Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 24.910-I
Lo que resolvió el tribunal
I. Confirmar las resoluciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, con costas a la parte actora.
II. Confirmar parcialmente las resoluciones correspondientes al Impuesto a las Ganancias-Salidas No Documentadas. Costas según sus respectivos vencimientos.
III. Ordenar a la AFIP-DGI que en el plazo de treinta (30) días practique la correspondiente reliquidación, teniendo presente lo expuesto en el considerando V del pronunciamiento. A tal efecto deberá la representación fiscal retirar los antecedentes administrativos de la causa de la Mesa de Entradas de este Tribunal dentro del quinto día de notificada la presente.
I. Que a fs. 222/237, fs. 1428/1448 y fs. 1653/1673 el contribuyente LUIS ERNESTO PISTACHI interpone sendos recursos de apelación contra las resoluciones emitidas por la Dirección Regional Sur de la AFIP-DGI:
(i) N° 777/04 (DV SRR1) que le determina con carácter parcial la materia imponible en el Impuesto al Valor Agregado, periodos fiscales 06/1999 a 12/1999, en la suma de pesos veintidós mil doscientos noventa y cinco con setenta y dos centavos ($22.295,72), con más la suma de pesos cuarenta mil cuatrocientos ochenta y uno con cuarenta y siete centavos ($40.481,47) en concepto de intereses resarcitorios, y le aplica una multa graduada en tres veces el impuesto dejado de ingresar por un monto de pesos sesenta y seis mil ochocientos ochenta y siete con dieciséis centavos ($66.887,16), encuadrando su conducta en los artículos 46 y 47 incisos a), b) y d) de la ley N° 11.683.
(ii) N° 601/2005 (DV SRR1) que le determina con carácter parcial la materia imponible en el Impuesto al Valor Agregado, periodos fiscales 01/2000 a 12/2002, en la suma de pesos novecientos mil cuatrocientos setenta y ocho con sesenta y ocho centavos ($ 900.478,68), con más la suma de pesos un millón ciento setenta y un mil ochocientos sesenta con noventa y tres centavos ($1.171.860,93) en concepto de intereses resarcitorios, y hace reserva con respecto a la aplicación de sanciones (art. 20 de la ley N° 24.769).
(iii) N° 602/2005 (DV SRR1) que le determina con carácter parcial la materia imponible en el Impuesto a las Ganancias – Salidas no documentadas, periodos fiscales 12/1999 a 12/2000, en la suma de pesos ciento ochenta y un mil treinta y cuatro con veintiocho centavos ($181.034,28), con más la suma de pesos doscientos noventa y tres mil sesenta y cuatro con noventa centavos ($293.064,90) en concepto de intereses resarcitorios, y hace reserva con respecto a la aplicación de sanciones (art. 20 de la ley N° 24.769).
(iii) N° 550/2006 (DV SRR1) que le determina con carácter parcial la materia imponible en el Impuesto a las Ganancias – Salidas no documentadas, periodos fiscales 01/2001 a 10/2002, en la suma de pesos trescientos ochenta y dos mil novecientos sesenta y cuatro con ochenta y seis centavos ($382.964,86) con más la suma de pesos cuatrocientos noventa y cinco mil novecientos treinta y seis con trece centavos ($495.936,13) en concepto de intereses resarcitorios, y hace la reserva con respecto a la aplicación de sanciones, según lo previsto en el artículo 20 de la ley N° 24.769. Relata que las actuaciones administrativas tienen su origen en la denuncia penal –infundada y maliciosa- interpuesta por su ex socio el Sr. Walter José Formento, tramitada ante el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de ciudad de La Plata y que significó una represalia por los malos términos que pusieron fin a la relación comercial que habían entablado para desarrollar el emprendimiento denominado “DEVELCO DISEÑOS INDUSTRIALES de Luis Ernesto Pistachi”. Hace hincapié en el error en que ha incurrido la investigación fiscal al tomar como basamento los hechos imputados en el juicio penal, los que asegura no tenían consecuencias en su condición tributaria, ni mucho menos en la relación entablada con sus proveedores.
Manifiesta que con el objeto de dar por finalizada aquella relación comercial, se celebraron el 11/04/2003 sendos acuerdos de cesión de derechos entre ellos, por intermedio de los cuales se transfirió a su nombre el porcentaje de participación en la sociedad y los derechos sobre la marca “DEVELCO” a cambio de recibir el Sr. Formento dos sumas de dinero en dólares (USD 80.000 y USD 170.000). Ello así, entiende que a los fines de provocar el pago del referido dinero su ex socio se presentó ante la justicia y dio inicio al proceso penal antes mencionado.
Explica que desarrolla como actividad la fabricación de instrumentos electromecánicos para la medición y control de caudal de gas natural comprimido (GNC) y que para llevar a cabo su proceso productivo –durante los periodos observados- adquirió insumos y contrató servicios con los proveedores que el organismo fiscal observa por entender que carecían de capacidad para realizar las operaciones concertadas.
Se agravia del procedimiento desplegado en la instancia administrativa en tanto el organismo fiscal no le permitió producir la prueba pericial técnica que tenía por objeto demostrar la vinculación entre los bienes y servicios adquiridos a los proveedores cuestionados y los bienes producidos por su parte, y así acreditar la efectiva realización de las operaciones cuya inexistencia invoca la demandada.
Asevera que dio cumplimiento con todos los recaudos formales y materiales que habilitan el cómputo del crédito fiscal, y que la pretensión de la administración tributaria de que pruebe algo más que tales extremos supone la carga de probar un hecho negativo e imposible, pues la no ubicación de los proveedores en sus domicilios, o su falta de capacidad operativa y financiera y/o el incumplimiento de sus obligaciones impositivas son extremos que escapan a su responsabilidad. Agrega que la existencia de los proveedores queda corroborada con la titularidad de cuentas bancarias por parte de aquellos, la propiedad de bienes registrables, el carácter de empleadores, la presentación de declaraciones juradas y la inscripción ante el organismo fiscal; las imprentas circularizadas informaron que habían intervenido en la emisión de los comprobantes; asimismo, al momento de la concertación de las operaciones no se encontraban incluidos en la Base APOC de la AFIP. Además, se agravia de que se desconoció la vinculación de los insumos y los servicios prestados con la actividad que realiza. Frente a ello, señala que adjuntó documental que no fue ponderada y que ofreció una pericia técnica que le fue denegada.
Rechaza la multa endilgada en el IVA, trayendo a colación la ilegitimidad del criterio fiscal adoptado para la impugnación de los créditos fiscales, remitiéndose a los argumentos expuestos para refutar la determinación de oficio. Sostiene que nada de ello puede corresponder a un sustento válido para la aplicación de la sanción de la envergadura y entidad como lo es una defraudación. Insiste en que no ha presentado declaraciones juradas engañosas, ni ha intentado acto ejecutivo alguno de defraudación fiscal, razones por las cuales solicita la revocación de la sanción impuesta.
En lo atinente al ajuste en Salidas no documentadas, en primer lugar trae a colación la normativa aplicable y declara que no se configuran las premisas allí dispuestas para que proceda la determinación de oficio. Hace hincapié en que el Fisco Nacional no cuestionó la documentación de las erogaciones y reconoció expresamente la necesariedad de los gastos con sustento en el informe técnico obrante en las actuaciones administrativas que dieron lugar a la emisión de la resolución N° 600/2005 por la Dirección Regional Sur el 20/12/2005 que clausuró el procedimiento de determinación de oficio del Impuesto a las Ganancias -periodos fiscales 1999 a 2000- sin ajuste alguno. Asegura que no le asiste razón al organismo fiscal cuando pretende el ingreso de salidas no documentadas, teniendo en cuenta que mediante acto administrativo reconoció la existencia de aquellos gastos al decidir no impugnarlos.
Explica que si bien reconoce que la normativa hace una distinción entre bienes y servicios a la hora de exigir el ingreso de la obligación, asevera que también es cierto que la presunción dispuesta en el artículo 55 del decreto reglamentario admite prueba en contrario, y que en el ejercicio del onus probandi ha demostrado que la totalidad de los gastos fueron destinados a la obtención y conservación de la fuente productora de la renta gravada. Insiste en que las operaciones realizadas con los proveedores cuestionados efectivamente existieron, y que los materiales y servicios en cuestión fueron destinados a la producción de bienes que finalmente comercializó.
Advierte que en el ajuste se incluyeron facturas de proveedores que le habían suministrado bienes y no servicios, y señala que tal desacierto de la auditoría fiscal encuentra su origen en la incorrecta lectura del “Anexo V” que acompañó con el escrito de contestación de la vista, el que al no exhibir un detalle pormenorizado de los conceptos facturados motivó un análisis superficial que concluyó, sin ningún respaldo técnico que así lo sustente, en que algunos proveedores habían prestado servicios. Insiste en que si se le hubiera permitido producir la pericia técnica propuesta, podría haber acreditado que existía una preponderancia de los insumos materiales -bienes- por sobre las prestaciones de servicios efectuadas, desarticulando así la tesitura fiscal.
Por último, ratifica que las adquisiciones de bienes y las prestaciones de servicios fueron canceladas con medios de pago lícitos y que las dificultades esgrimidas por la administración fiscal con respecto al seguimiento del circuito de pago son insuficientes para fundar su reclamo y desconocer la efectiva realización de las operaciones.
Cita jurisprudencia, acompaña prueba documental y ofrece prueba pericial técnica. Formula reserva del caso federal. Solicita se revoquen las resoluciones apeladas, con costas al Fisco Nacional.
II. Que fs. 248/263, fs. 1458/1483 y fs. 1682/1719, la representación fiscal contesta los recursos.
Que previo a toda exposición, pone de resalto que frente a la impugnación del crédito de las operaciones concertadas con cincuenta y dos (52) proveedores la parte actora expresa agravios únicamente respecto de seis (6) de ellos, por ello solicita que se confirmen las determinaciones de oficio que involucran a los cuarenta y seis (46) proveedores restantes. Sustenta su planteo en las normas contenidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por imperio de las cuales el apelante reconoció tácitamente el carácter apócrifo de las operaciones que habría celebrado con los sujetos sobre los que no opone defensa, consintiendo así la calificación dada por el organismo fiscal. En consecuencia, señala que la controversia quedó circunscripta a los siguientes sujetos: JOSE CAYETANO STIMOLO, MARIA CRISTINA VERA, JOSE CORRADO, KMS MONTAJES INDUSTRIALES S.A., BLAS CARELLI E HIJOS S.R.L, e HIERROS DEL PINO S.R.L.
Rechaza el planteo del recurrente según el cual la denuncia penal que da inicio a las actuaciones administrativas no tiene vinculación ni proyección sobre su condición tributaria. Asegura que dicha denuncia, su copia y demás elementos que surgieron de la causa resultaron útiles en la búsqueda de la verdad material y motivaron el procedimiento de determinación de oficio llevado a cabo. En ese sentido, pone de relieve la falta de colaboración del contribuyente con la investigación fiscal en tanto se negó a aportar la documentación requerida, la que fue obtenida por orden del juez penal mediante una serie de allanamientos en diferentes domicilios.
Señala que como resultado de los referidos allanamientos se secuestraron listados donde se detallaban facturas de proveedores con la referencia “Detalle de Facturas de Colombo”, de cuyo análisis surgió que se trataba de comprobantes que fueron computados por el recurrente como costo y gasto en ganancias, y como crédito fiscal en el IVA. Subraya que en su denuncia, el ex socio del Sr. Pistachi había declarado que en la documentación comercial había listados que llevaban el título “Detalle de facturas compradas” y “Facturas de Colombo”, indicando que -en ambos casos- se trataba de comprobantes que eran adquiridos para aparentar gastos que nunca se hicieron.
Destaca el error en que incurre el recurrente al intentar desvirtuar la determinación de oficio en IVA invocando el cumplimiento de meros requisitos y aspectos formales, sin que sea ello lo cuestionado por la investigación; aclara que las observaciones se enfocan en la falta de capacidad de los sujetos en tanto pudo corroborar serias inconsistencias en su condición tributaria. Advierte que nada de ello ha sido desvirtuado con las probanzas rendidas por el apelante, por ello los ajustes se mantienen incólumes.
Ratifica la procedencia de la multa pues el recurrente ha liquidado el impuesto utilizando documentación de carácter apócrifo, la que aplicó a su crédito fiscal computado en las declaraciones juradas presentadas ante el organismo. Bajo tales premisas, sostiene que no solo se encuentra acreditado el carácter apócrifo de las operaciones cuestionadas, tanto en el aspecto objetivo como subjetivo de la figura sancionatoria impuesta, sino que además existe una maniobra sobre la cual no se discute su carácter doloso cuando en las declaraciones juradas se intenta hacer valer documentación apócrifa. Ello así, solicita se confirme la sanción endilgada en todos sus términos.
Con relación a los ajustes en Salidas no documentadas, sostiene que teniendo en cuenta las tareas realizadas respecto de cada uno de los proveedores de servicios involucrados la administración tributaria consideró que las facturas que respaldaban las operaciones comerciales carecían de sinceridad. En efecto, corresponde señalar que los ajustes se refieren a veinticuatro (24) proveedores que le habrían prestado servicios al recurrente, a saber: IMPRESOFT S.R.L, CARLOS WILKES, WORLD WIDE TRADE S.A., FABDELL S.R.L, AIR JET LATINOAMERICANA S.A., ROBERTO BLASON, KMS MONTAJES INDUSTRIALES S.A., TECNOLUX S.A., BLAS CARELLI E HIJOS S.R.L, CAPPE CONSTRUCCIONES S.R.L, METALWORKS S.A., G LOPEZ S.R.L., AQUARIOS S.R.L., ANTARES S.A., KATAN S.A., CONSTRUCTORA CAPPELLETO S.R.L, OMICRON TECNICA S.R.L, PUBLIARNET S.A., DESMOND S.A., VICTOR FERRARO, SIGMA de CAYETANO STIMOLO, WORK MICROSYSTEMS S.R.L., JOSE CORRADO e HIDRA PAR S.R.L.
Niega que la clausura del procedimiento de determinación de oficio del impuesto a las ganancias sin la impugnación de los gastos computados tenga efecto sobre la aplicación de salidas no documentadas, tal como lo pretende la parte actora. En tal sentido, asegura que en base a los elementos analizados se pudo concluir que las erogaciones efectuadas por el fiscalizado se destinaron al pago de servicios para el desarrollo de su actividad gravada en ganancias, pero que dicha circunstancia no implica de ningún modo la prueba de la efectiva existencia de las operaciones comerciales con los proveedores apócrifos, ni que hayan sido ellos los destinatarios reales de los pagos realizados por el Sr. Pistachi. Con relación al circuito financiero, hace hincapié en que el recurrente había informado que los pagos se efectuaron en efectivo y con cheques; respecto a los pagos en efectivo, advierte que resultó imposible su seguimiento debido a la falta de recibos y/u otro documento que los sustente; en lo atinente a las cancelaciones con cheques, manifiesta que circularizó a las entidades bancarias para que remitan los cartulares debitados en las respectivas cuentas junto con la copia del anverso y reverso de los mismos, y que como resultado de la información recepcionada pudo concluir que los pretendidos proveedores no fueron los destinatarios reales de las erogaciones de dinero efectuadas por el apelante. Por lo merituado, ratifica la tesitura fiscal según la cual, en la realidad de los hechos, el contribuyente no concertó las operaciones comerciales con los proveedores que emitieron las facturas por prestaciones de servicios, sin que se haya rendido probanza alguna que permita desvirtuarla y sin que se haya acreditado que aquellos sujetos fueron los destinatarios reales de los pagos. Requiere así la confirmación de los ajustes en salidas no documentadas haciendo hincapié en la normativa aplicable, la que distingue claramente la aplicación del impuesto en casos de prestaciones de servicios frente a aquellas operaciones en las que se constata la compra de materiales.
Cita jurisprudencia, acompaña los antecedentes administrativos, se opone a la prueba ofrecida por la recurrente y hace reserva del caso federal. Solicita se rechacen los recursos interpuestos y se confirmen las resoluciones impugnadas, con costas al recurrente.
III. Que a fs. 1485 y fs. 1725 de autos, obran agregadas las sentencias que deciden acumular al Expte. N° 24.910-I, los Exptes. N° 26.877-I y N° 29.068-I, respectivamente.
Que a fs. 1748 se abre la causa a prueba, proveyéndose la producción de pericial técnica ofrecida por el parte actora a fs. 236/237vta., y reiterada a fs. 1447vta./1448 y fs. 1672/1672vta. A fs. 1762/2246 y fs. 2266/2268 obra agregado el informe producido por los profesionales designados a tal fin, y su aclaratoria.
A fs. 2795 se clausura el periodo probatorio y a fs. 2807 se elevan las actuaciones a conocimiento de la Sala “B”. Que a fs. 2808 se disponen los autos para alegar, haciendo uso de su derecho el Fisco Nacional a fs. 2819/2828 y la parte actora a fs. 2830/2839.
Finalmente, a fs. 2841 se ponen los autos para el dictado de sentencia.
IV. Que corresponde adentrarnos al análisis del caso, ponderando en primer lugar los ajustes referidos al impuesto al valor agregado.
Que para una mayor claridad expositiva, ante todo conviene detallar los indicios que llevaron al Fisco Nacional a impugnar la facturación atribuida a los proveedores que declara la recurrente, para luego emprender el análisis de aquellos, teniendo en cuenta la prueba arrimada y producida, y lo alegado por las partes al respecto.
Que no asiste razón al Fisco Nacional cuando advierte que el recurrente ha expresado agravios únicamente respecto de seis (6) de los cincuenta y dos (52) proveedores que se le han impugnado. En efecto, de la lectura de los recursos presentados por la parte actora (ver fs. 225/233 y 1430/1440vta. de autos) surge que ha opuesto una defensa genérica con respecto a los ajustes en el IVA, rechazando las irregularidades detectadas por considerar que no pueden ser endilgadas a la empresa. Insistimos en que lo hace en modo genérico, por ello se comprende que los agravios esgrimidos se direccionan contra las observaciones que versan sobre la totalidad de los proveedores considerados apócrifos, seis de ellos mediante la Resolución N° 777/04, extendiéndose a cincuenta y dos en la Resolución N° 601/2005. Ello así, corresponde descartar de plano el pretendido consentimiento de los ajustes con respecto a cuarenta y seis (46) de los proveedores incluidos en la determinación de oficio que se analiza, tal como lo pretende la demandada.
Que a fs. 670/902 de los Cuerpos Principales N° 4 y N° 5 de los antecedentes administrativos corre agregado el Informe del artículo 18 de la ley N° 24.769, efectuado a requerimiento del Juzgado Federal N°1, Secretaria N°1 de la ciudad de La Plata en el marco de la causa “Formento, Walter José s/Denuncia asociación ilícita, estafas reiteradas y administración fraudulenta”.
Se informa que en la denuncia que dio inicio a la citada causa se expusieron los siguientes hechos:
-En 1993, el Sr. Formento junto a los Sres. Luis Ernesto Pistachi y Alfredo Pistachi, conformaron una sociedad de hecho para dedicarse al desarrollo, fabricación y venta de distintos productos electromecánicos relacionados con medidores de caudal para gas comprimido (GNC), siendo lo más importante el sensor de caudal, y el cabezal electrónico y su calibrado. Si bien en los hechos la sociedad se conformó en partes iguales, por consejo del contador comenzó a operar como unipersonal, como si fuera exclusiva de Luis Pistachi, dejando para más adelante la conversión a sociedad de hecho. -En 2001, a iniciativa del Sr. Formento –quien no estaba de acuerdo respecto a cómo se llevaba adelante el manejo de la administración del emprendimiento- se celebra un acuerdo entre las partes para definir la forma jurídica de la sociedad.
El citado convenio no fue cumplido y debió el denunciante enviar varias cartas documento intimando a ello, denunciando además la imposibilidad de acceso a la fábrica y la desaparición de gran cantidad de equipos fabricados en el lugar. -Finalmente, logra tener acceso a la documentación respaldatoria que se encontraba en el estudio del Cr. Rodolfo Herrero. De la compulsa de aquella advirtió que se le exhibían facturas de compras que él nunca había realizado, atento a que eran muy pocos los lugares y elementos que se compraban como para no recordarlos. Ello así, constató las siguientes irregularidades: (i) facturas computadas dos veces; (ii) facturas de gastos que correspondían a compras falsas pues no se habían realizado a las empresas con las que tenían habitual trato, detectando que aparecían empresas absolutamente desconocidas para él.
Ello así, como parte de la denuncia adjuntó una planilla completa correspondiente a las facturas aludidas y listados que llevaban por título “detalle de facturas compradas” y “Facturas de Colombo” (Anexo 1). -Dentro del Capítulo 6 de la presentación en sede penal–“las maniobras ilícitas”- el denunciante expone que “Por el cotejo de la documentación con más lo que escuche hablar a Pistachi y al Contador Herrero, llegue a la conclusión que las facturas que he mencionado fueron compradas a través de quien se menciona como Colombo”, continua diciendo que “Aclaro que yo había oído hablar de Colombo entre Pistachi y Herrero, quienes aludían a compras que le hacían, pero ahora tomo conocimiento de que los servicios que les prestaba el primero a los otros dos: les obtenía y vendía facturas de distintas empresas para aparentar gastos que en realidad nunca se hacían”.
-En el Capítulo 7 –“las inversiones injustificadas”- el denunciante explica que logró establecer que el destino dado al dinero defraudado fueron depósitos e inversiones a plazo fijo a nombre de Ernesto Pistachi, Rosa Esther Araya, Rosa Araya (esposa del denunciado), Vanesa Pistachi (hija del denunciado) y Liliana Araya (cuñada del denunciado), personas que no tenían ingresos que les permitieran justificar aquellos movimientos financieros.
En el marco de los citados hechos denunciados por el ex socio del recurrente es que el Fisco Nacional inicia las tareas de auditoria a los fines de corroborar las irregularidades supuestamente detectadas por el Sr. Formento cuando accede a la documentación llevada por la administración del emprendimiento.
En merito a la brevedad, nos remitimos al profuso informe elaborado por la administración tributaria en el que se hace hincapié en la falta de colaboración de parte del contribuyente. Con respecto a los 52 proveedores impugnados, como resultado de las circularizaciones realizadas se lograron constatar las siguientes irregularidades e inconsistencias que pueden sintetizarse del siguiente modo:
(i) No poseen capacidad operativa ni financiera.
(ii) Se observaron irregularidades relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
(iii) Se detectaron irregularidades en la conciliación entre los montos supuestamente facturados a Pistachi y los montos de débito fiscal declarados por los responsables en determinados periodos.
(iv) Se constata la diferencia entre la actividad declarada por el contribuyente y aquella que se refiere a los bienes supuestamente provistos, conforme surge de la factura exhibida.
(v) El contribuyente denunciado no brindó información respecto a la forma de cancelación de las operaciones involucradas, impidiendo el seguimiento del circuito financiero;
(vi) No se localizó al responsable para que justificara la existencia de la relación comercial entre las partes; (vii) Las imprentas desconocen las facturas exhibidas.
(viii) No se logra localizar a integrantes de las firmas para constatar la veracidad de las operaciones. (ix) En los casos en que se verifica la existencia de DDJJ presentadas, se constató una escasa relación debito/crédito, lo que generaba constantes saldos a favor del responsable e ingresos de escasa significación. En otros casos se constató la existencia de presentaciones en “0” cuando tuvieron lugar las supuestas operaciones con el Sr. Pistachi. (x) En algunos casos, el contribuyente no exhibió la facturación de respaldo de las operaciones bajo análisis. (xi) En ciertos sujetos no se encontraron indicios de actividad que permitan a los actuantes corroborar la posible realización de las operaciones registradas por Pistachi.
Con sustento en las referidas irregularidades el Fisco Nacional impugnó el crédito fiscal tomado por el recurrente y surgido de los comprobantes emitidos por los presuntos proveedores, indicando que no aportó probanzas que permitan desvirtuar la tesitura fiscal.
A la luz de lo expuesto, cabe anticipar que a juicio de este Tribunal la impugnación respecto de los proveedores JOSE CAYETANO STIMOLO, MARIA CRISTINA VERA, JOSE CORRADO, KMS MONTAJES INDUSTRIALES S.A., BLAS CARELLI E HIJOS S.R.L, HIERROS DEL PINO S.R.L., OMICRON TECNICA S.R.L, LUMIERE ROUGE S.A., IMPORCAB S.A., TOWERS COMPANY S.A., PUBLIARNET S.A., DESMOND S.A., MARIO VICTOR FERRARO, SUESMA S.A., JOSE LUIS ROCA, FABDELL S.R.L, G LOPEZ INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL S.R.L, AQUARIOS S.R.L, AIR JET LATINOAMERICANA S.A., WARLOW S.A., ROBERTO JUAN BLASON, FRANCISCO BANDEIRA ADJANA, FERROSCRAP S.A., DONATO SALVADOR CONVERSANO, DIVISION TRADING S.A., FABIO GASTON ZUNINO, CARLOS ALBERTO WILKES, ANTARES S.A., CAPPE CONS S.R.L, DEF S.A., TECNO LUX S.A., FENCER S.R.L, IRVESA S.A., ANDRADI S.A., TRAMET S.A., SAVE S.R.L, METAL WORKS S.A., HIDRA PAR S.R.L, WORK MICROSYSTEMS S.R.L, PANAMAR S.R.L, KATAN SACIFIC Y A, TECNIPLAST S.A., TECNICAS Y SERVICIOS EN CONSTRUCCION S.R.L, WORLD WIDE TRAIDE S.A., ALBERTO PEDRO BOSTANY, PEUMA S.A., CONSTRUCTORA CAPPELLETTO S.R.L, ERNESTO LUIS JEANDET, DIFERCOM S.A., OLCEGRA S.A., TECNICAS Y SERVICIOS S.R.L, IMPRESOFT S.R.L, se encuentra debidamente sustentada en la comprobación de indicios graves, precisos y concordantes que imprimen serios reparos respecto de la validez de las facturas y la capacidad de los referidos sujetos como quienes concretaron las operaciones consignadas en los comprobantes.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. En efecto, conviene precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas de la citada norma deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
En ese contexto, el tema en debate queda reducido a una cuestión de hecho y prueba destinado a obtener un adecuado grado de certeza sobre la efectiva correspondencia entre los hechos tenidos en cuenta por la Dirección y negados por la actora, razón por la cual corresponde analizar las probanzas arrimadas por ésta última.
Ello así, debe determinarse si los elementos probatorios aportados por el apelante a estos autos permiten un confronte capaz de confirmar la relación entre la realización de la venta de bienes y prestación de servicios por parte de los proveedores impugnados y su real representación en los créditos fiscales declarados. Esta equivalencia resulta imprescindible para considerar válida la cuantificación, y en consecuencia, irresistible la existencia de la obligación tributaria declarada por el contribuyente. De no ser así, aun cuando acreditase la mera existencia física de los proveedores impugnados, no se podría aseverar que la autodeterminación practicada por el contribuyente es conteste con las operaciones efectivamente realizadas.
Que en apoyo de los indicios constatados por la fiscalización –y no, como pretende la recurrente, a modo de fundamento exclusivo del ajuste realizado- consta que la entrega de materiales y/o la prestación de servicios (léase: supervisión, control de armado y puesta en marcha de electrónica para sensores SMC 1201; armado de placas analógica y digital; asesoramiento y desarrollo de firware de placa digital; venta de componentes para placas SMC-1101/1202; microbillado de piezas mecánicas; venta de niples adaptador, capuchón para sensor, torrecilla porta tubo, bujes imán, planchuelas, caños, tuercas flotantes, hierros cuadrados) no pudieron ser efectuadas por los sujetos impugnados, en tanto se corroboró que carecían de capacidad económica, financiera y operativa, remitiéndonos al profuso informe del artículo 18 de la ley 24.769 -citado precedentemente- y lo informado en los “cuerpos de investigación” de proveedores que forman parte de los antecedentes administrativos de la causa, los que resumen una a una las irregularidades existentes.
Que frente a tales indicios que revelan las inconsistencias endilgadas a los proveedores no confiables, el recurrente no aportó los elementos probatorios indispensables para lograr desacreditarlas, escudándose en que las operaciones se encontraban documentadas, señalando que los materiales efectivamente se adquirieron y los servicios se prestaron, desde que resultaban necesarios para cumplir con el proceso productivo que llevaba a cabo. Sin embargo, tales extremos no son suficientes para aseverar que aquel que emitió el comprobante o el remito sea efectivamente quien produjo y/o entregó el material ni quien prestó el servicio, si al momento de ir a buscarlos el organismo se encuentra con sujetos que presentan características que tornan evidente que sería imposible que cumplieran con aquellas operaciones.
Que en tal sentido, valorada la prueba documental obrante en los antecedentes administrativos, se observa –únicamenteque todo el circuito se encontraba documentado. Lo mismo acontece con la prueba pericial técnica rendida en autos, que logra acreditar que los bienes fueron incorporados en el proceso productivo y que los servicios eran necesarios para cumplir con aquel; sin embargo, las referidas probanzas resultan insuficientes para demostrar que fueron los sujetos emisores de los comprobantes quienes efectivamente cumplieron con las operaciones.
Que así las cosas, debe señalarse que una factura puede válidamente ser considerada como apócrifa cuando no representa la realidad económica que en la misma se registra, sea porque la factura corresponde a una operación inexistente o porque corresponde a una operación existente, pero el sujeto emisor de la misma no resulta ser el proveedor real, lo que ocurre en el presente caso.
Adicionalmente, cabe recordar que conforme surge de reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Que frente a las afirmaciones de la actora mediante las cuales ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió de los proveedores cuestionados, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993).
Este criterio fue reiterado nuevamente in re SIDERTEC S.A., sentencia del 15/11/1996, donde además se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000). Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada ‘realidad económica’, corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas....".
Que no obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones por los proveedores impugnados, siendo el recurrente quien carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Que en tal sentido, corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25/08/2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: ‘[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...’. Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” Que ello viene a significar que no resulta ajustado a derecho el cómputo de crédito fiscal por el solo hecho de la facturación -como lo invoca la recurrente en pasajes de su escrito recursivo- toda vez que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo per se la factura, entidad suficiente para generar dicho crédito. De igual modo, en la citada causa “Feretti”, se advirtió “Que, en tales condiciones, corresponde hacer lugar al agravio del ente fiscal, en cuanto señala que si bien los proveedores cuestionados admiten haber emitido las facturas y cobrado los importes de éstas mediante cheques no a la orden emitidos por el actor, niegan haber sido en la realidad de los hechos los vendedores de los materiales que se consignan en aquéllas -circunstancia que, aclara, ‘quedó debidamente demostrada en la causa (tanto en la instancia administrativa, como en los testimonios brindados ante el Tribunal Fiscal)’ (confr. fs. 407, 2° párr.)-, por lo que concluye que el actor ‘no ha probado que efectivamente los proveedores le hayan realizado las ventas impugnadas [y en consecuencia] mal podía computar el crédito fiscal proveniente de las mismas’…”.
Cabe aclarar que los indicios que pusieron en duda la veracidad de las operaciones que declara la recurrente frente a la administración tributaria no se relacionan con los aspectos formales de la facturación aportada –los cuales no se encuentran cuestionados- sino con la factibilidad de que dicha documentación respaldatoria refleje operaciones de venta de bienes o prestaciones de servicios que efectivamente hayan existido tal como han sido declaradas. En ese orden de ideas, no asiste razón a la recurrente cuando insiste en que prueba de la veracidad de las operaciones se encuentra sustentada en el hecho que los proveedores tenían cuentas bancarias, estaban inscriptos ante la AFIP, eran empleadores, no se encontraban en la Base E-APOC, o que las imprentas reconocieron los comprobantes, entre otros aspectos que se refieren a meros elementos formales de las operaciones.
Que en definitiva, el recurrente no presentó en esta instancia -ni precedentemente- elementos de convicción que posibiliten tener por acreditado que los sujetos cuestionados fueron quienes en la realidad cumplieron con las operaciones expuestas en las facturas. Siendo así, correspondía al apelante demostrar la real concordancia entre lo que se consignó en las facturas declaradas y presentadas y lo que aconteció en la realidad de los hechos, a fin de tornar procedente el cómputo de crédito fiscal contra ese débito supuestamente verificado en cabeza de los referidos proveedores; pero ello no ha tenido lugar en las presentes actuaciones.
Que tal como lo explicara nuestro Más Alto Tribunal, por la propia mecánica del impuesto …“el llamado crédito fiscal constituye una acreencia sujeta a la condición legal de que se verifiquen operaciones generadoras de un débito contra el que aquél pueda ser imputado, lo que implica que el momento en que el adquirente de los bienes satisface el impuesto no coincide con aquel en el cual el tributo ingresado se convierte en crédito fiscal, ya que no solo su medida sino también su existencia dependen de la ulterior concreción de tales operaciones” (“Alcalis de la Patagonia S.A.”, sentencia del 06/05/1986).
Que en virtud de lo expuesto, al no haberse arrimado elementos de convicción –en esta instancia o en sede administrativaque permitan acreditar la correspondencia de las operaciones impugnadas a los proveedores cuestionados, este tribunal considera que no resulta procedente el cómputo de crédito fiscal alguno a su respecto. Por ello, se confirman los ajustes proyectados en el impuesto al valor agregado y los intereses resarcitorios calculados, conforme lo establecido en las resoluciones N° 777/2004 y N° 601/2005, con costas a la parte actora.
Que en lo sucesivo, corresponde examinar si la multa endilgada al contribuyente en el impuesto al valor agregado (periodos fiscales 06/1999 a 12/1999) graduada en tres veces el impuesto dejado de ingresar, con sustento en las previsiones de los artículos 46 y 47 incisos a), b) y d), resulta ajustada a derecho.
Como sostuvo la Sala “B” in re “Sanguinetti Sergio Claudio” (Expte. nº 25.562-I) y en “Kank y Costilla S.A.” (05/11/2004) entre otros: “...el ilícito tributario previsto en el artículo 46 de la ley 11.683 requiere para su configuración la intención deliberada de no pagar el tributo en su justa medida y la realización de maniobras aptas para lograr este resultado, sin que ello sea advertido por el Fisco...”. En el caso del art. 47: “...Se produce por mandato legal, la inversión de la carga de la prueba, correspondiendo en consecuencia a la contribuyente probar que en la materialidad de los hechos que se enrostra y admite, no se asentaba el dolo presumido o el acaecimiento de alguna circunstancia imprevisible, caso fortuito, fuerza mayor, error de hecho o de derecho excusable, a fin de ser eximida de responsabilidad...”.
Que, si la administración fiscal optara por encuadrar la conducta en el art. 46 de la ley de rito, debería producir las pruebas pertinentes a tales efectos, pero si opta por invocar las presunciones del artículo 47 –como en el caso de autos-, deberá acreditar la circunstancia (hecho inferente) que, según la regla de experiencia aplicable al caso de que se trate, permita establecer la necesaria relación de causalidad que admita la activación de dichas presunciones (hecho inferido), presumiendo el dolo como sustrato subjetivo imprescindible del ilícito de que se trata, e invirtiendo la carga probatoria. Que, por lo tanto, si se analizan las presunciones utilizadas en la especie a la luz de las maniobras desplegadas por la actora en la utilización de facturación manifiestamente apócrifa, se comprende que se trata de hechos suficientes para calificar la gravedad de la incidencia en la determinación de la materia imponible que imputa el Fisco Nacional. Precisamente, se observa que las presunciones se encuentran debidamente activadas, pues se ha corroborado la existencia de una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surgen de las declaraciones juradas, resultando éstas últimas inexactas y confeccionadas en patente contradicción con las normas aplicables, todo ello en virtud de la registración de comprobantes emitidos por sujetos considerados apócrifos. En tal sentido, correspondía a la parte actora demostrar la falta de atribución subjetiva, cuestión que no acaece en la especie, pues del escrito de apelación surge la insistencia de la recurrente en afirmar que toda la operatoria estaba documentada, que los proveedores eran reales y que debió comprar los materiales facturados y contratar los servicios prestados para llevar adelante el proceso productivo que le incumbía, negando que su conducta pueda considerarse defraudatoria.
Que no puede negarse que la pretensión fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por el encartado ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, según lo analizado en párrafos precedentes, se aprecia una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que, más allá de encontrarse acreditada vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por el contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al organismo recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo.
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no sólo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria, en atención a que supo que la información contenida en la declaración jurada presentada no se correspondía con las constancias de los registros.
Que en virtud de lo expuesto, encontrándose acreditada en forma clara y suficiente la intención dolosa de defraudación, es decir, la existencia del ardid, maniobra o engaño y no solamente el resultado omisivo del gravamen, corresponde confirmar el encuadre de la multa aplicada al contribuyente.
En lo que atañe al quantum de la sanción aplicada, corresponde puntualizar que si bien la discrecionalidad del juez administrativo en materia de graduación de la pena no queda exenta de la revisión posterior por parte de este Tribunal como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio, en el caso concreto, se entiende que la sanción ha sido adecuadamente ponderada y graduada en atención a las circunstancias de la causa puestas de manifiesto a lo largo de este resolutorio.
En virtud de ello, si bien el contribuyente de autos carece de antecedentes infraccionales –hecho que, en principio, llevaría a reducir el quantum de la multa al mínimo legal de la escala punitiva- por las especiales circunstancias del caso, teniendo en cuenta que no prestó colaboración con la investigación fiscal y la documentación fue obtenida mediante allanamientos ordenados por el juez penal, corresponde confirmar la graduación dispuesta en la resolución apelada, con costas.
V. Que seguidamente, corresponde expedirnos sobre los ajustes proyectados en el impuesto a las ganancias - salidas no documentadas.
Que a fs. 22/31 y fs. 55/57 del Cuerpo N° 1 de Impuesto a las Ganancias- Salidas no documentadas de los antecedentes administrativos obran agregados el informe parcial de fiscalización para determinación de oficio y su informe adicional, respectivamente. En los referidos documentos se explica que el cargo tuvo su origen en la orden de intervención llevada a cabo al contribuyente en el impuesto a las ganancias y en el impuesto al valor agregado, encomendándose en esta ocasión la realización de tareas con el objeto de verificar la posibilidad de proyectar ajustes en salidas no documentadas. Ello así, a efectos de verificar la fecha de cancelación de las operaciones impugnadas en el transcurso de la O.I antecesora y a instancias de la medida de mejor proveer solicitada por la División de Revisión y Recursos, se compulsó la documentación de respaldo exhibida por el rubrado, haciendo remisión a las actuaciones ya cumplidas, las que corresponde aquí traer a colación en lo que interesa al ajuste que se analiza.
Que a fs. 28/38 del cuerpo “Medida de mejor proveer-periodo1999” obra agregado el informe elaborado por la fiscalización –al que remitimos en mérito a la brevedad- del cual emergen los siguientes datos:
-Se compulsó la documentación relativa a compras y ventas realizadas en el periodo 1999.
-Con respecto a la forma de cancelación de las operaciones, se deja constancia de que el Sr. Pistachi informó mediante acta labrada en F.8400 019 Nro. 0158147/48 (fs. 5 y 6) que “fueron abonadas en su totalidad en pesos-efectivo, siendo la fecha de pago coincidente con la emisión de la factura”. En el mismo instrumento, se advierte que “no se exhibieron los recibos cancelatorios relacionados con la facturación exhibida”. Por lo considerado, la auditoria informó que no pudo realizar tareas adicionales para corroborar el circuito financiero de pago.
-Se efectuó un nuevo relevamiento de los proveedores –complementario de aquel que se había efectuado a propósito de la elaboración del informe del artículo 18 de la ley 27.469 ordenado por el juez de la causa penal- y se concluyó en que no se lograron recabar nuevos elementos o información que hicieran variar las conclusiones a que arribara el equipo de inspección a instancia de revisión del Informe final de inspección, por ello los actuantes ratificaron los ajustes proyectados.
Por su parte, a fs. 137/148 del Cuerpo Principal de “Medida para mejor proveer-periodo 2000”, obra agregado el informe –a cuyo contenido remitimos- que expone:
-Se compulsó la documentación relativa a las compras y ventas realizadas en el periodo fiscal 2000.
-Con respecto a la forma de cancelación de las operaciones aludidas, el Sr. Pistachi aportó la documentación de respaldo, exhibiendo los originales y anexando las copias; y manifiestó mediante actas labradas que “En relación a la forma de cancelación de las facturas aportadas, cabe aclarar que en las facturas donde no se consigna el Nro. de cheque mediante un sello y no existe ningún recibo que acredite dicho pago, las mismas fueron canceladas en efectivo, en la misma fecha de emisión de la factura”.
-Con el objeto de verificar el circuito de pago, se relevó la documentación aportada. En el caso de los pagos efectuados mediante la entrega de cheques se constató el débito en las cuentas del fiscalizado, sin emitirse observaciones. Asimismo, se circularizó a las entidades bancarias para que aporten copia de anverso y reverso de una muestra seleccionada al azar, constatándose que:
De la totalidad de los cheques obtenidos, si bien los mismos -en su mayoría- cumplieron con la simple formalidad de ser emitidos a la orden de los proveedores que fueron informados por el fiscalizado, un gran porcentaje de ellos fueron endosados y cobrados finalmente por las siguientes personas: (i) Pistachi, Luis (10,53%) (ii) Araya, Rosa -esposa del fiscalizado- (15,79%); (iii) Yemba, Lohaka (42,11%); (iv) Cengelova, Mirian (2,63%); (v) Colombo, Rubén y Goffredo, Rubén (5,26%); y (vi) Cohen, Raúl (5,26%).
Es decir que, un 81,58% de los cheques verificados fueron cobrados por personas diferentes a las personas a las cuales fueron librados, con las particularidades que revisten dichas personas, y que in extenso se detallan en el informe (vide fs. 146/148 del Cuerpo Principal de “Medida para mejor proveer-periodo 2000").
A su turno, obran agregados los informes técnicos sobre la pericia (en 3 cuerpos de antecedentes) emitidos por los ingenieros actuantes por cada una de las partes. Alli se estudian los bienes y servicios consignados en la facturación impugnada a los fines de determinar si los mismos fueron necesarios para llevar adelante el proceso productivo desplegado por el Sr. Pistachi, adelantando desde ya que las conclusiones alli volcadas revisten idénticas caracteristicas que las expuestas en la pericia técnica producida ante este Tribunal (ver fs. 1762/2246 de autos).
El informe emitido por el Ingeniero electrónico Ricardo Fortunato Sganga -en representación del contribuyente- se encuentra agregado en el 3er. Cuerpo del antecedente “Informe sobre pericia técnica- ING. SGANGA” -a cuyo contenido remitimos- siendo necesario destacar las principales conclusiones allí expuestas.
Explica que la actividad desarrollada por el Sr. Pistachi según el análisis de la información puesta a disposición, ya sea de carácter fiscal (facturas de ventas, declaración de la actividad desarrollada ante el ente de fiscalización), comercial (folletería de productos e institucional), técnica (certificación de productos ante los organismos reconocidos de diseño, de producción) y de la inspección visual de su planta industrial, es la fabricación de:
a) Sistemas de medición de caudal por efecto de coriolis para liquidos y gases b) Cabezales electrónicos para el control de surtidores de G.N.C.
c) Barreras de seguridad Zener para uso en áreas explosivas.
d) Software y Hardware para la automación de surtidores de G.N.C e) Otros componentes relacionados.
Aclara que todos los elementos fabricados se utilizan en áreas potencialmente explosivas (formalmente área clasificada de tipo GRUPO IIB según norma IAP-IEC-79-0/11-1995 y Clase I, División I, de acuerdo con los artículos 500 y 501 del National Electrical Code, NFPA 70-1975, comúnmente llamada NEC-500) por lo cual estos elementos deben estar diseñados y construidos de acuerdo con las normas internacionales que regulan esa aplicación.
En el punto 3 denominado“Informe si los bienes adquiridos y las prestaciones de servicios recibidas, de parte de los proveedores cuestionados por esta Administración, corresponden a insumos y servicios necesarios para el desarrollo de la actividad ejercida por el Sr. Pistachi”, advierte que debido a la diversidad de bienes adquiridos y las prestaciones de servicios recibidas, la contestación de este punto reviste una alta complejidad, por ello distinguió entre bienes de uso y prestaciones de servicio:
a) BIENES DE USO: se generó una base de datos con todos los que fueron adquiridos a los proveedores cuestionados en función de las facturas de compras exhibidas (ANEXO M). En ese sentido, es opinión del profesional actuante que con relación a los bienes de uso correspondientes a la construcción de dispositivos eléctricos o mecánicos de uso específico en los procesos de fabricación, estos se corresponden con exactitud a los bienes de uso especificados en las facturas de los proveedores impugnados.
b) PRESTACIONES DE SERVICIOS: sostiene que es un tema de mayor complejidad debido a la variedad de las mismas y al hecho de que hay que relacionarlas íntimamente con las necesidades operativas de los bienes producidos. Concluye que del cotejo de la información exhibida, las prestaciones de servicio recibidas de parte de los proveedores cuestionados por la AFIP corresponden a servicios necesarios para el desarrollo de la actividad ejercida por el Sr. Pistachi. Con sustento en las tareas efectuadas elabora una planilla de cálculo que da cuenta de que las cantidades adquiridas a los proveedores cuestionados guardan una relación razonable con las cantidades necesarias para satisfacer los requerimientos de producción del Sr. Pistachi en los periodos cuestionados (1999-2002).
A su vez, a fs. 426/434 del Cuerpo N° 3 de “Informe sobre pericia técnica-ING. MARTINO” obra anexado el informe emitido por el perito de AFIP Ingeniero Oscar Martino -a cuya extensión se hace remisión- en el que concluye: -Punto 3 “Con relación a la construcción y montaje de diferentes componentes, se debe tener en cuenta que el responsable contaba con el instrumental electrónico necesario para realizar sus diseños (…) pero no con el espacio físico requerido (en una primera instancia en domicilio sito en calle 133 N° 1646), ni la cantidad de maquinaria (tornos, fresas, soldadoras, matrices, etc.) necesarios para afrontar la producción. Por lo expuesto y constatado, se entiende que los bienes adquiridos y las prestaciones de servicios recibidas, de parte de los proveedores cuestionados por esta Administración Federal, corresponden a insumos y servicios necesarios para que el contribuyente desarrolle su actividad”.
-Punto 4 “Un equipo completo (SMC -1000) de bajo caudal comercializado por el responsable, se encuentra formado por los siguientes subconjuntos (…) Considerando esto último, se realizó el relevamiento de las facturas de compras, respecto de los bienes adquiridos y las prestaciones recibidas necesarios para realizar la fabricación de los mismos, cuyas cantidades (…) y planos (…) fueron aportados por el responsable, notando una total correspondencia de los mismos”
En ese marco, el informe final de inspección expresa que a la luz de la legislación existente respecto de las erogaciones destinadas al pago de servicios (art. 55, segundo párrafo del decreto reglamentario de la ley del impuesto a las ganancias) y los informes elaborados por los peritos ingenieros, el cálculo de salidas no documentadas se efectuó aplicando la alícuota del 35% sobre el monto total de las facturas originadas en prestaciones de servicios, quedando por consiguiente excluidas de la base de cálculo las facturas originadas en la adquisición de bienes.
Ello así, teniendo en cuenta los conceptos que surgen de cada una de las facturas involucradas y el detalle exteriorizado en el Anexo V denominado “Detalle de bienes provistos o servicios prestados por los proveedores verificados y su vinculación con la actividad por mi desarrollada” -aportado por el contribuyente con el escrito de contestación de la vistase confeccionaron los papeles de trabajo en el que se detallan la totalidad de las facturas originadas en “prestaciones de servicios”, las cuales resultan a consideración para la base de cálculo.
Que en virtud de las tareas efectuadas por la auditoría fiscal, mediante las cuales se arriba a la proyección de ajustes en el impuesto a las ganancias-salidas no documentadas computando aquellas facturas en las que se consignaron prestaciones de servicios, corresponde expedirnos respecto de si tal proceder se ajusta a derecho.
En tal contexto, cabe adelantar que los agravios esgrimidos por el apelante con respecto a la referida determinación de oficio se dirigen, por un lado, a cuestionar la errada interpretación -a su criterio- del articulo 55 del decreto reglamentario de ganancias que distingue entre bienes y servicios cuando se trata de la aplicación del impuesto a las salidas no documentadas; y por otro lado, a señalar que en el ajuste se han computado algunos comprobantes que dan cuenta de la provisión de bienes y algunas otros en los que se vislumbra una “preponderancia de bienes frente a los servicios” (sic). Así, intenta sustentar su planteo con las conclusiones de los informes técnicos, haciendo foco en la complejidad del proceso productivo y a señalar que en virtud de aquellos el Fisco Nacional le reconoció el cómputo del gasto en el impuesto a las ganancias, cerrando la determinación de oficio sin ajuste. Ello así, asegura que haber reconocido aquel gasto tiene injerencia sobre el ajuste en salidas no documentadas.
Que a este respecto, corresponde traer a colación la normativa aplicable en la materia, para luego dilucidar si las probanzas rendidas en autos logran desvirtuar el ajuste proyectado por el Fisco Nacional, tomando como base imponible la facturación apócrifa de prestación de servicios exhibida por el recurrente.
Que el artículo 37 de la Ley del Impuesto a las Ganancias establece que cuando una erogación carezca de documentación y no se pruebe por otros medios que por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, no se admitirá su deducción en el balance impositivo y además estará sujeta al pago de la tasa del treinta y cinco por ciento que se considerará definitiva.
Por su parte, el artículo 38 de la citada ley expresa que no se exigirá dicho ingreso en los casos en que se presuma que los pagos han sido efectuados para adquirir bienes o cuando se presuma que los pagos no llegan a ser ganancias gravables en manos del beneficiario. A su vez, el artículo 55 del decreto reglamentario establece que cuando las circunstancias del caso evidencien que tales erogaciones se han destinado al pago de servicios para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, podrá admitirse la deducción del gasto en el balance impositivo, sin perjuicio del impuesto al que hace referencia el artículo 37. Asimismo, agrega que tampoco corresponderá el impuesto sobre salidas no documentadas cuando existan indicios suficientes de que han sido destinados a la adquisición de bienes.
En este aspecto, en primer lugar -a los fines de desvirtuar uno de los planteos intentado por el recurrente- cabe poner de relieve que en el acto de clausura del procedimiento del Impuesto a las Ganancias que se agrega como hecho nuevo a los presentes autos (ver fs. 1289/1427) se exponen los indicios y fundamentos –sustentados en los informes técnicos- hábiles para la procedencia del cómputo del gasto en el referido gravamen, en tanto se logró acreditar que los bienes y los servicios efectivamente existieron y se realizaron para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas. Ahora bien -en contraposición a lo sostenido por el recurrente- nada de lo allí concluido tiene la virtualidad de proyectarse sobre la aplicación del impuesto a las salidas no documentadas, más aún cuando en ningún pasaje de tal acto administrativo el organismo fiscal reconoce que aquellos bienes y servicios fueron prestados por los proveedores que emitieron los comprobantes apócrifos y que fueron ellos los destinatarios reales de los pagos realizados por el Sr. Pistachi para cancelar las operaciones. Es por tal motivo que debe desecharse el planteo intentado por la parte actora en este extremo.
Que en efecto, no se advierte en el caso que el Fisco Nacional haya efectuado una incorrecta aplicación de la norma del artículo 55 del decreto reglamentario, tal como lo denuncia la parte actora. Ello teniendo en cuenta que claramente, el impuesto a las salidas no documentadas resulta aplicable cuando se comprueba que la facturación apócrifa ha versado sobre la prestación de servicios, permitiéndose en tal caso -únicamente- la deducción del gasto en el balance impositivo, tal como aconteció en el caso del recurrente. Más aún, se advierte que el apelante no brinda mayores argumentos ni mucho menos probanzas respecto al modo en que se cancelaron las operaciones, elemento fundamental a los fines de desacreditar la imputación de salidas no documentadas.
Tal como surge de la auditoría, un considerable porcentaje de los pagos fue efectuado con dinero en efectivo, sin haberse exhibido los pertinentes recibos y/o documentos similares que así lo acrediten. Para los restantes pagos se utilizaron cheques, que como quedo delimitado en los informes transcriptos ut-supra, tuvieron como destinatarios reales a otros sujetos distintos de los proveedores involucrados en la prestación de los servicios. Insistimos, respecto de todo ello nada dice el recurrente, limitándose a señalar que utilizó medios lícitos de pago y que las dificultades denunciadas por el organismo fiscal para el seguimiento del circuito financiero es un extremo que no puede serle endilgado.
Ello así, estamos frente a un caso de facturación apócrifa de servicios sin que se haya acreditado en instancia administrativa ni ante este Tribunal quienes fueron los destinatarios reales de las erogaciones de dinero reconocidas por el Sr. Pistachi, habiéndose constatado únicamente que los servicios facturados debieron existir en la realidad para el desarrollo del proceso productivo. Ello tiene su efecto sobre el cómputo del gasto sin virtualidad alguna sobre la imputación en salidas no documentadas, a la luz de la normativa aplicable y las probanzas obrantes en la causa. Asimismo, cabe precisar que tampoco se acreditaron los hechos que respaldan los agravios del apelante según los cuales no correspondía la inclusión dentro de la base de cálculo de aquellos comprobantes en los que se facturaron conjuntamente bienes y servicios, destacando que habría en ellos una “preponderancia” de los materiales frente a la prestación del servicio.
Del cotejo de los cuerpos de antecedentes administrativos en los que obran agregados los citados comprobantes (ver Cuerpos N°1, N° 2, N° 3, N° 4 y N° 5 denominados “Documentación respaldatoria de compras” de los antecedentes administrativos: fs. 121 a 198;166 a 176; 264 a 274; 266 a 300; 303 a 312; 312 a 337; 365 a 368; 370 a 384; 386 a 394; 438 a 449; 452 a 461; 522,524, 526; 531 a 534; 540 a 544; 559 a 591; 627 a 634;784 a 787; 821 a 826; 958 a 965; 967, 968, 970; 977 a 984) y haciendo hincapié en los conceptos facturados, no se vislumbran datos que permitan efectuar la distinción que pretende, debiendo desestimarse de plano tal agravio, en virtud de la ausencia de probanzas respecto a la invocada “preponderancia” a la que alude.
En efecto, en aquellos casos en los cuales se facturan conjuntamente bienes y servicios, se repara en que se trata de un monto global por el todo y que, si se tiene presente la actividad en la que se encontraban inscriptos los sujetos emisores, la principal se refiere a servicios y no la provisión de materiales En suma, no caben dudas -pues así lo dispone la legislación aplicable- que cuando la erogación lo es por una retribución de servicio cuyo monto u otras circunstancias no permiten inferir que se trata de ingresos no gravados y además el beneficiario del pago se encuentra oculto, los preceptos legales aplicables contienen la "presunción legal absoluta"("juris et de jure") de que el pago íntegro constituye renta neta gravada para quien efectuó la erogación, por lo que sobre el mismo se aplica la alícuota máxima dispuesta, sin detracción alguna y en forma definitiva.
Que frente a la labor efectuada por la inspección, se observa que el recurrente no ha aportado elementos suficientes que permitan determinar que los proveedores apócrifos que emitieron los comprobantes fueron los destinatarios reales de los pagos que dice haber efectuado. En efecto, el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación -en lo que insiste el recurrente en varios pasajes de sus recursos- resulta inhábil por sí solo -ante la gravedad de los indicios expuestos- para tener por acreditada la existencia de las operaciones bajo controversia (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013). Con relación a la determinación en el Impuesto sobre las salidas no documentadas cuando existe una facturación impugnada, corresponde remitirse a lo señalado -acertadamente- por el Dr. Torres, al precisar que se trata de “un impuesto proporcional y real a la renta neta presunta que se atribuye al beneficiario oculto. Pero esta misma ocultación ha llevado al legislador a adoptar un arbitrio técnico de inobjetable razonabilidad, cual es el de indicar como sustituto tributario al pagador de la erogación quien desplaza así en la relación jurídica impositiva al verdadero contribuyente, esto es el beneficiario oculto o sustituido tributario” y recuerda que “el sustituto tributario debe ingresar el pago definitivo por la salida no documentada en el término de quince días desde que la erogación se efectuó (art. 52, último párrafo del decreto reglamentario)” (TORRES, Agustín.; “Salidas no documentadas”, D.T.E., setiembre 1990; pg. 232). En tal sentido, cabe destacar que más allá de la carencia absoluta o simple falencia en la documentación que haga presumir su falsedad, debe analizarse si el pago es real (pero no deducible ni generador de crédito fiscal) o directamente simulado. Tener un comprobante de una erogación falsa equivale jurídicamente a no tener ninguno, desde que no puede identificarse, ni en un supuesto ni en otro, fehacientemente, al receptor de dicho pago.
En tales condiciones, corresponde concluir que “(...) resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.), ya que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario”. (CSJN; “Red Hotelera Iberoamericana S.A”, sentencia del 26/08/2003).
Que en lo atinente a los agravios esgrimidos por la recurrente según los cuales la cancelación de las facturas impugnadas fue realizada con medios de pago lícitos y es posible identificar a los destinatarios, cabe apelar nuevamente a la doctrina surgida del fallo antes citado, en tanto el Máximo Tribunal sostuvo que “...los hechos probados en la causa llevan a coincidir con el criterio del organismo recaudador en cuanto a que los pagos efectuados ... carecen de documentación respaldatoria válida, ya que los instrumentos respectivos no son aptos para determinar cuál fue la contraprestación que la empresa actora recibió por ellos ni para individualizar al verdadero beneficiario de las erogaciones, más allá de quienes nominalmente recibieron los fondos. En efecto, al haberse realizado actos y emitido documentación carente de sinceridad, se ignora cuál ha sido la operación económica realmente realizada..., y quiénes y en qué proporción han obtenido beneficios pecuniarios de ella”.
La mencionada doctrina fue ratificada por la Corte el 27/9/2011 al resolver in re “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI”, donde compartió los fundamentos expuestos por el dictamen de la Procuración General de la Nación -al cual cabe remitirse en mérito a la brevedad- resolviendo a favor de la procedencia del ajuste.
Ahora bien, sentado lo que antecede, corresponde aquí hacer la salvedad respecto de una cierta cantidad de comprobantes que han sido computados en el ajuste y que del cotejo de los diez (10) cuerpos denominados “Documentación respaldatoria de compras” en los que obran agregadas las copias de las facturas analizadas y teniendo en cuenta el concepto facturado, no caben dudas respecto a que se trata de bienes o materiales únicamente, asistiendo razón al contribuyente en su agravio según el cual no corresponde su inclusión en la base imponible del ajuste. Ello en tanto se acreditó en la causa que tales materiales fueron incorporados al proceso productivo del recurrente, permitiéndose el cómputo del gasto en tal sentido.
Ello así, a continuación se detallan aquellos comprobantes que deben ser excluidos de la determinación de oficio en salidas no documentadas, teniendo presente y por acreditado este Tribunal que corresponden a la adquisición de materiales, que según las probanzas rendidas en autos y en instancia administrativa, fueron empleados en el proceso productivo del Sr. Pistachi: (i) OMICRON TECNICA SRL facturas obrantes a fs. 46 a 55, 57 a 73, 76, 79, 80, 83 y 86 a 96 del Cuerpo N° III “Documentación respaldatoria de compras”; (ii) BLAS CARELLI E HIJOS S.R.L. facturas obrantes a fs. 162 a 164 Cuerpo N° I “Documentación respaldatoria de compras”; (iii) METALWORKS S.A. facturas obrantes a fs. 149, 151, 154, 156, 157, 159, 160, 162, 166, 170, 172, 174, 363, 364, 369, 371, 378 a 385, 387, 389 y 400 Cuerpo N° II “Documentación respaldatoria de compras”.
Por lo merituado, se resuelve confirmar parcialmente las resoluciones impugnadas en cuanto determinan el impuesto a las salidas no documentadas, al no existir elementos de juicio contundentes que permitan identificar sin hesitación al verdadero beneficiario de las erogaciones, con excepción de los comprobantes de compra de materiales cuya exclusión de la base imponible del ajuste se dispone, según el detalle expuesto en el párrafo precedente, correspondiendo en tal sentido que se practique la reliquidación. Costas según sus respectivos vencimientos.
Por ello, SE
I. Confirmar las resoluciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, con costas a la parte actora.
II. Confirmar parcialmente las resoluciones correspondientes al Impuesto a las Ganancias-Salidas No Documentadas. Costas según sus respectivos vencimientos.
III. Ordenar a la AFIP-DGI que en el plazo de treinta (30) días practique la correspondiente reliquidación, teniendo presente lo expuesto en el considerando V del pronunciamiento. A tal efecto deberá la representación fiscal retirar los antecedentes administrativos de la causa de la Mesa de Entradas de este Tribunal dentro del quinto día de notificada la presente. Se deja constancia que el plazo de treinta días acordado involucra el retiro y devolución de dichos antecedentes. Registrese, notifíquese, a los domicilios electronicos constituidos por las partes -conforme lo dispuesto en Acta del Acuerdo celebrado el 8 de Septiembre de 2020 IF-2020-60084748--APN-VOCXXI#TFN, anexa a la RESOL-2020-44- APN-TFN#MEC – B.O. 11/09/2020-: a la actora en la CUIT 27-23701574-1 (Dra. Daniela P. Manesi) y al Fisco Nacional en la CUIT 20-28267792-0 (Dr. Ignacio M. Markievich) y CUIT 33-69345023-9 (AFIP). Fecho, procedase a la impresión y agregacion de la presente al expediente papel, devuelvanse los antecedentes administrativos y, archívese. Date: 2022.12.22 15:46:48 ART Date: 2022.12.26 14:24:52 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.12.27 12:28:51 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.27 12:29:27 -03:00
Fin de la sentencia