Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 25.562-I
Lo que resolvió el tribunal
I. Confirmar la resolución apelada con respecto al impuesto determinado y los intereses resarcitorios, con costas al apelante.
III. Reencuadrar la conducta de la actora en el tipo infraccional del art. 45 de la ley de rito respecto de la multa aplicada, graduándose la misma en el mínimo legal de la escala, imponiéndose las costas a la parte actora en lo que se confirma y por su orden en lo que se revoca.
I. Que a fs. 19/46 el contribuyente Lutz, Juan Jacobo presenta recurso de apelación impugnando la Resolución Nº 164/2014 (DV RR1P) expedida por la Dirección Regional Palermo (Ciudad Autonoma de Buenos Aires) de A.F.I.P. en la cual se le determina en forma parcial la materia imponible en el impuesto sobre los bienes personales, período fiscal 2007, por la suma de pesos ciento veintiocho mil setecientos noventa y dos ($128.792,00) y período fiscal 2008, en la suma de pesos quinientos sesenta y seis mil ochocientos noventa y nueve con noventa y tres centavos ($566.899,93); con más la suma de pesos ochocientos setenta y ocho mil trescientos treinta y dos con sesenta y ocho centavos ($878.332,68) en concepto de intereses resarcitorios y le aplica sanción de multa, encuadrando su conducta en las previsiones de los artículos 46 y 47 inc. c) de la Ley Nº 11.683.
Con carácter previo, opone la excepción de prescripción prevista en el art. 171, segundo párrafo, inc. g) de la ley 11.683, planteando que las acciones y poderes del Fisco Nacional para exigir el impuesto con respecto al período fiscal 2007, se encontraban extintas.
Señala que el término de prescripción de cinco años comenzó a correr el 01/01/2009 y se cumplió el 01/01/2014, notificándose la Resolución Nº 34/2014 (DV RR1P) -de Vista- el 19/03/2014, cuando de acuerdo con la normativa contenida en la ley 11.683, los poderes del fisco para exigir el pago se encontraban prescriptos. Agrega que no se ha producido hecho u acto alguno, suspensivo y/o interruptivo del curso de la prescripción, hasta las fechas antes indicadas.
En apoyo de sus argumentos, expresa que no resulta aplicable a su caso la suspensión del curso de la prescripción por un año prevista en el artículo 17 de la ley 26.860, fundándose en lo expuesto en el debate parlamentario en el cual el diputado Pinedo expresó “parecería mucho más razonable que quede claro que esta extensión del plazo de prescripción se refiere a los que se acojan al régimen de blanqueo”.
En lo relativo al fondo de la determinación, sostiene que el organismo fiscal ha efectuado una intelección equivocada de la conducta desplegada, sin valorar la prueba documental agregada a los antecedentes administrativos. Asevera que durante los períodos fiscales en controversia, realizó colocaciones financieras en el Banco J. P Morgan y que en noviembre de 2007, compró bonos de Austria con el rendimiento de aquellas inversiones, los que por vigencia del Convenio Para Evitar la Doble Imposición suscripto con aquel país, se encontraban exentos del impuesto sobre los Bienes Personales en Argentina. Y, en enero del 2008, aquellos bonos se amortizaron, generando renta, según obra acreditado en las declaraciones juradas presentadas ante la AFIP.
Afirma que las operaciones financieras concretadas, no pueden ser catalogadas como evasivas de impuesto o abusivas del Convenio, toda vez que se correspondieron con una planificación impositiva acorde a los términos de la legislación vigente, haciendo un uso adecuado de la elusión tributaria, sin transgredir el derecho aplicable.
Manifiesta que los argumentos del organismo fiscal para llevar adelante el ajuste se sustentan en la aplicación de la presunción contenida en el articulo 30 del Decreto Reglamentario de Bienes Personales, a la que impugna de inconstitucional por vulnerar el principio de legalidad, y en consecuencia, inaplicable a su caso. En tal sentido, niega haber construido una maniobra de evasión haciendo abuso del convenio suscripto entre Argentina y Austria. Finalmente, rechaza la multa aplicada reiterando que no ha existido ningún ánimo de evasión ni incumplimiento de las obligaciones a su cargo. Sostiene que no se configuran los elementos objetivo y subjetivo del tipo y que el fisco no ha logrado identificar fehacientemente el indicio en el que apoya la tipificación de la infracción. En subsidio, requiere el encuadre de su conducta en las previsiones del artículo 45 por la existencia de un error excusable.
Cita jurisprudencia. Formula reserva del caso federal. Solicita se revoque íntegramente la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 65/81, la representación fiscal contesta el recurso cuyo traslado le fue conferido.
Rechaza el planteo de prescripción, aseverando que a la fecha de la emisión de la resolución apelada, las acciones y poderes del Fisco Nacional para determinar de oficio y/o aplicar sanciones en el impuesto sobre los bienes personales, período fiscal 2007, se encontraban expeditas, citando la normativa aplicable prevista en la ley 11.683. En cuanto al curso de la prescripción, sostiene se inició el 24/12/2009 y que fue suspendido en tres oportunidades: (i) Por el lapso de un (1) año en virtud de la disposición contenida en el artículo 44 de la ley 26.476 (del 24/12/2008 al 24/12/2009); (ii) por el lapso de un (1) año en mérito de lo dispuesto por el artículo 17 de la ley 26.860 (del 03/06/2013 al 03/06/2014); y (iii) por el lapso de ciento veinte (120) días desde la notificación de la vista en fecha 19/03/2014. Ello así, afirma que la resolución apelada fue emitida dentro del plazo de cinco años previsto en la ley de rito. Respecto de las suspensiones anuales contenidas en las leyes 26.476 y 26.860, explica que resultaban de aplicación a todos los contribuyentes sin distinción, haciendo hincapié en el carácter general que se encuentra establecido en la letra de las citadas normas. En sustento de su postura, invoca el precedente “Fisco Nacional (DGI.) c/ Distribuidora El Plata SRL. s/ ejecución fiscal” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En lo relativo al fondo del ajuste, sostiene que del análisis de los hechos y la documentación aportada por la actora, la fiscalizacion logró detectar la maniobra desplegada por el contribuyente, consistente en invertir a lo largo del año en diversas especies, que si las hubiese mantenido al cierre del ejercicio, se encontrarían gravadas con el impuesto sobre los bienes personales. Que dicha maniobra consistiría en que cerca de fin del ejercicio fiscal (noviembre) adquirió bonos de la República de Austria -exentos en el impuesto- y luego, al inicio del ejercicio siguiente (enero), con el producido de aquellos, vuelve a invertir en títulos de diversas características que le aportaban renta en el impuesto a las ganancias. Señala que la citada operatoria es reiterada en los dos períodos bajo verificación.
Explica que durante los períodos en pugna, se encontraba en vigencia el Convenio Para Evitar la Doble Imposición, suscripto entre la República Argentina y la República de Austria, cuyo artículo 11 establecía que los rendimientos de los bonos en cuestión se encontraban gravados en el pais en el cual se generaban, es decir en Austria. Manifiesta que la ley de impuesto sobre los bienes personales contiene una fecha de corte para la medición del patrimonio y su valuación, y que no se trata de cualquier momento del año fiscal, ni ha sido dispuesta en forma arbitraria por el legislador. Expresa que la fecha del 31 de diciembre que consigna la norma, es indicativa del estado de situación patrimonial del sujeto que se cuantifica año a año para establecer la medida de su capacidad contributiva y ella tiene efectos en todos los impuestos nacionales de período anual.
En tal sentido, defiende el ajuste sustentado en la aplicación del artículo 30 del decreto reglamentario, afirmando que se trata de una presunción con la cual el Poder Ejecutivo ha venido a receptar la experiencia de evasión recogida de la práctica, relativa a la observación de la variación de los patrimonios a lo largo del año fiscal a los fines de detectar un propósito de evasión.
Concluye que, en razón de los hechos detectados, el contribuyente no ha utilizado la regulación contenida en el Convenio con el ánimo de operar bajo las condiciones de libertad de comercio que garantiza la Constitución Nacional, sino mediante un abuso de ella propiciando la ilegalidad mediante la evasión impositiva.
Rechaza el planteo de inconstitucionalidad del art. 30 del decreto reglamentario del impuesto y recuerda que este Tribunal no tiene facultades para expedirse sobre la inconstitucionalidad de las normas, encontrándose reservado tal control a los Tribunales de Justicia.
Finalmente, ratifica la aplicación de la sanción por entender que se configuran los elementos objetivo y subjetivo de la conducta infraccional que se le endilga.
Cita jurisprudencia. Acompaña los antecedentes administrativos. Hace reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución recurrida en todas sus partes, con costas al apelante.
III. Que a fs. 94 se elevan las presentes actuaciones a conocimiento de la Sala “B” y a fs.------- se disponen los autos para el dictado de sentencia.
Que, en primer lugar, deben establecerse las cuestiones a resolver en la presente sentencia.
Primera Cuestión: por razones de lógica precedencia, corresponde dar en primer término tratamiento al planteo de prescripción interpuesto por el apelante respecto de la determinación del impuesto por el período fiscal 2007. Segunda Cuestión: en su caso, corresponderá analizar si el impuesto determinado se ajusta a derecho. Tercera Cuestión: si la determinación de oficio resultara procedente, corresponderá dilucidar si se encuentran prescriptos las acciones y poderes del fisco nacional para aplicar sanciones respecto al período fiscal 2007. Cuarta Cuestión: de no encontrarse prescriptas, corresponderá decidir si la sanción de multa se encuentra correctamente aplicada.
A la primera cuestión, el Dr. Magallón dijo:
Que corresponde entonces expedirse sobre la cuestión previa introducida por la parte actora, en tanto plantea prescripción de los poderes y facultades del fisco nacional para determinar el impuesto por el período fiscal 2007. Ello así, a efectos de aplicar el ordenamiento jurídico vigente al caso bajo análisis, se impone atender a la plataforma fáctica que lo identifica, la que a continuación se describe:
i) El impuesto determinado corresponde a bienes personales, período fiscal 2007, razón por la cual el cómputo del término se inició el 01/01/2009 (art. 57, ley 11.683).
ii) El 03/06/2013 el Congreso de la Nación sancionó la ley N° 26.860, que en su artículo 17 dispuso con carácter general la suspensión por un año del curso de la prescripción, computada desde la publicación de la norma en el boletín oficial.
iii) El 19/03/2014 el organismo fiscal notifica la Vista y seguidamente, el 18/12/2014 notificó la resolución determinativa de oficio que se apela en los presentes autos.
Concretamente, debe examinarse si la acción del Fisco Nacional para determinar el impuesto se encontraba prescripta - tal como sostiene la actora- al momento del dictado de la resolución en crisis.
A ese fin y ante todo, cabe prevenir que el juzgador no está obligado a pronunciarse sobre todas las articulaciones de las partes, sino solamente sobre aquellas que estime conducentes para fundar su decisión (conf. CSJN in re "Sopes Raúl Eduardo c. Administración Nacional de Buenos Aires" sentencia del 17/11/87, Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal sala V “Tunesse, María del Carmen Flavia c. Ministerio del Interior s/juicio de conocimiento” sentencia del 13/4/98, “Manzino, Silvia B.”, T.F.N., Sala “D”, sentencia de fecha 17/03/2006, entre otros).
Del relato de los antecedentes emerge que las partes discrepan en torno a la viabilidad de la aplicación al caso de la suspensión del curso de la prescripción, en razón de lo dispuesto por la citada ley de blanqueo, sancionada en fecha 03/06/2013. Cabe recordar que el citado precepto dispone en su art. 17: “Suspéndase con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”.
En tal sentido, cabe anticipar que el agravio introducido por la apelante -según el cual resultaría inaplicable a su caso lo previsto en el transcripto artículo 17- no puede prosperar. Ello así, por cuanto la postura asumida por la recurrente en torno al alcance de la expresión “con carácter general” no es aquí compartida, en virtud de que el texto legal que nos ocupa es, indudablemente, de una claridad meridiana. Como es sabido, cuando una norma es clara en su formulación y sus alcances no ofrecen inconvenientes interpretativos, no cabe sino su directa aplicación (Fallos 308:1745; 320:2145). En efecto, acudir a los debates parlamentarios -como lo propone el apelante- con el fin de llevar a cabo una innecesaria interpretación de la norma cuando, tanto su texto como su sentido y alcance no ofrece dudas, no obedece a una buena hermenéutica jurídica.
Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la primera fuente para determinar tal voluntad es la letra de la ley (Fallos: 299:167), cuyas palabras deben ser comprendidas en el sentido más obvio del entendimiento común (Fallos: 306:796, consid. 11 y sus citas) sin que quepa a los jueces sustituir a aquél, sino aplicar la norma tal como éste la concibió (Fallos: 300:700); las leyes deben interpretarse conforme al sentido propio de las palabras que emplean sin molestar su significado específico (Fallos 295:376), máxime cuando aquel concuerda con la acepción corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico vigente (Fallos 295:376). Acerca de esto último, cabría adicionar que la cuestión que aquí se debate ya ha merecido tratamiento por parte del Máximo Tribunal, en ocasión de establecerse similares alcances para la ley 23.495 del año 1987 –que instauró un régimen de normalización impositiva y cuyo artículo 49 establecía que se suspendía “con carácter general por el término de 1 (un) año, el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación percepción y fiscalización está a cargo de la Dirección General Impositiva y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”– resolviéndose que la suspensión del curso de la prescripción prevista en el artículo transcripto alcanzaba a la generalidad de los contribuyentes, toda vez que no se había establecido vinculación exclusiva entre la suspensión y los contribuyentes que hubiesen ejercido el derecho de acogerse al régimen de normalización tributaria (Fallos 314:1656).
Vale destacar que dicho criterio fue ratificado por el mismo tribunal in re “AFIP-DGI c/Paredes Cereales Sociedad Anónima s/recurso extraordinario” del 15/10/15 –adhiriendo al dictamen de la Procuración General de la Nación del 29/5/15–, en donde, con relación al artículo 44 de la ley 26.476 –similar al que aquí incumbe–, se pronunció por la aplicación literal del precepto.
Ello así, cabe concluir que la suspensión anual resulta plenamente aplicable al presente caso, por ser aquella de carácter general, no siendo condición para ello que el contribuyente hubiera adherido al régimen de blanqueo contenido en la ley. Por lo considerado, a los fines de resolver la excepción planteada, incumbe exponer el cómputo de la prescripción según el criterio establecido en las consideraciones que preceden, apartándonos de los argumentos desplegados por las partes.
El 01/01/2009 se inició el cómputo del término, presentándose al 03/06/2013 la primera causal de suspensión, en razón de la publicación en el Boletín Oficial de la ley 26.860, que en su artículo 17 disponía, para todos los contribuyentes, un año de suspensión de los plazos en curso. Cabe precisar que, hasta operada la citada suspensión, habían transcurrido cuatro años y cinco meses del término previsto en el artículo 57 de la ley 11.683. Una vez reanudado el plazo el 03/06/2014, ocurre que el 18/12/2014 se notificó la resolución determinativa de oficio, habiendo transcurrido hasta entonces cuatro (4) años, once (11) meses y nueve (9) días del plazo prescriptivo de cinco años establecido en la ley de rito.
Del análisis propuesto se colige que a la fecha de notificación de la Resolución Nº 164/2014 (DV RR1P), las acciones y poderes del fisco para determinar de oficio el impuesto se encontraban expeditos. En consecuencia, corresponde rechazar la excepción de prescripción planteada por la parte actora.
Toda vez que el planteo de prescripción no fue tratado como de previo y especial pronunciamiento sino como una defensa más frente a la pretensión fiscal, no puede considerarse de forma escindida o autónoma respecto de la unidad de la sentencia a los efectos de la imposición de costas (arg. C.S.J.N, in re “Colorín IMSSA (T.F.N 24.123-I) c/DGI” sentencia del 2 de Julio de 2013).
A la primera cuestión, los Dres. Pérez y Porporatto dijeron:
Que adhieren a los fundamentos esgrimidos en el voto precedente, por los cuales corresponde rechazar la prescripción opuesta por el recurrente.
A la segunda cuestión, el Dr. Magallón dijo:
Que atento el resultado del tratamiento de la primera cuestión, corresponde ahora adentrarnos al estudio de la controversia de fondo, a efectos de dilucidar si las operaciones financieras desplegadas por el contribuyente han significado el perfeccionamiento de la presunción sobre variaciones patrimoniales prevista en el artículo 30 del Decreto Nº 127/96, reglamentario del impuesto sobre los bienes personales.
Que según emerge del Informe Final de Fiscalización de fecha 03/04/2012 (fs. 804/809 del Cuerpo IV de Bienes Personales) el origen de los presentes actuados se encuentra en la denuncia realizada en el Diario Crítica, según la cual, el contribuyente poseía la cuenta Nº220497738 en el JP Morgan Chase Bank NA.
Se explica que el contribuyente se encuentra inscripto ante la AFIP, teniendo como actividad principal “Servicios N.C.P”, siendo inversionista de la Banca Morgan. La hipótesis de inconsistencia analizada por la fiscalización radica en que tiene inversiones en bonos de Austria durante los ejercicios 2007 y 2008, exentos del impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales, estimando que se configura la presunción establecida en el artículo 30 del Decreto reglamentario de la ley del impuesto sobre los bienes personales, en cuanto a que fueron realizadas al solo efecto de evadir el impuesto.
En el marco de la fiscalización, se requirió al contribuyente que aporte el detalle de las cuentas bancarias y colocaciones en bonos de Austria. El contribuyente cumplió con los requerimientos, aportando los extractos bancarios de sus cuentas en la Banca JP Morgan, como así también de las cuentas en entidades bancarias situadas en el país; asimismo aporta detalle de las inversiones en la Banca Morgan, especies y rentas obtenidas derivadas de las mismas. Que la fiscalización, teniendo en cuenta la documentación aportada y efectuando un análisis de las inversiones realizadas, concluye que a lo largo del ejercicio anual puede observarse que el contribuyente invierte en distintas especies, que de mantenerlas en su patrimonio al cierre del ejercicio, se encontrarían alcanzadas por el impuesto sobre los bienes personales.
Es por tal motivo que deducen que con las colocaciones en bonos austríacos efectuadas sobre el cierre de los ejercicios 2007 y 2008, se configuraría la presunción prevista en el referido artículo 30 del Decreto, infiriéndose que éstas fueron realizadas al solo efecto de eludir el impuesto del acápite, dado que en corto plazo y al inicio del ejercicio siguiente, según se observa en los listados aportados, se reinvierten para adquirir nuevamente títulos de diversas características. Expresa que se encuentra detallado que el capital invertido a lo largo de los años 2007 y 2008, en las distintas especies, dan cuenta de colocaciones por períodos mensuales.
Que según lo expuesto, a juicio de este tribunal, cabe adelantar que asiste razón al organismo fiscal, en tanto el ajuste se sustenta en la constatación de operaciones financieras llevadas a cabo por el apelante que implican variaciones patrimoniales ejecutadas con el deliberado fin de eludir el pago del impuesto, sin que esta calificación haya sido desvirtuada en autos por el recurrente.
Que a fs. 598/748 de los Cuerpos III y IV de Bienes Personales obran agregados los extractos bancarios de la cuenta del contribuyente en el J.P Morgan Bank, que reflejan que en los años 2007 y 2008 efectuó colocaciones financieras - gravadas en bienes personales- dentro de un fondo de inversión, estimándose al inicio de cada período una tasa de interés anual que proyectaba la renta a generarse. Antes de la finalización del año -en ambos períodos fiscales- el recurrente procede a colocar el producido de las citadas inversiones en la compra de Bonos de la República de Austria, los que se encontraban exentos en el impuesto a los bienes personales, en razón de la vigencia del artículo 11 del Convenio para Evitar la Doble Imposición suscripto por la República Argentina con el mencionado país (Ley 22.589). En primer lugar y a los fines de una mejor compresión de las operaciones que nos ocupan, cabe definir una serie de conceptos involucrados en ellas. Los bonos de Austria -en controversia en autos- revisten la calidad de “bonos cupón cero” (ver traducción a fs. 887/892). Los títulos emitidos bajo aquella modalidad no cortan cupones periódicamente para el pago de intereses, y son vendidos en el mercado con un descuento sobre su valor nominal. La rentabilidad está dada por la diferencia entre el valor par del título y el valor o precio de mercado (GIVONE, Horacio E. “Bonos: conceptos y características”; La Ley - Thomson Reuters, CHECKPOINT.
https://economicas.unsa.edu.ar/afinan/afe_2/material_de_estudio/material/BonosConcepto sycaracteristicas.pdf). Concretamente, se trata de un bono que no paga intereses durante su vigencia, los cuales se perciben íntegros a su vencimiento, con la amortización del principal. De hecho, es el tipo de amortización de estos títulos lo que representa su distinción con respecto a otros, pues frente al esquema tradicional de amortización periódica (un año, seis meses, tres meses o todos los meses), estos se devuelven íntegramente a su vencimiento, incluyendo el capital invertido con más sus intereses (DE LA FUENTE, Osvaldo; “Títulos Públicos”, publicado online: Portal Zona Económica https://www.zonaeconomica.com/titulos-publicos ).
Que teniendo presente las definiciones expuestas, cabe señalar que la amortización “cupón cero” consignada en la traducción de los extractos bancarios aportada por el contribuyente, significa el pago de la renta generada por la colocación del bono estatal, a su vencimiento. Esa renta incluye, como fue explicado en el párrafo precedente, el capital invertido con más la diferencia generada por la compra del bono a descuento respecto de su valor nominal. Que seguidamente corresponde reseñar -paso a paso- las operaciones perfeccionadas por el apelante que motivaron las observaciones de la fiscalización:
(i) Inicia el año 2007 efectuando inversiones a corto plazo en un fondo del JP Morgan Bank;
(ii) El 23 de noviembre de 2007 (fs. 658/661) compra, con el producido de las colocaciones en el citado fondo, el bono de Austria;
(iii) El 23 de enero de 2008 opera el vencimiento del título público austríaco y se deposita el pago de la renta generada (cupón cero);
(iv) Iniciado el año 2008, el monto generado por el bono es nuevamente colocado en diversas inversiones a corto plazo, a lo largo del año;
(v) El 23 de diciembre de 2008 (fs. 743/746), repite idéntica operatoria que la realizada el año anterior, reinvirtiendo lo producido por las diversas colocaciones, en la compra del bono de Austria.
(vi) El 26 de enero de 2009 opera el vencimiento del título y se deposita la renta generada por aquel -cupón cero- (fs. 887).
(vii) Lo depositado por la realización del bono, se vuelve a invertir en las colocaciones del Fondo del J.P. Morgan Bank, en idénticos términos que el período precedente.
En función de los hechos descriptos y demás constancias de estos autos, no caben dudas de que, aun cuando existe controversia entre las partes con respecto a la referida “amortización” consignada en los extractos de los meses de enero de 2008 y 2009, asiste razón al organismo fiscal cuando puntualiza que la renta depositada es reinvertida, pues de los referidos documentos emerge que el producido por el título es colocado en otras inversiones, conducta que el apelante reitera en ambos períodos.
Otro dato relevante que puede extraerse del análisis de los extractos bancarios -aun cuando no lo haya señalado la fiscalización- es que la rentabilidad de las colocaciones efectuadas en el fondo del J.P. Morgan a lo largo del período previo a la compra del título público austríaco, es mayor a la que le otorga el bono de Austria en ambos años, conforme surge de una comparación de la renta mensual estimada de tales inversiones (vide fs. 681, 601, 207 y 663 de los antecedentes administrativos).
Que frente a ello y teniendo en consideración la norma del art. 30 del D.R., el contribuyente no desplegó argumentos ni aportó documentación a efectos de exponer cuál era su plan de negocio o los fines económicos/financieros que lo llevaron a optar por unas u otras colocaciones frente al abanico de oportunidades que le brindaba el mercado. Tampoco ha esgrimido las razones de oportunidad y conveniencia que lo llevaron a desplegar idéntica operatoria en dos años consecutivos, es decir, posicionar sus activos en bonos exentos muy próximamente a la finalización del período fiscal, excluyendo temporalmente de su patrimonio y por muy breve lapso los activos gravados con la intención de eludir el impuesto, según lo presume la AFIP con sustento en la norma sobre las variaciones patrimoniales.
Que la sola mención de la existencia de un tax planning -tal cual lo arguye el apelante- estructurado al amparo del Convenio para Evitar la Doble Imposición suscripto con la República de Austria -criterio sobre el que no emite más consideraciones que esa simple mención- luce insuficiente para desvirtuar el criterio fiscal. Resulta claro que su sola invocación, a la luz de las constancias de autos, no ha logrado desvirtuar la identidad con la presunción sobre las variaciones patrimoniales contenida en el artículo 30 del Decreto Reglamentario N°127/96 (B.O 09/02/1996) del Impuesto a los Bienes Personales, que aplica el organismo fiscal para efectuar el ajuste impugnado.
Frente a la previsión de la norma reglamentaria -el art. 30 sobre cuya aplicación al caso discrepan las partes- las particulares circunstancias fácticas que se han enumerado previamente dan cuenta, con suficiente grado de evidencia, de que la conducta -reiterada- de modificación de las inversiones del apelante en las fechas que obran en los antecedentes torna, prima facie, procedente la aplicación normativa cuestionada. En tales condiciones, se encontraba en cabeza del apelante la obligación de dar cuenta de las razones que justificaron su conducta -por qué optó por la compra de aquellos títulos públicos en las fechas señaladas y, más aun, porque optó por un instrumento de menor rendimiento, frente a los elegidos a lo largo de la casi totalidad del período fiscal- y aportar la prueba que hiciera a su derecho a los fines de desvirtuar la presunción. Pero ello no ha ocurrido en el caso.
Bajo tales premisas, queda incólume la presunción del artículo 30 del decreto reglamentario en virtud de la cual “ Cuando las variaciones operadas durante el período calendario en los bienes sujetos al gravamen, hicieren presumir un propósito de evasión del impuesto…” correspondiendo al organismo fiscal disponer, a los efectos de la determinación del impuesto, que tales variaciones se proporcionen en función del tiempo transcurrido entre que se operen estos hechos hasta el 31 de diciembre de cada año, tal cual como se ha procedido en la causa. Por lo considerado, no se observa en las constancias obrantes en la causa, hechos que permitan desvirtuar la aplicación de la presunción de las variaciones patrimoniales con fines evasivos contenida en el decreto reglamentario del impuesto bajo fiscalización, por lo que corresponde confirmar la determinación de oficio efectuada por la AFIP, rechazando la apelación introducida por la actora.
En lo particular, resulta procedente rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la norma en controversia por no corresponder ello a la competencia de este Tribunal (art. 185 de la ley 11.683). Conviene señalar que el apelante no ha citado la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación que sustente su pretensión, condición inexcusable para que este Tribunal Fiscal se expida sobre el punto.
No obstante, cabe adelantar que la norma no configura una vulneración del principio de legalidad, en la medida que no se advierte ningún exceso en el alcance de la reglamentación, encontrándose de conformidad con el espíritu de la ley y con los principios del derecho público, garantizando un interés público y superior.
El artículo 30 se introduce con la reforma íntegra de la reglamentación, según se informa en el considerando del decreto Nº 127/96 (B.O 16/02/96) “Que mediante la Ley N° 24.468 se introdujeron sustanciales modificaciones a la ley del tributo, generalizando su aplicación respecto de bienes que hasta ese momento se encontraban exentos del mismo. Que dadas las modificaciones incorporadas por la citada norma legal, resulta necesario dictar las respectivas disposiciones que regulen su aplicación. Que atento la importancia de la reforma a practicar, se impone sustituir íntegramente el texto reglamentario vigente”.
El impuesto sobre los bienes personales grava el patrimonio de los sujetos al 31 de diciembre de cada período fiscal, momento en el que se perfecciona el hecho imponible, quedando por fuera de su órbita aquellos bienes de los que el sujeto se fue desprendiendo en el transcurso del año fiscal. Frente a ello, la ley del tributo no ha dispuesto qué ocurre cuando se presentan maniobras elusivas o evasivas enderezadas simplemente al único fin de que aquellos bienes no sean alcanzados por el tributo, es decir, cuando aquella salida del patrimonio no se perfecciona mediante un accionar legítimo.
Ello así, con la incorporación de la norma del artículo 30, el decreto reglamentario ha venido a dotar a la administración fiscal de la facultad de verificar aquellas operaciones que hagan presumir que las variaciones patrimoniales operadas en el período fiscal lo fueron con fines elusivos o evasivos. En mérito de ello, la plataforma jurídica no presenta un manifiesto exceso o desacuerdo con el espíritu de la legislación que reglamenta. Más aún, ha establecido una presunción que contempla la posibilidad de que el contribuyente logre desacreditar las observaciones del organismo fiscal, arrimando las pruebas que acrediten la legitimidad de las variaciones operadas (iuris tantum). En ese orden de ideas, nuestro Supremo Tribunal ha sostenido que las leyes resultan irrazonables cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran, o cuando consagran una manifiesta inequidad. Consecuentemente, los jueces deben inclinarse a aceptar la legitimidad, si tienen la certeza de que expresan, con fidelidad, la conciencia jurídica y moralidad de la comunidad. Advierte que, la indagación de la voluntad del legislador, sin ejercer violencia alguna sobre el texto legal, no persigue como única finalidad la recaudación fiscal; sino que se inscribe en un marco jurídico general, de amplio y reconocido contenido social, en el que la sujeción de los particulares a los reglamentos fiscales constituye el núcleo sobre el que gira todo el sistema económico y de circulación de bienes. A mayor abundamiento, la Constitución Nacional no consagra derechos absolutos, de modo tal que los derechos y garantías que allí se reconocen, se ejercen con arreglo a las leyes que reglamentan su ejercicio, las que siendo razonables, no son susceptibles de impugnación constitucional (Fallos 314:1376).
No se debe perder de vista que los contribuyentes cuentan con una serie de formas que les permite hacer la carga tributaria menos gravosa, pero ocurre que en la mayoría de estas figuras (economía de opción, planificación fiscal, abuso de formas, abuso de derecho, entre otras) hay un hilo muy delgado para que se configure la elusión o evasión de impuestos, provocando efectos negativos en la recaudación de los ingresos, necesarios para que cada Estado tenga la posibilidad de realizar sus objetivos, cumplir sus fines y procurar el bienestar común de una sociedad. Se ha dicho que “Aunque la elusión y la evasión fiscal son conceptos diferentes por definición, lo cierto es que el impacto que generan en la economía es similar. Por esta razón, algunos economistas sugieren analizar sus efectos de manera conjunta. Además, no solo por los efectos en la economía, sino también que el objetivo intrínseco de estas dos prácticas es el mismo. Tanto la evasión fiscal como la elusión fiscal buscan escapar del impacto previsto en la ley” (MARTÍNEZ DELGADO, Melisa; Cumplimiento normativo creativo para eludir impuestos: ¿es una práctica comercial aceptable?; LA LEY, 10/05/2019).
Las maniobras elusivas provocan generalmente una distorsión de lo que se considera el principio central de la imposición, como lo es la capacidad económica en su vertiente horizontal o de igualdad, porque cuando estos fenómenos se enquistan en los sistemas internos de cada estado, se genera un debilitamiento estructural de dicho principio. Ello así, el interés público de combatir la elusión fiscal, para que contribuyan al sostenimiento del gasto público todos los que tengan capacidad contributiva, encuentra sustento en el deber de contribuir para sufragar los gastos públicos, y en la exigencia constitucional de un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad, generalidad y solidaridad (CARRARO, L. II negocio in frode alla legge” Padova, Cedam, 1942, p.170).
Tulio Rosembuj entiende por elusión fiscal a la acción de esquivar la aplicación de la norma tributaria para obtener una ventaja patrimonial por parte del contribuyente que no se realizaría si no se pusieran en práctica por su parte hechos y actos jurídicos o procedimientos contractuales con la finalidad dominante de evitarla. (ROSEMBUJ, T., El Fraude de Ley, la Simulación y el abuso de las formas en el derecho Tributario; Ed. Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 94 y 97). En cuanto a la potencialidad dañosa que dicha elusión proyecta sobre los sistemas tributarios, señala el mismo autor que “sin la elusión fiscal no existe riesgo sistémico para los sistemas tributarios singulares, porque su insidia impune es más peligrosa que la evasión, el delito fiscal, claramente punible” (El G20 y Tax Governance, El Fisco, julio 2017, http//elfisco.com/articulos/el-g20-y-tax-governance-2).
Ahora bien, la elusión fiscal ha sido considerada una categoría específica, con vigencia exclusiva en el ámbito tributario dentro del concepto genérico de Fraude de Ley. Esta es la posición de la doctrina alemana, que ha distinguido entre el género (el fraude de ley– Gesetzesumgehung) y la especie (la elusión tributaria–Steuerumgehung) y su equivalente en el derecho anglosajón es el concepto de tax avoidance. (CARRESQUER CLARI, M.L., El problema del fraude a la ley en el Derecho Tributario, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia 2002, p. 127). Actualmente, el estudio de aquellas maniobras y los mecanismos para erradicarlas, se ubica entre las principales preocupaciones de las administraciones tributarias a nivel mundial, motivando con mayor frecuencia la firma, negociaciones o renegociaciones de Convenios para evitar la doble imposición y para el intercambio de información. En ese marco, aquellos convenios no son los únicos instrumentos de los que se valen los estados para desalentar las maniobras ilegítimas, pues cada país cuenta con su sistema normativo interno que forma un todo con aquellas normas externas, a los fines de analizar una conducta determinada en cada caso en particular, o más precisamente, cada estructura de planificación en particular.
En el año 2013, el Proyecto BEPS de la OCDE en su acción 6 abordó el abuso de los convenios tributarios y en especial, el treaty shopping (operaciones cuyo objetivo es reclamar los beneficios de un convenio en situaciones que no responden a la intención de las Partes). Allí se había señalado que aquellos contribuyentes que configuran estas maniobras, privan a los estados de recaudación tributaria, menoscabando su soberanía fiscal. Las iniciativas globales propuestas por la OCDE intentan encarar un trabajo conjunto de todos los países luchando contra la erosión de las bases tributarias y la deslocalización de utilidades por parte de los contribuyentes, siendo la elusión una de sus preocupaciones centrales Un ejemplo de ello es el documento “Tackling corporate tax avoidance in a global economy: is a new approach needed?”, elaborado -hace muchos años- por la “Comisión de Asuntos Económicos” de la Cámara de los Lores, en el que se advertía sobre la problemática de la elusión en el Reino Unido, proponiendo reformas tributarias (https://publications.parliament.uk/pa/ld201314/ldselect/ldeconaf/48/4802.htm).
El capítulo 3 del documento expone la estrategia “Nombrando y Avergonzando”, en el que se expresaba “Cuando el gobierno ve una amenaza para el interés público debido a la manipulación del marco legal y regulatorio existente, la mejor respuesta es endurecer ese marco (…) La amenaza de nombrar y avergonzar representa un riesgo para la reputación de las empresas; y por lo tanto, puede tener efecto de alentar a los directorios a asegurarse de que las empresas que dirigen no estén utilizando estrategias de evasión fiscal inapropiadamente agresivas”. Inclusive, se plantea la necesidad de establecer un Código de Conducta y Reglamento para los Asesores Fiscales a los efectos de penalizar su responsabilidad cuando los tribunales descubren planificaciones fiscales agresivas que han causado daño en la recaudación del Estado Inglés. Aquella sugerencia fue concretada normativamente con la sanción de la Ley Financiera N° 2 del 2017, que penalizó la actuación de asesores y personas intervinientes que posibilitaron estructuras para la evasión o elusión de impuestos (https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/2016-2017/0156/17156.pdf ). Las consideraciones expuestas son sólo una muestra de la complejidad de la problemática que pone en jaque a los estados de todo el mundo, con la necesidad de adoptar normas de carácter interno y externo que logren prevenir y erradicar aquellas maniobras ilegítimas que vulneran el interés público.
En el caso de autos, si bien existía dentro del marco normativo un Convenio para evitar la Doble Imposición suscripto con Austria que amparaba las operaciones del recurrente, también, como parte integrante de dicho marco, se encontraba la disposición del artículo 30 del Decreto Nº 127/96 reglamentario del impuesto sobre los bienes personales, que ha creado una herramienta para detectar e impugnar las variaciones patrimoniales que los contribuyentes perfeccionan sin más razón comprobable que la sola finalidad de no pagar el tributo.
No es un dato menor el hecho de que el 26 de junio de 2008 el Gobierno Argentino denunció el convenio celebrado el 13 de septiembre de 1979 con la República de Austria, ratificado por la ley 22.589 (B.O 20/05/1982), en el marco del artículo 29 del instrumento, siendo de aplicación efectiva el cese de su vigencia el 01 de enero de 2009. Sin que sea materia de esta controversia el procedimiento seguido a tal fin, lo cierto es que el decaimiento del instrumento ha generado efectos no menores en las arcas fiscales.
Así lo ha razonado la doctrina al analizar los números que trajo como consecuencia la denuncia del Convenio: “El efecto en la recaudación de los Convenios es factible de analizarse gracias a los anuarios publicados por la AFIP. En el cuadro 2.2.1.1.10 del Anuario de Estadísticas Tributarias de AFIP del año 2010 podemos encontrar información correspondiente al período 2009, con 846.204 presentaciones de declaraciones juradas de personas físicas y sucesiones indivisas, en las que existían apenas 945 casos de exenciones con motivo de la aplicación de un tratado internacional. Esos casos representaban unos $286 millones, que podemos suponer representan la renta neta (…) podemos hacer la comparación con el periodo 2008, último de vigencia del Convenio con Austria, que como es sabido fuera denunciado en junio de dicho año, con el efecto de pérdida de vigor a partir de 2009. En base a lo expuesto y al Cuadro 2.2.1.1.10 del Anuario de Estadísticas Tributarias de AFIP del año 2009, que ofrece los datos del periodo 2008, se observa que se presentaron 764.823 declaraciones juradas por parte de personas físicas y sucesiones indivisas. Los casos con ganancias y/o ingresos exentos por aplicación de convenios para evitar la doble imposición fueron 1349, y el importe total ascendía a $941 millones. Como es fácil de apreciar, se produjo una fuerte caída en el monto exento en cuestión, de un 70% (...)” (GOMEZ, Claudio Javier; Otro Convenio para evitar la doble imposición que llega a su fin; Publicado en La Ley Online. Thomson Reuters, CHECKPOINT https://www.checkpoint.laleyonline.com.ar/maf/app/document&src=laley&srguid=i0ad82d9a0 000017ec58f679372c1c333&docguid=i6A735AAEA81577BD1F59AEF4C88C2B82&hitguid=i6A735AAEA81 577BD1F59AEF4C88C2B82&spos=18&epos=18&td=18&ao=o.i0ADFAB7DA92D583081A94CD4D858EA6B&sea rchFrom=&savedSearch=false&fullResult).
En este orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación analizó recientemente el abuso del Convenio para Evitar la Doble Imposición suscripto con Chile, en el caso de Fallos 344:2175. Allí resolvió que, no obstante encontrarse amparada la operatoria de la empresa por el instrumento internacional, existió un ejercicio abusivo de sus disposiciones, contradiciendo los principios internos de buena fe, abuso del derecho y razonabilidad en la interpretación de las normas, merituando que “A la luz de los principios de derecho público reconocidos en la Constitución, surge claro que ningún tratado internacional vigente en nuestro país puede ser invocado de forma abusiva, independientemente de la consagración expresa de una cláusula antiabusiva en el texto de ese mismo tratado. Esta postulación auto-referente que sugiere que el ‘abuso del tratado’ deba provenir inexorablemente del mismo instrumento que se califica como abusado, no solo no responde a la inserción del subsistema internacional dentro del ordenamiento jurídico argentino, sino que tampoco encuentra respuestas válidas en el derecho internacional”. En el marco de lo razonado, corresponde arribar a la conclusión de que la norma del artículo 30 forma parte del marco jurídico plenamente aplicable que, como un canal de contención, tiende a combatir formas abusivas del derecho que no comulgan con los principios del derecho público. Ello así, cabe aseverar que se trata de una norma en concordancia con la Constitución Nacional y el espíritu de la ley del impuesto, revistiendo un carácter manifiestamente antielusivo y que fue debidamente aplicada en el caso de autos, atendiendo a las circunstancias acreditadas en el expediente. Que en función de lo expuesto, voto por confirmar la resolución apelada en cuanto determina el impuesto a los bienes personales periodos fiscales 2007 y 2008, con más los intereses resarcitorios correspondientes.
A la segunda cuestión, el Dr. Pérez dijo:
Que en cuanto al fondo del asunto traído a decisión de este Tribunal, no se comparte la solución a la que arriba el Vocal instructor.
Que tal como lo señala el propio juez administrativo -vide hoja 2 in fine del acto determinativo- en los años 2007 y 2008 ajustados en la resolución aquí apelada, se encontraba vigente el Convenio entre la República Argentina y la República de Austria para evitar la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta y el capital, que preveía que las rentas de títulos públicos, bonos o debentures, como así también las primas y premios vinculados con tales títulos, bonos o debentures, originados en un Estado Contratante y pagados a un residente del otro Estado Contratante serán únicamente imponibles en el Estado mencionado en primer término (artículo 11 del Convenio aprobado por la Ley Nº 22589). Por su parte la tenencia de bonos también está exenta en virtud del artículo 22 del convenio.
Por otra parte es dable destacar que la ley del gravamen consagra un impuesto sobre los bienes personales, situados en el país y en el exterior, tomando como fecha de corte para la medición del patrimonio sujeto a impuesto y su valuación, el 31 de diciembre de cada año.
Que en nada modifica lo expuesto la norma del artículo 30 del Decreto Reglamentario de la Ley del impuesto que el Fisco invoca en sustento de su postura, en cuanto establece que cuando las variaciones operadas durante el año calendario en los bienes sujetos al gravamen, hicieran presumir un propósito de evasión del tributo, la Dirección General Impositiva podrá disponer que, a los efectos de la determinación de éste, dichas variaciones se proporcionen en función del tiempo transcurrido desde que se operen estos hechos hasta el 31 de diciembre de cada año, ajustándose los importes establecidos siguiendo las normas de la ley y del propio decreto.
En primer lugar, cabe señalar que cualquier extensión por vía reglamentaria de los supuestos que en forma taxativa prevé la ley como hechos imponibles, se exhibe en pugna con el principio constitucional de legalidad del tributo. Ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales, esto es, válidamente creada por el único poder del Estado investido de tales atribuciones, es decir, el Congreso Nacional (en tal sentido, EVES ARGENTINA SA - CSJN – 14/10/1993). Los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro poder que el Legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas (Fallos 155:290; 248:482; 303:245; 312:912, entre otros).
El principio de legalidad o reserva de ley no es sólo una expresión jurídico formal de la tributación, sino que constituye una garantía substancial en este campo, en la medida en que su esencia viene dada por la representatividad de los contribuyentes. En tal sentido, este principio de raigambre constitucional abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones especiales como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones (Fallos 329:1554).
Cabe recordar que en nuestro sistema jurídico la Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación.
Que la Corte tiene dicho que las convenciones internacionales que versan sobre materia fiscal deben ser interpretadas de acuerdo a la doctrina general de hermenéutica en materia de tratados y de normas tributarias y, asimismo, estableció que en la interpretación de los tratados el análisis textual es de fundamental importancia, puesto que la letra de los tratados -en el contexto de sus términos y teniendo en cuenta su objeto y fin- determina los alcances de la norma interpretada (Fallos 340:47, considerando 12). En el caso, las normas del Convenio no ofrecen dificultad interpretativa alguna y fuerza a concluir que Austria era el Estado contratante con potestad tributaria en el caso. Que asimismo, en razón de la superior jerarquía de que goza un tratado internacional frente a la ley de fuente interna, ésta puede sufrir restricciones o incluso ser invalidada si el conflicto es inconciliable, en virtud de los compromisos asumidos por la República en un convenio internacional para evitar la doble imposición fiscal (Fallos 321:1031, considerando 4º).
Ello así, debe respetarse el compromiso asumido por los Estados parte del Convenio para evitar la doble imposición, pues no corresponde a los jueces juzgar el acierto o conveniencia de las disposiciones adoptadas por los otros poderes en ejercicio de sus facultades propias, debiendo limitarse a su aplicación tal como estos las concibieron (arg. Fallos 277:25; 300:700; 340:644)
Debe destacarse que la circunstancia de que este Tribunal Fiscal no pueda, como regla general, declarar la inconstitucionalidad de las normas no impide que pueda analizar la cuestión y formular las objeciones constitucionales que considere pertinentes en el caso (CNCAF, Sala II, in re “Tagliaferro Susana Norma”, sentencia del 25/02/2022); para concluir resolviendo de acuerdo a las normas legales emanadas del Poder Legislativo y supranacionales aplicables al caso, conforme la jerarquía normativa consagrada por nuestra constitución.
En consecuencia, en función de las normas de la ley del tributo y del Convenio vigentes para los períodos involucrados en autos, corresponde revocar el acto apelado e imponer las costas en el orden causado habida cuenta las particularidades del caso y la existencia de opiniones divergentes. ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión, el Dr. Porporatto dijo:
Que adhiero en lo sustancial a los fundamentos señalados en el voto del Dr. Magallón respecto a la segunda cuestión, por los que concluye que corresponde confirmar el ajuste practicado por el Fisco Nacional en el Impuesto sobre los bienes personales.
En el presente caso, como surge del voto del vocal instructor, la conducta reiterada del recurrente evidencia, sin acreditar otros fundamentos que los de índole tributaria, un posicionamiento al 31 de diciembre de cada año en inversiones –de rentabilidad inferior a la que se obtuvo en otros activos (Fondo JP Morgan –US-) en el resto del añoque, a partir del Convenio para evitar la doble imposición celebrado oportunamente entre Argentina y Austria aplicable al caso (art. 22 inc. 4to), según el cual “el patrimonio constituido por bonos o debentures será únicamente imponible en el Estado del cual sea residente el deudor de los mismos” hace que no se tribute el gravamen en Argentina y tampoco en Austria (no existen impuestos patrimoniales para los años considerados en el ajuste a nivel nacional), lo cual conllevaría a un supuesto de doble no imposición.
En el caso particular, el recurrente no arrimó a las presentes actuaciones ningún tipo de evidencia que justifique cuál sería la razón de negocios que lo llevó a estas prácticas reiteradas de inversiones y desinversiones en épocas próximas al 31 de diciembre, correspondiendo confirmar el ajuste fiscal, con costas.
Con respecto al planteo de inconstitucionalidad de la norma en controversia, adhiero en lo sustancial a los fundamentos señalados en el voto del Dr. Magallón, por los que concluye que la norma del art. 30 del decreto reglamentario de la ley del impuesto bajo controversia, se encuentra en concordancia con la Constitución Nacional y la norma legal que reglamenta.
A mayor abundamiento, cabe señalar que es jurisprudencia del Máximo Tribunal que, en el ejercicio de su facultad reglamentaria el Poder Ejecutivo puede apartarse de los términos de la ley siempre que las disposiciones que adopte no sean incompatibles con las de aquélla, propendan al mejor cumplimiento de los fines de la misma o constituyan medios razonables para evitar su violación y se ajusten a su espíritu (vide fallo “Sociedad Pérez y González” Fallos: 200:194). Ello así, considero que el citado art. 30 del decreto reglamentario de la ley de tal gravamen, a la luz de la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia, resulta compatible con la letra y el espíritu de la ley, buscando el mismo propender a un mejor cumplimiento de la misma y evitando posibles violaciones, en un impuesto que, al ser de carácter instantáneo -por bienes existentes al 31 de diciembre de cada año- y considerando la existencia de algunos bienes exentos, puede alentar prácticas que violen la letra y espíritu de la mencionada ley, que incluso, en una situación extrema, la podrían llegar a vaciar totalmente de contenido si se admitiera sin razones legítimas –más allá de las tributarias- pasarse íntegramente a bienes exentos al 31 de diciembre de cada año para luego de esa fecha y de manera casi inmediata tomar otra posición de activos. Lo que propicia esta norma reglamentaria es hacer administrable el impuesto y que el cumplimiento tributario responda a razones subyacente legítimas de inversión, de negocios, etc. Por último, tal como señala la doctrina, la naturaleza temporal del hecho imponible no se ve alterada por la disposición del mencionado art. 30 del decreto reglamentario que concede a la Administración Federal de Ingresos Públicos la facultad de proporcionar al tiempo las variaciones ocurridas durante el año calendario en momentos distintos del 31 de diciembre. La facultad de proporcionar en función de las variaciones patrimoniales, es sólo una herramienta concedida al fisco a efectos de posibilitarle el control de posibles maniobras elusivas del tributo (Luis O. Fernández, Impuesto sobre los bienes personales Teoría, técnica y práctica, 3ra edición actualizada y ampliada).
A la tercera cuestión, el Dr. Magallón dijo:
Que concierne examinar si la multa impuesta por la resolución impugnada respecto del periodo fiscal 2007 se encuentra prescripta, adelantando desde ahora que la misma no se ajusta a derecho.
Que ello así pues la acción correspondiente a la facultad del Fisco Nacional para aplicar la multa que ha venido a apelarse se encontraba prescripta al momento en que fue dictada la resolución administrativa por la cual se impuso. Corresponde señalar que en estos autos el apelante no ha opuesto la defensa de prescripción con relación a la aludida multa, no obstante lo cual resultaría ineludible para el suscripto declarar que la misma se encuentra cumplida, de ser el caso. Así lo he votado anteriomente en la causa “ULLOA, Hernan Manuel s/Apelación”, sentencia del registro de esta Sala de fecha 04/02/2013.
Que previo a introducirme en el análisis del escenario fáctico del caso, entiendo que corresponde: 1) consignar los fundamentos que motivan la procedencia de la declaración de oficio de la prescripción del plazo inherente a las facultades del ente fiscal para aplicar la multa discutida en autos y; 2) determinar la aplicación o no de la ley 26.860 (B.O. 03/06/2013) que, como se verá, resulta ello necesario a los efectos de verificar el plazo computable en relación al instituto de la prescripción.
Que respecto del primer tópico en cuestión y a los fines de fundamentar el criterio que se adopta, estimo oportuno en primer lugar traer a colación algunas premisas liminares que, en la materia objeto de análisis en el sub lite, ha dejado sentadas nuestra Corte Suprema de Justicia.
La primera de tales premisas es aquella que estableció que “Las infracciones y sanciones tributarias integran el derecho penal especial y les son aplicables las disposiciones generales del Código Penal, salvo disposición expresa o implícita en contrario” (Fallos 303:1548). La segunda -tan simple y gravitante como la primera- es la que instruye que “La prescripción en materia penal es de orden público, debe ser declarada de oficio por el tribunal correspondiente, se produce de pleno derecho, debe ser resuelta en forma previa a cualquier decisión sobre el fondo y debe declararse en cualquier instancia del juicio y por cualquier tribunal” (Fallos 186:289; 275:241; 330:4040; 330:4103, entre muchos otros).
Lo señalado precedentemente es claro en el sentido de desligar al juzgador de cualquier subordinación a planteos o peticiones del imputado como requisito habilitante para entrar a decidir acerca de la subsistencia de la acción punitiva. Así entonces se concluye que la declaración de prescripción procede de oficio en casos como el de autos. Que ello sentado y en consideración al segundo tópico a tratar, señalo no desconocer el dictado de la ley 26.860 (B.O. 03/06/2013) mediante la cual se suspendió el curso de la prescripción para la verificación de las obligaciones fiscales durante un año. Sin embargo, corresponde destacar que la sanción de dicha normativa fue posterior al inicio del cómputo del plazo prescriptivo de la acción inherente a la multa que nos ocupa. Consiguientemente, debe analizarse ahora si corresponde la aplicación de dicha norma suspensiva respecto de la multa apelada en estos autos. Mucho se ha discutido acerca de la naturaleza material o procesal del instituto de la prescripción, así como también de las derivaciones que habrían de seguirse según se adopte una u otra postura. Entre tales derivaciones, cabe traer a colación aquí la que refiere a la posibilidad -o no- de operar modificaciones legales que impliquen el prolongamiento de los plazos prescriptivos, aun cuando ello tenga lugar mediante la incorporación de causales suspensivas o interruptivas de su curso.
Una muy ilustrativa reseña histórica de esta discusión y de las diversas posturas que han adoptado prestigiosos autores a su respecto, es la que ha efectuado el Procurador General de la Nación al emitir su dictamen en el precedente de Fallos 330:5158. Allí señaló que “La aplicación retroactiva de las leyes que amplían los plazos de la prescripción ha sido intensamente discutida en Alemania cuando se investigaban los delitos de guerra (...) Esta discusión renovó una disputa acerca de la naturaleza jurídica de los presupuestos del proceso, en especial, del plazo de la prescripción. Quienes comprendían a los presupuestos del proceso como institutos meramente procesales aceptaban la prolongación retroactiva de los plazos, mientras que quienes le atribuían contenido material, por el contrario, la rechazaban. (cfr. OTTO, Grundkurs Strafrecht, Allgemeine Strafrechtslehre, 61 edición, § 2/19 y s.). Este debate ha dado lugar a un amplio abanico de opiniones jurídicas. El Tribunal Federal Constitucional de Alemania sostuvo la opinión de que la prescripción no está alcanzada por la prohibición de aplicación retroactiva de la ley más gravosa (BverfG 25, 287). La solución contraria, la irretroactividad de la modificación perjudicial, se fundamenta en que la prescripción posee naturaleza material (PASTOR, Prescripción..., p. 52; del mismo modo en: El plazo razonable en el proceso del estado de derecho, de. Ad-hoc, año 2002, p. 457 y s.), o bien en el argumento, que he referido en otro contexto (Interrupción de la prescripción de la acción penal por la “secuela del juicio”, p. 437), de que el debate sobre la naturaleza jurídica del instituto no es determinante para la pregunta sobre la sujeción al principio de ley previa, puesto que a las disposiciones de derecho procesal -o a cierto grupo de ellas- también se aplica la prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal más gravosa. Transita también este camino la idea de que la regulación de la prescripción constituye en Argentina “ley penal” en los términos del artículo 2° de nuestro Código Penal y que, por tanto, se le aplica la prohibición de retroactividad (cfr. voto de SCHIFFRIN, Cfed. La Plata, Sala III Penal, agosto 30- 1989, S.J.F.L., de, 135-323 y ss.)”.
Que tal consideración referida a que las normas que regulan la prescripción deben ser consideradas “ley penal”, es la que ha adoptado nuestra Corte Suprema de Justicia, incluso dentro del ámbito de las infracciones tipificadas en las normas fiscales, al señalar que “Reconocido el carácter principalmente punitivo de las multas aduaneras, la incidencia a su respecto de leyes penales ‘ex post facto’ que implican empeorar las condiciones de los infractores, transgrede el principio constitucional de la irretroactividad de la ley penal, en cuyo concepto se incluye el estatuto de la prescripción...” (Fallos 294:68; 304:849; 304:892; 305:332).
Conforme puede extraerse de la doctrina jurisprudencial transcripta precedentemente, la citada regla de no operatividad de la ley penal más gravosa exhibe raigambre constitucional, toda vez que ella deriva del principio de legalidad material, instituido en el art. 18 de la Carta Fundamental. Ello así, por imperio de la citada regla penal, es dable concluir que no resulta aplicable al presente caso el supuesto de suspensión de la prescripción establecido en el artículo 17 de la ley 26.860.
Por lo expuesto, incumbe exponer el cómputo de la prescripción según el criterio exhibido en los considerandos que preceden. El 01/01/2009 se inició el cómputo del plazo, no presentándose ninguna causal de suspensión hasta la notificación de la resolución determinativa el 16/04/2014, habiéndose cumplido al 01/01/2014, el plazo de cinco años previsto en la ley de rito. Ello así, al momento de dictarse el acto que impone la multa que se apela, la acción del fisco se encontraba extinguida. En base a las consideraciones expresadas corresponde declarar de oficio la prescripción de las acciones y poderes del fisco para aplicar la multa apelada en autos, con relación al período fiscal 2007. A la tercera cuestión, el Dr. Pérez dijo:
Que atento a la forma en que por mayoría se resuelve la segunda cuestión planteada en este acuerdo, corresponde que me expida respecto de las facultades del Fisco Nacional de aplicar la multa referida al año 2007.
En primer lugar, cabe señalar que la Ley Nº 26.860 (B.O. 3/6/2013) dispuso en su artículo 17 dispuso: “Suspéndase con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”; debiendo tenerse presente que de conformidad con el artículo 21 de dicha norma, sus disposiciones son de orden público y entraron en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. Que la redacción del texto legal, no arroja dudas acerca de la intención del legislador, en cuanto a que la mentada suspensión se dispone “con carácter general”, esto es, que abarca a la generalidad de los contribuyentes responsables y no solamente a los que hubiesen ejercido el derecho a acogerse al régimen de normalización tributaria. Así lo ha entendido la C.S.J.N in re “Fisco Nacional c/Distribuidora El Plata SRL s/Ejecución Fiscal” de fecha 26/11/91. Ello así, el vencimiento para la presentación de la declaración jurada del período fiscal 2007 operó en el año 2008, razón por la cual el cómputo del plazo de la prescripción comenzó a correr el 1 de enero de 2009, el cual se vio suspendido el 3 de junio de 2013, fecha en que fue publicada en el Boletín Oficial la ley 26.860 que estableció un nuevo régimen de regularización y estableció en su artículo 17 la suspensión con carácter general por término de un año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos en idénticos términos a los previstos en el artículo 44 supra citado.
Por lo expuesto, retomándose el 3 de junio de 2014 el cómputo del curso de la prescripción, e incluso sin esta suspensión, teniendo en cuenta que el acto apelado fue dictado el 18/12/2014 el plazo no fue superado por la Administración por lo que procede rechazar la prescripción opuesta por el recurrente, con costas.
A la tercera cuestión, el Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al voto precedente.
A la cuarta cuestión, el Dr. Magallón dijo:
Que según lo decidido por mayoría respecto de la tercera cuestión y no encontrándose prescriptos los poderes del fisco para aplicar sanciones corresponde que me expida sobre la sanción aplicada en autos.
Que la sanción que se endilga al apelante encuentra sustento normativo en los arts. 46 y 47 inc. c). Como sostuvo la Sala “B” in re “Sanguinetti Sergio Claudio” (Expte. nº 25.562-I) y en “Kank y Costilla S.A.” (05/11/2004) entre otros: “...el ilícito tributario previsto en el artículo 46 de la ley 11.683 requiere para su configuración la intención deliberada de no pagar el tributo en su justa medida y la realización de maniobras aptas para lograr este resultado, sin que ello sea advertido por el Fisco...”. En el caso del art. 47: “...Se produce por mandato legal, la inversión de la carga de la prueba, correspondiendo en consecuencia a la contribuyente probar que en la materialidad de los hechos que se enrostra y admite, no se asentaba el dolo presumido o el acaecimiento de alguna circunstancia imprevisible, caso fortuito, fuerza mayor, error de hecho o de derecho excusable, a fin de ser eximida de responsabilidad...” Que en ese orden de ideas, en lo que atañe al aspecto material de la multa aplicada, debe destacarse que como ha quedado plasmado en el acto que aquí se recurre, el contribuyente ha presentado declaraciones juradas sin consignar el impuesto en su justa medida, siendo dicha declaración defectuosa la que, al no haberse producido prueba en contrario, lleva a tener por configurado el aspecto objetivo de la infracción que se endilga.
Que, si la administración fiscal optara por encuadrar la conducta en el art. 46 de la ley de rito, debería producir las pruebas pertinentes a tales efectos, pero si opta por invocar las presunciones del art. 47 -como en el caso de autos-, deberá acreditar la circunstancia (hecho inferente) que, según la regla de experiencia aplicable al caso de que se trate, permita establecer la necesaria relación de causalidad que admita la activación de dichas presunciones (hecho inferido), presumiendo el dolo como sustrato subjetivo imprescindible del ilícito de que se trata, e invirtiendo la carga probatoria. Que, por lo tanto, si se analiza la presunción utilizada en la especie, debe puntualizarse que el inciso c) “(…) en realidad contiene una remisión al inciso a) (inexactitud en las declaraciones juradas) y al inciso b) (documentos que le sirvan de base), pero observado el fenómeno desde otra perspectiva; la disconformidad con las normas aplicables. Ahora bien, si no se precisa el concepto pareciera que este inciso sería de aplicación en todos los supuestos, pues es evidente que siempre que hay una diferencia en menos de impuesto, es que las normas se han aplicado ‘disconformemente’. Que no ha sido esa la intención del legislador pues para ello usó un sistema taxativo en el artículo que indica que se trata de supuestos distintos, y el matiz diferencial está dado, por el hecho de que la disconformidad sea ‘manifiesta’ lo que exige que la disconformidad sea casi radicalmente opuesta a lo que la norma dice y no se trate de problemas de dudosa interpretación” (véase “Cochería Tacuarí de Campos y Cía. S.C.A.”, Sala “B”, de fecha 11/02/2008, voto del Dr. Porta).
Que, a criterio del suscripto, resultaría consecuente con la actual estructuración del sistema represivo de la ley 11.683 que la subsunción en la figura de la defraudación quedase reservada exclusivamente para las conductas que claramente traduzcan o denoten una mayor peligrosidad y sofisticación en los medios comisivos del ilícito. La idoneidad del ardid o de la maniobra que despliega el sujeto activo con el deliberado objeto de ocultar su incursión en la hipótesis de incidencia o la existencia de una concreta capacidad contributiva e inducir al Fisco a error respecto de ello, no podría dejar de ser considerado un elemento indispensable en la configuración del tipo infraccional que nos ocupa, pues ese dato de la realidad –junto a otros, que poco a poco e inconvenientemente el legislador pareciera querer ir dejando de lado- no haría más que redundar en una indebida asimilación de esta figura con la de la omisión del artículo 45. Que a la luz de la doctrina expuesta, no se advierte en el caso la disconformidad manifiesta con las normas tributarias en el actuar de la recurrente. Que las presunciones de dolo utilizadas por el Organismo Fiscal no se encuentran debidamente activadas, toda vez que en su apreciación se aparta objetivamente de los hechos del caso. No advirtiéndose la conducta dolosa que pretende el Fisco, así como tampoco un error cuyo carácter de excusable permita excluir la responsabilidad del apelante -teniendo en cuenta que efectivamente ha existido impuesto dejado de ingresar-, corresponde reencuadrar la conducta de la actora en el tipo infraccional del art. 45 de la ley de rito. A la cuarta cuestión, el Dr. Pérez dijo:
Que por los fundamentos expuestos al votar la segunda cuestión del presente acuerdo, voto por revocar la sanción aplicada en la resolución apelada en autos.
A la cuarta cuestión, el Dr. Porporatto dijo:
Con relación a la aplicación de la multa en la resolución que se apela, adhiero al voto del Dr. Magallón en cuanto corresponde reencuadrar la conducta en el tipo infraccional del art. 45 de la ley 11.683 graduándola en el mínimo legal de la escala. Costas en el orden causado.
Por ello, por voto de la mayoría SE RESUELVE:
I. Confirmar la resolución apelada con respecto al impuesto determinado y los intereses resarcitorios, con costas al apelante.
III. Reencuadrar la conducta de la actora en el tipo infraccional del art. 45 de la ley de rito respecto de la multa aplicada, graduándose la misma en el mínimo legal de la escala, imponiéndose las costas a la parte actora en lo que se confirma y por su orden en lo que se revoca.
Regístrese, notifíquese a los domicilios electrónicos constituidos por las partes -conforme lo dispuesto en Acta del Acuerdo celebrado el 8 de septiembre de 2020 IF-2020-60084748--APN-VOCXXI#TFN, anexa a la RESOL-2020-44- APN-TFN#MEC – B.O. 11/09/2020-: a la actora en la CUIT 20-22919154-4 (Dr. Abel Atchabahian), y a la representación fiscal en la CUIT 20-25314947-8 (Dr Pablo Martín López Villabrille), CUIT 20-23054789-1 (Dr. Hernán Spina) y CUIT 33- 69345023-9 (AFIP) Hecho, procédase a la impresión y agregación de la presente al expediente papel y, oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese Date: 2022.05.20 22:21:02 ART Date: 2022.05.23 16:39:03 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.05.23 17:01:49 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.05.23 17:02:05 -03:00
Fin de la sentencia