Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la resolución apelada en autos. Las costas se imponen en el orden causado.
I. Que, a fs. 36/43vta., la actora interpone recurso de apelación en los términos del artículo 76, inciso b) de la Ley N° 11.683, contra la Resolución N° 42/2018 (DV RRII) de fecha 27/03/2018, dictada por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Palermo de la AFIP-DGI, por la que se resolvió determinar de oficio y con carácter parcial la obligación tributaria por la suma de pesos un millón novecientos setenta y un mil trescientos cuarenta y nueve con ochenta y seis centavos ($1.971.349,86), en concepto de impuesto a las ganancias por los períodos fiscales 2012 y 2013, y la suma de pesos tres millones cuarenta y nueve mil novecientos ochenta y seis con cincuenta y ocho centavos ($3.049.986,58) en concepto de intereses resarcitorios. Respecto de su responsabilidad infraccional difiere la aplicación de la multa, hasta tanto sea dictada la sentencia definitiva en sede penal.
Indica que, es jugador de futbol profesional y, se encuentra inscripto en la actividad “Servicios prestados por deportistas y atletas para la realización de prácticas deportivas”. Relata que jugó en el Club Atlético Independiente desde el mes de enero hasta junio de 2012, para luego fichar con el Atalanta Bergamasca Calcio, donde se desempeñó jugando al fútbol desde agosto de 2012 hasta junio de 2013 y luego retornó al Club Atlético Independiente.
Asimismo, describe que mediante la orden de intervención N° 1.064.062, la AFIP inició una fiscalización y procedió a realizar una serie de cargos en relación al impuesto las ganancias por los períodos fiscales 2012 y 2013, por entender que los ingresos estaban mal declarados. En tal ocasión, detalla que procedió a rectificar las DDJJ del Impuesto a las Ganancias periodo 2012 y a presentar la declaración jurada original del período fiscal 2013, donde declaró mayores ingresos de fuente argentina que los pretendidos por la inspección, abonando la diferencia mediante el acogimiento al plan de facilidad de pago N° J471439, formulado en los términos de la ley 27.260.
Respecto de los ingresos de fuente extranjera, por tales períodos resalta que declaró menos ingresos que los pretendidos por la inspección en el período fiscal 2012 y más ingresos que los pretendidos en el período fiscal 2013. Ello fue declarado de tal forma toda vez que informó que, la ley de impuesto a las ganancias , en su art. 1° establece que los residentes argentinos, como lo es el apelante, pese a tener que tributar sobre la totalidad de sus ganancias que obtengan en el país y en el exterior, podrán computar como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, las sumas efectivamente abonadas por impuestos análogos (es decir, impuestos que graven la renta), sobre sus actividades en el extranjero, hasta el límite del incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de la ganancia obtenida en el exterior. Más aún, señala que mediante la ley 22.474, se aprobó el convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio entre la República Argentina y la República Italiana.
Indica que, en función del convenio tributario aplicable, de conformidad con el art. 17 inc 1), para el caso de los deportistas, se establece que las rentas que un residente de un Estado contratante obtenga por el ejercicio de sus actividades personales en el otro Estado contratante, serán imponibles en ese otro Estado. Es decir, que para el caso del apelante, que es deportista y residente argentino, por las rentas que obtuvo por el ejercicio de su actividad de jugador profesional de fútbol en Italia durante julio de 2012 hasta agosto de 2013, debió pagar impuestos sobre la renta en Italia, o sea, el otro Estado contratante.
Explica que, fue precisamente lo que se plasmó en la declaración jurada rectificativa de Impuesto a las Ganancias 2012 y original del 2013 en Impuesto a las Ganancias, porque teniendo en cuenta lo establecido en el convenio y lo dispuesto en el art. 1° de la ley, correspondía computar el Impuesto sobre las rentas de las personas físicas (por ser análogo al Impuesto a las Ganancias) efectivamente ingresado en Italia por tales períodos, como pago a cuenta, hasta el límite del incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de la ganancia obtenida en Italia.
Plantea que, teniendo en cuenta los montos que surgen del contrato celebrado el día 19/07/2012, suscripto entre el apelante y el club italiano, los ingresos fueron declarados ante el Fisco Argentino, pero se procedió a tomar como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias, sobre las rentas de las personas físicas que le era retenido en la fuente e ingresado a la Guardia Di Finanza Italiana por su empleador (Atalanta Bergamasca Calcio) en ocasión de efectuarle cada pago.
Esto resalta que no se acreditó mediante simples alegaciones dogmáticas, sino que el contador de la apelante procedió a acompañar copia de los certificados de retención del impuesto a la renta por parte de su empleador (“CUD”) y los recibos de haberes del Atalanta Bergamasca Calcio por los periodos en cuestión, de donde surge que los ingresos percibidos por el Sr. Parra en Italia ya habían tributado un impuesto a la renta análogo al Impuesto a las Ganancias.
Sostiene que, el art. 34 de la ley 11.683 establece que en caso de que los contribuyentes no utilicen los medios o formas de comprobación que establezca el fisco, quedarán obligados a acreditar la veracidad de las operaciones para poder computar a su favor los conceptos indicados; y precisamente es lo que señala haber hecho. Indica que, los documentos acompañados han sido emitidos conforme la normativa del Estado emisor que certifica la veracidad del contenido de los documentos mediante el procedimiento de firma digital, es decir estos documentos que para la AFIP son copia simple, son válidos para la Guardia Di Finanza Italiana.
Se agravia, ya que el único argumento por el cual AFIP desconoce los pagos realizados y acreditados en el expediente administrativo por el Sr. Parra, es en virtud de lo dispuesto en los art. 27 y 28 del Decreto Reglamentario de la Ley 11.683, pese a las constancias acompañadas al expediente que demuestran el ingreso efectivo en República de Italia de un Tributo (Impuesto sobre las rentas de las personas físicas) análogo al impuesto a las ganancias. Teniendo en cuenta los argumentos que expresa, entiende que el acto apelado goza de una deficiente motivación lo que implica, a su entender, la nulidad absoluta e insanable del acto. Sostiene, que los intereses resarcitorios que reclama el Fisco son improcedentes, ya que los importes declarados cumplen con la normativa vigente, por ende, no corresponde el ingreso de la deuda que reclama el Fisco. Cita doctrina y jurisprudencia, ofrece prueba, formula reserva del caso federal.
II. Que, a fs. 53/62, se presenta el Fisco Nacional, contestando el recurso interpuesto y solicitando se confirme la resolución apelada, con costas.
Indica que, como consecuencia de dicha fiscalización, se constató que el Sr. Parra: 1) había omitido declarar rentas gravadas respecto del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2012, y 2) no había presentado la declaración jurada correspondiente al Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2013 dejando de ingresar el gravamen pertinente.
Sostiene que, en el rubro “Impuestos análogos pagados en el exterior” había declarado un monto de $1.971.349,86.-, con lo cual en definitiva generó un saldo de impuesto total a favor del Fisco de $304.793,83 que proviene exclusivamente de los ingresos de fuente argentina declarados. Dicho saldo a pagar fue incluido el 31/03/2017 en un Plan de facilidades previsto en la Ley N° 27.260.
Indica que posteriormente se dispuso la producción de una medida para mejor proveer a fin de que el responsable aportara documentación fehaciente que diera cuenta de la percepción de ingresos de fuente extranjera declarados y del efectivo pago de impuestos análogos en el exterior, lo que no ha sucedido.
Se agravia, ya que es improcedente el planteo de nulidad, que si bien la recurrente no lo ha planteado como excepción previa, se trata de una cuestión de naturaleza incidental, que de prosperar impediría la prosecución de la presente causa.
Señala que, la recurrente alega afectación del debido proceso y nulidad de la resolución por supuestos vicios en los incisos b), d), e) y f) del artículo 7° de la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos, pero no fundamenta una acusación de tal envergadura, ni expresa la necesaria indefensión que debe verificarse para que prospere la misma.
Indica que, resulta absolutamente improcedente la nulidad pretendida, a poco que se observa el acto administrativo impugnado que, luego de una prolija reseña de los antecedentes de hecho, y de su evaluación tanto en los hechos como en el derecho, evidencia que el sustento a la imputación efectuada se encuentra perfectamente acreditado, toda vez que se indicó expresamente el fundamento del cargo formulado y las falencias probatorias de los documentos aportados por la recurrente, dándosele la oportunidad de enmendarlas.
Observa que, la recurrente no ha demostrado perjuicio alguno, ni estado de indefensión, viéndose reducidas sus manifestaciones a meras expresiones de disconformidad con lo resuelto por el juez, insuficientes para afectar su validez.
Señala que, si bien la actora se agravia de que el Fisco lo privó de ejercer su defensa, con motivo de las deficiencias probatorias de la documental aportada, en la instancia administrativa se resolvió el dictado de una medida para mejor proveer a efectos de poder constatar la detracción efectuada por la actora en su Impuesto a las Ganancias, originada por las sucesivas retenciones de Impuesto a la renta que afirma la ha hecho su empleador italiano. El dictado de la medida para mejor proveer buscaba garantizar el pleno ejercicio del derecho de defensa de la recurrente, otorgándole una instancia adicional para que aportara documentación fehaciente relativa a la percepción de ingresos de fuente extranjera y del efectivo pago de impuestos análogos en el exterior, lo que no ha sucedido. Por el contrario, la recurrente aportó la misma documentación insuficiente que había acompañado hasta ese momento, y se dedicó a defenderla negando la necesidad de cumplir con los requisitos formales que el Fisco solicitaba.
Indica que no puede soslayarse que resulta ilógico pretender que el Fisco acepte pagos a cuenta por un monto total de $1.971.349,86.- cuya existencia no ha sido fehacientemente acreditada.
Observa, que la exigencia de cumplimiento de los recaudos previstos en el decreto reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos no implica en modo alguno desconocimiento por parte del Fisco del Convenio para evitar la doble imposición celebrado en nuestro país y la República Italiana, tal como pretende la actora.
Afirma que, la documental aportada por la actora para acreditar las retenciones que dice haber sufrido son hojas en idioma italiano titulado “CUD”, que no cumplen con las previsiones de los artículos 27 y 28 del Decreto N° 1759/72, reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, dado que no se encuentran traducidas a idioma español ni certificadas por autoridad competente.
Señala con respecto a la liquidación de intereses de los intereses, que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias y no de una sanción administrativa como pretende la actora. Cita jurisprudencia y doctrina, acompaña los antecedentes administrativos, se opone a la producción de prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que, a fs. 127, luce el acta de fecha 21/03/2019 que da cuenta de la celebración de la audiencia preliminar dispuesta por el art. 173 de la Ley 11.683. A fs. 128 se abre la causa a prueba. A fs. 153/162 luce agregado el informe pericial.
A fs. 186/208 luce agregado el oficio electrónico emitido en el marco de la causa CPE 831/2018, caratulada "Parra, Facundo Manuel s/ Infracción ley 24.769", en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, a cargo del Dr. Diego A. Amarante, Secretaría N° 10, que hace saber a este Tribunal lo resuelto, con fecha 7/10/2020, pronunciamiento que se encuentra firme. Asimismo, adjunta la dicha resolución junto con diversos informes producidos en el marco de dicha causa.
A fs. 215 se declara la clausura del período probatorio y se elevan los autos a consideración de la Sala “B” A fs. 218 se ponen las actuaciones a disposición de las partes para que produzcan sus alegatos; los que obran agregados a fs. 225/226 por la parte actora y a fs. 227/230 por parte del Fisco Nacional.
Finalmente, a fs. 231 se ponen los autos para sentencia.
IV. Que, en principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
V. Que, en primer término, corresponde expedirse en relación a la nulidad del acto administrativo en base a una supuesta falta de causa y motivación.
Con respecto a la nulidad planteada por la recurrente en base a una supuesta falta de causa y arbitrariedad por parte del Fisco Nacional al momento de la determinación de oficio, la misma no puede prosperar, pues lo alegado carece de los fundamentos legales suficientes para sustentar la petición.
En efecto, las resoluciones apeladas contienen los elementos jurídicos formales para declarar su validez, invoca la normativa legal tenida en cuenta para arribar a sus conclusiones, así como los conceptos y montos determinados, sin que ello implique prejuzgar sobre la procedencia o no de los mismos, y se han cumplimentado los procedimientos establecidos, habiéndose posibilitado al contribuyente conocer la pretensión fiscal y poder elaborar su defensa.
Para que prospere la excepción de nulidad debe estar sustentada en un interés jurídico concreto, por lo que resulta necesario que el vicio respectivo haya colocado al recurrente en un verdadero estado de indefensión, ocasionándole un agravio no subsanable.
Tal como expone reiterada jurisprudencia, “…para la procedencia de una nulidad, interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a una indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar…” (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica – AMET. C/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ Amparo”, CSJN, 05/10/1995, T. 324, P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 06/02/01, T.324, P.151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. Y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA II, 09/10/96, entre otros).
En atención a lo señalado, no puede acogerse el planteo de nulidad articulado, correspondiendo su rechazo, sin costas en atención a que no fuera introducida como una cuestión de previo y especial pronunciamiento.
VI. Que, a continuación, corresponde resolver el fondo de la cuestión, en los términos en que ha quedado trabada la litis.
Ello así, cabe señalar que la actividad principal que desarrolla la parte actora es “Servicios prestados por deportistas y atletas para la realización de prácticas deportivas”.
Conforme surge del informe final de inspección (vide. fs. 134/138 Actuación N° 10896-194-2016) el origen del cargo radica en la Nota N° 463/2013 DV INIT) atento el pase del jugador Parra entre el Club Deportivo Unión San Felipe de Chile y el Atalanta Bergamasca Calcio. Por su lado, la determinación respecto del Impuesto a las Ganancias que se discute en autos, tiene sus fundamentos en que en el marco de la fiscalización, se constató que había declarado mayores ingresos de fuente argentina que los ajustados por la inspección, y que en cuanto a los ingresos de fuente extranjera había declarado menos que los ajustados para el período fiscal 2012 y más para el periodo fiscal 2013. Asimismo, se observó que en el rubro “Impuestos análogos pagados en el exterior” había declarado un monto de $1.971.349,86.-, con lo cual en definitiva generó un saldo de impuesto total a favor del Fisco de $304.793,83 que proviene exclusivamente de los ingresos de fuente argentina declarados. En definitiva, lo que se encuentra en discusión y que en la instancia administrativa -según el entender del Fisco Nacional- no ha podido acreditar mediante documentación fehaciente, es la percepción de ingresos de fuente extranjera declarados y del efectivo pago de impuestos análogos en el exterior.
Ello así, tal como surge del relato, a fs. 186/208 luce agregado el oficio electrónico emitido en el marco de la causa CPE 831/2018, caratulada "Parra, Facundo Manuel s/ infracción ley 24.769", en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, a cargo del Dr. Diego A. Amarante, Secretaría N° 10, que hace saber a este Tribunal lo resuelto con fecha 7/10/2020, pronunciamiento que se encuentra firme.
De dicha documentación surge la respuesta brindada por la Agenzia Entrate a la solicitud de información de acuerdo con el Artículo 27 de la Convención entre el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República Argentina para Evitar la Doble Imposición en materia de Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio, detallando en los años fiscales cuestionados, las obligaciones fiscales del Sr. Parra en Italia que se cumplieron a través de su agente de retención, a saber, Atalanta Bergamasca Calcio, que presentó la correspondiente declaración de impuestos (IT. Modello 770 Semplificato).
Además, agrega que con respecto a la solicitud de una copia de la documentación relacionada con los pagos de los impuestos, explica que su sistema nacional de agentes de retención no permite rastrear los pagos PIT realizados por el agente de retención a un contribuyente específico. De hecho, los pagos se realizan por impuesto retenido en su totalidad con respecto a todos los contribuyentes para los cuales actúan como agentes de retención. Por último, en lo que respecta a los formularios CUD presentados por el Sr. Parra, indica que se tenga en cuenta que el CUD (ahora reemplazado por CU) es una certificación unificada de, entre otros, el ingreso laboral (y similares), que el empleador emite a sus empleados para certificar los ingresos pagados y los impuestos retenidos. Los contribuyentes, que durante un año fiscal determinado, hayan recibido solo ingresos por empleos certificados a través del CUD no deben presentar la declaración de impuestos. En cuanto a los años fiscales en cuestión, la información fiscal presentada por Atalanta Bergamasca Calcio a través del Modello 770 Semplificato coincide con lo que se muestra en los CUD que le presentó el Sr. Parra.
En base a dicha documentación y demás elementos de la causa, dicho Juzgado decretó el sobreseimiento del contribuyente de autos en orden a los hechos consistentes en las supuestas faltas de pago del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2012 y del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2013, a las que se hallaría obligado el nombrado, que se encuentran en discusión en las presentes actuaciones.
Surge del pronunciamiento que el Sr. Parra se presentó en las actuaciones y acompañó copias certificadas, legalizadas y apostilladas de los formularios CUD -es decir, que la defensa de Parra acompañó ante la sede de ese tribunal la documentación que había sido presentada en sede administrativa, pero, en esa ocasión, con las formalidades exigidas por la ley. Frente a esa nueva documentación aportada, se describe que se citó nuevamente al inspector Toscano a prestar declaración testimonial, quien concluyó que “la misma subsanaría las falencias formales detectadas y comunicadas en la resolución recurrida…” Además, “…dicha documentación cubriría el importe reclamado del Impuesto a las Ganancias 2012 y 2013”. Agrega que, en los formularios CUD aportados figuran las retenciones realizadas por el empleador de Parra en Italia y, toda vez que los elementos aportados por la defensa cumplen con los requisitos legales, tales formularios podrían ser tomados como constancia del “Impuesto análogo pagado en el Exterior”.
Asimismo, describe que finalmente, el Fisco italiano respondió el pedido de colaboración internacional cursado y aportó información indicando que, durante los años 2012 y 2013, las obligaciones fiscales de Parra en Italia se cumplieron a través del agente de retención “Atalanta Bergamasca Calcio” (número de identificación tributaria 80000130163), el que presentó la correspondiente declaración jurada de impuestos (IT. Modello 770 Semplificato).
Así ello, y luego de analizar la legislación impositiva, en función de los elementos de prueba recolectados en la causa, concluye el Juez penal que “no se advierte, en lo que atañe a los ingresos declarados por Parra (una vez iniciada la fiscalización), que tal declaración haya sido engañosa pues, tal como lo reconoció la propia fiscalización (ver también al respecto declaración testimonial del inspector en el marco de estos autos), el contribuyente expuso mayores sumas que las estimadas por el Fisco y, justamente por este motivo, fueron esos valores los que se tomaron en cuenta para establecer la nueva base imponible del impuesto”.
Por otra parte, en lo que atañe a los montos del concepto “Impuesto análogo pagado en el Exterior”, destaca que “el motivo por el cual la fiscalización no tomó en cuenta la documentación aportada por Parra en sede administrativa vinculada a su actividad laboral en Italia y a los impuestos allí abonados es porque tal documentación no estaba certificada por autoridad competente y, tampoco se hallaba traducida. Tales defectos fueron subsanados en el marco de estas actuaciones judiciales por la defensa de Parra, lo cual justificó un nuevo examen de dicha documentación por parte del organismo fiscal. Es así que, a la luz de los elementos de prueba aportados por la parte, se llegó a la conclusión que aquélla reflejaba el impuesto “análogo” abonado por Parra en Italia y que debía computarse aquél como pago a cuenta del impuesto argentino.
Todo ello lleva a concluir que Parra expuso ante la fiscalización su verdadera capacidad contributiva (tanto en lo que atañe a los conceptos de ingresos gravados y de créditos computables)”.
Reseñadas las presentes actuaciones y lo resuelto en sede penal en relación al contribuyente de autos, cabe tener en cuenta tal como lo ha sostenido recientemente la Excma. Cámara en la causa “EDESA SA c/ DGI s/ recurso directo de organismo externo, CNCAF, Sala III, 3/03/2021 “en la causa penal (...) se debatieron las mismas circunstancias que en autos (...), vinculada pues con el mismo impuesto y períodos fiscales. Frente a ello, el haberse hecho mérito de las conclusiones allí adoptas, se traduce en la observancia y aplicación de la máxima contenida en el artículo 20 de la ley penal tributaria, según la cual -en lo que aquí interesa señalar-, una vez que adquiera firmeza la sentencia penal, el organismo fiscal se hallará habilitado para aplicar las sanciones que correspondan, sin alterar las “declaraciones de hechos” contenida en aquella”.
(...) Así entonces, la existencia de dos pronunciamientos judiciales dispares, en relación a los mismos componentes facticos, conllevaría a un verdadero escándalo jurídico”
Agrega que esa Sala ha dicho que “Si bien en las normas de la ley 24.769 citadas se descarta el sometimiento de la cuestión tributaria a los resultados alcanzados en sede penal, ello no empecé a que se debe impedir la existencia de una posible contradicción sobre aspectos esenciales de los presupuestos fácticos comunes a ambos, pues se caería en un inaceptable escándalo jurídico, riesgo que se supera, encontrándose en discusión la obligación impositiva, condicionando la apreciación de los hechos a las conclusiones arribadas en el proceso penal...” (in re: “Procesamiento Industrial Laminados Arg. SA (TF 19.396-I) c/ AFIP-DGI”, Causa Nº 9200/04, del 13/10/06. Confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 17/3/09).
En el caso particular, la declaración de los hechos efectuada por la sentencia penal que condujeron al sobreseimiento del aquí actor se encuentran directamente relacionados con la resolución de la presente causa, por lo que en atención a los hechos probados en dicha instancia que tuvieron por acreditados los impuestos análogos pagados en el exterior, corresponde revocar el ajuste. Las costas se imponen en el orden causado, atento las particularidades de la causa, habida cuenta que la prueba documental aportada en sede administrativa no cumplía con los requisitos formales para su validez exigidos por la ley, lo que recién aconteció en sede de este Tribunal.
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar la resolución apelada en autos. Las costas se imponen en el orden causado.
Regístrese, notifíquese a los domicilios electrónicos de las partes -conforme lo dispuesto en Acta del Acuerdo celebrado el 8 de Septiembre de 2020 IF-2020-60084748--APN-VOCXXI#TFN, anexa a la RESOL-2020-44- - APN-TFN#MEC – B.O. 11/09/2020-: la actora deberá ser notificada al Dr. Mariano Ezeyza en la CUIT 20- 33127002-5 y el Fisco Nacional en la CUIT 33-69345023-9 (AFIP). Fecho, procédase a la impresión e incorporación de la presente al expediente papel y, oportunamente, archívese.
Date: 2022.06.01 15:08:09 ART Date: 2022.06.01 15:12:20 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.06.01 15:25:21 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.06.01 15:25:59 -03:00
Fin de la sentencia