Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 36.939-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener al recurrente por desistido de la acción y del derecho incluso del de repetición respecto a la regularización efectuada en los términos de la ley 27.562, en lo que hace a los impuestos e intereses resarcitorios en la medida establecida en el art. 11 inciso c) de la ley referida en tanto se encuentran discutidos en estos autos, con costas.
2Declarar la condonación de los intereses resarcitorios que exceden el límite señalado en el punto anterior y la sanción aplicada en autos, en la proporción de la regularización efectuada en los términos de la ley 27.562. Costas por su orden.
3Regular honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 45.297 (Pesos cuarenta y cinco mil doscientos noventa y siete) por el patrocinio letrado y de $ 18.119 (Pesos dieciocho mil ciento diecinueve) por la representación procesal, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en las etapas cumplidas, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la Ley Nº 21.839, modificada por la Ley Nº 24.432, ello sin perjuicio de la reducción dispuesta por el art. 13 de la RG 4816/2020.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-128845594-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 29 de Noviembre de 2022 DE APELACIÓN" - VOC XII En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el Expte Nº 36.939-I y su acumulado N° 36.940-I “CASTRO FABRICIO ALEJANDRO S/Recurso de apelación", El Dr. Martín dijo:
I. Que a fs. 48/66 y 155/172, FABRICIO ALEJANDRO CASTRO por derecho propio con el patrocinio letrado de MIRTA BEATRIZ CACCIOLATO, interpone recursos de apelación contra las resoluciones 382/12 y 383/12 (DV RRMP) ambas de fecha 18 de octubre de 2012 dictadas por el Jefe (int) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mar del Plata de la A.F.I.P.- Dirección General Impositiva en los términos que autoriza el artículo N° 76 inciso b) de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y modif.), en adelante LPT. En la primera de ellas se determinó de oficio la materia imponible, el débito fiscal omitido, el débito fiscal ajustado y la diferencia a ingresar en concepto de Impuesto al Valor Agregado por los períodos enero a diciembre 2006, con más sus intereses resarcitorios. En el segundo de los actos administrativos se determinó el Impuesto a las Ganancias por el ejercicio fiscal 2006, más accesorios. En ambas resoluciones se aplicaron multas por defraudación con sustento en los artículos 46 y 47 incs. b) y c) de la LPT equivalentes a tres (3) tantos de los gravámenes omitidos de ingresar, que corresponden a los períodos señalados.
En su escrito recursivo reconoce que se encuentra inscripto frente a la AFIP en la actividad “SERVICIOS ODONTOLOGICOS” y que con motivo de una fiscalización se le atribuyó al período fiscal 2006 el 50% del dinero en efectivo -en pesos y dólares- incluidos en el acuerdo para la liquidación de la sociedad conyugal con la Sra. Gabriela Luján Nadeo celebrado el 18 de agosto de 2006, otorgándole el carácter de incremento patrimonial no justificado, en los términos del artículo 18 inciso f) de la LPT. Al respecto, considera que esos fondos se fueron generando a lo largo de toda la vida de la sociedad conyugal y que se aplicó un criterio fiscalista en base a una presunción sin prueba que lo respalde.
Sostiene, que se suma a las irregularidades cometidas en sede administrativa la atribución de esos ingresos a los meses de enero a diciembre de 2006, a los efectos del Impuesto al Valor Agregado, cuando resultaría materialmente imposible su afectación, ya que la sociedad conyugal se disolvió el 18 de agosto de 2006. A esos efectos acompaña con su presentación una copia no certificada del Acuerdo (Art, 236 Código Civil) para la liquidación de sociedad conyugal (fs. 43/46 y fs. 150/153) que habrían celebrado el Señor Castro y la Sra. Nadeo, en la fecha señalada.
Analiza los requisitos que debe reunir la determinación sobre base presunta para que pueda ser considerada un acto válido, además de remarcar que se utilizó un método que carece de razonabilidad, provocando la nulidad del acto por falta de causa, atento que no existe un indicio que acredite que el origen de los fondos corresponda al ejercicio 2006 y por el contrario estima que los bienes insertos en el convenio se fueron acumulando a lo largo de 12 años de ahorro del matrimonio.
Considera que no se guardó una razonable correspondencia con los hechos económicos verificados, al realizar un trabajo profesional, personal e indelegable, que tiene límite material en cuanto a la cantidad de prestaciones que puede realizar semanalmente.
Cuestiona la fecha de origen del dinero -incluido en el acuerdo- que le atribuyó el fisco -2006-, ya que se trata de una actividad en la que no existen ingresos extraordinarios Sostiene que la AFIP no analizó que los cónyuges se habían separado de hecho el 14 de enero de 2005. Si bien la separación de hecho no produce efectos sobre la sociedad conyugal, lo cierto es que se trata de una presunción de que los integrantes del matrimonio dejaron de tener intereses en común. Considera que el ahorro se había cristalizado a la fecha de la separación de hecho.
Argumenta que desde que se casaron los ingresos pudieron crecer y ahorrar dinero para aventar cualquier riesgo que no permitiera trabajar cotidianamente. Los ahorros quedaron atrapados por el llamado corralito bancario y el reintegro fue en los bonos que lo sustituyeron En este punto se ofreció librar oficio al colegio de odontólogos, para que confirme aranceles mínimos de las prestaciones para demostrar la imposibilidad de generar los ingresos que se le atribuyen en el período de 7 meses y medio del año 2006. Allí esboza una hipótesis que solo pudo haber generado ingresos brutos por $ 135.000 en lugar de $ 572.000.
Considera que el juez administrativo aplicó el inciso f) de la LPT, prescindiendo de la realidad económica del contribuyente, “como se acreditará con la prueba a producirse ante el Tribunal.
Sugiere que la generación de ingresos entre los años 1994 y 2005 podría llevar a que en algunos años se encuentre prescripta la facultad del fisco para determinar tributos.
Adicionalmente se agravia en cuanto a que no se han prorrateado las ventas en función de los ingresos exentos y gravados con alícuota diferencial del 10,5%, de acuerdo a su propia facturación. Opone prescripción bajo el supuesto de que los ingresos se obtuvieron entre 1994 y 2005 y además entiende que, al no ser de aplicación la suspensión general de un año dispuesta por ley 26.476 para que el Fisco pueda determinar de oficio la materia imponible, esas facultades estarían prescriptas.
En subsidio se agravia que se le haya adicionado el IVA cuando en las ventas a consumidores finales el mismo se encuentra incluido en el precio. Sobre esa base y en caso de que pudiera corresponder el incremento patrimonial plantea que el débito fiscal no debe ser calculado sobre los ingresos determinados como base imponible, para finalizar con el pedido “en consecuencia, solicito que el Excmo. Tribunal Fiscal, determine el débito fiscal considerándolo incluido en el incremento patrimonial, haciendo aplicación del principio de realidad económica”. Rechaza la determinación de los intereses resarcitorios por considerar que si no hay potestades para determinar el tributo tampoco se devengan intereses por ausencia de obligación principal y en subsidio plantea la inconstitucionalidad.
Repele la aplicación de las multas en el marco de los artículos 46 y 47 inc. b) y c) de la LPT, sobre la base de que, al no haberse analizado la naturaleza penal de las infracciones y sanciones tributarias, la presunción utilizada para determinar los impuestos no puede ser sustento para imputarle el dolo. En definitiva, no se ha acreditado la intencionalidad requerida por la figura legal.
Ofrece prueba testimonial, informativa, y pericial contable. Hace reserva de la cuestión federal y solicita se dejen sin efecto las resoluciones apeladas, con costas.
II. Que a fs. 88/103 y 190/205 el Fisco Nacional contesta los traslados de los recursos deducidos en autos, solicitando el rechazo de ellos y la consiguiente confirmación de las resoluciones apeladas, con costas. Niega todos y cada uno de los hechos y derechos expuestos en la demanda, excepto aquellos que surjan de la contestación del recurso y/o de los antecedentes administrativos.
Inicia su descargo señalando que las actuaciones tienen origen en la Orden de Fiscalización N 73809 indicando que la actividad principal declarada por el actor es la prestación de servicios odontológicos y que cierra sus ejercicios fiscales el 31 de diciembre de cada año. Informa que en las actuaciones administrativas el Sr. Castro manifestó y documentó que como consecuencia de su divorcio firmó durante el año 2006 un acuerdo de división de bienes y allí, entre otros, figura un monto de dinero en efectivo por trescientos sesenta mil dólares, conforme surge del punto tercero incisos d) y e) de dicho documento. A su vez en la declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales de ese mismo año declaró un importe de $ 958.143,30 correspondiente a dinero en efectivo. Sin embargo, en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias no declaró, en su situación patrimonial, los importes correspondientes al dinero en efectivo en pesos y dólares, pero en la existencia inicial del año 2007 sí incorporó la suma de $ 958.143,30, la cual no concuerda con la existencia final declarada en el período fiscal 2006. En consecuencia, los agentes fiscales constataron, respecto de la declaración jurada original del Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2006, la existencia de importes no declarados, al inicio y cierre de dicho período. Atento que los U$S 360.000 más $ 40.000 correspondían a la sociedad conyugal, se le atribuyó, bajo la figura de incremento patrimonial no justificado el 50% de ese monto que convertido a pesos, representó $ 572.600, al cual se le adicionó el 10% que prevé el artículo 18 de la Ley 11.683 inc. f), resultando ingresos omitidos por $ 627.383,14, Rebate los agravios del actor por las razones y derecho que invoca, ratifica las multas aplicadas, se opone a la producción de la prueba ofrecida por el recurrente, hace reserva del caso federal y finalmente solicita se dicte sentencia por la cual se confirme las resoluciones apeladas, con costas.
III. Que a fs. 116 se procede a la acumulación de los Expedientes 36.939-I y 36.940-I. A fs. 226, con fecha 10 de febrero de 2014, se hace lugar a la prueba informativa y pericial contable. A fs. 233, el 8 de agosto de 2014, se intima la producción de la prueba informativa y a los peritos que indiquen las razones por las que no llevaron adelante la pericial. A fs 242/489 luce la informativa generada por el Banco Francés, a fs. 491/493 por el Banco Macro y a fs. 507/561 por el Banco Río.
A su vez a fs. 563/573 luce la respuesta parcial del Círculo Odontológico de Mar del Plata. A fs. 663 con fecha 12 de agosto de 2015 se intimó a los peritos a que cumplan con su tarea y luego de sucesivas intimaciones con fecha 6 de julio de 2016, el entonces Vocal Instructor hizo efectivo el apercibimiento y dio por decaído el derecho a producir la pericial contable. En ese mismo acto se cerró el período de instrucción.
IV. Que a Fs. 704 se elevan las actuaciones a consideración de esta Sala, disponiendo los autos para alegar a fs. 706, obrando en el RE-2022-47746659-APN-SGAI#TFN el alegato del Fisco Nacional y en el RE-2022-
42935803-APN-SGAI#TFN la contestación del actor en la cual solicita la suspensión del llamado de autos para alegar.
V. Que en primer lugar cabe referirse al planteo de nulidad articulado por la recurrente.
Que ello así cabe mencionar que el acto recurrido ha sido dictado en conformidad con las prescripciones de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), estimando el Juez Administrativo las circunstancias de hecho y derecho que lo sustentan, sin que se encuentre afectada la validez del procedimiento ni lesionado el derecho de defensa de la recurrente, al advertirse que los argumentos expuestos constituyen una discrepancia con el criterio fiscal seguido para el dictado de la resolución apelada en autos, y en consecuencia relacionados con la cuestión de fondo en debate.
Por lo expuesto, cabe concluir que la nulidad invocada no es procedente, correspondiendo su rechazo.
VI. Que, con los antecedentes obrantes, la documentación incorporada y la prueba producida, corresponde establecer si las resoluciones apeladas se encuentran ajustadas a derecho.
Del cuerpo de antecedentes –actuación 11900-409-2011/4- surge que la suma de U$S 360.000 y $ 40.000 surgen del acuerdo de divorcio y por lo tanto se asignó un 50% a cada uno de los cónyuges. En la declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales del Sr. Castro correspondiente al año 2006 lucen $ 958.143,30 correspondiente a dinero en efectivo (fs. 48), sin discriminar su composición en dólares o pesos. En la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias no declaró en la situación patrimonial los importes correspondientes a dinero en efectivo en pesos y en dólares. En la existencia inicial del año 2007 del citado gravamen se incorporaron los $ 958.143. Ello pone en evidencia que la suma mencionada existía al 31 de diciembre de 2006.
Del monto reconocido por las partes en el acuerdo de divorcio al 18 de agosto de 2006, surge que solo se le imputa la titularidad por su 50% ($ 572.600), aspecto que no está cuestionado, ya que la parte actora admite poseer esa suma de dinero luego de la ruptura de la sociedad conyugal. El tema entonces se circunscribe a determinar si esos $ 572.000 se generaron en el año 2006 que es el año en el que se reconoce la tenencia e incorpora a la declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales, o por el contrario es fruto de la acumulación producida con el correr de los años de matrimonio, o inclusive solo en algunos de ellos. El Fisco Nacional considera con los elementos y documentación disponible que ese único elemento es suficiente para considerar que se trata de un incremento patrimonial que no encuentra justificación en su origen y por lo tanto imputable al ejercicio en que se asume su existencia.
Sin embargo, el recurrente en su primer agravio sostiene que estaban separados de hecho desde el 14 de enero de 2005, y ese elemento permitiría ubicar a su entender que los $ 572.600 en el año 2005, a pesar de que a los fines legales la sociedad conyugal siguió existiendo. En su presentación confirma que la sociedad se disolvió el 18 de agosto de 2006, pero en sus declaraciones juradas del Impuesto a la renta y sobre los Bienes Personales del año 2005 no se refleja ese argumento.
Una interpretación adecuada del artículo 18 LPT permite presumir que todo incremento patrimonial se lo considera renta a los fines del Impuesto a las Ganancias y Ventas/ingresos para el Impuesto al Valor Agregado, pero solo si el incremento patrimonial no logra justificarse. El incremento patrimonial para el año 2006 existe como manifestación o detección nueva, y es el actor quien debe demostrar y justificar su origen, oportunidad en la que tiene amplios derechos para explicar cómo se generó ese patrimonio, la actividad o actos que lo produjeron y la fecha de ingreso al patrimonio, resultando más sensible esa tarea demostrativa al tratarse de “dinero” y su calidad de fungible. En el supuesto de haberse tratado de un bien registrable, su adquisición y eventual registración hubiera sido demostrativo del año de incorporación al patrimonio más allá que hubiera formado parte del mismo acuerdo de disolución del año 2006 sin perjuicio de que se le requiriera la explicación de los fondos que se necesitaron para la compra. La tenencia de dinero que aquí se cuestiona pudo haber formado parte de declaraciones juradas anteriores que demostraran cómo se fue conformando el saldo a la fecha de la disolución. En definitiva, es el actor quien tiene que demostrar que el bien detectado y reconocido en el año 2006 se fue obteniendo y conformando a lo largo de los años, pero para ello hacen falta pruebas que permitan evidenciar el momento de generación. Caso contrario cabría interpretar que solicita a su antojo que se impute a períodos fiscales anteriores, inclusive prescriptos, a los fines de desactivar la imputación del incremento patrimonial no justificado en el año 2006 y así licuar el ingreso a lo largo de los años. Pero ello, requiere precisión y una demostración concreta, la que no sugiere ni acredita.
Entre los agravios y argumentos expuestos por el actor se destaca el que sostiene que la AFIP no analizó que los cónyuges se habían separado de hecho el 14 de enero de 2005 y agrega que si bien la separación de hecho no produce efectos sobre la sociedad conyugal, lo cierto es que es una presunción de que ya los cónyuges dejaron de tener intereses en común. Considera que el ahorro se había cristalizado a la fecha de la separación de hecho. Sin embargo, esa sóla manifestación no demuestra que los fondos declarados en 2006 ya estaban en el año 2005. Las ganancias -civilmente- se atribuyen a la sociedad conyugal hasta tanto la misma exista. Y de acuerdo a las normas del Impuesto a las Ganancias, sin perjuicio de las asignaciones directas a los partícipes, podrían existir bienes que generen renta y que indudablemente aún después de la separación de hecho siguen perteneciendo a la sociedad. La explicación haría pensar que de haberse generado otros ingresos en el año y medio de separación de hecho ¿no los hubiera declarado como formando parte de la sociedad conyugal? Tampoco quedó documentado que solo se trata de bienes congelados al mes de enero de 2005. La argumentación no condice con el contenido del acuerdo, atento que en el punto B) del mismo lucen activos como un vehículo automotor, una moto (2006 en ambos casos) y un departamento adquiridos después de la supuesta separación de hecho –junio de 2005- con dinero ganancial.
Sostiene el actor que desde que se casaron los ingresos pudieron crecer y ahorrar dinero para aventar cualquier riesgo que no permitiera trabajar cotidianamente. Los ahorros quedaron atrapados por el llamado corralito bancario y el reintegro fue en los bonos que lo sustituyeron.
Como argumento general y dogmático es admisible, pero en el terreno de la tributación es necesario clarificar qué ingresos se obtuvieron en cada ejercicio como para rebatir el criterio fiscal. En definitiva, se estaría proponiendo hacer una distribución en los 13 años de casados en forma estimada, sin criterio razonable que lo sustentara. Si hubo corralito y reintegro en bonos, en la medida que no se acredite que los bonos se vendieron y cuándo, no se puede admitir que los dólares que están en existencia provienen de esos títulos públicos, porque tampoco demuestra la compra de los dólares. No está incorporando ni trazabilidad ni identificación entre los bienes citados y aquellos que se cuestionan. Con lo cual la afirmación no coadyuva a evidenciar sus intenciones. Por otra parte, considera que el juez administrativo aplicó el inciso f) de la LPT, prescindiendo de la realidad económica del contribuyente, “como se acreditará con la prueba a producirse ante el Tribunal.
El recurrente tenía amplias facultades para acreditar que los ingresos no pertenecen al año en que se detectaron, pero esa prueba tiene que ser concreta, concisa y coherente. Se limita a decir aquí que no pudo generarse en ese tiempo, pero subsidiariamente no indica cómo y cuándo se originó, porque lo que sí está claro que son ingresos obtenidos marginalmente del circuito de la contabilidad tributaria. A su vez el Fisco Nacional tomó el 50% del total de los dólares y pesos que figuraban en el acuerdo, asignándole apropiadamente su parte civil, mientras que pudo haber tenido margen para analizar que si se trataba de ingresos de la sociedad conyugal y no se demostraba que los mismos correspondían a su esposa por su actividad en el ejercicio de actividad comercial, de servicios, etc, o provenientes de bienes propios (arts. 29, 30 LIG t.o. en 1998 y sus modificaciones), pudo haber atribuido la totalidad de los bienes en cuanto el último de los artículos contemplaba “corresponde atribuir totalmente al marido los beneficios de bienes gananciales, excepto……….”
Aún en la postura que desarrolla el actor, de que el monto del incremento patrimonial –que no desconoce- en rigor se fue generando a lo largo de los años, mostraría una conducta sistemática contraria a derecho, ya que en ninguno de los años que imagina que se generaron los ingresos los incorporó en las declaraciones juradas de Impuesto a las Ganancias y/o Bienes Personales (2005 y anteriores), o al menos no lo acreditó. Ello implica la falta de documentación de respaldo de los ingresos, la actividad desarrollada que los generó, el servicio que los brindó y su efectiva remuneración. Por lo tanto, es solo un acercamiento el mostrar aranceles profesionales mínimos, cuando según las propias declaraciones juradas, el profesional ejercía la actividad tanto en relación de dependencia como en forma independiente. El intento de justificar que solo pudo haber facturado en los primeros meses del año 2006 la suma de $ 135.000 en lugar de $ 572.600, implica admitir parte del ajuste pero descartando diferencias que no puede demostrar cuándo se generaron y mucho menos con un método genérico de aproximación (sobre aranceles mínimos sin haber acompañado la facturación real que pudo haber sido diferente a lo propuesto) calculado con un prorrateo de los años de matrimonio, que como se advierte son múltiples las razones que pudieron existir durante la vida profesional que inciden en los niveles de facturación, inclusive a través de prácticas profesionales más sofisticadas, no incluidas en el método utilizado.
Señala que el método de estimación de ingresos para el año 2006 se hizo sobre la base de una atención particular de 8 horas por día para estar descansado, pero ello no es coherente con la declaración de ingresos en relación de dependencia. (art. 79 a) b) LIG t.o en 1998 y modif)
Dice que en la actividad no existen ingresos extraordinarios, cuestión que no demostró. Debe tenerse en cuenta que según la especialidad existen tratamientos con retribuciones por encima de aranceles mínimos o medios. De admitirse el argumento del actor, sería muy sencillo eludir la responsabilidad frente a incrementos patrimoniales con la sola manifestación de que se obtuvo “antes”, y el interrogante que no pudo desentrañar por falta de demostración es en qué momento se produjo el “antes”.
VII. En materia de producción de pruebas se obtuvo documentación de tres instituciones bancarias sobre la base de que indicaran a) si los integrantes de la sociedad conyugal tuvieron cajas de ahorro y/o cuentas corrientes, requiriéndoles a los bancos que informaran los movimientos; b) compra de dólares –fecha y monto-; c) si tuvieron fondos retenidos en el llamado “corralito financiero y cambiario”; d) tenencia de plazos fijos, fondos comunes de inversión; e) cualquier tipo de inversiones. El Banco Macro a fs. 584 informa que entre el 1/8/2004 y el 31/8/2006 se efectuaron 3 operaciones de moneda extranjera por un monto total de U$S 3.235, el Banco Santander Río no acompañó información al respecto que pueda constituir prueba hábil, y el Banco Francés a fs. 580 pone en conocimiento 8 operaciones de compra venta sin montos involucrados (5 de venta y 3 de compra) pero todas ellas a partir del 18 de agosto de 2006, con posterioridad al acuerdo de divorcio. Las tres entidades bancarias acompañaron resúmenes bancarios con movimientos de las cuentas respectivas. Ninguno de ellos informó sobre la existencia de cuenta de títulos, plazos fijos u otras inversiones.
De la descripción anterior no surge ningún dato que pueda sustentar el intento de relacionar ingresos de años anteriores con compra de divisas y menos aún con los montos de tenencia declarados en el año 2006, por lo que definitivamente la falta de trazabilidad y probanza hábil para transformar el incremento patrimonial en justificado ha fracasado, debiéndose confirmar su falta de justificación, atento que no se logró demostrar que el incremento producido en 2006 en rigor corresponde ser imputado a otro período fiscal anterior. A tal fin debe dejarse constancia que por su propia inacción no produjo la pericial contable a la que se había hecho lugar, en la cual se hallaban incluidos puntos que apuntaban a demostrar la viabilidad de sus planteos.
En forma subsidiaria, el actor se agravia porque en materia de Impuesto al Valor Agregado se ha distribuido el incremento en meses posteriores al acuerdo de divorcio -18-8-2006-. Allí cabe recordar que el párrafo a continuación del inciso h) del artículo 18 de la LPT, prevé que “Las diferencias de ventas a que se refieren los puntos 2 y 3 de este inciso y de los incisos f) y g) precedentes, serán atribuidas a cada uno de los meses calendarios comprendidos en el ejercicio comercial en el que se constataren tales diferencias, prorrateándolas en función de las ventas gravadas y exentas que se hubieran declarado o registrado”. Esa manda legal que busca distribuir el incremento patrimonial en forma equitativa, con la misma relación que se produjeron las ventas declaradas, resulta ser mucho más beneficiosa para el contribuyente que la que él mismo propone ya que de haberse prorrateado el mismo importe del incremento en sólo siete meses y medio hubiera llevado a mayor impuesto en los primeros meses de 2006 con una incidencia superior de los intereses resarcitorios cuando correspondiera anticuar los montos adeudados.
En igual sentido considera que la determinación no tuvo en cuenta la relación de ingresos gravados, gravados a tasa diferencial del 10,5% y exentos. Analizados los antecedentes administrativos, a fs. 92 del cuerpo de ganancias si bien figuran ingresos exentos no se acredita si son de la actividad o no. En forma genérica lucen declaradas ganancias provenientes de los incisos a), b) o c) del artículo 79 LIG, como así también de los incisos d), e), f) o g) del mismo artículo, sin embargo no se prueba si los ingresos exentos provienen de conceptos salariales no alcanzados originados en la relación de dependencia o se trata de ordenes profesionales no alcanzadas con el IVA. No hay pruebas que permitan dilucidar respecto del agravio genérico que opone y menos aún sobre la alícuota diferencial del 10,5%. También se incluían puntos en la pericial contable que no produjo por su propia impericia.
Opone prescripción bajo el supuesto de que los ingresos se obtuvieron entre los años 1994 y 2005, en definitiva durante todo el matrimonio, y rechaza la suspensión dispuesta por Ley 26.476.
Con relación a este agravio posiblemente en el ánimo de demostrar algo distinto a lo que sostiene la AFIP recurre a un razonamiento por lo menos llamativo, porque alcanzaría a su entendimiento que un incremento patrimonial no justificado se contrarrestara con la enunciación de que estuvo en matrimonio y con ello resultara suficiente para dar por cerrada una inspección. Si bien opone la prescripción para la determinación de impuesto en los años 1994 a 2005, en rigor el fisco imputa la ganancia de acuerdo al artículo 18 inc f) de la LPT al año 2006, no procediendo el planteo del recurrente.
VIII. En cuanto a las multas aplicadas en los términos de los artículos 46 y 47 incisos b) y c), corresponde resolver si las mismas se ajustan a derecho. Que de acuerdo a lo analizado hasta aquí el contribuyente presentó las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado enero a diciembre de 2006 e Impuesto a las Ganancias período fiscal 2006, en forma defectuosa, ya que no incluyó en la base imponible de ambos impuestos la venta/ingresos y la renta vinculada con el incremento patrimonial no justificado Sobre las sanciones con sustento en lo establecido por el art. 46 de la LPT (t. vigente al momento de los hechos), se advierte que el artículo 46 dispone que “el que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de dos (2) hasta diez (10) veces el importe del tributo evadido”. A su turno, el artículo 47 establece: “…Que se presume, salvo prueba en contrario, que existe voluntad de producir declaraciones juradas engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando:…” b) En la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible y c) La inexactitud de las declaraciones juradas o de los elementos documentales que deban servirles de base proviene de su manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso.
Del cotejo de las actuaciones administrativas se observa que la recurrente presentó las declaraciones juradas inexactas, y que dicha conducta perjudica al Fisco Nacional, ya que se liquidaron impuestos que no se corresponden con la realidad, quedando así configurado el elemento objetivo del ilícito, no habiendo dudas sobre la materialidad de la conducta omisiva y el momento de consumación. Con respecto al elemento subjetivo del ilícito, se ha interpretado que para su configuración se requiere no sólo la intención (dolo) de evadir el pago del impuesto, sino que también se exige un plus representado por la existencia de un ardid o engaño realizado por el sujeto activo del ilícito con el objeto de generar un error en la víctima del mismo.
No toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un supuesto de defraudación fiscal sino sólo aquella evasión que va acompañada de un artificio dirigido a evadir el tributo (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, "Depetris Lelio C. y Depetris Marcelo C SH (TF 24.412-I)", Expte. 26.495/06, sentencia del 11/03/08). Que, en este sentido, la recurrente no acompañó los elementos probatorios suficientes o adecuados que permitan acceder al convencimiento de que la misma ha procedido conforme a derecho, no logrando acreditar la falta de intencionalidad en su conducta, sino que, por el contrario, las irregularidades pueden considerarse como maniobras tendientes a ocultar al Fisco Nacional la verdadera magnitud de la operatoria comercial que lleva a cabo.
En el mismo sentido, “…el citado artículo 47 ley 11.683 incorpora presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. La consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Fisco ha probado que en el supuesto bajo examen se configura alguno de los casos previstos en el citado artículo se presume que el infractor ha tenido intención de defraudar, y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa (esta Sala, causa Nª 17.372/08, "Andechaga, Jorge Luis (TF 25.401-I) c/ D.G.I.", del 15/04/09).” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, del 11/11/2014).
Aún en la postura que desarrolla el actor, de que el monto del incremento patrimonial en rigor se fue generando a lo largo de los años, mostraría una conducta sistemática contraria a derecho, ya que en ninguno de los años que imagina que se generaron los ingresos los incorporó en las declaraciones juradas de impuesto a las ganancias y/o bienes personales, o por lo menos no lo acreditó.
Esa conducta no puede encuadrarse como casual, accidental, extraordinaria o forzada, sino que se convierte en un modus operandi que se extiende hasta el año 2006 inclusive, porque tampoco allí incorporó las ganancias que dieron origen a la moneda extranjera por él mismo declarada en el impuesto sobre los bienes personales.
IX. Sin perjuicio de lo desarrollado en los considerandos anteriores, durante la etapa de alegatos, con fecha 2 de mayo de 2022 mediante el RE-2022-42935803-APN-SGAI#TFN (fs. 718/719 vta.) el actor informa que en los términos de la Ley N° 27.260 incluyó las obligaciones apeladas en autos en el Plan Mis Facilidades N° J215040, el que fue refinanciado al N° N862167 de 18 cuotas bajo el régimen de la Ley N° 27.562. Acompaña Formularios N° 408 NM (RE-2022-42936184-APN-SGAI#TFN- fs. 713/715), Formulario N° 1003 (RE-2022-42936050-
APN-SGAI#TFN- fs. 712) y detalle del citado plan (RE-2022-42935935-APN-SGAI#TFN – fs.716/717).
X. Que el 30 de septiembre de 2022 y luego de las prórrogas solicitadas, por intermedio del RE-2022- 104330971-APN-SGAI#TFN (fs. 746/747) el Fisco Nacional contesta el traslado conferido en autos. Destaca que las obligaciones recurridas se encuentran canceladas en su totalidad mediante el plan N° N862167, habiendo el recurrente abonado la última cuota el 16 de mayo del corriente año. Menciona que el Sr. Castro Fabricio no se encuentra alcanzado por las causales de exclusión previstas en la citada ley, encontrándose inscripta como Pequeña Empresa Ley N° 25.300. Concluye manifestando que no importa acogimiento ni reconocimiento del derecho de la solicitante a gozar de los beneficios establecidos en la Ley N° 27.541 y sus modificatorias y las reglamentaciones generales que lo suplementan; situaciones que serán discernidas por el área competente.
XI. Que en el caso a resolver se encuentra involucrado un reclamo de impuesto más sus intereses resarcitorios, y tal como surge del detalle que acompañó la actora, incluyó en el régimen de regularización las obligaciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias reclamados por el Fisco Nacional. En consecuencia, resta evaluar, luego de decidir sobre el planteo de allanamiento y desistimiento, la procedencia de la condonación respecto del exceso de intereses por sobre ese límite y hasta el monto incluido en la determinación de oficio y las multas aplicadas con relación a los citados tributos.
Que la Ley Nº 27.260 dispone en su Libro II, Título II, la regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras, el que ha sido reglamentado por la Resolución General (AFIP) N° 3920. Que encontrándose acreditada la presentación de los Formularios F. 408/NM (RE-2022-42936184-APN- SGAI#TFN- fs. 713/715), ante el ente fiscal, corresponde tener al recurrente por desistida de la acción y del derecho, incluso el de repetición en la presente causa, con costas -conforme lo establecido por el artículo 53 de la Ley 27.260 y art.14, inciso b) y 15, de la Resolución General N° 3920-.
Que con relación a la condonación de intereses y multas, cabe poner de resalto que el artículo 55 de la Ley N° 27.260 prevé la condonación de multas y parcialmente de intereses resarcitorios para aquellos que regularicen en los términos de la citada norma.
Que ello así, teniendo en cuenta que las obligaciones discutidas en autos se encuentran canceladas en su totalidad al 16 de mayo de 2022, conforme lo informado por el Fisco Nacional en su presentación a través del el RE-2022-104330971-APN-SGAI#TFN (fs. 746/747), habiendo el recurrente prestado conformidad a los conceptos reclamados en las resoluciones recurridas; corresponde condonar el excedente de intereses resarcitorios correspondientes y las multas aplicadas en los términos de los artículos 55 y 57 de la ley 27.260. Costas por su orden.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que surge de las constancias de autos que las obligaciones determinadas fueron originalmente incluidas en el Plan de Facilidades de Pago J215040 presentado bajo el régimen dispuesto por la ley 27.260, luego reformulado en el Plan N861167 de 18 cuotas conforme ley 27.562, cancelado en su totalidad el 16 de mayo de 2022. Además, no resulta controvertida la condición del actor de Micro, Pequeña o Mediana Empresa y sin perjuicio de lo informado por el organismo recaudador, no se desprende del trámite del expediente que el contribuyente se encontrara incurso en alguna causal de exclusión de las previstas en el artículo 16 de la ley 27.541, siendo que tampoco se desprende obligación de éste de informar sobre ello.
En efecto, teniendo en cuenta lo expuesto oportunamente por las partes y la situación existente al momento de decidir, corresponde tener al recurrente por desistido de la acción y del derecho incluso del de repetición, en los términos previstos por la ley 27.562 en cuanto a los montos determinados en concepto de capital y accesorios, éstos últimos de acuerdo a la proporción incluida en los planes generados.
II. Con relación al remanente de intereses y multas aplicadas en sendos actos apelados, se hace notar que a partir del dictado de la ley 27.541 modifique mi criterio anterior respecto a normas análogas, resolviendo declarar la condonación tanto de accesorios como de sanciones, adoptando idéntico criterio en este caso concreto; con costas por su orden.
III. Por ello voto por: 1°) Tener al recurrente por desistido de la acción y del derecho incluso del de repetición, en los términos previstos por ley 27.562, ello en concepto de los gravámenes determinados y accesorios en la medida incluida en los planes de facilidades reseñados en el punto I de este voto, ello en tanto se encuentran discutidos en estos autos. Las costas sobre estos conceptos se imponen a cargo del actor; 2) Declarar condonados los intereses resarcitorios que exceden el límite señalado en el punto anterior y las sanciones aplicadas en los actos apelados. Costas en el orden causado.
La Dra. O´Donnell dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Gómez Que del resultado de la votación que antecede por mayoría, SE
1. Tener al recurrente por desistido de la acción y del derecho incluso del de repetición respecto a la regularización efectuada en los términos de la ley 27.562, en lo que hace a los impuestos e intereses resarcitorios en la medida establecida en el art. 11 inciso c) de la ley referida en tanto se encuentran discutidos en estos autos, con costas.
2. Declarar la condonación de los intereses resarcitorios que exceden el límite señalado en el punto anterior y la sanción aplicada en autos, en la proporción de la regularización efectuada en los términos de la ley 27.562. Costas por su orden.
3. Regular honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 45.297 (Pesos cuarenta y cinco mil doscientos noventa y siete) por el patrocinio letrado y de $ 18.119 (Pesos dieciocho mil ciento diecinueve) por la representación procesal, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en las etapas cumplidas, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la Ley Nº 21.839, modificada por la Ley Nº 24.432, ello sin perjuicio de la reducción dispuesta por el art. 13 de la RG 4816/2020. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen IVA, en caso de corresponder.-
4. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional por su actuación en autos, en la suma de $ 124.259 (Pesos ciento veinticuatro mil doscientos cincuenta y nueve) equivalente a 11,95 (once con 95/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria- y $ 49.704 (Pesos cuarenta y nueve mil setecientos cuatro) equivalente a 4,78 (cuatro con 78/100) UMA, respectivamente, los que quedan a cargo de la actora, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la última etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, y la Acordada N° 25/22 (08/09/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017, todo sin perjuicio de la reducción dispuesta por el art. 13 de la RG 4816/2020. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA, en caso de corresponder.
5. Regular los honorarios del Dr. Juan Ignacio Estévez, por su actuación como perito contador designado a propuesta del Fisco Nacional en la suma de $ 3.640 (Pesos tres mil seiscientos cuarenta) los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin la aceptación del cargo, el resultado obtenido conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, 44 inciso b) y 51 de la Ley Nº 27.423, Acordada N° 25/22 (08/09/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos al Organismo Fiscal y archívese.
Date: 2022.11.25 16:27:06 -03:00 Date: 2022.11.29 14:48:26 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.11.29 15:47:58 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.11.29 15:47:59 -03:00
Fin de la sentencia