Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 36.659-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la resolución apelada en cuanto determina impuesto, accesorios, como así también la multa aplicada, reduciendo esta última al mínimo legal previsto por el artículo 45 de la ley de rito. Con costas conforme los respectivos vencimientos y por su orden en la proporción en que se reduce la multa.
2Ordenar a la AFIP-DGI que en el plazo de treinta (30) días practique la correspondiente reliquidación conforme lo indicado en el último párrafo del considerando VII. A tal efecto, deberá la representación fiscal retirar los antecedentes administrativos de la causa de la Mesa de Entradas de este Tribunal dentro del quinto día de notificada la presente.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-43020444-APN-VOCVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 2 de Mayo de 2022 Apelación - Impuesto a las Ganancias”
El Expediente N° 36.659-I, “SARRICOUET, GERMÁN LUCIANO s/ Recurso de Apelación - Impuesto a las Ganancias” y CONSIDERANDO:
I. Que a fs. 15/22, la actora interpone recurso de apelación contra una resolución de la A.F.I.P. -Dirección General Impositiva- de fecha 18 de julio de 2012, suscripta por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Sur, mediante la cual se determina de oficio la obligación impositiva correspondiente al Impuesto a las Ganancias período fiscal 2006, imponiendo la obligación de ingresar la suma de $ 72.072,99 (pesos setenta y dos mil setenta y dos con noventa y nueve centavos) en concepto de impuesto, la suma de $ 103.953,28 (pesos ciento tres mil novecientos cincuenta y tres con veintiocho centavos) en concepto de intereses resarcitorios, y se aplica una multa por la suma de $50.451,09 (pesos cincuenta mil cuatrocientos cincuenta y uno con nueve centavos) graduada en el setenta por ciento (70%) del gravamen presuntamente omitido, en los términos del artículo 45 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
Manifiesta la recurrente que el ajuste efectuado por el ente fiscal es el resultado de la aplicación de la presunción establecida en el artículo 18 inc. f) de la Ley N° 11.683. Entiende que los presupuestos tomados por el ente recaudador deben autorizar a presumir la existencia y la medida del hecho imponible, o sea que debe ser lo suficientemente sólido el hecho verificado para permitir suponer la existencia de rentas y la cuantificación de tales rentas.
Asimismo, expresa que en el procedimiento de determinación de oficio, asumió la carga de probar la deficiente aplicación del art. 18, inc. f) de la norma procedimental, acreditando dos extremos. Primero, la errónea valoración de la AFIP, respecto del presupuesto de hecho que habilitaría la aplicación de la presunción, probando mediante instrumentos públicos el incremento patrimonial. Segundo, sostiene haber acreditado fehacientemente la imposibilidad material de la existencia y medida del hecho imponible presumido por la AFIP a partir de su valoración del presupuesto de hecho (fs. 17).
En ese sentido, considera que no quedan dudas acerca de la imposibilidad de la generación de rentas por su parte en el ejercicio 2006 o aún antes de éste, que no hubieran sido declaradas, ya que en esos años no vivía en el país. Asimismo, se agravia porque el ente fiscal determinó como diferencia patrimonial no justificada lo declarado en el rubro “Bienes Recibidos por Herencia, Legado o Donación”, cuando dicha diferencia -apunta- estaría justificada por una liberalidad de sus padres hacia él (fs. 17).
Por otro lado, expresa que se determinó también como diferencia patrimonial no justificada lo que hubo declarado como “Ganancias del Exterior”, sosteniendo que ha justificado sus ingresos aportando pruebas respecto del monto dinerario que obtuvo en México desde el año 2001 en adelante, como también el hecho de que dicho país fue su lugar de residencia desde el año 2001 hasta el año 2006. Además, afirma que estos hechos no han sido discutidos ni cuestionados por el Fisco Nacional, siendo expresamente reconocidos, tal como lo demuestra el hecho de que se tomaron sus viajes desde México a la Argentina, y el dinero que la legislación permitía ingresar, como ingresos exentos (fs. 17 vta/18).
En otro orden de ideas, expresa que en los años mencionados precedentemente no tuvo otro ingreso que no fuera el derivado de su relación de dependencia con TYCO FLOW CONTROL S.A., como Gerente de Producción para toda Latinoamérica, empresa multinacional que insumía todo su tiempo y su esfuerzo, lo que tornaba materialmente imposible que tuviera otra actividad, más aún si se tiene en consideración que se encontraba a miles de kilómetros de distancia de su real residencia por aquél entonces, en los Estados Unidos Mexicanos (fs. 18).
Por último, sostiene que es importantísimo destacar el error cometido por el Juez Administrativo, el que incide directamente en el monto determinado, en los intereses y en la sanción, el que consiste en que si se observa la foja 184 del cuerpo de ganancias, citado en el primer párrafo de la hoja N° 5 de la Resolución apelada, en la misma se determina como diferencia de la columna I y II el importe de $ 187.210,16 como incremento no justificado; pero esto no es así, ya que los inspectores actuantes, en la columna II consignaron como “Resultado Impositivo del Período” la suma de $ 398.964,21, que surge de la Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias “original”. Cuando la misma fue rectificada el 12/01/2012, luego de corrida la vista, admitiéndose algunas objeciones efectuadas por la oficina fiscalizadora y determinando de esa manera un “Resultado Impositivo del Período” de $ 424.700,18, que es el importe que debió ser considerado en la mencionada columna II, arrojando una diferencia de $ 161.474,19 y no de $ 187.210,16 (fs. 18).
Respecto a la multa aplicada, entiende que se observa que solamente se indica que correspondería aplicar la sanción del art. 45, sin explicar por qué, lo que muestra la ausencia absoluta de toda consideración del elemento subjetivo de culpabilidad y que la Administración sólo se basa en presunciones para la aplicación de la misma. Cita doctrina. Ofrece como prueba la incorporada a las actuaciones administrativas en el cuerpo de inspección (fs. 21 vta). Hace reserva del caso federal (fs. 22) y pide se ordene el archivo de las presentes actuaciones (fs. 22).
II. Que, a fs. 37/55 el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso, desestima los agravios de la recurrente, ratifica en todas sus partes la resolución determinativa de oficio que motiva las presentes actuaciones, solicita el rechazo del recurso impetrado por las razones de hecho y de derecho que expone, y acompaña las actuaciones administrativas. Por último, plantea el caso federal y pide se confirme la resolución recurrida, con costas a la actora.
III. Que, a fs. 63 se elevan los autos a consideración de la Sala “B” y seguidamente se ponen los mismos para sentencia.
IV. Que, sentado lo que antecede, corresponde que este Tribunal se expida respecto de los dos puntos centrales que conforman el recurso de apelación incoado por la recurrente, no conformados durante la instancia administrativa previa y que hubieran sido materia de impugnación por parte de la administración fiscal en los términos del art. 18 inciso f) de la norma procedimental. A saber, las declaraciones efectuadas en los rubros “Bienes recibidos por herencia, legado o donación” y “Ganancias y/o ingresos exentos o no gravados”. La aclaración que antecede se efectúa en razón de que el apelante hubo conformado los restantes ajustes fiscales, ya fuere a través de su reconocimiento expreso, o bien a través de la presentación de la correspondiente declaración jurada rectificativa.
Los rubros cuestionados de la declaración jurada del apelante se vinculan posteriormente con la adquisición de ciertos bienes inmuebles, a lo que debe a su vez adicionarse la venta de un bien inmueble preexistente.
V. Que, previo a tratar ambas impugnaciones, corresponde señalar que una vez establecida la naturaleza de los ajustes efectuados, cabe mencionar que los métodos presuntivos son alternativas válidas que habilita la ley en favor de la administración para que pueda cumplir sus objetivos en aquellos casos en que, debido a la inexistencia de elementos, registración con notorias falencias respaldatorias, documentación que no resulte fehaciente e insuficiencias de diversa índole, deba recurrir en forma supletoria o complementaria a esta metodología para cuantificar la base imponible (conf. voto de la mayoría in re "Dadea, Marta Elisa" sentencia del 22/12/1983, Tribunal Fiscal de la Nación, Sala “B”).
En este sentido, las reglas contenidas en el artículo 18 de la ley 11.683 refieren a presunciones legales “iuris tantum”, cuya consecuencia es la de revertir la carga probatoria, resumiéndose a una cuestión de hecho y prueba, correspondiendo a la recurrente, en ejercicio de su derecho de contradicción, desvirtuar las conclusiones a las que arribara el organismo fiscalizador.
Ahora bien, respecto de las constancias de autos, cabe dejar expresamente aclarado que no se encuentra discutido que el Sr. Germán Luciano Sarricouet residió en la ciudad de Zapopán, Estado de Jalisco, Estados Unidos Mexicanos, desde el 9 de julio de 2001 hasta aproximadamente el mes de marzo de 2006, año este último en que volvió a establecerse en la República Argentina. Ello se encuentra debidamente documentado a partir del Certificado de Residencia expedido por la Sección Consular de la Embajada de la República Argentina en los Estados Unidos Mexicanos en fecha 28 de octubre de 2005 (cfr. fs. 125, AA, Cuerpo N° 1 Impuesto a las Ganancias). En ese sentido, aun cuando el mencionado certificado informa únicamente de la residencia del actor hasta la fecha de su expedición, las constancias de autos permiten ubicar en dicho Estado extranjero al recurrente hasta el mes de marzo de 2006.
Por otro lado, tampoco hay objeción de las partes respecto a que durante su residencia en los Estados Unidos Mexicanos, el actor se desempeñó laboralmente en la empresa Tyco Valves & Controls de México, S.A. de C.V., período que la referida empresa informa desde el 16 de agosto de 2001 hasta el 15 de febrero de 2006, mediante Certificación de Ingresos debidamente certificada a través de la Apostilla de la Convención de La Haya del 5/10/1961. Dicha certificación se corresponde con su sucedánea, expedida en fecha 10 de noviembre de 2009 por la empresa Tyco Flow Control de Argentina S.A., la que abarca los meses de marzo a diciembre de 2006 (cfr. fs. 96/98, AA, Cuerpo N° 1 Impuesto a las Ganancias).
Vale decir, las dos cuestiones debidamente acreditadas durante la instancia administrativa previa permiten afirmar dos aspectos de significativa relevancia en aras de entender el presente caso. En primer lugar, que el aquí actor no revistió el carácter de residente fiscal argentino en materia del Impuesto a las Ganancias en el lapso que va del año 2001 al 2005 inclusive, en los términos de los artículos 119 y 120 de la ley del gravamen (t.o. Decreto N° 649/97) y artículo tercero agregado a continuación del art. 165 del decreto reglamentario. En segundo lugar, que durante tales períodos fiscales, el actor generó ingresos producto de su trabajo en relación de dependencia para la empresa mexicana anteriormente mencionada.
VI. Que, en ese orden, corresponde abordar el tratamiento del primer rubro objeto de impugnación “Bienes recibidos por herencia, legado o donación” correspondiente al período fiscal 2006, en el que la recurrente expusiera una suma de dinero por valor de $ 145.000 (pesos ciento cuarenta y cinco mil).
En ese sentido, cabe destacar que conforme surge de la copia -incompleta- de la Escritura Pública N° 226 de compraventa de fecha 12/12/2005, el actor adquirió -en lo que aquí interesa- el cincuenta por ciento del inmueble ubicado en la calle Agüero N° 1637, C.A.B.A., el que fuera abonado al contado a través de la donación recibida por parte de su madre, la Sra. Nelsa Margarita Lizarraga, ello con anterioridad al momento de la operación de compraventa referenciada (cfr. fs. 59/61 vta., AA, Cuerpo N° 1 Impuesto a las Ganancias).
Cabe destacar que dicha adquisición, en el caso del actor, fue efectuada mediante poder otorgado a favor de su padre, el Sr. Pedro Norberto Sarricouet.
No obstante lo expuesto, conforme surge de las actuaciones administrativas, la donación hecha por la madre del actor fue con fondos recibidos de parte del padre del actor, tal como indica el propio recurrente (cfr. fs. 124, AA, Cuerpo N° 1 Impuesto a las Ganancias).
Ahora bien, asiste razón al Fisco Nacional cuando cuestiona la procedencia de dicha imputación, toda vez que el actor no prueba la titularidad de los fondos en cabeza de la supuesta donante -su madre-, quien asimismo no se encuentra inscripta ante la Administración Fiscal, ni presenta declaraciones juradas de impuestos, circunstancia que no permite arrimar constancia alguna que dé cuenta de la posesión del dinero que el contribuyente dice recibir de parte de ella (cfr. fs. 208, AA, Cuerpo N° 2 Impuesto a las Ganancias).
Por otra parte, la pretensa explicación respecto a que el dinero donado por la madre proviene a su vez de fondos provistos por el padre del actor, tampoco tiene sustento alguno. A ese efecto, conforme surge de las declaraciones juradas de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales del Sr. Pedro Norberto Sarricouet correspondientes al período fiscal 2005, el padre del actor, no contaba con ingresos obtenidos necesarios en tal periodo ni tampoco créditos, depósitos en dinero y/o dinero efectivo suficientes al inicio de tal período fiscal como para efectuar una donación por dicha cantidad de dinero hacia el actor. Por otro lado, no se observa que el Sr. Pedro Norberto Sarricouet hubiera registrado dicha donación en sus declaraciones juradas, ni que se hubiera desprendido de algún bien con cuyo producido pudiera donar tal suma al aquí recurrente (cfr. fs. 165/166, AA, Cuerpo N° 1 Impuesto a las Ganancias).
Tanto menos, debe señalar este Tribunal, si se aplica el mismo razonamiento al otro cincuenta por ciento del inmueble adquirido, que supuestamente fuera efectuado con dinero también donado al hermano del actor por la madre del actor, ya que no hubieran alcanzado la totalidad de los ingresos declarados del padre durante el período fiscal 2005 para sufragar la supuesta donación de la madre a sus dos hijos.
Por otra parte, y respecto del argumento esgrimido por el actor en torno a la proximidad de la operación de compraventa mencionada con el final del período fiscal 2005, la falta de declaración por parte de su padre en el referido ejercicio y su posterior declaración en el año 2006, el mismo tampoco tiene sustento alguno (fs. 17 vta., autos principales). Ello así, toda vez que la declaración jurada del gravamen correspondiente al período fiscal 2005 no se liquida y presenta el mismo 31 de diciembre del respectivo año, sino varios meses después. Asimismo, de haber efectuado su imputación al período fiscal 2006, lo que no probó la recurrente no obstante haber presentado su recurso de apelación ante este organismo jurisdiccional varios años después (cfr. fs. 22, cargo de recepción de fecha 6/09/2012, autos principales), ello tampoco hubiera resuelto la impugnación realizada por el organismo recaudador, toda vez que desde el punto de vista técnico hubiera correspondido al Sr. Pedro Norberto Sarricouet rectificar las declaraciones juradas del período fiscal 2005.
En este sentido, este Tribunal no encuentra razón alguna para convalidar la tesitura de la parte actora por lo que corresponde confirmar el ajuste fiscal respecto del rubro “Bienes recibidos por herencia, legado o donación” correspondiente al período fiscal 2006, con costas.
VII. Que, resta entonces abordar el tratamiento del segundo rubro objeto de impugnación, “Ganancias y/o ingresos exentos o no gravados” correspondiente al período fiscal 2006, en el que la recurrente expusiera originalmente una suma de dinero por valor de $ 369.550 (pesos trescientos sesenta y nueve mil quinientos cincuenta).
Respecto de dicha suma de dinero, el actor habría procedido a la venta de un inmueble de su propiedad (ubicado en la calle Rugendas N° 184, Provincia de Mendoza, cuya adquisición en 1998 no se encuentra cuestionada), la que declara en primer lugar por valor de $ 109.550 (pesos ciento nueve mil quinientos cincuenta), negocio jurídico que en rigor de verdad hubo generado una renta exenta de $ 105.720 (pesos ciento cinco mil setecientos veinte) y un ajuste por valor de $ 3.830 (pesos tres mil ochocientos treinta), ya conformado por la parte actora en la instancia administrativa previa.
En ese sentido, el rubro en cuestión queda circunscripto a la justificación patrimonial de la suma de $ 260.000 (pesos doscientos sesenta mil) que el actor atribuyó -en su oportunidad- a rentas generadas a partir de su trabajo en relación de dependencia desarrollado en los Estados Unidos Mexicanos, y que fuera ingresado por él mismo, por su esposa, por sus padres y por algunos amigos -estos últimos respecto de los cuales cabe agregar que no identifica en ningún momento- en distintos viajes que realizó a la República Argentina durante el tiempo de su residencia en el exterior (cfr. fs. 266/267, AA, Cuerpo N° 2 Impuesto a las Ganancias).
Ahora bien y tal como se señalara oportunamente en el Considerando V, desde mediados de 2001 hasta febrero de 2006 inclusive, el recurrente residió en los Estados Unidos Mexicanos, desempeñándose laboralmente en la empresa Tyco Valves & Controls de México, S.A. de C.V.
Al respecto, es el actor quién, conforme su propia declaración, pretende justificar con estas rentas obtenidas en el exterior parte de las “Ganancias y/o ingresos exentos o no gravados” correspondientes al período fiscal 2006. Ante ello y conforme expresan los inspectores en el Informe Final de Inspección:
“...los actuantes procedieron a confeccionar un papel de trabajo con el detalle de las fechas en las cuales el Sr. Sarricouet ingresó al país desde el 01/01/2006 hasta el 28/02/06, encontrando tres ingresos, multiplicándolos por U$S 10.000 (que es el dinero que el contribuyente manifestó ingresar en cada viaje), obteniendo que ingresó al país U$S 30.000 que multiplicándolo por el tipo de cambio $3,02, a la fecha de compra de la propiedad a la cual se asigna esta justificación patrimonial, 09/05/2006, se obtuvo un ingreso exento de $90.600.”
“Cabe destacar que como tarea complementaria, los actuantes procedieron a comparar el monto de los ingresos percibidos con aquel monto ingresado por el contribuyente al país. Por lo expuesto, en papel de trabajo que se adjunta a fojas 169 procedieron a realizar la sumatoria de los ingresos percibidos por el Sr. Sarricouet en el exterior, México, en los meses de enero y febrero de 2006, restándole el Impuesto retenido y obteniendo así los ingresos netos percibidos, que por el tipo de cambio se arribó a la suma de U$S 41.298,69, constatando que el Sr. Sarricouet contaría con los U$S 30.000 para ingresarlos en el país.” (cfr. fs. 207, AA, Cuerpo N° 2 Impuesto a las Ganancias).
De tal forma, el Fisco Nacional admite ingresos de tal origen por los meses de enero y febrero de 2006. Por su parte, el recurrente no aporta ningún otro elemento que permita probar que obtuvo otros ingresos exentos o no gravados durante el año 2006 como para cubrir $ 260.000.
Asimismo y en caso de haber existido un remanente no consumido de las rentas obtenidas en el exterior por los periodos previos al año 2006, el mismo debió haber sido expuesto en la declaración jurada de tal año como algún tipo de activo al inicio de tal periodo fiscal. Más aún, el contribuyente en ningún momento aportó constancia alguna que demuestre la tenencia en el exterior de fondos atesorados producto de tales rentas. Sólo aportó certificación de los ingresos generados e impuestos pagados en México.
Por lo expuesto, se confirma el ajuste referido a este aspecto, con costas.
Sin perjuicio de lo hasta aquí resuelto, la parte actora señala que el Juez Administrativo ha cometido un error en la determinación del incremento patrimonial no justificado, que incide directamente en el monto estimado de ajuste, en los intereses y en la sanción, en cuanto en el primer párrafo de la hoja N° 5 de la Resolución apelada, en la misma se determina como diferencia de la columna I y II el importe de $ 187.210,16 como incremento no justificado. En efecto, este Tribunal advierte que le asiste razón a la parte actora toda vez que el incremento patrimonial no justificado conforme surge de la foja 184 del cuerpo de ganancias se determina por la diferencia entre las columnas I y II, y en la columna II se consignó como “Resultado Impositivo del Período” la suma de $ 398.964,21, que surge de la Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias “original”, cuando la misma fue rectificada, luego de corrida la vista, admitiéndose algunas objeciones efectuadas por la oficina fiscalizadora y determinando de esa manera un “Resultado Impositivo del Período” de $ 424.700,18, que es el importe que debió ser considerado en la mencionada columna II, arrojando una diferencia de $ 161.474,19 y no de $ 187.210,16. En orden a ello, deberá el Fisco Nacional reliquidar el incremento patrimonial no justificado conforme surge del párrafo anterior, como así también los intereses y la multa aplicada.
VIII. Que, corresponde ahora analizar el aspecto infraccional de la resolución en crisis, en torno al ajuste confirmado. Como surge de los relatos, en el caso de autos se le aplicó al contribuyente una multa con sustento en el artículo 45 de la ley procedimental por el período fiscal 2006.
Dicho ilícito requiere para su configuración, además de los presupuestos de culpa o negligencia, la concurrencia de dos situaciones: a) omisión de pago de impuestos y b) falta de presentación de declaraciones juradas o presentación de declaraciones juradas inexactas.
Al respecto, corresponde tener en cuenta lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia recaída en los autos “Elen Valmi de Claret y Garello” del 31 de marzo de 1999, en donde al analizar la figura del art. 45 de la ley 11683, en lo que aquí interesa dijo: “...Surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador”. Sentado ello, y tras recordar su conocida doctrina en el sentido que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena (que en esencia responde al principio de que solo puede ser reprimido quien sea culpable, esto es, aquel a quien la acción punible puede ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente), concluyó: “...si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad solo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación de alguna excusa admitida por la legislación vigente”.
Con respecto a la excusabilidad del error, la jurisprudencia se ha inclinado por comprender tanto al error de hecho como al de derecho. Para que el error de derecho, en cuanto equiparable al de hecho pudiere resultar admisible, debe aducirse y demostrarse oscuridad en las distintas disposiciones de la ley cuestionada o que de la inteligencia de su texto surgieran dudas acerca de la situación frente al tributo (CSJN -Morixe Hnos. SACI - 20/8/96). En efecto, la causal exonerativa del error excusable requiere para su viabilidad que sea esencial, decisiva e inculpable, extremos que deben ser examinados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquel a quien se le atribuye la infracción tributaria. El error es excusable si la conducta del infractor proviene de la certeza y de la convicción de la obligatoria aplicación de las normas fiscales de difícil y alambicada interpretación”.
En el caso bajo análisis, el actor reflejó en su declaración jurada una justificación patrimonial basada en una supuesta donación y en rentas del exterior del año 2006 que no pudo demostrar cuando le fuera solicitado por el organismo recaudador, lo que determina que, en efecto, se ha omitido el ingreso en tiempo y forma del gravamen debido en razón de la inexactitud de la declaración jurada oportunamente presentada por el propio recurrente. En tales condiciones, corresponde concluir que se encuentra acreditada en autos la materialidad de la infracción prevista en el art. 45 de la ley de procedimiento fiscal, toda vez que la recurrente presentó declaración jurada original consignando datos falsos e ingresando en concepto de gravamen una suma inferior a la que correspondía, y ante la falta de elementos que permitan tener por configurada la existencia de un error excusable previsto en la norma, corresponde confirmar la multa aplicada.
No obstante ello, con relación al quantum de la multa aplicada, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así se observa que el Juez Administrativo fijó la misma en el 70% del tributo determinado, sin dar mayores fundamentos para justificar esa graduación por encima del mínimo contemplado en la norma legal, sumado ello al hecho de que no surge de las actuaciones administrativas que corren por separado que el recurrente tenga antecedentes sumariales previos, razón por la cual se estima procedente reducir la misma al mínimo legal previsto por el artículo 45 de la ley ritual. Con costas en la proporción que se confirma y por su orden en lo que se reduce.
IX. Que en materia de los intereses resarcitorios, cabe señalar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. Respecto de los agravios vinculados a los intereses resarcitorios, en donde se aduce la ausencia de mora culpable, cabe señalar que, la CSJN ha revisado la doctrina de fallos “Ika Renault” en donde se expuso que “si bien en el precedente de fallos 304:203 el Tribunal estableció que resulta aplicable la última parte del art. 509 del Cod. Civil que exime al deudor de las responsabilidades de la mora cuando ésta no le es imputable, las particularidades del derecho tributario... que indudablemente se reflejan en distintos aspectos de la regulación de los mencionados intereses (fallos 308:283, 316:42 y 321: 2093), llevan a concluir que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del código civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales ajenas al deudor que deben ser restrictivamente apreciadas han impedido a éste el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria. Es evidente entonces que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con presindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la corte en otros precedentes..., se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000). Por lo expuesto, corresponde confirmar los intereses resarcitorios por la parte que se confirma . Con costas.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la resolución apelada en cuanto determina impuesto, accesorios, como así también la multa aplicada, reduciendo esta última al mínimo legal previsto por el artículo 45 de la ley de rito. Con costas conforme los respectivos vencimientos y por su orden en la proporción en que se reduce la multa.
2. Ordenar a la AFIP-DGI que en el plazo de treinta (30) días practique la correspondiente reliquidación conforme lo indicado en el último párrafo del considerando VII. A tal efecto, deberá la representación fiscal retirar los antecedentes administrativos de la causa de la Mesa de Entradas de este Tribunal dentro del quinto día de notificada la presente. Se deja constancia que el plazo de treinta días acordado involucra el retiro y devolución de dichos antecedentes.
Regístrese, notifíquese, procédase a la impresión de la presente y agregación al expediente papel y, oportunamente, archívese.
Date: 2022.04.29 20:46:17 ART Date: 2022.05.02 09:56:24 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.05.02 17:25:44 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.05.02 17:26:41 -03:00
Fin de la sentencia