Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Denegar el beneficio de litigar sin gastos, con costas.
2Intimar a la incidentista para que, en el término de cinco (5) días, ingrese la suma de $463.473,50 (pesos cuatrocientos sesenta y tres mil cuatrocientos setenta y tres con cincuenta centavos) en concepto de tasa de actuación -Ley N° 25.964-, bajo apercibimiento de librar boleta de deuda (conforme artículo 7° de la ley citada).
I. Que, a fs. 56/57 el apoderado de la incidentista solicita se le conceda el beneficio de litigar sin gastos en el recurso de apelación interpuesto ante este Tribunal contra la resolución de la AFIP-DGI Nº 36/2018 (DV. R1II) de fecha 20/04/2018, señalando que su representada no posee medios de fortuna ni recursos suficientes para afrontar el pago de la tasa de actuación prevista en el artículo 2° de la Ley N° 25.964 (fs. 56). Asimismo, informa que no posee fines de lucro y que en los dos últimos balances su resultado fue negativo (fs. 56), lo que determina que le resulte imposible abonar la suma de $463.473,50 en concepto de tasa de actuación. (fs. 56 vta.).
Por último, acompaña como prueba documental sus estados contables por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2013, 2014 y 2015, respectivamente (fs. 10/55), ofrece producir prueba informativa (fs. 56 vta.) y testimonial (fs. 59/60 vta.).
II. Que, a fs. 62/67 vta. se presenta el Fisco Nacional y se opone a la concesión del beneficio de litigar sin gastos solicitado por la actora.
III. Que, mediante auto de fecha 13/09/2018 (fs. 69), este Tribunal dispuso abrir el incidente a prueba, no haciéndose lugar a la oposición planteada por el Fisco Nacional respecto de las pruebas ofrecidas por la incidentista (pto. 1°) y ordenándose producir la prueba informativa y acreditar el diligenciamiento de los oficios correspondientes (pto. 4° de fs. 69).
A fs. 70/84 obra el diligenciamiento de los oficios dirigidos al Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 70), al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires (fs. 71/74), al Banco Central de la República Argentina (fs. 75/76), a Mastercard S.A. (fs. 77), a American Express S.A. (fs. 78), a Prisma Medios de Pago S.A. (fs. 79), al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (fs. 80) y al Registro de la Propiedad Automotor (fs. 81/84), este último junto a su respectiva contestación. Respecto de las contestaciones de oficio, obran aquellas de American Express Argentina S.A. (fs. 91), del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 93/95), Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (fs. 106), First Data Cono Sur S.R.L. -Mastercard- (fs. 118), Prisma Medios de Pago S.A. (fs. 119), y el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires (fs. 133/134). Respecto del oficio diligenciado al Banco Central de la República Argentina, dicha entidad circularizó a las entidades financieras de esta plaza, habiendo contestado la mencionada circularización Banco Interfinanzas (fs. 100), Banco Saenz (fs. 102), Banco Santa Fe (fs. 103), Banco Entre Ríos (fs. 104), Banco Itaú Argentina (fs. 107), Banco Provincia (fs. 109), Banco Hipotecario (fs. 111), Banco San Juan (fs. 113), Banco Masventas (fs. 114), Banco Santa Cruz (fs. 115), Banco Columbia (fs. 121), Banco de Comercio (fs. 123), Companía Financiera Argentina (fs. 126), Banco de la Nación Argentina (fs. 128), Banco Patagonia (fs. 129) y J.P. Morgan Chase Bank Sucursal Buenos Aires (fs. 131).
IV. Que, a fs. 139 se resuelve declarar la clausura del período probatorio y dar vista a las partes en los términos del artículo 81 C.P.C.C.N. A fs. 143/144 obra el alegato producido por el Fisco Nacional, no haciendo uso de su derecho la recurrente no obstante encontrarse debidamente notificada conforme lo dispuesto a fs. 142. A fs. 145 se elevan las actuaciones a consideración de la Sala “B”.
V. Que, el beneficio solicitado por los apelantes se encuentra enderezado a evitar sufragar la tasa de actuación establecida por la Ley Nº 25.964.
Que, dicha ley en su artículo 9° prevé la exención de la tasa de actuación para las personas que actuaren con beneficio de litigar sin gastos, instituto procesal éste que no se encuentra regulado en la ley de Procedimiento Tributario sino en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Título II, Capítulo VI, artículos 78 a 86.
VI. Que, el presupuesto de hecho de la exención es la situación de pobreza en que se encuentran aquellas personas a las que se concede el beneficio de litigar sin gastos.
En ese sentido, la carencia de recursos que configura tal situación de pobreza no puede confundirse con problemas de solvencia. Se trata, entonces, de una incapacidad económica severa –tener sólo lo indispensable para procurarse la subsistencia– que impide afrontar el pago de la tasa de actuación.
Por otro lado, el beneficio de litigar sin gastos sólo debe prosperar en tanto y en cuanto los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de empobrecimiento alegadas.
A su vez, cabe señalar que el beneficio de litigar sin gastos comprende un privilegio restrictivo y excepcional, debiéndose por ello demostrar fehacientemente la ausencia de recursos para costear total o parcialmente la demanda que se ha de iniciar (conforme Enrique Falcón, CPCCN, Anotado-Concordado-Comentado, T I, página 471).
En ese orden de ideas, corresponde a los solicitantes del mismo demostrar fehacientemente la ausencia de recursos económicos, a efectos de lo cual la incidentista ha aportado prueba documental y ha producido una serie de informes mediante el diligenciamiento de los oficios respectivos.
En esta tónica, en relación a la prueba informativa propuesta, debe considerarse que la misma resulta insuficiente a efectos de acreditar las circunstancias que hacen procedente la concesión del beneficio solicitado por la actora. Conforme surge de las contestaciones efectuadas por ambos registros de la propiedad inmueble la incidentista no resultaría titular de dominio en los respectivos territorios informantes. Por el contrario, sí se observa la titularidad de dos rodados modelos Ecosport 2010, marca Ford, dominios JER777 y JFC331, respectivamente (fs. 84). Por su parte, las respuestas brindadas por las entidades financieras solamente indican que la incidentista no es cliente de las mismas o que no registra productos activos, lo que resulta insuficiente a efectos de acreditar los extremos invocados para la concesión del beneficio que aquí se peticiona, conclusión que cabe extender respecto de las entidades emisoras de tarjetas de crédito First Data Cono Sur S.R.L., American Express S.A. y Prisma Medios de Pago S.A., algunas de las cuales solicitaron los datos del titular persona física en cuyo poder se encontrara la tarjeta corporativa del caso, no habiendo complementado la referida información la incidentista. Respecto de lo informado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (fs. 106), no hay elementos en la referida contestación que aporten datos de relevancia en el marco del presente incidente, siendo el hecho de la intervención judicial ya conocido desde el momento de la interposición del recurso en los autos principales.
Por otra parte, se han acompañado en estas actuaciones dos declaraciones testimoniales. En el caso de la declaración efectuada por el Dr. Ruben Osmar Ibarguren (fs. 59/59 vta.), asesor legal de la incidentista previo a la intervención judicial, la misma no hace sino confirmar las informaciones brindadas por las entidades financieras y/o registros públicos indicados anteriormente.
Por su parte, lo mismo puede afirmarse respecto de la declaración del contador público Enrique Ernesto Spinelli (fs. 60/60 vta.), sin perjuicio de lo cual cabe destacar que conforme informa el testigo, la incidentista estaría cumpliendo con determinados planes de pago respecto de sus deudas con los organismos recaudadores de impuestos, nacional y provincial, así como también estaría saldando algunos pasivos originados por juicios laborales, resultando ambos supuestos indicadores de cierto nivel de cumplimiento de sus obligaciones impositivas y/o contractuales, muy diferentes al supuesto de imposibilidad de pago que pregona la incidentista. Ahora bien, si bien la parte actora acompaña los estados contables por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2013, 2014 y 2015 que no evidencian problemas de solvencia patrimonial dado que los activos superan los montos de los pasivos, no habiendo arrimado probanzas suficientes a los fines de demostrar de modo concluyente -dada la naturaleza excepcional del instituto- su estado de pobreza. En tal sentido, vale destacar que la documental acompañada por si sola resulta un elemento insuficiente para tener por acreditada la situación de pobreza que habilite a este tribunal a otorgar justificadamente el beneficio solicitado.
En definitiva, no se han aportado otros elementos que permitan evaluar, de manera integral, la real y concreta situación económico-financiera, como así tampoco la falta de liquidez de la incidentista.
Que por todo ello, no habiéndose acreditado de forma suficiente la hipótesis de pobreza -presupuesto fáctico inexcusable para el otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos que se solicita- en que alega encontrarse la incidentista, corresponde resolver su denegación, con costas e intimarla para que en el término de cinco (5) días ingrese la suma de $463.473,50 (pesos cuatrocientos sesenta y tres mil cuatrocientos setenta y tres con cincuenta centavos) en concepto de tasa de actuación -Ley N° 25.964-, bajo apercibimiento de librar boleta de deuda (conforme artículo 7° de la ley citada).
Por ello SE RESUELVE:
1. Denegar el beneficio de litigar sin gastos, con costas.
2. Intimar a la incidentista para que, en el término de cinco (5) días, ingrese la suma de $463.473,50 (pesos cuatrocientos sesenta y tres mil cuatrocientos setenta y tres con cincuenta centavos) en concepto de tasa de actuación -Ley N° 25.964-, bajo apercibimiento de librar boleta de deuda (conforme artículo 7° de la ley citada). Regístrese y notifíquese.
Date: 2022.02.17 00:15:25 ART Date: 2022.02.17 11:36:02 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.02.17 20:35:45 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.02.17 20:36:06 -03:00
Fin de la sentencia