Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 24.553-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar parcialmente la Resolución n° 550/21 (AD BEIR), recaída en la Actuación n° 19417-2-21, declarando que la suma en concepto de multa por la mercadería que resulta incursa en dicha infracción asciende a la suma de CETENCIENTOS VIEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 724.611,65), conforme lo expuesto en el Considerando VII del presente decisorio. Costas por sus respectivos vencimientos.
I. Que mediante la presentación RE-2021-113932982-APN-SGASAD#TFN, se presenta por apoderado, ORTIZ AGUSTIN SEBASTIAN e interpone recurso de apelación contra la Resolución n° 550/21 (AD BEIR), que la condena al pago de una multa por comisión de la infracción prevista en el art. 969 del C.A., en relación a la declaración jurada de venta al exterior n° 20 082 DJVE 000660 V. En primer término, sostiene que existe una calificación imprecisa de los hechos y que, por ende, se ha afectado su derecho de defensa. Expresa que en el auto de apertura de sumario se le está imputando dos tipos infraccionales distintos e incompatibles. Se refiere al art. 969 del C.A. y a la ley 21.453. Agrega que ambos regímenes contienen diferencias sustanciales que obliga a la autoridad a elegir entre una de las opciones, no pudiéndose dar el caso de un concurso de hecho. Asimismo, considera que el servicio aduanero debe acreditar la opción elegida lo que no ocurre en autos. Se agravia del cálculo de la multa; entiende que debería haberse aplicado la multa mínima dispuesta en el art. 969 del C.A. (10% del valor de la mercadería no exportada) y no la prevista en el art. 9° de la ley 21.453 (15% de dicho valor). Plantea la nulidad de las actuaciones. Niega la existencia de la infracción, aun así, sostiene que la Aduana debió contemplar la posibilidad del pago de la multa mínimo del art. 930 del C.A. Subsidiariamente, solicita la aplicación de la ley más benigna. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que mediante el IF-2022-35194704-APN-DTD#JGM, se presenta la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la actora que no sean objeto de un expreso reconocimiento de su parte. Efectúa un relato de los hechos y contesta los agravios de la actora. Expresa que la recurrente no explica concretamente como se ha afectado el derecho de defensa. Se refiere al art. 1050 del C.A. Rechaza el planteo de nulidad. Considera que la recurrente no cumple con la carga de la prueba. Manifiesta que la recurrente no cumplió con la exportación del 90% de la mercadería. En relación a la normativa aplicable, sostiene que la actora se ha acogido voluntariamente al régimen de la ley 21.453, razón por la que no pueda ahora pretender la aplicación del art. 969 del C.A. Manifiesta que la ley 21.453 es una norma específica. Expresa el carácter objetivo de las infracciones. Cita jurisprudencia. Hace reserva del caso federal y solicita se rechace la apelación, con costas.
III. Que la Actuación SIGEA n° 19417-2-2021 se inicia a fs. 1 con la Nota n° 2/21 de la Sección Inspección Ex Ante de la Aduana de Bernardo de Irigoyen y; a fs. 2/3, se agrega copia de la Declaración Jurada de Venta al Exterior n° 20 082 DJVE 000660 V. A fs. 7, obra la liquidación de la multa. A fs. 9, con fecha 16/3/21, se instruye la apertura de sumario por el art. 969 del C.A. y; a fs. 10, obra la corrida de vista a ORTIZ AGUSTIN SEBASTIAN. A fs. 19/24, contesta vista la exportadora. Finalmente, a fs. 28/29, con fecha 3/11/21, se dicta la Resolución n° 550/21, aquí apelada.
IV. Que, en primer lugar, corresponde analizar el planteo de nulidad efectuado por la recurrente, vinculado a que el servicio aduanero habría dictado resolución en violación de la garantía constitucional de la defensa en juicio. Que, en tal sentido, corresponde destacar que no se constata en el sumario, error o vicio alguno, que causaren a la agraviada indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado en esta instancia, por lo cual, atento a la posibilidad, de la exportadora, en esta instancia de ofrecer y producir prueba con toda amplitud y exponer todos los argumentos que estimen convenientes, sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables.
Que ello es así por estricta aplicación de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (entre otros fallos: 205-549 y 267- 393).
Que, por lo expuesto, corresponde rechazar el pedido de nulidad efectuado, por resultar el mismo improcedente, en razón de no existir la causa de nulidad invocada por la actora.
V. Que a continuación corresponde resolver la cuestión de fondo involucrada en autos.
Que, mediante la resolución apelada en autos se le exige a la firma exportadora el pago de una multa en los términos del art. 969 del C.A. y del art. 9° de la ley 21.453.
Que no se encuentra controvertido en autos que, por medio de la declaración DJVE n° 20 082 DJVE 000660 V, el exportador ORTIZ AGUSTIN SEBASTIAN se comprometió a la venta de las cantidades de mercadería que se expone a continuación, acogiéndose al régimen de la ley 21.453. Esto implicó que quedara determinado el régimen tributario, la alícuota y la base imponible vigente al momento del registro de las D.J.V.E. y, como contrapartida, el compromiso a exportar la mercadería correspondiente en las cantidades y en los plazos estipulados.
Que tampoco se encuentra discutido el incumplimiento de la exportación de la mercadería amparada por la referida D.J.V.E. a la fecha de vencimiento de las mismas, esto es al 26/11/21.
Que con fecha 28/10/20 el exportador ORTIZ AGUSTIN SEBASTIAN documentó la declaración n° 20 082 DJVE 000660 V–ver fs. 2/3 de las act. Adm.-; por un total a exportar de 257 toneladas de mercadería consistente en “A granel (ley 21.453) –Aceite en bruto, incluso desgomado ACEITE DE SOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE” que ubicó en la P.A. 1507.10.00.100Q, con destino Brasil.
Que de la compulsa de las actuaciones administrativas surge que la exportadora a la fecha del vencimiento de la D.J.V.E. de trato (26/11/21) solo había embarcado 84,38 toneladas de mercadería, de un total de 257 toneladas declaradas, que implicaba el cumplimiento del 32,83% de lo documentado, menor al 90% (231,30 toneladas) de lo que exige el régimen de la ley 21.453 Que, la situación planteada encuadra en la figura descripta en el art. 969 del Código Aduanero, en cuanto expresamente sanciona con pena de multa al exportador que hubiere optado por el régimen opcional de liquidación de derechos de exportación, previsto en el art. 729 del Código Aduanero y regulado a través de la ley 21.453, y que “...no cumpliere con la exportación en los plazos, forma y condiciones...”.
Que, no encontrándose imposibilidad de exportar en plazos, formas y condiciones contemplados en el art. 730 del C.A. por razones de caso fortuito o fuerza mayor, y no habiéndose cumplido con la exportación documentada en la declaración jurada n° 20 082 DJVE 000660 V, en referencia al porcentaje sin exportar del 57,17% (del 90%) dentro del plazo estipulado, corresponde tener por configurada la infracción prevista en el art. 969 del C.A.
VI. Que, con relación al monto de la multa impuesta, la actora entiende que correspondía aplicar el porcentaje mínimo de la multa en un 10 % conforme lo establecido en el art. 969 del C.A., y no del 15% establecido en el art. 9° de la ley 21.453 que preceptúa: “Las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el noventa por ciento (90%) de la cantidad (peso o volumen) declarada. La Autoridad de Aplicación podrá dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de cumplimiento de las mismas cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador.
El incumplimiento o la anulación de operaciones correspondientes a las declaraciones de ventas registradas, será sancionado con una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de venta de la parte incumplida de la declaración, como máximo hasta el noventa por ciento (90%) de la cantidad declarada. Para la conversión de divisas a moneda nacional de curso legal a fin de calcular las multas referidas se tomará el tipo de cambio comprador más alto vigente al día del vencimiento de la declaración jurada”.
Que se ha señalado que “ambos tipos infraccionales reprimen la misma conducta: el incumplimiento del compromiso de exportación en los términos y cantidades asumidos. Visto y considerando que en ambas leyes existe un régimen represor previsto para la misma conducta, debemos determinar qué sanción corresponde aplicar al exportador que no exportare al menos el 90% de la cantidad manifestada en la Declaración Jurada de Venta al Exterior. No existe, entonces, una conducta con pluralidad de tipos, sino una conducta que configura el mismo tipo infraccional definido en dos leyes distintas. Por lo tanto, podemos concluir que no nos encontramos ante un concurso ideal” (Juan Patricio Cotter, “Las Infracciones Aduaneras”, 2° ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, p. 265).
Que, consecuentemente, visto que en el caso no se configura un concurso ideal, se debe definir qué norma es aplicable al caso, teniendo en cuenta cuál de ellas es posterior en el tiempo y cuál resulta más específica, analizando dicho resultado con el parámetro del principio de la ley penal más benigna.
Que la norma posterior en el tiempo resulta ser el art. 969 del C.A. (BO 28/03/1981) y no el art. 9 de la ley 21.453 (B.O. 11/11/1976); asimismo, cabe mencionar que el Código Aduanero constituye legislación de base, en tanto que la ley 21.453 consiste en un régimen específico, que debe interpretarse sistemáticamente con aquélla. Que si bien la norma del Código Aduanero resulta ser posterior en el tiempo, no obstante no es la específica, dicho resultado debe analizarse de todos modos de acuerdo con el principio de la ley penal más benigna, por lo que le asiste razón a la actora en dicho sentido.
Que es dable recordar que “el principio de aplicación de la ley penal más benigna constituye una excepción al principio general tutelado por el art. 18 de la C.N., la Convención Americana de Derechos Humanos, el art. 2 del Código Penal y en los art. 899, 900 y 901 del CA. La excepción resulta plenamente justificada, en primer lugar porque el cambio de la ley al quitar, por ejemplo, carácter delictivo a una acción, evidencia que no existe interés de la sociedad en penar o sancionar esta conducta; evidencia una evolución de las conductas que merecen reproche. Surge claro, entonces, que la nueva ley se aplica a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia si sus disposiciones resultan más benignas y se resuelve también la ultraactividad de la ley anterior para los actos realizados durante su vigencia, cuando es más favorable” (Juan Patricio Cotter, “Las Infracciones Aduaneras”, 2° ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, p.87).
Que, analizando ambas normas, considero que, a la luz del principio de la ley penal más benigna, se impone la aplicación de la sanción prevista en el art. 969 del C.A. y no la establecida en el art. 9 de la Ley de Exportación de Productos Agropecuarios (conf.: Giambastiani, Juan Pablo, “La exportación de productos agrícolas y la transgresión de la obligación impuesta como condición de un beneficio. Análisis comparativo de las sanciones previstas en el Código Aduanero y en la Ley de Exportaciones Agrícolas”, ED, 16/9/2010; Juan Patricio Cotter, “Las infracciones aduaneras”, 2° ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, ps. 265 y 266; Horacio Félix Alais, “Régimen infraccional aduanero”, Marcial Pons Argentina, 2011, ps. 356 y 357; M. A. Alsina, E. C. Barreira, R.
X. Basaldúa, J. P. Cotter Moine, H. G. Vidal Albarracín, completado y actualizado por E. Barreira, R. Basaldúa, H. Vidal Albarracín, J. P. Cotter (H), A. Sumcheski y G. Vidal Albarracín (H), “Código Aduanero Comentado”, 1° ed., Abeledo Perrot, 2011, t. III, p. 432).
Que, por todo lo expuesto, cabe concluir que la multa aplicada del 15% de la mercadería no exportada no deviene ajustada a derecho, siendo de aplicación la multa mínima del 10% prevista en el art. 969 del CA. Que conforme surge de fs. 7 de las act. adm., el 57,17% (del 90%) del total de mercadería no exportada ascendió a 146,92 toneladas, lo que equivalente a U$S 123.706,64; siendo el tipo de cambio de $ 78,10, el valor del 51,17% de la mercadería no exportada asciende a $ 9.661.488,58, por lo que el 10% de dicho valor, asciende al importe de $ $ 966.148,86.
Que, debe observase que para dicho cálculo el servicio aduanero tomo el tipo de cambio aplicable a la fecha de registración de la D.J.V.E., de fecha 28/10/20, siendo de aplicación el tipo de cambio aplicable al momento de la comisión del hecho, es decir, al momento en que se produjo el vencimiento de la declaración en cuestión, fecha del 26/11/20. No obstante, no corresponde ahora aplicarlo para no incurrir en una indebida reformatio in pejus, toda vez que el tipo de cambio aplicable a dicha fecha asciende a un valor mayor.
VII. Que corresponde ahora expedirse sobre el pedido de atenuación de la multa impuesta a la aquí recurrente. Que, en consideración, de que la recurrente se agravia de que el servicio aduanero al momento de la apertura de sumario no contempló la posibilidad del pago voluntario del mínimo dentro del plazo para contestar el requerimiento de acuerdo al art. 930 C.A. y, siendo que, una parte de la mercadería ha sido exportada, deben ser consideradas como circunstancias atenuantes en los términos de los arts. 915 y 916 del C.A.
Que, en virtud de lo expuesto, resulta ajustado a derecho reducir la condena mínima prevista en el art. 969 del C.A. en un 25%.
Que siendo ello así, y considerando que el 10% del valor en aduana de la mercadería no exportada (146,92 tn) asciende a la suma de $ 966.148,86, tal como quedó expuesto en el apartado anterior; corresponde determinar el monto de la multa en la suma de $ 724.611,65.
VIII. Que, en consecuencia, resulta ajustado a derecho confirmar parcialmente la infracción endilgada por la Aduana, dejando a salvo el criterio asumido por el Dr. Garbarino – por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala – en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes (“Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.840, del 02/12/13; “Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.553-A, del 03/12/13 y “Nutribras SA c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 36.507-A, del 06/03/12, entre otros).
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar parcialmente la Resolución n° 550/21 (AD BEIR), recaída en la Actuación n° 19417-2-21, declarando que la suma en concepto de multa por la mercadería que resulta incursa en dicha infracción asciende a la suma de CETENCIENTOS VIEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 724.611,65), conforme lo expuesto en el Considerando VII del presente decisorio. Costas por sus respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2022.05.09 13:14:05 -03:00 Date: 2022.05.09 13:26:00 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.05.09 13:26:01 -03:00
Fin de la sentencia