Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 33.662-A
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar la nulidad de las determinaciones tributarias practicadas en concepto de intereses devengados de los cargos objeto de la litis, que fueran confirmadas por las Resoluciones Nros. 79/2012 (AD SALO), 86/2012 (AD SALO) y 87/2012 (AD SALO), aquí apeladas.
II. Costas por su orden, atento las particularidades de la causa y el modo en que esta Sala ha decidido precedentes que guardaban sustancial analogía con el presente; a excepción de la tasa de actuación, la que queda íntegramente a cargo de la actora.
I. Que a fs. 58/74 la firma actora, por apoderado, interpone recurso de apelación contra las resoluciones 79/2012, 86/2012 y 87/2012 (AD SALO) de fecha 22/2/2012 dictada por el Administrador de la División Aduana de San Lorenzo, que rechazara las impugnaciones presentadas por Nidera S.A. con relación a los intereses vinculados a los cargos allí identificados, y consecuentemente intimara de pago por la suma objeto de la litis, que asciende a U$S 6.586.554,76.
Afirma que los pagos realizados en concepto de capital no significaron allanamiento de su parte, por lo que la cuestión de fondo no ha devenido abstracta, como lo señala la DGA en la Resolución aquí impugnada. Relata los antecedentes y hechos del caso, describe el marco normativo aplicable y solicita expresamente la rectificación de las planillas anexas a las Resoluciones ONCCA 1487/08 y 1898/08.
Pone de manifiesto el pedido formulado por la CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y el CEC (Centro de Exportadores de Cereales) a la AFIP-DGA para que suspenda la tramitación hasta tanto se resolvieran los recursos interpuestos por las distintas empresas, entre las cuales se encontraba Nidera S.A.
Asimismo, destaca expresamente que solicitó una medida cautelar autónoma (causa 19/09) ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para que se suspendiera la formulación de cargos aduaneros.
Analiza las consecuencias del nuevo régimen instaurado a partir de la vigencia de la ley 26.351. Señala que en las presentaciones realizadas ante la DGA se solicitó el pago con imputación al capital, como así también la exención de intereses; aclarando que los pagos efectuados no implicaban renuncia a los planteos de inconstitucionalidad e ilegitimidad esgrimidos en el escrito de impugnación que diera origen a las presentes actuaciones, respeto de la ley 26.351 y las Resoluciones Nros. 1487/08 y 1898/08 de la ONCCA.
Afirma la improcedencia de los intereses reclamados en autos por ausencia de mora culpable, como así también por existir circunstancias excepcionales, a partir de la entrada en vigencia de la ley 26.351, que tornaron dicha mora en “no imputable”.
En subsidio, plantea la improcedencia de la dolarización de la suma intimada por la Aduana. Manifiesta que los dólares deben convertirse en pesos en el día del registro de la exportación y no en la fecha de pago Cita jurisprudencia, ofrece prueba, hace reserva del caso, solicita se revoque la declaración de abstracta de la cuestión de fondo y el rechazo de la eximición de intereses vinculados a los cargos aduaneros formulados por la Aduana, en virtud de no existir mora culpable de su parte y, subsidiariamente, se declare inoportuna la intimación de intereses por no estar resulta la causa de fondo que le diera origen a la presente, como así también que los mismos se liquiden en pesos.
II. A fs. 84/91 vta. se presenta la representación fiscal, negando todos y cada uno de los hechos y derecho invocados por la actora que no fueran objeto de su expreso reconocimiento.
Manifiesta que no resulta irrazonable la interpretación que hace la ley 26.351 de la ley 21.453, ya que la misma tuvo en miras los objetivos relativos a las medidas tomadas por la ley de emergencia económica. Cita doctrina. Sostiene que el servicio aduanero puede, incluso a pesar del pago del interesado, formular cargos suplementarios, sin que ello implique la violación de un derecho adquirido.
Con relación a la inconstitucionalidad de las Resoluciones ONCAA planteada por la actora, recuerda lo establecido por el artículo 1164 del C.A. Asimismo, señala que la actividad de la administración se presume legítima, en tanto no se declare lo contrario por el órgano competente, no constando antecedentes de que las mencionadas Resoluciones hubieran sido declaradas ilegítimas por el órgano competente, con lo cual mantienen toda su vigencia y producen plenos efectos.
Respecto de la improcedencia de la dolarización, sostiene que no ha sido peticionado ante instancia aduanera, por ende no merece ser tomado como un agravio.
Ofrece prueba, solicita se declare la cuestión de puro derecho. Hace reserva del caso federal. Peticiona que se dicte sentencia rechazando la pretensión de la actora, con costas.
III. Que a fs. 153/153 vta. la firma recurrente informó que con fecha 15/09/2015 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por el Estado Nacional en autos caratulados “Nidera S.A. c/ ONCCA, Resoluciones 1487/08, 1898/08 y 4773/09 – Expediente 35244/09”, lo que implicó que pasara en autoridad de cosa juzgada la sentencia de la Sala III de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, mediante la cual se confirmó la nulidad decretada por el Juzgado Federal Nº 10, Secretaría Nº 20, del mismo fuero, de las Resoluciones ONCCA mencionadas. A fs. 127/151 había acompañado copia certificada de los mencionados decisorios.
Concluye que dichas Resoluciones ONCCA han sido declaradas nulas de nulidad absoluta por falta de causa y motivación, conforme el art. 7, inc. e) y 14 de la LNPA, resultando por tanto los cargos aduaneros impugnados nulos, que son la causa de los intereses cuestionados en autos.
IV. Que a fs. 189/200 la firma actora acompaña copia de la sentencia dictada por la Cámara Federal de Córdoba en los autos caratulados “Compañía Argentina de Granos S.A. c/ EN –AFIP-DGA s/ acción declarativa de certeza”, de fecha 16 de mayo de 2014.
V. Que corresponde señalar, como consideración preliminar, que la ley 21.453 que regula la exportación de productos agrícolas, estableció un sistema de registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) siendo aplicables los regímenes tributarios vigentes a la fecha de cierre de cada venta (art. 6º de la ley citada). Por su parte, la ley 26.351, en su artículo 1º, estableció que: “Cuando se produjera un incremento en más de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios alcanzados por las disposiciones de la Ley nº 21.453, en el período comprendido entre el Registro de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) y el de la oficialización de la correspondiente Destinación de Exportación, los exportadores deberán acreditar de modo fehaciente la tenencia o en su caso la adquisición de tales productos con anterioridad al aludido incremento”. Seguidamente, su artículo 2º prescribe que: “Quienes no satisfagan los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación para el cumplimiento del artículo 1º, deberán tributar la mayor alícuota en concepto de derechos de exportación, entre las vigentes a la fecha del registro de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) o a la fecha de oficialización de las respectivas destinaciones de exportación”. Por su parte, mediante su art. 4º estableció la vigencia de la misma, fijando la retroactividad de norma, alcanzando a las DJVE “que hayan sido registradas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley”. Que el Decreto 764 del 12 de mayo de 2008, reglamentario de la Ley 26.351, en mediante su art. 2º estableció que “las disposiciones de la Ley 26.351 serán aplicables a las operaciones de ventas al exterior debidamente registradas en los términos de la Ley 21.453, cuando la oficialización de las respectivas destinaciones de exportación sea posterior al 9 de noviembre de 2007”. En esta última fecha entró en vigor un aumento de alícuotas dispuesto por el Ministerio de Economía y Producción, instrumentado por las Resoluciones nros. 368/07 y 369/07.
Que, en su correlato, se dictó la Resolución ONCCA nº 1898/08 mediante la cual se hizo saber a la AFIP un listado con las DJVE respecto de las cuales las empresas exportadoras no han acreditado la adquisición o tenencia de la mercadería registrada, en los términos de la ley 26.351 y su decreto reglamentario nº 764/08. En el detalle de ese listado se encontraba, entre otras, la firma NIDERA S.A., lo que motivó el cuestionamiento de dicha Resolución por parte de ésta última.
VII. Que la firma actora inició demanda contra la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ex ONCCA) y el Estado Nacional, ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 10 con el objeto de declarar la nulidad de la Resolución ONCCA nº 1487/2008 (y su ratificatoria Nº 4773/09) y la Resolución ONCCA nº 1898/08, solicitando en subsidio la inconstitucionalidad de la aplicación retroactiva de la ley 26.351, modificatoria de la ley 21.453, y de los derechos de exportación (en cuanto al aumento de alícuota). Que dicho Juzgado hizo lugar parcialmente a las pretensiones de la recurrente, haciendo lugar a la nulidad de las Resoluciones ONCCA nros. 1487/08 (y su ratificatoria nº 4773/09) y 1898/08 (ver copia del fallo citado a fs. 239/249 de autos, en particular, Considerando 4º).
Que, en segunda instancia, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, confirmó la decisión del juez a quo (a excepción de la disposición de costas, que fue modificada) (ver fs. 250/261 de estos autos). Seguidamente, el Estado Nacional planteó recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fuera luego desestimado con fundamento en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (ver fs. 262/263), por lo que quedó firme el decisorio dictado en Cámara.
VIII. Que, bajo tales condiciones, resulta insoslayable puntualizar que ha sido la propia empresa actora quien interpuso la demanda -precedentemente relatada- en sede judicial, habiendo obtenido sobre el particular, la declaración de nulidad de la Resolución ONCCA n° 1898/08 que originó los intereses de los cargos aquí apelados, por lo que no corresponde evaluar ante esta instancia la validez de dicha Resolución ONCCA, haciendo verdad, en relación a la firma NIDERA S.A., de las cuestiones allí dirimidas.
Por ende, y partiendo de dicho presupuesto fáctico, los intereses de los cargos aduaneros aquí apelados tienen su fundamento, como ya se dijo, en la Resolución ONCCA nº 1898/08, anulada por sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada, por lo que, aquéllos devienen inaplicables. Ello así, toda vez que la validez de la Resolución ONCCA n° 1898/08, supeditó la validez de los cargos impugnados. En resumen, un acto válido no puede emanar de un acto nulo. Asimismo, debe aclararse que los intereses de los cargos aquí discutidos derivaban de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior oficializadas por NIDERA S.A. con anterioridad a la fecha de corte, esto es, al 9 de noviembre de 2007.
Por lo tanto, corresponde declarar la nulidad de los intereses involucrados en la litis relativos a la firma NIDERA S.A., por carecer de sustento jurídico los cargos que le dieran origen, atento a la ya declarada nulidad de la Resolución ONCCA n° 1898, y de todo lo actuado en su consecuencia.
Todo ello sin perjuicio de los reparos de índole constitucional que el suscripto tiene en relación al tratamiento y discusión que tuvo la ley 26.351 (B.O. 16/1/2008) en el Senado de la Nación, donde se modificara el proyecto votado por la Cámara de Diputados en base a afirmaciones que no guardaban debido correlato con la realidad de aquel momento histórico (confr. voto del Dr. Pablo Garbarino in re “Nidera S.A.” (Expte. Nro. 33.662-A), del 2 de octubre de 2019, que tramitara por ante la Vocalía de la 18° Nominación.
En efecto, es deber de este Tribunal Fiscal, atento ser el único tribunal del país especializado en la materia aduanera, velar muy especialmente por la custodia del orden jurídico en todos sus aspectos. Ello así, en el ejercicio de su sublime misión de impartir justicia tiene la obligación de adoptar decisiones justas basadas en el cabal respeto al debido proceso adjetivo establecido en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, garantizando en todo momento una tutela jurisdiccional-judicial imparcial, plena, amplia y efectiva, dentro del marco legal de su competencia legal, constitucional y convencionalmente atribuida.
No obstante, toda vez que sentencia de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de fecha 31 de marzo de 2015, por la que se confirmara la sentencia del Juzgado Nacional de Primera Instancia Nro. 10, Secretaría Nro. 20, de ese fuero, de fecha 1/10/2014- que declara la nulidad de las Resoluciones ONCCA que dieran origen a los cargos aduaneros objeto de autos- ha quedado firme y pasado en autoridad de cosa juzgada, no corresponde que esta Sala se pronuncie en relación a la validez constitucional de la normativa en crisis, habida cuenta el instituto de la inmutabilidad de la cosa juzgada, cuya aplicación en la especie deviene ineludible, en virtud de elementales razones de seguridad jurídica, como así también en aras a preservar la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 18 de la Constitución Nacional.
IX. Que de acuerdo al modo en que fue resuelta la cuestión deviene abstracto el tratamiento de las restantes cuestiones planteadas.
X. Que en cuanto a las costas, corresponde imponerlas por su orden en atención a las particularidades del caso y a la reciente decisión en sede judicial; ello con excepción de la tasa de actuación, la que queda íntegramente a cargo de la actora.
Que cabe señalar que en sentido similar se ha expedido esta Sala “F”, entre otras, en la causa nº 33.662-A, de igual carátula que la presente, que tramitara por ante la Vocalía de la 18° Nominación, mediante sentencia del 2 de octubre de 2019.
Por lo expuesto, SE RESUELVE:
I. Declarar la nulidad de las determinaciones tributarias practicadas en concepto de intereses devengados de los cargos objeto de la litis, que fueran confirmadas por las Resoluciones Nros. 79/2012 (AD SALO), 86/2012 (AD SALO) y 87/2012 (AD SALO), aquí apeladas.
II. Costas por su orden, atento las particularidades de la causa y el modo en que esta Sala ha decidido precedentes que guardaban sustancial analogía con el presente; a excepción de la tasa de actuación, la que queda íntegramente a cargo de la actora.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y al Dr. Enrique Carlos Barreira (20-04430058-4). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2022.06.10 15:52:03 -03:00 Date: 2022.06.13 01:04:59 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.06.13 01:05:00 -03:00
Fin de la sentencia