Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución N° 120/2016 (DV DEOA) apelada en las presentes actuaciones en todas sus partes, con costas.
I. Que, a fs. 1185/1219, se presenta el contribuyente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 120/2016 (DV DEOA) emitida con fecha 23 de junio de 2016 por la División Determinaciones de Oficio "A" del Departamento Técnico de Grandes Contribuyentes Nacionales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas Grandes Contribuyentes Nacionales de la Administración Federal de Ingresos Públicos firmada por la Contadora Pública Viviana Puopolo, Jefe (int.). La resolución apelada determina de oficio el Impuesto al Valor Agregado, por los períodos fiscales mensuales de 12/2008 a 06/2012 (ambos inclusive), por la suma total de pesos $2.564.325,11 (pesos dos millones quinientos sesenta y cuatro mil trescientos veinticinco con once centavos) en concepto de capital y de intereses resarcitorios conforme lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley Nº 11.683.
La actora afirma que tiene larga trayectoria en los mercados nacionales e internacionales y que se dedica -entre otras actividades- al negocio de semillas y nutrientes. En particular, sostiene que, con respecto del negocio de granos no sólo desarrolla directamente la actividad sino que adquiere los bienes de terceros, sean éstos los productores primarios o bien otros intermediarios en la cadena de comercialización de dichos bienes; siempre y cuando los mismos cumplan con los requisitos de calidad necesarios para la colocación de estos productos en el mercado internacional.
Indica que, en el marco de la orden de intervención 1.320.825, la AFIP resolvió que habría efectuado operaciones con el proveedor EL GUAICURU S.A. al cual el organismo califica como "presuntamente apócrifo" generando la imposibilidad de computar el crédito fiscal en Impuesto al Valor Agregado correspondiente a dichas operaciones.
Asevera que, en el caso puntual de sus proveedores, siempre se verifica: a) la inclusión del operador en el Registro de la AFIP (hoy R.G. 2300/07); b) la inclusión del corredor interviniente en el mismo Registro; c) intervención del contrato de compraventa de cereales y oleaginosas en la Bolsa de Cereales para que la misma certifique los procedimientos previstos en la hoy- RO 2300/07; d) la validez del comprobante/factura emitido por el corredor; e) la correspondiente registración en APIP de los contratos de compraventa de cereales y oleaginosas; f) la correspondiente registración en APIP de los formularios de liquidación 1116B o 1116C; g) la validez del Código de Trazabilidad de Granos; h) que los datos consignados en las cartas de porte coincidan con el Código de Trazabilidad de Granos (R.G. 2595/09); i) retención de los impuestos nacionales - entre ellos el IVA- y provinciales susceptibles de ser aplicados en cada operación; j) pago del IVA no retenido a la CBU del vendedor; k) registración de la factura en los libros; l) declaración informativa a la AFIP de los créditos fiscales —CITI Compras; m) declaración del crédito fiscal en la declaración jurada de IVA mensual. Es decir, dice que se comprueba que cada proveedor se encuentre no sólo en condiciones materiales de proveer el mejor producto sino que aquél dé cumplimiento a todas las formalidades fiscales necesarias para realizar una operación de compra y venta dado que, de no cumplir con las exigencias fiscales, no pueden concretarse las transacciones. Indica que en todos y cada uno de los casos las operaciones de compra de granos y aceites, así como la contratación del servicio de transporte, son operaciones genuinas, reales y existentes, tendientes a obtener, mantener y acrecentar los ingresos, por las que se abonó un precio y se recibió un bien o una contraprestación.
Asegura que, con respecto a la compra de granos, cada una de las compras realizadas quedó debidamente acreditada, no sólo mediante el respectivo pago, sino también con la recepción de la mercadería, lo que se acreditó con cada una de las "cartas de porte" y/o remitos denunciados en el expediente y puestas a disposición del Fisco Nacional en la etapa administrativa. Asimismo, informa que tales compras se encuentran asentadas con los registros contables y otros comprobantes relevantes como tickets balanzas emitidos al momento de la recepción donde surge la actuación de un entregador representante del vendedor y el contrato de la operación registrado en la Bolsa. Asegura que se encuentran registrados en su contabilidad la acreditación del pago, la recepción de la mercadería, la contabilización de las facturas de compra, el pago de las comisiones al corredor o agente interviniente, las retenciones de IVA realizadas y su posterior declaración y pago al Fisco Nacional, los movimientos de fondos y los activos.
En esta línea argumentativa, sostiene que, pese a que la documentación respaldatoria de las operaciones cuestionadas cumplía con todos los requisitos necesarios conforme al artículo 12 de la Ley de IVA (que habilita el cómputo de un crédito fiscal); y a pesar de que la inspección reconoció expresa y categóricamente la existencia de las operaciones impugnadas, esa repartición fiscal decidió formular arbitrariamente cargos fiscales con sustento en una supuesta inexistencia de esas mismas operaciones, por ser los proveedores de dichos bienes y servicios "presuntamente apócrifos". Afirma que el organismo fiscal, luego de diversas órdenes de intervención, cerró la etapa de fiscalización y confirió "vista" en los términos del artículo 17 de la Ley 11.683, mediante la cual reclamó la improcedencia del gasto en el Impuesto a las Ganancias, el cómputo del crédito fiscal en el IVA y el Impuesto a las salidas no documentadas. Declara que, ante tales pretensiones, presentó un descargo por cada "impuesto cuestionado en el que dio acabadas pruebas de la real existencia de todas las operaciones. Es importante destacar que el organismo fiscal, frente a la contestación de vista y a la contundencia de los argumentos y pruebas allí vertidos, resolvió desestimar en su totalidad el procedimiento iniciado con respecto al Impuesto a las Ganancias y al Impuesto a las Salidas no Documentadas reconociendo que todas las operaciones existieron.
Razona que el Fisco Nacional ha resuelto insólitamente mantener el reclamo por IVA sosteniendo que el proveedor de bienes y servicios se considera "apócrifo" porque no fue quien efectivamente llevó a cabo las operaciones de ventas que se le atribuyen omitiendo mencionar -no obstante haberle sido cuestionado ello en la contestación de Vista que dio origen a la presente Resolución- que ya había desestimado un ajuste en relación al proveedor EL GUAICURU S.A. en el marco de la Orden de Intervención 769.882; antecedentes de la 0.1. 1.320.825. De este modo, alega que no se entienden los motivos por los cuales en un determinado momento las pruebas obtenidas no son suficientes para continuar con un ajuste fiscal y, posteriormente, idénticas pruebas resultan contundentes para forzarla a recurrir a la justicia para poder defender sus derechos.
Asegura que no comprende cómo es que la Administración contando con un informe final de inspección (que se desprende del expediente administrativo) desestimando la posibilidad de imputarle un ajuste en Ganancias, SND o IVA, un año después cambia de criterio sin más pruebas que las obtenidas al inicio pretendiendo impugnar las operaciones con EL GUAICURU S.A. y finalmente reconoce su error, en Ganancias y Salidas no documentadas, porque desiste de los reclamos y decide seguir discutiendo con relación al IVA sin mayores argumentos que indicios. Reitera que lo cierto es que no hubo hechos nuevos que justifiquen el cambio de accionar tan manifiesto por parte de la Administración. Expresa que la incoherencia total de este reclamo se patentiza aún más cuando el mismo se inició (con el escrito de la Vista antecesora) cuestionándose por apócrifos al mismo proveedor para tres reclamos diversos (IVA, Impuesto a las Ganancias y Salidas no documentadas) y al dictarse el acto de determinación de oficio solo continúa su pretensión completa por IVA. Es decir, sostiene que el Fisco Nacional dejó sin efecto el procedimiento cursado por Impuesto a las Ganancias y Salidas no Documentadas por las operaciones celebradas con EL GUAICURU S.A., y no por IVA; o sea, para este Organismo la firma impugnada existió para la deducción del gasto en el Impuesto a las Ganancias y la contabilización de las salidas de dinero pero no para cómputo del crédito fiscal. Recuerda que existe una ausencia total de hechos nuevos sobre los cuales se incluye al proveedor en la Base Apoc.
En este sentido, considera que el núcleo de la cuestión debatida en estos autos se concentra en resolver si el proveedor reputado inexistente por el organismo fiscal efectivamente es inexistente o si, por el contrario, fue con quien realmente concertó las operaciones.
Manifiesta que, al momento de contestar la vista, se advirtió en su página 2, cuarto párrafo" que el 06 de julio de 2015 se dictaron las Resoluciones 246/2015 y 247/2015 (concluyendo con los ajustes iniciados en 2014) pero que decidió excluirse del mismo a EL GUAICURU S.A. por encontrarse "en curso" una fiscalización desarrollada a dicho proveedor por la Dirección Regional Norte, no contándose a ese tiempo -se entiende el 06/07/2015- con el resultado de la misma. Confirma que lo cierto es que de la compulsa de todos los cuerpos pertenecientes a las actuaciones administrativas que componen la OI 1.320.825, no pudo advertir nuevos elementos de juicio, que surjan, con fecha posterior al 06/07/2015 ni tampoco se pudo advertir un informe final, dentro del rango de las fechas antes descriptas, que justifique la procedencia de un ajuste al proveedor cuestionado.
Por otra parte, dice que la información que se acompaña a dicha vista, que contiene un extracto del informe reproducido en el año 2014 (donde se informa cuáles son los miembros de la sociedad, los depósitos en dinero de la firma desde el año 2008 al año 2010 y las retenciones y percepciones de IVA practicadas a sus proveedores) resulta ser la misma información que no fuera suficiente para demostrar la apocrificidad del proveedor, —y razón por la cual supuestamente existían fiscalizaciones en curso- por lo cual se aconsejó desestimar al mismo dentro del procedimiento. Por tal motivo, resalta que se solicitó al Organismo Fiscal se manifieste cuáles fueron los elementos nuevos para determinar la falsedad operativa de EL GUAICURU S.A. que tuvieron lugar con fecha posterior al 06/07/2015 y determinaron la necesidad de volver con el reclamo fiscal, cambiando el criterio mantenido a lo largo del 2014 y 2015. Alega que frente a esta solicitud, el Fisco Nacional omitió pronunciarse.
Por otro lado, informa que pero en relación a lo solicitado puesto que se trata de la inspección cursada al proveedor, en la página 16 de la resolución que se apela se invoca la figura del secreto fiscal -contemplada en artículo 101 de la ley 11.683.
Explica que, no hay nuevos elementos contundentes suficientes que justifiquen el ajuste. Por un lado, el Fisco Nacional invoca el Secreto Fiscal en relación a las actuaciones llevadas contra EL GUAICURU S.A., pero por el otro confecciona un ANEXO a la Vista que se respondió dando cuenta de todos y cada uno de los elementos que a la fecha de la confección del mismo justificaban a su entender la inclusión en la base APOC. Sostiene que en dicho ANEXO vuelve a reproducir en gran parte en las páginas 11, 12, 13 y 14 de la Res. 120/2016 con lo cual es claro que no hay un criterio respecto de cuándo emplear la figura del secreto fiscal o no hay información nueva justificante de la mentada inclusión y por ende, del ajuste en su contra.
Manifiesta que el Fisco Nacional reconoce de manera totalmente explícita que los hechos constatados no resultaron por sí solos determinantes a la hora de definir la calidad de apócrifo del proveedor indicando que si no se pudo determinar la apocrificidad de un sujeto, a través de toda la prueba recolectada en el marco de una Orden de Intervención cuya única finalidad es justamente determinar la apocrificidad de ese sujeto, entonces el resultado es claro: EL GUAICURU S.A. existió tanto formal como materialmente y el Fisco Nacional no pudo desvirtuar dicha afirmación.
Argumenta que existe un reconocimiento de las operaciones EL GUAICURU S.A. quien ha reconocido la celebración de todas y cada una de las operaciones cuestionadas adjuntando certificación contable por contador independiente donde la compañía ratifica que la totalidad de las operaciones celebradas detallando que han sido realizadas, registradas y declaradas por la empresa, la cual cuenta con la firma certificada por escribano del presidente de la compañía, con lo cual detenta plena fe en su carácter de instrumento público.
Describe que los periodos fiscales en que se cuestionan las operaciones son diciembre de 2008 a junio de 2012 y las inspecciones comenzaron recién en febrero de 2014. Es decir, dos años después de celebrada la última operación ratificando que, en este caso, ni siquiera se trata de la fecha de detección o publicación en la Base Apoc (23/05/2014 y 14/08/2014 respectivamente), oportunidades en las que sí podría oponérsele el haber actuado cuanto menos, imprudentemente al contratar con alguien sin verificar previamente su inclusión en dicha base.
Respecto de lo que emerge del resumen de la inspección que efectúa el Fisco Nacional, resulta que incluso su suspensión y exclusión del Registro Fiscal de Operadores de Granos fue posterior a la celebración de su última operación (26/11/2013), lo que significa que habiéndose inscripto en el 2007, durante todo el tiempo en que realizó transacciones se encontró debidamente incluido en dicho Registro.
Por otro lado, indica que el concurso preventivo de EL GUAICURU S.A fue decretado también en fecha posterior a la celebración de su última operación, así como su dictado de quiebra indirecta (13/07/2012 y 04/03/2015, respectivamente). Sostiene que resulta fácil concluir, que las propias inconsistencias que fueron sustento de la inclusión del proveedor cuestionado en la base APOC fueron posteriores a las operaciones cuestionadas.
Exterioriza que esta distorsión temporal sólo puede llevar a determinar que todos esos extremos le son inoponibles, ya que en modo alguno puede achacársele el conocimiento de irregularidades que ni siquiera habían acontecido cuando operó con EL GUAICURU S.A., menos aún responsabilizársela por ello.
Opina que este es un claro indicio de su existencia material y el reconocimiento es tal, que en autos caratulados: “FISCO NACIONAL - AFIP C/ EL GUAICURU SA S/ EJECUCION FISCAL” (Expte. 019278/2013) en trámite por ante el Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 6, en octubre de 2014, la ejecutante se presenta y manifiesta que la ejecutada ha regularizado lo reclamado en sede administrativa por la totalidad de la deuda en ejecución y peticiona se suspenda la ejecución.
Expresa que luego de una profunda investigación, descubrió que la compañía EL GUAICURU S.A. se encuentra tramitando su quiebra ante el Juzgado Comercial N° 10, Secretaría 20 (Expte.18992/2012) y que la AFIP no desconoce dicha situación puesto que verificó dos créditos.
Resalta que si bien la causa se inició como un concurso preventivo, posteriormente se decretó la quiebra indirecta por deuda postconcursal resultando insólito que solicite su concurso y denuncie a sus acreedores si el único fin con que constituyó es el de facturar para vender IVA o para operar como una "usina de facturación apócrifa", conforme señala Fisco Nacional quien, a su vez, omite hacer mención de este concurso en el Informe de Inspección.
Asimismo, indica que las manifestaciones que se extraen de la quiebra, son fácilmente contrastables a través de la compulsa del expediente revelando otros datos relevantes: al iniciarse el Concurso Preventivo, se aporta abundante documental entre las que se encuentran el acta de constitución de la sociedad, efectuada mediante instrumento público (Escritura 2016, debidamente inscripta en la IGJ- Libro 30 de Sociedades por Acciones, bajo el N° 16162), los estados contables debidamente certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y en las notas a los mismos se indica entre otras cosas: que la información contenida en el 16 1. mismo fue expuesta correctamente siguiendo los lineamientos de las Resoluciones Técnicas Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, aprobadas por el CPCECABA; que los datos fueron procesados, expuestos y valuados bajo la premisa "empresa en marcha" de acuerdo a las normas contables vigentes; que los bienes intangibles de la empresa son gastos de organización, amortizados en función de su vida útil; que no había pasivos contingentes hacia terceros salvo el riesgo por despido del personal (rubro antigüedad); etc.
Declara que el presidente de la firma ante el inminente cierre de sus cuentas bancarias, solicita se dicte medida cautelar de no innovar con el fin de seguir operando puesto que es imposible comercializar con granos sin cuenta corriente. Sostiene que se declararon verificados varios créditos posteriormente y que la concursada presenta propuesta de acuerdo preventivo que es aceptado por la sindicatura y homologado por el juez por considerar que los intereses de los acreedores se encontraban debidamente resguardados y no se observaba un aparente "fraude a la ley".
Reflexiona que todo lo expuesto, no hace más que patentizar la real existencia de la compañía EL GUAICURU S.A. y, por ende, la concreción material de las operaciones discutidas en los presentes autos dado que una firma que sólo existe ficticiamente no podría válidamente llevar adelante un concurso preventivo tramitando tantos años, habilitado por el Juez que lo lleva adelante y caracterizado por éste como no fraudulento.
Reflexiona que el organismo fiscal no es coherente ya que, por un lado, reconoce que los bienes existen, que fueron adquiridos, que se pagó por ellos un precio más IVA y se cumplieron con todas las obligaciones legalmente exigidas pero, por el otro lado, niega que provengan de quien provienen.
Duda que negado el origen alegado, el organismo fiscal no indique, ni siquiera de manera indirecta, cuál sería el verdadero origen de los bienes considerando que lo lógico sería que luego de impugnada la existencia del proveedor el Fisco Nacional se le imputara a la existencia de plantaciones de granos de su propiedad no declaradas, de donde se extraen y procesan dichos bienes o que le impute que posee stock de ellos no declarados a los fines impositivos o cualquier otra fantasía fiscal.
Analiza que la AFIP sabe y le consta que adquirió los bienes y pago por ellos un precio, que los adquirió legítimamente y que el proveedor de dichos bienes no se ha comportado de manera del todo correcta en términos de apego a la ley fiscal pero conoce de manera cierta que perseguir a ese proveedor es una tarea larga, dificultosa y costosa resultando más sencillo aplicar el artículo 12 de la ley de IVA e impugnarle el crédito fiscal a manera del reclamo de "facturación apócrifa".
Por ello, manifiesta que resulta ilegítima la pretensión de exigir la mentada "vinculación" con el proveedor tal como lo exige el organismo fiscal ya que lo único relevante es que los bienes fueron legalmente adquiridos de quien ostentaba el título de propietario, que se pagó por ellos por alguno de los medios exigidos por la ley y que se abonó o se retuvo el correspondiente IVA, se obtuvo la factura pertinente y nada más le es exigible.
Por lo demás, estima que está claro que no puede responder por un posible incumplimiento de cada uno de los proveedores con los que realiza operaciones ya que no es procedente cargar sobre él con la obligación de control respecto del cumplimiento fiscal de quienes emiten facturas, otra documentación comercial autorizada por la AFIP (CAI) y otros organismos (ONCCA), operan en el circuito comercial y bancario estando habilitados por el Fisco Nacional e inscriptos en los registros fiscales establecidos por el propio organismo, en este caso el Proveedor. Dice que los defectos internos en la contabilidad de cada proveedor, y sus eventuales incumplimientos ante las obligaciones fiscales, escapan a la responsabilidad del comprador por lo que no se le puede trasladarse la sanción, bajo la forma de un desconocimiento del crédito fiscal generado por la operación.
Entiende que pretender lo contrario convertiría al adquirente en un controlador fiscal de la actividad y aptitud operativa de sus proveedores, sin disponer de potestad pública alguna al efecto teniendo en cuenta que, mensualmente, actualizaba el Padrón REPROWEB de la AFIP RG 615, del que surge la condición o no de incumplidor con la AFIP de sus proveedores al momento de las operaciones y del pago cuya respuesta indicó que “el proveedor no registra incumplimientos en sus obligaciones fiscales y/o previsionales, tanto informativas como determinativas”. Afirma que cumplió también con esta obligación y que el Fisco Nacional no menciona nada en su resolución sobre esta información oficial emitía mensualmente para que los operadores la cumplan.
Sostiene que el Fisco Nacional se basa para lanzar su reclamo en indicios y meras conjeturas demostrando la improcedencia de pretender extraer de ellos la supuesta inexistencia del Proveedor. Cree que con mayor razón si existe un Registro creado y controlado por la propia AFIP, quien incluye, habilita y da fe como autoridad registral de lo denunciado por los proveedores en su solicitud de inscripción. En efecto, no puede ahora AFIP desconocer su propio Registro ya que esta conducta puede considerarse como engañosa y ardidosa para quienes, de buena fe contrataron con los sujetos en él incluidos, confiando en su legitimidad por estar "habilitado por la AFIP".
Por otra parte asegura que, al momento de la celebración de las operaciones, cumplió con todos los recaudos previstos por ley para poder computarse el crédito fiscal y, sin embargo, ahora el Fisco Nacional pretende adicionar como nuevo recaudo para el cómputo del crédito el cual es "la capacidad económica de los proveedores".
Según el criterio del Fisco Nacional, para el cómputo del crédito fiscal no solo debió haber constado el alta del proveedor (dada por AFIP), la recepción de la mercadería (reconocida por AFIP), la intervención de los corredores, entregadores, fazoneros, transportistas, la factura recibida, el pago realizado, si no que debió haber "viajado" al domicilio del proveedor para auditar su capacidad económica y previo a contratar debió haber cerciorado el estado patrimonial del mismo. Por otro lado, está claro que, la capacidad económica del proveedor como nuevo requisito para el cómputo del crédito fiscal, atenta contra el principio de legalidad tributaria, ya que el artículo 12 de la ley de IVA no establece nada al respecto.
Apoya la idea que la previa constatación de la capacidad económica del proveedor no es un requisito establecido por ley para la procedencia del cómputo del crédito fiscal; y para conocimiento del Fisco Nacional, el primer interesado en cerciorar la capacidad económica del proveedor ya que es el mayor perjudicado ante un posible incumplimiento del proveedor; lo cual no ocurrió en el presente caso, ya que la mercadería fue entregada por el proveedor y recibida. Debido a que logró acreditar la existencia de la mercadería y del proveedor cuestionado, es el Fisco Nacional quien debió haber probado la falta de capacidad económica del proveedor y no lo hizo.
Afirma que el Fisco Nacional no detalló cuales serían esos indicios serios, precisos y concordantes un cuadro de serios reparos respecto de la validez de los comprobantes ya que la AFIP no tiene argumentos sólidos en los cuales sustentar su reclamo.
Destaca que si hubo intervención del bróker, alguien confirmó la operación con capacidad y personería; si pago a una cuenta bancaria, alguien en el banco confirmó con capacidad y personería de la cuenta corriente y si se entregó la mercadería, entonces hubo un entregador que confirmó la operación realizada, etc. Indica que demostró con terceros la veracidad de cada una de las operaciones al haber actuado diligentemente con su proveedor, las bolsas de cereales respectivas, los corredores, con los brokers, con los bancos y el Fisco Nacional, por lo que sería negar la realidad misma pretender impugnar estas operaciones, cuando durante toda la inspección, todos y cada uno de los intervinientes validaron la misma.
Argumenta que se acreditó la producción del hecho imponible en cabeza del vendedor y la causa principal por la cual el Fisco Nacional reconoció la existencia de las operaciones es justamente porque, en primer lugar es el mismo proveedor quien reconoció formalmente todas y cada una de las operaciones celebradas cuyo reconocimiento ante escribano público y con un informe de contador público que se adjunta como prueba y que AFIP tuvo a la vista durante todo el procedimiento, aunque niegue su existencia como manifiesta en el acto que se recurre (véase que ya desde la pre-vista fue adjuntada una copia de dicha acta con la documental); en segundo lugar terceros independientes al conflicto (corredores entregadores, Bolsas de cereales, Bancos, etc.) dieron fe de que las transacciones fueron realizadas entre la parte y el proveedor impugnado. Finalmente, es el propio Fisco Nacional quien reconoce al proveedor para Ganancias y Salidas Documentadas.
Asimismo, considera que este tipo de indicios no se aplica al caso particular, ya que el propio fisco, mediante Dictamen 35/84 (DAT), sostuvo que el fin perseguido por la norma es evitar la mera emisión de la factura como hecho generador de la imposición para el vendedor, y del crédito fiscal para el comprador; lo cual no es el presente caso. Advierte que se acreditó que tanto la mercadería como el proveedor existieron y, ante las pruebas aportadas, es el Fisco Nacional quien debe probar su pretensión y no lo hizo limitándose a tergiversar el artículo 12 de la Ley de IVA e impugnando el crédito fiscal a manera del reclamo de "facturación apócrifa".
De esta forma, asevera que la postura cómoda del Fisco Nacional de valerse en la presunción de legitimidad del acto administrativo, destinada exclusivamente a invertir el cargo de la prueba y obligarlo a la producción de una prueba imposible, ocasiona un serio obstáculo a su derecho de defensa.
Confirma que, en el caso particular, se encuentran acreditados los elementos materiales y formales del crédito fiscal y es por ello la procedencia del cómputo del mismo por su parte. A todo evento, se solicita la aplicación del principio de la realidad económica lo cual ayudará a determinar la real existencia del hecho imponible y el correspondiente computo del crédito fiscal.
Informa que cumplió con los requisitos legales y exigidos por la jurisprudencia para el cómputo del crédito fiscal comprobando el "circuito económico": a) Que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) Que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) Que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) Que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) Que se vincule con operaciones gravadas; f) Que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) Que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Asiente que todas y cada una de las operaciones que ese organismo fiscal ha considerado "presuntamente apócrifas" son actividades reales y existentes, en las cuales celosamente se han seguido todos los pasos y requisitos (fiscales, regulatorios y operativos) necesarios para realizar legítimamente las contrataciones. Y si quien le ha vendido los bienes y servicios a ha defraudado los intereses de ese organismo fiscal, pues es a él a quien este reclamo debería redirigirse. En ese sentido, de las mismas constancias obrantes en el expediente surge: • Que el proveedor EL GUAICURU S.A. -al menos al momento de contratar - existió física o jurídicamente como un tercero proveedor válido y habilitado para operar: tenía una CUIT válida y estaba inscripto en los respectivos impuestos y registros pertinentes; las facturas respaldatorias de todas las operaciones estaban realizadas conforme a los requisitos formales de validez que ese mismo organismo ha dispuesto; los remitos y cartas de portes existentes emitidos eran válidos y estaban autorizados por AFIP; se le realizaron e ingresaron las respectivas retenciones practicadas; los pagos por la adquisición de los bienes y servicios se hicieron contra la entrega del correspondiente recibo firmado por miembros o empleados del proveedor, o por intermediarios (corredores o brokers) autorizados por él; la mercadería fue realmente adquirida y transportada hasta sus depósitos; el monto de los pagos efectuados y registrados en su contabilidad coincide con las compras y facturas emitidas; los bienes objeto de las transacciones existieron, fueron incorporados en los inventarios de la compañía y, posteriormente, exportados o destinados al consumo local y todos los pagos fueron realizados vía transferencia bancaria o vía depósito de cheques en cuentas bancarias.
Destaca que frente a un reclamo fiscal que tiene por objeto realizar un ajuste fiscal con sustento en la supuesta inexistencia o apocrificidad de ciertas operaciones comerciales, al contribuyente le basta para repeler el reclamo con la acreditación de dos circunstancias: a) Que las operaciones materialmente existieron y que sus pagos fueron legalmente documentados y efectuados a la contraparte, cumpliendo con los recaudos fiscales regulados por la normativa tributaria vigente y b) Que la contraparte en esas operaciones tenía existencia legal y estaba habilitada fiscalmente por ese organismo. En efecto, sostiene que se encuentra probado la existencia del proveedor emisor de las facturas, la existencia del bien objeto de las transacciones ello es, de los granos y del transporte y la existencia del pago documentado por esos bienes, ellos son, los cheques y las transferencias bancarias.
Indica que existe una falta de precisión de las razones por las cuales ese organismo considera que los indicios son "graves", "precisos" y "concordantes" afirmando que la supuesta inexistencia de un proveedor el organismo fiscal deduce la inexistencia de otro, y de allí la inexistencia de las operaciones realizadas; en términos más directos: presunciones apoyadas en presunciones.
Razona que ese organismo fiscal decidió llevar adelante este reclamo asentado sobre la base de presunciones apiladas sobre otras presunciones lo cual toma a este acto administrativo de determinación de deuda en nulo, de nulidad absoluta. Opina que la AFIP impugna sus operaciones realizadas con EL GUAICURU S.A. porque éste último habría obtenido productos no ya de proveedores presuntamente apócrifos sino que los proveedores de esos proveedores serían los considerados apócrifos. Además, advierte que se pierde de manera radical el nexo de causalidad entre la sociedad y el proveedor de granos del proveedor de granos de EL GUAICURU S.A., que es su único proveedor y menos aún puede hacerse responsable por el incumplimiento de un sujeto con el cual no operó ni indirectamente.
Dice que el Fisco Nacional realiza una operación aritmética mediante la cual determina que según la cantidad de Cartas de Porte que el mismo autorizó, se podrían transportar una cantidad mayor de toneladas de granos que las que EL GUAICURU S.A. efectivamente transportó. Es decir que una vez más AFIP fue deficiente en sus facultades de verificación y fiscalización, y una vez más trata de endilgarle dicha equivocación.
Recalca que una cosa es la presunción de legitimidad con que cuentan los actos administrativos y los actos ejecutados por funcionarios estatales y otra cosa totalmente diferente es la calificación que ellos hagan a un sujeto de apócrifo, empresa fantasma o usina de facturación en un momento procedimental en que el acusado de tal accionar aún no ha hecho ejercicio de su derecho de defensa.
Aduce que por la pretensión de utilizar para una operación acaecida en el pasado indicios supuestamente relevados en un momento posterior, el Fisco Nacional pretende impugnar operaciones acaecidas durante el período fiscal 12/2008 a 06/2012 con actividades de inspección desplegada sobre terceras personas efectuadas con posterioridad a cada una de las operaciones o simplemente utilizando criterios de impugnación que no guardan vinculación con las operaciones celebradas sino que son indicios que fueron extraídos de otras fiscalizaciones donde es muy probable que existan un universo de realidades distintas a las encuadradas con su forma de operar. Sentado ello, considera que la Resolución es nula por haber sido dictada en base a indicios que no son contemporáneos o anteriores a las operaciones realizadas entre ambos.
Sostiene que en la cadena de comercialización y hasta tanto la compañía se hace físicamente de dichos bienes, intervienen distintos sujetos: el productor o vendedor mismo del bien (los considerados supuestamente "apócrifos"), el corredor (el que los coloca en el mercado, y con quien trata normalmente), el entregador; además de otros organismos oficiales, bancos, bolsas, etc.
Describe que en la adquisición de granos interviene un "corredor"; es decir, la persona que acerca la oferta por el cobro de una comisión y su participación es sumamente importante pues se trata de un intermediario completamente ajeno a las partes; es decir, de un intermediario con cierta objetividad. Afirma que cada uno de los "entregadores" y "corredores" confirmaron que participaron en las operaciones impugnadas y el nombre o razón social de cada uno de los entregadores que intervino en cada una de las operaciones consta en las "cartas de porte" que se entregaron a la inspección actuante. Reflexiona que lo cierto es que esta prueba tira por tierra todo el andamiaje del reclamo fiscal que por el presente se contesta, y aun cuando fue mencionada repetidamente a la inspección actuante, se hizo también caso omiso de ella. No se puede convertir al adquirente en un controlador fiscal de la actividad y aptitud operativa de sus proveedores, sin disponer de potestad pública alguna al efecto; y, lo más insólito, responsable por el incumplimiento de ingresar el impuesto por parte de terceros ajenos a su actividad. Implicaría, en términos más concretos, imponerle una carga fiscal adicional de hacerse cargo de los impuestos no ingresados por otros contribuyentes.
En conclusión, la pretensión fiscal se asienta sobre meras conjeturas e indicios. Improcedencia de un ajuste asentado sobre esas circunstancias. Interpretación errónea, ilegítima e irrazonable de las normas fiscales. Excesivo rigor formal. La pretensión de AFIP se sustenta sobre simples presunciones cuyo razonamiento se apoya sobre la base de que el proveedor se encuentra en la llamada Base Apoc y/o en la falta de "capacidad económica". Reconocimiento por parte del Fisco Nacional de que el proveedor es "presuntamente apócrifo": confesión de que el Fisco Nacional se mueve en base a meras presunciones carentes de sustento fáctico. La pretensión fiscal se mueve por mera voracidad fiscal.
Cita doctrina y jurisprudencia y solicita prueba informativa y pericial contable. Finalmente, la actora hace reserva del caso federal.
II. Que, a fs 1570/1584vta, se presenta el Fisco Nacional y contesta el recurso interpuesto por la recurrente, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos. Cita jurisprudencia en respaldo a su criterio y acompaña los antecedentes administrativos. Impugna la prueba documental del apelante. Hace reserva del caso federal y solicita que se rechace el recurso intentado confirmando la resolución recurrida en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la recurrente.
III. Que, a fs. 1612, se abrió a prueba de la presente causa haciendo lugar a la prueba pericial contable y ordenándose el libramiento de un oficio dirigido a la AFIP/DGI. Con respecto a los oficios al resto de los oficios solicitados a fs. 1217/1218 y dirigidos a los bancos, las bolsas de cereales, los corredores y/o agentes y los representantes/entregadores de intervinientes en las operaciones cuestionadas, se hizo saber a las partes que se proveerá luego del informe pericial contable ordenado.
Asimismo, a fs. 1634/1759vta, se acompañó el informe pericial contable. En consecuencia, a fs. 1766, se ordenó el libramiento de los oficios dirigidos al “BANCO ABN-AMRO” (actualmente “ROYAL BANK OF SCOTLAND”); al “BANCO HSBC”; a la “BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO” y a los corredores de cereales (“BANTLE CULASSO S.A.”, “AGRO CERES S.R.L.”, “AGROCOMERCIAL DEL SUR S.A.” y “REGIÓN CENTRO AGROPECUARIA S.A.”) y a los entregadores de intervinientes en las operaciones cuestionadas (“CONTI ALBERTO CARLOS” y “AMATO Y CATALANO S.R.L.”).
Se encuentran agregadas a las presentes actuaciones las contestaciones de los oficios dirigidos: al “BANCO HSBC” (fs. 1767/1781), a la “BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO” (fs. 1795/1799vta), a “AGRO CERES S.R.L.” (fs. 1809/2009), a la AFIP/DGI (fs. 2011/2020vta), a “AMATO Y CATALANO S.R.L.” (fs. 2022/2031) y a “CONTI ALBERTO CARLOS” (fs. 2038) .
Por otro lado, a fs. 2010, se tuvo por desistida de producir los informes dirigidos a “AGROCOMERCIAL DEL SUR S.A.”, a la “REGIÓN CENTRO AGROPECUARIA S.A” y a “BANTLE CULASSO S.A.”. En idéntico sentido, a fs. 2079, se tuvo por desistida el pedido de informe al “ROYAL BANK OF SCOTLAND”.
Por ello, bajo la PV 2022-37687374-APN-VOCVI#TFN, se clausura el período probatorio en las presentes actuaciones y se elevan las presentes actuaciones a conocimiento de la Sala “B.
A fs. 2101 a 2122/vta. obran agregados los alegatos producidos por la parte actora, no haciendo uso de este derecho el Fisco Nacional.
Finalmente, a fs. 2126 se disponen los autos para el dictado de sentencia.
IV. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. C/ Universidad de Buenos Aires s/ Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros). En cuanto a la determinación de oficio apelada en autos, en atención a una mayor claridad expositiva, conviene detallar en primer término los argumentos que llevaron al Fisco Nacional a impugnar la facturación atribuida al proveedor que declara el recurrente, para luego emprender el análisis relativo al mismo, teniendo en cuenta la prueba producida y lo alegado por la parte.
De conformidad con el Informe Final de Inspección obrante a fs. 117/133 del Cuerpo Principal I correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de las actuaciones administrativas, la recurrente se encuentra inscripta en la AFIP como actividad principal en la elaboración de aceites y grasas vegetales y como actividad secundaria la venta por mayor de cereales.
Cabe mencionar al respecto que la presente firma se encuentra incluida dentro del listado de presuntos proveedores investigados en la causa N° 475/11 Srio. Av. Int Ley 24.769 (Imp. Mitíó, Gustavo Daniel y otros)" que se tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 4 de Rosario, Secretaría N° 2, por la posible existencia de una organización dedicada a la generación de documentación apócrifa, así como a la provisión de infraestructura legal y financiera destinada a encubrir y permitir el comercio de granos en forma marginal.
Se transcribe a continuación las partes pertinentes de la denuncia efectuada por el Organismo “que da cuenta de la posible existencia de una organización dedicada a la generación de documentación apócrifa, así como la provisión de infraestructura legal y financiera destinada a encubrir y permitir el comercio de granos en forma marginal, facilitando a productores agropecuarios, acopiadores, exportadores, intermediarios y otros integrantes de la cadena de comercialización de cereales y oleaginosas, la evasión total o parcial de los tributos a su cargo".
Como resultado de dichas tareas, "se obtuvieron significativos indicios' que permiten presumir la existencia de una organización que habría implementado un complejo entramado de contribuyentes ficticios que realizan operaciones de compraventa de granos entre sí, montaje que sería utilizado, por una parte, para encubrir la actuaciones de productores rurales no incorporados al sistema impositivo —y que, por tanto, evaden el pago de los tributos a su cargo- y permitirles el transporte a destino de los cereales y oleaginosas mediante la gestión de los correspondientes permisos y cartas de porte a nombre de las referidas empresas apócrifas; y, en el otro extremo de la cadena de comercialización, abultar los gastos incurridos por las firmas acopiadoras y exportadoras de primera línea que adquieren la mercadería, de modo tal de reducir ilegítimamente su margen de utilidad y, por ende, la base imponible de los tributos que a estas les corresponde ingresar.
La maniobra estaría estructurada a partir de distintos "estratos" o "eslabones" de empresas apócrifas que simulan operaciones entre si, de modo tal de imposibilitar tanto la identificación de los verdaderos sujetos que realizan las distintas transacciones, como el seguimiento físico de los granos a través de las respectivas cartas de porte, lo que impide determinar su origen y destino final en cada caso concreto. Estos distintos "estratos" de la cadena de comercialización ficticia presuntamente generada por los integrantes de la organización ilícita, serían al menos cuatro, partiendo de las firmas "originarias" que introducen los granos al mercado continuando por una serie de "intermediarias" que realizan tanto sus compras como sus ventas a otras firmas apócrifas, para pasar al "último eslabón" de la cadena, integrado por firmas que en apariencia tendrían una actividad real, pero que se alimentan de proveedores apócrifos y realizan ventas entre ellas, para finalmente comercializar los cereales y oleaginosas a acopiadores y exportadores de primera línea".
EL GUAICURU S.A. y otras empresas pertenecen "al último «estrato" o "eslabón” esquema de comercialización (...) y está compuesto por aquellas empresas que proveen a las Grandes Cerealeras, las cuales en principio no presentan irregularidades fácilmente advertibles, sino que, por el contrario, poseen movimientos de granos, acreditaciones bancarias, autorizaciones de CAl, comprobantes de sus ventas y, en algunos casos, hasta página web. Sin embargo, sus integrantes son por lo general personas insolventes y sus compras provienen de contribuyentes APOC.”
A los fines de considerar el carácter de apócrifo de la firma bajo análisis, del informe final de inspección se destacan las tareas llevadas a cabo por la División Fiscalización N° 1, perteneciente a la Dirección Regional Norte. Le solicitan (fs. 3 cpo. IVA) que exhiba los Estados Contables por el ejercicio comercial 2010, Libros IVA Ventas e IVA Compras por los períodos 11/2009 a 04/2010, declaraciones juradas de IVA por iguales períodos fiscales y papeles de trabajó utilizados para su confección. En la Multinota F. 206/1 del 15/10/2012 (fs. 5 cpo. IVA): el Sr. Enrique Luis Cabello, en su carácter de presidente, aporta todo lo solicitado en el requerimiento. (fs. 6/270 cpo. IVA). Los funcionarios actuantes le solicitan a la actora (fs. 272 cpo. IVA) que ponga a disposición la documentación respaldatoria de facturas de compras por el período 01/11/2009 a 31/07/2012 y forma de cancelación de las operaciones, entidades bancarias con las que operó durante el período mencionado con el detalle de tipo de cuenta y resúmenes bancarios. En la Multinota F. 206/1 del 12/12/2013 (fs. 278 cpo. IVA): mediante la cual la firma informa que aporta ciertas facturas de compras emitidas por el proveedor Franco Renato Dequer, junto con extractos bancarios del Banco Credicoop del período 06 y 07/2010, extractos bancarios del Banco Supervielle del 06/2010, 08/2010 y 01/2011 y nota explicativa con detalle de los movimientos bancarios realizados. En el Acta F. 8400/L N° 075000201374539002 del 05/11/2013 (fs. 285 cpo. IVA), donde se deja constancia que se presenta el Sr. Cabello Enrique Luis en las oficinas de la AFIP- DGI a efectos de aportar otras facturas de compras, manifestando no exhibir originales por cuanto los mismos se encuentran en el Juzgado en lo Comercial N° 20 Secretaría I'1° 40, atento a estar la firma bajo la figura del concurso preventivo, asimismo aporta resúmenes bancarios de la cuenta corriente radicada en el Banco Supervielle (obrantes en cpo. separado).
Asimismo, solicitan a la actora (fs. 421 cpo. IVA) Libros Subdiarios IVA Ventas por el período 11/2009 a 07/2012, escrituras de inmuebles de su propiedad afectados a la explotación de granos, contratos de arrendamientos relacionados con la actividad de productor y/o acopiador de granos y constancia de retenciones practicadas en el Impuesto a las Ganancias, documentación respaldatoria de la compra de maquinaria agrícola utilizada en la explotación de granas y constancias que acrediten las formas de pago de las operaciones de compras de granos. En la Multinota F. 206/1 del 03/04/2014 (fs. 425 cpo. IVA): el contribuyente manifiesta la imposibilidad de presentar los libros subdiarios IVA Ventas solicitados y los contratos de arrendamiento y agrega no haber comprado inmuebles ni maquinarias agrícolas. Respecto a la documentación respaldatoria de la compra de granos, informa el área fiscalizadora que la sociedad no aportó prueba de los pagos por compras de granos ni las cobranzas de las ventas realizadas de los mismos.
Del análisis de la conducta fiscal de los proveedores con los que EL GUAICURU S.A. declara operar, surge que esas firmas se encuentran incluidas en la denuncia penal formulada, figurando las mismas en el tercer estrato de la cadena de comercialización de la operatoria investigada, es decir, son proveedoras de las grandes cerealeras y, a su vez, tienen operatorias vendiendo y comprando a empresas incluidas en el mismo eslabón de la cadena.
Asimismo, la citada División Fiscalización N° 1 calculó el porcentaje de compras de EL GUAICURU S.A. a dichos proveedores respecto del total, para lo cual obtiene que para el año 2010 y 2011 representan el 82% y para el período 11/2011 a 07/2012 representan el 92%. Por lo expuesto, concluye dicha área que "Siendo estos porcentajes elevados, es que a prima facie se podría establecer que EL GUAICURU S.A. debería ser considerada como empresa utilizada para que las grandes cerealeras adquieran cereal que proviene de compras marginales".
A través del informe de referencia, surge que la Agencia N° 41, con fecha 26/11/2013 (fs. 489 cpo. IVA), procedió a la exclusión de la firma EL GUAICURU S.A. del Registro Fiscal de Operadores de Granos a partir del análisis que procede. Corresponde describir el análisis del informe final de inspección con relación a la capacidad operativa como acopiador, la capacidad operativa como productor y los integrantes del proveedor cuestionado.
Del estudio de la capacidad operativa como acopiador, el área fiscalizadora refiere que de la información remitida por la Dirección Regional Santa Fe, -Operativo Granos 2013-, desde el 01/01/2012 a la fecha, la firma EL GUAICURU S.A. solicitó y le autorizaron sistémicamente 2.250 Cartas de Porte, para ser utilizadas en carácter de acopiador (inciso "b" - Intermediario) habilitándosele a EL GUAICURU S.A. la posibilidad de transportar 67.500 toneladas de granos, en su condición de Acopio. Asimismo, se indica en dicho informe que las cartas de porte se solicitaron para movilizar granos desde la planta N° 23.919, que se encuentra ubicada en la localidad de TACO RALO - Provincia de Tucumán, según lo declarado en los aplicativos de la RG 2644, presentados por el contribuyente, y que no pudieron ser constatados por esa fiscalización, atento no haberse aportado documentación alguna al respecto. En función de ello el área fiscalizadora entiende que: “Teniendo en cuenta la rotación normal entre los granos ingresados y los egresados, la capacidad de la planta que se ubicaría en la localidad de TACO RALO (TUCUMAN) (6.000 tn.), no estaría acorde con la cantidad de toneladas que podría movilizar desde la misma, en función de las cartas de porte solicitadas desde el 11/01/12 al 08/05/2013 (67.500 tn)". Asimismo, agrega que "Es llamativo que un ACOPIO haya concentrado el 100% de las compras en pocos proveedores, siendo todos intermediarios, y ninguno productor, de los cuales todos se hallan incluidos en la base eApoc o habrían sido informados por el Operativo Granos como apócrifos".
En cuanto al análisis de la capacidad operativa como productor, el informe destaca que la firma declara ante la AFIP-DGI la actividad de 'Cultivo de cereales excepto los forrajeros y las semillas", juntamente con cultivos de soja, girasol y trigo. Menciona que, en varios aplicativos, declaró la explotación de inmuebles como si se tratara de un productor en una cantidad total de 2.169 hectáreas (1.000 has de propiedad de terceros y 1.169 has. con contratos accidentales), ubicadas en varias localidades de distintas provincias del país. Ahora bien, si bien declara todos estos inmuebles de terceros, aparentemente con contratos accidentales y con pago en efectivo, no se observa que haya practicado ninguna retención del impuesto a las Ganancias en tal concepto a estas personas. Asimismo, se indica que el contribuyente no cumplió con la entrega de los contratos mencionados.
Otro punto relevante es el examen correspondiente sobre quiénes son los responsables de la sociedad, más aún cuando se observa que no registra bienes a su nombre, posee un patrimonio neto negativo en 2012, su activo está conformado por rubros de fácil realización y registra resultado negativo. Su presidente es el Sr. Enrique Luis Cabello (CUIL 23- 11224146-9) quien declaró actividades de servicios de contabilidad y teneduría de libros; Inscripción en impuestos: Ganancias, Monotributo y Seguridad Social (autónomos); no surge como propietario de bienes inmuebles; No surge como propietario de bienes muebles y no registra ningún tipo de pago ni previsional ni impositivo en 2012 y en lo que va del 2013. Con respecto a su directora, la Sra. Krontiansky (CUIL 27-13482378-5) declaró actividades de servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial, se encuentra inscripta en el Impuestos a las Ganancias a personas físicas; no surge como propietaria de bienes inmuebles; cuenta con la titularidad dominial de un bien mueble registrable (automóvil marca FIAT - modelo 1997, dominio BLY66I, adquirido en el 2004); registra un sólo un pago en el 2010 por el Impuesto a las Ganancias/2010 de $ 202,40 y, en adelante, no registra pago alguno ni en materia previsional ni en materia impositiva.
Conclusión, en virtud de lo expuesto, el área fiscalizadora interviniente consideró que: "La contribuyente solicitó su inclusión al «Registro" como ACOPIADOR, declaró en el PUC que realiza dicha actividad como principal, no obstante declara también entre otras actividades la de cultivo de cerda/es y en ese sentido solicitó Cartas de Porte por inciso b) (Intermediario Acopiador) y por el inciso a) que son las de uso en carácter de productor de granos. A partir del análisis de las compras realizadas en su función de Acopio, según RETENCIONES DE IVA practicadas e informadas por el investigado en SICORE, se observa que bajo el régimen 783 realizó el 100% de sus operaciones, y es aquí donde sumen las principales inconsistencias con repercusión impositiva, ya que son retenciones que están practicadas a supuestos proveedores de granos que a través del tiempo, han sido informados por el Operativo Granos 2013, tras detectarse que se trata de personas físicas o jurídicas, intermediarias que compran granos de manera marginal a productores inexistentes, insolventes o con escasa capacidad económica, a los cuales se les consideró la imposibilidad operativa para haber producido el volumen de granos comercializados, o a NO INCLUIDOS en el Registro."
Posteriormente y analizados los remitentes del grano, según CTG confirmados en los cuales figura como "Destino" se verifica la misma inconsistencia respecto del origen de los granos recibidos, ya que considerables cantidades provienen de operadores observados. También se verifica que en el período 2012 y a la fecha, solicitó y se le autorizaron 2.250 Cartas de Porte por inciso b (Intermediado Acopiador), con las cuales se lo habilitó para transportar 67.500 toneladas de granos, más 725 cartas de porte solicitadas por el inciso a), es decir en carácter de productor con las que se la habilita a movilizar 21.750 toneladas de granos, con lo que se totalizan 89.250 toneladas y que a la fecha del presente utilizó dichas Cartas de Porte para movilizar 46.588 toneladas según los CTG por él solicitados y confirmados por "Destino La forma de operar del contribuyente, nos permite inferir que estamos frente a un operador a través del cual se estarían comercializando granos provenientes del mercado marginal. A su vez movilizó 1.361 toneladas en carácter de PRODUCTOR (Cartas de Porte inciso a.), registrando a su vez ventas en esta condición por un monto de $ 17.020.087, no existiendo en las bases indicios de tener capacidad operativa para actuar como PRODUCTOR, ni solicitó dentro del período 2013 cartas de porte del inciso a para remitir granos en tal carácter.
Sobre la operatoria que lleva adelante la firma, las mismas se trata de inconductas que se encuentran tipificadas en la RG 2300 como causa de la suspensión/exclusión del "Registro"
Por otra parte, en los Estados Contables aportados se observa que los mismos se hallan conformados en su mayoría por rubros se fácil realización, y que los escasos montos del rubro Bienes de Uso consignados, no guardan relación con Ja magnitud de las operaciones efectuadas, por lo que no surgen elementos que permitan determinar una capacidad operativa acorde, verificándose asimismo que sus integrantes carecen de activos significativos.
De todo lo expuesto, se verificó que él contribuyente ha sido parte necesaria dentro de una maniobra paja incorporar cereal adquirido en forma marginal al circuito legal a través de la utilización de empresas fantasmas o queriendo figurar como productora de cereales sin tener campos propios o fingir ser arrendatarios de inmuebles rurales. Por todo lo expuesto se concluye que la rubrada no posee capacidad económica para ejercer la actividad, proponiéndose el descargo de las presentes actuaciones, y su envío a División Investigación para su inclusión en BASE APOC según lo normado en el punto 2.2.6 de la IG 748/05 (Dl PYNF)."
En función de lo expuesto a lo largo del informe final de inspección, se considera que se han reunido los elementos de prueba necesarios que permiten inferir la inexistencia de las operaciones que declara haber realizado con la firma EL GUAICURU S.A.
V. Que, en primer término, procede expedirse sobre si la resolución apelada se ajusta a derecho respecto del planteo de nulidad esbozado por la recurrente a lo largo de su escrito de inicio, cabe señalar que para la procedencia de la nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que originen el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que puedan dar lugar a la indefensión, razón por la cual, las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría privado de oponer al impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma. Ello así, quien la invoca debe ofrecer elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si pretende que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/daños y perjuicios”, CSJN, 5/10/95, T. 318, P. 1798; “Aguirre, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324, P.151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E) s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA II, 9/10/96, entre otros).
En relación a lo estrictamente formal, la resolución determinativa de autos, en cuanto acto administrativo, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se hubiera apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Al respecto, es preciso indicar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, la determinación de oficio, como especie de acto administrativo, goza de presunción de legitimidad, es decir, que se presume que ha sido emitida conforme al ordenamiento jurídico y la misma subsiste en tanto no se declare la eventual invalidez por el órgano competente, correspondiendo al contribuyente la carga de probarla, circunstancia que no se produjo en autos.
El legislador estableció presunciones y a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo Fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otros hechos, lo que posibilita tener por cierto que la actora obró en fraude al Fisco Nacional, correspondiendo en este caso al contribuyente la carga probatoria a fin de desvirtuar las presunciones legales.
En definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica procedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del artículo 171 de la ley ritual, sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal, razón por la cual no correspondería un tratamiento incidental como tampoco una imposición de costas autónoma. En este aspecto, es pertinente citar lo expresado por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia del 24/08/2007), por cuanto “…al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o especifica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco el tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial…”.
En el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y -tal como lo puso de relieve el a quo- la actora la planteó ‘como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal’ (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B- 485-XLV, “Bolland y Cia S.A”, sentencia del 21/02/2013).
VI. Que según lo expuesto, la impugnación efectuada por el Organismo Fiscal respecto del proveedor EL GUAICURU S.A. se encuentra debidamente sustentada en la existencia concomitante de una serie de indicios graves, precisos y concordantes que llevan a realizar serios reparos sobre la validez de los comprobantes de compras, considerando la capacidad del proveedor para concretar efectivamente las operaciones de venta de bienes a la recurrente. Siendo así, resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas de la citada norma deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
En ese contexto, el tema en debate queda reducido a una cuestión de hecho y prueba destinada a obtener un adecuado grado de certeza sobre la efectiva correspondencia entre los hechos tenidos en cuenta por la AFIP-DGI y negados por la actora, razón por la cual corresponde analizar las probanzas arrimadas por ésta última.
Ello así, debe determinarse si los elementos probatorios aportados por la apelante a estos autos permiten un confronte capaz de confirmar la relación entre la adquisición de bienes por parte de aquella y el hecho de que el proveedor de los mismos haya sido efectivamente EL GUAICURU S.A. Esta equivalencia resulta imprescindible para considerar válido el cómputo de los créditos fiscales impugnados.
Según los indicios constatados por la fiscalización, la venta de granos no pudo ser efectuada por EL GUAICURU S.A., en tanto se ha constatado que carece de capacidad operativa y económica para la comercialización del volumen de granos bajo discusión.
Frente al agravio endilgado por la recurrente sobre que el Fisco Nacional considera como inexistentes las operaciones de compra pero no así las de venta y que dicho razonamiento resulta violatorio de la realidad económica y una “ficción ilegal”, cabe mencionar que el Organismo Fiscal realizó los ajustes por considerar que las operaciones cuestionadas no se concretaron con el proveedor insinuado. Es decir, las objeciones tratadas, se hacen valer únicamente para impugnar el crédito fiscal en IVA proveniente de las facturas observadas, pero no para considerar que la mercadería es inexistente, admitiéndose así su posterior venta, de tal manera que no se modifica el débito fiscal declarado por la actora. Es por ello, que el Fisco Nacional no impugnó en la resolución recurrida el costo deducido en el Impuesto a las Ganancias ni aplicó el instituto de Salidas no Documentadas.
En consecuencia, la recurrente debió arrimar evidencia que de alguna manera acredite que el proveedor de la mercadería adquirida –que no se cuestiona su existencia y posterior venta- conforme su capacidad operativa y económica sea realmente EL GUAICURU S.A. para cumplir con el requisito de perfeccionamiento del hecho imponible de IVA en cabeza del proveedor cuestionado y, en ese sentido, como ha señalado la jurisprudencia que aborda esta materia “no basta para contradecir las conclusiones del acto determinativo la mera demostración del cumplimiento de recaudos formales de orden documental o contable, sino que es menester que el contribuyente aporte elementos concretos y contundentes que acrediten la veracidad de tales operaciones” (conf. Sala III, in re “Molinos Río de la Plata S.A. c/ AFIP DGI (Resol 247/06) s/ proceso de conocimiento”, del 3-7-12; y “Cereales Acebal S.A. c/ AFIP (TF 30769-I) c/ DGI”, del 11-9-12; en el mismo sentido, CNACAF, Sala I, causa “Nidera SA”, expte. nro. 41858/2005, del 20/03/2012 y Sala IV, causa “Agrocomercial Ramallo SA”, Expte. N° 5341/2015, sentencia del 11/08/2015, entre muchos otros).
Asimismo, resulta insuficiente la confirmación del propio presidente de EL GUAICURU S.A. en cuanto al reconocimiento de las operaciones cuestionadas. Cabe aclarar que, los indicios que pusieron en duda la veracidad de las operaciones que declara la recurrente frente al Organismo Fiscal, no se relacionan con los aspectos formales de la facturación aportada sino con la factibilidad de que dicha documentación respaldatoria refleje operaciones de venta de bienes que efectivamente haya sido efectuada por el proveedor impugnado por el Fisco Nacional.
En autos, para demostrar la validez de las operaciones, la actora argumenta que el proveedor se encontraba en el RFO (Registro Fiscal de Operadores de compra-venta de Granos) o no estaba incluido en la base APOC al momento de los períodos cuestionados. Al respecto, no se puede desconocer que los controles que realiza AFIP se suceden tiempo después del momento en que acontecen los hechos, más si aquellos controles tienen que ver con aspectos sustanciales de los contribuyentes y no los meramente formales. De allí que al momento de los periodos fiscales en crisis el proveedor cuestionado en los aspectos sustanciales aún no había sido revisado ni cuestionado.
Por otro lado, no resulta relevante que el concurso preventivo y el dictado de la quiebra indirecta de EL GUAICURU S.A sean posteriores a la celebración de la última operación con la actora ni que la AFIP haya verificado dos créditos ante el Juzgado Comercial N° 10, Secretaría 20 (Expte.18992/2012). Estas cuestiones de por sí solas no evidencian las necesaria capacidad operativa y económica que se le cuestiona al proveedor impugnado.
No obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el Organismo Fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones con el proveedor impugnado, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Independientemente de las afirmaciones de la actora, se desprende del informe final de inspección, con notoria evidencia, la total ausencia de la capacidad operativa y económica como acopiador y/o productor del proveedor EL GUAICURU S.A. En cuanto a la capacidad como acopiador cabe resaltar que el área fiscalizadora entiende que “teniendo en cuenta la rotación normal entre los granos ingresados y los egresados, la capacidad de la planta que se ubicaría en la localidad de TACO RALO (TUCUMAN) (6.000 tn.), no estaría acorde con la cantidad de toneladas que podría movilizar desde la misma, en función de las cartas de porte solicitadas desde el 11/01/12 al 08/05/2013 (67.500 tn)". En este sentido, se agrega que "Es llamativo que un ACOPIO haya concentrado el 100% de las compras en pocos proveedores, siendo todos intermediarios, y ninguno productor, de los cuales todos se hallan incluidos en la base eApoc o habrían sido informados por el Operativo Granos como apócrifos". Del análisis de la capacidad como productor, el proveedor declaró la explotación de inmuebles en una cantidad de 1.000 hectáreas de propiedad de terceros y 1.169 hectáreas con contratos accidentales (y con pago en efectivo). Sin embargo, no se observa que haya practicado ninguna retención del impuesto a las Ganancias en tal concepto a estas personas. Asimismo, pese al pedido reiterado del Organismo fiscal, el proveedor nunca acompañó los contratos mencionados y, en consecuencia, la ausencia de prueba documental resulta determinante para el examen en su supuesto rol de productor.
EL GUAICURU S.A no registra bienes a su nombre, posee un patrimonio neto negativo en 2012, su activo está conformado por rubros de fácil realización y registra resultado negativo. Las personas humanas que integran la sociedad (director y presidente) tampoco cuentan con la capacidad como acopiador ni como productor de forma individual. Cabe destacar que lo señalado por los peritos en el informe pericial obrante a fs. 1634/1759vta en el sentido de que los libros contables son llevados en legal forma, cumpliendo los requisitos legales vigentes, no demuestra en modo alguno “per sé” la realidad fáctica de las operaciones en cuestión con el proveedor cuestionado conforme lo expone el perito contador del Fisco Nacional Juan Ignacio Estevéz .
Las contestaciones de la prueba informativa dirigida a entidades bancarias, a la Bolsa de Comercio de Rosario, a los corredores de cereales y a los entregadores de intervinientes en las operaciones cuestionadas de ningún modo resultan elementos probatorios suficientes para lograr desacreditar las inconsistencias endilgadas en relación al proveedor no confiable, en atención a los contundentes indicios obrantes en las presentes actuaciones. Las pruebas ofrecidas en esta instancia no hacen más que confirmar la existencia de las compras de bienes por parte de la recurrente, su transporte y sus respectivos pagos, de ahí que los ajustes en los demás impuestos hayan sido desestimados, pero no que EL GUAICURU S.A haya sido el real proveedor de tales bienes, dado que no evidencia capacidad operativa y económica de producción ni acopio que sea acorde al volumen de bienes comercializados.
Así las cosas, debe señalarse que una factura o comprobante de compra puede válidamente ser considerada como apócrifa cuando no representa la realidad económica que en la misma se registra, sea porque corresponde a una operación inexistente o porque –como sucede en estos actuados- refiere a una operación existente, pero el proveedor que surge del comprobante no es el real, dada su falta de capacidad operativa y económica.
Adicionalmente, cabe recordar que conforme surge de reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA y g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo, situación esta última que no habría acaecido en los presentes actuados.
Frente a las afirmaciones de la actora mediante las cuales ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante los correspondientes comprobantes de compra recibidos, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993).
Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde además se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000). Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada ‘realidad económica’, corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas."
En tal sentido, corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con el proveedor indicado en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25/08/2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles (…) Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” Ello viene a significar que no resulta ajustado a derecho el cómputo de crédito fiscal por el solo hecho de la facturación toda vez que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, en incluyendo la identidad del proveedor real, no teniendo per se la factura, entidad suficiente para generar dicho crédito.
En definitiva, la recurrente no presentó en esta instancia -ni precedentemente- elementos de convicción que posibiliten tener por acreditada la realidad integral de las operaciones con EL GUAICURU S.A. Contrariamente, son palmarias las oscuridades e irregularidades que llevan irremisiblemente a reconocerles la entidad pretendida. Siendo así, correspondía al apelante demostrar la real concordancia entre lo que se consignó en las facturas declaradas y presentadas y lo que aconteció en la realidad de los hechos, a fin de tornar procedente el cómputo de los créditos fiscales; pero ello no ha tenido lugar en las presentes actuaciones.
En definitiva, en virtud de lo expuesto, al no haberse arrimado elementos de convicción –en esta instancia o en sede administrativa- que permitan acreditar la correspondencia de las operaciones impugnadas con el supuesto proveedor EL GUAICURU S.A. de los bienes, este Tribunal considera que no resulta procedente el cómputo de crédito fiscal alguno a su respecto.
VII. Que, no habiendo agravios, concretos en materia de los intereses resarcitorios, sólo cabe su confirmación, recordándose que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco, como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la Resolución N° 120/2016 (DV DEOA) apelada en las presentes actuaciones en todas sus partes, con costas. Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2022.08.26 17:13:55 ART Date: 2022.08.26 17:20:40 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.08.26 21:32:12 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.26 21:32:32 -03:00
Fin de la sentencia