Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 24.553-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar, parcialmente, la Resolución DE PRLA nº 6368/08, con excepción de las percepciones de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias, en la determinación tributaria. Costas por sus respectivos vencimientos.
I. Que a fs. 16/22 se presenta la firma COLORTEX S.A., mediante apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución n° 6368/08, dictada el 8/10/08 por el Jefe del Dpto. Procedimientos Legales Aduaneros de la Aduana de Buenos Aires, recaída en el SIGEA 12034-149-2008, en cuanto le formula cargos por la presunta infracción al art. 970 del C.A. al amparo de la D.I.T. n° 98 001 IT14 005260 M, intimándosele el pago de una multa de $ 6.300,58 y la suma de $ 14.617,15 por tributos. Efectúa una reseña de los antecedentes que dieran origen al dictado de la resolución apelada. Plantea la prescripción concursal señalando que se solicitó la apertura de su concurso preventivo en el año 2002, y que al ser el crédito reclamado de causa origen anterior a esa fecha reviste carácter preconcursal. Deduce de ello que habiendo omitido la Aduana la verificación de su crédito en el plazo allí previsto, el mismo ha prescripto (arts. 32 y 56 de la ley 24.522). Asimismo, sostiene litispendencia del juez concursal. Expresa que reexportó la mercadería importada temporariamente en tiempo y forma. Considera que la multa que se impone requiere un contenido subjetivo de la culpa que no se configura en este caso. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas II.- Que, a fs. 47/52, la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la actora que no sean objeto de un expreso reconocimiento de su parte. Efectúa un relato de los hechos y contesta los agravios de la actora. Manifiesta que no se ha regularizado la totalidad de la mercadería importada temporariamente. Refiere al art. 274 del C.A. Expresa que al momento de dictar la resolución aduanera recién en ese momento hay un crédito exigible por lo que mal se puede verificar o ejercer el fuero de atracción. Agrega que el concurso y/o la quiebra del importador en modo alguno veda la determinación de obligaciones tributarias y/o sanciones aduaneras. Asimismo, manifiesta que dichas cuestiones no resultan atraídas por la quiebra. Considera que la prescripción solicitada por la recurrente no es aplicable al caso. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas que acompaña, hace reserva del Caso Federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que de las actuaciones administrativas SIGEA n° 12034-149-2008 se inicia a fs. 1 con el acta de denuncia 308/01 y a fs. 3, se agrega la carpeta de la destinación de importación temporaria n° 98 001 IT14 005260 M. A fs. 6, obra liquidación de multa y tributos. A fs. 15, con fecha 9/12/03, se dispone la instrucción del sumario; a fs. 17, se corre vista de todo lo actuado a la recurrente y se cita a la aseguradora CHUBB DE FIANZAS Y GARANTÍAS S.A. en su carácter de garante. A fs. 78/80 y 85/86, se presentan la importadora y la aseguradora y realizan su descargo. A fs. 120, obra nueva liquidación. Finalmente, a fs. 128/130, en fecha 8/10/08, se dicta la resolución n° 6368/08, apelada en autos.
IV. Que corresponde analizar el planteo de prescripción opuesto por la actora.
Que la excepción de prescripción opuesta por la recurrente, con sustento en que el Fisco no se presentó a verificar su crédito en el concurso preventivo de acreedores de la firma importadora, como tampoco promovió el respectivo incidente de verificación tardía, considerando en consecuencia, que se ha operado la prescripción por el vencimiento del plazo contemplado en el art. 56 de la ley de Concursos y Quiebras 24.522, para la verificación del mismo, debe tratarse en primer lugar atento a las posibles consecuencias que conlleva su declaración. Que dicha norma establece que los efectos del acuerdo homologado se aplican aun a los acreedores que no se hubieran presentado a verificar sus créditos, si una vez presentados se los declaró admisibles. A tal efecto contempla el incidente de verificación tardía estableciendo que “debe deducirse mientras tramite el concurso o, concluido éste por la acción individual que corresponda, dentro de los dos (2) años de la presentación en concurso” (el destacado me pertenece). Asimismo se establece que, vencido ese plazo, prescriben las acciones del acreedor.
Que corresponde distinguir, en primer término, la prescripción de la acción del Fisco para determinar los tributos aduaneros o imponer las multas del mismo carácter regulada en los arts. 803 y ss. y arts. 934 y ss. del C.A., de la prescripción abreviada concursal prevista en el art. 56 de la ley 24.522, ligada íntimamente con la percepción de los tributos y de la multa, que pudieran corresponder como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones aduaneras asumidas.
Que cabe señalar que existen aspectos particulares del derecho aduanero que hacen que no queden comprendidos en el fuero de atracción ciertos temas como el sometido a estudio, es decir, dotado de un carácter preponderantemente jurisdiccional, por lo que en el caso no corresponde, en los términos señalados por la Corte Suprema de Justicia in re “Administración Federal de Ingresos Públicos -DGI- s/ casación en autos: 'Bodegas y Viñedos El Águila SRL s/ concurso preventivo – revisión'” del 11 de agosto de 2009, aplicar los plazos prescriptivos previstos por la ley de concursos, en tanto el sub exámine resulta fruto de un procedimiento aduanero que no se encuentra firme y no de un instrumento emanado de la propia parte actora a fin de determinar el monto de las acreencias a verificar por la Administración (como efectivamente sucedía en el precedente analizado por el Alto Tribunal supra referido, cuya plataforma fáctica difiere del presente).
En efecto, si bien es cierto que la ley 24.522 en su artículo 21 consagra que la apertura del concurso preventivo produce la suspensión de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado, debiendo radicarse ante el Juzgado respectivo las causas que tramitan ante la misma jurisdicción judicial, sin embargo no todas ellas lo son, ya que los aspectos de especificidad ya comentados hacen más a mecanismos de conocimiento que a los de ejecución. De modo que tales procedimientos deben realizarse, sea en la vía administrativa como en la jurisdiccional ante este Tribunal Fiscal, ya que tienden a la exteriorización del hecho imponible y a establecer la medida de la obligación a contribuir, y no deben sustanciarse ante el juez del concurso, por estar dirigidos a la constitución del instrumento creditorio de naturaleza tributaria.
Que la especificidad de la ley tributaria, con exclusión de otras normas, ya ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos pronunciamientos, en los que expresó, respecto a la determinación tributaria, que la ley ha previsto, de manera específica, un procedimiento y un órgano de decisión y la posibilidad de apelar ante los tribunales federales (conf. “Hilandería Luján S.A.”, del 30-9-86; “Casa Marroquín S.R.L.”, del 31-3-87); la ley concursal sólo debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procesos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al organismo competente la determinación de obligaciones tributarias anteriores a la fecha de iniciación de aquél ni la de sanciones pecuniarias que se vinculen con ellas (“Gregorio C. Cosimatti”, sentencia del 9-4-87), excluyendo de ese modo la competencia del juez del concurso en la determinación tributaria.
Bajo tales premisas, los procesos impugnatorios aduaneros no quedan afectados por la fuerza atractiva de los juicios universales que prevé la ley 24.522. Así lo ha entendido este Tribunal, su Alzada y la C.S.J.N en reiterada jurisprudencia en materia tributaria (“Ostrimet S.A.”, sentencias del 5 de abril de 1991 y del 20 de diciembre de 1994, y los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictados en “Hilanderías Luján S.A.” el 30 de septiembre de 1986, “Casa Marroquín SRL”, del 31 de marzo de 1987 y “Lumicot SAICAFI”, el 10 de marzo de 1987), cuya aplicación en la especie deviene ineludible.
Que, por lo demás, y respecto del ámbito donde debe discutirse la procedencia o no del concepto reclamado por la DGA a una empresa concursada, nuestro más Alto Tribunal tiene dicho en numerosos precedentes que si bien la exigencia final del tributo debe tramitarse en el fuero comercial, la discusión sobre la procedencia o no del impuesto debe efectuarse en el área judicial respectiva (“Supercanal S.A.” de fecha 2/06/03, “Loba Pesquera S.A.” de fecha 11/06/03 y “Enrique Gauchat” de 4/07/03).
Que, por último, si bien el artículo 32 de la mentada ley impone la obligación de verificar los créditos, lo hace con referencia a “todos los acreedores por causa o título anterior a la presentación y sus garantes” y si bien tal pedido de verificación tiene el efecto de interrumpir la prescripción e impedir la caducidad del derecho (art. 33), en el particular caso bajo examen, de constatarse la existencia del crédito, si bien habrá de considerarse nacido en la fecha de comisión presunta de la infracción que se imputa (21.09.98), ello es con anterioridad a la fecha de presentación en concurso (02.07.01, según surge del informe remitido por la sindicatura al Juzgado en el que tramitara el proceso falencial, cuya copia luce a fs. 132 y vta de estos autos), no puede considerarse como “determinado” -y ejecutable- hasta el dictado de la resolución que puso fin al procedimiento para las infracciones iniciado.
Que en el caso de autos, a la fecha de emisión de la resolución apelada –8/10/08- los dos años contados a partir de la fecha de presentación del concurso de la actora ya habían trascurrido y, en tanto hasta esa fecha no podía decirse que el crédito del Fisco hubiera quedado determinado, tampoco durante el concurso podía presentarse a verificarlo.
Que, siendo así, e independientemente de la conducta adoptada por la AFIP-DGA para insinuar el crédito en el concurso preventivo de la importadora, dicho proceso falencial en modo alguno veda al órgano competente la determinación de obligaciones tributarias o la aplicación de sanciones, cuestiones que no resultan atraídas por el mismo.
Que, en su caso, la carga procesal de la Aduana de presentarse a verificar su crédito recién nace cuando el monto del mismo se encuentra determinado y firme, ello es, que no haya sido apelado o, apelado y confirmado mediante sentencia firme, momento en el cual se abre la etapa de ejecución. En dicho entendimiento, hasta tanto no se encuentre firme la disposición aduanera que determina la entidad del crédito fiscal, y resulte el mismo ejecutable, no parece lógico ni razonable que se aplique el régimen de prescripción abreviada de los dos años que contempla el mentado artículo 56 de la ley 24.522.
Que analizado el planteo de prescripción desde la perspectiva de la normativa aplicable al caso, ello es, de conformidad al régimen de prescripción estatuído en el C.A., la acción fiscal para imponer penas y requerir el pago de diferencias por tributos no se hallaba prescrita. Nótese que la apertura del sumario (9/12/03) interrumpió dicha acción en los términos del inc. a) del art. 937 del C.A. en lo que hace a la multa, y suspendió el plazo para los tributos -conf. inc. a) del art. 805 del C.A.-, en tanto el plazo quinquenal había comenzado a correr el 1/01/01 y no transcurrió, por tanto, el plazo de cinco años, contados desde el auto de apertura, al dictarse la resolución venida en apelación, que data del 8/10/08, como ya fuera expuesto.
Que, por lo expuesto, propongo rechazar la excepción de prescripción opuesta.
V. Que, a continuación, corresponde resolver en autos sobre la procedencia de los tributos y multa reclamados a la firma importadora, por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A.
Que, mediante el D.I.T. involucrado en autos n° 98 001 IT14 005260 M la firma COLORTEX S.A. documentó la importación temporaria, en los términos del decreto 1439/96, de 42.136 metros de “De fibras discontinuas de poliester, de ligamento tafetan – Crudos o blanqueados. TEJIDOS DE FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDOS DE ESTAS FIBRAS INFERIOR AL 85% EN PESO, MEZCLADAS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON ALGODÓN, DE GRAMAJE INFERIOR O IGUAL A 170G/M2” que ubicó en la P.A. 5513.11.00.00D con un valor F.O.B. total declarado de 46.256,40 dólares estadounidenses.
Que, no existiendo constancia de que se haya dado cumplimiento a la obligación de reexportación de los insumos importados temporariamente dentro del plazo acordado para su permanencia -plazo que venció el 13/08/00, según resulta de fs. 1 del expte. adm.-, el servicio aduanero dispuso la instrucción del sumario contencioso, por presunta infracción de la firma importadora al art. 970 del C.A., por 9.706,004 metros de la mercadería importada, citando en garantía a la compañía aseguradora por los tributos que gravaban su importación para consumo. Que, en esta instancia, la recurrente sostiene que la mercadería considerada en infracción fue reexportada en su totalidad (42.256,40 metros), en tiempo y forma, mediante los P.E. n° 00 079 EC03 000463 K, 00 079 EC03 000464 L, 00 001 EC03 016866 J, 00 001 EC03 016090 V, 00 001 EC03 016421 T y 00 001 EC03 014921 W. Que, en definitiva, lo que le corresponde a este Tribunal es determinar si mediante las destinaciones denunciadas por la actora, es posible tener por reexportados los 42.136 metros de “Fibras discontinuas de poliester, de ligamento tafetan – Crudos o blanqueados” importados temporalmente al amparo del D.I.T. que nos ocupa, que la recurrente alega han sido reexportados en tiempo y forma.
Ante todo corresponde señalar que, tratándose de un supuesto de importación temporaria, es indudable (tal como está establecido por pacífica jurisprudencia) que es al importador de la mercadería a quien le incumbe la carga de la prueba de haber cumplido la obligación de reexportar la mercadería en término.
Que, de la compulsa de los referidos P.E., resulta la información que se detalla en el Anexo I, adjunto a la presente.
Que dicho lo anterior, es dable poner de manifiesto que del los P.E. n° 00 001 EC03 016866 J y 00 001 EC03 016421 T solo se tuvieron en cuenta 1.309,63 y 2.170,20 metros toda vez que no se ha podido realizar la relación insumo/producto consignado para cada producto en los C.T.C. n° 5931/98, 0621-006880 y 061-009200 debido a que los mismos no fueron acompañados.
Que, atento a ello, teniendo en cuenta solo las cantidades que refieren al C.T.C. n° 061-008000/00, corresponde tener por reexportado la cantidad total de 32.430 metros.
Que, por último, corresponde manifestar que surge de la citada solicitud de C.T.C. que para el proceso productivo respectivo se reconoció un porcentaje de pérdidas que asciende a 13,20% y que no se han originado mermas. Que el tratamiento normativo para las pérdidas y se encuentra establecido en el art. 21 del Decreto 1439/96, que establece: “Se considerarán pérdidas las mermas, residuos y sobrantes irrecuperables, no estando por ello sujetos al tratamiento arancelario de importación para consumo.”
Que de lo expuesto surge que, las pérdidas carecen de valor comercial, no encontrándose por ello sujetas al tratamiento arancelario de importación para consumo.
Que, por lo tanto, cabe concluir que del D.I.T. involucrado en la presente causa n° 98 001 ITR14 005260 M se reexportaron 32.430 metros de los 42.136 metros importados temporariamente.
Que, por lo expuesto, habiéndose vencido los plazos acordados para la permanencia de la mercadería sin haberse cumplido con la obligación de reexportarla, corresponde tener por configurado el hecho gravado e importado para consumo el saldo sin reexportar de 9.706,004 metros.
VI. Que, a los efectos de la determinación de los tributos adeudados, corresponde referirse la liquidación practicada en las actuaciones administrativas respecto de las sumas correspondientes a las percepciones de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias.
Que resulta de aplicación la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ D.G.A., de fecha 26/11/2019, donde se expidió, en relación a las percepciones de IVA adicional e impuesto a las ganancias, que “cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal.”; ello con fundamento en que en el caso "Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/ DGA", fallado el 23 de agosto de 2011, la Corte consideró -tal como adecuadamente lo resumió la señora Procuradora Fiscal en su dictamen- que las percepciones establecidas en los citados reglamentos no constituyen pagos a cuenta de tributos cuyos hechos imponibles recaigan sobre las operaciones de importación.” Ello así, habiendo transcurrido, en el presente caso, el período fiscal al que correspondían dichas percepciones (fecha en la que se consideró importada a consumo la mercadería importada temporariamente) corresponde declarar extinguida la facultad del servicio aduanero para reclamar dichos anticipos.
VII. Que, en consecuencia, resulta ajustado a derecho confirmar la infracción endilgada por la Aduana, dejando a salvo el criterio asumido por el Dr. Garbarino – por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala – en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes (“Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.840, del 02/12/13; “Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.553-A, del 03/12/13 y “Nutribras SA c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 36.507-A, del 06/03/12, entre otros). Que, por ello, SE RESUELVE:
Confirmar, parcialmente, la Resolución DE PRLA nº 6368/08, con excepción de las percepciones de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias, en la determinación tributaria. Costas por sus respectivos vencimientos. Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y, por Secretaría de Registro, a los Dres. Jorge Raúl Leonhardt y Luciana Sottimato, al domicilio sito en Roque Sáenz Peña 616 Piso 2 Of. 3, CABA. Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2022.05.02 16:44:02 -03:00 Date: 2022.05.02 17:47:04 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.05.02 17:47:05 -03:00
Fin de la sentencia