Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en autos en cuanto determina impuesto e intereses resarcitorios. Con costas a la vencida.
I. Que a fs. 54/79 la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 84/2018 (DV RSAL) de fecha 26/06/2018, dictada por el Jefe (Int.) de la Sección Determinaciones de Oficio A/C de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Salta de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos. El apelante impugna la mencionada resolución relativa a: Impuesto al Valor Agregado mediante el cual se determinó de oficio las obligaciones de los periodos fiscales 07/2015 a 12/2015 estableciendo un impuesto a ingresar a favor de la AFIP de $446.938,96 con más intereses resarcitorios por $429.600,78 y por aplicación del artículo 20 de la Ley 24.769 se difiere la aplicación de la sanción que pudiera corresponderle por los periodos fiscales mencionados hasta tanto se dicte la sentencia definitiva en sede penal.
Que la actora solicita se haga lugar al recurso de apelación y se revoque el acto administrativo en crisis por los fundamentos que a continuación se exponen.
En primer lugar, señala que las actividades de Máxima Comunicaciones SRL consisten en Servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones, ventas al por menor de aparatos de telefonía y comunicación, servicios de televisión, construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales. Y cierra sus ejercicios el 31 de diciembre de cada año.
La recurrente manifiesta que en la Vista conferida se le practicó un cargo con relación al proveedor Pablo Marcos Yapura, el cual fue verificado y surgió que se encuentra inscripto en nueve actividades disímiles entre sí. Agrega que, el proveedor fue verificado y que el área fiscalizadora detectó que entre los periodos fiscales 01/2015 a 12/2016 existían un total de 95 operaciones informadas, 42 duplicadas correspondientes al punto de venta 0001, a lo cual el proveedor informó que realiza sus facturas en forma electrónica bajo el punto de venta Nº 003. Asimismo, expresa que el personal fiscalizador circularizó a los clientes de aquel de los cuales algunos de ellos reconocieron que “las operaciones no existieron y rectificaron sus declaraciones juradas de IVA”, informando haber adquirido sillas plegables de madera, tablones de pino y caballetes, colocación de carteles, postes para cercos perimetral, es decir actividades que difieren de las informadas ante esa Administración.
El apelante señala que, según el Fisco Nacional, a raíz de las deficiencias detectadas respecto a Pablo Marcos Yapura “… correspondería incluir al contribuyente… en la base e Apoc…”.
Añade que para el organismo las facturas objetadas responden a servicios por los cuales fue contratada Máxima Comunicaciones SRL con cuyos contratos se pretende respaldar la contratación efectuada del señor Yapura, estando a su cargo la provisión de todos los elementos para efectuar las tareas encomendadas en cada contrato, a excepción del personal especializado a cargo de Máxima Comunicaciones SRL.
De esta forma, la recurrente sostiene que el personal fiscalizador consideró que las manifestaciones del Sr. Pablo Marcos Yapura y las presunciones que aplicó para su inclusión en la base e-apoc, son suficientes para justificar la impugnación de las facturas emitidas por este.
Además, señala que Máxima Comunicaciones SRL efectuó la consulta al Sistema Informático del Organismo sobre la validez de los comprobantes, previamente a la concertación de cada una de las operaciones y en todos los casos, no surgieron observaciones sobre la eficacia de estos.
La recurrente argumenta que el Fisco Nacional infringió la doctrina de los actos propios que establece la inadmisibilidad de actuar contra los propios actos hechos con anterioridad, diciendo que la Administración coloca a Máxima Comunicaciones SRL en un estado de indefensión, llevándola al extremo de tener que demostrar la procedencia las operaciones cuando el Fisco ha incurrido en meras suposiciones y ha dejado de cumplir con sus tareas de fiscalización.
Así pues, manifiesta que el Organismo incurre en error al insinuar que es el contribuyente a quien le corresponde probar la existencia de las operaciones y no al propio ente fiscalizador probar que las mismas son ficticias. Por otro lado, el apelante plantea la nulidad de las actuaciones argumentando defectos en la resolución apelada. Considera que las pruebas recolectadas por el personal fiscalizador son incompletas, arbitrarias y carentes de sustento fáctico y las conclusiones a las que arriba son infundadas.
Además, expresa que el juez administrativo se basa en indicios para presumir que las facturas declaradas por su mandante son apócrifas. Que las anomalías detectadas por el Organismo respecto a su proveedor no son decisivas para desestimar los créditos fiscales computados por Máxima Comunicaciones SRL y que no es responsabilidad de su mandante ni de sus socios la conducta de su proveedor.
La recurrente así también dice que el Fisco Nacional no le ha presentado las pruebas que demuestren que el mencionado proveedor no cuenta con capacidad para efectuar los trabajos presentados por Máxima Comunicaciones SRL.
En relación a los indicios manifiesta que el hecho que el proveedor se encuentre inscripto en nueve actividades no significa que no pudiera efectuar los trabajos para su representada, que existan facturas duplicadas no tiene relación con la validez de los comprobantes que le extendiera a su mandante los cuales verificó en el sistema de AFIP-DGI, que las facturas que documentan los trabajos realizados corresponden al año 2015 y no al 2016 y por ello no tiene relación con el tema, que las manifestaciones que habrían efectuado otros clientes del proveedor Pablo Marcos Yapura que no constan en el expediente no comprometen a su representada, y que el hecho que el proveedor haya desconocido la relación comercial con Máxima Comunicaciones SRL además de los recibos emitidos a favor de la misma no constituye prueba acerca de que no hayan existido y le correspondan al proveedor.
Amplía diciendo que el Organismo debió arbitrar los medios a su alcance para establecer la real situación impositiva del mismo y eventualmente cobrar los impuestos que el proveedor Yapura no ingresó por las operaciones efectuadas por su representada.
El apelante señala que el personal fiscalizador en ningún momento solicitó el testimonio de los supuestos operarios que prestaron servicios para ejecutar las obras ni el aporte de la autorización de las firmas INCOVI SRL, INGENIERO MEDINA SA, VICENTE MONCHO CONSTRUCCIONES SA, UTE SANTA VICTORIA, ZTE CORPORATION (SUC ARGENTINA), ni del municipio donde se ejecutaron las obras que permita afirmar que dicha tarea la realizó el contratista. Y dice que se podrían haber aportado para probar la naturaleza de las operaciones cuestionadas.
Por último, sostiene que el rechazo de la prueba documental ofrecida resulta un menoscabo de la garantía del derecho de defensa.
Por lo expuesto precedentemente, solicita se haga lugar a las pruebas ofrecidas y se resuelva la nulidad absoluta e insanable del acto administrativo que se cuestiona y se dejen sin efecto las determinaciones practicadas, disponiéndose el archivo de las actuaciones. Ofrece prueba documental, informativa y pericial contable. Que, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
II. Que a fs. 87/97 contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, se rechace los planteos de la recurrente, que se confirme la resolución apelada, con costas. El Fisco Nacional manifiesta que su mandante inició una fiscalización al contribuyente Máxima Comunicaciones SRL y a raíz de ello se pudo constatar que la responsable detenta créditos fiscales computados en exceso, dejando de ingresar el impuesto en su justa medida.
Ello así, la pretensión fiscal se fundamenta en el ajuste de créditos fiscales computados en sus declaraciones juradas superiores a los registrados en sus libros IVA compras, asimismo en la impugnación de créditos fiscales por operaciones realizadas con el proveedor Pablo Marcos Yapura cuya veracidad resulta cuestionada. Señala además que el proveedor citado fue verificado y se concluyó que no posee capacidad económica, categorizando al mismo como “usina duplicadora de facturas” y “usina única actividad venta de facturas”. Agrega que los comprobantes cuestionados se encuentran registrados en el Libro de Compras aportado por la responsable y que se constató que el crédito fiscal computado en las declaraciones juradas presentadas, superan al registrado en el Libro IVA, correspondiendo su impugnación.
En otro orden, la representación fiscal niega todos y cada uno de los hechos alegados por el recurrente que no fueren materia de este responde o no surgieran de los antecedentes administrativos que se acompañan. En primer lugar, en cuanto a la nulidad planteada, el Organismo hace saber que el acto fue dictado con fundamento en circunstancias de hecho y de derecho, pues no solo se han cumplido los requisitos de validez, sino que se han valorado las circunstancias fácticas y jurídicas que presupone.
En cuanto al agravio del apelante por violación de la defensa en juicio, la representación fiscal destaca que, en cuanto a la prueba documental ofrecida en el escrito de descargo a la vista corrida por la Administración, la contribuyente ofreció genéricamente los libros y/o registros contables de Máxima Comunicaciones SRL con su correspondiente documentación de respaldo sin adjuntar la misma, es decir que la prueba no fue rechazada sino que nunca fue aportada por la firma.
Respecto a la cuestión de fondo, la representación fiscal manifiesta que la recurrente intenta justificar la diferencia de deuda entre lo declarado y el importe que surge de los ajustes efectuados con meros dichos sin aportar prueba.
Además, sostiene que de la auditoría practicada al proveedor surge que carece de capacidad económica y financiera para realizar los trabajos detallados en los comprobantes y solicitada información al Sr. Yapura expresó que sólo opera con el punto de venta Nº 003 desde inicio de 2016 desconociendo facturas manuales por punto de venta Nº001.
Asimismo, -dice la representación fiscal- se circularizó a los clientes de dicho proveedor, de los cuales algunos de ellos reconocieron que las operaciones no existieron y rectificaron sus declaraciones juradas de IVA, y que los conceptos facturados por Pablo Marcos Yapura (sillas plegables de madera, tablones de pino y caballetes, honorarios de diseño, traslado y colocación de carteles), no se relacionan con las actividades informadas a esta Administración.
Por su parte, señala que los antecedentes de la verificación efectuada se encuentran agregados a los actuados y dice que estuvieron siempre a disposición durante el procedimiento de determinación de oficio.
El Organismo fiscal manifiesta que la actora pretende justificar las facturas objetadas indicando que responden a los servicios por los cuales fue contratada Máxima Comunicaciones SRL y que a su vez ésta contrató a un proveedor.
Sin embargo, agrega que dichos contratos fueron celebrados entre Máxima Comunicaciones SRL y las firmas Incovi SRL, Ingeniero Medina SA, Vicente Moncho Construcciones SA, UTE Santa Victoria, ZTE Corporation (suc Argentina).
Así pues, la representación fiscal manifiesta que la contribuyente expresó que contrató al Sr. Yapura estando a su cargo la provisión de los elementos necesarios para efectuar las tareas encomendadas y que todos los pagos se realizaban en efectivo.
En ese orden, dicho proveedor indicó que no tuvo relación con la firma inspeccionada y desconoció las facturas y recibos emitidos a favor de la misma.
En efecto, el Fisco Nacional sostiene que, si bien es cierto que no le es imputable el accionar de su proveedor, no es menos cierto que sí le corresponde demostrar la efectiva realización de las operaciones que dieron lugar al crédito fiscal computado en sus declaraciones juradas, ya sea en cuanto a los sujetos intervinientes y/o bienes involucrados, cuestión que invoca pero que en ningún caso prueba.
Ello así, el Organismo fiscal argumenta que la auditoría practicada da cuenta que las constancias obrantes en los presentes actuados han permitido demostrar que los comprobantes apócrifos han tenido como único propósito reducir la base imponible, en perjuicio del interés fiscal.
Además, la representación fiscal destaca que es la propia recurrente quien se encuentra en mejor situación de probar la existencia real de las operaciones.
Acompaña la totalidad de las actuaciones administrativas, y advierte que la prueba documental ofrecida por la recurrente resulta inconducente y dilatoria, y respecto de la prueba pericial contable ofrecida señala que no logra demostrar con la producción de la misma que las operaciones cuestionadas realmente existieron.
En efecto, por los dichos que anteceden, su mandante se opone a la producción de las pruebas ofrecidas por el apelante.
Por lo expuesto solicita se rechace la nulidad intentada, con costas y se dicte sentencia confirmando la resolución apelada, con imposición de costas a la actora.
Hace reserva la cuestión federal y solicita se confirme el acto apelado, con costas.
III. El Tribunal resuelve el 12/02/2019 –vide fs. 113- de la oposición del Fisco Nacional a las pruebas ofrecidas por la actora, dar traslado a esta última por el término de ley, y a fs. 129 resuelve citar a las partes a una audiencia preliminar de prueba para el día 24/11/2021.
A tal efecto, a fs. 133 se celebra la audiencia y atento la ausencia de la parte actora, el Tribunal manifiesta que resolverá sobre la pertinencia y admisibilidad de la prueba en el plazo fijado por el artículo agregado a continuación del artículo 173 de la ley de rito. Previo a ello, se le requiere a la representación fiscal que en el término de diez días informe si surge de los registros del ente fiscal que la recurrente de autos haya regularizado los conceptos e importes discutidos en autos en los términos de la ley 27.541 y sus modificatorias. Así pues, la representación fiscal hace una presentación mediante RE-2021-115843701-APN-SGAI#TFN y manifiesta que no se verifica en bases informáticas, la regularización de la deuda mediante plan de facilidades de pago, acogimiento a moratoria ni pago por compensación. Añade que tampoco se verifica la presentación de las declaraciones juradas rectificativas de IVA periodos fiscales 07/2015 a 12/2015 y que no presentó la declaración voluntaria excepcional de repatriación de bienes en el exterior establecido por la ley 27.260.
Agrega que consultado el Sistema Atenea Módulo Juicios Universales, surge que la contribuyente no registra juicios y que efectuada la consulta al Sistema de Seguimiento de Cusas Penales surge que posee una causa penal ante el Juzgado Nº 1 Secretaría Penal Nº 2 de la Fiscalía Federal Nº 2 de Salta que tramita bajo el Expediente Nº IP 6/19 y otra causa que tramita ante el Juzgado Nº 1 Secretaría Penal Nº 2 Fiscalía Federal Nº 2 de Salta que tramita el Expediente Nº 41301/21.
Además expresa que de la consulta al Sistema Certificado MiPyme surge que no se encuentran datos registrados, y dice que los elementos aportados son los únicos con los que cuenta esa Administración, no pudiendo constatarse el resto de las causales de exclusión previstas por la normativa vigente (art. 16 incisos c) y d) de la ley 27.541. Ello así, el 06/12/2021 por PV-2021-118409420-APN-VOCV#TFN el Tribunal resuelve hacer lugar a la oposición del Fisco Nacional, y en consecuencia, no hacer lugar a la prueba pericial contable e informativa y hace saber a las partes que las presentes actuaciones se resolverán con las constancias de autos y de las actuaciones administrativas, quedando la causa conclusa para definitiva.
IV. Que en atención al estado de la causa a fs. 145 se elevan los autos a consideración de la sala “B”, la que a fs. 149 los llama para sentencia.
V. Que en primer lugar, aun cuando no hayan sido planteados como excepción, por una cuestión de lógica precedencia, corresponde que este Tribunal se pronuncie con relación a los agravios de la actora por cuanto considera la nulidad absoluta e insanable de la resolución administrativa por no haberse abierto a prueba en la etapa de determinación de oficio, vicios en su motivación y finalidad.
Cabe señalar, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
Que respecto de lo estrictamente formal, las resoluciones determinativas de autos, en cuanto actos administrativos, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Asimismo en lo relativo a los agravios de la recurrente referidos a la arbitrariedad alegada al sostener la misma que se ha prescindido de prueba ofrecida, cabe señalar que así como resulta cierto que el contribuyente tiene derecho a ofrecer pruebas durante el procedimiento administrativo, el juez administrativo interviniente tiene el deber de evaluar su admisibilidad procesal, circunstancia que se encuentra cumplida en el acto recurrido en su hoja 20, 21 (ver fs. 22 y 49 de autos). Esta evaluación discrecional cae, por supuesto, dentro de la órbita jurisdiccional de este Tribunal quien juzgará, en definitiva, sobre la pertinencia o ilegitimidad de la resolución adoptada en la etapa anterior, pero para lo cual, deberá, necesariamente entrar al examen de la cuestión de fondo controvertida y como esta fue propuesta por ambas partes. Solamente dicho examen permitirá a este Tribunal evaluar, a la postre, la justeza del rechazo probatorio en sede fiscal, agravio que se torna inviable en proporción excepcional.
Que, la ponderación de la admisibilidad o pertinencia de las medidas propuestas por el contribuyente, realizada por el Juez Administrativo, resulta un aspecto del acto que se encuentra dentro de la potestad revisora de este Tribunal. Empero, aun en el caso de una “desestimación arbitraria” de las medias, tal agravio no resulta suficiente, por sí solo para ocasionar la nulidad del acto en un planteo por vía excepcional, aunque pueda originar, sin dudas, la revocación del mismo al momento de analizar el fondo de la cuestión controvertida. Que en definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VI. Que expuesto lo que antecede, cabe resaltar que las presentes actuaciones tienen su génesis en la fiscalización practicada a la encartada, a raíz de la detección de operaciones con un contribuyente incluido en la base E-Apoc y así también al surgir que la contribuyente computó en sus declaraciones juradas créditos fiscales superiores a los registrados en sus libros de IVA Compras.
La presente investigación es consecuencia de tareas efectuadas por Dirección Regional Salta que alerta sobre la utilización de créditos apócrifos emanados de usinas detectadas por fiscalizaciones realizadas a contribuyentes de su jurisdicción.
La actividad principal declarada por la actora es servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones, y otras actividades declaradas son venta al por menor de aparatos de telefonía y comunicación, servicios de televisión y servicios de publicidad. Siendo el cierre de sus ejercicios el 31 de diciembre.
Cabe destacar que la presente inspección se inició el 23/08/2017 y se le notificó a la contribuyente un requerimiento en el cual se le solicitó que aporte fotocopia de los libros IVA ventas e IVA compras correspondientes a los periodos fiscales 07/2015 a 12/2015, detalle de todas las retenciones y percepciones sufridas en los periodos mencionados, y en caso de corresponder los papeles de trabajo para el cálculo del cómputo como crédito fiscal por aplicación del Decreto Nacional 814/2001.
Asimismo el día 02/10/2017 se notificó a la contribuyente requiriendo documentación sobre el proveedor Pablo Marcos Yapura.
Es dable mencionar con respecto a dicho proveedor que se encuentra incluido en la base eApoc por los motivos que se detallan: declara realizar varias actividades, las cuales son disímiles entre sí, sin haberse observado capacidad económica para desarrollar las mismas; presenta DDJJ del Impuesto a las Ganancias desde el periodo 2015, no declarando las ventas informadas por terceros; no presentó DDJJ de Bienes Personales-Acciones y Participaciones por ningún periodo; no declara empleados en relación de dependencia; en las DDJJ de IVA presentadas posee una relación DF/CF inconsistente; no registra pagos de ningún impuesto, solamente registra un plan de pago de monotributo que se encuentra en estado caduco, registró inconsistencias con el débito fiscal informado por sus clientes y en el domicilio fiscal informado no se localizó la administración de la actividad, existe un depósito de mercaderías en donde no se encuentra el titular.
Se advierte que durante los periodos en los cuales se originaron los comprobantes observados (en los cuales se describen servicios), el Sr. Yapura no registra empleados con los cuales llevar a cabo las prestaciones facturadas, y las compras efectuadas por dicho proveedor no se vinculan con el servicio facturado ni guarda relación con la actividad desarrollada con Máxima Comunicaciones SRL.
De este modo, si bien la contribuyente aporta información sobre sus operaciones comerciales y las obras relacionadas donde contrató con el Sr. Yapura; de dicho análisis se observa contratos de Máxima Comunicaciones SRL con las siguientes empresas: Incovi SRL, Incovi SRL- Gavinor SRL UTE, ZTE Corporation, Vicente Moncho Construcciones SRL, entre otros.
Así pues, del relevamiento de la descripción de las operaciones realizadas según fotocopias aportadas de facturas del proveedor Pablo Marcos Yapura a la verificada, los mismos corresponderían a servicios.
En otro orden, con relación al pago, la contribuyente informa que el mismo se realizó en efectivo en pagos parciales, documentada con recibos provisorios los que eran reemplazados al momento de la cancelación total sin observarse que en ningún caso los mismos hayan sido realizados a través de cheques o transferencias bancarias. Por último, cabe señalar que en el marco de la fiscalización practicada a Máxima Comunicaciones SRL, se citó al Sr. Pablo Marcos Yapura, quien manifestó que no tuvo relación comercial con la empresa citada a la cual desconoce. Indicó que en reiteradas oportunidades informó que no realizó facturas manuales en el año 2015 y que no emitió ningún tipo de facturas ni recibos a la mencionada empresa. Desconoció además las facturas y recibos exhibidos los cuales habrían emitidos en su nombre. (ver fs. 505 del cuerpo III de los antecedentes administrativos).
VII. Que corresponde entonces entrar al análisis de la cuestión de fondo, esto es, si la misma se ajusta o no a derecho, a tenor de los agravios formulados por la recurrente en su escrito de inicio, concretamente referidos a la tacha de apócrifo del proveedor Pablo Marcos Yapura.
Que entrando al análisis de la impugnación del citado proveedor, corresponde señalar que a la luz de lo expuesto en el considerando precedente, su impugnación ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y que se trata de sujetos sin capacidad operativa, patrimonial y económica necesarias para efectuar las operaciones comerciales que registran con la actora.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar y evidenciar la sustantividad de las operaciones impugnadas por la inspección actuante, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo y en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Si bien el organismo fiscal no puede colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la existencia de las operaciones, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario. Que cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Que cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto, sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Que, conforme a reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Respecto a las afirmaciones de la actora en la cual ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió del proveedor cuestionado, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993). Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde, además, se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada "realidad económica", corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas....".
Que formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad del sujeto emisor de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando su impugnación.
Que, no obstante compartir la tesis que propugna la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones por los proveedores impugnados, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Cabe destacar que en el caso de marras se presentan concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos que ponen seriamente en duda que dicho tercero haya sido el verdadero proveedor de los servicios involucrados cuyo crédito fiscal se encuentra controvertido, frente a lo cual la recurrente no puede limitarse a manifestar que los indicios colectados por la fiscalización en su mayoría son imputables a terceros. Se debe recordar en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25 de agosto de 2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” En efecto, el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones tal como pretende la recurrente (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
Que en definitiva no se ha logrado probar que el sujeto mencionado en los comprobantes impugnados fue el verdadero prestador y, por ello, corresponde confirmar el ajuste del Impuesto al Valor Agregado. Que queda por analizar el restante ajuste determinado por el Fisco Nacional por haberse computado la actora en las declaraciones juradas un crédito fiscal superior al registrado en el libro IVA compras impugnándose concretamente la suma de $6.398,26.
Que la parte actora no expresa agravio concreto alguno respecto de este ajuste, ni ensaya justificación alguna respecto de las diferencias constatadas por el Fisco Nacional, ni arrima prueba alguna al respecto, razón por la cual se confirma dicho ajuste.
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde confirmar el acto apelado en cuanto determina el Impuesto al Valor Agregado. Con costas.
VIII. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación en este acto. No obstante ello, cabe recordar que los mimos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde:
Confirmar la resolución apelada en autos en cuanto determina impuesto e intereses resarcitorios. Con costas a la vencida.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada en autos en cuanto determina impuesto e intereses resarcitorios. Con costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.05.20 13:37:38 ART Date: 2022.05.20 15:43:26 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.05.20 19:32:11 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.05.20 19:32:44 -03:00
Fin de la sentencia