Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
I. Que, a fs. 11/16 la actora interpone recurso de apelación en los términos de los arts. 76, inc. b), 159, y 165 de la Ley N°11.683 (t.o. en 1998 y modificaciones) contra la Resolución de fecha 09/01/2018 dictada en el marco del Sumario N° SM/3843/2017, notificada con fecha 05/03/2018, suscripta por el Sr. Jefe de la División Jurídica de la Dirección Regional La Plata de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos, mediante la cual se aplica sanción de multa en los términos del art. 45 de la Ley 11.683 (t.o. en 1998 y modif.) de pesos de setenta y seis mil ciento sesenta y ocho con setenta y cinco centavos ($76.168,75), graduada en el 50% del Impuesto al Valor Agregado omitido y reducido a un tercio conforme el art. 49 de la ley citada. Indica que, las actuaciones sumariales de referencia iniciadas por la AFIP con motivo de fiscalización determinaron que se habrían presentado declaraciones juradas inexactas con relación al Impuesto al Valor Agregado (período 08/2015 al 12/2015; 01/2016 al 12/16; y 01/2017 al 06/2017) por cuanto la Sra. Scottini habría excedido el porcentaje establecido de los ingresos brutos máximos fijados para el régimen simplificado para pequeños contribuyentes.
Manifiesta que, con relación a esta exclusión del Régimen simplificado para pequeños contribuyentes, se habría determinado un saldo a ingresar a favor de la AFIP. Señala que ese saldo es consecuencia de un error involuntario, al consignar el número de CUIT de la Sra. Scottini en la compra de mercadería efectuada por su hijo Lucas M. Hornos, quien es el verdadero adquirente de la mercadería en cuestión y único responsable tributario por tales adquisiciones.
Indica que, no explota ningún tipo de comercio de venta al público, únicamente se limita a “servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer”, actividad que no tiene ningún tipo de vinculación con la compra de mercadería, y que provocó que se exceda el límite establecido para permanecer en el Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes.
Afirma que, a los fines de evitar mayores perjuicios, investigaciones y fiscalizaciones que entorpezcan el normal desarrollo de la actividad, decidió aceptar el ajuste proyectado por AFIP y, en consecuencia, presentar las declaraciones juradas del gravamen en cuestión.
Esgrime que la aceptación del ajuste proyectado por los inspectores es reveladora de su conducta tributaria, que se somete al dictamen fiscal haciéndose cargo de la implicancia económica derivada de ello. En consecuencia, dicho sometimiento, no alberga ningún tipo de inflexión a cuyo respecto pueda reprocharse inconducta impositiva alguna. Indica que el Fisco la excluyó, pero ninguna falsedad puede atribuírsele, más bien resulta valorable su predisposición para adecuarse al marco de la legalidad.
Sostiene que, se encuentra de presencia de un error excusable que constituye una causal de imputabilidad, ya que fue cometido bajo la creencia de haberse obrado en cumplimiento de una determinada conducta u obligación legal o contractual, bajo la firme convicción de estar realizando la actuación debida.
Indica que, el error excusable es la justificación de la conducta del contribuyente que objetivamente cometió una infracción. El contribuyente, además de probar que no tuvo la intención de provocar un perjuicio fiscal, debe probar que actuó de manera razonable al confeccionar la declaración que luego fuera objetada.
Afirma que, la relevancia exculpatoria del error radica en la fuerza que este tenga para destruir subjetivamente la ilicitud del acto. Así el error, requiere, para su viabilidad, que sea esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser examinados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquel a quien se le atribuye la infracción tributaria.
Manifiesta que no debe atribuírsele una maniobra de mala fe (falta de responsabilidad subjetiva) puede imputársele el haber incurrido objetivamente en una infracción, pero indica que ha actuado bajo la influencia de un error excusable (falta de conciencia de la antijuricidad de la conducta desplegada) y la mencionada conducta es inculpable.
Sostiene que, de acuerdo a todo lo expresado y de la prueba producida en sede administrativa, se encuentra acreditado la falsedad o inexistencia del hecho presumido. No existió culpa o negligencia tendiente a perjudicar al Fisco.
Indica que, no existió por parte de la Sra. Scottini declaraciones inexactas para defraudar al Fisco, que la conducta no puede ser calificada de negligente, toda vez que su conducta se basó en la información obtenida por los propios registros del organismo recaudador.
Ofrece prueba, cita jurisprudencia, formula reserva del caso federal. Finalmente, solicita se revoque la multa aplicada, con costas.
II. Que, a fs.23/35vta, se presenta el Fisco Nacional, contestando el recurso interpuesto.
Indica que, con fecha 08/11/2017 la División Juridica- Sección Dictámenes y Sumarios inició sumario material encuadrando la conducta de la Sra. Scottini en las prescripciones del art. 45 de la Ley 11.683 (t.o en 1998 y sus modificaciones), por haber presentado declaraciones juradas inexactas en el Impuesto al Valor Agregado por los períodos 08/2015 a 12/2015, 01/2016 a 12/2016, 01/2017 a 06/2017.
Detecta, que la Sra. Scottini, teniendo en cuenta el importe de las compras más los gastos inherentes del desarrollo de su actividad, totalizó una suma igual o superior al porcentaje establecido de los ingresos brutos máximos fijados en el art.8 para la categoría del Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes, según la actividad desarrollada.
Por esta razón, el Fisco Nacional determinó su exclusión de dicho régimen, se inscribió en los gravámenes y presentó las Declaraciones Juradas de IVA correspondientes. En consecuencia, la Sra. Scottini aceptó el ajuste y presentó sus Declaraciones Juradas, habiendo dejado de ingresar el impuesto resultante en su justa medida hecho que generó un incremento del saldo a ingresar a favor del Fisco.
Indica que, habiéndosele corrido traslado, la Sra. Scottini no presentó escrito de defensa que haga a sus derechos, motivo por el cual, se dictó la resolución recurrida.
Agrega que, “ab initio” la conducta incurrida por la Sra. Scottini – omisión de pago del impuesto mediante la presentación de declaraciones juradas inexactas- es una conducta típica descripta por el art. 45 de la Ley de rito, la cual implica un daño al bien jurídico protegido que es la recaudación fiscal.
Indica que, para la configuración del elemento objetivo del ilícito basta que se haya ingresado un pago inferior al que correspondía según las disposiciones legales.
En dicho caso, se verificó la presentación inexacta de las declaraciones juradas en cuestión generando un claro perjuicio al Fisco, que verificado el elemento subjetivo trae aparejada la sanción.
Señala que, el elemento subjetivo de la figura legal tipificada en el art. 45 de la ley de rito determina que el factor de atribución se halle caracterizado por una conducta negligente o descuidada que conlleva al no cumplimiento del deber elegido por la normativa vigente.
Resalta que, la Sra. Scottini, no aportó prueba alguna para desacreditar lo verificado por el Fisco resultando los argumentos de su escrito, evaluados con los elementos recolectados, meras consideraciones dogmáticas que no logran conmover las conclusiones a las que arribara el Fisco, razón por la cual ha quedado demostrada la infracción impositiva de la Sra. Scottini.
Afirma que, no se ha demostrado la configuración de error excusable en la Sra. Scottini, ni causal exculpatoria alguna, y ello sumado a que los argumentos esgrimidos, no desvirtúan en modo alguno lo constatado por el área fiscalizadora, no puede pretender la disminución de la sanción aplicada; siendo correcta la aplicación para los periodos fiscales discutidos del Impuesto al Valor Agregado de una sanción graduada en el mínimo legal, ello es el 50% del tributo omitido de ingresar.
Concluye que, la Sra. Scottini contaba con los medios técnicos y recursos suficientes para advertir que estaba actuando en forma lesiva para el patrimonio fiscal, por lo que se le puede imputar no haber obrado con mediana diligencia para evitar la omisión.
Considera que, debe rechazarse el recurso confirmando en todas sus partes la resolución recurrida, con costas. Cita jurisprudencia, acompaña antecedentes administrativos y hace reserva de caso federal.
III. Que, en virtud de la ampliación efectuada por la Ley 27.562 a la Ley 27.541 y siendo que la recurrente apela en las presentes actuaciones exclusivamente una sanción de multa, mediante la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) aprobada mediante Acta del Acuerdo celebrado el 8 de Septiembre de 2020 (IF-2020-60084748- -APN-VOCXXI#TFN, anexa a la RESOL-2020-44- -APNTFN#MEC – B.O. 11/09/2020) se intima al Fisco Nacional a fin de que informe a este Tribunal si dicha sanción se encuentra alcanzada por los beneficios de la citada normativa (vide PV-2021-106836976-APN-VOCVI#TFN).
Que, mediante RE-2021-122632197-APN-SGAI#TFN la representación fiscal contesta la intimación cursada indicando que, conforme lo informado por el área competente de la AFIP-DGI, el contribuyente SCOTTINI, MARIA JOSE no se encuentra inscripta como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas (MIPyME), asimismo de las consultas efectuadas en las bases del Organismo no surge que la responsable haya dado cumplimiento con el régimen de información previsto por el artículo 59 de la RG (AFIP) N.º 4816/2020, declarando no poseer activos financieros situados en el exterior, por lo expuesto, siendo una condición objetiva a cumplimentar, se solicita corra traslado del presente a la actora a fin que, acredite aquellos extremos en debida forma.
Que, a fs. 66, este Tribunal dispuso correr vista a la recurrente de lo manifestado por el Fisco Nacional la cual no fue contestado por la parte actora.
IV. Que inmediatamente se elevan los autos a consideración de la Sala “B” y se ponen a sentencia.
V. Que, desarrollados los argumentos de las partes, corresponde en primer lugar a este Tribunal resolver si corresponde al caso particular la aplicación de los beneficios dispuestos en el art. 6 de la Ley 27.541 (texto según Ley 27.653).
Que, para un mejor análisis de la cuestión, cabe reseñar que la Ley 27.541 fue dictada a fines del año 2019 declarando la emergencia pública e incorporando un régimen de regularización exclusivamente en beneficio de las pequeñas y medianas empresas. En el caso concreto, tal como señala la representación fiscal, la apelante carece de certificado Mipyme, lo que luego fuera confirmado por la propia recurrente.
Ahora bien, la Ley 27.562 modificatoria de la anterior amplia la posibilidad de acogerse al régimen a otros sujetos.
Ello así, el artículo 8° establece que “Los contribuyentes y las contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización estén a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, podrán acogerse, por las obligaciones vencidas al 31 de julio de 2020 inclusive o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, al régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones que se establecen en el presente capítulo.
Se excluyen de lo dispuesto en el párrafo anterior (...) y a los siguientes sujetos: Personas humanas o jurídicas que, no revistiendo la condición de: i) MiPymes, ii) entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias inscriptas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal y que, con domicilio propio y de sus directivos fijado en territorio nacional, no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y desarrollen programas de promoción y protección de derechos o actividades de ayuda social directa, y iii) personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes en los términos que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos, posean activos financieros situados en el exterior, excepto que se verifique la repatriación de al menos el treinta por ciento (30%) del producido de su realización, directa o indirecta, dentro de los sesenta (60) días desde la adhesión al presente régimen, en los términos y condiciones que determine la reglamentación”.
Por su parte, el artículo 12 señala que las multas y demás sanciones, correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 31 de julio de 2020, quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia de la ley modificatoria y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha. Este último artículo equipara la situación de los contribuyentes que en igual situación ya hayan abonado la obligación principal sin expectativas de algún beneficio de condonación.
Ahora bien, como puede observarse de la lectura del art. 8° los contribuyentes “podrán acogerse (...) al régimen de regularización y de condonación de intereses, multas y demás sanciones que se establecen en el presente capítulo...”, luego se excluye a determinados sujetos de esos beneficios, sin hacer distinción de los otorgados en el art. 12 –establecidos en ese mismo Capítulo- En otras palabras, si el sujeto es excluido del régimen no puede gozar de los beneficios que éste otorga ya sea acceso al régimen de regularización (art. 11) o las condonaciones previstas en tal art. 12.
En el caso concreto, conforme lo expuesto por la representación fiscal, la recurrente no tiene certificado Mipyme y habiendo señalado el Fisco Nacional que no ha cumplido con el deber de información del art. 59 de la RG 4816/2020-, conforme el criterio contrario sostenido por esta Sala (“OSTRY SILVIA BEATRIZ s/recurso de apelación”, sentencia del 19/04/21), corresponde concluir que la recurrente se encuentra excluida como sujeto habilitado para usufructuar el régimen bajo análisis, conforme el art. 8 de la Ley 27.541 y mod. En consecuencia y teniendo en cuenta las constancias de autos, no corresponde otorgar el beneficio de condonación solicitado.
V. Que habida cuenta del estado procesal de las actuaciones, y en atención a que no existe prueba a producir, cabe expedirse respecto al fondo de la cuestión, correspondiendo a este Tribunal resolver si se ajusta a derecho la multa aplicada, con sustento en el artículo 45 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones). Conforme surge del informe final de inspección (vide fs. 6 A/A) el presente caso tiene origen en el cruce E-Bafis de monotributistas gastos superiores al máximo permitido para permanecer en el régimen, que determinarían la exclusión del Régimen simplificado para pequeños contribuyentes (RS). Agrega el informe que la contribuyente presenta voluntariamente las DDJJ de IVA, según lo requerido por la Administración Al respecto, cabe señalar que dicho artículo tipifica la infracción requiriendo la concurrencia de la omisión de pago del impuesto mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o la presentación de declaraciones juradas inexactas, se trata de un ilícito culposo que protege como bien jurídico la renta fiscal. Asimismo, la norma establece expresamente que no procederá la sanción en los casos en que exista “error excusable”. En otras palabras, para que la conducta en análisis pueda ser reprimida, se deben verificar concurrentemente los aspectos objetivo y subjetivo configuradores del ilícito de marras.
Cabe señalar que en estas actuaciones no se encuentra controvertido que la contribuyente presentó sus declaraciones juradas relativas al Impuesto al Valor Agregado, conformando lo expuesto por la fiscalización y la exclusión del régimen simplificado. La actora esgrime que dichas declaraciones fueron presentadas, a fin de cesar la situación con el organismo fiscal, ingresando los conceptos en discusión.
En efecto, en el caso de autos se encuentra debidamente acreditado el elemento objetivo requerido por la norma para que se configure la infracción, en atención a que fue, como consecuencia de la fiscalización efectuada, que la recurrente presentó las declaraciones juradas conforme debió hacerlo, admitiéndose de esta forma la materialidad de la infracción.
En este sentido, cuadra indicar que quien haya presentado una declaración inexacta, omitiendo el pago del impuesto resultante, queda incurso en el ilícito material de omisión de impuesto al concurrir los presupuestos esenciales (conforme art. 13, ley de rito). Ahora bien, ello no implica que no debe analizarse el elemento subjetivo que requiere la figura a los fines de su configuración, en cada caso en particular.
Como ya se señaló, en relación con el elemento subjetivo, el tipo infraccional contemplado en el artículo 45 de la ley procedimental requiere para su configuración la culpa, traducido en una conducta negligente desplegada por el contribuyente respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, como lo fue declarar datos en las declaraciones juradas que no representaban la verdadera situación fiscal de la contribuyente.
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado en el fallo Casa Elen-Valmi de Claret y Garello, de fecha 31/03/1999 que “esta Corte ha reconocido en numerosas oportunidades que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos - T. 271 - pág. 297; T. 303 - pág. 1548; T. 312 - pág. 149). Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente (Fallos - T. 316 - pág. 1313; causa L.269.XXXII "Lambruschi, Pedro Jorge s/L. 23771", fallada el 31/10/1997)”.
En efecto, en las presentes actuaciones, la actora ha cometido una conducta que se subsume en el concepto de culpa que sólo podrá desvirtuarse probando la existencia de un error excusable. La jurisprudencia ha señalado que “para su viabilidad se requiere que el error sea esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser analizados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquél a quien se le atribuye la infracción tributaria. En todos los casos, el contribuyente debe demostrar que ha actuado con un comportamiento normal y razonable frente al evento en que se halló, procediendo con la prudencia que exigía la situación” (CSJN, “Morixe Hnos. S.A.C.I”, pronunciamiento del 20/08/1996, Fallos: 319:1524; CNCAF, Sala III, Causa N° 36.571/12, in re “Argentino Foot Ball Club (TF 28506-I) c. DGI”, del 13/02/2013; Sala V, “Athuel Electrónica S.A. (TF 20.688-I) c. D.G.I.”, expte. 22.846/06, 11/05/2006 y recientemente, Sala III “Arauca Bit A.F.J.P. S.A.”(TF 36903-I) c. D.G.I. s/ recurso directo de organismo externo, del 16/02/2017).
En efecto, si bien la actora manifiesta que se habría determinado un saldo a ingresar a favor de la AFIP en consecuencia de un error involuntario, al consignar el número de CUIT de la Sra. Scottini en la compra de mercadería efectuada por su hijo Lucas M. Hornos, quien sería el verdadero adquirente de la mercadería en cuestión y único responsable tributario por tales adquisiciones, nada ha aportado al respecto constituyendo éstas meras afirmaciones de la recurrente.
Ello así, el examen de los hechos y las constancias incluidas en los antecedentes administrativos permiten advertir la presencia de los supuestos requeridos para la configuración del ilícito en cuestión y su atribución a la apelante, quien no ha presentado pruebas o invocado factores atendibles, eximentes o atenuantes de su responsabilidad, para acreditar que en el caso existió un error excusable. En consecuencia, corresponde confirmar la resolución apelada, con costas.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada, con costas.
Regístrese, notifíquese. Fecho, procédase a su impresión, agregación y oportunamente archívese.
Date: 2022.12.28 18:06:48 ART Date: 2022.12.29 11:35:09 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.12.29 11:39:46 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.29 11:40:31 -03:00
Fin de la sentencia