescripción habría vencido el 01/01/2018, pero, corresponde analizar si se presenta en el caso algún supuesto de suspensión del término de la prescripción. Que la Ley Nº 26.860 (B.O. 3/6/2013) en su artículo 17 dispuso: “Suspéndese con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”; debiendo tenerse presente que de conformidad con el artículo 21 de dicha norma, sus disposiciones son de orden público y entraron en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. En cuanto al planteo que efectúa la actora con relación a las manifestaciones vertidas por algunos legisladores durante el debate en la Cámara de Diputados de la que terminara siendo la Ley 26860, cabe recordar que nuestro Alto Tribunal ha señalado "Que, de conformidad con el criterio expuesto por esta Corte en Fallos: 120:372, debe suponerse que las comisiones parlamentarias estudian minuciosa y detenidamente en su fondo y forma los asuntos que despachan, por lo cual sus informes orales o escritos tienen más valor que los debates en general del Congreso o las opiniones individuales de los legisladores (Fallos: 77:319; 141 U.S. 268; 166 U.S. 290) y constituyen una fuente legítima de interpretación (Fallos: 33:228; 100:51 y 337; 114:298; 115:186; Sutherland y Lewis Statutes and Statutory Construction, párrafo 470, segunda edición 1904 y numerosos fallos allí citados, entre ellos 143 U.S. 457 y 192 U.S. 470).”
“Es por ello, que frente a una disparidad de opiniones deberá adquirir relevancia la voluntad expresada por quienes sometieron el proyecto de ley a la consideración de los restantes integrantes del Parlamento, como así también la instrumentación finalmente plasmada en el texto aprobado.” (CSJN, in re “Hermitage S.A. c/Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos - Título 5 - ley 25063 s/proceso de conocimiento”, sentencia del 15/06/2010).
De esa forma, el plazo prescriptivo feneció el día 01/01/2019 y las resoluciones determinativas aquí apeladas se dictaron el 10/12/2018.
Que por lo expuesto, las facultades del fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos por los períodos fiscales citados precedentemente y aplicar sanciones, no se encontraban prescriptas a la fecha del dictado de las resoluciones que diera origen al procedimiento determinativo ni al momento del dictado de los actos determinativos recurridos.
Por ello se resuelve, no hacer lugar al planteo de prescripción incoada por la actora. Con costas.
VI. Que expuesto lo que antecede, cabe resaltar que las presentes actuaciones tienen su génesis en la fiscalización practicada a la encartada, a raíz de la detección de operaciones con contribuyentes incluidas en la base E-Apoc.
Que según se desprende de las actuaciones administrativas, la recurrente es una sociedad anónima, cuya actividad principal declarada es la fabricación de envases de vidrio (Código según F. 883.231010), y cierra sus ejercicios comerciales el 31 de diciembre de cada año.
De este modo, la presente verificación se originó con el objeto de analizar operaciones con el proveedor presuntamente apócrifo Soset SRL, quien fue dado de alta en la base eApoc.
Del cruce de información de operaciones realizadas por el contribuyente con la base de datos eApoc, surgieron los siguientes proveedores: Soset SRL, Gotingen SA, Reciclados y Servicios Austral SA, Reciclar Mendoza SA y Cemento SA.
Asimismo, se solicitó la verificación del IVA en los periodos 12/2011 a 06/2016, Impuesto a las Ganancias periodos 2011 a 2015 y Salidas No Documentadas.
Se constató el domicilio fiscal del contribuyente y respecto a los bienes embargables, se realizó la consulta a la base de datos eFisco. Así también se realizaron consultas a la Oficina de Juicios Universales y se solicitó los antecedentes de cada contribuyente.
Con respecto al primer proveedor, Soset SRL, el informe indica que la actividad desarrollada entre otras es la venta al por mayor de productos intermedios NCP desperdicios y desechos metálicos, posee un domicilio fiscal inexistente y no fue localizada en los demás domicilios alternativos, como así tampoco pudo localizarse a los socios. No realizó pago alguno por impuestos desde su inscripción. La empresa no posee autos ni propiedades, ni ha realizado consumos relevantes, y es titular de una cuenta corriente que tuvo acreditaciones solo en el año 2013, destacándose que a fin de mes el saldo de la cuenta es cero.
Cabe destacar que el socio gerente de la proveedora Soset SRL, fue citado a declarar en el Organismo fiscal el día 15/5/2015 y manifestó que “…nunca desarrolló actividad comercial alguna, que reside en este domicilio, que es albañil y vive de changas. Asimismo agrega que fue a las oficinas de la AFIP-DGI ubicada en Cochabamba Nº 1550 una sola vez, en el año 2013, llevado por personas que le ofrecieron participar de un microemprendimiento, para lo cual cobró un total de $3.000 (tres mil), monto que le fue entregado en tres (3) cuotas de $1.000 (mil) cada una…” (fs. 23 del cuerpo anexo proveedor Soset SRL).
La empresa se encuentra inscripta en el Registro de compra venta de materiales a reciclar y de las circularizaciones realizadas a clientes de Soset SRL, se observó facturación por distintas actividades, como construcción de cabinas, refacciones en edificios, venta de hierro redondo, bolsones de áridos, movimiento de suelo; en muchos casos no se pudo verificar el circuito financiero de las operaciones, ni tampoco aportaron datos relativos al transporte de la mercadería, no se puede determinar quien efectuó las tareas dado que la firma no posee empleados. Tampoco puede identificarse si esos materiales fueron comprados a terceros. Por todo ello se cargó al contribuyente en la base apoc por considerarla “sin capacidad económica”.
Se observa que, una vez acreditadas las transferencias bancarias realizadas por Cattorini Hnos SA, se produce el débito a través de otras transferencias o cheques en el mismo día o días subsiguientes aunque no por importes exactos de la transferencia realizada por la verificada.
El segundo proveedor, Gotingen SA, en la fiscalización no se localizó a los responsables de la empresa, notificándola por art. 100 inc b) de la Ley 11.683 a lo cual no dio cumplimiento a su vencimiento. En el informe final se indica que el domicilio fiscal es una propiedad de importantes dimensiones pero se encuentra desocupado y en estado de abandono, los vecinos manifestaron desconocer a la empresa y a sus socios. La sociedad tiene dos integrantes uno vive en la Provincia de San Juan y figura como empleado de una empresa cuyo domicilio consignado es el indicado en las facturas de Gotigen SA y el otro socio vive en la Provincia de Córdoba y figura en el sistema como jubilado.
La sociedad fue incluida en la base apoc por no haber sido localizada, por irregularidades en la presentación de las declaraciones juradas, no posee capacidad económica para operar comercialmente, no registra bienes y no posee personal en relación de dependencia.
Se circularizó al banco donde el contribuyente posee su cuenta. Allí surge que se encuentran acreditados importes contabilizados por Cattorini Hnos SA, observando luego débitos bajo concepto “transferencia para pagar en efectivo” o “retiros por caja” de montos similares a los acreditados.
Tercero, Reciclar Mendoza SA, el informe indica que la actuación fue originada a partir de una denuncia donde se involucraba al estudio contable del contador Sergio Delfino y Pablo Prete en la venta de facturas apócrifas, para lo cual utilizaría empresas creadas por ellos o firma reconocidas del medio a las cuales scanearían el formato de sus comprobantes.
La empresa fue creada en 2008, integrada por dos socios, ambos titulares de cuentas bancarias con acreditaciones que no resultan de importancia.
El domicilio fiscal de la firma corresponde a una vivienda humilde, donde una señora mayor manifestó que vive en el lugar desde hace más de 5 años y que alquila el inmueble a una familia que vive en Estados Unidos, no conociendo a la empresa. El domicilio alternativo corresponde al domicilio del estudio contable que fuera allanado y en el que se encontró documentación a nombre de la empresa. El domicilio del contrato constitutivo corresponde a una casa de familia, donde vive hace más de veinte años el padre de uno de los integrantes de la sociedad.
La empresa no posee bienes registrables y no declara empleados en ningún periodo e informa cuenta bancaria con acreditaciones. La inclusión en la base apoc fue realizada bajo la condición “usina única actividad venta de facturas”.
Respecto del proveedor Reciclados y Servicios Austral SA, originado con la misma denuncia en la cual se involucraba al estudio contable del Cdor. Sergio Delfino y Pablo Prete en la venta de facturas apócrifas. La empresa se constituyó en 2014 con dos socios, uno de ellos no posee bienes registrables y posee cuenta bancaria sin acreditaciones, la otra socia es una jubilada y pensionada.
El domicilio fiscal declarado por la empresa corresponde a un inmueble que posee en su frente dos locales comerciales que se encuentran cerrados por fuera con candados. No se identifican con números, no respondiendo nadie a los llamados de ambos locales. La empresa no declara empleados en ningún periodo, no posee bienes registrables y posee tres cuentas bancarias con acreditaciones en 2014 y 2015.
El contribuyente fue incluido en la base eapoc bajo la condición “usina única actividad venta de facturas”. El proveedor Cemento SA, el informe fue generado a partir de una denuncia en la que se involucraba al estudio contable Cdores. Delfino y Prete en la venta de facturas apócrifas. Uno de los integrantes se encuentra cargado en la base eapoc por determinarse que se trata de un contribuyente sin capacidad económica. El contribuyente presentó las DDJJ del Impuesto a las Ganancias hasta el ejercicio 2014 con un incremento significativo en las ventas declaradas de los ejercicios 2013 y 2014, no existiendo ingreso del impuesto determinado. Respecto al IVA se verificaron las presentaciones de DDJJ hasta 08/2015, observándose que desde 11/2014 declaró débito fiscal cero y en 3/2015 declara crédito fiscal de $298.630.
La empresa no posee propiedades, posee un automóvil y cuatro cuentas bancarias, registrando acreditaciones muy significativas en los años 2014 y 2015. Declaró personal en relación de dependencia hasta 03/2014, no existiendo presentaciones posteriores.
La fiscalización observó que Cattorini Hnos SA registró operaciones con el contribuyente en los periodos 02/2014 a 10/2014.
En otro orden, la fiscalización dejó constancia en papeles de trabajo de los libros y folios donde Cattorini Hnos SA registró facturas emitidas por los proveedores en cuestión, detallando fecha, número de facturas, montos netos, IVA y monto total.
Asimismo, en los mismos papeles de trabajo se registró los pagos efectuados, detallando libros y folios donde contabilizó el contribuyente, relacionando para cada factura, la orden de pago, fecha y monto.
En otro orden, con la información obrante en los libros de Egresos de la empresa, se realizó el cálculo respecto a las Salidas No Documentadas plasmándose en papel de trabajo aparte.
De dicho análisis se observa que uno o dos proveedores emiten comprobantes a la verificada por un lapso de tiempo, luego, uno deja de operar y comienza un nuevo proveedor, luego deja de operar el anterior y comienza otro nuevo, y así con los cinco proveedores.
Cabe destacar que las tres sociedades involucradas en la causa, Reciclados y Servicios Austral SA, Reciclar Mendoza SA y Cemento SA, tienen domicilios en la Provincia de Mendoza. En los legajos de los proveedores se adjunta orden de pago, constancia de entrada a la planta de la empresa con los datos de mercadería entregada, todo emitido por Cattorini Hnos SA.
Finalmente, concluye que todos los papeles que conforman el legajo de los proveedores o fueron emitidos por Cattorini Hnos SA o en el caso de participar terceros como las balanzas públicas, no puede corroborarse la veracidad de las mismas, atento las grandes distancias de estas, provincias de Chaco, Córdoba, Santiago del estero y Santa Fe y la planta en Mendoza y el proveedor también en Mendoza, asimismo por la falta de detalles en muchos casos.
Como resultado de la fiscalización se impugnan las operaciones realizadas por Cattorini Hnos SA con los proveedores mencionados ut supra, y se realiza un ajuste correspondiente a la utilización de facturas emitidas por contribuyentes sin capacidad económica, donde, tanto la operación como los pagos resultaron simulados y los comprobantes fueron destinados a aumentar el gasto o computar crédito fiscal sin que se verifique actividad alguna.
VII. Que corresponde entonces entrar al análisis de la cuestión de fondo, esto es, si la misma se ajusta o no a derecho, a tenor de los agravios formulados por la recurrente en su escrito de inicio, concretamente referidos a la tacha de apócrifos de los proveedores cuestionados.
Que entrando al análisis de la impugnación de los citados proveedores, corresponde señalar que a la luz de lo expuesto en el considerando precedente, su impugnación ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y que se trata de sujetos sin capacidad operativa, patrimonial y económica necesarias para efectuar las operaciones comerciales que registran con la actora.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar y evidenciar la sustantividad de las operaciones impugnadas por la inspección actuante, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo y en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Si bien el organismo fiscal no puede colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la existencia de las operaciones, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario. Que cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Que cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto, sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Que, conforme a reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Respecto a las afirmaciones de la actora en la cual ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió de los proveedores cuestionados, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993). Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde, además, se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada "realidad económica", corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas....".
Que formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad del sujeto emisor de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando su impugnación.
Que, no obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones por los proveedores impugnados, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos que ponen seriamente en duda que dichos terceros hayan sido los verdaderos proveedores de los bienes involucrados cuyo crédito fiscal se encuentra controvertido, frente a lo cual la recurrente no puede limitarse a manifestar que los indicios colectados por la fiscalización en su mayoría son imputables a terceros. Se debe recordar en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25 de agosto de 2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” En efecto, el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones tal como pretende la recurrente (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
Asimismo cabe poner de resalto que en casos como el presente cuando se trata de operaciones cuya impugnación fundamental se basa en que las irregularidades comprobadas dieron origen a considerar que las operaciones cuestionadas no fueron concertadas con los proveedores observados, se estima que no procede computar las retenciones oportunamente ingresadas que solo existieron para dar un viso de realidad a las operaciones fraudulentas y que han quedado en evidencia en la descripción de la maniobra detectada por el Fisco Nacional. Al respecto, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Molinos Río de la Plata SA”, el 25/8/2015, la aquí recurrente carecería de legitimación para efectuar el citado reclamo en atención a que las retenciones ingresadas constituyen un anticipo del gravamen en cabeza de sus proveedores. Que, por otro lado, en cuanto al cuestionamiento del Fisco Nacional respecto de la deducibilidad de los gastos efectuados en el Impuesto a las Ganancias, surge de autos que no sólo no se ha logrado probar que los sujetos mencionados en los comprobantes impugnados fueron los verdaderos prestadores y, por ello, corresponde confirmar el ajuste del Impuesto al Valor Agregado, sino que en virtud de la normativa del Impuesto a las Ganancias, no se han aportado elementos tendientes a acreditar que los bienes han sido efectivamente recibidos o prestados, no se ofreció ni aportó prueba tendiente a demostrar que sin las compras impugnadas no se hubiera podido producir los bienes vendidos por la recurrente, ni se han arrimado elementos que acrediten el valor real de dichas operaciones, por lo que corresponde también confirmar este último ajuste.
Que, en cuanto a la determinación de salidas no documentadas respecto de la facturación impugnada, corresponde señalar que como con acierto lo expresara el Dr. Torres, se trata de “un impuesto proporcional y real a la renta neta presunta que se atribuye al beneficiario oculto. Pero esta misma ocultación ha llevado al legislador a adoptar un arbitrio técnico de inobjetable razonabilidad, cual es el de indicar como sustituto tributario al pagador de la erogación quien desplaza así en la relación jurídica impositiva al verdadero contribuyente, esto es el beneficiario oculto o sustituido tributario” y recuerda que “el sustituto tributario debe ingresar el pago definitivo por la salida no documentada en el término de quince días desde que la erogación se efectuó (art. 52, último párrafo del decreto reglamentario)” (Torres, A.; “Salidas no documentadas”, D.T.E., setiembre 1990; pg. 232). Que, al respecto cabe señalar que más allá de la carencia absoluta o simple falencia en la documentación que haga presumir su falsedad, debe analizarse si el pago es real (pero no deducible ni generador de crédito fiscal) o directamente simulado. Tener un comprobante de una erogación falsa equivale jurídicamente a no tener ninguno, desde que no puede identificarse, ni en un supuesto ni en otro, fehacientemente, al receptor de dicho pago. Que en estas condiciones, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, cabe concluir que el hecho de la carencia o falencia de la documentación de la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto.
Al respecto resulta de aplicación la doctrina jurisprudencial sentada por la Ecma. Corte Suprema de Justicia en la causa “Red Hotelera Iberoamericana S.A”, sentencia del 26/8/2003, donde sostuviera que “Que en tales circunstancias resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.), ya que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario.”
Con respecto a los agravios de la recurrente por cuanto sostiene que en el caso los pagos correspondientes a las facturas impugnadas por el Fisco, se encuentran acreditados y que por lo tanto no pueden ser consideradas como salidas no documentadas, desde que es posible conocer a quien resulta ser el beneficiario definitivo y efectivo del importe, cabe señalar que la doctrina jurisprudencial sentada por la Excma. Corte Suprema de Justicia en la causa “Red Hotelera Iberoamericana S.A”, antes citado, que “...los hechos probados en la causa llevan a coincidir con el criterio del organismo recaudador en cuanto a que los pagos efectuados ... carecen de documentación respaldatoria válida, ya que los instrumentos respectivos no son aptos para determinar cuál fue la contraprestación que la empresa actora recibió por ellos ni para individualizar al verdadero beneficiario de las erogaciones, más allá de quienes nominalmente recibieron los fondos. En efecto, al haberse realizado actos y emitido documentación carente de sinceridad, se ignora cuál ha sido la operación económica realmente realizada ..., y quiénes y en qué proporción han obtenido beneficios pecuniarios de ella.”.
Que, esta posición se ve corroborada por la Corte Suprema de Justicia el 27/9/2011 al resolver in re “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI”, donde compartió los fundamentos expuestos por el dictamen de la Procuradora Fiscal, a los que se remite en mérito de brevedad, resolviendo a favor de la procedencia del ajuste y devolviendo los autos a la Cámara para que se pronuncie sobre la multa que el organismo fiscal pretende aplicar sobre tal concepto.
En el citado dictamen se sostuvo que “Ha interpretado el Tribunal que una salida de dinero carece de documentación, a los fines de la aplicación del art 37 de la ley del impuesto a las ganancias, tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario (Fallos: 326:2987, cons. 18°).”
“De lo expuesto se colige que ambos aspectos -la debida identificación de los beneficiarios y la demostración de la causa de la erogación- adquieren una importancia capital para dilucidar la aplicación del instituto.” “Por el contrario, advierto que la cámara realizó un estudio parcial y sesgado de la cuestión en un doble aspecto. Por un lado, tuvo por individualizado al beneficiario de los pagos únicamente sobre la base del informe pericial contable producido en la misma, cuyo contenido, a mi modo de ver, resulta notoriamente insuficiente para tal fin. Por el otro, omitió todo análisis respecto de la causa de las erogaciones impugnadas."
“En efecto, como lo reconoce el propio pronunciamiento recurrido, el informe pericial se limitó a especificar que la actora llevaba sus libros en legal forma, que los pagos efectívamente se realizaron, que se emitieron los comprobantes y facturas respectivos, que ellos fueron debidamente registrados, que se practicaron las retenciones del impuesto a las ganancias por esos abonos y que ellas. fueron ingresadas al Fisco. Observo que con estas aseveraciones habrá quedado eventualmente acreditada la salida del dinero mas no, como era menester, la individualización de su receptor ni tampoco la real existencia y la materialidad de las operaciones que originaron ese movimiento de fondos.”
Allí se agrega que “...frente a la impugnación que el Fisco Nacional realizó de la documentación en trato, basada en razones sustantivas y no en meras cuestiones formales, estimo -como también oportunamente lo señaló el Tribunal Fiscal (cfr. fs. 597 vta.)- que estaba a 'cargo del. contribuyente el deber de individualizar al beneficiario de las salidas no documentadas no sólo nominalmente, sino también por medio de la acreditación de la realidad de los servicios prestados, (Fallos: 326:2987, cons. 17°)...”.
“En síntesis, ante la impugnación sustantiva del Fisco Nacional -quien imputa que las operaciones económicas y la documentación recibida por Interbaires S.A. carecen de sinceridad- el contribuyente debía probar por otros medios que tales erogaciones fueron realmente efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas (arg. art. 37, ya citado), carga con la que no cumplió, por lo que, según estimo, su suerte adversa en esta controvesia queda definitivamente sellada.”
Se agregó además que “En concordancia con lo resuelto por V.E. en Fallos: 326:2987 (en especial, cons. 10), pienso que este simple acto de cobro bancario ... no puede mejorar la suerte de la impugnación basada en la total orfandad probatoria en torno a los referidos servicios concretos que se dicen haber prestado.”
Que como puede apreciarse, no existen elementos de juicio contundentes que permitan identificar sin hesitación al verdadero beneficiario de las erogaciones; ni, como ya se advirtió, se aprecian circunstancias fácticas coherentes que permitan colegir la causa de aquellas.
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde confirmar los actos apelados en cuanto determinan el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganancias e Impuesto a las Ganancias Salidas no documentadas. Con costas.
VIII. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
IX. Que resta tratar el aspecto sancionatorio, concretamente las multas impuestas en el Impuesto a las Ganancias, Impuesto al Valor Agregado y Salidas No Documentadas.
En primer lugar, en cuanto a la multa aplicada en la Resolución 137/2018 correspondiente al Impuesto a las Ganancias -Salidas no documentadas- cabe señalar que en materia de sanciones derivadas del impuesto sobre salidas no documentadas, tal como lo sostuvo la Sala “B” de este Tribunal -en su anterior composición- al sentenciar, entre otras, las causas "Correo Argentino S.A.". sentencia del 25/10/04 y “Translavial S.A.” del 21/11/2005, el instituto previsto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias, conforme el criterio sustentado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Radio Emisora Cultural S.A.”, del 9/11/00, y “Red Hotelera Iberoamericana S.A.”, del 26/8/2003, es un tributo, que debe ser ingresado por quien hace la erogación, debiendo hacerlo a título propio. En estas condiciones, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, cabe concluir que el hecho de la carencia o falencia de la documentación de la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto, cuyo incumplimiento da lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 11683.
Que, por otra parte, la cuestión ha sido recientemente tratada por nuestro Máximo Tribunal, con fecha 12 de octubre de 2010, en los autos: "D'Ingianti, Rosario Vicente (TF 16.331-I) c/ DGI”, compartió los fundamentos expuestos por la Señora Procuradora Fiscal en su dictamen. Si bien en dicha causa se concluyó confirmando el fallo de la instancia anterior que revocaba la multa aplicada por el Organismo Fiscal en Salidas No Documentadas, conforme se desprende de la lectura del dictamen en cuestión, ello se fundamentó en la ausencia de una disposición que estableciera "forma" y "plazo de presentación" de la declaración jurada del impuesto a las ganancias -salida no documentada- en el período 1995, o bien especificara las boletas de depósito o los requisitos de las comunicaciones de pago que debían ser empleados para exteriorizar la obligación y satisfacerla. Que, en cambio, para los períodos posteriores a la vigencia de la Resolución General (AFIP) Nº 893 (esto es, 20/10/2000), conforme el dictamen de la Procuradora, dicha resolución vino a establecer la forma y plazo de ingreso, señalando que no puede discutirse que como indica el artículo 15 de la Ley Nº 11683, las boletas de depósito y las comunicaciones de pago confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporte tienen el carácter de declaración jurada. Siendo ello así, las omisiones, errores o falsedades que en dichos instrumentos se comprueben sería pasibles de las sanciones de los artículos 39, 45 y 46 de la ley ritual.
Sentado ello, cabe entonces analizar si las multas aplicadas en las resoluciones apeladas en autos, con sustento en los artículos 46 y 47 incisos a), b) y c) de la Ley 11.683, se ajustan a derecho.
Que cabe recordar que el artículo 46 de la ley de rito sanciona a quien mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa defraudare al Fisco. Ahora bien, las formas genéricas del fraude son el ardid y el engaño, que tienen como finalidad hacer creer a la víctima o mantenerla en la creencia o reforzarla en su creencia de que lo que no es verdadero lo es. Pero el ardid o el engaño han de ser “idóneos”, esto es aptos para inducir a error, en el caso, al organismo especializado en la fiscalización y recaudación tributaria.
Es decir, para que se configure el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley 11683, se requiere no sólo la intención de evadir el pago del impuesto, sino que también se exige un plus representado por la existencia de un ardid o engaño realizado por el sujeto activo del ilícito con el objeto de generar un error en la víctima de aquél. No toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un supuesto de defraudación fiscal, sino sólo aquella evasión que va acompañada de un artificio dirigido a evadir el tributo (ver en tal sentido CNCAF, Sala I, in re “Georgalos Hnos S.A.I.C.A.” con fecha 1/10/2008).
Que con relación a la multa por defraudación, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”.
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. -
SALA V – 29/3/1999).
Que por su parte, tal como sostuvo la Sala V in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) cabe dejar en claro que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314. b) En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no solo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria.
En cuanto al quantum de la sanción aplicada, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en el acto atacado una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarla en tres veces el impuesto omitido, por el contrario no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirlas al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuesto e intereses resarcitorios y multa, reduciendo la graduación de estas últimas a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.05.20 13:37:09 ART Date: 2022.05.20 15:42:48 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.05.20 19:33:14 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.05.20 19:33:46 -03:00
Fin de la sentencia