Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por desistida parcialmente a la actora de la acción y del derecho, incluso el de repetición en la presente causa. Con costas.
2Confirmar las resoluciones apeladas, con costas.
Y
I. Que a fs. 90/99 la actora interpone recurso de apelación contra la resoluciones N° 236/2015 y 237/2015 (DVRRLP) ambas de fecha 23 de noviembre de 2015, emanadas de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional La Plata de la A.F.I.P. -Dirección General Impositiva-. Mediante la primera de ellas, se determina el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 01/2011 a 11/2013, ambos inclusive, con más los intereses resarcitorios y una multa con sustento en el artículo 45 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), la que se gradúa en un setenta por ciento del monto omitido.
Por la segunda de ellas, se determina el Impuesto a las Ganancias, períodos fiscales 2011 y 2012, con más los intereses resarcitorios y una multa con sustento en el artículo 45 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), la que se gradúa en un setenta por ciento del monto omitido.
En su escrito de inicio, la parte actora expone las razones de hecho y de derecho en las que funda su pretensión. Se agravia por la falta de razonabilidad de los importes determinados. Explica algunas cuestiones propias de la actividad de transporte para el turismo, que su representada se encuentra empadronada en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte con el número 8499, a tenor de lo dispuesto por el artículo 40 del Decreto 958/92. Señala que dicha inscripción fue realizada en los términos del artículo 15 y del Capítulo V, del Decreto antes citado, dentro de la modalidad "circuito cerrado". Esto quiere decir que los ómnibus de propiedad de TRANSPORTE MARCO POLO S.R.L. no se encuentran en permanente tránsito, como aquellos afectados a los servicios regulares o "de línea", sino que una vez arribados al punto de destino los vehículos quedan a disposición de los pasajeros para efectuar distintas excursiones -si éstas se encuentran programadas- o, en su caso, permanecen en dicho lugar a la espera del momento del regreso.
Esta particular modalidad hace que los kilómetros recorridos por el vehículo afectado en cualquier unidad de tiempo que se elija (mes, para el Impuesto al Valor Agregado; año, en relación con el Impuesto a las Ganancias), sea menor a lo que pueda considerarse "normal".
Manifiesta que la A.F.I.P. —tal como se deduce del Informe Final de Inspección- ha cuestionado las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias sobre la base de haber detectado acreditaciones bancarias por importes superiores a los ingresos declarados, pero no ha cuestionado la documentación relevada, tanto de adquisiciones de bienes y/o servicios como la que respalda los ingresos declarados.
A través de un informe contable, que ofrece como documental y que toma como base de cálculo distintas facturas emitidas por TRANSPORTE MARCOPOLO S.A., la recurrente establece un precio promedio de seis pesos con cincuenta y un centavos ($6,51) por kilómetro, neto del I.V.A., para el período fiscal 2011, y de seis pesos con noventa y ocho centavos ($6,98), neto de I.V.A., para el período fiscal 2012 para desvirtuar la aplicación del artículo 18 inciso g) de la Ley de Procedimiento Tributario.
Luego de un análisis minusioso de la actividad, resalta que la presunción aplicada, si bien puede parecer correcta desde el punto de vista monetario, luce irrazonable cuando se la traduce al número de unidades físicas que ella representa; en este caso, la unidad física es el kilómetro recorrido.
En el caso, la aplicación de la presunción contenida en el artículo 18 inciso g) de la ley 11.683 (texto vigente) sobre las acreditaciones bancarias, carece de la necesaria adecuación de medios con los fines, ya que su aplicación no permitió arribar al conocimiento de una verosímil aptitud contributiva de su representada. Esto se comprueba en función de la cantidad de kilómetros que sería necesario recorrer para obtener la ganancia neta determinada en el acto recurrido. Plantea la confiscatoriedad de los importes reclamados tanto en comparación con el patrimonio de los períodos determinados, como con el del momento en el que presenta el recurso -cuya determinación será solicitada a la pericia contable que se ofrece-, lo que lesiona gravemente el derecho de propiedad amparado por el articulo 17 de la Constitución Nacional.
Por su parte, plantea la falta de motivación de la determinación del I.V A, resalta jurisprudencia en cuanto se necesita demostrar la existencia de ventas omitidas a efectos de motivar "intensamente" el ajuste en el último tributo mencionado. Por último, plantea el caso federal, y solicita se dejen sin efecto las resoluciones apeladas.
II. Que, a fs. 156/168 el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso, ratifica en todas sus partes las resoluciones que motivan las presentes actuaciones, solicitando el rechazo del recurso interpuesto por las razones de hecho y de derecho que expone.
Destaca que la actora no se agravio de los intereses ni de las multas por lo que entiende dichos conceptos se encuentran concentidos.
Señala que a la recurrente le cabe la carga probatoria de demostrar sus dichos, en contra de la presunción aplicada, que en oportunidad de conferirle las vistas la recurrente no ha presentado descargo alguno ni aportado elementos probatorios. Entiende que no hay violación de derechos constitucionales por parte del Fisco Nacional y niega la falta de motivación del acto.
Asimismo, acompaña las actuaciones administrativas, plantea el caso federal y pide se confirmen las resoluciones recurridas, con costas a la actora.
III. Que, a fs. 172 se abre la causa a prueba, dando por decaído el derecho a su producción a fs. 180 y 183.
IV. Que a fs. 185/187 la Dirección Regional de La Plata adjunta a este Tribunal F408/NM presentado por la actora ante esa dependencia de la cual se le confiere traslado a la recurrente. A fs. 201/202 la actora manifiesta que viene a desistir parcialmente el recurso de apelación en virtud de haberse acogido a los beneficios del Título I de la Ley 27.260 acompañando Formulario 2009 y F408NM. Indica a fs. 201vta. que realiza la imputación del importe de los bienes exteriorizados por la suma de $5.200.000, tomando la diferencia de ingresos efectuada, en el ajuste de Impuesto a las Ganancias, período 2011, en la suma de $4.485.062,62 y del período 2012 en el monto de $714.937,38. Expresa que su recurso continúa por el monto de $2.033.139,60 correspondiente al Impuesto a las Ganancias 2012 y por el Impuesto al Valor Agregado respecto de los períodos fiscales 08/2013, 09/2013, 10/2013 y 11/2013, con sus intereses y multas. Posteriormente, a fs. 253/256 la representación fiscal manifiesta que el acogimiento de la recurrente es parcial no siendo suficiente para cubrir el reclamo total y acompaña copias del expediente administrativo de reliquidación por el cual el área pertinente determinó la diferencia de impuesto por el cual debe continuar la causa, solicitando se la tenga por desistida parcialmente de la acción y del derecho, incluso el de repetición, con costas y se siga la causa conforme las actuaciones que acompaña -cuerpo que se agrega a fs. 216/254-.
Habiendo otorgado vista a la parte actora, ésta impugna la reliquidación del Fisco Nacional solicitando se le den los beneficios del art. 46 de la Ley N°27.260, en virtud de su desistimiento. Agrega que no corresponde contemplar el 10% en concepto de renta dispuesta o consumida en virtud de lo dispuesto por el art. 46 inc. a) de la ley 27.260. Por otro lado, manifiesta que ni Transportes Marco Polo SRL ni sus directivos se encuentran incursos en las causales de exclusión previstas en el inciso e) del art. 84 de la Ley 27.260.
Que a fs. 268 se levan los autos a la Sala B e inmediatamente se pasan a sentencia.
V. Que, la Ley Nº 27.260 en su Libro II “Régimen de Sinceramiento Fiscal”, Título I , estableció un sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior. Cabe señalar que en el artículo 46 de dicha ley se dispuso que los sujetos que efectúen la declaración voluntaria y excepcional e ingresen el impuesto especial, en caso de corresponder, que se establece en el artículo 41 y/o adquieran alguno de los títulos o cuotas partes previstos en el artículo 42, y los sujetos del antepenúltimo párrafo del artículo 38 por quienes puede hacerse la declaración voluntaria y excepcional, gozarán de los beneficios allí se enumerados, entre los cuales se establece en el inciso “a) No estarán sujetos a lo dispuesto por el artículo 18, inciso f), de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones, con respecto a las tenencias declaradas”; y la liberación del pago de los impuestos que se hubieren omitido ingresar y que tuvieran origen en los bienes y tenencias de moneda declarados en forma voluntaria y excepcional, los que son detallados en el inciso c) del citado artículo, entre los cuales se encuentran el impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado, que se discute en autos.
Por su parte, el artículo 30 de la Resolución General (AFIP) Nº 3919, al reglamentar el artículo 46 de la Ley 26.760, establece. “Las liberaciones referidas en el Artículo 46 de la Ley N° 27.260 también alcanzan a las obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa, contencioso administrativa o judicial, siempre que, en su caso, la determinación de oficio no se encuentre firme a la fecha de promulgación de dicha ley”. Asimismo, agrega que el contribuyente deberá allanarse total e incondicionalmente a la pretensión fiscal, y desistir y renunciar a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo, en su caso, el pago de las costas y gastos causídicos, debiendo a los efectos de formalizar el allanamiento presentar el formulario N° 408 (Nuevo Modelo) en la dependencia del organismo fiscal en la que se encuentre inscripto y que resulte competente para el control de las obligaciones fiscales por las cuales se efectúa la adhesión; debiendo luego presentar ante la instancia administrativa, contencioso administrativa o judicial en la que se sustancia la causa, la parte superior del referido formulario, debidamente intervenido.
Asimismo, según dicho artículo el contribuyente deberá imputar la tenencia y/o bien declarado a la base imponible del o de los impuestos cuyo ajuste o determinación de oficio pretenda dejar sin efecto, de acuerdo con el mecanismo previsto para cada gravamen en el inciso c) del artículo 46 del texto legal. Por último, agrega que una vez efectuada la imputación, la declaración voluntaria no podrá ser aplicada a otro ajuste o determinación de oficio, aclarando que no procederá la imputación cuando el importe de la determinación de oficio hubiese sido cancelado con anterioridad a la vigencia de la ley, aún cuando estuviera pendiente de apelación judicial o de una acción de repetición.
Que, la presentación del recurrente a fs. 194/202 da cuenta de la declaración voluntaria y excepcional de bienes, sin que se desprenda de autos la existencia de causales de exclusión establecidas en el artículo 84 de la citada ley. En el particular, el Fisco Nacional presta conformidad al desestimiento efectuado sin perjuicio de lo cual acompaña liquidación indicando concretamente los saldos que corresponde continuar las actuaciones a fs. 252.
En cuanto al planteo de la recurrente, en el sentido que no procede contemplar el 10% de la renta consumida o dispuesta en el ajuste, corresponde rechazarlo dado que el inciso a) del art. 46 de la ley N° 27.260 que se cita como fundamento lo que prevé es que no será aplicable el inciso f) del art. 18 de la Ley de Procedimiento Tributario “respecto de las tenencias exteriorizadas”. Asimismo, con respecto a que la liberación incluye los montos consumidos hasta el período fiscal 2015, según la parte final del punto 1 del inciso c) del art. 46 ya citado, cabe destacar que ello implica que las ganancias liberadas incluyen tanto aquellas no declaradas por bienes ocultos que se exteriorizan como aquellas no aplicadas a la adquisición de bienes que intergran el consumido del declarante y que de ninguna manera se está eliminando la porción de renta consumida o dispuesta de la base del ajuste practicada con fundamento en el inciso g) del art. 18 de la Ley de procedimiento Tributario.
Teniendo en cuenta ello, corresponde estar a la reliquidación presentada por el Fisco Nacional de fs. 250/252 y en función del beneficio previsto en el artículo 46 de la Ley N° 27.260 y lo dispuesto en el artículo 30 de la Resolución General (AFIP) Nº 3919, corresponde tener al recurrente por desistido parcialmente de la acción y del derecho, incluso el de repetición, en la presente causa, en los términos de la Ley N° 27.260 y sus normas complementarias, con costas.
VI. Que, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
VII. Que resuelto lo anterior y en atención al estado de la causa, corresponde a este Tribunal abordar el fondo de la cuestión en relación a los montos que no fueran alcanzados por el acogimiento vide fs. 252 de las presentes actuaciones. En ese sentido, tal como surge de la Resolución determinativa N°236/2015 la contribuyente de autos tiene como actividad principal “servicio de transporte automotor de pasajero n.c.p.” y como actividad secundaria “servicio de transporte automotor turístico de pasajeros”, asimismo, se detalla la documentación aportada por ésta. Por su parte, se observa que la fiscalización circularizó a los Bancos Galicia, Comafi, Macro y Creedicoop, los que aportan los extractos bancarios correspondientes. Solicitada la depuración de los depósitos bancarios a la firma, sólo aporta extractos bancarios del Banco Creedicoop.
Analizados los balances 2011 y 2012, la fiscalización observa que se incluye la cuenta “cheques diferidos” sobre los que la recurrente aporta mayores contables y un detalle individual con importes mensuales concordantes con el registro en diario general, de los cuales se advierten inconsistencias.
Conforme surge de dicho acto apelado, todos los asientos -incluso donde se aplica el método de lo devengado- se acreedita la cuenta Caja; lo cual entorpece el seguimiento de las cuentas patrimoniales, no reflejando los movimientos financieros reales. Así, se deja sentado en dicha resolución que dichas inconsistencias llevan a interpretar que la contabilidad carece de sinceridad, por lo que se encuentra habilitado el Fisco a proyectar la materia imponible. Ello así, corresponde analizar si las determinaciones sobre base presunta efectuadas por el Fisco Nacional en los términos del art. 18 inc. G de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.) se encuentran ajustadas a derecho. En primer lugar, conviene realizar una serie de precisiones respecto del procedimiento de determinación presuntiva en general.
El legislador ha aceptado la necesidad de implantar métodos indiciarios con el propósito de contrarrestar la evasión fiscal. La validez de los mismos dependerá de que su uso guarde razonable correspondencia con los restantes elementos de convicción obrantes en la causa. (doctrina de CNACAF, Sala I, in re “Casado Abel y otros”, 7/5/93). En efecto, este Tribunal tiene dicho que “los métodos presuntivos para la determinación de tributos, son alternativas válidas que habilita la ley a favor de la Administración para que pueda cumplir sus objetivos en aquellos casos en que, debido a la inexistencia de elementos, registración con notorias falencias, o documentación que no resulte fehaciente...deba recurrir en forma supletoria o complementaria a esta metodología para cuantificar la base imponible” (cfr. entre otros, Armotec SACIFIC, TFN, Sala B, 10/02/1999, "Victorio Américo Gualtieri S.A.", 08/05/2007).
Sabido es que en materia de determinaciones de oficio, la ley fija un orden de prelación cronológico: sólo cuando el Fisco no disponga de elementos que acrediten fehacientemente la exacta dimensión de la materia imponible (ausencia de elementos, insuficiencia de éstos o descalificación fundada de los existentes) se encontrará facultado para recurrir al método indiciario de determinación. En otros términos, la Administración Fiscal debe primero agotar los medios que permitan reconstruir la materia imponible de modo directo (o "sobre base cierta") y, sólo en los supuestos más arriba indicados, recurrir a aquel modo excepcional de determinación. Ciertamente la materia imponible reconstruida a la luz de presunciones debe estar basada en una real razonabilidad, de modo tal que dichas presunciones tengan el poder de sustituir la materia declarada por el contribuyente; esto es, los signos de presunción deben permitir un control convincente de la declaración, pero jamás se pueden erigir en una reconstrucción abusiva de la materia sujeta a impuesto (ver entre otros: "DADEA, MARTA ELISA" - T.F.N. - Sala "B" – 22/12/83, "ANTONIO GONZALEZ Y OTROS MANSIÓN ALMAR" - T.F.N. - Sala "D" – 16/8/89, "BERAJA, ALBERTO DAVID Y DWEK, JOSÉ ROBERTO" - T.F.N. - Sala "A" – 25/2/98).
En el caso particular el Fisco utilizó la presunción establecida en el inciso g) del art. 18 de la ley de procedimiento tributario en virtud de encontrar depósitos bancarios en exceso invirtiéndose la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, y que ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal (ver al respecto “Alessio Angel”, TFN Sala B, sentencia de fecha 21/08/2002; “Ledesma, Amalia”, TFN Sala D, 18/07/2001, “Inmobiliaria Quesada SRL”, TFN Sala A, 11/04/2000, “Campisi, Benito”, Sala B, 10/05/1999). Así también en la causa Bur, Delia Matilde, con fecha 12/11/1996 la C.N.A.C.A.F., Sala IV, confirmó la sentencia de este Tribunal y dijo “...No es irrazonable ni arbitraria la resolución que confirma la determinación por ajustes en el impuesto a las ganancias y al valor agregado con sustento en los mayores ingresos determinados por la sumatoria de los depósitos bancarios...” y haciendo referencia a la contribuyente agregó “A ella le incumbía acompañar la prueba idónea para depurar el movimiento de las cuentas...”.
Por otro lado, cabe recordar que si las manifestaciones de los contribuyentes no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración de los hechos y errores que le atribuye. En el caso particular, se han verificado movimientos de fondos en las cuentas recayendo en la recurrente la carga probatoria, por lo que, para satisfacer dicha probanza, debe demostrar el origen de esos fondos.
Si bien la actora, ofrece prueba informativa y pericial en el marco de estas actuaciones, ésta no ha instado las medidas probatorias arrimadas habiéndo decaído su derecho a producirlas.
Cabe señalar que si bien la actora ensaya su defensa describiendo las particularidades de su actividad en torno a demostrar la irrazonabilidad del monto determinado, resultan ser argumentos generales sin detalle ni prueba que lo sustente. En efecto, la única prueba aportada radica en prueba documental, a saber, balances, un informe especial de contador público independiente sobre cálculo de rentabilidad por kilómetro recorrido y cotización de unidades, que en forma autónoma no logran desvirtuar la presunción aplicada por el Fisco Nacional. En definitiva, no ha demostrado con documentación fehaciente el origen real de los mentados fondos.
En atención a lo expuesto precedentemente, corresponde confirmar el criterio fiscal que considera ingresos omitidos al exceso de los fondos depositados en la cuenta bancaria respecto de lo declarado que origina la presente causa, confirmando las resoluciones determinativas, con costas.
VIII. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación en la proporción en que se determina en este acto. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
IX. Que por último, resta analizar el aspecto infraccional. Ello así, cabe destacar que conforme surge de los considerandos citados ha quedado demostrado de forma acabada la materialidad de la infracción cometida por la quejosa, lo que se tradujo en la presentación inexacta de la correspondientes declaraciones juradas, y la consecuente falta de pago de los impuestos en su justa medida lo que conforma el tipo objetivo descripto por la norma infraccional. Ahora bien, el tipo infraccional contemplado en el artículo 45 de la ley procedimental, requiere para su configuración del elemento culposo.
En efecto, en el caso ha quedado acreditada la materialidad de la infracción con la confirmación de las determinaciones de oficio de la obligación tributaria y podría eximir su responsabilidad sólo acreditando la eventual existencia de un “error excusable”.
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dispuesto en el fallo Casa Elen-Valmi de Claret y Garello de fecha 31/03/1999 “esta Corte ha reconocido en numerosas oportunidades que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos - T. 271 - pág. 297; T. 303 - pág. 1548; T. 312 - pág. 149). Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente (Fallos - T. 316 - pág. 1313; causa L.269.XXXII " Lambruschi, Pedro Jorge s/L. 23771", fallada el 31/10/1997).
Que por lo tanto, toda vez que en el caso ha quedado acreditada la materialidad de la infracción prevista por el artículo 45 de la ley 11683 (texto citado) con la determinación de la obligación tributaria que ha quedado firme -de la que resulta la omisión del pago de impuestos y la inexactitud de las declaraciones juradas presentadas por la actora- la exención de responsabilidad sólo podría fundarse válidamente en la concurrencia de alguna de las circunstancias precedentemente aludidas. En orden a ello, cabe precisar que en lo referente a la eventual existencia del "error excusable", previsto por dicha norma, la sentencia únicamente fórmula una referencia indirecta, que no puede reputarse como un juicio concreto a ese respecto (cfr. fs. 246 "in fine")”.
En el caso particular, del examen de los hechos y de las constancias arrimadas permiten advertir la presencia de los supuestos requeridos para la configuración del ilícito en cuestión y su atribución a la apelante, quien no ha presentado pruebas o invocado factores atendibles, eximentes o atenuantes de su responsabilidad. A ese efecto, resultan suficientes las comprobaciones incluidas en las presentes actuaciones. Por lo expuesto corresponde confirmar las multas, con costas.
Por ello, SE
1. Tener por desistida parcialmente a la actora de la acción y del derecho, incluso el de repetición en la presente causa. Con costas.
2. Confirmar las resoluciones apeladas, con costas.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2022.03.31 19:56:30 ART Date: 2022.04.01 10:05:37 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.04.01 11:52:34 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.04.01 11:52:54 -03:00
Fin de la sentencia