Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 26.386-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de nulidad efectuado por la firma S.A. San Miguel A.G.I.C.I.F, sin costas.
2Confirmar las resoluciones 118/09 y 133/09 dictadas por el Administrador de la Aduana de Campana en las actuaciones SIGEA 13289-35398-2007 y 13289-35418-2007, respectivamente, en cuanto rechazan los recursos de impugnación interpuestos por la firma S.A. San Miguel A.G.I.C.I.F respecto de las liquidaciones manuales 07008LMAN15456J y 07008LMAN015455X -resolución 118/09- y 07008LMAN15457K -resolución 133/09-. Con costas a la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-131283369-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 5 de Diciembre de 2022 En el día de la fecha, se reúnen los Vocales de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria y Héctor Hugo Juarez (la Dra. Cora M. Musso se encuentra en uso de licencia) para resolver en autos "S.A. SAN MIGUEL A.G.I.C.I.F. c/DIRECCION GENERAL DE ADUANAS s/recurso de apelación”, Expte nº 26.386-A, El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que a fs. 21/25 y vta. la firma recurrente, mediante letrado apoderado, interpone recurso de apelación contra las resoluciones 118/09 y 133/09 dictadas por el Administrador de la Aduana de Campana, en las actuaciones SIGEA 13289- 35398-2007 y 13289-35418-2007, respectivamente, por las que se rechazó el recurso de impugnación interpuesto en los términos del art. 1053, inciso b) del Código Aduanero (en adelante “CA”) contra las liquidaciones manuales 07008LMAN15456J y 07008LMAN015455X (resolución 118/09) y 07008LMAN15457K (resolución 133/09).
Manifiesta que su mandante realizó operaciones de exportación durante los años 2002 y 2004, respecto de mercaderías beneficiadas con reintegros impositivos. Señala que estos se liquidaron sobre la base de cálculo establecida por la Resolución General AFIP 1342/2002, Anexo X “A”. Explica que el 24.03.04, es decir, con posterioridad a las operaciones involucradas, la Dirección General de Aduanas (DGA) impartió la Instrucción General 1/2004 por la cual, para establecer la base del reintegro impositivo, debía deducirse, además de los conceptos establecidos en la RG AFIP 1342/2002, el importe de los derechos de exportación que graven la mercadería. Agrega que la RG AFIP 1921/2005 dispuso la deducción de los derechos de exportación para calcular el estímulo a la exportación.
Señala que, por la IG n° 1/2006, el servicio aduanero dispuso que para las destinaciones registradas con anterioridad al 29.03.04 (fecha de entrada en vigencia de la IG 1/2004) se procediera a formular los cargos que correspondieran en los casos en que se hubieran pagado estímulos en demasía, por haberse utilizado una base de cálculo incorrecta. Afirma que, como consecuencia de lo ordenado por la citada instrucción, se formularon las liquidaciones manuales 15456J, 15455X y 15457K, impugnadas por la recurrente en los términos del art. 1053 del CA. Agrega que dado que el art. 1058 del citado código, luego de la reforma establecida por la ley 25.986, la impugnación no tenía efecto suspensivo, la firma recurrente abonó el importe liquidado por la Aduana al solo efecto de evitar una eventual suspensión en el Registro de Importadores y Exportadores, pero insiste en cuestionar la legitimidad de la pretensión fiscal.
Aclara que en las resoluciones apeladas, la aduana entendió que, al oficializarse los permisos de embarque, no se aplicó para el cálculo de los reintegros, el tope legal del art. 829, inc. c) del CA, por lo que correspondería la confirmación de las liquidaciones manuales impugnadas. Plantea, en primer lugar, la nulidad absoluta e insanable de los cargos formulados, por cuanto carecen de firma ológrafa. Señala que las determinaciones efectuadas por la aduana no cumplen con lo establecido por el art. 8° de la ley 19.549, por carecer de firma ológrafa. Sostiene, asimismo, que antes de formularse los cargos, el servicio aduanero tampoco cumplió con el procedimiento exigido por inciso d) del art´. 7° de la mencionada ley, ello así, por cuanto no se agregaron los permisos de embarque a las actuaciones administrativas, sino solamente la información que surge del SIM.
Afirma que la falta de agregación de las destinaciones le impide comprobar si efectivamente se liquidaron y pagaron los reintegros con imputación a esas solicitudes de destinación y cuáles fueron los criterios, en cuya base, se determinó el monto de los beneficios. Agrega que dicha omisión, impide a su mandante cumplir con lo dispuesto en el art. 1055 del CA, lo cual vulnera la garantía constitucional de defensa en juicio. Señala, asimismo, que los cargos son nulos porque incurren en una violación de la ley aplicable, al reclamar el pago de su importe en dólares estadounidenses, convertidos a pesos de acuerdo con el tipo de cambio del día anterior al pago. Sostiene que conforme lo dispuesto por el art. 6° del decreto 1011/91 y art. 9° de la ley 23.101, los reintegros impositivos se pagan en moneda nacional, por lo que la devolución deberá ser también reclamada en pesos.
En cuanto a la cuestión de fondo, afirma que el reclamo de la devolución de reintegros, ordenada en virtud de los dispuesto por la IG 1/2006, es improcedente por cuanto vulnera lo dispuesto en el art. 793 del CA, que impide la aplicación de la legislación tributaria que se hubiere adoptado con posterioridad al momento del pago originario y que modificare la interpretación general hasta entonces vigente. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sostiene que los reintegros abonados a su parte se ajustan a la interpretación con carácter general establecida por la RG AFIP 1342/2002, Anexo X “A”, que definió el valor para el cálculo del reintegro en el valor FOB con la deducción de: eventuales ajustes, el valor de las mercaderías de importación temporaria incorporados a los bienes a exportar, los insumos importados incorporados a los mismos bienes y las comisiones.
Agrega que, según la interpretación general de la Administración Federal de Ingresos Públicos, no debía deducirse el importe de los derechos de exportación y que la Procuración del Tesoro de la Nación en el dictamen 36 del 16.01.03 sostuvo también dicha interpretación. Añade que a partir del dictado de la RG AFIP 1921 del 4.08.05, se dispuso la deducción de los derechos de exportación pagados para establecer la base de reintegro previsto por el decreto 1011/91, por lo que considera que la nueva interpretación resulta aplicable a los permisos de embarque posteriores a esa fecha. Sostiene que la devolución de los reintegros abonados es ilegítima por cuanto el importe del reintegro se incorporó definitivamente al patrimonio de la firma recurrente y no puede ser afectada por un cambio posterior de la interpretación.
Observa que la IG 1/2006 reconoce explícitamente en su tercer considerando que los reintegros fueron pagados con los algoritmos determinados por una resolución de la AFIP vigente a la fecha de las exportaciones y cita doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación. Concluye que la devolución de los estímulos en dólares, al momento que se ordene la restitución de los importes pagados en forma incorrecta, se liquiden tomando el tipo de cambio vigente al día anterior al pago, en tanto la obligación del Fisco se debe mantener en la misma moneda en que se practicó el reclamo. Todo ello con más los intereses del art. 794 del CA. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas e informativa.
Solicita se revoquen las resoluciones apeladas, con costas.
II. Que, a fs. 36/44, se presenta la representación fiscal y contesta el traslado conferido a fs. 28. Luego de la negativa genérica de rigor y de la reseña de los hechos, se refiere a la nulidad planteada por la recurrente. Cita el art. 1051 del CA y afirma que la nulidad no podrá ser declarada cuando el acto hubiere sido consentido, aun tácitamente por la parte interesada y entiende que existe consentimiento tácito, atento a que la recurrente no promovió el incidente de nulidad dentro de los cinco días de conocido el acto. Cita jurisprudencia y solicita que se rechace la nulidad planteada. Respecto de la cuestión de fondo, explica que los algoritmos que se encontraban ingresados al SIM, para determinar la base de cálculo de los estímulos a la exportación eran incorrectos, por cuanto no contemplaban el tope fijado por el inciso c) del art. 829 del CA.
Agrega que las fórmulas matemáticas de cálculo eran contrarias a la ley vigente en la materia, al omitir el aludido tope legal y que dicha situación fue corregida por la IG 01/2004, que establece que, a los fines de la liquidación de los estímulos a la exportación, la base de los mismos no puede ser superior al valor imponible que rige para la determinación de los derechos de exportación. Sostiene que el servicio aduanero entendió que correspondería formular los cargos que pudieran corresponder para los casos en los que, en virtud de haberse utilizado una base de cálculos incorrecta, se hubiesen pagado estímulos en demasía, correspondientes a las destinaciones de exportación registradas con anterioridad a la IG n° 1/2004.
Indica que con el dictado de la RG AFIP 1921/2005, se corrigió la base del cálculo errónea y que luego, con el dictado de la IG 1/2006 se dispuso la formulación de cargos para los casos en lo que, por haberse utilizado una base de cálculo errónea, se hubieran pagado estímulos en demasía y cita jurisprudencia. Señala que el art. 830 del CA. dispone que, en materia de estímulos a la exportación, debe aplicarse el régimen vigente a la fecha del registro de la solicitud de destinación. Afirma que el servicio aduanero no ha violado el principio de irretroactividad de la ley. Se refiere a la finalidad de las instrucciones generales involucradas en autos, de corregir la base de cálculo errónea, que no tuvo en cuenta la limitación prevista por el art. 829, inciso c) del CA.
Sostiene que la actora no puede pretender un derecho adquirido a la luz de normas que contenían una base de cálculo errónea y cita jurisprudencia. Explica los algoritmos utilizados por el SIM a fin de aplicar la normativa aduanera y la regla de tope prevista por el art. 829, inc. c) del CA. Cita el dictamen 36 de la Procuración del Tesoro de la Nación, el Memorando 892/22 de la Dirección Nacional de Impuestos y el Dictamen 145332 de la Dirección de Asuntos Legislativos y Tributarios, de los cuales se desprende que la legislación no impone la exclusión de los derechos de exportación de la base utilizada para la liquidación de los reintegros, sino que fija un límite máximo para ella, que estaría dado por el valor imponible, más los gastos de transporte y de seguro a los que se refiere el art. 829, inc. c) del CA.
Cita doctrina y afirma que el tope previsto lo introduce el propio Código Aduanero, de modo que lo liquidado por el sistema en los años en los que no se aplicó el tope, es ilegítimo, excesivo y debe devolverse, so pena de enriquecimiento sin causa. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal, confiere autorizaciones y solicita que se dicte sentencia rechazando la demanda, con costas.
III. Que la actuación SIGEA 13289-35418-2007, se inicia el 10.12.07 con la impugnación de la firma contra la liquidación 07008LMAN015457K (fs. 1/5). A fs. 6/21 adjunta documentación. Mediante la actuación SIGEA 13289- 5515-2008 la firma recurrente acredita el pago de la liquidación 07008LMAN015457K y acompaña a fs. 24 el VEP 55612140 por la suma de $ 3.976,46. A fs. 25 se tiene por deducido el procedimiento de impugnación en los términos de los arts. 1053, inc. b) y 1057 del CA, respecto de la mencionada liquidación. A fs. 27 obra la impresión de pantalla correspondiente al identificador de la liquidación por el monto de U$S 1.267,60. A fs. 30 se agrega el acuse de recibo de la notificación devuelta al remitente. A fs. 32/33 se emite el dictamen 147/09 y a fs. 34/35 se dicta la resolución-fallo 133/09 (AD CAMP) que confirma la liquidación formulada en dólares estadounidenses (de cuya conversión resulta la suma de $ 3.966,32) y se tiene por abonado el monto reclamado en autos conforme la constancia de fs. 27. A fs. 40/41 acredita el F4 de apelación ante este Tribunal.
Que la actuación SIGEA 13289-35398-2007 se inicia el 7.12.07, con el procedimiento de impugnación de la firma S.A. SAN MIGUEL AGIC y F contra las liquidaciones 07008LMAN015455X y 07008LMAN15456J (fs. 1/5). A fs 6/26 acompaña la copia del poder y documentación. Mediante la actuación SIGEA 13289-5517-2008 la firma recurrente acredita el pago de las liquidaciones mencionadas y acompaña a fs. 28/29 los VEP 55611867 y 55612048 por las sumas de $ 330.527,62 y $ 157.100,77, respectivamente. A fs. 30 se tiene por deducido el procedimiento de impugnación en los términos de los arts. 1053, inc. b) y 1057 del CA, respecto de la mencionada liquidación. A fs. 32/33 obran las impresiones de pantalla correspondientes a los identificadores de las liquidaciones 07008LMAN015455X y 07008LMAN15456J por los montos pagados de U$S 105.364,24 y U$S 50.079,94. A fs. 36 se agrega el acuse de recibo de la notificación devuelta al remitente. A fs. 38/39 se emite el dictamen 132/09 y a fs. 40/41 se dicta la resolución-fallo 118/09 (AD CAMP) que confirma las liquidaciones formuladas en dólares estadounidenses (de cuya conversión resulta la suma de $ 486.384,84) y se tienen por abonados los montos reclamados conforme las constancias de fs. 32/33. A fs. 44/45 acredita el F4 de apelación ante este Tribunal.
IV. Que a fs. 45 se abre la causa a prueba, la que obra producida con el listado de reintegros acompañado a fs. 51/57 y seis paquetes de destinaciones que corren por separado. A fs. 58 se confiere vista de la documentación a la actora y a la representación fiscal, quienes se notifican a fs. 59 y 60, respectivamente. En atención a lo solicitado a fs. 64, a fs. 65 se certifica la prueba y se cierra el período probatorio. A fs. 68 se elevan los autos a la Sala “E” y se ponen para alegar. A fs. 71/72 y fs. 73/75 obran los alegatos del Fisco y de la actora, respectivamente. A fs. 84 se tiene presente la autorización conferida a fs. 83 y pasan los autos a sentencia.
V. Que, previo a analizar la cuestión de fondo, corresponde analizar la nulidad de los cargos planteada por la firma recurrente. En primer lugar, se agravia de las determinaciones efectuadas por la aduana, por cuanto estas no cumplirían con lo establecido por el art. 8° de la ley 19.549, por carecer de firma ológrafa. Asimismo, que el servicio aduanero tampoco agregó los permisos de embarque a las actuaciones administrativas, sino solamente la información que surge del SIM y que violan la ley aplicable, por reclamar su pago en dólares estadounidenses, convertidos a pesos de acuerdo con el tipo de cambio del día anterior al pago.
Que en materia de nulidades debe primar un criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe pronunciarse por la anulación de las actuaciones cuando exista un derecho o interés legítimo lesionado, de modo que cause un perjuicio irreparable (Fallos, 323:929; 325:1404; 331:994).
Que, en consonancia con la mencionada doctrina, en lo que se refiere a la falta de la firma ológrafa, dicho requisito no se encuentra previsto en el art. 8° de la ley 19.549, el cual dispone que: “El acto administrativo se manifestará expresamente y por escrito; indicará el lugar y fecha en que se lo dicta y contendrá la firma de la autoridad que lo emite; sólo por excepción y si las circunstancias lo permitieren podrá utilizarse una forma distinta.” Por otro lado, tampoco se advierte que la falta de firma ológrafa le hubiera impedido ejercer adecuadamente su derecho de defensa, puesto que los recursos de impugnación fueron deducidos en legal tiempo y forma y las defensas opuestas en sede aduanera, permitieron la sustanciación del proceso hasta el dictado de las resoluciones que luego apela ante este Tribunal.
Que, con relación a la falta de las destinaciones involucradas en autos, de acuerdo con la prueba producida a fs. 51/57, el servicio aduanero contestó el oficio librado por la recurrente y acompañó el listado de las liquidaciones de los reintegros correspondientes y seis paquetes de destinaciones, de las cuales se le confirió vista a las partes y se las autorizó para su cotejo a fs. 58, sin que la actora realizara manifestación alguna al respecto.
Que, cabe resaltar que constituye doctrina de la Corte Suprema que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa la efectiva violación del art. 18 de la CN no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (Fallos, 205:549; 247:52 considerando 1°; 267:393 considerando 12).
Que, por último, el agravio de la recurrente referido a que el reclamo se llevó a cabo por un importe en dólares estadounidenses debe señalarse que, contrariamente a lo que la actora indica, ello no contradice lo dispuesto en el art. 6° del Decreto 1011/1991 que establece que: "El Banco interviniente procederá a pagar a los exportadores los importes que resulten, con la documentación suministrada por la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS utilizando el tipo de cambio, para la conversión de la moneda extranjera en moneda nacional de curso legal, cierre comprador del BANCO DE LA NACION ARGENTINA del día anterior al de efectuarse su acreditación en cuenta al exportador siempre que se certifique el pago de los tributos que gravaren la operación objeto del beneficio..." ni tampoco lo dispuesto en el art. 9 de la Ley 23.101 que dispone que: "La exportación de los bienes y servicios promocionados gozará de uno o más de los siguientes regímenes, en relación al cumplimiento de los objetivos del artículo 1°: ...A los reembolsos y reintegros indicados en los apartados 1° y 2° les será aplicable el régimen previsto en el Capítulo 2 de la Sección X de la ley 22.415 salvo lo referente al tipo de cambio, el que, a los fines de su liquidación, será el correspondiente al tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina del cierre del día hábil anterior al del pago efectivo", atento a que dichas normas refieren a la moneda en que la Aduana realizará el pago de los reintegros, disponiendo que deberá realizarse en pesos tal como lo hiciera la recurrente frente a la intimación cursada y conforme surge de los VEP obrantes a fs. 24 de la actuación 13289-5515-2008 y 28 y 29 de la actuación 13289-5517-2008.
Que, por lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de nulidad efectuado por la recurrente, sin costas en atención a la forma como se resuelve.
VI. Que, en consecuencia, corresponde resolver en autos si se ajustan a derecho las resoluciones apeladas, en cuanto rechazan los recursos de impugnación interpuestos por la actora contra las liquidaciones 07008LMAN15456J y 07008LMAN015455X (resolución 118/09) y 07008LMAN15457K (resolución 133/09), mediante las cuales se la intimó a la restitución de pagos considerados abonados en demasía en concepto de beneficios a la exportación.
Que no es materia de controversia que las operaciones de exportación se realizaron entre los años 2002 y 2004, durante la vigencia de la resolución general AFIP 1342/02.
Que las resoluciones apeladas y las liquidaciones que por ellas se confirman, se fundan en lo reglado mediante la IG N° 1/06, dictada el 14/03/06, por la que se instruyó formular los cargos que pudieran corresponder para aquellos casos en que, como en el de autos, se hubieran pagado estímulos en demasía por haberse utilizado una base de cálculo incorrecta basada en los algoritmos de cálculo establecidos por la resolución general AFIP n° 1342/02, y que correspondieran a operaciones registradas con anterioridad al 29/03/04, fecha de entrada en vigencia de la Instrucción General n° 1/04. Que, mediante la Instrucción General N° 1/04, de fecha 24/03/04, dichos reintegros comenzaron a liquidarse con la base de cálculo corregida, contemplando la limitación impuesta por el inc. c, del art. 829 del C.A., que conforme los arts. 735 a 749 del C.A. no incluye los derechos y demás gravámenes que gravan la exportación. Dicho criterio fue ratificado luego por la RG AFIP N° 1921/05.
VII. Que, la presente temática fue tratada por la CSJN en el fallo “Basso S.A. (TF 24.888-A) c/ D.G.A.”, del 27/08/13, que, con la firma de cuatro de sus ministros, compartiendo el dictamen del señor Procurador General, Dr. Luis Santiago González Warcalde, de fecha 18 de abril de 2012, confirmó la sentencia de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que revocara la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación. Que en el precedente citado, la CSJN mediante remisión al dictamen del Procurador Fiscal sostuvo que “...la IG 1/04, a los fines de la liquidación de los estímulos a la exportación, vino a advertir y corregir un error que se venía cometiendo sistemáticamente de un tiempo a esa parte, y que resultaba de la fórmula sintética de liquidación de dichos beneficios contenida en la RG 1.161 (y sus modificatorias) que, como lo advirtieron tanto la DGA como las instancias de grado -sin que haya sido controvertido ello por la actora-, devenía de haber reimplantado los derechos de exportación con la puesta en vigencia de la resolución ME 11/02”.
Que expresó que en tal sentido “...ni la RG 1.161 (AFIP) ni sus modificatorias son normas de carácter "interpretativo", sino meramente reglamentarias de lo dispuesto en las leyes y demás normas vigentes con relación a los procedimientos por los que se tramitan las destinaciones de exportación que se registran a través del sistema informático empleado por la DGA”, y que en ese orden de ideas, “...no se trata en autos de la modificación de un "criterio interpretativo" sobre la gravabilidad o no de una determinada mercadería, o sobre su clasificación a los fines arancelarios, u otra cualquiera de las posibles hipótesis ocurrentes en que sea preciso "interpretar" la realidad jurídica encerrada en un concepto que ha menester de ella (confr. Fallos: 328:1750), sino de un mero error de liquidación, producido por la aplicación directa de una fórmula que omitía contemplar uno de los conceptos que debían ser tenidos en cuenta.”
Concluyó diciendo que “...la tesitura adoptada por la DGA con el dictado de la IG 1/06 es la legalmente debida, en cuanto ordena a sus dependencias que se reclame de aquellos beneficiarios que corresponda la devolución de la suma que fue abonada en demasía, producto, como se dijo, del error sistemáticamente cometido en la liquidación de los reintegros durante el período comprendido entre la sanción de la resolución ME 11/02 y el dictado de la IG 1/04 (arg. Fallos: 308:1799; 316:2832, entre otros). Cabe recordar que V.E., en el citado precedente de Fallos: 305:283, con relación a normas similares ya contenidas en la Ley de Aduanas, dijo que si bien los cambios de criterios impositivos en materia aduanera -en principio- rigen para el futuro, ello no obsta a las facultades del organismo de revisar documentos cancelados y formular cargos cuando se den "errores de cálculos o liquidación", supuesto que, como expresé, es el que se ha dado en la especie.”
Que, por ende, en atención a los razonamientos desarrollados y resultando de imperativa aplicación el precedente de nuestro Máximo Tribunal autos in re “Basso SA c/Dirección General de Aduanas”, no cabe más que confirmar las resoluciones aquí apeladas, con costas a la actora.
VIII. Que, por ello, VOTO POR:
1. Rechazar el planteo de nulidad efectuado por la firma S.A. San Miguel A.G.I.C.I.F, sin costas.
2. Confirmar las resoluciones 118/09 y 133/09 dictadas por el Administrador de la Aduana de Campana en las actuaciones SIGEA 13289-35398-2007 y 13289-35418-2007, respectivamente, en cuanto rechazan los recursos de impugnación interpuestos por la firma S.A. San Miguel A.G.I.C.I.F respecto de las liquidaciones manuales 07008LMAN15456J y 07008LMAN015455X -resolución 118/09- y 07008LMAN15457K -resolución 133/09-. Con costas a la actora.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
Que adhiero al voto precedente.
En virtud de la votación que antecede, SE
1. Rechazar el planteo de nulidad efectuado por la firma S.A. San Miguel A.G.I.C.I.F, sin costas.
2. Confirmar las resoluciones 118/09 y 133/09 dictadas por el Administrador de la Aduana de Campana en las actuaciones SIGEA 13289-35398-2007 y 13289-35418-2007, respectivamente, en cuanto rechazan los recursos de impugnación interpuestos por la firma S.A. San Miguel A.G.I.C.I.F respecto de las liquidaciones manuales 07008LMAN15456J y 07008LMAN015455X -resolución 118/09- y 07008LMAN15457K -resolución 133/09-. Con costas a la actora.
Regístrese y notifíquese. Oportunamente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria y Juárez por encontrarse la Dra. Musso en uso de licencia (arts. 1162 del CA y 59 del RPTFN).
Date: 2022.12.05 14:53:29 -03:00 Date: 2022.12.05 14:55:53 -03:00 Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.05 14:55:54 -03:00
Fin de la sentencia