Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 25.562-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones apeladas en todo lo que no fueran materia de revocación expresa de conformidad con lo dispuesto en los Considerandos VII, VIII, IX, X y XI, costas impuestas también de conformidad con lo señalado en idénticos Considerandos.
2Ordenar a la AFIP-DGI que en el término de treinta (30) días practique reliquidación de conformidad con lo dispuesto en la presente, a cuyo fin se facilitarán las actuaciones administrativas, las que podrán se retiradas en el horario de funcionamiento de la Mesa de Entradas de este Tribunal.
Y
I. Que, a fs. 30/42 vta. la actora interpone recurso de apelación contra las resoluciones N° 03/2013 (DV RRCU) y N° 04/2013 (DV RRCU) de la A.F.I.P. -Dirección General Impositiva-, ambas de fecha 24 de Enero de 2013, suscriptas por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Río Cuarto. Mediante la primera de ellas, se determina de oficio la obligación impositiva de la recurrente en el Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los períodos fiscales enero de 2008, mayo a septiembre de 2008, noviembre y diciembre de 2008, enero y febrero de 2009, abril a diciembre de 2009, imponiéndole la obligación de ingresar en concepto de impuesto la suma de $236.979,15-, con más la suma de $252.414,63- en concepto de intereses resarcitorios, y aplicándose multa equivalente a tres tantos del gravamen presuntamente evadido en los períodos fiscales junio a septiembre de 2008, noviembre y diciembre de 2008 por la suma de $155.775,93- con sustento en los artículos 46 y 47 incisos a) de la norma procedimental. Mediante la segunda de dichas resoluciones, se determina de oficio la obligación impositiva de la apelante en el Impuesto a las Ganancias correspondiente a los períodos fiscales 2008 y 2009, imponiéndole la obligación de ingresar en concepto de impuesto la suma de $586.089,14-, con más la suma de $558.421,93- en concepto de intereses resarcitorios, y aplicándose multa equivalente a tres tantos del gravamen presuntamente evadido en el período fiscal 2008 por la suma de $289.894,92- con sustento en los artículos 46 y 47 incisos a) de la norma ritual.
De modo preliminar, se observa un argumento central tendiente a lograr por parte de este Tribunal la declaración de nulidad de las resoluciones de vista que dieran inicio al procedimiento de determinación de oficio en atención a que, habiendo constituido domicilio especial a efectos de su notificación durante la instancia de fiscalización, el ente recaudador efectuara las notificaciones posteriores -resoluciones de vista de inicio y resoluciones determinativas de oficio- en el domicilio fiscal, lo que impidió en dicha oportunidad de la vista inicial tomar conocimiento de la existencia del procedimiento determinativo y presentar el correspondiente descargo, ofrecer y producir prueba, por tanto vulneró su derecho de defensa en juicio garantizado por el art. 18 de la Constitución Nacional (cfr. fs. 31 pto. 4° segundo párrafo, y fs. 33/34).
En lo que a la cuestión de fondo se refiere, señala que el Fisco Nacional recurrió indebidamente a la utilización del método presuntivo establecido en el art. 18 inciso “g” de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificatorias) referido a la depuración de las acreditaciones bancarias de la recurrente. De modo sintético, y en aras de no describir aspectos que serán abordados detenidamente más adelante, la recurrente sostiene que no todas las cuentas bancarias sobre las que el ente recaudador verificó las referidas acreditaciones pertenecen al recurrente, ni que todas las acreditaciones bancarias correspondieran a depósitos de terceros -cómputo de transferencias interbancarias del propio recurrente, préstamos de dinero de los propios bancos, cambio de valores, acreditaciones de terceros no vinculadas al giro comercial-. Asimismo, cuestiona la impugnación efectuada por el Fisco Nacional respecto de la totalidad de los créditos fiscales, no obstante encontrarse la totalidad de las operaciones debidamente documentadas. En ese sentido, reprocha la recurrente el hecho de que el Fisco Nacional recurriera a un método de determinación sobre base presunta cuando la contabilidad del contribuyente no ha sido impugnada, es llevada conforme establecen las leyes respectivas y se podía conocer la materia imponible sobre base cierta (cfr. fs. 34/35).
Asimismo, cuestiona las sanciones aplicadas, ofrece prueba informativa y pericial contable, plantea el caso federal y finalmente, peticiona se dicte sentencia revocando las resoluciones apeladas, con costas al Fisco Nacional.
II. Que, a fs. 66/77 el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso, desestima los agravios de la recurrente, tanto aquellos nulificantes como los referidos a la cuestión de fondo, ratifica en todas sus partes las resoluciones determinativas de oficio que motivan las presentes actuaciones, destacando que la materia imponible ha sido debidamente ponderada por el juez administrativo, solicitando el rechazo del recurso impetrado por las razones de hecho y de derecho que expone, y acompaña las actuaciones administrativas.
Asimismo, se opone a la prueba informativa y pericial contable, toda vez que las considera, en esencia, dilatorias e inconducentes en lo atinente a la resolución de la cuestión ventilada en las presentes actuaciones. Por último, plantea el caso federal y pide se confirmen las resoluciones recurridas, con costas a la actora.
III. Que, a fs. 84 pto. 3° se confirió traslado a la parte actora de la oposición a la prueba formulada por el Fisco Nacional, el que fuera contestado a fs. 86/92.
A fs. 94 se dispuso la apertura a prueba de la presente causa, haciéndose lugar a la totalidad de la prueba ofrecida por la parte actora, tanto la prueba informativa como la pericial contable.
A fs. 100/107 vta. obra el diligenciamiento de los oficios dirigidos a Banco Macro S.A. Sucursal N° 867 Villa María (contestación a fs. 111/113), Banco Macro S.A. Sucursal Bell Ville (contestación a fs. 116/119), Banco de la Nación Argentina Sucursal Bell Ville (contestación a fs. 155/188), Sr. Jorge Omar Aravena (contestación a fs. 123/137), Sociedad Rural de Bell Ville (contestación a fs. 121), INTA de Bell Ville (contestación a fs. 146/147), Sra. Mercedes de los Ángeles Virgili (contestación a fs. 150) y La Belvillense de Cereales S.R.L., respectivamente. En el caso de esta última, e intimada que fuera la recurrente a impulsar su producción bajo apercibimiento de darle por decaído el derecho a producir dicha prueba en lo sucesivo (cfr. fs. 228 pto. 3°, fs. 245 pto. 4°), el mismo fue efectivizado a fs. 249 pto. 3°. A fs. 234/244 vta. obra la contestación de oficio efectuada por el Administrador de la Sucesión de Bacci Italo Ferruccio.
Por su parte, a fs. 193/225 obra agregado el informe pericial contable, a fs. 232/233 la impugnación efectuada por la representación fiscal y a fs. 247/248 la contestación por el perito de la recurrente.
IV. A fs. 289 se declara la clausura del período probatorio y se elevan los autos a consideración de la Sala “B”. A fs. 301 y 301vta. obran los alegatos producidos por la apelante y a fs. 298-301 por el Fisco Nacional. A fs. 304 se ponen los autos para sentencia.
V. Que, en primer término, corresponde expedirse en torno al planteo de nulidad efectuado por la recurrente, el cual fuera descripto de forma sintética en el Considerando I supra.
En ese sentido, y sin adentrarse este Tribunal en discusiones doctrinarias y/o jurisprudenciales sobre la constitución de domicilios especiales diferentes del domicilio fiscal del contribuyente en el marco de actuaciones y/o procedimientos desarrollados en sede administrativa, la vulneración del derecho de defensa en juicio y la doctrina concerniente a la posibilidad de subsanar ese mismo derecho en una etapa jurisdiccional posterior, lo cierto es que la propia parte actora reconoce y expresa en su recurso de apelación “...consideramos que no se ha vulnerado nuestro de derecho de defensa si se admite plenamente la prueba ofrecida...” (cfr. fs. 33 vta.). En efecto, conforme se desprende del Considerando III supra, en oportunidad de proceder a la apertura a prueba de las presentes actuaciones, este organismo jurisdiccional no hizo lugar a la oposición formulada por el Fisco Nacional y, en consecuencia, permitió que la recurrente produjera la totalidad de la prueba ofrecida, sin dejar de mencionar que aquella que fuera dada por decaída responde a la falta de impulso de la propia recurrente.
En efecto, el objeto de las nulidades procesales radica en el resguardo de la garantía constitucional de la defensa en juicio, debiendo acreditarse en cada caso el perjuicio concreto de esa garantía y que la misma ha sido conculcada. Resulta patente que en el caso concreto la recurrente expresamente indicó el motivo por el cual entendía resultaba correspondiente declarar la nulidad solicitada y de manera específica planteó que, mediando la posibilidad de producir la prueba ofrecida, ella misma encontraba salvaguardado su derecho de defensa. En ese sentido, y en rigor de verdad, no resulta necesario que este organismo jurisdiccional se pronuncie en torno a la procedencia o no del planteo nulificante toda vez que, en esencia, por medio de la producción de la prueba se ha salvaguardado el derecho que la parte encontrara vulnerado, sin imposición de costas en sentido alguno en atención a que, efectivamente, este Tribunal no precisa pronunciarse sobre el referido planteo de nulidad.
Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo que antecede, no escapa a este Tribunal que la apelante estimó que su derecho de defensa no se vería conculcado no solamente si se producía la totalidad de la prueba ofrecida sino también si “...la sentencia del tribunal se pueda expedir en forma total y absoluta sobre los tópicos planteados en esta defensa” (cfr. fs. 33 vta.), lo que así será, aunque siguiendo aquellas argumentaciones que se estimen conducentes para sustentar las conclusiones del pronunciamiento formulado (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía.
S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
VI. Que, de modo preliminar, corresponde poner de relieve que el origen del cargo por el cual la Administración Fiscal comenzó a investigar al aquí apelante radica en una verificación previa que el organismo recaudador llevara adelante respecto de otro contribuyente -La Belvillense S.A.-, a partir de la detección de ciertas inconsistencias en este último.
En ese sentido, en el marco de aquella OI originaria N° 655.391 se detectó que la firma mencionada tenía operaciones de compraventa con el recurrente, quien figuraba en las bases de datos del organismo con “Cuerpo de Insolvencia” hacia el 31/05/2010 y las operaciones entre ambos contribuyentes correspondían a servicios realizados entre 2007 y 2009, declarados ante AFIP y habiéndose reconocido los respectivos créditos fiscales computados a la firma mencionada (cfr. fs. 65, Cuerpo Verificaciones Rápidas Impositivas, AA).
Asimismo, conforme surge de las actuaciones administrativas, encontrándose debidamente notificado -luego de varios intentos de notificación en su domicilio fiscal por diversos medios, debe agregarse- y sin haber dado respuesta (cfr. fs. 2/4, fs. 7/9, y fs. 10, Cuerpo Verificaciones Rápidas Impositivas, AA), el inspector actuante procedió a verificar las cuentas bancarias del recurrente en los Bancos Macro (sucursales Villa María y Bell Ville) y Nación (sucursal Bell Ville), obteniendo a la fecha de aquel primigenio Informe Final de Inspección, esto es, el 28/03/2012, únicamente respuesta del Banco Macro (cfr. fs. 37/42 y fs. 43/64, Cuerpo Verificaciones Rápidas Impositivas, AA).
El dato no es menor, toda vez que la respuesta brindada por el Banco Macro S.A. en aquella verificación rápida impositiva es la única información existente en autos respecto de los movimientos de las cuentas bancarias del recurrente en dicha entidad. Sobre el punto, se destaca que habiendo ofrecido el recurrente producir idéntica prueba a la ya colectada por el inspector actuante en aquella oportunidad, una vez contestado en autos por Banco Macro S.A. -fs. 111/113 y a fs. 116/119- que en virtud de lo establecido en el artículo 39 de la Ley N° 21.526 de Entidades Financieras no resultaba posible dar curso a los oficios diligenciados si los mismos no contaban con la firma del Juez interviniente, la recurrente no prosiguió en su intento de producir dicha prueba, sin que a ese efecto tenga algún valor probatorio la prueba realizada respecto de dicha entidad ante esta instancia jurisdiccional, pues resulta evidente que no incorpora ningún elemento que valorar a estos actuados.
Ahora bien, continuando con la cronología expuesta, sobre esa base el inspector actuante consideró oportuno proponer una OI Inst. Gral. 422/1998 por el Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2008 y 2009 a efectos de subsanar las posibles inconsistencias, identificadas como acreditaciones bancarias superiores a los ingresos declarados. En esa tónica, se generó entonces la OI N° 728.188 de fecha 30/03/2012 cuyo requerimiento de fecha 11/04/2012 tampoco fuera contestado por el recurrente, no obstante encontrarse debidamente notificado en el domicilio fiscal (cfr. fs. 1/5, Cuerpo N° 1 O.I. N° 728.188, AA).
Al respecto, cabe mencionar que durante el desarrollo de esta nueva OI fue recibida la respuesta del Banco de la Nación Argentina, entidad que aportó los movimientos bancarios de las cuentas del propio recurrente y de la sucesión de Italo Ferruccio Bacci. En el caso de esta última cuenta bancaria, se observa que la misma fue abierta el 21/09/1993 y se procedió a su cierre el 05/04/2010, informándose como administradora judicial a la Sra. Susana Viqueira, viuda del causante y madre del aquí actor. Por su parte, la cuenta bancaria en dicha entidad cuya titularidad detenta en forma exclusiva el recurrente data del 19/09/2008 y su cierre del 14/04/2010 (cfr. fs. 15/112, Cuerpo N° 1 O.I. N° 728.188, AA, y fs. 13/26, Cuerpo Verificaciones Rápidas Impositivas, AA).
Sin perjuicio de lo expuesto, debe destacarse que al no cumplir jamás el recurrente con los requerimientos de las OIs N° 655.391 y N° 728.188, no obstante encontrarse debidamente notificado en su domicilio fiscal, la fiscalización actuante procedió a efectuar los ajustes, confeccionar las declaraciones juradas rectificativas proforma y los respectivos papeles de trabajo, todo lo cual luego fue debidamente notificado en su domicilio fiscal el 25/07/2012 (cfr. fs. 152/188, Cuerpo N° 1 O.I. N° 728.188, AA). Cabe resaltar que ya en ese entonces los ajustes abarcaban no solamente el Impuesto a las Ganancias sino también el Impuesto al Valor Agregado, en ambos casos períodos fiscales 2008 y 2009, ya que al no presentar el recurrente ningún comprobante de sus operaciones, no solamente se detectaban omisiones de venta por acreditaciones bancarias no depuradas sino también la impugnación de los referidos créditos fiscales computados por falta de presentación de los comprobantes respaldatorios. Una vez más, ante la falta de contestación por parte del recurrente, se procedió a notificar por segunda vez la totalidad de los ajustes propuestos en su domicilio fiscal (cfr. fs. 189/200, Cuerpo N° 1 O.I. N° 728.188, AA, y fs. 201/225, Cuerpo N° 2 O.I. N° 728.188, AA).
Se presenta el Dr. Pérez Álvarez en representación de la recurrente cuya presentación resalta algún defecto en la propuesta de ajuste fiscal (cfr. fs. 226/229, Cuerpo N° 2 O.I. N° 728.188, AA).
Por otra parte, consta en las actuaciones administrativas que el 24/08/2012 el inspector actuante se presentó en el domicilio especial constituido por el letrado, donde este último tuvo oportunidad de tomar vista de la totalidad de las actuaciones labradas hasta ese mismo momento y extraer fotocopias (cfr. fs. 247, Cuerpo N° 2 O.I. N° 728.188, AA), incluso se brindó debido tratamiento al punto mencionado por el letrado respecto del período fiscal 12/2009 en el IVA. Tiempo más tarde, en septiembre de 2012 y aún sin mediar respuesta, explicación y/o aporte de documentación alguna por parte del recurrente, se modificó el subtipo de fiscalización de Ordinaria Rápida a Ordinaria Profunda (cfr. fs. 248 y fs. 253, Cuerpo N° 2 O.I. N° 728.188, AA).
En esa tónica, tanto el Informe Final de Inspección O.I. N° 728.188 de fecha 26/09/2012 como el posterior Informe de Revisión de fecha 06/11/2012 -previo al inicio del procedimiento de determinación de oficio- resultan resúmenes acabados de una circunstancia clara y concreta que la propia recurrente no ha reconocido en ningún momento o que, por lo menos, hubiera intentado desconocer, esto es, que su domicilio fiscal declarado no resulta apto para recibir ningún tipo de notificación (cfr. fs. 261/266, Cuerpo N° 2 O.I. N° 728.188, AA y fs. 2/6, Cuerpo Revisión de Inspección, AA). Corresponde entonces poner de resalto que las denominadas inconsistencias señaladas por el letrado no se deben a un análisis erróneo por parte de la fiscalización actuante, sino al lógico corolario de un ajuste efectuado sobre la base de la información provista por los terceros requeridos -entidades bancarias-, las propias declaraciones juradas presentadas por el recurrente para los gravámenes y períodos fiscales involucrados, pero por sobre todas las cosas, a la total falta de presentación de la documentación solicitada oportunamente al contribuyente y al no haber brindado éste explicación alguna que permitiera al fiscalizador interviniente arrojar luz sobre la cuestión materia de tratamiento.
En el escenario descrito, y salvaguardado ante esta instancia jurisdiccional el derecho de defensa en juicio mediante la producción de la prueba ofrecida en los términos señalados por la propia actora tal como ya fuera expresado en el Considerando V del presente decisorio, corresponde que este Tribunal efectúe el análisis de las resoluciones determinativas de oficio dictadas por el Fisco Nacional.
VII. Que, en atención a lo expresado en el Considerando VI que antecede, este Tribunal observa que a partir de la prueba que se hubo producido recién en esta instancia jurisdiccional deban revisarse necesariamente los ajustes efectuados a tenor de la información presentada y de la pericia contable realizada, cuestión que se aborda inmediatamente.
En ese sentido, a efectos de despejar ajustes que resultan menores, surge de la respuesta conjunta efectuada por los peritos contadores en el punto “E” del informe pericial contable que una vez cotejado el Libro IVA Compras de la recurrente y comparadas las registraciones con los comprobantes respaldatorios de las mismas (cfr. fs. 224), los expertos pudieron verificar que las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado originales de los períodos fiscales involucrados se corresponden con la documentación que les hubo servido de base, razón por la cual este Tribunal no observa razón alguna para mantener el ajuste fiscal referido a la impugnación de los créditos fiscales con motivo de la falta de comprobantes respaldatorios, imponiendo las costas por su orden, toda vez que la única razón por la cual el ente recaudador procedió a su impugnación radica en el hecho de que el aquí apelante no cumplió los requerimientos efectuados en tiempo y forma en el marco de las dos órdenes de intervención que precedieron al procedimiento de determinación de oficio del gravamen en cuestión, ni siquiera cuando su letrado tomó vista de las actuaciones y pudo corroborar el tenor del referido ajuste fiscal.
Ahora bien, corresponde entonces ingresar al estudio de las depuraciones bancarias en los períodos fiscales 2008 y 2009, las que fueran calificadas por el ente recaudador como un incremento patrimonial no justificado sobre la base de lo establecido en el artículo 18 inciso “g” de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y modificatorias). Primero, corresponde señalar que conforme surge del punto “A” del informe pericial contable (cfr. fs. 215/216), ambos peritos contadores informan que se verificó el cómputo de acreditaciones bancarias en cabeza del aquí recurrente que no se corresponden con una cuenta bancaria cuya titularidad sea, efectivamente, del apelante. En efecto, surge del Anexo I a dicho informe que, en el caso de la cuenta corriente en pesos N° 16.011.603/98 del Banco de la Nación Argentina, la misma pertenece al contribuyente “Sucesión de Italo Ferruccio Bacci – Administración Judicial Susana Viqueira” CUIT 20-03851205-7 (cfr. fs. 211/213).
Aún cuando existe cierta homonimia entre el aquí recurrente y el causante -en el caso, su padre- (cfr. fs. 25, Cuerpo Verificaciones Rápidas Impositivas, AA), se trata de dos sujetos tributarios distintos, razón por la cual las acreditaciones bancarias pertenecientes a dicha cuenta no pueden ser computadas válidamente, por lo que aquellos importes por valor de $219.963,50 en el período fiscal 2008 y por valor de $148.762,46 en el período fiscal 2009 habrán de ser desestimados, imponiendo las costas por su orden, toda vez que no obstante encontrarse esta misma información en poder de la fiscalización actuante al momento de efectuar el ajuste en comentario (cfr. fs 16/18, Cuerpo N° 1 O.I. N° 728.188, AA), la interrelación entre esta cuenta y las cuentas de titularidad del recurrente son tales, que la falta de mayores explicaciones y/o de aporte de una depuración justificada bien podría haberle ahorrado el hecho de tener que discutir esta cuestión ante esta instancia jurisdiccional, además del hecho, tal como se verá más adelante, de que el aquí recurrente manejaba en la práctica ambas cuentas como si, en efecto, fuera su titular.
Segundo, corresponde observar en el período fiscal 2008 que en el resumen de depuraciones bancarias efectuadas por cada perito interviniente respecto de la cuenta corriente en pesos N° 16.000.291/41 del Banco de la Nación Argentina de titularidad del aquí actor, ambos peritos identificaron sobre un total de $25.852,47, un depósito no computable por la suma de $8.202,47 en el mes de diciembre de 2008 correspondiente a una acreditación de un préstamo concedido al apelante por su entidad bancaria (cfr. fs. 201/203). En ese sentido, se trata de la concesión de un préstamo a la recurrente, motivo por el cual encontrándose dicha información en poder de la fiscalización al momento de proyectar el ajuste en este aspecto (cfr. fs. 76, Cuerpo N° 1 O.I.
N° 728.188, AA) y solamente por ese importe habrán de ser impuestas las costas al Fisco Nacional, no así en todo lo demás vinculado a este período fiscal y cuenta bancaria, lo que se confirma, con costas.
Tercero, no hay punto de conflicto alguno en el período fiscal 2008 entre el ajuste proyectado sobre la caja de ahorro en pesos N° 4-348-0170006842-8 del Banco Macro S.A. de titularidad del actor y lo expresado por los peritos contadores en el resumen de depuraciones bancarias, resultando computables la totalidad de los depósitos en dicha cuenta acreditados por la suma de $19.934, ajuste que se confirma, con costas.
Cuarto, en el caso del período fiscal 2008 se observa una diferencia entre el ajuste proyectado y el análisis expuesto por los peritos contadores en el cuadro de depuraciones bancarias en referencia a la cuenta corriente en pesos N° 3-867-0000022869-7 del Banco Macro S.A. de titularidad del actor (cfr. fs. 200/203 y fs 205). En efecto, conforme surge del ajuste se computa la suma total de $218.016,24 sin haber tomado en consideración que en el caso de la operación de fecha 16/10/2008 por la suma de $19.879 se trata de un préstamo otorgado por la entidad bancaria, razón por la que en este aspecto habrá de revocarse el ajuste, con costas al Fisco Nacional. Lo mismo sucede con dos transferencias entre cuentas del mismo titular efectuadas los días 27/10/2008 y 31/10/2008 por valor de $4.500 y $5.000, respectivamente, lo que también se revoca, con costas al Fisco Nacional. En virtud de lo expuesto, y como corolario en torno a la procedencia de los ajustes propuestos para el período fiscal 2008, los mismos habrán de prosperar parcialmente, con costas a la vencida, en todo aquello que no fuera revocado expresamente, conforme se señalara en los párrafos que anteceden con costas que se imponen del modo especificado para cada uno de los referidos ajustes, lo que así se resuelve.
VIII. Que, corresponde entonces estudiar los ajustes efectuados a partir de los depósitos detectados por la fiscalización actuante durante el período fiscal 2009, dejando expresamente aclarado que en el Considerando VII que antecede este Tribunal ya ha abordado para dicho período la cuestión referida a las acreditaciones de la cuenta corriente en pesos N° 16.011.603/98 del Banco de la Nación Argentina, la que perteneciera al contribuyente “Sucesión de Italo Ferruccio Bacci – Administración Judicial Susana Viqueira” CUIT 20- 03851205-7.
Primero, corresponde observar en el período fiscal 2009 que en el resumen de depuraciones bancarias efectuadas por cada perito interviniente respecto de la cuenta corriente en pesos N° 16.000.291/41 del Banco de la Nación Argentina de titularidad del aquí actor, ambos peritos identificaron sobre un total de $232.050,13, una serie de operaciones catalogadas como no computables por valor global de $83.577,99, las que de acuerdo al análisis de los profesionales refieren a “Acreditación Préstamo” por $65.120,67, “Otros adelantos” por $10.907,32, “Rech. Chq. De Clearing ONL” por $1.550 y “Dep. Cheque Propia Casa” por $6.000. Ya se ha abordado la cuestión de los préstamos recibidos por el recurrente de parte de su entidad bancaria en el Considerando VII que antecede, argumento que se reitera en el caso de los adelantos recibidos de la misma entidad pero en distinto período fiscal, imponiendo las costas en ese sentido al Fisco Nacional (cfr. fs. 201/202 y fs. 206/207).
Sin embargo, el último de los conceptos identificado como “Dep. Cheque Propia Casa” por $6.000 cuyo origen se encuentran en un libramiento de cheque contra la cuenta corriente del contribuyente “Sucesión de Italo Ferruccio Rafael Bacci – Administración Judicial Susana Viqueira” merece una atención especial. Además de dicho libramiento, en efecto, debe mencionarse que conforme surge de la respuesta unilateral brindada por el perito de la actora en el punto “C” del informe pericial, existe una serie de transferencias entre la cuenta corriente de la Sucesión de Bacci y la cuenta corriente del apelante en la misma entidad bancaria que generaron acreditaciones denominadas “Pase de Fondos E/Cuentas” por valor de $34.900, “Vs. GYT Ley 25413 - Ex. IB” por valor de $7.400 y “Vs. No Gravados IBBA” por valor de $7.500, aspecto que se corrobora asimismo a partir de lo informado en la contestación de oficio efectuada por el Banco de la Nación Argentina ante esta instancia jurisdiccional (cfr. fs. 206/207 y fs. 186/187).
En el caso, el perito de la parte actora menciona que en función de lo informado por un tercero -el Sr. Aravena- en otra contestación de oficio que será abordada más adelante, el hecho de que el Sr. Rafael Bacci -aquí actor-, al ser también administrador en el proceso sucesorio, generó esta serie de movimientos financieros para cubrir los compromisos de su propia cuenta corriente. Por otra parte, obra en estas actuaciones -en lo que aquí interesa- una contestación presentada el 06/02/2015 por el supuesto Administrador de la Sucesión de Italo Ferruccio Bacci. En ese sentido, es el propio Rafael Bacci -aquí actor-, quien se presentara en carácter de heredero y ex-administrador de relaciones de la Sucesión ante AFIP. En dicho oficio, el propio actor da cuenta que a la época de la referida contestación de oficio ya se había dado de baja la Sucesión como contribuyente al haberse procedido a la confección del inventario, tasación y partición, no desarrollándose a su nombre actividad alguna, así como también que ya no existe administrador judicial en función. Ahora bien, quién mejor que el contribuyente para explicar el motivo de los supuestos movimientos financieros, explicaciones inexistentes en el caso ya que como se verá oportunamente, el principal obstáculo que buscó el recurrente dilucidar respecto del ajuste fiscal fueron las operaciones con el Sr. Jorge Aravena (cfr. fs 234/244 vta).
En esa tónica, los ajustes fiscales correspondientes a los movimientos identificados como “Dep. Cheque Propia Casa” por $6.000, “Pase de Fondos E/Cuentas” por valor de $34.900, “Vs. GYT Ley 25413 - Ex. IB” por valor de $7.400 y “Vs. No Gravados IBBA” por valor de $7.500, habrán de ser revocados, con imposición de costas por su orden, tanto más cuando es el propio recurrente el que dispuso la movilización de los fondos del contribuyente cuya administración supuestamente detentó en su momento, y bien podría haber evitado llegar hasta esta instancia jurisdiccional en caso de haber procedido a brindar las explicaciones de rigor cuando fuera oportunamente requerido durante la instancia fiscalizadora.
Segundo, en referencia a la cuenta corriente en pesos N° 3-867-0000022869-7 del Banco Macro S.A. de titularidad del actor surge para el período fiscal 2009 -al igual que sucediera en el período fiscal 2008- el cómputo de una suma total de $381.654,12 (cfr. fs. 201/202 y fs. 209/210), sin haberse tomado en consideración dentro del ajuste fiscal determinadas sumas de dinero por valor de $14.122,10 y $65.300 que responden a un préstamo otorgado por la entidad bancaria y transferencias del mismo titular entre cuentas propias, respectivamente, no pudiendo computarse en ninguno de dichos supuestos como ajuste válido tal como fuera expresado en el Considerando VII, por lo que se revocan en ambos casos, con costas al Fisco Nacional.
Tercero, corresponde abordar entonces el ajuste de mayor relevancia respecto de las acreditaciones bancarias que observara el Fisco Nacional, es decir aquel que tuvo como eje una serie de transferencias electrónicas mediante sistema Datanet por la suma total de $707.447,83 producidas en el período fiscal 2009 entre dos cuentas del Banco Macro S.A., la primera perteneciente al Sr. Jorge Omar Aravena -originante de la transferencia- y la segunda de titularidad del aquí actor -receptor de la transferencia-, caja de ahorro en pesos N° 4-348- 0170006842-8 ya mencionada anteriormente (cfr. fs. 201/202 y fs. 208).
En efecto, conforme surge de la contestación de oficio efectuada por el Sr. Aravena obrante a fs. 123/137 vta., quien informa que durante el período fiscal 2009 efectuó con la Sucesión de Bacci Italo Ferruccio operaciones de depósito y venta de cereal, las cuales fueran canceladas íntegramente de la forma descripta supra, expresando que el motivo de dicho proceder radicó en que el Sr. Rafael Bacci -aquí apelante- actuaba como administrador de la referida sucesión. Asimismo, acompaña los formularios ONCCA de certificados de depósito intransferible C- 1116-A y los formularios ONCCA de compra/venta liquidación C-1116-B, todos emitidos por la Federación Agraria Argentina, en los que constan las retenciones de Impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado efectuados por el Sr. Aravena a la Sucesión en tanto contribuyente; se destaca que al pie de cada formulario se observa una firma ilegible con un sello que expresa “p/Sucesión de ITALO F. R. BACCI – Administrador Judicial – Rafael Bacci”. Por último, acompaña también los comprobantes de todas y cada una de las transferencias realizadas hacia la cuenta del Sr. Bacci, aquí recurrente.
Por su parte, de la contestación de oficio efectuada por el propio actor pero en el rol de “Administrador” de la Sucesión de su padre obrante a fs. 234/244 vta., el mismo efectúa un detalle similar al expresado por el Sr. Aravena, aporta los mismos formularios ya mencionados -los que solamente cuentan con la firma de la contraparte, no así de la parte que él mismo representa - y el detalle de las transferencias desde la perspectiva de su propio resumen de cuenta bancaria en el Banco Macro S.A., las que en ningún momento desconoce. El argumento que brinda para así haber procedido en relación a las cuestionadas operaciones es simplemente para ahorrarse los costos de transferencia que suponía operar pagador y receptor con cuentas pertenecientes a la misma entidad bancaria.
En efecto, se observa que en aquellos casos en los que la cuenta corriente en pesos N° 16.011.603/98 del Banco de la Nación Argentina, perteneciente al contribuyente “Sucesión de Italo Ferruccio Bacci – Administración Judicial Susana Viqueira” CUIT 20-03851205-7 recibió transferencias provenientes de otras entidades bancarias a partir de la utilización del sistema Datanet se generaron una serie de gastos de transacción que se evitan por medio de la utilización del mismo sistema y banco (cfr. fs. 41/42, fs. 54 y fs. 56 -incluso dos transferencias del Sr. Aravena-, y fs. 58/64 -en especial fs. 62 dos transferencias del Sr. Aravena-, Cuerpo N° 1 O.I. N° 728.188, AA). Por lo expuesto, dicho ajuste debe ser revocado. Ahora bien, la total carencia de explicaciones y de aporte de documental respaldatoria durante la instancia fiscalizadora, tanto más cuando el aquí apelante resultaba, asimismo, el administrador judicial de la sucesión de su padre, hace que las costas se impongan por su orden. En lo que a la prueba informativa dirigida a la Sra. Mercedes de los Ángeles Virgili se refiere, aun habiendo reconocido esta Sra. a fs. 150 la realización de operaciones con el contribuyente Sucesión de Bacci Italo Ferruccio -sin aportar documentación de respaldo- y el haber cancelado dichas operaciones mediante la emisión de cheques propios de cuentas bancarias a su nombre -sin identificar siquiera los referidos cartulares-, lo cierto es que no se observa el elemento que vincule esas operaciones con las cuentas bancarias del aquí actor, ni ningún dato pudo tampoco obtenerse a partir del informe pericial contable a ese respecto ni de la prueba informativa contestada por el Banco de la Nación Argentina.
A modo de corolario, y en todo aquello que no fuera expreso motivo de revocación en el Impuesto a las Ganancias para los períodos fiscales 2008 y 2009 revistados en los Considerandos VII y VIII de la presente resulta pertinente destacar que este Tribunal ha convalidado el ajuste fiscal conforme lo establecido en el artículo 18 inciso “g” de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y modificatorias) toda vez que, aún mediando explicaciones que coadyuvan a la depuración de los depósitos bancarios, lo cierto es que en ambos períodos fiscales se verifican en cabeza del recurrente depósitos bancarios superiores a los ingresos declarados, lo que así se resuelve, con costas.
IX. Que, sin perjuicio de lo expresado en el Considerando VII en referencia a la revocación del ajuste fiscal en materia del Impuesto al Valor Agregado en aquellos períodos fiscales donde el argumento base del referido ajuste para la impugnación del crédito fiscal fuera la falta de exhibición de la documentación respaldatoria, la que fuera cotejada por los peritos contadores en oportunidad de efectuar el informe pericial, corresponde asimismo pronunciarse respecto del ajuste realizado respecto a las depuraciones bancarias en los términos del artículo 18 inciso “g” de la norma ritual.
En ese sentido, y en atención a lo dispuesto precedentemente en los Considerandos VII y VIII, corresponde revocar el ajuste fiscal en el gravamen bajo comentario en la proporción en que lo fuera en el Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 2008 y 2009, imponiendo las costas del mismo modo especificado en tal impuesto, por idénticas razones, y confirmar dicho ajuste en todo cuanto no fuera materia de expresa revocación por parte de este Tribunal, con costas a la vencida.
A ese efecto, y en oportunidad de practicar la reliquidación que este Tribunal requiera, deberá el Fisco Nacional computar como créditos fiscales aquellos declarados originariamente por el recurrente, toda vez que los mismos fueron debidamente cotejados y convalidados por los peritos contadores a través de su informe pericial.
X. Que, no habiendo agravios concretos en materia de los intereses resarcitorios, sólo cabe su confirmación por la parte del ajuste fiscal que se confirma, recordándose que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco, como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
XI. Que, corresponde a este Tribunal resolver si se ajustan a derecho las multas aplicadas referentes al Impuesto al Valor Agregado en los períodos fiscales junio a septiembre de 2008, noviembre y diciembre de 2008 y en el Impuesto a las Ganancias período fiscal 2008, equivalentes en todos los casos a tres tantos del respectivo gravamen y con sustento en los artículos 46 y 47 incisos a) de la norma procedimental.
Ello así, cabe recordar que tal como sostuvo esta Sala “B” -en su anterior conformación- in re “Sanguinetti Sergio Claudio” (Expte. nº 25.562-I) y en “Kank y Costilla S.A.” (05/11/2004) entre otros: “...el ilícito tributario previsto en el artículo 46 de la ley 11.683 requiere para su configuración la intención deliberada de no pagar el tributo en su justa medida y la realización de maniobras aptas para lograr este resultado, sin que ello sea advertido por el Fisco...” En el caso del art. 47: “...Se produce por mandato legal, la inversión de la carga de la prueba, correspondiendo en consecuencia a la contribuyente probar que en la materialidad de los hechos que se enrostra y admite, no se asentaba el dolo presumido o el acaecimiento de alguna circunstancia imprevisible, caso fortuito, fuerza mayor, error de hecho o de derecho excusable, a fin de ser eximida de responsabilidad...” En el caso particular, el aspecto material de la multa se encuentra debidamente acreditado, atento el modo en que se resuelve con relación a los ajustes efectuados.
Con relación al aspecto subjetivo, si la Administración Federal optara por encuadrar la conducta en el artículo 46 de la ley de rito, debería producir las pruebas pertinentes a tales efectos, pero si opta por invocar las presunciones del artículo 47 –como en el caso de autos-, deberá acreditar la circunstancia (hecho inferente) que, según la regla de experiencia aplicable al caso de que se trate, permita establecer la necesaria relación de causalidad que admita la activación de dichas presunciones (hecho inferido), presumiendo el dolo como sustrato subjetivo imprescindible del ilícito de que se trata, e invirtiendo la carga probatoria.
Por lo tanto, si se analiza la presunción utilizada en la especie, concretamente el inciso a) del artículo 47 de la ley de rito, que exige una grave contradicción entre lo registrado (que debe responder a los comprobantes respaldatorios de las operaciones reales) con los datos que surjan de las declaraciones juradas respectivas, ello queda evidenciado en las presentes actuaciones en relación a los ingresos omitidos que surgen de las mayores acreditaciones bancarias que no pudieron ser justificadas.
En función de lo expuesto, la presunción que invoca el ente recaudador se encuentra bien activada y correspondía a la parte actora la carga de probar la ausencia de conducta dolosa en su accionar, cuestión que no ocurre en la especie, razón por la cual se entiende que en el caso concreto corresponde confirmar el tipo legal y el quantum de la sanción enrostrada al apelante en ambos gravámenes, las que deberán ser reliquidadas por el Fisco Nacional en función del resultado que arroje la reliquidación de los referidos impuestos, con costas a la actora en la parte que se confirma y con imposición de costas por su orden en la proporción en que las mismas resultan revocadas.
Por ello, SE
1. Confirmar las resoluciones apeladas en todo lo que no fueran materia de revocación expresa de conformidad con lo dispuesto en los Considerandos VII, VIII, IX, X y XI, costas impuestas también de conformidad con lo señalado en idénticos Considerandos.
2. Ordenar a la AFIP-DGI que en el término de treinta (30) días practique reliquidación de conformidad con lo dispuesto en la presente, a cuyo fin se facilitarán las actuaciones administrativas, las que podrán se retiradas en el horario de funcionamiento de la Mesa de Entradas de este Tribunal. Se deja constancia que el plazo acordado involucra el retiro y devolución de dichas actuaciones y empezará a correr desde el momento en que sean retiradas del Ttribunal.
Regístrese, notifíquese. Fecho, procédase a la impresión y agregación de la presente al expediente papel, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos acompañados, y archívese.
Date: 2022.12.27 12:48:52 ART Date: 2022.12.27 12:50:43 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.12.27 13:21:03 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.27 13:21:44 -03:00
Fin de la sentencia