Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
I. Confirmar parcialmente la determinación de oficio del Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2006. Costas en la medida de los respectivos vencimientos.
II. Ordenar a la AFIP-DGI que en el plazo de treinta (30) días practique la correspondiente reliquidación. A tal efecto deberá la representación fiscal retirar los antecedentes administrativos de la causa de la Mesa de Entradas de este Tribunal dentro del quinto día de notificada la presente.
I. Que a fs. 102/116 la Sra. Capano, María del Carmen interpone recurso de apelación contra la Resolución N°182/2015 (DV RR1) de fecha 25/06/2015 suscripta por la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Centro de la AFIP-DGI, en la cual se le determina en forma parcial la materia imponible en el Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2006, en la suma de $60.785,44 (pesos sesenta mil setecientos ochenta y cinco con 44/100) con más la suma de $151.983,87 (pesos ciento cincuenta y un mil novecientos ochenta y tres con 87/100) en concepto de intereses resarcitorios.
Explica que contrajo matrimonio con el Sr. Raúl Subirain el 07/03/1963, con quien tiene dos hijos, Javier Alejandro Subirain y Laura Cecilia Subirain. Asegura que su marido era el sostén del matrimonio y el generador de las rentas para afrontar la vida conyugal y familiar, obteniendo sus ingresos de su desempeño en jefaturas y/o gerencias administrativas vinculadas a la actividad financiera en reconocidas compañías. Acompaña a las actuaciones, la certificación de servicios y remuneraciones emitida por el último empleador del Sr. Subirain –BANCO SCOTIABANK QUILMES S.A.- respecto de los servicios prestados desde el año 1988 hasta el año 2000; asimismo adjunta las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias presentadas por el empleador en los años 1995 a 1999, junto a una nota presentada por su marido ante la AFIP- DGI, en la que manifestaba que ella se encontraba a su cargo. Expone que en fecha 18/10/2012 se produce el fallecimiento del Sr. Subirain, manifestando que a partir de ese momento, es la sucesión el sujeto obligado ante el organismo fiscal, tal cual surge de la constancia de inscripción que adjunta.
Seguidamente, en lo que a su actividad respecta, explica que prestó servicio administrativo en el Instituto de Obra Social para el personal de los Ministerios de Salud y Acción Social y del Trabajo y Seguridad Social, desde el 04/06/1957 al 01/09/1960. Luego, cumplió funciones en el Tribunal de Cuentas de la Nación desde el 01/09/1960 y el 31/12/1979. Por último, se desempeñó como profesora suplente en la Escuela Nacional de Comercio N°19 entre el 12/05/1980 al 12/01/1989, accediendo al beneficio de la jubilación a partir del 31/05/1994, según acto administrativo que acompaña. Ello así, asevera que nunca pudo haber generado los fondos cuya titularidad le endilga el organismo fiscal en la resolución que recurre y que toda conclusión contraria a ello significaría una vulneración al principio de la capacidad contributiva. Advierte que el organismo fiscal no puede desconocer que, sin perjuicio de que una cuenta bancaria o cualquier manifestación económica se encuentre a nombre de una persona determinada, en el caso existen circunstancias de hecho como de derecho que no necesariamente significan que el dinero o cualquier otro bien le pueda ser atribuido a su propiedad.
Impugna la irregular obtención de la información en razón de la cual se le determina la materia imponible. Entiende que no corresponde justificar la información obtenida y endilgada al contribuyente mediante la invocación de un convenio suscripto con la República de Francia sobre información vinculada con la Confederación Suiza, concluyendo que tales hechos la invalidan como fuente de información para fundar el procedimiento determinativo, advirtiendo además, que no se encuentra la traducción entre los antecedentes administrativos. Por ello, solicita la exclusión de la citada prueba y la nulidad de todas las actuaciones administrativas desde la fiscalización electrónica hasta la vista conferida. Plantea la excepción de falta de legitimación pasiva, aseverando que no puede ser sujeto de las actuaciones en virtud del régimen de la declaración de ganancias en el matrimonio. Manifiesta que se encontraba debidamente acreditado que el Sr. Subirain tenía a su cargo la declaración de los ingresos de la sociedad conyugal, invocando a tal efecto las normas de la ley de impuesto a las ganancias y del Código Civil. Asevera que es sujeto de la presentes actuaciones, no en su calidad de heredera ni cónyuge supérstite del Sr. Subirain, sino directamente como contribuyente del impuesto a las ganancias, por la omisión de la declaración de supuestos ingresos gravados, propios, en el período fiscal 2006, cuando está probado que desde el año 1994 es jubilada, encontrándose sobradamente acreditada la inexistencia de capacidad contributiva. En subsidio, plantea la excepción de prescripción de las acciones y poderes del fisco para determinar la deuda que se reclama, en razón de la inaplicabilidad a su caso de las suspensiones anuales previstas en las leyes N°26.476 y N°26.860, sustentando su pretensión en lo expresado por los legisladores en el debate parlamentario.
Cita jurisprudencia. Ofrece prueba informativa. Formula reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 155/177 la representación fiscal contesta el recurso, negando los hechos y el derecho invocados por el apelante.
Manifiesta que en el marco de la fiscalización electrónica N°2.301.067 se procedió a verificar la situación del contribuyente frente al impuesto a las ganancias, período fiscal 2006, constatando que omitió declarar ingresos gravados, no habiendo presentado la declaración jurada correspondiente y dejando de ingresar el gravamen pertinente. Informa que el cargo formulado encuentra su origen en la información obtenida en el marco del Convenio entre la República Argentina y la República de Francia para evitar la doble imposición, contexto en el cual la administración tributaria argentina recepcionó de la administración tributaria francesa información en soporte magnético en la cual constaba que la apelante poseía al 31 de diciembre de 2006 cuentas no declaradas en una entidad bancaria de la Confederación Suiza.
Rechaza el planteo de nulidad sustentado en la inaplicabilidad del Convenio para evitar la doble imposición suscripto entre Argentina y Francia, y sostiene que los ajustes que motivan la resolución apelada no se sustentan en el mencionado instrumento internacional, sino en las previsiones de la ley 11.683. Entiende que si resulta aplicable en cuanto a la información que se ha recabado y que ha servido de base para establecer la real situación económico/financiera del contribuyente.
Desestima el planteo de falta de legitimación pasiva señalando que las actuaciones se tramitan en virtud de lo ordenado por el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N°3 en la causa N° 1652/2014 caratulada “HSBC BANK ARGENTINA S.A y otros s/ Infracción Ley 24.769”, en el marco de la cual los sujetos involucrados en las cuentas objeto del ajuste fueron investigados por la presunta comisión de distintos delitos fiscales contra la Hacienda Pública. Por tal motivo, la determinación en crisis trasciende la mera figuración formal en cada una de las cuentas por parte de las diferentes personas físicas, ya sea como “account holder”, “beneficial owner”, “attorney” o incluso “internet user”, por lo que resultaba necesario adecuar la emisión del acto administrativo, atendiendo a las particulares circunstancias en las que se enmarcan las presentes actuaciones administrativas.
Rechaza el planteo de prescripción, aseverando que las suspensiones dispuestas en las leyes 26.476 y 26.860 eran de carácter general y por lo tanto aplicables a todos los contribuyentes, incluída la apelante.
Destaca que de la ficha correspondiente a la cuenta N°5091436538 se desprende con absoluta claridad que la recurrente era titular –account holder- de la misma, asumiendo el mismo carácter los Sres. Raúl Subirain y Javier Alejandro Subirain. Por ello, resulta de aplicación la doctrina de la prueba dinámica –también denominada de solidaridad y colaboración- regla según la cual el deber de llevar adelante la actividad probatoria la tiene quien se encuentra en mejores condiciones de hacerlo, con la consecuencia de tener por no acreditados los extremos alegados si así no se procediere. A ese respecto, advierte que la recurrente debía presentar, con intervención de la entidad bancaria, la información que fuera conducente para desvirtuar los datos cuya realidad cuestiona, lo que no ha ocurrido en el procedimiento y ello hace presumir que tal información no existe, siendo inadmisible que su defensa se limite a cuestionar la veracidad de los datos. Con sustento en el principio de la realidad económica, manifiesta que el objeto del accionar fiscal es establecer a quien cabe la responsabilidad fiscal devengada por los hechos imponibles verificados y ocultos oportunamente. Ocultos en los hechos –por haberse destinado a una cuenta en el exterior, fuera de control fiscal de nuestro país- y en el ropaje jurídico, al titular de esos fondos en la figura de varias personas y así evitar conocer el verdadero obligado o responsable de los tributos consecuentes. Asegura que, ante tal circunstancia el fisco no tiene otra opción que atribuir la responsabilidad en la persona de todos aquellos que figuran en las listas de las cuentas bancarias, presumiendo que la situación tributaria real puede no ser la que se expone en las cuentas, siendo el accionar de los demandantes el que ha colocado al Fisco en la situación de incertidumbre evidenciada.
Cita jurisprudencia. Acompaña los antecedentes administrativos. Se opone a la prueba ofrecida por el apelante. Solicita se rechace la apelación intentada, con imposición de costas a la actora.
III. Que a fs 197 se rechaza la prueba informativa ofrecida por la actora por no versar sobre hechos controvertidos de la causa, considerando inconducente su producción.
Que a fs. 203 se elevan las presentes actuaciones a conocimiento de la Sala “B” y se disponen los autos para el dictado de sentencia.
IV. Que a efectos de resolver la cuestión traída a decisión de este Tribunal cabe tener presente que, en principio, los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros). En efecto “los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, ni tratar todos los temas expuestos, ni analizar todos los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (fallos 272:325)”, citado por la CNACAF, Sala IV 19-02-97, Causa N° 2783, “Rúffolo Roque c/ DGI”, TFN 13.174-I.
Que en primer lugar corresponde dar tratamiento a la prescripción planteada por la actora, con relación a las acciones y poderes del fisco para determinar sus obligaciones en el impuesto a las ganancias, período fiscal 2006, invocando la inaplicabilidad a su caso de las suspensiones anuales dispuestas en el art. 44 de la ley 26.476 y el art. 17 de la ley 26.860, sustentando su planteo en las expresiones esgrimidas por los legisladores en el debate parlamentario.
Ello así, a efectos de aplicar el ordenamiento jurídico vigente al caso bajo análisis, se impone atender a la plataforma fáctica que lo identifica, la que a continuación se describe:
i) El impuesto determinado corresponde a ganancias, período fiscal 2006, razón por la cual el cómputo del término se inició el 01/01/2008 (art. 57, ley 11.683).
ii) El 22/12/2008 el Congreso de la Nación sancionó la ley N° 26.476, que en su artículo 44 dispuso con carácter general la suspensión por un año del curso de la prescripción, computada desde la publicación de la norma en el boletín oficial.
iii) El 03/06/2013 el Congreso de la Nación sancionó la ley N°26.860, que en su artículo 17 dispuso con carácter general la suspensión por un año del curso de la prescripción, computada desde la publicación de la norma en el boletín oficial.
iii) El 29/12/2014 el organismo fiscal notificó la Vista y seguidamente, el 26/06/2015 notificó la resolución determinativa de oficio que se apela en los presentes autos.
Concretamente, debe examinarse si la acción del Fisco Nacional para determinar el impuesto se encontraba prescripta -tal como sostiene la actora- al momento del dictado de la resolución en crisis.
Del relato de los antecedentes emerge que las partes discrepan en torno a la viabilidad de la aplicación al caso de la suspensión del curso de la prescripción, en razón de lo dispuesto por el artículo 44 de la ley 26.476 (B.O. 24/12/2008) “ Suspéndese con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”.
En el mismo sentido, discrepan con respecto a la aplicación de la suspensión dispuesta en el artículo 17 de la ley 26.860 (B.O. 03/06/2013, que estableció “Suspéndase con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”.
En ese marco, cabe anticipar que el agravio introducido por la apelante -según el cual resultaría inaplicable a su caso lo previsto en las normas transcriptas no puede prosperar. Ello así, por cuanto la postura asumida por la recurrente en torno al alcance de la expresión “con carácter general” no es aquí compartida, pues el texto legal que nos ocupa es, indudablemente, de una claridad meridiana. Como es sabido, cuando una norma es clara en su formulación y sus alcances no ofrecen inconvenientes interpretativos, no cabe sino su directa aplicación (Fallos 308:1745; 320:2145). En efecto, acudir a los debates parlamentarios -como lo propone el apelante- con el fin de llevar a cabo una innecesaria interpretación de la norma cuando, tanto su texto como su sentido y alcance no ofrece dudas, no obedece a una buena hermenéutica jurídica.
Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la primera fuente para determinar tal voluntad es la letra de la ley (Fallos: 299:167), cuyas palabras deben ser comprendidas en el sentido más obvio del entendimiento común (Fallos: 306:796, consid. 11 y sus citas) sin que quepa a los jueces sustituir a aquél, sino aplicar la norma tal como éste la concibió (Fallos: 300:700); las leyes deben interpretarse conforme al sentido propio de las palabras que emplean sin molestar su significado específico (Fallos 295:376), máxime cuando aquel concuerda con la acepción corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico vigente (Fallos 295:376).
Acerca de esto último, cabría adicionar que la cuestión que aquí se debate ya ha merecido tratamiento por parte del Máximo Tribunal, en ocasión de establecerse similares alcances para la ley 23.495 del año 1987 –que instauró un régimen de normalización impositiva y cuyo artículo 49 establecía que se suspendía “con carácter general por el término de 1 (un) año, el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación percepción y fiscalización está a cargo de la Dirección General Impositiva y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”– resolviéndose que la suspensión del curso de la prescripción prevista en el artículo transcripto alcanzaba a la generalidad de los contribuyentes, toda vez que no se había establecido vinculación exclusiva entre la suspensión y los contribuyentes que hubiesen ejercido el derecho de acogerse al régimen de normalización tributaria (Fallos 314:1656). Vale destacar que dicho criterio fue ratificado por el mismo tribunal in re “AFIP-DGI c/Paredes Cereales Sociedad Anónima s/recurso extraordinario” del 15/10/15 –adhiriendo al dictamen de la Procuración General de la Nación del 29/5/15–, en donde, con relación al artículo 44 de la ley 26.476 se pronunció por la aplicación literal del precepto.
Ello así, cabe concluir que las suspensiones anuales resultan plenamente aplicables al presente caso, por ser aquellas de carácter general, no siendo condición para ello que el contribuyente hubiera adherido a los regímenes dispuestos en las citadas leyes.
Por lo considerado, a los fines de resolver la excepción planteada, incumbe exponer el cómputo de la prescripción según el criterio establecido en las consideraciones que preceden.
El 01/01/2008 se inició el cómputo del término, presentándose al 24/12/2008 la primera causal de suspensión, en razón de la publicación en el Boletín Oficial de la ley 26.476, que en su artículo 44 disponía, para todos los contribuyentes, un año de suspensión de los plazos en curso. Cabe precisar que, hasta operada la citada suspensión, habían transcurrido 11 meses y 23 días del término previsto en el artículo 57 de la ley 11.683.
Una vez reanudado el plazo en fecha 24/12/2009, el 03/06/2013 se presenta la segunda causal de suspensión, en razón de la sanción de la ley 26.860, que en su artículo 17 disponía, para todos los contribuyentes, un año de suspensión del plazo en curso. Hasta operada la citada suspensión, habían transcurrido 4 años, 5 meses y 23 días del término previsto en la ley de rito.
Que reanudado nuevamente el plazo el 03/06/2014 y antes del acaecimiento de la prescripción en fecha 01/01/2015, se presenta la tercera causal de suspensión de 120 días por aplicación del artículo 65, último párrafo de la ley 11.683, en razón de haberse notificado la resolución de vista en fecha 29/12/2014 (vide fs. 45 de las actuaciones administrativas). Seguidamente, y dentro del plazo de los 180 días previsto en la mencionada norma, el 26/06/2015 el fisco nacional notifica el acto de determinación de oficio que en autos se apela.
Del análisis propuesto se colige que a la fecha de notificación de la Resolución Nº 182/2015 (DV RR1) las acciones y poderes del fisco para determinar de oficio el impuesto a las ganancias, periodo fiscal 2006, se encontraban expeditos. En consecuencia, corresponde rechazar la excepción de prescripción planteada por la parte actora.
Toda vez que el planteo de prescripción no fue tratado como de previo y especial pronunciamiento sino como una defensa más frente a la pretensión fiscal, no puede considerarse de forma escindida o autónoma respecto de la unidad de la sentencia a los efectos de la imposición de costas (arg. C.S.J.N, in re “Colorín IMSSA (T.F.N 24.123-I) c/DGI” sentencia del 2 de Julio de 2013).
V. Que, en lo que respecta a los agravios de la recurrente, relativos a la inaplicabilidad del convenio suscripto con el Estado de Francia y frente a los cuestionamientos vinculados a la validez de la información que origina los cargos formulados en las resoluciones apeladas, resulta menester recordar que el artículo 27 del Convenio entre la República Argentina y la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, normado por la ley 22.537, que cuenta con un Protocolo Modificatorio al Convenio aprobado por la ley 26.276, prevé que:
“Las autoridades competentes de los Estados intercambiarán las informaciones que sean necesarias para la aplicación de las disposiciones del presente Convenio, o aquellas de la legislación interna de los Estados relativas a los impuestos comprendidos por el Convenio, en la medida en que la imposición que ella prevé no sea contraria al Convenio. Dicho intercambio de información no se verá restringido por las disposiciones del Artículo 1. Las informaciones que reciba un Estado serán mantenidas en secreto de la misma manera que los intercambios obtenidos por aplicación de la legislación interna de ese Estado y sólo se entregará a las personas o autoridades (incluso tribunales y órganos administrativos) a quienes compete el establecimiento o recaudación de los impuestos comprendidos en el Convenio, o la sustanciación de causas judiciales o apelaciones relativas a impuestos, o para las decisiones sobre los recursos concernientes a esos impuestos. Estas personas o autoridades sólo usarán estos informes para estos fines. Podrán revelar las informaciones en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales”.
En virtud del precepto glosado, resulta claro que no existían obstáculos legales para que nuestro país, en el marco del mentado convenio, recibiera información relativa a los sujetos e impuestos comprendidos en el Convenio, tendiente a su correcta administración.
No se advierte, pues, que el intercambio efectuado exceda lo dispuesto en el artículo 27 del referido convenio, sino en cambio, que el intercambio se encuentra dentro del marco de lo dispuesto en el mismo. Del texto del convenio se extrae que las autoridades competentes intercambiarán las informaciones que sean necesarias para la aplicación de las disposiciones de la legislación interna de los Estados relativas a los impuestos comprendidos en el Convenio —cfr. artículo 27-. Tal como se desprende de los fundamentos que se extraen del propio convenio, ambos países lo celebran deseosos de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio. Por lo considerado, corresponde rechazar el planteo de nulidad de la actora, mediante el cual impugna la pretendida irregular obtención de la información que dio origen a la determinación de oficio que en autos se discute.
VI. Que en lo relativo a los agravios de la recurrente referidos a la falta de validez probatoria de la información en que se sustentan los ajustes por falta de traducción oficial, corresponde señalar que este Tribunal entiende que a tenor de los datos que surgen de la misma -consistentes en datos personales de los sujetos y montos asignados a determinados números de códigos de clientes-, la falta de traducción no es óbice para su análisis.
Por otra parte, el recurrente ha tenido la posibilidad de requerir en esta instancia la traducción de dicha documentación por un perito traductor público, lo que no ha acontecido, surgiendo del propio escrito de apelación que no ha tenido inconveniente para interpretar los datos que de ella surgen.
En tal sentido, la referida documentación (fs. 21/23 de las actuaciones administrativas) atañe básicamente a datos personales tales como nombres, nacionalidades, domicilios, montos de dinero y referencias temporales, por lo que su traducción no se considera relevante y mucho menos implica que carezcan de la presunción de legitimidad prevista en la ley 19.549, como sugiere el accionante.
Que, en este orden, es dable recordar la doctrina de nuestro más alto Tribunal, en el sentido de que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo, además, ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido "Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica- Amet c/ Buenos Aires Provincia de y otro s/ amparo", C.S.J.N., 5/10/95, t. 318, p.1798; "Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios", C.S.J.N. 6/2/01, t. 324, p. 151, entre otros).
Cabría agregar que para pretender la nulidad de las actuaciones administrativas, se debe demostrar de qué concretas defensas y pruebas se habría visto privada de articular la parte en las instancias administrativas y la incidencia que dichas omisiones hubieran podido tener para modificar en su favor la situación que da origen a la causa judicial (conf. Fallos: 282:188 y sus citas; Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal, Sala V - “in re” “Sugart Pedro Medrano SA c/Secretaría de Comercio e Inversiones - disposición [DNCI] 2373/1996” - 23/9/1998), lo que no se ha acreditado en autos.
Por consiguiente, teniendo presente que la recurrente tuvo acceso a la información y pudo presentar debidamente su defensa a tales fines, corresponde rechazar esta defensa de nulidad articulada en autos.
VII. Que seguidamente incumbe adentrarse al análisis del planteo de falta de legitimación pasiva introducida por la apelante.
Que arguye la improcedencia de la determinación de oficio que la tiene como sujeto obligado, sustentando su planteo en las normas aplicables al régimen de la declaración de ganancias en el matrimonio, entendiendo que el fisco nacional incurre en la equivocación de sindicarla como sujeto obligado en el citado impuesto en virtud de las rentas generadas por las sumas existentes en las cuentas bancarias halladas en el exterior, caracterizándolos como bienes propios, cuando en realidad los ingresos eran generados por su difunto esposo, ante quien se debió dirigir la pretensión fiscal, o en su caso, determinarla en su carácter de heredera o integrante de la sociedad conyugal, lo que no ha ocurrido en el caso. Que en primer lugar, cabe adelantar que el planteo no puede prosperar. En contraposición, asiste razón al fisco nacional cuando esgrime que a los efectos de la determinación debió atender a las circunstancias particulares de la causa, y que su accionar consiste en establecer a quien cabe la responsabilidad fiscal devengada por los hechos imponible verificados y ocultos oportunamente. Ocultos en los hechos, por haberse destinado a una cuenta en el exterior, fuera del control fiscal de nuestro pais, y en el ropaje jurídico, al titular de esos fondos mediante la figura de varias personas, y asi evitar al verdadero obligado o responsable de los tributos consecuentes. Ello así, afirma que no tuvo otra opción que atribuir responsabilidad en la persona de todos aquellos que figuran en las listas de las cuentas bancarias, sobre la base del principio de la realidad económica.
Que en ese marco, yerra el apelante cuando invoca en su defensa la aplicación de la normas relativas al régimen de declaración del impuesto a las ganancias previsto para la sociedad conyugal, dado que de inicio no es posible dilucidar - tampoco se aporta prueba a tales efectos- cual es el origen de los fondos depositados en las cuentas descubiertas por la AFIP-DGI, en consecuencia, no es posible atribuir esos ingresos a la sociedad conyugal.
Que teniendo presente la prueba documental aportada por la apelante a los presentes autos, con la que pretende vincular la actividad de su esposo a la generación de los ingresos -certificación de servicios-, lo cierto es que de aquella documental no surge que el Sr. Rubén Subirain haya declarado oportunamente las cuentas del HSBC de Suiza, lo que nos lleva a descartar la posibilidad de que las sumas de dinero depositadas se correspondan con bienes gananciales, como lo pretende la apelante. Ello queda corroborado con la lectura del Informe Final de Fiscalización seguida mediante O.I Nº 1.268.169 a la Sucesión del Sr. Subirain Rubén (vide fs. 183/188 de autos) -adjuntado por la apelante- del cual se desprende que las cuentas tampoco habían formado parte del acervo hereditario del causante.
Que de la conjunción de los datos que se señalan, surge manifiesta la imposibilidad en que se vió inmerso el organismo fiscal de dilucidar en que carácter la Sra. Capano debería ser determinada por la renta que generaron los fondos depositados en las cuentas existentes en el extranjero, en las que indudablemente figuraba como titular, puesto que, las mismas nunca fueron declaradas por el marido como parte de los bienes gananciales de la sociedad conyugal, como así tampoco como bienes propios, pues insistimos, las cuentas descubiertas se encontraban ocultas para la administración tributaria argentina. En el mismo sentido, y como consecuencia de no haber sido nunca declaradas, aquellas rentas tampoco han formado parte del patrimonio objeto de la sucesión.
De tal forma, la Sra. Capano ha sido correctamente sindicada como sujeto pasivo de la determinación, teniendo presente que no ha aportado prueba alguna que permita desvincularla de la titularidad que se le endilga, siendo insuficiente invocar su pretendida falta de capacidad económica, cuando en los hechos, los fondos depositados nunca fueron declarados por los titulares de las cuentas, lo que implicó un ocultamiento de su verdadera capacidad contributiva.
Concretamente, de las constancias de autos y de los antecedentes administrativos, surge que en los años 2005 y 2006, la apelante junto a su marido y su hijo, eran titulares de una cuenta en el HSBC BANK de Suiza, siendo imposible precisar que carácter revestían las sumas allí depositadas para cada uno de ellos, es decir, no es posible determinar si resultaban bienes gananciales, o bienes propios del Sr. Rubén Subirain, o bienes propios de la apelante, no obstante, es indudable que dada la titularidad de la cuenta, los mencionados eran los dominos de los fondos allí existentes.
Por lo considerado, corresponde rechazar el planteo de falta de legitimación introducido por la apelante.
VIII. Que entrando al análisis del fondo del asunto traído a decisión, conviene comenzar por destacar que este Tribunal tiene dicho que “los métodos presuntivos para la determinación de tributos, son alternativas válidas que habilita la ley a favor de la Administración para que pueda cumplir sus objetivos en aquellos casos en que, debido a la inexistencia de elementos, registración con notorias falencias, o documentación que no resulte fehaciente...deba recurrir en forma supletoria o complementaria a esta metodología para cuantificar la base imponible” (cfr. entre otros, Armotec SACIFIC, TFN, Sala B, 10/02/1999, "Victorio Américo Gualtieri S.A.", 08/05/2007). El legislador ha aceptado la necesidad de implantar métodos indiciarios con el propósito de contrarrestar la evasión fiscal. La validez de los mismos dependerá de que su uso guarde razonable correspondencia con los restantes elementos de convicción obrantes en la causa. (doctrina de CNACAF, Sala I, in re “Casado Abel y otros”, 7/5/93).
Cabe señalar que el Fisco Nacional ha obtenido información del Fisco Francés relativa a la tenencia de cuentas bancarias en el HSBC Suiza por parte de ciudadanos argentinos. De la información en cuestión surge, conforme las planillas de fs. 21/23 obrante en los antecedentes administrativos, la existencia de diversos activos en una cuenta cuyos datos de perfil coinciden con los asignados a la aquí actora, no habiendo producido prueba alguna tendiente a demostrar no ser titular de los fondos allí depositados, como lo hubiera podido hacer mediante una informativa vía exhorto al HSBC Suiza requiriendo que dicha entidad informara si la tenía como cliente y titular de alguna cuenta bancaria.
Que, en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto Ledesma, Amalia, TFN, Sala D, 18/07/2001, Inmobiliaria Quesada SRL, TFN, Sala A, 11/04/2000, Campisi, Benito, Sala B, 10/05/1999, Bur, Delia Matilde, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996).
Cabe recordar que, si las manifestaciones de los contribuyentes no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración de los hechos y errores que le atribuye. Ello no ha acontecido en los presentes autos.
Que como tiene dicho la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede omitirse que -según reiterada doctrina, las resoluciones emanadas regularmente de la Dirección General Impositiva gozan de presunción de legitimidad -cfr. art. 12 de la ley 19.549- por lo que no resultaría ajustado admitir de inicio que ellas respondan a un obrar injustificado o abusivo (Fallos: 318:2431; 321:695; 325:2347, entre muchos otros) por lo que, "la peculiar naturaleza del acto cuestionado tiene a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)...". Asimismo, de seguirse otra tesitura "la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)" (cfr. CSJN in re "Romero SA", sentencia del 8/2/2005).
Al respecto cabe destacar que si bien este Tribunal (en virtud de lo dispuesto por el art. 146 de la ley 11683 -t.o. en 1978 sus modificaciones) tiene “...amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes...”, es jurisprudencia pacífica que en materia de prueba ello no implica “llegar al extremo de reemplazar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de la igualdad procesal” (en tal sentido ver D.F. XXII, -Compendio de Fallos- pág. 1183, referido a la causa: “Tameyfú S.R.L., Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal -Sala II- del 27/6/72, Tribunal Fiscal de la Nación C-833, del 26/3/71). Debe entenderse que incumbe a la apelante poner en movimiento la etapa de probanzas del proceso, a fin de lograr el mayor grado de verdad -apodíctica-, esto es, lograr que a partir de las pruebas aportadas el juzgador llegue al mayor grado de certeza, eliminando la posibilidad de que las cosas o los hechos hayan sucedido de forma diferente a lo que se está aseverando. Ello no ha ocurrido en autos.
Que sentado ello, corresponde analizar ahora si se encuentra debidamente cuantificado el ajuste. En ese sentido, se advierte que yerra el fisco cuando endilga al apelante el 100% de la titularidad de los fondos existentes en las cuentas, pues como bien se adelantó, existían tres titulares en pie de igualdad, siendo improcedente que la apelante deba responder por la totalidad de aquellos.
Que en ese marco, surge del informe final de la fiscalización seguida a la Sucesión del Sr. Ruben Subirain que se descargó la fiscalización electrónica 1.980.015 mediante la cual se investigaba al Sr. Javier Alejandro Subirain (el tercer titular) sin aclararse los motivos en que se fundó aquella decisión, prosiguiendo el fisco con el reclamo por el todo contra Capano.
Insistimos, de los antecedentes obrantes en la causa, surge sin dudas que eran titulares de la cuenta el Sr. Rubén Subirain, la Sra. Capano Maria del Carmen y el Sr. Subirain Javier Alejandro. Que el Sr. Ruben Subirain fallece antes que las cuentas sean descubiertas por el fisco nacional, sin haber declarado las mismas en vida, y que al momento de fiscalizarse a la sucesión, ya existía la declaratoria de herederos, siendo improcedente continuar con la pretensión contra ese sujeto, descargándose la verificación. Que la fiscalización seguida al Sr. Subirain Javier, fue desestimada por el fisco sin emitir fundamentos de ello. Finalmente, la pretensión contra la Sra. Capano es la que avanza por la totalidad de los fondos depositados, lo que resulta improcedente, pues es menester que el fisco reclame a cada uno de los sujetos por el porcentaje que le corresponde, salvo que alguno de ellos asumiera la titularidad del todo, desvinculando al resto de los solidarios, lo que no ha acontecido en el caso.
Atento lo expuesto, este tribunal considera que corresponde asignar a cada uno de los titulares de las cuentas, en partes iguales, el 33,33% del saldo existente en ellas.
Que, en virtud de lo expuesto, se procede a confirmar parcialmente la determinación de oficio del Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2006, apelada en autos, debiendo el Fisco Nacional proceder a reliquidar en función de lo resuelto en este Considerando.
IX. Que no habiéndose emitido agravios contra los intereses resarcitorios, corresponde su confirmación, debiendo ser reliquidados teniendo presente lo resuelto en el considerando precedente.
Por ello, SE RESUELVE:
I. Confirmar parcialmente la determinación de oficio del Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2006. Costas en la medida de los respectivos vencimientos.
II. Ordenar a la AFIP-DGI que en el plazo de treinta (30) días practique la correspondiente reliquidación. A tal efecto deberá la representación fiscal retirar los antecedentes administrativos de la causa de la Mesa de Entradas de este Tribunal dentro del quinto día de notificada la presente. Se deja constancia que el plazo de treinta días acordado involucra el retiro y devolución de dichos antecedentes.
III. Se deja constancia de que la presente sentencia se encuentra suscripta por los miembros titulares de las Vocalías 4ta. y 5ta. Nominación en virtud de lo dispuesto en el art. 6, 10°párrafo, del R.T.F.N.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos, y archívese.
Date: 2022.05.27 08:59:08 ART Date: 2022.05.27 18:03:31 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.05.27 18:04:19 -03:00
Fin de la sentencia