Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuesto e intereses resarcitorios y aplican multas. Con costas a la vencida.
I. Que a fs. 117/170 la actora interpone recurso de apelación contra las Resoluciones N° 100/2018 (DV SRR1), 101/2018 (DV SRR1) y 102/2018 (DV SRR1) todas de fecha 26/04/2018, dictadas por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Sur de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos. El apelante impugna las mencionadas resoluciones relativas a:
1. Impuesto a las Ganancias: se determinó de oficio las obligaciones del periodo fiscal 2013 estableciendo un impuesto a ingresar de $560.807,45 y un impuesto a ingresar de $383.759,90 por el periodo fiscal 2014 con más intereses resarcitorios por $477.013,55 por periodo 2014 y le aplica una sanción de $767.519,80 equivalente al 200% del gravamen omitido en los términos del art 46 de la Ley 11.683 con aplicación de la presunción del dolo del inciso c) del art 47.
2. Impuesto sobre Salidas No Documentadas: se determinó de oficio las obligaciones tributarias por las erogaciones efectuadas en los periodos fiscales de 04/2013 a 07/2013 estableciendo un saldo de impuesto a ingresar de $607.945,87 y por el periodo fiscal 8/2013 a 7/2014 la suma de $856.588,34, con más la suma de intereses resarcitorios calculados hasta el 26/04/2018 por $2.364.903,95 y deja constancia de la reserva de aplicar sanciones del art. 20 del régimen penal tributario Ley 24.769.
3. Impuesto al Valor Agregado: se determinó de oficio las obligaciones de los periodos fiscales 3/2013 a 7/2013 estableciendo un impuesto a ingresar de $368.451,51 y por los periodos fiscales 8/2013 a 7/2014 por la suma de $355.472,40, con más la suma de $1.159.975,75 en concepto de intereses resarcitorios calculados al 26/04/2018 y se le aplica una multa de $736.903,02 por el periodo fiscal 2013 y de $670.944,80 por el periodo fiscal 2014 equivalente al 200% del gravamen evadido en los términos del art 46 de la Ley 11.683 con aplicación de la presunción del dolo del inciso c) del art 47.
Que la actora solicita se haga lugar al recurso de apelación y se revoquen los actos administrativos en crisis por los fundamentos que a continuación se exponen.
Sobre el contenido general de los tres actos administrativos, la recurrente manifiesta que han sido dictados con fundamentos sólo aparentes y con repudio de las normas tributarias aplicables. Asimismo, expresa que el Fisco Nacional pretende desconocer la autenticidad de los bienes adquiridos y abonados por Vaspia con argumentos encauzados hacia la conducta de los proveedores por los que la empresa -según la recurrente- no está obligada a responder. Expone que se ha utilizado la presunción de que el incumplimiento de los proveedores respecto de sus obligaciones fiscales, hacen falsas las compras de rezagos de metales castigando a Vaspia por la situación de terceros. También argumenta que el juez administrativo jamás explica como Vaspia podía tener conocimiento de las anomalías y demás maniobras que se describen con relación a los proveedores, y que en ninguna resolución se valora las facturas, órdenes de pago y recibos de compras que han cumplido con los controles que impuso el ente recaudador.
Sobre los créditos fiscales computados en el Impuesto al Valor Agregado y los gastos deducidos en el Impuesto a las Ganancias impugnados por el juez administrativo, la recurrente manifiesta que, según la tesis fiscal no estaría acreditada la veracidad de las compras pero entiende que este argumento es falso porque existen las constancias en el expediente. Argumenta que la impugnación de los créditos fiscales solo se apoya en la objeción de la conducta de los proveedores concluyendo que no tienen capacidad operativa que no significa económica para operar. Expresa que la dificultad del organismo recaudador en fiscalizar y percibir los tributos de parte de los proveedores no puede serle reprochado a su mandante, la cual dice acreditar que compró bienes que existieron materialmente y fueron ingresados a la planta de producción para afectación a la cadena de elaboración. Sobre la aplicación de Salidas No Documentadas, la actora expresa que no hay erogaciones carentes de documentación, y que no se ha demostrado la falsedad de la documentación existente como tampoco la falta de individualización de los beneficiarios de las erogaciones y que su mandante abonó sus compras con cheques. Sobre los intereses resarcitorios, la recurrente manifiesta que resultan confiscatorios por cuanto las tasas fijadas son muy superiores a las tasas consideradas aceptables de acuerdo a la ley de convertibilidad y superiores a las que el fisco devuelve a los contribuyentes en casos de repetición de tributos.
Sobre las multas aplicadas por presunta defraudación fiscal con presunciones de dolo en el Impuesto al Valor Agregado y en Impuesto a las Ganancias, resultan insostenibles pues las razones por las que se pretende sustentar la determinación de oficio se asientan sobre pilares muy endebles para provocar la mínima convicción de que en el caso se cometió defraudación fiscal.
La recurrente manifiesta que su empresa comenzó dedicándose a la fabricación y comercialización de válvulas de gas para garrafas y cilindros. Luego comenzó a crecer su producción, y actualmente con su fabricación de productos abastece a las principales empresas petroleras de la Argentina. Asimismo, opera formando parte de una cadena de comercialización del mercado de provisión de rezagos de metales y sus distintas aleaciones. Por ende, necesita comprar rezagos para desarrollar su actividad.
Así pues, la actora sostiene que el juez administrativo objeta a sus cinco proveedores solo por hipótesis tales como que los sujetos no han contestado sus requerimientos, que no han podido ser localizados, que presentan inconsistencias entre las retenciones y los débitos fiscales declarados en sus declaraciones juradas y que presentan datos discordantes entre sus depósitos bancarios y las ventas informadas.
Ello así que la recurrente señala que estos proveedores impugnados por la AFIP, no se encuentran en la base Apoc, por lo cual no son considerados sujetos con facturación apócrifa a la fecha en que Vaspia concertó operaciones comerciales. Asimismo, afirma que ha practicado retenciones a los proveedores observados y si eventualmente se confirmase los ajustes fiscales, éstos deben ser recalculados pues no han computado las retenciones impositivas practicadas a favor de esos sujetos proveedores.
En ese orden de ideas, la actora sostiene que la totalidad de las erogaciones efectuadas por Vaspia están debidamente documentadas, como lo demuestran las facturas, remitos y órdenes que se encuentran agregadas al expediente administrativo y que dicha documentación se encuentra registrada en los registros contables e impositivos de la empresa.
Además, agrega que las determinaciones practicadas por el Fisco Nacional son contrarias a las normas legales que en materia tributaria han sido objeto de análisis y por ende deben revocarse. Por lo cual en virtud del principio de accesoriedad resultan improcedente la aplicación de los intereses resarcitorios. La recurrente se agravia por la intimación practicada por el Fisco Nacional de los intereses resarcitorios por no existir mora culpable en su obrar y manifiesta que el incumplimiento no le es imputable a Vaspia pues el mismo se genera como consecuencia de un hecho ajeno (el incumplimiento de las obligaciones fiscales del proveedor).
Subsidiariamente, para el caso de confirmarse la procedencia de los intereses resarcitorios en lo que hace a su exigibilidad, la recurrente añade que se agravia a por resultar confiscatorios del derecho de propiedad.
Asimismo, solicita que se decrete la nulidad absoluta de los intereses. Alega que el funcionario al momento de intimar los intereses resarcitorios ha incurrido en el vicio de ausencia de notificación, desconociendo Vaspia como se han calculado, cual ha sido su base y los días de mora.
Afirma que las sanciones de multa son improcedentes pues junto con la determinación de oficio del Impuesto al Valor Agregado el juez administrativo sancionó a la empresa por presunta infracción del art 46 de la Ley 11.683 argumentando para sustentar la imputación en la propia diferencia de los tributos. Señala además que, el juez administrativo sancionó a Vaspia por presunta defraudación fiscal (art 47 Ley 11.683), y asevera que dichas multas son nulas, puesto que si el juez administrativo hubiese considerado que los hechos del caso encuadraban en la Ley Penal Tributario, debió abstenerse de iniciar los sumarios del art 70 de la Ley 11.683, como lo exige el art 20 de la Ley 24.769.
Por otro lado, la recurrente enuncia que no se ha probado la configuración de la acción típica en su faz objetiva, toda vez que, en el caso, el juez administrativo consideró impugnables los créditos fiscales declarados en IVA y gastos deducidos en Ganancias con base en la supuesta falta de autenticidad de los bienes vendidos y facturados, pero tal presunción se asienta en datos endebles –falta de ubicación de proveedores, falta de capacidad operativa- por cuanto no demuestra realmente que aun siendo anómalas esas facturas, el bien no se haya vendido y recibido y el precio no lo haya abonado a quienes le entregaron esos comprobantes respaldatorios (los proveedores cuestionados).
Finalmente, ofrece prueba documental, informativa y pericial contable.
En efecto y por lo expuesto precedentemente, solicita se haga lugar al recurso de apelación en todas sus partes, y se anulen y/o revoquen los actos determinativos de oficio por tratarse de créditos fiscales y gastos genuinos producto de compras de bienes acreditadas y reconocidas por el propio Organismo recaudador con expresa imposición de costas al Fisco Nacional.
Que, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal. Con costas.
II. Que a fs. 259/285vta contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, se rechace los planteos de la recurrente, que se confirmen los actos apelados, con costas.
En primer lugar manifiesta que las presentes actuaciones se originan como consecuencia de la fiscalización iniciada que abarcó el Impuesto al Valor Agregado por los periodos fiscales 03/2013 a 07/2014 y el Impuesto a las Ganancias periodos fiscales 2013 y 2014. La fiscalización actuante constató que la rubrada: 1)computó crédito fiscal improcedente durante los periodos 03/2013 a 07/2014 proveniente de compras y prestaciones de servicios supuestamente realizadas por supuestos proveedores en virtud de resultar dichas operaciones apócrifas. 2)computó gastos y costos en el Impuesto a las Ganancias ocasionados por operaciones que resultaron apócrifas en los periodos fiscales 2013 y 2014, no acreditando la existencia real de los gastos ocasionados por los bienes adquiridos de los proveedores. 3)efectuó erogaciones en los periodos fiscales 2013 y 2014, con sustento en comprobantes carentes de validez probatoria, por resultar apócrifos vinculados a operaciones cuya existencia no pudo ser comprobada adecuadamente. En consecuencia, el contribuyente dejó de ingresar los gravámenes pertinentes en su justa medida.
La representación fiscal afirma que los ajustes propuestos por el personal fiscalizador no fueron conformados por la responsable. Por lo cual se procedió a iniciar el procedimiento de determinación de oficio conforme arts 16 y 17 de la Ley 11.683 (to 1998 y sus modif).
Con fecha 30/10/2017 se le confirió al actor las vistas de su cargo y luego de solicitar ampliación del plazo, el 14/12/2017 la contribuyente contestó las vistas conferidas. Posteriormente, el 26/04/2018 el juez administrativo, teniendo en consideración los agravios vertidos por la recurrente en su descargo, procedió al dictado de las resoluciones aquí apeladas.
En consecuencia, el Fisco Nacional contesta los agravios expresados por la recurrente, en primer lugar, niega todos y cada uno de los hechos y derechos expuestos en la demanda. Manifiesta que conforme surge de los antecedentes administrativos, las tareas de fiscalización desarrolladas por el personal de la AFIP se han ajustado a la normativa en vigor y a parámetros de razonabilidad y legalidad. Sostiene que las resoluciones recurridas han desarrollado los fundamentos fácticos y jurídicos sobre los cuales se sustenta el criterio fiscal, de manera que por sí mismas son suficientes para responder eficazmente los agravios de la actora.
La representación fiscal señala que el proceso administrativo se ha desarrollado en un todo ajustado a derecho, conforme la normativa vigente, permitiéndole a la actora ejercer su derecho de defensa y lo mismo indica sobre las determinaciones impositivas llevadas a cabo por su mandante.
El Fisco Nacional agrega que al plantearse la nulidad se debe probar el perjuicio ocasionado y la lesión a un derecho constitucional, y añade que esa cuestión aquí no ocurre. Señala que en los actos recurridos no se han trasgredido las normas aplicables, encontrándose fundado en los hechos y antecedentes que sirven de causa expresándose en forma concreta las razones que indujeron a su emisión.
Señala, la representación fiscal sobre la cuestión de fondo que del análisis realizado por el juez administrativo, surge el carácter apócrifo de las operaciones impugnadas, por lo cual detalla a continuación la información brindada por el Fisco Nacional sobre cada uno de los proveedores.
En primer lugar, señala que el proveedor Berio Miguel Angel, se trata de un contribuyente inscripto, registrando como actividad la “venta al por mayor de productos intermedios NCP desperdicios y desechos metálicos”. Los antecedentes que dieran origen a la carga del proveedor en la Base E-Apoc son su condición actual, sin capacidad económica con resistencia a la fiscalización. Respecto de las declaraciones juradas presentadas sobre Valor Agregado, expone en la mayoría de las mismas una relación debido/crédito cercana a uno. Concluyendo que el supuesto proveedor no ha evidenciado poseer capacidad económica, financiera operativa ni infraestructura para vender la mercadería facturada.
En segundo lugar, expresa que Ferro Express SA, se trata de un contribuyente inscripto en la AFIP, registrando como actividades económicas la “venta al por mayor de metales y minerales metalíferos”. Se encuentra en la Base E-Apoc, del Organismo como usina empresa desactivada. Cabe destacar que un funcionario concurrió al domicilio fiscal sin ubicar a la rubrada. No posee empleados en relación de dependencia ni registra acreditaciones bancarias. Se constató que el Sr. Penelo Norberto era el representante legal de la sociedad y en el año 2012 transfirió el paquete accionario a otras dos personas por un valor de $25.000.
En tercer lugar, indica que Fap Construcciones SRL, se trata de un contribuyente inscripto en la AFIP registrando como actividad económica, la “construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales”. Figura cargado en la Base E-Apoc como usina empresa desactivada. Se pudo observar que los bienes registrables –vehículos- que la firma poseía al inicio de la fiscalización fueron transferidos a sus socios. Del informe surge que la contribuyente adopta una conducta de resistencia a la fiscalización con indicios de desactivación y reinicio de la actividad bajo otra razón social.
El cuarto proveedor es Aparicio Jose Alberto, respecto del cual dice que es un contribuyente inscripto en la AFIP registrado con la “actividad servicios de transporte urbano de carga”. El mismo figura cargado en la Base E-Apoc sin capacidad económica. De los antecedentes surge que su domicilio fiscal es una vivienda y su dueño le alquiló una parte para instalar una oficina que nunca operó y en cuanto al domicilio alternativo es inexistente. No registra pagos impositivos de ninguna índole y el total de las operaciones realizadas con él es de 16 siendo en la suma de $ 2.537.435,86.
Finalmente, Tedesco Paulo Adrian, afirma que se trata de un contribuyente inscripto en la AFIP, quien registra como actividad la “venta al por menor de productos intermedios NCP, desperdicios y desechos metálico”. Consta inscripto en la Base E-Apoc bajo condición: con resistencia a la fiscalización. Se pudo verificar que el proveedor no posee personal en relación de dependencia, no posee depósito para el tipo de mercadería que supuestamente vende y los depósitos bancarios son poco significativos respecto del monto de las operaciones realizadas. Respecto del circuito de pago, la representante fiscal manifiesta que los cheques aportados por Vaspia que respaldan los supuestos pagos efectuados a los proveedores bajo análisis, corresponden en su gran mayoría a instrumentos de terceros.
En las presentes actuaciones el Fisco Nacional expresa que la materia en discusión consiste en el cuestionamiento de las operaciones señaladas, resultando relevante destacar que dice la recurrente en ninguna instancia ha aportado elementos de entidad suficiente para probar la realidad de las operaciones cuestionadas. Concluye que, la impugnación del crédito fiscal y los gastos a partir del cuestionamiento de las operaciones efectuadas en cabeza de los supuestos proveedores y de las facturas respaldatorias, han demostrado el carácter de apócrifas de las mismas.
En cuanto a los agravios relativos a las multas, la representación fiscal sostiene que pretender que se traspolen sin más las conclusiones a las que se arriben en sede penal, resulta totalmente improcedente, habida cuenta que devendría en la anulación de la competencia de este Tribunal establecida en la Ley 11.683 en el entendimiento de causas en las que se haya realizado una denuncia penal, cuando el art 20 de la Ley Penal Tributaria refiere a la declaratoria de hechos de la sentencia penal y su vinculación con el sumario administrativo. Añade que en las registraciones y en las declaraciones juradas de la recurrente se incluyeron datos inexatos, por lo tanto incumbe a la contribuyente demostrar que de su parte no hubo intención de producir declaraciones engañosas, para eximirse de sanción.
En relación a los intereses resarcitorios el Fisco Nacional sostiene que no se ha hecho más que aplicar el art 37 de la Ley procedimental, que no habiendo el responsable dado cumplimiento a las obligaciones a su cargo, procede la aplicación de los mismos por la mora en que incurriera. Asimismo menciona que el incumplimiento de la obligación hace presumir la culpa según lo establecido en el art 509 del Código Civil y la excusación de la mora debe provenir de causas excluyentes de la mora tales como la fuerza mayor o el caso fortuito (art. 513 Código Civil).
Finalmente, se opone a la totalidad de la prueba ofrecida por la actora atento resultar dilatoria e improcedente y siendo innecesaria la prueba informativa, atento que obra en los antecedentes administrativos las inscripciones de los proveedores, las consultas CAI y la carga en la base EApoc, no siendo esos conceptos cuestionados en las presentes actuaciones, como asimismo en relación a los oficios referentes a las determinaciones practicadas a los supuestos proveedores, corresponde su rechazo por resultar violatorios del secreto fiscal tutelado en la ley 11.683. En el caso de la prueba pericial sostiene que resulta inconducente a los fines de dilucidar los hechos aquí discutidos, pero para el caso de no hacerse lugar a la oposición, el Organismo propone perito de su parte. Por lo expuesto solicita se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas, con costas a la actora. Hace reserva la cuestión federal.
III. Que este Tribunal resuelve el 12/02/2019 –fs. 292- de la oposición del Fisco Nacional a las pruebas ofrecidas por la actora, dar traslado a esta última por el término de ley. A tal efecto la recurrente contesta el traslado y manifiesta que el Fisco Nacional se opone a las pruebas ofrecidas cualquiera sea el caso o la controversia. Expresa que si su parte no puede producir la prueba que estima conducente para demostrar la improcedencia de la determinación ni en sede administrativa ni en sede del Tribunal Fiscal, no tendría sentido el proceso de determinación de oficio y la instancia jurisdiccional. Por lo tanto, solicita se rechace la oposición intentada por la accionada a fin de que en la etapa procesal correspondiente, se disponga la apertura de la causa a prueba.
En consecuencia, este Tribunal resuelve a fs 298 citar a las partes a una audiencia preliminar de prueba para el 21/5/2019, en la cual comparece solo la representación fiscal y el Tribunal decide que resolverá sobre la pertinencia y admisibilidad de la prueba ofrecida en el plazo fijado por el artículo agregado a continuación del art 173 de la ley de rito.
En rigor, el Tribunal resuelve el 24/5/2019 -fs 302- hacer lugar a la oposición del representación fiscal respecto de la prueba informativa y pericial ofrecida por la actora las que se rechazan por inconducentes y superfluas, y dispone que la causa se resolverá con las constancias obrantes en el expediente y en los antecedentes administrativos acompañados por el Fisco Nacional.
Así pues, la recurrente a fs. 305 interpone recurso de reposición contra dicho decisorio y el Tribunal resuelve su rechazo –vide fs. 309-.
Posteriormente, el Tribunal resuelve mediante PV-2021-74959707-APN-VOCV#TFN requerir al Fisco Nacional que en el término de diez días informe si la parte recurrente en autos regularizó los conceptos y montos discutidos en los términos de las Leyes 27.541 y 27.562.
La representación fiscal se presenta mediante RE-202181837309-APN-SGAI#TFN solicitando prórroga la cual el Tribunal resuelve concederla por PV-2021-82343714-APN-VOCV#TFN y finalmente mediante RE-2021-
85897514-APN-SGAI#TFN contesta que no se registra regularización de la deuda objeto del presente juicio.
IV. Que en atención al estado de la causa A fs. 329 se elevan los autos a consideración de la sala “B”, y a fs. 336 se llaman los autos a sentencia.
V. Que expuesto lo que antecede, cabe resaltar que las presentes actuaciones tienen su génesis en la fiscalización practicada a la encartada, a raíz de la detección de operaciones con contribuyentes incluidas en la base E-Apoc. La recurrente es una persona de existencia ideal, organizada jurídicamente como una sociedad anónima, cuya actividad principal declarada es la de “Fundición de metales no ferrosos, código CIUU 273.200” cerrando sus ejercicios comerciales en julio de cada año. La rubrada se presentó en concurso preventivo el 05/02/2013. Que a raíz de la verificación fiscal del 02/03/2015 se detectaron diferencias a favor del Organismo por el Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2013-2014 y de Impuesto al Valor Agregado periodo fiscales 10/2012 al 07/2014.
En dicho acto se procedió a requerir a la recurrente información respecto de su situación fiscal: 1) papeles de trabajo de liquidación del Impuesto a las Ganancias periodos 2013 y 2014. 2) libros IVA ventas y compras periodos 8/2012 a 7/2014. 3) Declaraciones Juradas de cuentas bancarias y acreditaciones en las mismas. 4) domicilios afectados a su actividad, detalle de bienes registrables y principales clientes y proveedores. De lo solicitado, la actora presenta toda la documentación el 01/04/2015.
Además, el Fisco Nacional le solicitó a la recurrente determinada información sobre algunos proveedores, la cual fue cumplida el 20/08/2015.
Es dable mencionar que, con el objeto de verificar la efectiva existencia de las operaciones entre los supuestos proveedores y la recurrente, se llevaron a cabo tareas de auditoría fiscal, observándose en las actuaciones administrativas los aspectos que a continuación se detallan:
Primero, Berio Miguel Angel, se trata de un contribuyente inscripto ante la AFIP. Registra como actividad económica la “venta al por mayor de productos intermedios NCP desperdicios y desechos metálicos”. Dicho proveedor obra en la base E-Apoc del Organismo con condición sin capacidad económica con resistencia a la fiscalización de fecha 05/10/2015. Se verificó que el señor Berio no posee depósitos bancarios, teniendo en cuenta la magnitud de las supuestas operaciones realizadas. No posee empleados en relación de dependencia. El total de las operaciones realizadas con Vaspia SA es de trece y asciende a la suma de $1.391.562,86. Asimismo, en la verificación de domicilio, los inspectores actuantes fueron atendidos por el señor Berio Miguel Angel quien declaró –vide fs. 56 cpo de proveedores (Berio Miguel Angel) de los antecedentes administrativosque nunca desarrolló la actividad de compra y venta de chatarras, que no gestionó la formación de actividad comercial en sociedad o en forma individual respecto a la actividad antes mencionada. Actualmente realiza la actividad de sereno para el señor Pereyra Eduardo José y anteriormente al trabajo mencionado realizó tareas varias en un corralón de materiales por quince años. Además, al inicio de la inspección se encontraban presentadas las declaraciones juradas correspondientes al periodo 2011 a 2013, no observándose pagos para el periodo analizado.
Dicho proveedor –Berio- no ha sido localizado en su domicilio fiscal, no posee solvencia patrimonial ni da cumplimiento a los deberes formales ante la AFIP. No posee bienes de uso propios y no ha aprobado fehacientemente el alquiler de los mismos para el desarrollo del supuesto servicio que realiza en cuanto a su actividad declarada. En los periodos 2011 a 2014 las presentaciones de las declaraciones juradas de IVA se encuentran presentadas con saldo a favor del contribuyente y no se observan pagos efectuados por las declaraciones juradas. No aporta documentación respaldatoria de los montos insertos en las declaraciones juradas de IVA ni de los registros IVA compras y ventas.
En efecto, se verificó que el señor Berio no posee depósitos bancarios, teniendo en cuenta la magnitud de las supuestas operaciones realizadas. Tampoco posee empleados en relación de dependencia y respecto de las declaraciones juradas presentadas sobre Valor Agregado, expone en la mayoría de las mismas una relación debido/crédito cercana a uno. No posee bienes de uso propios y no ha aprobado fehacientemente el alquiler de los mismos para el desarrollo del supuesto servicio que realiza en cuanto a su actividad declarada. En los periodos 2011 a 2014 las presentaciones de las declaraciones juradas de IVA se encuentran presentadas con saldo a favor del contribuyente y no se observan pagos efectuados por las declaraciones juradas. No aporta documentación respaldatoria de los montos insertos en las declaraciones juradas de IVA ni de los registros IVA compras y ventas. Finalmente, el supuesto proveedor no ha evidenciado poseer capacidad económica, financiera operativa ni infraestructura para vender la mercadería facturada.
Concluye el personal fiscalizador que el supuesto proveedor no posee capacidad económica, ni financiera, operativa ni infraestructura para vender la mercadería facturada, como tampoco pudo probarse su real existencia. Segundo, Ferroexpress SA, se trata de un contribuyente inscripto en la AFIP, registrando como actividad “venta al por mayor de metales y minerales metalíferos”. El mismo se encuentra en la base E-Apoc del Organismo con condición Usina Empresa desactivada cargada el 16/12/2013. Cabe destacar que personal del área investigaciones concurrió al domicilio fiscal sin encontrar persona alguna y sin cumplir con el requerimiento dejado a los pocos días modifica su domicilio. Independientemente de ello se pudo contactar al señor Penelo Norberto, quien era representante legal de la rubrada y mediante acta de constatación ha manifestado que fue integrante de FerroExpress SA hasta el 28/02/2012 y transfiere su paquete accionario a los señores Arias Oscar y Schadt Jorge por $25.000 y en dicho acto modifica el domicilio fiscal. No posee empleados en relación de dependencia ni acreditaciones bancarias ni ha realizado pago a la AFIP. El total de operaciones realizadas es cuatro por $667.059,69.
Asimismo, se constató que en el domicilio fiscal la firma no desarrolla actividad, y no pudo ser localizada en domicilios alternativos. Existió incumplimiento de requerimiento y falta de presentación de elementos que sustenten fehacientemente el desarrollo de su actividad. Se verificó aumento exponencial de ventas declaradas en IVA con posterioridad a la venta del paquete accionario en febrero de 2012. No registra pagos posteriores a 2011. La presentación de declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias Sociedades 2011 es cero. Durante 2012 declara dos personas en relación de dependencia desde mayo hasta diciembre y con posterioridad ya no declara personal. Por último, no se observan pagos correspondientes a ART, ni aportes sociales.
Tercero, Fap Construcciones SRL, se trata de un contribuyente inscripto en la AFIP y registra como actividad “construcción reforma y reparación de edificios no residenciales”. Dicho proveedor se encuentra en la base E- Apoc desde el 12/08/2012 y su condición actual es Usina Empresa Desactivada. El personal fiscalizador fue atendido por uno de sus socios el día del inicio de inspección y recepcionó la documental entregada manifestando que su actividad era construcción civil e industrial y siendo este el único contacto con la empresa y sus responsables. Se pudo observar que los bienes registrables –vehículos- que la firma poseía al inicio de la fiscalización fueron transferidos a sus socios. El total de las operaciones con la rubrada es de siete y ascienden a la suma de $228.903,77.
Cuarto, Aparicio José Alberto, se trata de un contribuyente inscripto en la AFIP y registra como actividad “servicio de transporte urbano de carga”. Se encuentra en la base E-Apoc cargado con condición actual: sin capacidad económica. Ante la visita del personal fiscalizador a su domicilio se pudo comprobar que se corresponde con una vivienda, y su dueño le alquiló una parte para instalar una oficina que nunca operó (solo por cuatro meses) y en ese momento se hallaba radicado en Mar del Plata mientras que el domicilio alternativo es inexistente. El total de operaciones realizadas con la empresa en de dieciséis y la suma asciende a $2.537.435,86. Asimismo, el domicilio de la razón social no corresponde actualmente a la misma. El responsable no posee bienes de ninguna clase, no posee consumos relevantes en ningún domicilio, no tiene acreditaciones bancarias desde 2008 y no ha ingresado ningún pago en el sistema en conceptos impositivos. Según las declaraciones juradas de IVA presenta una relación DF/CF Negativa. Presenta reiterados cambios de domicilios en breve tiempo y en el sistema de percepción de riesgo presenta un puntaje de 96 puntos.
Quinto, Tedesco Paulo Adrián, se trata de un contribuyente inscripto en la AFIP y registra como actividad “venta al por menor de productos intermedios NCP, desperdicios y desechos metálicos”. Dicho proveedor se encuentra registrado en la base E-Apoc cargado el 06/05/2015 mediante condición actual con resistencia a la fiscalización. Ante reiterados requerimientos realizados por el área fiscalizadora, el mismo no se ha presentado. Se observó que el señor Tedesco no posee personal en relación de dependencia, no registra información referente a que posea depósito para el tipo de mercadería que supuestamente vende y los depósitos bancarios son insignificantes respecto al monto de las operaciones realizadas. Es por ello que se consideró al señor Tedesco como un contribuyente apócrifo. El total de las operaciones realizadas con Vaspia SA es de cinco y asciende a la suma de $814.394,13.
Asimismo, de la documental aportada por la recurrente –facturas, remitos y recibos- no surge información de quien por ejemplo transportó la mercadería.
Respecto al circuito de pago, los detalles de cheques aportados por Vaspia SA que respaldan los “supuestos” pagos efectuados a los proveedores bajo análisis, corresponden en su gran mayoría a instrumentos de terceros, y en relación a los últimos firmantes de cada cheque, es decir quienes cobraron, se observó que los mismos no tienen actividad comercial vinculada con la rubrada.
Cabe destacar que la División Revisión y Recursos el 12/11/2014 determinó de oficio (en forma parcial) la obligación impositiva respecto del Impuesto a las Ganancias periodos fiscales 2008 a 2012, donde también se impugnaron proveedores por motivos similares a los actuales, donde se estableció un nuevo quebranto impositivo por el periodo fiscal 2012.
VI. Que corresponde entonces entrar al análisis de la cuestión de fondo, esto es, si la misma se ajusta o no a derecho, a tenor de los agravios formulados por la recurrente en su escrito de inicio, concretamente referidos a la tacha de apócrifos de los proveedores Berio Miguel Angel, Ferroexpress SA, Fap Construcciones SRL, Aparicio José Alberto y Tedesco Paulo Adrián.
Que entrando al análisis de la impugnación de los citados proveedores, corresponde señalar que a la luz de lo expuesto en el considerando precedente, su impugnación ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y que se trata de sujetos sin capacidad operativa, patrimonial y económica necesarias para efectuar las operaciones comerciales que registran con la actora.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar y evidenciar la sustantividad de las operaciones impugnadas por la inspección actuante, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo y en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Si bien el organismo fiscal no puede colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la existencia de las operaciones, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario. Que cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Que cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto, sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Que, en lo que respecta al IVA, conforme a reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Respecto a las afirmaciones de la actora en la cual ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió de los proveedores cuestionados, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993). Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde, además, se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada "realidad económica", corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas....".
Que formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad del sujeto emisor de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando su impugnación.
Que, no obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones por los proveedores impugnados, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos que ponen seriamente en duda que dichos terceros hayan sido los verdaderos proveedores de los servicios involucrados cuyo crédito fiscal se encuentra controvertido, frente a lo cual la recurrente no puede limitarse a manifestar que los indicios colectados por la fiscalización en su mayoría son imputables a terceros. Se debe recordar en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido recientemente a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50- M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25 de agosto de 2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” En efecto, el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones tal como pretende la recurrente (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
Que, por otro lado, en cuanto al cuestionamiento del Fisco Nacional respecto de la deducibilidad de los gastos efectuados en el impuesto a las ganancias, surge de autos que no sólo no se ha logrado probar que los sujetos mencionados en los comprobantes impugnados fueron los verdaderos prestadores de los servicios y, por ello, corresponde confirmar el ajuste del impuesto al valor agregado, sino que en virtud de la normativa del impuesto a las ganancias, no se han aportado elementos tendientes a acreditar que los bienes y servicios han sido efectivamente recibidos o prestados, ni se han arrimado elementos que acrediten el valor real de dichas operaciones, por lo que corresponde también confirmar este último ajuste.
Asimismo cabe poner de resalto que en casos como el presente cuando se trata de operaciones cuya impugnación fundamental se basa en que las irregularidades comprobadas dieron origen a considerar que las operaciones cuestionadas no fueron concertadas con los proveedores observados, se estima que no procede computar las retenciones oportunamente ingresadas que solo existieron para dar un viso de realidad a las operaciones fraudulentas y que han quedado en evidencia en la descripción de la maniobra detectada por el Fisco Nacional. Al respecto, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Molinos Río de la Plata SA” del 25/8/2015 y en “Compañía Argentina de Granos S.A. del 11/3/2021, la aquí recurrente carecería de legitimación para efectuar el citado reclamo en atención a que las retenciones ingresadas constituyen un anticipo del gravamen en cabeza de sus proveedores.
Que, en cuanto a la determinación de salidas no documentadas respecto de la facturación impugnada, corresponde señalar que tal como lo expresara con acierto el Dr. Torres, se trata de “un impuesto proporcional y real a la renta neta presunta que se atribuye al beneficiario oculto. Pero esta misma ocultación ha llevado al legislador a adoptar un arbitrio técnico de inobjetable razonabilidad, cual es el de indicar como sustituto tributario al pagador de la erogación quien desplaza así en la relación jurídica impositiva al verdadero contribuyente, esto es el beneficiario oculto o sustituido tributario” y recuerda que “el sustituto tributario debe ingresar el pago definitivo por la salida no documentada en el término de quince días desde que la erogación se efectuó (art. 52, último párrafo del decreto reglamentario)” (Torres, A.; “Salidas no documentadas”, D.T.E., setiembre 1990; pg. 232).
Que, al respecto cabe señalar que más allá de la carencia absoluta o simple falencia en la documentación que haga presumir su falsedad, debe analizarse si el pago es real o directamente simulado. Tener un comprobante de una erogación falsa equivale jurídicamente a no tener ninguno, desde que no puede identificarse, ni en un supuesto ni en otro, fehacientemente, al receptor de dicho pago.
Que en estas condiciones, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, cabe concluir que el hecho de la carencia o falencia de la documentación de la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto.
Al respecto resulta de aplicación la doctrina jurisprudencial sentada por la Ecma. Corte Suprema de Justicia en la causa “Red Hotelera Iberoamericana S.A”, sentencia del 26/8/2003, donde sostuviera que “Que en tales circunstancias resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.), ya que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario.”
Con respecto a los agravios de la recurrente por cuanto sostiene que en el caso los pagos correspondientes a las facturas impugnadas por el Fisco, se encuentran acreditados y que por lo tanto no pueden ser consideradas como salidas no documentadas, desde que es posible conocer a quien resulta ser el beneficiario definitivo y efectivo del importe, cabe señalar que la doctrina jurisprudencial sentada por la Ecma. Corte Suprema de Justicia en la causa “Red Hotelera Iberoamericana S.A”, antes citado, que “...los hechos probados en la causa llevan a coincidir con el criterio del organismo recaudador en cuanto a que los pagos efectuados ... carecen de documentación respaldatoria válida, ya que los instrumentos respectivos no son aptos para determinar cuál fue la contraprestación que la empresa actora recibió por ellos ni para individualizar al verdadero beneficiario de las erogaciones, más allá de quienes nominalmente recibieron los fondos. En efecto, al haberse realizado actos y emitido documentación carente de sinceridad, se ignora cuál ha sido la operación económica realmente realizada ..., y quiénes y en qué proporción han obtenido beneficios pecuniarios de ella.”
Que, esta posición se ve corroborada por la Corte Suprema de Justicia el 27/9/2011 al resolver in re “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI”, donde compartió los fundamentos expuestos por el dictamen de la Procuradora Fiscal, a los que se remite en mérito de brevedad, resolviendo a favor de la procedencia del ajuste y devolviendo los autos a la Cámara para que se pronuncie sobre la multa que el organismo fiscal pretende aplicar sobre tal concepto.
En el citado dictamen se sostuvo que “Ha interpretado el Tribunal que una salida de dinero carece de documentación, a los fines de la aplicación del art 37 de la ley del impuesto a las ganancias, tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario (Fallos: 326:2987, cons. 18°).”
“De lo expuesto se colige que ambos aspectos -la debida identificación de los beneficiarios y la demostración de la causa de la erogación- adquieren una importancia capital para dilucidar la aplicación del instituto.” “Por el contrario, advierto que la cámara realizó un estudio parcial y sesgado de la cuestión en un doble aspecto. Por un lado, tuvo por individualizado al beneficiario de los pagos únicamente sobre la base del informe pericial contable producido en la misma, cuyo contenido, a mi modo de ver, resulta notoriamente insuficiente para tal fin. Por el otro, omitió todo análisis respecto de la causa de las erogaciones impugnadas."
“En efecto, como lo reconoce el propio pronunciamiento recurrido, el informe pericial se limitó a especificar que la actora llevaba sus libros en legal forma, que los pagos efectívamente se realizaron, que se emitieron los comprobantes y facturas respectivos, que ellos fueron debidamente registrados, que se practicaron las retenciones del impuesto a las ganancias por esos abonos y que ellas fueron ingresadas al Fisco. Observo que con estas aseveraciones habrá quedado eventualmente acreditada la salida del dinero mas no, como era menester, la individualización de su receptor ni tampoco la real existencia y la materialidad de las operaciones que originaron ese movimiento de fondos.”
Allí se agrega que “...frente a la impugnación que el Fisco Nacional realizó de la documentación en trato, basada en razones sustantivas y no en meras cuestiones formales, estimo -como también oportunamente lo señaló el Tribunal Fiscal (cfr. fs. 597 vta.)- que estaba a 'cargo del contribuyente el deber de individualizar al beneficiario de las salidas no documentadas no sólo nominalmente, sino también por medio de la acreditación de la realidad de los servicios prestados, (Fallos: 326:2987, cons. 17°)...”.
“En síntesis, ante la impugnación sustantiva del Fisco Nacional -quien imputa que las operaciones económicas y la documentación recibida por Interbaires S.A. carecen de sinceridad- el contribuyente debía probar por otros medios que tales erogaciones fueron realmente efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas (arg. art. 37, ya citado), carga con la que no cumplió, por lo que, según estimo, su suerte adversa en esta controvesia queda definitivamente sellada.”
Se agregó además que “En concordancia con lo resuelto por V.E. en Fallos: 326:2987 (en especial, cons. 10), pienso que este simple acto de cobro bancario ... no puede mejorar la suerte de la impugnación basada en la total orfandad probatoria en torno a los referidos servicios concretos que se dicen haber prestado.”
Que como puede apreciarse, no existen elementos de juicio contundentes que permitan identificar sin hesitación al verdadero beneficiario de las erogaciones; ni, como ya se advirtió, se aprecian circunstancias fácticas coherentes que permitan colegir la causa de aquellas.
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde confirmar los actos apelados en cuanto determinan el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganancias e Impuesto a las Ganancias Salidas no documentadas. Con costas.
VII. Que, respecto de los intereses resarcitorios sobre los cuales se solicita una morigeración por considerárselos confiscatorios, cuadra señalar que, amén de ser una mera manifestación del recurrente sin sustento probatorio de ninguna índole en orden a una eventual confiscatoriedad, la que igualmente aparece como de harto dudosa verificación en la especie.
Es dable destacar que es necesaria la demostración de que el gravamen cuestionado excede la capacidad económica o financiera del contribuyente; en el caso de marras se evidencia la inexistencia de una prueba cabal que permita demostrar la absorción —por parte del Estado— de una parte sustancial del capital o de la renta, en las condiciones requeridas por la jurisprudencia de la Corte, En esta línea, es inveterada jurisprudencia de que la confiscatoriedad acaece frente a una absorción, por parte del Estado, de una porción sustancial de la renta o del capital (Fallos: 314:1293 y sus citas; 322:3255, entre muchos otros), por lo que el planteo de la actora debe ser rechazado en este sentido.
Cabe señalar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. Por otra parte, cabe señalar que la CSJN ha señalado que “Es evidente entonces que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con prescindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la corte en otros precedentes..., se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
En cuanto al planteo de nulidad de la recurrente por cuanto sostiene que no fueron acompañadas a las resoluciones las planillas con la formación de cada importe final corresponde destacar que conforme surge de los actos resolutorio de vista, en estos se indica claramente la base detalle de cálculo de intereses resarcitorios conforme artículo 37 de la Ley 11683 -t.o. En 1998 y sus modif. (fs. 10 Cuerpo Ganancias SND a.a., fs. 10 Cuerpo IVA a.a., fs. 1223 Cuerpo Impuesto a las Ganancias a.a.). Atento lo expuesto precedentemente resulta improcedente el planteo formulado por la actora, debiendo rechazarse el mismo.
VIII. Que resta tratar el aspecto sancionatorio, concretamente las multas impuestas en el Impuesto a las Ganancias e Impuesto al Valor Agregado.
En primer lugar cabe dejar sentado que únicamente el Fisco Nacional procedió a realizar denuncia penal por evasión agravada en el caso de Salidas No Documentadas, haciendo reserva en el acto determinativo de tal tributo de la aplicación de sanciones en orden a lo establecido en el art. 20 de la Ley 24.769.
En cambio, respecto del Impuesto a las Ganancias e Impuesto al Valor Agregado no se formuló denuncia penal, encontrándose por lo tanto facultado el juez administrativo para resolver el aspecto sancionatorio en tales tributos Que entrando al análisis de las sanciones aplicadas, cabe recordar que el artículo 46 de la ley de rito sanciona a quien mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa defraudare al Fisco. Ahora bien, las formas genéricas del fraude son el ardid y el engaño, que tienen como finalidad hacer creer a la víctima o mantenerla en la creencia o reforzarla en su creencia de que lo que no es verdadero lo es. Pero el ardid o el engaño han de ser “idóneos”, esto es aptos para inducir a error, en el caso, al organismo especializado en la fiscalización y recaudación tributaria.
Es decir, para que se configure el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley 11683, se requiere no sólo la intención de evadir el pago del impuesto, sino que también se exige un plus representado por la existencia de un ardid o engaño realizado por el sujeto activo del ilícito con el objeto de generar un error en la víctima de aquél. No toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un supuesto de defraudación fiscal, sino sólo aquella evasión que va acompañada de un artificio dirigido a evadir el tributo (ver en tal sentido CNCAF, Sala I, in re “Georgalos Hnos S.A.I.C.A.” con fecha 1/10/2008).
Que por su parte, tal como sostuvo la Sala V in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) cabe dejar en claro que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314. b) En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
Que no puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la respectiva resolución y que particulariza en el ajuste practicado, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. Cabe destacar, en este orden de ideas, que la conducta de la recurrente constituye una maniobra por la que se perjudicó al Fisco Nacional, por lo que ha sido correctamente subsumida en la figura prevista en el citado artículo 46, la que se encuentra por otra parte, debidamente graduada en el mínimo legal.
Que atento lo expuesto precedentemente SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuesto e intereses resarcitorios y aplican multas. Con costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.04.11 13:01:09 ART Date: 2022.04.11 16:33:07 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.04.12 09:26:12 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.04.12 09:26:22 -03:00
Fin de la sentencia