Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 41.877-I
Lo que resolvió el tribunal
I. Confirmar las resoluciones apeladas, en cuanto determinan los gravámenes y los intereses resarcitorios. Costas a la parte actora.
II. Confirmar las multas aplicadas, reduciéndolas a su mínimo legal. Costas en la medida que se confirma y por su orden en la proporción en que se reduce.
I. Que a fs.22/28 y fs. 70/76 la contribuyente Mirta Marta Soler interpone sendos recursos de apelación contra las resoluciones emitidas por la Dirección Regional Santa Fe de la AFIP-DGI:
(i) N°169/2014 (DV RRSF) que le determina con carácter parcial la materia imponible en el impuesto a las ganancias, periodos fiscales 2010 y 2011, en la suma de pesos cuatrocientos nueve mil ochocientos noventa y tres con setenta y cinco centavos ($409.183,75) con más la suma de pesos cuatrocientos cincuenta y cinco mil ciento tres con seis centavos ($455.103,06) en concepto de intereses resarcitorios, y le aplica una multa valuada en tres veces el impuesto determinado -por ambos periodos- por el monto de pesos un millón doscientos veintisiete mil quinientos cincuenta y uno con veinticinco centavos ($1.227.551,25), encuadrando su conducta en las previsiones del artículo 46 de la ley 11.683. (ii) N° 168/2014 (DV RRSF) que le determina con carácter parcial la materia imponible en el impuesto al valor agregado, periodos fiscales 01/2010 a 12/2011, en la suma de pesos trescientos cincuenta y nueve mil quinientos veintitrés con treinta y seis centavos ($ 359.523,36) con más la suma de pesos cuatrocientos ochenta y seis mil seiscientos cuarenta y uno con veintidós centavos ($486.641,22) en concepto de intereses resarcitorios, y le aplica una multa valuada en tres veces el impuesto determinado, considerando su conducta tipificada según lo dispuesto en el artículo 46 de la ley de rito. Sostiene que la determinación de oficio practicada presenta un grave error. Esgrime que se ha generado una distorsión en los márgenes de rentabilidad pretendidos como así también en los volúmenes de gastos, los que prácticamente no fueron tenidos en cuenta para la determinación de los tributos. Precisa que se consideraron operaciones como efectivamente efectuadas, sin realizar un análisis serio de los gastos y los costos, como tampoco de los márgenes de rentabilidad de la actividad en los periodos cuestionados. Asegura que los montos determinados no guardan vinculación con su nivel de operatoria y en la nada se relacionan con el rendimiento de su actividad.
Asegura que se encuentran debidamente acreditados y registrados los ingresos y egresos, no resultando operativa la estimación efectuada por el organismo fiscal, por no existir renta gravada, ventas omitidas de declarar, operatoria no registrada adecuadamente, entre otras irregularidades que se le endilgan. En consecuencia, sostiene que con la documentación acompañada y ofrecida, se acredita que se ajustó a los parámetros vigentes, según los cuales, no procedían los ajustes impositivos.
Rechaza las sanciones impuestas. Destaca que respecto de su conducta, se ha realizado una calificación a todas luces exorbitante, aseverando que nunca utilizó un mecanismo ni una organización tendiente a defraudar al fisco. Asegura que las resoluciones en crisis esgrimen acotados y limitados fundamentos, insuficientes para dar por configurado el dolo que se le endilga. En subsidio, requiere el reencuadre de las sanciones en la omisión culposa tipificada en el artículo 45 de la ley 11.683.
Propone pruebas informativa y pericial contable. Cita jurisprudencia y hace reserva del caso federal. Solicita se revoquen las resoluciones apeladas, con costas al fisco nacional.
II. Que a fs. 41/48 y fs. 87/93 la representación fiscal contesta los recursos.
Advierte que parte actora reproduce en esta instancia idénticos agravios que los expresados en su escrito de descargo de la etapa administrativa, los que se circunscriben a meras expresiones de disconformidad con los ajustes proyectados y vanos intentos de atacar la pretensión fiscal.
Ratifica la procedencia de los ajustes, en tanto asegura que el Fisco Nacional constató que la contribuyente no había declarado dentro de sus ingresos, ciertas ventas provenientes de facturas duplicadas y no registradas, todo ello conforme el cruce de la información obtenida de 38 de sus 50 clientes, con la obrante en sus registros y declaraciones juradas, que arrojan como resultado que por los periodos fiscales en pugna, no registró aproximadamente el 84,22% de las ventas celebradas con aquellos. Que frente a ello, la contribuyente no produjo prueba en etapa administrativa, por cuestiones relativas a su propia responsabilidad, y no aporta en esta etapa probanza alguna que permita desvirtuar los hechos constatados. Ello asi, insiste en la procedencia de los ajustes determinados para ambos impuestos.
Ratifica la procedencia de las multas aplicadas. Asegura que se encuentran configurados los elementos objetivo y subjetivo del tipo que se endilga. En cuanto al aspecto objetivo, señala que se ha constatado que la responsable no había declarado dentro de sus ingresos ciertas ventas provenientes de facturas duplicadas y no registradas, y como consecuencia de la presentación de declaraciones juradas inexactas había ingresado un menor tributo del que le correspondía, causando un perjuicio al erario público. En cuanto al aspecto subjetivo, señala que el dolo queda evidenciado con la conducta antijurídica deliberada que se ha configurado, a la luz de los hechos detectados por la fiscalización. Acompaña los antecedentes administrativos, se opone a la prueba ofrecida por el recurrente, cita jurisprudencia y hace reserva del caso federal. Solicita que se confirmen las resoluciones apeladas, con costas a la actora.
III. Que a fs. 98 obra agregada la sentencia que decide acumular el Expte. N° 41.877-I al Expte. N° 41.876-I. A fs. 114 se abre la causa a prueba, ordenando la producción parcial de la prueba informativa ofrecida, teniendo por desistida la producción de la pericial contable, haciendo efectivo el apercibimiento dispuesto a fs. 107. Que a fs. 127/128 obra agregado el informe emitido por la AFIP. A fs. 129 se tiene por desistida la producción de las restantes pruebas informativas pendientes.
Que a fs. 136 se clausura el periodo probatorio y a fs. 140 se elevan los autos a consideración de la Sala “B”. A fs. 143 se disponen los autos para alegar. A fs. 149/151 corre agregado el alegato producido por el Fisco Nacional, no habiendo hecho uso de tal derecho la parte actora.
Que a fs. 154 se disponen para el dictado de la sentencia.
IV. Que corresponde adentrarse al analisis del caso, haciendo en primer lugar, un racconto de los elementos constatados por la fiscalización para sustentar los ajustes pretendidos, para luego ponderar los agravios y las probanzas rendidas por la recurrente a los fines de desvituarlos.
Que a fs. 115/143 del Cuerpo Principal de IVA de los antecedentes administrativos corre agregado el informe final de inspección que expresa que la investigación tuvo su antecedente en el Caso Sefi Nº 388150 en el que se verificaban presuntos incrementos patrimoniales del Sr. Mario Andrés Barone, hijo de la contribuyente, en tanto el sujeto había manifestado ante el organismo que sus ingresos provenían del manejo del emprendimiento de su madre. Ello así, se origina la O.I Nº 725.786 a los fines de verificar las obligaciones tributarias de la Sra. Mirta Marta Soler, requiriéndole el aporte de libros y comprobantes de compras y ventas de los períodos fiscales 2010 y 2011. Asimismo, se procedió a circularizar a sus principales clientes y a los bancos.
Se deja constancia de que la rubrada se encontraba inscripta ante el organismo, que presentó las declaraciones juradas por los periodos en trato, y que se dedica principalmente a la venta de insumos médicos y artículos descartables para la atención médica humana, operando comercialmente con los principales centros hospitalarios públicos y privados de la ciudad de Santa Fe, alrededores y los principales centros urbanos al norte de la mencionada capital (San Justo, Calchaquí, Vera, Reconquista, Avellaneda y otros).
Que del cotejo de la información relevada, se detectaron diferencias entre los comprobantes aportados por los clientes y las ventas declaradas por la fiscalizada. Concretamente, se circularizaron 38 de los 50 clientes de la rubrada (ver detalle obrante a fs. 117 a 135 del informe), descubriéndose que omitió declarar ingresos dentro de sus ventas. En todos los casos, con las solas excepciones que se indican especialmente, se aportaron detalles o fotocopias de las facturas emitidas y formas de pago especificando los cheques y valores. Respecto de la información obtenida, se hace hincapié en que: -Si se relevan los clientes de la fiscalizada exteriorizados en los libros ventas de los períodos 2010 y 2011 se pueden contar 50 clientes, habiéndose circularizado 38 (un 76% del total de clientes) para lo cual se tuvieron en cuenta los clientes caracterizados por mantener un mayor número de operaciones, descartándose los que mantuvieron alguna esporádica relación comercial.
-De los 38 clientes circularizados, 1 no contesta la requisitoria (un 2,63%), 2 fueron devueltos por el correo (7,9%) y 3 no tienen diferencias con los registros de la fiscalizada (5,26%), al resto que representa la abrumadora mayoría del 84,21% de los analizados se les detectó mayoritariamente operaciones de compra a la fiscalizada no declaradas por esta última como ventas en los períodos bajo inspección. En concreto, en promedio, se halló en todo el periodo fiscalizado un 153% de ventas omitidas, por encima de las originalmente declaradas.
-Como tarea adicional, se hizo un muestreo con 8 clientes (un 21% de los 38 circularizados) con el objeto de averiguar quien o quienes eran las personas que operaban comercialmente con aquellos en nombre y/o representación de Mirta María Soler. De los resultados obtenidos, se concluye que un 88% (es decir, 7 de los 8) manifestó haber operado con el Sr. Barone, el resto mencionó haberse contactado con una persona de sexo femenino llamada Estela o Stella, y todos ellos manifestaron no conocer o no haber operado nunca con la Sra. Soler.
-De la información obtenida de los bancos con los que actuaba la recurrente -Banco Credicoop, Nuevo Banco de Santa Fe y Santander Rio- se apreció que la mayoría de los cheques y/o valores recibidos por la fiscalizada y endosados en primer término por ésta, tienen su origen en ventas de la misma (declaradas o no) y que fueron cobrados o endosados finalmente por sus proveedores o su hijo, el Sr. Barone.
Finalmente, se efectúan consideraciones con respecto a la atención dispensada por la contribuyente durante la fiscalización. Se expresa que las determinaciones practicadas se pusieron a disposición en el domicilio fiscal de Mirta Soler el 03/10/2013 mediante cédula de notificación conforme art. 100 inc. e) de la Ley 11.683 (folios 9 a 34 CPG) y luego reemplazadas y corregidas en función a la aparición de nuevos indicios de evasión el 24/10/2013. Que en fecha 01/11/2013 se constituye en la sede de la División Fiscalización Nº 2, de la Dirección Regional Santa Fe el autorizado de la fiscalizada y aporta quince comprobantes que justifican compras y gastos de la actividad (fojas 55 a 70 CPG) y el 05/11/2013 aporta mediante multinota impositivo "... nuevos elementos de prueba...", solicitando la ampliación del plazo para contestar la puesta a disposición de determinaciones impositivas (fs. 71 y ss. CPG).
A posteriori, en fecha 22/11/2013 presenta otro multinota impositivo (foja 106 CPG) manifestando que el ajuste propuesto por la fiscalización en el Impuesto a las Ganancias " ... supera ampliamente el promedio de la actividad ... " y que " ... la rentabilidad en este tipo de actividades no supera el 40% en el 2010 ni el 50% en el 2011 ..." (sic), aproximándose estos guarismos a las rentabilidades máximas expuestas en las fotocopias de facturas que aportó en fecha 05/11/2013 (ver fojas 73, 76, 80, 85 para el año 2010 y fojas 90, 92, 96 y 101 para el año 2011, todas del CPG). Que se analiza lo manifestado por la contribuyente y se advierte que los porcentajes manifestados fueron tenidos en cuenta al momento de confeccionar las determinaciones que propicia la fiscalización. Tal labor, implicó reconocer el costo presunto que se consigna en los papeles de trabajo que obran agregados en los antecedentes. Se agrega que, si bien la contribuyente no especifica a qué tipo de rentabilidad hace mención (bruta o neta), y que, el gasto no imputable al costo, que incluso fue observado en libros compras de la fiscalizada, es tan pequeño e irrelevante que torna innecesario practicar cualquier análisis al respecto, debiéndose considerar los guarismos apuntados directamente para el cómputo de la ganancia neta.
Se hace hincapié en que los ajustes que se propugnan se condicen con las observaciones planteadas en el informe de investigación que le da origen al cargo. A tal efecto, se considera acreditada la participación e injerencia del Sr. Barone en la actividad comercial de su madre. Por ende, se confirma que los incrementos patrimoniales experimentados en cabeza del hijo tienen su origen en los ingresos obtenidos por la actividad de Soler Descartables, mientras que no se detectan incrementos patrimoniales en cabeza de la Sra. Soler.
También se confirman los indicios y pautas de auditoría indicadas en las etapas previas a la presente fiscalización (Investigación y Preventiva) en cuanto a que la contribuyente emite el mismo número de factura, tanto del tipo "A" como "B", en distintas operaciones de venta, registrando luego, en sus libros y consecuentemente declarando en sus DDJJ del IVA y Ganancias, solamente una de ellas. Esta maniobra de duplicidad (en algunos casos hasta de triplicidad) de facturas de ventas, conforme al análisis de auditoría realizado, la mantiene con sus principales clientes, con los que opera comercialmente en forma asidua y constante, y configura la omisión de ingresos por ventas que es la fuente de ajustes impositivos que propugna la fiscalización.
Que en razón de las irregularidades constatadas, se efectúan los ajustes correspondientes en el IVA y en el impuesto a las ganancias, en razón de las ventas omitidas de declarar detectadas por la auditoria (ver detalle obrante a fs. 139 a 142 del informe).
V. Que teniendo presente la investigación llevada a cabo por el organismo fiscal –según se expuso en el considerando precedente- es dable advertir que los agravios de la actora contra las determinaciones de oficio no constituyen una crítica razonada de lo actuado por la inspección ni de lo argumentado por el juez administrativo, pues lo errático de sus manifestaciones ni siquiera se encuentran respaldados por la prueba a que se hizo lugar en esta instancia y que con desidia dejó de producir, accionar que reitera lo ocurrido en la etapa administrativa (ver fs. 30/31 y 37 del Cuerpo de Determinación de Oficio - IVA).
Que, en ese sentido, “quien invoca ciertos hechos como fundamento de su pretensión tiene la carga de acreditarlos (art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) y si no logra cumplir con esa carga mediante la actividad probatoria desarrollada durante el juicio, corre el riesgo de que su acción sea rechazada” (cf. Fallos 331:881). Ello constituye la regla básica que en la especie no podría ser dejada de lado, pues ni el carácter inquisitivo ni el principio de búsqueda de la verdad material que informan el procedimiento que se desarrolla ante este Tribunal implican o suponen negar su existencia, ya que aquellos principios hallan su límite en otros de similar gravitación como lo son el de la igualdad entre las partes en el proceso y el de imparcialidad del juzgador.
Que en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, lo cual ha sido pacíficamente reconocido por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver entre muchos otros precedentes “Ledesma, Amalia”, Sala D, 18/07/2001; “Inmobiliaria Quesada SRL”, Sala A, 11/04/2000; “Campisi, Benito”, Sala B, 10/05/1999; “Bur, Delia Matilde”, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996).
Cabe tener presente que, tal como lo expuso la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, in re “Molla, Pedro José”, sentencia del 27/04/2000, “...en materia de prueba, la Corte Suprema ha reconocido que las exigencias derivadas del artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 218:312, 324 y 372; 294:69)”.
Que ya al sentenciar en la causa “Emerson Argentina S.A.I.C.”, sentencia del 30/09/1974, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que “...las resoluciones emanadas de la DGI gozan de presunción de legitimidad –art. 12 de la ley 19.549-. Por consiguiente, la carga de la prueba pesa sobre aquel que impugna, el que debe demostrar los errores que la descalifican; esta conclusión concuerda con lo sostenido por la Corte, en el sentido de que cuando se trata de determinaciones impositivas, rigen reglas distintas sobre la carga de la prueba en relación a las que se aplican en los demás juicios...”.
Que, así las cosas, se advierte que la única construcción defensiva que intenta, se dirige a impugnar el índice de rentabilidad aplicado en los ajustes. A tal fin, ofrece como exclusiva probanza el oficio dirigido a la AFIP –única prueba producida en autos, frente al decaimiento de las restantes - cuya contestación obra agregada a fs. 127/128 de autos. Que lo informado, nada aporta a la controversia, ni mucho menos abre la posibilidad del tratamiento del agravio intentado por la actora, debido a su escueta exposición en el recurso a lo que se adiciona la falta de presentación de los alegatos (ver fs. 153 de autos), todo lo cual impide ponderar concretamente cual es el error que intenta endilgarle a la determinación de oficio.
En consecuencia, se mantiene incólume lo esgrimido por la fiscalizacion al momento de tratar tal planteo de la contribuyente, previo a emitir las resoluciones que se apelan en autos, cuando expuso que “Los porcentajes manifestados por la contribuyente a través de su autorizado fueron tenidos en cuenta al momento de confeccionar las determinaciones que propicia esta fiscalización. Esto implicó reconocer un costo presunto que se consigna en los papeles de trabajo que obran en fojas 110 y 111. Cabe agregar que, si bien la contribuyente no especifica en el multinota presentado el 22/11/2013 a qué tipo de rentabilidad hace mención (bruta o neta), el gasto no imputable al costo, que incluso fue observado en libros compras de la fiscalizada, es tan pequeño e irrelevante que torna innecesario practicar cualquier análisis al respecto, debiéndose considerar los guarismos apuntados directamente para el cómputo de la ganancia neta” (vide fs.138 del Cuerpo Principal del Impuesto al Valor Agregado de los Antecedentes Administrativos). En tal sentido, no caben dudas que el índice de rentabilidad aplicado se sustenta en los datos de los que se valió la AFIP para reconstruir la materia imponible haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 33 de la ley 11.683, atento que -como se dijo- la contribuyente no arrimó nuevos elementos a tales fines. En concreto, el organismo tomó la información obrante en las declaraciones juradas originales presentadas por los periodos fiscales 2010 y 2011, frente a lo cual el contribuyente se limita a esgrimir mediante multinota, la improcedencia del índice que se toma, sin presentar prueba ni otros elementos que sustenten su afirmación (ver fs. 44 y 76 del Cuerpo Auxiliar de Consultas de bases de datos y fs. 106 del Cuerpo Principal de Ganancias).
En definitiva, frente al ajuste notificado por la fiscalización y luego en la vista notificada por el juez administrativo, la recurrente debía justificar la falta de consignación de un importante porcentaje de ventas en sus declaraciones juradas de IVA y Ganancias; su deber era dar alguna explicación técnica y/o contable y/o jurídica a la divergencia entre lo declarado y la aparición de comprobantes duplicados y hasta triplicados, al cotejar la información recepcionada de sus principales clientes. Ante la falta de argumentos y pruebas a tales efectos, la fiscalización actuó conforme sus facultades, reconstruyendo de ese modo la materia imponible.
No se advierte en este procedimiento ningún vicio. Antes bien, las Resoluciones recurridas son el resultado del procedimiento que para supuestos como el analizado prevé la propia ley ritual, frente a lo cual la recurrente se ha limitado a impugnar el índice de rentabilidad con agravios genéricos y ambiguos, y sin producir probanzas, resultando inhábiles para la revocación que solicita.
Que, siendo ello así, la conclusión del Organismo Fiscal de que la contribuyente ha omitido declarar ventas de conformidad con las constancias tenidas a la vista en las actuaciones administrativas, no encuentra menoscabo en la especie puesto que la actora nada prueba en favor de su tesitura. Asimismo, en cuanto la proyección del ajuste por ventas omitidas generó la determinación de la ganancia de cada período -así como los gastos computables-, se advierte idéntica situación.
Que las consideraciones que anteceden resultan suficientes para confirmar las resoluciones apeladas, en cuanto determinan impuesto y liquidan intereses resarcitorios, con costas.
VI. En lo que respecta a las multas aplicadas, se advierte que para ambos impuestos y periodos fiscalizados, el organismo fiscal considera la conducta de la apelante encuadrada dentro del tipo dispuesto por el artículo 46 de la ley de rito. Que como sostuvo la Sala “B” in re “Sanguinetti Sergio Claudio” (Expte. nº 25.562-I) y en “Kank y Costilla S.A.” (05/11/2004) entre otros: “...el ilícito tributario previsto en el artículo 46 de la ley 11.683 requiere para su configuración la intención deliberada de no pagar el tributo en su justa medida y la realización de maniobras aptas para lograr este resultado, sin que ello sea advertido por el Fisco...”. Que, así, en la calificación de la conducta, debe prestarse especial atención al examen de todas las circunstancias del hecho incriminado y a las probanzas de la causa, para inferir de ello la existencia de dolo en el obrar (conf. “Fontana y Cía. SCC” T.F.N., 7/4/81, en D.F. Tomo XXXV-430).
Que en atención a las constancias acreditadas en los antecedentes administrativos y en los presentes autos, no asiste razón al recurrente cuando asegura que el fisco le ha dado a su conducta una calificación exorbitante y basada en acotados y limitados fundamentos, que resultarian insuficientes para dar por configurado el dolo que se le endilga. Que el referido argumento de defensa es rebatido a poco que se interpretan los elementos colectados por el personal fiscalizador que sustentan las sanciones aplicadas. La existencia de la conducta que se le imputa, comprensiva del elemento intencional puede considerarse probada en autos si se atiende a la presentación de declaraciones juradas inexactas en las que omitió declarar aproximadamente el 153% de las ventas efectuadas con sus clientes, habiendo efectuado la utilización de facturas duplicadas y hasta triplicadas.
Que a la luz de lo constatado, no caben dudas que el recurrente efectivamente ha dejado de ingresar los impuestos en su justa medida, teniendo pleno conocimiento de los hechos y de las consecuencias defraudatorias de los mismos, sin que haya presentado prueba de la existencia de una causal eximente que lo libere de responsabilidad. En ese sentido se ha pronunciado la Cámara, al precisar “Que, por otra parte, este Tribunal considera que no se precisa ser formal en la declaración de dolo ni tampoco requerir la presencia de las presunciones legales en tanto existan circunstancias y elementos de juicio que, por sí mismos, como sucede en el caso de autos, conformen la intención dolosa que da base suficiente para permitir calificar que tal conducta importa la configuración del ilícito imputado” (CNACAF, Sala IV “Feldman Jorge Abraham (TF 36.291-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, sentencia de fecha 23/12/2014).
Que, en cuanto a la escala punitiva aplicada, corresponde indicar que la discrecionalidad del juez administrativo en materia de graduación de la pena no queda exenta de la revisión posterior por parte de este Tribunal respecto de la razonabilidad del acto sancionatorio, y en el caso concreto, entendemos que la sanción no ha sido adecuadamente ponderada y graduada por aquel, pues teniendo en cuenta que el contribuyente de autos carece de antecedentes infraccionales –hecho que, en principio, lleva a reducir el quantum de la multa al mínimo legal de la escala punitiva-, debe reducirse la graduación dispuesta al mínimo legal.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
I. Confirmar las resoluciones apeladas, en cuanto determinan los gravámenes y los intereses resarcitorios. Costas a la parte actora.
II. Confirmar las multas aplicadas, reduciéndolas a su mínimo legal. Costas en la medida que se confirma y por su orden en la proporción en que se reduce.
Registrese, notifíquese, a los domicilios electronicos constituidos por las partes -conforme lo dispuesto en Acta del Acuerdo celebrado el 8 de Septiembre de 2020 IF-2020-60084748--APN-VOCXXI#TFN, anexa a la RESOL-2020-
44. APN-TFN#MEC – B.O. 11/09/2020-: a la actora en el domicilio constituído y al Fisco Nacional en la CUIT 23- 17688142-9 (Dr. Pablo A. Clavarino) y CUIT 20-21072333-2 (Dr. Oscar A. Yulan) y CUIT 33-69345023-9 (AFIP). Fecho, procedase a la impresión y agregacion de la presente al expediente papel, devuelvanse los antecedentes administrativos y, archívese.
Date: 2022.12.22 15:48:59 ART Date: 2022.12.26 14:25:39 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.12.27 12:30:46 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.27 12:31:12 -03:00
Fin de la sentencia