Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las determinaciones de oficio del Impuesto sobre los Bienes Personales e Impuesto a las Ganancias apeladas en autos. Con costas.
I. A fs. 27/52 y 115/133 se interpone sendos recursos de apelación contra las resoluciones 118/2015 (DV MMRI) y 117/2015 (DV MMRI) de fecha 13 de julio de 2015, que le determinan de oficio a la apelante el Impuesto sobre los Bienes Personales y el Impuesto a las Ganancias, respectivamente, con más los intereses resarcitorios, correspondientes ambos tributos al período fiscal 2006.
En primer lugar se agravia de la resolución recurrida en cuanto al tratamiento de la nulidad articulada, ya que la misma no se ajusta a derecho y por lo tanto resulta absolutamente arbitraria.
Manifiesta que el Gobierno Francés jamás pudo haber obtenido de forma lícita la supuesta información (correspondiente al período 2006) que remitiera a la Administración Federal de Ingresos Públicos argentina. En efecto como se manifestó en los hechos, es de público conocimiento que dicha información fue obtenida por la administración tributaria francesa mediante la entrega de información robada por un empleado infiel del banco en cuestión, en violación a toda la normativa internacional que rige a el vínculo entre ambos estados y en violación a la normativa interna de la Confederación Suiza la que -dice- posee la protección del secreto financiero sobre los bancos que se encuentran en su territorio.
Alega que resulta evidente que la Administración ha incurrido en vías de hecho contra la contribuyente al iniciar procedimiento determinativo de oficio basándose en elementos provenientes de un ilícito. El art. 9 de la ley 19.549 dispone que: "La Administración se abstendrá: a) De comportamientos materiales que importen vías de hecho administrativas lesivas de un derecho o garantía constitucionales; b) De poner en ejecución un acto estando pendiente de resolución algún recurso administrativo de los que en virtud de norma expresa impliquen la suspensión de los efectos ejecutorios de aquél, o que, habiéndose resuelto, no hubiere sido notificado" Con respecto al rechazo de prescripción manifiesta que con relación a la instrucción de sumario, tampoco resulta aplicable la causal de suspensión agregada por el artículo 44 de la Ley 26.476 ni 17 de la ley 26.860, puesto que fueron publicadas en el Boletín Oficial del 24/12/2008 y 03/06/2013 respectivamente, es decir, con posterioridad al presunto momento comisivo, ya encontrándose prescripto el periodo 2006 por el cual se inicia la fiscalización. Por lo expuesto, en ningún momento se vio suspendido o interrumpido el plazo de prescripción para la fiscalización del periodo 2006, por lo que corresponde decir que al momento de notificarse la vista, las facultades del fisco respecto del periodo 2006, ya se encontraban prescriptas. En consecuencia, causa gravamen irreparable a la actora que el fisco determine deuda en concepto de impuesto sobre los bienes personales por un periodo fiscal que se encontraba prescripto al momento del inicio del procedimiento de fiscalización, por lo que la resolución debe ser revocada.
Alega que no existe presunción de legitimidad alguna respecto de los actos llevados a cabo por el organismo fiscal, ya que el convenio de doble imposición en el cual se pretende convalidar la validez y legitimidad de la documentación que sustentaría el reclamo, no resulta aplicable a la presente causa, ya que la citada documentación no proviene de ninguno de los organismos reglados por el convenio que se cita. De esta forma, no existe legitimación alguna de la Administración Tributaria francesa ya que ella no sólo no es competente, sino que tampoco es la emisora de la información que se pretende validar y menos aún existe legitimación alguna de la Administración tributaria argentina.
Afirma que la recurrente ha negado ser titular de la cuenta por la que se realiza el presente ajuste. Manifiesta que si es el Fisco Nacional quién alega que la recurrente (y la Sra. Sara Tawil) era titular de una cuenta en el exterior con fondos no declarados durante los períodos objeto de ajuste, corresponde que sea el mismo Organismo quién acredite el extremo que invoca en vez de pretender invertir la carga de la prueba en cabeza de la actora, soslayando que en la materia rige el principio de las cargas dinámicas, que obliga a producir probanzas a quién está en mejores condiciones de hacerlo, para el caso, el Ente recaudador por el acceso directo —e incluso compulsivo- a la información que tiene respecto de lo declarado e ingresado por los agentes de recaudación, acceso del que carece la actora.
Alega que al haber depósitos fiduciarios dentro de la cuenta en cuestión, debe tenerse en cuenta que mi parte revestiría el carácter de fiduciante del país en un fideicomiso del exterior —en la hipótesis de la existencia de las supuestas cuentas que se imputan-. Por lo tanto, teniendo en cuenta que los bienes transferidos al fideicomiso integran el patrimonio del fondo, dejan de pertenecer jurídicamente al fiduciante, por lo que no se encuentran alcanzados por el impuesto sobre los bienes personales.
Alega que en el hipotético caso de que se considere a la recurrente como beneficiario o fideicomisario del fideicomiso, cabe manifestar que en relación con los derechos sobre las utilidades del fondo que poseen los beneficiarios, así como los que poseen los fideicomisarios para con el patrimonio del fideicomiso, el mismo tampoco resulta alcanzado frente al tributo en razón de no hallarse enumerado dentro de los bienes del exterior sujetos a imposición, detallados en el art. 20 de la ley del gravamen. Ello dado que no cualquier bien del país o del exterior resulta sujeto al gravamen, sino únicamente aquellos definidos como tales en los artículos 19 y 20 de la ley, respectivamente.
Cita doctrina y jurisprudencia, agrega prueba documental, ofrece informativa, hace reserva del caso federal, pide que oportunamente se revoquen los actos apelados, se declare que las resoluciones apeladas resultan nulas e ilegítimas con imposición de costas al Fisco Nacional.
II. A fs. 68/85 y 142/159 el Fisco Nacional contesta el recurso interpuesto solicitando su rechazo con costas. En primer lugar, respecto al planteo de prescripción manifiesta que el vencimiento para la presentación de la declaración jurada del periodo fiscal 2006 operó en el año 2007, razón por la cual el cómputo del plazo de la prescripción comenzó a correr el 1° de enero de 2008, el cual se vio suspendido el 24 do diciembre de 2008, fecha en que se publicó en el Boletín Oficial la ley 26.476 que estableció un régimen de regularización impositiva y de protección de empleo y que en su articulo 44 dispuso la suspensión del curso de la prescripción con carácter general en los siguientes términos: Suspéndese con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales," Alega que el cómputo del curso de la prescripción se reinició el 24 de diciembre de 2009, viéndose nuevamente interrumpido dicho plazo el 3 de junio de 2013, fecha en que fue publicada en el Boletín Oficial la ley 26.860 que estableció un nuevo régimen de regularización y estableció en su articulo 17 la suspensión con carácter general por término de un año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos en idénticos términos a los previstos en el articulo 44 supra citado, retomándose el 3 de junio de 2014 el cómputo del curso de la prescripción y por la conjunción de las suspensiones dispuestas en las leyes 26.476 y 26.860 referenciadas, el término de la prescripción hubiera operado el 1 de enero de 2015.
Alega que el articulo 65.1 de la ley procedimental establece: "Se suspenderá por ciento veinte (120) días el curso de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley y para aplicar y hacer efectivas las multas, desde la fecha de notificación de la vista del procedimiento de determinación de oficio o de la instrucción del sumario correspondiente, cuando se tratare del o los períodos fiscales próximos a prescribir y dichos actos se notificaran dentro de los (180) días corridos anteriores a la fecha en que se produzca la correspondiente prescripción”.
Afirma que en respuesta a los planteos de la nulidicente, cabe en primer término dejar sentado que los ajustes que motivan las resoluciones apeladas no se sustentan en las disposiciones del Convenio para evitar la Doble Imposición y prevenir la evasión fiscal suscripto con la República Francesa sino en las previsiones de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.), ley 20.628 (t.o. en 1997 y sus modif.) y ley 23.966 (t.o. en 1991 y sus modif.). Esta afirmación de la actora es inconsistente con lo que surge del propio acto administrativo, en tanto que el mismo no sostiene que la ley que se invoca en sustento de las determinaciones sea el Convenio para evitar la Doble Imposición, como ley aplicable; sino que su trámite, cuestión de fondo y posterior resolución ha sido en función a lo establecido por la Ley 11.683 (en procedimental) y las disposiciones que establecen las leyes referidas a los respectivos tributos.
Reitera que la información en cuestión fue entregada a la autoridad competente Argentina por la autoridad competente Francesa en el mareo de un tratado internacional, el Convenio con la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, Ley N° 22.357, que cuenta con un Protocolo modificatorio del Convenio, aprobado por Ley N° 26.276. La AFIP obtuvo la información a través de un organismo oficial, la Dirección General de las Finanzas Públicas de Francia, en el marco del artículo 27 del convenio para evitar la doble imposición antes citado.
Alega que el marco del mentado Convenio con Francia, nuestro país puede solicitar el intercambio de información para aplicar lo dispuesto en el mismo, o bien, para administrar y exigir lo dispuesto en nuestra legislación nacional, relativa a los impuestos y respecto de los sujetos comprendidos en el mismo. En este orden, no cabe entrar a considerar el origen de la misma, aspecto que queda fuera del ámbito de incumbencia de la Administración tributaria argentina.
Manifiesta que corresponde confirmar la procedencia de la determinación impositiva del Impuesto sobre los Bienes Personales, ello en razón de que la recurrente no exteriorizó en su declaración jurada del citado gravamen importe alguno en concepto de depósitos de dinero en el exterior. Ello así, en virtud de las consideraciones precedentes, destaca que en la presente instancia corresponde ratificar los cargos formulados en la determinación de oficio practicada, imponiendo las costas a quien pretende vanamente que se revoquen actos administrativos que se sustentaron indubitablemente en la realidad constatada y en el derecho aplicable al caso. Sostiene que la ley del Impuesto sobre los Bienes Personales alcanza claramente a los depósitos en instituciones bancarias del exterior. A estos efectos se entenderá como situados en el exterior a los depósitos que permanezcan por más de TREINTA (30) días en el mismo en el transcurso del año calendario. Para determinar el monto de tales depósitos deberá promediarse el saldo acreedor diario de cada una de las cuentas. Por lo tanto, señala que no tienen asidero las argumentaciones del recurrente cuando pretende sostener que el dinero que posee depositado en esa cuenta no se encuentra gravado, ni tiene que ser considerado la circunstancia que menciona que pertenece a un fideicomiso en el cual es beneficiario, puesto que dicha circunstancia, en primer lugar no fue probada o demostrada en absoluto por el recurrente, quien negó la existencia de la cuenta.
Se opone a la prueba ofrecida, introduce la cuestión federal , solicita el rechazo de la prescripción opuesta por la contraparte así como los planteos nulificantes y que se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas, con costas.
III. A fs. 179 se abre la causa a prueba, ordenándose producir la prueba informativa. A fs. 195/197 se produce la prueba informativa. A fs. 214 se clausura el período de instrucción. A fs. 217 se elevan los autos a Sala y pasan para alegar. A fs. 225/231vta y 235/238vta obran alegatos de la actora y el Fisco Nacional. A fs. 245 pasan a sentencia.
IV. A los efectos de resolver la cuestión traída a decisión de este Tribunal cabe tener presente que, en principio, los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros). En efecto “los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, ni tratar todos los temas expuestos, ni analizar todos los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (fallos 272:325)”, citado por la CNACAF, Sala IV 19-02-97, Causa N° 2783, “Rúffolo Roque c/ DGI”, TFN 13.174-I.
V. Ello así, corresponde el tratamiento del planteo de prescripción que efectúa el actor respecto de las facultades del Fisco para reclamar el Impuesto sobre los Bienes Personales e Impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal 2006.
Ahora bien corresponde analizar si resulta de aplicación al caso algún supuesto de suspensión del término de la prescripción en curso.
Que el artículo 44, de la ley 26.476 (B.O. 24/12/2008) dispone: “Suspéndase con carácter general por el término de (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”.
Asimismo, el artículo 86 de la R.G. 2650 (AFIP) aclaró que: “La suspensión del curso de la prescripción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización está a cargo de esta Administración Federal y para aplicar multas relacionadas con los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales, previstas con carácter general en el Artículo 44 de la Ley Nº 26.476, alcanza a la totalidad de los contribuyentes o responsables, hayan o no adherido a alguno de los regímenes reglamentados por esta resolución general...El término de un año a que se refiere dicho artículo se computará a partir del día 24 de diciembre de 2008, inclusive.”
Que en términos similares la Ley Nº 26.860 (B.O. 3/6/2013) dispuso en su artículo 17 dispuso: “Suspéndase con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”; debiendo tenerse presente que de conformidad con el artículo 21 de dicha norma, sus disposiciones son de orden público y entraron en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Que la redacción de ambos textos legales, no arroja dudas acerca de la intención del legislador, en cuanto a que la mentada suspensión se dispone “con carácter general”, esto es, que abarca a la generalidad de los contribuyentes responsables y no solamente a los que hubiesen ejercido el derecho a acogerse al régimen de normalización tributaria. Así lo ha entendido la C.S.J.N in re “Fisco Nacional c/Distribuidora El Plata SRL s/Ejecución Fiscal” de fecha 26/11/91.
Ello así, el vencimiento para la presentación de la declaración jurada del período fiscal 2006 operó en el año 2007, razón por la cual el cómputo del plazo de la prescripción comenzó a correr el 1 de enero de 2008, el cual se vio suspendido el 24 de diciembre de 2008, fecha en que se publicó en el Boletín Oficial la ley 26,476 que estableció un régimen de regularización impositiva y de protección de empleo y que en su articulo 44 dispuso la suspensión del curso de la prescripción.
Conforme lo dispuesto en la norma transcripta, el cómputo del curso de la prescripción se remitió el 24 de diciembre de 2009, viéndose nuevamente interrumpido dicho plazo el 3 de junio de 2013, fecha en que fue publicada en el Boletín Oficial la ley 26.860 que estableció un nuevo régimen de regularización y estableció en su artículo 17 la suspensión con carácter general por término de un año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos en idénticos términos a los previstos en el artículo 44 supra citado. Por lo expuesto, retomándose el 3 de junio de 2014 el cómputo del curso de la prescripción y por la conjunción de las suspensiones dispuestas en las leyes 26.476 y 26.860 referenciadas, el término de la prescripción hubiera operado el 1 de enero de 2015.
No obstante, resta analizar la aplicación de la última parte del artículo agregado a continuación del art. 65 de la ley 11683.
Al respecto, el mencionado artículo establece “Se suspenderá por ciento veinte (120) días el curso de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley y para aplicar y hacer efectivas las multas, desde la fecha de notificación de la vista del procedimiento de determinación de oficio o de la instrucción del sumario correspondiente, cuando se tratare del o los períodos fiscales próximos a prescribir y dichos actos se notificaran dentro de los ciento ochenta (180) días corridos anteriores a la fecha en que se produzca la correspondiente prescripción”.
Al respecto se ha sostenido que “En este caso debe tratarse de períodos fiscales próximos a prescribir y siempre que esa vista se notifique dentro de los 180 días corridos anteriores a la fecha en que se produzca la correspondiente prescripción...No aclara la norma cómo deben computarse los 120 días, pero es indudable que ellos serán los hábiles administrativos, teniendo en cuenta la norma general establecida en el art. 4° de la ley procedimental...” (Horacio Ziccardi, 75 Aniversario de la Ley 11.683, Ed. Edicoal, Pags.543/546). En ese sentido, teniendo en consideración que la vista conferida se notificó el 12 de diciembre de 2014, los poderes u acciones del Fisco Nacional para determinar y exigir el pago de los tributos de marras no prescribirían sino después de los 120 días del corriente alío, plazo el cual no fue superado al dictarse ambas resoluciones apeladas el 13 de julio de 2015.
Que en función de lo expuesto, procede rechazar la prescripción opuesta por el recurrente.
VI. En cuanto a los agravios de la recurrente relativo a la inaplicabilidad del convenio suscripto con el Estado de Francia y frente a los cuestionamientos vinculados a la validez de la información que origina los cargos formulados en las resoluciones apeladas, resulta menester recordar que el artículo 27 del Convenio entre la República Argentina y la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, normado por la ley 22.537, que cuenta con un Protocolo Modificatorio al Convenio aprobado por la ley 26.276 prevé que “Las autoridades competentes de los Estados intercambiarán las informaciones que sean necesarias para la aplicación de las disposiciones de/presente Convenio, o aquellas de la legislación interna de los Estados relativas a los impuestos comprendidos por el Convenio, en la medida en que la imposición que ella prevé no sea contraria al Convenio. Dicho intercambio de información no se verá restringido por las disposiciones del Articulo 1. Las informaciones que reciba un Etado serán mantenidas en secreto de ¡a misma manera que los intercambios obtenidos por aplicación de la legislación interna de ese Estado y sólo se entregará a las personas o autoridades (incluso tribunales y órganos administrativos) a quienes compete el establecimiento o recaudación de los impuestos comprendidos en el Convenio, o la sustanciación de causas judiciales o apelaciones relativas a impuestos, o para las decisiones sobre los recursos concernientes a esos impuestos. Estas personas o autoridades sólo usarán estos informes para estos fines. Podrán revelar las informaciones en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales.”
En virtud del precepto glosado, resulta claro que no existían obstáculos legales para que nuestro país, en el mareo del mentado convenio, requiera información relativa a los sujetos e impuestos comprendidos en el Convenio, tendiente a su correcta administración.
No se advierte, pues, que el intercambio efectuado exceda lo dispuesto en el articulo 27 del convenio referido, sino en cambio, que el intercambio se encuentra dentro del marco de lo dispuesto en el mismo. Del texto del convenio se extrae que las autoridades competentes intercambiarán las informaciones que sean necesarias para la aplicación de las disposiciones de la legislación interna de los Estados relativas a los impuestos comprendidos en el Convenio —cfr. artículo 27-. Tal como se desprende de los fundamentos que se extraen del propio convenio, ambos países celebran el convenio deseosos de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio.
VIII. En cuanto a la nulidad de la recurrente basada en que la información fue obtenida por un hecho ilícito corresponde destacar lo resuelto por el Juzgado Nacional Penal Económico Nº 11 al resolver el 7/3/2017 el Incidente de Nulidad sobre el origen de la prueba en la causa HSBC Bank Argentina SA y otros s/L 24769, donde el juez señala que el 4/7/2014 el Administrador Federal inició las gestiones ante el Ministerio de Economía a efectos de obtener la información financiera y bancaria de contribuyentes argentinos en poder de la Administración Tributaria Francesa, lo que se concretó con la nota remitida por el titular del aludido ministerio a su par de la República Francesa. La información le fue entregada al Administrador Federal en ocasión de su viaje a París el día 25/9/2014, en un CD encriptado, el cual fuera recibido y mantenido en custodia por la División de Intercambio de Información Tributaria de la AFIP.
Tal como se señala en la sentencia del Incidente de nulidad antes referido “...los archivos en cuestión fueron secuestrados, en poder de un particular, por las autoridades de la República Francesa en el marco del registro domiciliario … y posteriormente entregados a la autoridad fiscal de nuestro país en el marco del art. 27 de la ley 22.357 … No se advierte la intevención o conexión entre los agentes estatales y la obtención por parte de Hervé FALCIANI de los datos cuestionados...”
“Los eventuales delitos que pudiera haber cometido el poseedor de tales documentos -Hervé FALCIANI-, tal como se indica en los diferentes planteos, no constituye una circunstancia que invalide “per se” la obtención de los documentos secuestrados por las autoridades estatales.”
Asimismo en dicha sentencia se señala “Que, en otro orden de ideas, las objeciones planteadas con relación a la presunta violación de la cadena de custodia y la posible contaminación de la documentación aportada por la República Francesa no resulta cuestiones nomativamente vinculadas a la validez de esos documentos sino que, por el contrario, guardan relación con el valor probatorio que jurisdiccionalmente pueda asignárseles”.Agrega al respecto que “En conclusión, al no corresponder un juicio anticipado y aislado sobre el mérito de la documentación acompañada por la República Francesa, el análisis de las objeciones y planteos desarrollados por el acápite (ii) del considerando 3º excede el marco de la presente incidencia”.
Si bien se trata de documentación que carece de firma y apostillado, tal como se describe en el fallo que venimos transcribiendo “que tratándose de documentos privados secuestrados en poder de un particular, tales recaudos no constituyen un requisito de validez sin perjuicio de su valor probatorio...”. En cuanto a la falta de traducción, este Tribunal entiende que a tenor de los datos que surgen de la misma consistentes en datos personales de las personas y montos asignados a determinados números de códigos de clientes, la falta de traducción no es óbice para su análisis. Por otra parte, el recurrente ha tenido la posibilidad de requerir en esta instancia la traducción de dicha documentación por un perito traductor público, lo que no ha acontecido, surgiendo del propio escrito de apelación que el recurrente no ha tenido en principio inconveniente para interpretar los datos que de ella surge.
Que, en este orden, es dable recordar la doctrina de nuestro más alto Tribunal, en el sentido de que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo, además, ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido "Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica- Amet c/ Buenos Aires Provincia de y otro s/ amparo", C.S.J.N., 5/10/95, t. 318, p.1798; "Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios", C.S.J.N. 6/2/01, t. 324, p. 151, entre otros).
Cabe agregar que para pretender la nulidad de las actuaciones administrativas, se debe demostrar de qué concretas defensas y pruebas se habría visto privada la parte en las instancias administrativas y la incidencia que dichas omisiones hubieran podido tener para modificar en su favor la situación que da origen a la causa judicial (conf. Fallos: 282:188 y sus citas; Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal, Sala V - “in re” “Sugart Pedro Medrano SA c/Secretaría de Comercio e Inversiones - disposición [DNCI] 2373/1996” - 23/9/1998), lo que no se ha acreditado en autos.
Que por lo expuesto, corresponde rechazar la defensa de nulidad articulada por el contribuyente en autos.
IX. Que entrando al análisis del fondo del asunto traído a decisión, conviene comenzar por destacar que este Tribunal tiene dicho que “los métodos presuntivos para la determinación de tributos, son alternativas válidas que habilita la ley a favor de la Administración para que pueda cumplir sus objetivos en aquellos casos en que, debido a la inexistencia de elementos, registración con notorias falencias, o documentación que no resulte fehaciente...deba recurrir en forma supletoria o complementaria a esta metodología para cuantificar la base imponible” (cfr. entre otros, Armotec SACIFIC, TFN, Sala B, 10/02/1999, "Victorio Américo Gualtieri S.A.", 08/05/2007). El legislador ha aceptado la necesidad de implantar métodos indiciarios con el propósito de contrarrestar la evasión fiscal. La validez de los mismos dependerá de que su uso guarde razonable correspondencia con los restantes elementos de convicción obrantes en la causa. (doctrina de CNACAF, Sala I, in re “Casado Abel y otros”, 7/5/93).
Cabe señalar que el Fisco Nacional ha obtenido información del Fisco Francés relativa a la tenencia de cuentas bancarias en el HSBC Suiza por parte de ciudadanos argentinos. De la información en cuestión surge, conforme las planillas de fs. 29/31 del cpo. de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales la existencia de diversos activos en una cuenta cuyos datos de perfil coinciden con los asignados a los aquí actores.
Que, en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto Ledesma, Amalia, TFN, Sala D, 18/07/2001, Inmobiliaria Quesada SRL, TFN, Sala A, 11/04/2000, Campisi, Benito, Sala B, 10/05/1999, Bur, Delia Matilde, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996).
Cabe recordar que si las manifestaciones de los contribuyentes no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración de los hechos y errores que le atribuye.
Que como tiene dicho la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede omitirse que -según reiterada doctrina, las resoluciones emanadas regularmente de la Dirección General Impositiva gozan de presunción de legitimidad -cfr. art. 12 de la ley 19.549- por lo que no resultaría ajustado admitir de inicio que ellas respondan a un obrar injustificado o abusivo (Fallos: 318:2431; 321:695; 325:2347, entre muchos otros) por lo que, "la peculiar naturaleza del acto cuestionado tiene a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)...". Asimismo, de seguirse otra tesitura "la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)" (cfr. CSJN in re "Romero SA", sentencia del 8/2/2005).
En el caso concreto el actor encaminó su recurso a cuestionar la suficiencia de la prueba aportada por el Fisco para adjudicarle la cuenta en cuestión, mas no ha ofrecido ni producido prueba alguna tendiente a comprobar no ser el titular de los fondos allí depositados, como lo hubiera podido hacer mediante una informativa vía exhorto al HSBC Suiza requiriendo que dicha entidad informara si lo tenía como cliente y titular de alguna cuenta bancaria. Por el contrario, respecto de la prueba informativa producida en esta instancia obrante a fs. 197 corresponde señalar que el Fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nro. 9 deja sentado que en el marco de dichas actuaciones el Sr. Elias Eduardo Zayat sería la persona que se encuentra individualizada en la “ficha BUP” número B5090113135, presentada entre la documentación aportada por la Administración Federal de Ingresos Públicos, en su calidad de denunciante en autos, a partir de los elementos probatorios aportados por la República de Francia en función del intercambio de información previsto en el art. 27 del Convenio entre la República Argentina y la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio (aprobado por ley N° 22.357).
Al respecto cabe destacar que si bien este Tribunal (en virtud de lo dispuesto por el art. 146 de la ley 11683 -t.o. en 1978 sus modificaciones) tiene “...amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes...”, es jurisprudencia pacífica que en materia de prueba ello no implica “llegar al extremo de reemplazar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de la igualdad procesal” (en tal sentido ver D.F. XXII, -Compendio de Fallos- pág. 1183, referido a la causa: “Tameyfú S.R.L., Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal -Sala II- del 27/6/72, Tribunal Fiscal de la Nación C-833, del 26/3/71). Debe entenderse que incumbe a la apelante poner en movimiento la etapa de probanzas del proceso, a fin de lograr el mayor grado de verdad -apodíctica-, esto es, lograr que a partir de las pruebas aportadas el juzgador llegue al mayor grado de certeza, eliminando la posibilidad de que las cosas o los hechos hayan sucedido de forma diferente a lo que se está aseverando. Respecto de los argumentos de la recurrente por cuanto sostiene que el dinero que depositado en esa cuenta no se encuentra gravado, ni tiene que ser considerado porque pertenece a un fideicomiso en el cual es beneficiario, cabe señalar que dicha circunstancia, en primer lugar, no fue probada o demostrada en absoluto por la recurrente. Por otra parte, en función de los saldos que surgen depositados en la cuenta al 31/12/2006, resulta ajustado el criterio fiscal en función de los indicios recolectados y de las presunciones legales y las normas propias de cada uno de los gravámenes de un incremento patrimonial no justificado en el impuesto a las ganancias y bienes omitidos de declarar en el impuesto sobre los bienes personales.
Por otro lado en cuanto a los agravios de la recurrente relativos a la supuesta cotitularidad de la cuenta que se le imputa, corresponde señalar que si bien la Sra. Sara Tawil surge mencionada en las resoluciones por el juez administrativo, de las constancias de autos no surge que se hubiera efectuado determinación de oficio alguna sobre dicha persona atribuyéndole la titularidad de la cuenta.
Ello así, y teniendo en cuenta que este Tribunal debe pronunciarse únicamente sobre las cuestiones que se encuentran sometidas a su jurisdicción y en la medida del objeto de la litis, corresponde validar el criterio fiscal en cuanto le ha atribuido en función de los elementos de la causa la titularidad de los fondos al aquí actor, haciendo notar el juez administrativo que ello lo es sin perjuicio de lo que en un futuro pudiera surgir de la investigación que se lleva a cabo en sede penal en cuanto a la titularidad o disponibilidad de los bienes involucrados en cabeza de los sujetos relacionados a dicha cuenta.
Que, en virtud de lo expuesto, procede confirmar las determinaciones de oficio del Impuesto sobre los Bienes Personales e Impuesto a las Ganancias apeladas en autos. Con costas.
X. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
Por ello; SE
1. Confirmar las determinaciones de oficio del Impuesto sobre los Bienes Personales e Impuesto a las Ganancias apeladas en autos. Con costas.
2. Se deja constancia que la presente resolución es suscripta por los miembros titulares de las Vocalias 4° y 5° en virtud de lo dispuesto en el art. 6°, 10° párrafo del R.P.T.F.N.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.02.03 15:49:12 ART Date: 2022.02.04 10:42:37 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.02.04 10:42:45 -03:00
Fin de la sentencia