Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
I. Que, a fs. 39/52 la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 270/2012 (DV SRR1) de la A.F.I.P. - Dirección General Impositiva- de fecha 8/08/2012, suscripta por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Sur, mediante la cual se determina de oficio la obligación impositiva de la recurrente en el Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2007, imponiéndole la obligación de ingresar en concepto de impuesto la suma de $220.010,18, con más la suma de $269.439,13 en concepto de intereses resarcitorios.
De modo preliminar, se observa un argumento central tendiente a lograr por parte de este Tribunal la declaración de nulidad absoluta de la resolución apelada sobre la base de una serie de argumentaciones tales como actuación ilegal por parte de la Administración Fiscal, arbitrariedad, falsedad de argumentos, la inobservancia -a su entender- de la documentación respaldatoria oportunamente presentada, el haber recurrido a la determinación sobre base presunta cuando existía base cierta, irrazonabilidad, falta de motivación, falta de objetividad en el análisis de la realidad económica, a lo que agrega el rechazo de la producción de la prueba ofrecida en sede administrativa (fs. 39 vta./48 vta.). En lo que a la cuestión de fondo se refiere, señala que el Fisco Nacional habría verificado -a su entender, de forma incorrecta- un incremento patrimonial no justificado en los términos del artículo 18 inciso “f” de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificatorias) en su declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2007, en razón de la enajenación de un inmueble de su propiedad que generara en favor del aquí apelante ingresos no gravados o exentos por valor de $868.000. Para así proceder, sostiene la recurrente que el ente recaudador interpretó de forma errónea el modo en que se sucedieron los hechos al tiempo que desconoció las normas del derecho civil, en concreto el derecho sucesorio y el derecho contractual(cfr. fs. 46/48).
Asimismo, ofrece prueba documental, informativa y pericial contable, plantea el caso federal y finalmente, peticiona se dicte sentencia revocando la resolución apelada, con costas al Fisco Nacional.
II. Que, a fs. 63/78 el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso, desestima los agravios de la recurrente, tanto los diversos planteos nulificantes -señalando que en todo momento se respetaron las normas procedimentales y el derecho de defensa de la recurrente-, como así también los referidos a la cuestión de fondo. Ratifica en todas sus partes la resolución determinativa de oficio que motiva las presentes actuaciones, destacando que la materia imponible ha sido debidamente ponderada por el juez administrativo y solicitando el rechazo del recurso impetrado por las razones de hecho y de derecho que expone, y acompaña las actuaciones administrativas.
Asimismo, desconoce la prueba documental aportada que no fuera evaluada por el juez administrativo en la instancia anterior, y se opone a la prueba informativa y pericial contable, toda vez que las considera, en esencia, dilatorias e inconducentes en lo atinente a la resolución de la cuestión ventilada en las presentes actuaciones. Por último, plantea el caso federal y pide se confirme la resolución recurrida, con costas a la actora.
III. Que, a fs. 112 se dispuso la apertura a prueba de la presente causa, admitiéndose la oposición formulada por el Fisco Nacional respecto de la prueba documental en poder de terceros y haciéndose lugar a la prueba informativa y pericial contable ofrecida por la recurrente a fs. 50 vta./51.
A fs. 122/125 obra la contestación de oficio del Boletín Oficial de la República Argentina, a fs. 128/132 la contestación del Diario Gaceta de Paz, a fs. 133/136 la contestación del Dr. Julián Subias, a fs. 149/414 la contestación del Dr. Osvaldo Risoli, a fs. 425/425 vta. la contestación de oficio del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 48 remitiendo en préstamo el Expte. N° 6985/1997 caratulado “FERRON, CAMILO s/ SUCESIÓN AB-INTESTATO”, a fs. 435 la contestación del Dr. Miguel Agustín Taliercio en su carácter de apoderado de la fallecida escribana Dra. Elba Noemí Fernández y a fs. 444/446 la contestación del Archivo de Protocolos Notariales del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, a fs. 428/429 obra agregado el informe pericial contable.
A fs. 472 se declara la clausura del período probatorio y se elevan los autos a consideración de la Sala “B”. A fs. 478/480 obran los alegatos producidos por el Fisco Nacional, no habiendo hecho uso de su derecho la parte actora.
IV. Que, a fs. 482 se ponen los mismos para sentencia.
V. Que, en primer término, corresponde expedirse en torno a los planteos de nulidad efectuados por la recurrente sobre la base de una serie de argumentaciones tales como actuación ilegal por parte de la Administración Fiscal, exceso de arbitrariedad, falsedad de argumentos, la inobservancia -a su entender- de la documentación respaldatoria oportunamente presentada, el haber recurrido a la determinación sobre base presunta cuando existía base cierta, irrazonabilidad, falta de motivación, falta de objetividad en el análisis de la realidad económica, a lo que agrega el rechazo de la producción de la prueba ofrecida, adelantando que estos argumentos carecen de fundamentos legales suficientes para sustentar la petición. En efecto, para que prospere la pretensión de la recurrente, la nulidad impetrada debe estar sustentada en un interés jurídico concreto, por lo que resulta necesario que el vicio respectivo haya colocado al recurrente en un verdadero estado de indefensión, ocasionándole un agravio no subsanable, lo que no se verifica en el caso de marras.
En ese sentido, el objeto de las nulidades procesales radica en el resguardo de la garantía constitucional de la defensa en juicio, debiendo acreditarse en cada caso el perjuicio concreto de esa garantía y que la misma ha sido conculcada. Asimismo, no pueden decretarse para satisfacer un interés teórico, sino únicamente cuando ellas hayan redundado en un perjuicio positivo y concreto para el derecho de quien las pide, lo que no ocurre en autos. Lo contrario implicaría declarar la nulidad por la nulidad misma.
Ahora bien, no se observa en el acto recurrido ninguna de las aseveraciones ya mencionadas que amerite la declaración de nulidad pretendida por el apelante. Asimismo, debe destacarse que la recurrente ha tenido en todo momento posibilidad de acceder a las actuaciones, cuando solicitada una prórroga, la misma le fue concedida, se recibió toda la documentación presentada por la recurrente e incluso, cuando hubo considerado la instancia inspectora que las explicaciones del caso no resultaban completas, también se solicitó documentación adicional que respaldara dichas aseveraciones, a la propia recurrente y a terceros.
Vale decir, en todo momento la parte actora tuvo la posibilidad de comprender el origen y el tenor de los ajustes propuestos por la fiscalización actuante, posteriormente reiterados durante el procedimiento de determinación de oficio, de defenderse y aportar prueba.
Por otro lado, aquellas argumentaciones vertidas en torno a la arbitrariedad, irrazonabilidad y carencia de objetividad en la valoración de la realidad económica resultan, en rigor de verdad, planteos vinculados al desacuerdo con la cuestión de fondo referida y a la suficiencia o no de las explicaciones brindadas y de la documental aportada ante cada nuevo pedido de información durante la etapa administrativa, mas no planteos que acarren la nulidad impetrada. Otro tanto sucede con la denegatoria de la producción de prueba, aspecto que fuera debidamente valorado por el juez administrativo y que, de todos modos, ha tenido oportunidad de producir ampliamente durante la instancia ante este organismo jurisdiccional. En atención a lo señalado precedentemente, no pueden acogerse los planteos de nulidad articulados, no correspondiendo imponer costas en forma autónoma.
Cabe recordar que en tal sentido se ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Bolland y Cía SA (TF 21.122-I) C/DGI” de fecha 21/02/2013 en el que expresó que “tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal, ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. Fs. 132) lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y -tal como lo puso de relieve el a quo- la actora la planteó “como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal” (conf. Sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia”.
VI. Que, sentado lo que antecede, corresponde que este Tribunal se expida en torno a la procedencia del ajuste efectuado por el Fisco Nacional en materia del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2007 con sustento en lo establecido en el artículo 18 inciso “f” de la norma ritual, esto es, un incremento patrimonial no justificado en cabeza del aquí actor.
Conforme surge del Informe de Investigación de fecha 05/02/2009 el origen del cargo surge del cruce sistémico centralizado en el marco del Régimen de Regularización Impositiva, Promoción y Protección del Empleo Registrado, Exteriorización y Repatriación de Capitales establecido por la Ley N° 26.476 (cfrs. fs.18, Informe de Investigación, Cuerpo de Antecedentes Asunto Preventiva N° 15.334, AA). En concreto, se detectaban inconsistencias entre las Declaraciones Juradas en el Impuesto sobre los Bienes Personales períodos fiscales 2006 y 2007 respecto a ciertos inmuebles en el exterior declarados pero que no generaban renta en el Impuesto a las Ganancias para idénticos períodos fiscales. También surgían deudas por períodos fiscales vencidos al 31/12/2007, con lo que se invitaba al contribuyente a regularizar su situación fiscal, conforme surge del Requerimiento N° 0096153 de fecha 11/02/2009 (cfr. fs. 2, Cuerpo de Actuaciones Asunto Preventiva N° 15.334, AA). En dicha oportunidad, el recurrente brindó las explicaciones del caso en torno a errores de imputación en la carga de datos por su parte y abonó algunas deudas vencidas (cfr. fs. 8/11, Cuerpo de Actuaciones Asunto Preventiva N° 15.334, AA).
No obstante lo expuesto, y ante la observancia en sus Declaraciones Juradas del Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2006 y 2007 de significativos montos en concepto de “ganancias y/o ingresos exentos o no gravados” en el cuadro de “Justificación Patrimonial” (cfr. fs. 11 y 15, Cuerpo de Antecedentes Asunto Preventiva N° 15.334, AA), se notificó el Requerimiento N° 0078117 de fecha 22/04/2009 a efectos de que el recurrente informara la composición detallada de dicho concepto (cfr. fs. 15, Cuerpo de Actuaciones Asunto Preventiva N° 15.334, AA). Conforme surge del Informe Final de Inspección de fecha 8 de octubre de 2009, al momento del vencimiento de la moratoria, esto es, el 31/08/2009, el recurrente no hubo presentado nuevos elementos de acuerdo a lo solicitado, sin perjuicio de que la inspección observó por sistema la presentación de Declaraciones Juradas rectificativas en ambos períodos fiscales con ligeras variaciones y la inclusión del saldo de impuesto en un plan de facilidades de pago Ley N° 26.476 Título I (cfr. fs. 19/36, Cuerpo de Actuaciones Asunto Preventiva N° 15.334, AA).
Es precisamente esta falta de información respecto de los montos expresados en concepto de “ganancias y/o ingresos exentos o no gravados” en el cuadro de “Justificación Patrimonial” en los períodos fiscales 2006 y 2007 lo que generará luego la Orden de Intervención N° 436.461 a partir del 2/11/2009 (cfr. fs. 1/2, Cuerpo de Actuaciones O.I. N° 1, AA). En ese orden, el recurrente brindó las explicaciones del caso en torno al período fiscal 2006, reconociendo la justificación patrimonial en la asignación de honorarios como director de CAMILO FERRON S.A. dentro del límite legalmente previsto y de la incorporación a su patrimonio de automotores y embarcaciones no declarados anteriormente en el Impuesto sobre los Bienes Personales períodos fiscales 2000 a 2005 y por tanto, tampoco reflejados en su justificación patrimonial del Impuesto a las Ganancias de los respectivos períodos fiscales.
Sin embargo, dentro de las explicaciones brindadas respecto al período fiscal 2007 -y en lo que aquí interesa- la única cuestión a dilucidar es la atinente a la venta de un inmueble en la Av. Libertador N° 3014 de la Capital Federal por valor de $868.000 (cfr. fs. 8/9, Cuerpo de Actuaciones O.I. N° 1, AA). En el entendimiento del recurrente, el inmueble vendido era de su propiedad, no así desde la tesitura del Fisco Nacional Cabe dejar sentado que , sobre un monto total pendiente de justificación por valor de $868.799 el Fisco imputa la venta de los lotes en el Partido de Berazategui (que más adelante se abordará) por valor de $302.624 (vide resolución apelada fs. 7/8 de las actuaciones), lo que desde la tesitura fiscal importa evidenciar un incremento patrimonial no justificado en los términos del artículo 18 inciso “f” de la Ley N° 11.683 por valor de $566.275 con más un 10% (diez por ciento) en concepto de renta dispuesta o consumida; arrojando un saldo de impuesto adeudado por la suma de $220.010,18.
VII. Que, tal como se señaló el recurrente pretende justificar el incremento patrimonial endilgado con el producido de la venta del inmueble de Av. Libertador N° 3014.
Conforme surge de los antecedentes administrativos, para acreditar la titularidad del inmueble el recurrente aportó un contrato de cesión de derechos de fecha 20/04/2007 celebrado entre el propio recurrente quien fijara domicilio a los efectos del referido contrato en Av. Del Libertador N° 3014 Piso 7°, por la parte cedente, y la sociedad TRIZAN S.A. CUIT 33-71004027-9 -aunque el contrato no lo explica de forma clara, más adelante se verá que se trata de una sucursal local de su matriz extranjera-, representada en dicho acto por su representante legal, la Sra. Silvina Eva Grudzinski, (cfr. fs. 30/33 y fs. 46, Cuerpo de Actuaciones O.I. N° 1, AA).
En ese orden, resulta necesario señalar algunos aspectos importantes en relación al documento aportado en aquella oportunidad.
En la cláusula primera del referido contrato hace referencia a una compra efectuada mediante Boleto de Compraventa de fecha 26/10/1985 por el Sr. Camilo Ferrón -padre del aquí actor- cuya copia menciona expresamente estar agregada a la referida cesión de derechos pero que el recurrente no aportó en esa oportunidad ante la fiscalización actuante. Asimismo, en idéntica cláusula se menciona el fallecimiento del padre del actor y del proceso sucesorio “FERRON CAMILO S/ SUCESIÓN AB INTESTATO” tramitado ante el Departamento Judicial de Lomas de Zamora y en el cual mediante declaratoria de herederos se declaró a Camilo Guillermo Ferrón como único y universal heredero del causante, aspecto que llama la atención ya que como se verá más adelante el referido proceso sucesorio tramitó ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 48 situado en la Capital Federal, y no en la jurisdicción provincial referida en el documento bajo análisis. Si bien copia de la referida declaratoria de herederos figura anexada al contrato, la misma no se aportó en oportunidad de presentar el documento a la fiscalización actuante.
Si bien entre los antecedentes contractuales surge que la Sra. Grudzinski revestía el carácter de representante de la sociedad TRIZAN S.A., según inscripción en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Ciudad de La Plata, de fecha 20/02/2007 en la Matrícula 82519 Legajo 149355, no se deja constancia en el contrato de haber exhibido dicha documentación, ni tampoco se agrega copia, tratándose de una sociedad registrada tan solo dos meses antes de la supuesta fecha de firma de la cesión de derechos .
Del juego de las cláusulas tercera y cuarta surge que el precio de la cesión de derechos fue fijado en la suma de U$D 520.000 (dólares estadounidenses quinientos veinte mil) pagaderos en tres pagos en dinero efectivo, a saber a) antes del 20/05/2007 la suma de U$D 280.000, b) el día 30/04/2009 la suma de USD 100.000 y c) el 30/04/2010 la suma de U$D 140.000, previendo los pagos mencionados en b) y c) un interés compensatorio del 4% (cuatro por ciento) anual. Asimismo las partes dejaron constancia de que los pagos únicamente se harían en efectivo toda vez que el recurrente no poseía cuentas bancarias en dólares. Este dato sirve de momento para explicar en la tesitura del recurrente que al 31/12/2007 el dinero supuestamente recibido de la cesionaria por la suma de USD 280.000 se correspondería con el importe de $868.000 al tipo de cambio de 3,10 volcado en su declaración jurada del Impuesto a las Ganancias período fiscal 2007.
Por otro lado, la cláusula quinta preveía la extensión de pagarés en garantía por el monto de cada cuota y sus intereses, avalado a satisfacción del recurrente, lo cual también resulta un dato de relevancia ya que a la fecha de presentación del contrato ante la fiscalización actuante -esto es, el 16/12/2009- debía subsistir al menos el último de los tres pagarés otorgados en garantía, dado que el vencimiento de la última cuota todavía no había operado -30 /04/2010-sin embargo no fue aportado.
Asimismo, cabe señalar que la cláusula sexta también resulta de interés para la resolución del caso de marras, ya que preveía la entrega de la posesión en fecha 27/04/2007, fecha de total relevancia para el esclarecimiento de los hechos en estas actuaciones, toda vez que como se verá más adelante en dicha fecha aconteció la venta por escritura pública del referido inmueble y entre los antecedentes listados por el escribano interviniente en la operación no figura mención alguna a la cesión de derechos bajo análisis.
Por último, no puede dejar de mencionarse el hecho de que el documento presentado ante la fiscalización por el recurrente lleva impresa la fecha 20/04/2007 y dos firmas manuscritas en formato ilegible con las respectivas aclaraciones también impresas, versión que en esencia coincide con aquella presentada por la supuesta cesionaria TRIZAN S.A. a requerimiento de la fiscalización (cfr. fs. 486/490, Cuerpo de Actuaciones O.I. N° 3, AA),Ninguno aportó el supuesto boleto de compraventa, ni la declaratoria de herederos que el propio contrato refería como adjuntados en copia. Por otro lado, tampoco aportó recibos de pago alguno que, al menos en la inteligencia derivada de la ejecución del referido contrato de cesión sumado a la fecha de la presentación efectuada por TRIZAN S.A. ante la fiscalización -esto es, el 10 de junio de 2011- (cfr. fs. 455, Cuerpo de Actuaciones O.I. N° 3, AA), teóricamente debían encontrarse en su poder como prueba de los pagos hipotéticamente realizados al Sr. Camilo Guillermo Ferrón -todos los cuales ya habían vencido- .
Ahora bien, existen otras dos copias del referido contrato de cesión obrantes no ya en los antecedentes administrativos sino en los cuerpos principales del expediente tramitado ante este Tribunal Fiscal, y esas dos versiones no solo no coinciden con las presentadas durante la etapa administrativa sino que además de la prueba producida en esta causa también hay inconsistencias que llaman poderosamente la atención de este organismo jurisdiccional.
En esa tónica, lo expresado en el párrafo que antecede no es un dato menor, ya que será recién en oportunidad de la presentación del descargo en fecha 12/04/2012 en sede administrativa durante el procedimiento de determinación de oficio -esto es, una vez que la tesis fiscalista sobre la falta de fecha cierta en el contrato de cesión ya había sido explicitada- que aparece el nombre de la escribana pública Elba Noemí Fernández, titular del Registro Notarial N° 922 vinculada de algún modo a la cesión de derechos en comentario. Ahora bien, al momento de la presentación del referido descargo, ni el recurrente informó que el documento de cesión fuera firmado ante la notaria ni tampoco explicó de modo alguno cual era la vinculación de dicha profesional con el contrato en cuestión, sino que meramente se limitó a peticionar que el juez administrativo requiriera documentación a la escribana, sin ninguna otra explicación, lo que en buena medida sustenta el rechazo efectuado de ese ofrecimiento de prueba (cfr. fs. 575/579, en especial fs. 578 punto “A.3” y fs. 596 párrafo cuarto, Cuerpo de Actuaciones O.I. N° 3, AA).
Pues bien, al momento de presentar el recurso de apelación ante este Tribunal Fiscal, la recurrente acompañó en carácter de prueba como Anexo “C” el referido contrato de cesión, cuyo contenido coincide con las copias aportadas tanto por el recurrente como por TRIZAN S.A. durante la instancia administrativa. No obstante lo expuesto, se presentan en este nuevo documento importantísimas diferencias que serán abordadas inmediatamente (cfr. fs. 29/32, cuerpo principal). Ello así, toda vez que ya no se trata -en apariencia- el documento de un mero instrumento firmado por dos partes de forma enteramente privada, sino que en cada foja del mismo aparece el sello de la escribana pública Elba Noemí Fernández, Matrícula 3523, Titular del Registro Notarial N° 922 del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, en la última foja del documento, además de las firmas del recurrente y de la Sra. Grudzinski aparece la firma de un tercero, el Sr. Ángel Enrique Moreira, quien firma al solo efecto de la registración, la firma de la escribana pública, su sello y además un sello Certificador cuyo número de Actuación Notarial manuscrita coincide en lo esencial con el Acta de Certificación de Firmas Ley N° 404 bajo el N° F003276588 anexado al referido contrato. Una similitud, aunque en sentido negativo y más tratándose de un documento que hipotéticamente fue signado delante de un notario, es que tampoco obran en esta versión ni el boleto de compraventa ni la declaratoria de herederos que el propio documento menciona agregadas en copia.
No obstante lo expuesto, a diferencia de las dos versiones exhibidas en sede administrativa, esta nueva versión arrimada del contrato no lleva impresa fecha alguna en referencia al día de la firma sino que reza “...a los días del mes de abril de 2007”, vale decir que las partes olvidaron por alguna razón imprimir la versión que llevaba impresa la fecha 20/04/2007 que hasta el momento el recurrente venía aseverando. No puede dejar de mencionarse que el Acta de Certificación de Firmas Ley N° 404 bajo el N° F003276588 -en simple copia- anexado al referido contrato en el cual la notaria da cuenta de que las firmas del documento fueron puestas en su presencia lleva como fecha el 16/04/2007, si la supuesta certificación notarial es del día 16/04/2007, la firma del contrato nunca pudo haberse producido el día 20/04/2007, cuatro días después de la referida certificación.
Cabe señalar que la parte actora produjo ante esta instancia prueba informativa tendiente a convalidar la documentación presentada. Por un lado, un oficio dirigido a la propia escribana Fernández diligenciado en tres oportunidades conforme se desprende de fs. 126, fs. 418 y fs. 432, al cabo de lo cual obra la contestación del Dr. Miguel A. Taliercio en carácter de apoderado de la fallecida escribana Elba Noemí Fernández en fecha 20 de abril de 2015 en la cual informa que toda la documentación vinculada con la actuación profesional de la escribana fue remitida al Archivo de Protocolos Notariales. En esa línea, este Tribunal hizo lugar a lo solicitado por la recurrente a fs. 436 y autorizó el diligenciamiento del oficio respectivo al Archivo mencionado, en aras del debido resguardo de la verdad material y a efectos de no privarla de una prueba que la recurrente indicara como esencial a su planteo defensivo. A fs. 438 obra acreditado el diligenciamiento de rigor y a fs. 444/446 obra agregada la respectiva contestación.
Conforme informa el Archivo de Protocolos Notariales del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, su Área de Incautación y Depósito de Protocolos, se remite copia de la carátula del Libro de Requerimientos N° 50 del Registro Notarial N° 922 correspondiente a la Matrícula N° 3523 cuya Titular fuera la Escribana Pública Elba Noemí Fernández, comenzado el 2 de enero de 2007 y cuyas Fojas van del N° 03705601 a N° 03705800 y copia del Acta de Requerimiento N° 156 del libro mencionado. El Acta N° 156 da cuenta de una certificación de firmas de fecha 23 de abril de 2007 a un tercero en lo absoluto vinculado a estas actuaciones, actuando en su carácter de Presidente de una sociedad tampoco vinculada a estos autos y por un motivo relacionado a un Formulario 11 del Registro Automotor. Asimismo, conforme indica la notaria en el referido Acta N° 156 extiende dicha Certificación en el Sellado N° 03705756, que no coincide en lo más mínimo con el Certificado N° 003276588 acompañado por el aquí apelante, numeración respecto de la cual cabe agregar que, en efecto, tampoco coincide con ninguna de las Fojas del Libro de Requerimientos N° 50 de la referida escribana pública, a tenor de la carátula del libro respectivo acompañado por el Archivo de Protocolos Notariales. Ahora bien, de acuerdo a lo expresado en los párrafos que anteceden, ningún valor probatorio puede otorgarse a la prueba de informes dirigida por la recurrente al Dr. Julián Subias (abogado), quien aportara el 5 de febrero de 2015 (fs. 133/136) una fotocopia del contrato de cesión idéntica a la presentada por el propio apelante en oportunidad de formular su recurso de apelación ante este Tribunal. Asimismo, dicho profesional manifestó haber dejado de tener relación profesional con el Sr. Camilo Guillermo Ferrón hacía muchos años, por una consulta vinculada al documento aportado pero sin precisar ningún dato que sea conducente al esclarecimiento de los hechos ventilados en autos.
En resumidas cuentas y a esta altura de los acontecimientos, este Tribunal se encuentra en condiciones de afirmar que no solo el origen sino el contenido íntegro del referido contrato de cesión resulta cuestionable. No solo no existe una sola prueba de la ejecución del referido contrato sino que además hay inconsistencia con los registros notariales que la propia parte ofrece como prueba.
VIII. Que, en cuanto a los argumentos de la parte relacionadosa la trazabilidad del origen del inmueble, parte de cuyo precio fuera imputado por el apelante en concepto de “ganancias y/o ingresos exentos o no gravados” en el cuadro de “Justificación Patrimonial” de su Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias período fiscal 2007. Cabe detallar el contenido de Formulario 206/I Multinota presentado por la recurrente en fecha 24/06/2011 : “De acuerdo a lo solicitado telefónicamente a la Ctdora. Silvina Grudzinski, se detalla a continuación los sucesivos pasos, en relación a la propiedad de Av. Libertador 3024 (sic, pues en rigor de verdad se refiere a la numeración 3014). 1.- 07 de Septiembre de 1983 Camilo Ferrón SCA, vende a Trizan SA, sociedad uruguaya, el inmueble sito en la Av. Libertador 3024.- Escritura de esa fecha realizada por el Escribano Mc. Lean (sic, pues en rigor de verdad se refiere a la numeración 3014)
2.- 26 de Octubre de 1985 Trizan vende a Camilo Ferrón (padre-persona física el inmueble de referencia) Boleto de Compraventa de esa fecha.- Camilo Ferrón (p) utiliza ese inmueble como casa habitación y lo declara como propio en las declaraciones juradas de impuesto a las Ganancias y Bienes patrimoniales.- 3.- 11 de Junio de 1996 fallecimiento del Sr. Camilo Ferrón.- Inicio de sucesión.- 4.- 11 de Junio de 1996 Camilo Guillermo Ferrón único heredero. Comienza a declarar Camilo Guillermo Ferrón el inmueble como propio.- También lo utiliza como casa habitación.- 5.-24 de Agosto de 2006 Apertura de sucursal argentina de Trizan SA Inscripción en DPPJ de La Plata el 20 de febrero de 2007. 6.- 20 de Abril de 1997 (sic en rigor de verdad se refiere al año 2007, caso contrario ningún sentido tiene la cronología) cesión de Derechos sobre el inmueble de Camilo Guillermo Ferrón a Trizan SA. 7- 27 de Abril de 2007 Venta de Trizan a Daverede Alfredo.- Quedando a su disposición, saludamos a usted atentamente.” (cfr. fs. 490, Cuerpo de Actuaciones O.I. N° 3, AA).
Respecto de las explicaciones brindadas por la recurrente de lo acontecido entre la adquisición en 1983 por TRIZAN S.A. (sociedad uruguaya) y la enajenación por TRIZAN S.A. (sucursal argentina) el 27/04/2007no se encuentra discutido en autos que el aquí actor fuera hijo del Sr. Camilo Ferrón conforme surge de su partida de nacimiento acompañada a fs. 23, tampoco que el mencionado anteriormente falleciera el 12/06/1996 y su último domicilio denunciado fuera en la Av. Libertador N° 3014 -lo que es un indicio de que esa fuera la casa habitación del fallecido- conforme surge de la partida de defunción obrante a fs. 22. Tampoco se cuestiona la existencia del proceso sucesorio del causante, el que tramitara ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 48 de la Capital Federal bajo el Expte. N° 6985/97 caratulado “Ferrón Camilo s/ Sucesión Ab Intestato” (cfr. fs. 21, 24/27, cuerpo principal) ni que en el marco de dicho proceso se dictara declaratoria de herederos el 2 de septiembre de 1997 declarando al Sr. Camilo Guillermo Ferrón como universal heredero en atención a ser la única persona presentada en el referido proceso. Incluso la propia actora produjo prueba informativa para que dicho expediente fuera remitido por el juzgado del sucesorio y oportunamente devuelto a su origen (cfr. fs. 417, fs. 425/425 vta. y fs. 460/463).
Todavía más, se colige a partir de la contestación de oficio efectuada por el contador público Osvaldo Risoli a fs. 414 y de la copiosa documentación por este profesional aportada a fs. 145/413, que el inmueble en cuestión se mantuvo durante décadas dentro del ámbito de control de la familia Ferrón, ya fuera directa o no tan indirectamente. Sin embargo, una observación detenida de la documentación mencionada pone en evidencia que no queda acreditado el traspaso del inmueble a titularidad del recurrente y que este sea su casa habitación.
En ese sentido, se destaca que aún después de su fallecimiento, las facturas de la empresa Metrogas (fs. 149/169) y Telecom Argentina (fs. 253/367) se encontraban bajo la titularidad del causante. Más interesante aún es que en el caso de las facturas de gas las mismas no revisten consumo alguno, lo mismo que sucede en buena medida con las facturas telefónicas, sin dejar de observar que en algún período esporádico el inmueble fuera ocupado pero que dudosamente se trate de una casa habitación. Distinto es el caso de las facturas correspondientes a Aguas Argentinas y AYSA S.A., cuyo titular hasta por lo menos el 21 de julio de 2006 fuera invariablemente FERRON CAMILO S.C.A., a tenor de la documentación obrante a fs. 368/413 vta., pese a que conforme surge de la propia cronología propiciada por la recurrente dicha sociedad enajenó el inmueble en 1983.
Por su parte, las únicas facturas que podrían eventualmente indicar que se trataba el inmueble en cuestión de la casa habitación del aquí apelante son aquellas correspondientes a la empresa Cablevisión, pues su titular es efectivamente Guillermo Ferrón y el causante no llevaba el segundo nombre del hijo. Aún así, es del caso señalar que a partir de las facturas acompañadas, se colige que el servicio fue dado de alta en diciembre de 1997 -esto es, más de un año después del fallecimiento del causante- y que se abonó hasta el 10 de marzo de 2003 -aspecto que no coincide con la fecha de venta del inmueble el 27 de abril de 2007- con una solicitud de baja temporal del servicio en el tiempo intermedio en fecha 01 de julio de 2001 (cfr. fs. 170/252, cuerpo principal).
Aún así, dicha documentación no cubre de forma acabada y completa el arco temporal que el apelante pretende abarcar para justificar que el inmueble en cuestión era, en efecto, su casa habitación, y aunque lo probara, no puede dejar de señalarse que casa habitación y titularidad dominial no son sinónimos.
Es por esa razón que además del contrato de cesión de derechos ya comentado y de la conveniente mención de su derecho hereditario, aparece durante el procedimiento administrativo una presentación efectuada por el propio recurrente de fecha 20/09/2011 junto a la cual acompaña -en lo que aquí interesa-una copia simple del supuesto boleto de compraventa del inmueble celebrado el 26/10/1985 en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay entre TRIZAN S.A. (sociedad uruguaya) y Camilo Ferrón (padre) -cfr. fs. 491/492, Cuerpo de Actuaciones O.I. N° 3, AA-.
Aún dejando de lado formalidades, fechas ciertas, lugar de celebración y ejecución de los contratos, ley aplicable y jurisdicción competente, lo cierto es que el boleto de compraventa bajo comentario, la sucesión del Sr. Camilo Ferrón (padre) y el posterior contrato de cesión de derechos ya comentado que conforman el complejo teórico argumental defensivo de la actora se contradicen con la realidad documentada en las escrituras publicas traslativas de dominio que fueran aportadas por los escribanos públicos intervinientes en las respectivas operaciones de compraventa, que a la brevedad serán estudiadas.
Sentado lo que antecede, la línea defensiva de la recurrente es perfectamente clara en lo secuencial; a saber, escritura traslativa de dominio (1983), boleto de compraventa en Uruguay (1985), fallecimiento del padre (1996), trámite sucesorio y declaratoria de herederos (1997), contrato de cesión por el heredero y disposición final por el cesionario (2007). Sin embargo, la argumentación ensayada no presenta la consistencia necesaria para sostener el andamiaje jurídico sobre el cual pretende ser construida; o al menos no uno que pueda sostenerse en el tiempo una vez sometido a consideración.
IX. Que, conforme surge de las actuaciones administrativas, a través de la Base E-Fisco, el escribano público Esteban Enrique Ángel Urresti, informó por sistema la celebración de una operación de compraventa de inmueble de fecha 27 de abril de 2007 instrumentada mediante escritura pública N° 505 por un importe total de $1.860.000 cuyo vendedor fuera TRIZAN S.A. -sucursal argentina- (cfr. fs. 369/372, Cuerpo de Actuaciones O.I. N° 2, AA).
Requerido que fuera el mencionado notario a través de la Nota Externa N° 665/2011 de fecha 17 de mayo de 2011, dicho profesional acompañó el 20 de mayo de 2011 copia certificada de la referida escritura traslativa (cfr. fs. 388/400, Cuerpo de Actuaciones O.I. N° 2, AA).
Conforme se observa en la referida escritura, la Sra. Silvina Eva Grudzinski, domiciliada en la calle Uriburu N° 1222, San Isidro, Provincia de Buenos Aires, se presentó en su carácter de representante legal de la sociedad TRIZAN S.A., sucursal argentina de su homónima matriz uruguaya, a efectos de proceder a la venta del inmueble ubicado en Av. Libertador N° 3014 de propiedad de su representada al Sr. Daverede por la suma de USD 600.000 (dólares estadounidenses seiscientos mil), pagaderos en dinero efectivo en el acto mismo de la escrituración bajo comentario.
Ya en este punto la tesis sostenida por la recurrente entra en conflicto, pues si bien resulta perfectamente posible que TRIZAN S.A. sucursal argentina transmitiera los derechos adquiridos a través del contrato de cesión del 27/04/2007, es decir, los derechos que eventualmente hubiera heredado el Sr. Camilo Guillermo Ferrón -aquí actor- de su fallecido padre Camilo Ferrón (11/06/1996), que en última instancia era el derecho a que TRIZAN S.A. (sociedad uruguaya -casa matriz- ) se aviniera a escriturar la compraventa instrumentado a través del boleto de fecha 26/10/1985 celebrado en Montevideo, esa no es la realidad económica que refleja el instrumento público, puesto que lo que se transfiere es el dominio perfecto sobre el inmueble y no los derechos derivados del referido contrato de cesión.
Dicho de otro modo, la recurrente ha citado hasta normativa civilista en su recurso de apelación y posteriormente también lo hizo en su contestación al traslado de oposición a la prueba transitando desde los conceptos de “acto jurídico” y “contrato”, las formas y/o requisitos para los distintos actos, el carácter mismo de los instrumentos en que dichos actos se documentan, el derecho sucesorio íntegro sin que ello fuera óbice para mencionar por la tangente un hipotético derecho a usucapir y hasta se permitió la licencia de considerar al ajuste fiscal aquí ventilado como un ejercicio abusivo del derecho por parte del Fisco Nacional.
Sin embargo, no hace mención a uno de los principios más elementales del Derecho en el cual intentó buscar el basamento de su argumentación, esto es, el principio receptado por el ordenamiento jurídico argentino en el artículo 3270 del Título Preliminar “De la transmisión de los derechos en general”, Libro IV “De los Derechos Reales y Personales” del Código Civil de la Nación, vigente a la sazón, el que establece que “(n)adie puede transmitir a otro sobre un objeto, un derecho mejor o más extenso que el que gozaba; y recíprocamente, nadie puede adquirir sobre un objeto un derecho mejor y más extenso que el que tenía aquel de quien lo adquiere”.
Puesto en perspectiva, y siguiendo siempre la cronología jurídica trazada por la propia parte actora, el mejor derecho que hubiera podido transmitir al Sr. Daverede la sociedad TRIZAN S.A. sucursal argentina por la línea del contrato de cesión habido con el Sr. Camilo Guillermo Ferrón en fecha 20/04/2007, era el derecho que éste último adquirió por vía del sucesorio de su padre Camilo Ferrón, que se resume en la posibilidad que el causante tenía de hacer valer la cláusula quinta del boleto de compraventa del inmueble de Av. Libertador N° 3014 de fecha 26/10/1985, esto es, de hacer otorgar la respectiva escritura traslativa de dominio a la que se comprometió TRIZAN S.A. casa matriz uruguaya, ese y ningún otro.
Ahora bien, nada de ello surge de la escritura pública N° 505 aportada por el escribano público Urresti, la cual resulta traslativa de un dominio perfecto en cabeza de TRIZAN S.A. sucursal argentina. En ese sentido, resulta fundamental observar las menciones a documentación representativa y constancias que dejara expresamente asentadas el notario público. Allí se expresa que la Sra. Silvina Eva Grudzinski representa a TRIZAN S.A. sucursal argentina, inscripta en la República Argentina el 20 de febrero de 2007, por decisión de su matriz uruguaya TRIZAN S.A. constituida en la ciudad de Montevideo el 18/01/ 1980, decisión que tuvo lugar por Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 24/08/2006. Asimismo, el escribano transcribe -en lo pertinente- el Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 19/04/2007 celebrada en la ciudad de Montevideo donde concurre un único accionista representando la totalidad del capital integrado y designado ese mismo accionista como Presidente de la referida Asamblea, el Sr. Camilo Guillermo Ferrón -aquí actor- autoriza la venta del inmueble asignado como capital a la Sucursal Argentina.
A esta altura de las circunstancias, el interrogante que se impone reposa en dilucidar el motivo por el cual TRIZAN S.A. sucursal argentina, capitalizada con el inmueble en cuestión ese mismo 27/04/2007 por escritura pública pasada ante el escribano público Alberto Diego Mc Lean (h) y de todo lo cual da cuenta en el punto b) de su propia escritura pública el escribano Urresti (cfr. fs. 396, Cuerpo de Actuaciones O.I. N° 2, AA), adquiriría mediante contrato de cesión de derechos del 20/04/2007 con el Sr. Camilo Guillermo Ferrón los derechos sobre el referido inmueble.
La escritura demuestra que no lo hace, el propio notario Urresti en el punto a) de su escritura dejó asentado que el antecedente último reposaba en la compra que hiciera la firma TRIZAN S.A. (casa matriz uruguaya) a la firma CAMILO FERRÓN S.C.A. por escritura pública de fecha 7 de septiembre de 1983 pasada ante el ya mencionado escribano público Alberto Diego Mc Lean (h), cuyo testimonio incripto en el Registro de la Propiedad Inmueble el 19 de septiembre de 1983 el escribano Urresti tuvo a la vista al momento de confeccionar su escritura de venta al Sr. Daverede. No hay entre los antecedentes un boleto de compraventa, no se menciona una sucesión, mucho menos una cesión de derechos. El tracto registral del que da cuenta dicha escritura traslativa de dominio comienza con una operación de compraventa en 1983 también celebrada mediante escritura pública, pasando con las explicaciones y antecedentes del caso por una efímera capitalización de una sucursal local de su matriz extranjera en 2007 para su misma y ulterior disposición en el mismo día de la referida capitalización, esto es, el 27/04/2007. Se parte de la adquisición de un dominio perfecto, y sin mayor esfuerzo interpretativo, se culmina en la disposición de un dominio perfecto (desde el punto de vista del enajenante). Se transmite nada más ni nada menos que lo que se ha adquirido en primer lugar.
Ahora bien, obra en las actuaciones administrativas el trámite de inscripción de TRIZAN S.A. sucursal argentina ante la Administración Federal, de la que surgen dos datos de sumo interés (cfr. fs. 409/449, Cuerpo de Actuaciones O.I. N° 3, AA).
El primero radica en el hecho de que al momento de presentar la documentación atinente a la prueba del domicilio la sucursal aportó por medio de su representante legal, la Sra. Silvina Eva Grudzinski, un contrato de comodato de fecha 23 de febrero de 2007, donde la propia Sra. Grudzinski asume el rol de comodante en atención a ser la única propietaria del inmueble ubicado en la calle Uriburu N° 1222, localidad de Beccar, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, mientras que el Sr. Camilo Guillermo Ferrón asume la representación de TRIZAN S.A. en carácter de Presidente, lo cual es perfectamente válido si se tratara de la casa matriz uruguaya, más no de la sucursal argentina, cuya única representante legal y permanente recién designada e inscripta ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de La Plata para actuar en el territorio de la República Argentina desde el 20/02/2007 es la propia Sra. Grudzinski.
Otro dato proviene de los estatutos sociales de TRIZAN S.A. casa matriz, sociedad constituida el 18 de enero de 1980 en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, bajo el régimen de la Ley N° 11.073 del vecino país, comúnmente denominado “SAFI”, sociedades anónimas financieras de inversión.
No resulta forzado afirmar, en atención a todo lo anteriormente expuesto que Camilo Ferrón, Camilo Guillermo Ferrón, Camilo Ferrón S.C.A. hoy Camilo Ferrón S.A., TRIZAN S.A. sociedad uruguaya y TRIZAN S.A. sucursal argentina, aún cuando jurídicamente no son lo mismo ni debieran asemejarse, en los hechos se comportaron de forma tal que las líneas divisorias entra las personas jurídicas y las personas humanas que las componen, dirigen y representan se desdibujaron completamente, razón por la cual este Tribunal Fiscal se encuentra tomando intervención en las presentes actuaciones.
X. Que, no obstante lo expuesto en los Considerandos que anteceden, los que por sí solos resultan suficientes para confirmar el ajuste propiciado por el Fisco Nacional, corresponde a este Tribunal atender el argumento expuesto por el recurrente referido a que el inmueble siempre fue declarado por su padre y por el propio recurrente en sus declaraciones juradas de impuestos.
En efecto, desde la tesitura del recurrente, yerra el Fisco Nacional al no haber considerado todas las declaraciones juradas de impuestos pre-existentes desde la supuesta adquisición del inmueble mediante boleto de compraventa de fecha 26/10/1985 por parte de Camilo Ferrón (padre) y continuando tras su fallecimiento con la declaración del referido inmueble por su heredero universal Camilo Guillermo Ferrón una vez que se hubo dictado la declaratoria de herederos el 2 /09/1997.
Ahora bien, resulta fundamental destacar que el esbozo de esta línea defensiva se desliza apenas del Formulario 206/I Multinota presentado en fecha 24/06/2011 durante la instancia administrativa, el cual reza “2.- 26 de Octubre de 1985 ... Camilo Ferrón (p) utiliza ese inmueble como casa habitación y lo declara como propio en las declaraciones juradas de impuesto a las Ganancias y Bienes patrimoniales.- 3.- 11 de Junio de 1996 fallecimiento del Sr. Camilo Ferrón.- Inicio de sucesión.- 4.- 11 de Junio de 1996 Camilo Guillermo Ferrón único heredero. Comienza a declarar Camilo Guillermo Ferrón el inmueble como propio”. (cfr. fs. 490, Cuerpo de Actuaciones O.I. N° 3, AA).
Sin perjuicio de ello, es necesario destacar que en ningún momento aportó el recurrente prueba alguna tendiente a demostrar sus alegaciones durante la fiscalización. Tampoco volvió a plantear esta cuestión en oportunidad de evacuar su descargo en el procedimiento determinativo de oficio ni ofreció producir prueba a ese respecto (cfr. fs. 575/579, Cuerpo de Actuaciones O.I. N° 3, AA). Este argumento se instala fuertemente recién en oportunidad de presentar su recurso de apelación ante este Tribunal Fiscal (cfr. fs. 47 vta./48, cuerpo principal) e informando como documental en poder de la Administración Federal, la totalidad de dicha prueba, la que posteriormente solicita sea objeto de un peritaje contable (cfr. fs. 50/51, cuerpo principal).
No obstante lo expuesto, también es menester señalar una vez más, tal como fuera oportunamente expuesto en el Considerando III del presente decisorio, este Tribunal intimó especialmente a la parte actora a tomar vista de las actuaciones administrativas en atención a la prueba documental que la apelante identificara en poder de la AFIP para que una vez tomada la referida vista ratificara o rectificara su ofrecimiento (cfr. fs. 84 pto. 2°, cuerpo principal), limitándose la recurrente mediante presentación obrante a fs. 87/89 a ratificar sus manifestaciones sin tomar vista de los referidos antecedentes.
Una vez dispuesta la apertura a prueba a fs. 112, la recurrente no cuestionó el referido auto de apertura, limitándose a diligenciar la prueba informativa cuyos resultados ya se ha ido valorando. Más aún, si se tiene en consideración que la prueba pericial contable a realizarse dependía enteramente de la información contenida en las declaraciones juradas impositivas presentadas.
En esa tónica, de todos modos obra a fs. 428/429 un escueto informe pericial contable en el cual los peritos contadores de forma conjunta informan que respecto del Sr. Camilo Ferrón (padre), de los reflejos de pantalla obrantes en el sistema del Fisco solo han sido puestas a disposición las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias correspondientes a los períodos fiscales 1995 y 1996, de donde surge que existe declarado un importe de inmuebles por valor de $20.000 (pesos veinte mil), sin poseer la debida apertura, motivo por el cual los peritos contadores no pueden precisar de qué inmuebles se trata. Al respecto, ambos peritos coinciden en que como en la declaración jurada del período fiscal 1995 el importe se repetía en ambas columnas, es dable presumir que por lo menos, sea cual fuere el inmueble en cuestión, también hubo sido declarado en el período fiscal 1994.
La respuesta brindada, aunque fuere presentada de forma conjunta, no arroja ninguna información de relevancia en el esclarecimiento de la cuestión en punto a si el padre del contribuyente declaraba el referido inmueble, a lo que cabe agregar que por el valor expresado mal pueda tratarse del inmueble de Av. Libertador N° 3014 de la Capital Federal. En el caso del segundo punto pericial, esto es, el referido a la continuidad de la declaración del inmueble por parte del aquí actor Camilo Guillermo Ferrón en su carácter de único heredero universal, tanto en el Impuesto a las Ganancias como en el Impuesto sobre los Bienes Personales, las disímiles respuestas consignadas en forma separada por cada perito resultan ilustrativas de la escasez de la documental sometida a consideración.
En lo que resulta pertinente a estos autos, el perito de la actora informó que la propia parte no contaba con copias de todas las referidas declaraciones juradas de impuestos dada la antigüedad de los períodos fiscales involucrados, motivo por el cual analizó únicamente cuatro declaraciones exhibidas respecto del Impuesto sobre los Bienes Personales períodos fiscales 1996, 1998, 1999 y 2000.
Respecto del período fiscal 1996 informó que la declaración respectiva no indicaba existencia de inmueble alguno. Ahora bien y respecto de los tres lotes de terreno adquiridos en 1989 que jamás declaró, resulta prueba de cargo en cuanto a que las declaraciones juradas del recurrente no son sinceras ni mucho menos reflejan su realidad económica. En esencia, y no obstante no haber acompañado los peritos contadores documentación alguna junto a su informe pericial, lo expuesto por el perito de la propia parte se confirma al contrastarlo con la Declaración Jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales periodo fiscal 1996 acompañada a fs. 34/35 por la recurrente en oportunidad de presentar su recurso de apelación.
Por otro lado, si el inmueble de Av. Libertador N° 3014 era no solamente la casa habitación sino también propiedad de su padre, razón por la que este último declaraba el referido inmueble en sus declaraciones juradas -lo que no se ha podido comprobar, una vez fallecido el mismo recaía en cabeza del heredero declarar dicho bien dentro de su patrimonio, una vez dictada la declaratoria de herederos.
En resumidas cuentas, no había ninguna razón valedera para que el aquí actor no declarara el inmueble de referencia en el Impuesto sobre los Bienes Personales correspondiente al período fiscal 1996 y correlativamente en el cuadro de justificación patrimonial en el Impuesto a las Ganancias de idéntico período fiscal, aspecto que como se verá más adelante, tampoco realizó.
Ahora bien, en los períodos fiscales 1998, 1999 y 2000 - se omite 1997 cuando es la propia actora la que aportó en oportunidad de presentar su recurso de apelación la respectiva declaración jurada-, el perito identifica cuatro inmuebles, uno de los cuales es el inmueble motivo de discusión en las presentes actuaciones. Sin embargo, dichas declaraciones no son aportadas como documental, a lo que debe adicionarse que, de acuerdo a las constancias obrantes en las actuaciones administrativas, este Tribunal tiene para sí que las referidas declaraciones difícilmente sean sinceras, tal como se verá a continuación.
A ese respecto, este Tribunal Fiscal tiene particularmente presente que de acuerdo a la información obrante en las actuaciones administrativas la O.I. N° 436.461 no es un mero episodio aislado producto de la detección de algunas irregularidades del aquí recurrente. En efecto, dicho procedimiento fue precedido por otras dos O.I.; por un lado, la O.I. N° 171.728 que abarcó el Impuesto sobre los Bienes Personales períodos fiscales 2000 a 2005, ambos inclusive, procedimiento al cual diera origen la O.I. N° 110.198 que abarcó similares períodos del Impuesto a las Ganancias. En aquella oportunidad lo que se verificó fue que el recurrente omitía declarar automotores y embarcaciones en el Impuesto sobre los Bienes Personales, lo que a la vez surgía del cruce de las diferencias entre los bienes declarados en uno y otro gravamen respectivamente (cfr. fs. 321/325, Informe Final de Inspección, Cuerpo de Actuaciones O.I. N° 2, AA). Dicho de otro modo, el Fisco se anoticiaba de la enajenación de los rodados cuando variaban los ingresos no gravados y/o exentos del recurrente en el Impuesto a las Ganancias, aspecto que a su vez permitía verificar que originariamente el recurrente no declaraba los bienes desde la fecha de su adquisición en el Impuesto sobre los Bienes Personales. Ello, en nada diferente a lo que sucediera posteriormente con los tres lotes de terreno en el Partido de Berazategui que -tal como ya fuera explicitado supra- jamás fueron declarados en el Impuesto sobre los Bienes Personales por el contribuyente desde su adquisición en el año 1989 sino que el ente recaudador tomó conocimiento a partir de la información cargada en el sistema e-Fisco por el escribano interviniente en la operación de venta del 27/04/2007.
Ahora bien, en lo que puntualmente se refiere al rubro inmuebles, resulta ilustrativo señalar que así como el perito contador de la parte actora informa a este Tribunal que el Sr. Camilo Ferrón (padre) declaraba en vida un importe de inmuebles por valor de $20.000 (pesos veinte mil) en las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias correspondientes a los períodos fiscales 1995 y 1996, su hijo Camilo Guillermo Ferrón hacía exactamente lo mismo entre los años 2000 a 2007 inclusive; esto es declaraba un importe de inmuebles por valor de $20.000 (pesos veinte mil). Prueba de ello resultan las declaraciones juradas originales y rectificativas del referido gravamen, cuyos detalles dan cuenta de las irregularidades de las propias declaraciones en comentario (cfr. fs. 81/120, Cuerpo de Actuaciones O.I. N° 1, AA).
Tanto más si se tiene en consideración que conforme surge del Formulario 711 Versión 900 correspondiente a la Declaración Jurada Original del Impuesto a las Ganancias período fiscal 2007 cuyo detalle sobre “Inmuebles en el País” por valor de $20.000 (pesos veinte mil) informa tres inmuebles. Puesto en perspectiva, si la declaración jurada 2007 y todas las anteriores hasta el período fiscal 2000, incluían idéntico importe por tres inmuebles adquiridos entre 1983 y 1986 -se aclara, ninguno de los cuales resulta el inmueble motivo de diferendo en la presente causa ni tampoco los tres lotes nunca declarados-, mal puede la recurrente persistir en su planteo relativo a que siempre se declaró el referido inmueble de Av. Libertador N° 3014. Al menos no se lo declaró en el Impuesto a las Ganancias como integrante de los “Bienes y Deudas” (cfr. fs. 110/114, Cuerpo de Actuaciones O.I. N° 1, AA).
Vale decir, la recurrencia por parte de la apelante en la omisión de declarar los inmuebles, así como la declaración de otros tres inmuebles diferentes hasta el 2007 inclusive por un valor sistemáticamente repetido, es lo que hace de su tesis argumental en este aspecto una mera declaración teórica sin respaldo documental alguno.
Por otro lado, en lo que a la exposición del inmueble en cuestión en las Declaraciones Juradas del Impuesto sobre los Bienes Personales se refiere, cabe destacar la presentación efectuada en sede administrativa en fecha 31/05/2010, oportunidad en que el propio apelante aportara los papeles de trabajo de las declaraciones juradas rectificativas del referido gravamen por los períodos fiscales 2000 a 2005, el Formulario 206/I Multinota de fecha 8/06/2010 (cfr. fs. 121, 147/153 y 157, Cuerpo de Actuaciones O.I. N° 1, AA), y de las propias Declaraciones Juradas Rectificativas por los períodos fiscales 2000 a 2006 (cfr. fs. 171/200 Cuerpo de Actuaciones O.I. N° 1, AA, y fs. 201/208, Cuerpo de Actuaciones O.I. N° 2, AA).
En cuanto a la cuestión puntual del inmueble de Av. Libertador N° 3014, se colige la contradicción misma entre los papeles de trabajo presentados, en todos los cuales figura como fecha de alta del referido bien el “09/1993”, con las respectivas declaraciones juradas del gravamen donde figura “09/1983”. Asimismo, ambas fechas de incorporación al patrimonio resultan en un todo contradictorias con la tesis sucesoria expuesta por la propia recurrente, ya que en 09/1993 todavía no había fallecido su padre y en “09/1983” tampoco el fallecido había supuestamente adquirido por boleto de compraventa el referido inmueble. Y no pasa inadvertido a este Tribunal que el error, ya que justamente “09/1983” se corresponde con el mes y el año en que CAMILO FERRON S.C.A. vendiera a TRIZAN S.A. (sociedad uruguaya) por escritura pública el referido inmueble.
Una vez más, puesto en perspectiva, el hecho de que una sociedad foránea propietaria desde 1983 de un inmueble en territorio nacional jamás se diera a conocer ante las autoridades argentinas, fiscales y societarias -con excepción del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires- sino hasta el año 2007, oportunidad en que abrió una sucursal en el país a los efectos de capitalizar dicha sucursal y desprenderse del referido activo en la misma fecha de su capitalización, bien podría tener como contrapartida que alguno de los propietarios de la misma sociedad declarara como propio el inmueble en cuestión, aspecto que tampoco ha podido ser demostrado con ningún tipo de certeza en el marco de esta causa.
Si a estas circunstancias se adiciona el hecho de que requerido que fuera por la fiscalización actuante a TRIZAN S.A. sucursal argentina en fechas 7 /04/2011 y 17/05/2011, respectivamente, la información y documentación pertinente, la misma acabó reconociendo que presentaba demoras en la confección de los estados contables -jamás los presentó-, que se trataba de una sociedad patrimonial sin actividad y que con los fondos de la venta del inmueble en cuestión procedió a la compra de una embarcación, a lo que cabe añadir que conforme la base e-Fisco dicha sociedad resultó propietaria entre 2007 y 2008 de un yate a motor con casco de madera de 25,49 m de eslora, 6,2m de manga, 2,94m de puntal, 70 toneladas de tonelaje neto y 93 toneladas de tonelaje total (cfr. fs. 375, fs. 378, fs. 383/385 y fs. 455, Cuerpo de Actuaciones O.I. N° 2), mal puede el aquí apelante continuar sosteniendo este argumento, pues a las claras resulta patente que ni la propia cesionaria del supuesto contrato de cesión le hubo abonado por los referidos derechos hipotéticamente cedidos. Dicho sea de paso, información provista por una sucursal local de una sociedad extranjera que jamás presentó una sola declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, motivo por el cual fue dada de baja según padrón conforme el Decreto N° 1299/98. En función de las consideraciones expuestas, y no habiendo el apelante demostrado ninguno de los argumentos vertidos en su defensa, corresponde hacer lugar al ajuste propuesto por el Fisco Nacional, toda vez que se verifica en cabeza del recurrente un incremento patrimonial no justificado en los términos del artículo 18 inciso “f” de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificatorias), con costas.
XI. Que, no habiendo agravios concretos en materia de los intereses resarcitorios, sólo cabe su confirmación por la parte que se confirma, recordándose que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco, como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank A c/ DGI, 01/06/2000).
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada, con costas.
Regístrese, notifíquese. Fecho, procédase a la impresión y agregación de la presente al expediente papel, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos acompañados, y archívese.
Date: 2022.12.22 15:14:59 ART Date: 2022.12.22 15:20:23 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.12.26 14:12:51 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.26 14:13:35 -03:00
Fin de la sentencia