Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 20.440-I
Lo que resolvió el tribunal
I. Confirmar las determinaciones de oficio en el Impuesto a las Ganancias e IVA, en cuanto determinan los gravámenes y liquidan intereses resarcitorios, con costas.
II. Confirmar las multas aplicadas en las resoluciones apeladas, reduciéndolas el mínimo legal. Las costas se imponen a la actora en cuanto se confirma la sanción y por su orden en la proporción reducida.
I. Que a fs. 111/116 el Sr. Guillermo José Antonio Rozas, por intermedio de letrada apoderada, interpone recurso de apelación contra las resoluciones de fecha 28 de octubre de 2013 expedidas por la Dirección Regional Norte de la AFIP- DGI: (i) N° 285/2013 (DV NRR1) que le determina con carácter parcial la obligación impositiva frente al Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2007, por la suma de pesos sesenta y cinco mil trescientos treinta y tres con nueve centavos ($65.303,09) con más la suma de pesos ciento ocho mil seiscientos veinte con ochenta y un centavos ($108.620,81) en concepto de intereses resarcitorios y le aplica una multa que asciende al monto de pesos cuarenta y cinco mil setecientos doce con dieciséis centavos ($ 45.712,16) con sustento en las previsiones del artículo 45 de la ley 11.683; (ii) N° 286/2013 (DV NRR1) que le determina de oficio con carácter parcial la obligación tributaria frente al Impuesto al Valor Agregado, periodos fiscales 01/2007 a 12/2007, por la suma de pesos treinta y ocho mil setecientos cuarenta y siete con setenta y dos centavos ($38.747,72) con más la suma de pesos setenta mil novecientos setenta y seis con treinta y tres centavos ($70.976,33) en concepto de intereses resarcitorios y la aplica una multa que asciende al monto de pesos veintisiete mil ciento veintitrés con cuarenta centavos ($27.123,40) por aplicación del artículo 45 de la ley 11.683. Manifiesta que el organismo fiscal le impugna un pasivo exteriorizado en la declaración jurada del impuesto a las ganancias, periodo fiscal 2007, que explica tiene su origen en los préstamos contraídos con los Sres. Torcuato Silva, Elvira Victoria Piñan Andrés y Elvira del Carmen García Piñan. Revela el vínculo con los sujetos involucrados, precisando que mantiene una relación de amistad de muchos años con la Sra. Elvira del Carmen García Piñan, quien es hija de la Sra. Elvira Victoria Piñan Andrés; por su parte los Sres. Torcuato Silva y Rosa Morando de Silva, son ex suegros de la Sra. García Piñan, quien reviste el carácter de apoderada de aquellos.
Relata que durante la fiscalización acreditó el origen del pasivo cuando al presentarse la Sra. García Piñan ante los actuantes corroboró el vínculo de confianza que los unía, en mérito del cual le entregó sus ahorros y los de sus poderdantes para que los deposite en instituciones financieras, instrumentándose la operación mediante la firma de pagarés en pesos con cláusula de ajuste, haciendo hincapié que el dinero entregado provenía de los ahorros de toda la vida de los mencionados sujetos y que se habían obtenido en períodos anteriores al año 2006, ya prescriptos. Ello así, explicó que con los importes recibidos constituyó plazos fijos en el Banco Provincia de Buenos Aires y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en los que figuraba como cotitular junto a su madre y la Sra. García Piñan como una medida preventiva para el hipotético caso que tuviere en el futuro inconvenientes de salud.
A los fines de sustentar los vínculos expuestos y el origen del dinero entregado, se exhibió original y copia del poder general amplio de administración, disposición, bancario y judicial conferido por los Sres. Torcuato Silva y Rosa Morando de Silva a la Sra. García Piñan y comprobantes de cobro de alquileres, recibo de cobro de pensión de la Sra. García Piñan, recibos de cobro de jubilación de su madre y de la Sra. Morando de Silva. Se informó además que la Sra. Piñan Andrés percibía un beneficio previsional proveniente del Reino de España en su calidad de nacida en aquel lugar, y que ascendía a la suma de USD 550 mensuales, a lo que se agregan dos sumas anuales, similares al aguinaldo que se percibe en nuestro país.
Advierte que, no obstante lo expuesto, la administración tributaria insistió en negar la capacidad contributiva de los acreedores en razón de lo expuesto en el escrito “Alega hechos nuevos”, en el que declaró: “como corolario de esto confirmo que la inspección está acertada al impugnar los pasivos…”. Frente a ello, su letrada aclara que “Cuando manifiesta que efectivamente la inspección estaba acertada al impugnar el pasivo, se refería a que dichos pasivos fueron cancelados con los fondos (dinero en efectivo en pesos y en dólares) provenientes de los ajustes informados en el escrito ‘Alega hechos nuevos’, lo que invalida el título de crédito (pagaré) firmado entre mi asistido y la Sra. García Piñan, aclarando además que mi defendido canceló los pasivos con las tenencias de dólares billetes que poseía, es de hacer notar que estamos hablando de hechos acaecidos hace 6 años atrás, por lo que bien pudo el contribuyente haber confundido la fecha de pago efectiva de sus deudas con la Sra. García Piñan y sus poderdantes” (sic).
Finalmente, plantea la nulidad de las resoluciones determinativas considerándolas arbitrarias en tanto arremeten contra su derecho de propiedad desde que se han emitido sin ponderar la documentación y los argumentos aportados al trámite del procedimiento, atentando contra el principio de la seguridad jurídica.
Cita jurisprudencia. Adjunta prueba documental y propone prueba testimonial. Formula reserva del caso federal. Solicita se revoquen las resoluciones apeladas, con costas al fisco nacional.
II. Que a fs. 127/145 la representación fiscal contesta el recurso.
En primer lugar, rechaza el planteo de nulidad incoado por el actor. Sostiene que las resoluciones controvertidas aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo N° 7 de la Ley de Procedimientos Administrativos sustentándose en los hechos y antecedentes de la causa, y sobre todo, en el derecho aplicable. Ratifica que no se ha vulnerado la garantía del debido proceso ni el derecho de defensa del recurrente, destacando que ni en sede administrativa ni en los presentes autos expresó cual ha sido el concreto perjuicio que ha sufrido y que ameritaría invocar la falta de causa de los cargos formulados. Así pues, sostiene la improcedencia de la nulidad que se requiere.
En lo que a la cuestión de fondo respecta, pone de manifiesto que el actor reitera en esta instancia muchos de los argumentos vertidos en oportunidad de contestar los diversos requerimientos y aportar documentación, algunos de los cuales se encuentran debidamente refutados; motivo por el cual y previo a cualquier otra consideración, las resoluciones impugnadas resultan suficientes para responder a la mayoría de los agravios alegados.
Insiste en que no se probó el circuito de los fondos que el actor asegura haber recibido, es decir su entrega, aplicación y posterior devolución, y además, al no hallarse los mismos en el circuito bancario -trataríase de entregas de dinero en efectivo- el organismo se encuentra impedido de verificar si al momento de concretarse el hipotético préstamo los acreedores poseían dichos fondos o fueron aplicados a otra transacción, o simplemente fueron consumidos. Concluye que los hechos aludidos por el actor no se hallaron respaldados de la certeza suficiente, de tal fuerza probatoria como para desvirtuar cualquier duda que pueda surgir respecto al carácter de las operaciones realizadas, ratificando en todos sus términos la determinación de oficio efectuada por su representada.
Acompaña los antecedentes administrativos, se opone a la prueba ofrecida por el recurrente, cita jurisprudencia y hace reserva del caso federal. Requiere que se confirmen las resoluciones apeladas, con costas al actor.
III. Que a fs. 151 se rechaza la prueba testimonial ofrecida por el apelante, al considerar que se trata de una medida de prueba superflua que versa sobre un hecho no controvertido en la causa.
Que a fs.168 se elevan las presentes actuaciones a conocimiento de la Sala “B” y a fs. 177 se disponen los autos para el dictado de sentencia.
IV. Por cuestiones de lógica precedencia, corresponde dar tratamiento al planteo nulificante de la parte actora, con relación a la falta de motivación y causa de los actos apelados.
Que al respecto, cabe advertir que la discrepancia con los hechos y normas en las que se basó el Organismo Fiscal para encuadrar la conducta del recurrente, no resulta sustento a la defensa de nulidad, puesto que la apreciación de los hechos que realice el juez administrativo es una valoración subjetiva, que puede o no compartirse, lo que podrá dar lugar a la confirmación o no de la resolución apelada, pero nunca a su anulación.
Que como sostuvo esta Sala in re “Siev Publicidad S.A.” (sentencia del 01/04/2004) debe rechazarse la defensa opuesta por la apelante en cuanto a la falta de fundamentación del acto determinativo y falta de consideración de lo alegado por ella, puesto que “el juez administrativo se encuentra investido de las facultades necesarias para decidir la cuestión conforme a su criterio, independientemente de lo alegado por las partes y siempre que su decisión sea fundada, situación ésta que se verifica en autos al sustentarse las resoluciones en los hechos y antecedentes del caso y en el derecho aplicable”.
Que tampoco se advierte en la especie vicio alguno en la finalidad ni en el procedimiento de determinación de oficio como alega el recurrente, tanto más cuanto que su planteo se funda en la falta de valoración de la prueba en sede administrativa, cuando según surge de los actos que se tuvo en especial consideración la prueba rendida y, más aún, se ponderaron documentos aportados junto con el escrito “Alega hechos nuevos” presentado extemporáneamente, casi dos meses después del descargo contra la vista, esgrimiendo el recurrente que los localizó luego de hacer una exhaustiva búsqueda con su nuevo contador.
Que, además, cabe considerar que este Tribunal ha sostenido in re “Mirror Holding S.A” (fallo del 15/09/06, expte. Nº 20.440-I) que: “...como lo tiene reiteradamente dicho nuestro Más Alto Tribunal (fallo 205:549, 247:52, 267:393, entre otros), cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque satisface ese derecho fundamental ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un Organismo jurisdiccional en procura de justicia, tal como “in extenso”, en el caso de marras, lo ha hecho el recurrente ante este Tribunal, pudiendo ofrecer todas las pruebas que hacían a su derecho...”. Que, así ello, cabe recordar que “en efecto, la nulidad es la sanción por la cual la ley priva a un acto jurídico de sus efectos normales cuando en su ejecución no se han guardado las formas prescriptas para ello, pero no debe olvidarse como lo destaca Alsina que “las formas procesales no tienen un fin en sí mismas y su razón de ser no es otra que la de asegurar a las partes la libre defensa de sus derechos y una defensa justa (Derecho Procesal, Tomo I, Parte General, Bs. As. 1951, pág. 646)” (vide CNACAF, “Dadea, Marta Elisa s/recurso de apelación – Impuesto al Valor Agregado”, de fecha 30/08/1984).
Por lo expuesto, debe rechazarse el planteo de nulidad interpuesto por el recurrente. Corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por el actor como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma.
En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido recientemente la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
V. Que seguidamente corresponde adentrarnos a análisis del fondo del asunto, exponiendo en primera instancia las constancias obrantes en las actuaciones administrativas que sustentan los ajustes proyectados por el Fisco Nacional. Que de conformidad con el Informe Final de Inspección obrante a fs. 382/391 del Cuerpo N° 2 de Impuesto a las Ganancias de los antecedentes administrativos, el cargo tiene origen en el cruce informático realizado en virtud del operativo dispuesto en el marco de la Instrucción General N° 838/09, al haberse detectado ingresos de fondos desde el exterior durante el año 2007 que resultan inconsistentes con el patrimonio declarado.
Indica que del análisis de la documentación aportada por el titular se constata en la DDJJ del Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2007 presentada en fecha 18/09/2010, la exteriorización de un pasivo con personas físicas por un monto total de $95.000 el cual tendría su origen en el periodo 2005, encontrándose consignado en las DDJJ de los periodos 2005 y 2006 con el mismo valor. Con fecha 18/11/2011 presenta nueva declaración jurada rectificativa del periodo fiscal 2007 en la que refleja -según expresiones del contribuyente- su correcto patrimonio e incrementa el monto de pasivo a $262.739, pudiendo verificarse que el mismo se compone de la siguiente manera: Torcuato Silva ($138.739), Elvira Victoria Piñan Andrés ($62.000) y Elvira del Carmen García Piñan ($62.000).
A pedido de la fiscalización, el verificado aporta la documentación que respalda el pasivo declarado proveniente de presuntos préstamos. A los fines de profundizar el análisis, se consulta el padrón único de contribuyentes respecto de sus acreedores, asimismo se solicita información a los referidos sujetos y se circulariza al ANSES, en tanto aquellos sostienen que el dinero proviene de ahorros de toda su vida y que perciben haberes previsionales.
De la ponderación de la información recepcionada -fs. 388/387 del citado informe- se llega a la conclusión de que no se ha logrado acreditar la titularidad de los fondos en cabeza de los acreedores, ni su entrega al deudor, como así tampoco la aplicación que este último hizo de los mismos y su posterior restitución y se concluye que “Teniendo en cuenta lo señalado esta fiscalización procede a impugnar el incremento de los pasivos exteriorizados por el Sr. Rozas en su DDJJ del Impuesto a las Ganancias, periodo fiscal 2007”.
Que prosiguiendo con el análisis de las constancias obrantes en los antecedentes administrativos, cabe mencionar que a fs. 423 del Cuerpo N° 3 de Impuesto a las Ganancias se notifica la vista mediante Resolución N° 165/2013 (DV NRR1) de fecha 07/06/2013 (ver fs. 411/422) y a fs. 424/429 el recurrente presente descargo, impugnando los ajustes e insistiendo en la autenticidad del pasivo declarado por haber acreditado la capacidad de los acreedores.
Que seguidamente, en fecha 14/08/2013 y encontrándose vencido el plazo para la impugnación de la vista, el contribuyente presenta un escrito titulado “Alega hechos nuevos- Aporta Documental” –fs. 476/491 del Cpo. 3 de Ganancias- en el cual expresa “Luego de haber realizado una exhaustiva revisión de mis agendas, de documentación respaldatoria y de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y a los bienes personales, junto a mi nuevo contador he hallado operaciones que modifican sustancialmente mis DDJJ desde el año 2003 al año 2007, hechos estos que encuadran en la teoría de las correcciones simétricas, lo que me habilita a presentar rectificativas de las DDJJ” (sic).
En primer lugar, refiere que formalizó la venta de un inmueble de su propiedad situado en calle Manuela Pedraza 2193/2199 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en fecha 04 de diciembre de 2003 mediante escritura N° 402- la que adjunta- por un importe de $210.000, expresando que a su entender se trataba de un renta exenta que su anterior contador no consignó en la DDJJ del periodo fiscal 2003.
En segundo lugar, esgrime que del cotejo de lo declarado en el periodo fiscal 2003, surgen bienes en el exterior por un monto de $310.576,00 en la DDJJ de Ganancias y de $483.664,32 en la DDJJ de Bienes Personales, expresando que esos bienes en el exterior correspondían a su parte proporcional (aprox. 84%) de US$ 167.939,00 de un deposito acreditado en la cuenta abierta en los Estados Unidos en el Banco Smith Barney por US$ 200.000, fondos que fueron repatriados en el año 2007.
En razón de lo informado, expresa “Estas dos operaciones son rentas exentas de acuerdo a las normas y a lo concluido en la fiscalización, la suma de ambas da $686.936,32 y ante nuestra sorpresa nos encontramos con una renta declarada de solo $257.391,32” (sic.).
Vuelve sobre la venta de la propiedad y explica que dicha operación se cobró en pesos en efectivo -de acuerdo a la escritura- y que por ello, estima que al declarar rentas exentas por un importe menor y no el real en sus DDJJ del periodo fiscal 2003, se omitió declarar además una tenencia en efectivo al cierre por aproximadamente idéntico monto que la venta del inmueble. Deduce que “los efectos de esa omisión de tenencia de dinero en efectivo en el tiempo generaron una distorsión muy importante en lo declarado como bienes en el país en el impuesto a las ganancias y en el impuesto a los bienes personales para implotar en el año 2007 al bancarizar yo esas tenencias de efectivo transformándolas en depósitos a plazo fijo” (sic.)
Ello así, afirma “Como corolario de esto confirmo que la inspección está acertada al impugnar los pasivos incluidos en la DDJJ del año 2007, pero el incremento patrimonial verificado está indubitablemente justificado y fue producto de la variación permutativa por la bancarización en depósitos a plazo fijo de dinero en efectivo que tenía al inicio del ejercicio fiscal, proveniente de rentas exentas declaradas incorrectamente por un importe menor al real en el año 2003, y que además en el año 2005 y posteriores debo incrementar mi tenencia en los bienes en el país de los dólares estadounidenses cobrados para la repatriación de capitales y omitidos de declarar” (sic).
A los efectos de sustentar los hechos nuevos que invoca aporta copia de la escritura de venta del inmueble, copia de la factura de la escribanía, comprobantes de operaciones de giros recibidos del exterior y su correspondiente compra de dólares del Banco del Sol del año 2005; copia de Client Statement del Banco Smith Barney del año 2003 y borradores provisorios proforma cruzando con las declaraciones juradas presentadas principales rubros y ajustes propuestos en las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y a los bienes personales por los años 2003 a 2006, solicitando el acceso a los papeles de trabajo de las declaraciones juradas de los referidos periodos (vide fs. 480/491 del Cpo. N° 3 de Ganancias).
Cabe precisar que, no obstante lo extemporáneo de su presentación -como puede vislumbrarse en las resoluciones apeladas- el organismo fiscal ha ponderado lo alegado y la prueba rendida a los fines de decidir sobre la procedencia de los ajustes proyectados.
VI. Que exhibidos los elementos tenidos en cuenta por la fiscalización para efectuar las determinaciones de oficio que se impugnan, corresponde seguidamente adentrarnos al examen de los mismos frente al cotejo de las probanzas rendidas por el recurrente en ambas instancias.
Cabe prevenir que el juzgador no está obligado a pronunciarse sobre todas las articulaciones de las partes, sino solamente sobre aquellas que estime conducentes para fundar su decisión (conf. CSJN in re "Sopes Raúl Eduardo c. Administración Nacional de Buenos Aires" sentencia del 17/11/87, Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal sala V “Tunesse, María del Carmen Flavia c. Ministerio del Interior s/juicio de conocimiento” sentencia del 13/4/98, “Manzino, Silvia B.”, T.F.N., Sala “D”, sentencia de fecha 17/03/2006, entre otros). Que corresponde hace notar que, como acertadamente lo exponen las resoluciones impugnadas, se vislumbra una clara incongruencia de los descargos presentados por el contribuyente en la etapa administrativa, pues en un primer momento intenta probar la capacidad económica de los supuestos prestamistas para luego reconocer la improcedencia de los pasivos declarados e intentar justificarlos mediante distintas variaciones de efectivo relativo a periodos prescriptos provenientes de supuestas rentas exentas no declaradas. Las mencionadas incongruencias se ponen de manifiesto también en el escrito de defensa que interpone en los presentes autos.
Que no obstante las manifiestas contradicciones y vacilaciones expuestas por el apelante a los fines de justificar el origen del pasivo que motiva los ajustes en ganancias e IVA y las consecuentes sanciones, ocurre que en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Conviene precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas de la citada norma deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Que del cotejo de la prueba rendida en el expediente administrativo y en autos, se concluye que asiste razón al Fisco Nacional cuando asevera que de la documentación aportada no es posible verificar que el saldo en dinero en efectivo que el recurrente recibió por la venta del inmueble en el año 2003 o aquellos que dice haber repatriado en el año 2005, sea el mismo que finalmente conservó hasta enero de 2007 y que habría procedido a colocar en los plazos fijos, pues nada de lo que obra agregado en los actuados permite afirmar o corroborar la consistencia de ese circuito.
Como apropiadamente lo exponen los actos apelados, no puede entenderse que a los efectos de justificar la diferencia patrimonial detectada por el fisco, el responsable pretenda modificar y/o adecuar sus ingresos -así como también sus bienes al cierre y al inicio de los periodos fiscales 2003 a 2006 del Impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales- a la pretensión fiscal, máxime cuando los rubros modificados responden a ingresos exentos y a efectivo, sin perjuicio de señalar que el responsable no rectificó las declaraciones juradas sino que solo presentó junto con su descargo una proforma de las mismas, haciéndose especial hincapié en que se trata de periodos fiscales ya prescriptos. Que en tal sentido, se vislumbra que la actividad fiscalizadora no ha hecho más que una debida aplicación de elementales principios que gobiernan la materia tributaria y que, en la particular situación en estudio, colocan en cabeza del responsable el cumplimiento de ciertos recaudos para poder verificar la existencia y medida de la relación sustantiva. Que luego, y en lo que atañe a las variaciones patrimoniales que sostiene no fueron declaradas oportunamente y de las cuales provendría el dinero en efectivo que luego exteriorizó mediante la conformación de una serie de plazos fijos, asiste razón al Fisco Nacional cuando asevera que “Si bien podría corroborarse la venta de una propiedad aducida por el contribuyente en el año 2003 atento a que es un bien registrable y su venta se realiza a través de un instrumento público, no es posible determinar qué hizo con el dinero obtenido como producto de dicha operación en el año 2003, que además es un periodo prescripto, como tampoco es posible verificar un saldo de dinero en efectivo al cierre del periodo por tratarse de bienes fungibles. Que iguales conclusiones le caben a los fondos supuestamente repatriados en el año 2005” ( vide fs. 45/46 de autos).
Que, coherentemente con lo antedicho, las afirmaciones y pruebas aportadas y producidas por el recurrente en sede administrativa no revisten entidad suficiente como para conmover el ajuste fiscal con proyección en ambos impuestos determinados.
Que así las cosas, con relación al pasivo declarado por el recurrente, corresponde concluir que se verifica el incremento patrimonial no justificado invocado por el ente recaudador, sin que se haya probado acabadamente que dichos montos no son de su titularidad o que no corresponden a ingresos gravables. En tal sentido, resulta procedente confirmar el ajuste en el impuesto a las ganancias, periodo fiscal 2007, pues se comprende que el organismo fiscal efectuó una correcta aplicación del artículo 18, inc. f) de la ley 11.683 -sustento normativo de las determinaciones de oficio- que dispone “Los incrementos patrimoniales no justificados, representan: 1) En el impuesto a las ganancias: Ganancias netas determinadas por un monto equivalente a los incrementos patrimoniales no justificados, más un diez por ciento (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles”.
Que seguidamente, incumbe pronunciarse acerca de la determinación de oficio en el Impuesto al Valor Agregado, en razón de extenderse el incremento patrimonial no justificado a la órbita de las “ventas omitidas”.
Que según emerge de la resolución apelada el contribuyente declara como actividad principal la prestación de “Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas, convenciones y otros eventos similares” con Código C.I.I.U N° 701010. Que en tal contexto, para los periodos determinados -01/2007 a 12/2007- ya se encontraba vigente la modificación introducida por la Ley N° 25.795 (B.O. 17/11/2003), al artículo 18 inc. f) disponiendo que “Los incrementos patrimoniales no justificados, representan: 2) En el impuesto al Valor Agregado: Montos de ventas omitidas determinadas por la suma de los conceptos resultantes del punto precedente”, por lo que siendo ésta la norma en la cual el fisco nacional sustenta el ajuste bajo estudio, al considerar comprobada la existencia del incremento patrimonial, resulta activada la presunción antes transcripta.
Que corresponde precisar que las reglas contenidas en el artículo 18 de la ley 11.683 (t.o. citado) refieren a presunciones legales “iuris tantum”, cuya consecuencia es la de revertir la carga de la prueba. Así, el efecto fundamental de la presunción de marras es dispensar de la prueba del hecho presumido al favorecido por ella. Cuando resulta de aplicación una de estas presunciones, el que se beneficia con ella no debe probar sino el hecho antecedente, la ley suple su actividad y tiene por acreditada la conclusión, y la carga probatoria pesa sobre quien niega el hecho antecedente o la aplicabilidad de la presunción a su caso.
Que ello así, teniendo presente el modo en que se ha expuesto la defensa, en la cual se ha mudado la argumentación y la prueba con respecto al pasivo impugnado por el organismo fiscal, a lo que se adiciona que el recurrente no esgrime agravios ni produce prueba idónea que permita desvirtuar la activación de la presunción de existencia de ventas omitidas que utiliza el Fisco Nacional en el caso, corresponde sin más su confirmación.
Por lo merituado, y teniendo en cuenta que ha existido un trabajo de inspección y fiscalización que permite razonablemente sustentar la posición del Fisco -máxime ante la falta de pruebas en contrario producidas por el apelantecorresponde confirmar la determinación efectuada en el IVA, con más los intereses resarcitorios y costas.
VII. Que, por último, resta analizar las multas endilgadas al contribuyente con sustento en el art. 45 de la ley de rito, por el período 2007 del Impuesto a las Ganancias y los períodos enero a diciembre de 2007 del I.V.A.
Que la sanción de multa del art. 45 de la ley 11.683 requiere para su configuración, la concurrencia de dos elementos: por un lado la omisión de pago de impuesto y por otra el medio comisivo, que puede ser la falta de presentación de declaraciones juradas o la presentación de DDJJ inexactas, siempre y cuando el juez administrativo descarte la existencia de “declaración engañosa” y en la medida que no exista error excusable.
Que se trata de una conducta típica negligente, presumiéndose la culpa, que lleva al sujeto a obrar con inobservancia de los deberes y obligaciones que lo alcanzan como contribuyente, y que previendo el resultado disvalioso posible, no adopta las medidas diligentes necesarias para mantener indemne el bien jurídico tutelado, es decir, la renta fiscal. Que toda vez que en autos quedó acreditada la omisión de impuestos, conforme se viene resolviendo en los considerandos que anteceden, y siendo que en la especie no se advierte la configuración de la figura del error excusable que permita desvirtuar la atribución subjetiva del ilícito, deben confirmarse las multas impuestas.
Que, en lo que atañe a la graduación de la pena, la discrecionalidad del juez administrativo no queda exenta de la revisión posterior por parte de este Tribunal respecto de la razonabilidad del acto sancionatorio. En el caso bajo análisis, teniendo en cuenta que el contribuyente de autos no registra antecedentes infraccionales - hecho que, en principio, lleva a reducir el quantum de la multa al mínimo legal de la escala punitiva-, debe reducirse la graduación dispuesta por el juez administrativo al mínimo legal (50%).
Que, atento que en los hechos ventilados en autos el apartamiento del mínimo legal que realiza el Fisco Nacional requeriría, cuando menos, una mínima argumentación a fin de justificar las razones que lo llevaron a considerar que la conducta del contribuyente implicaba un mayor contenido de injusto reprochable en la proporción establecida (70%), corresponde recrear la doctrina de esta Sala emanada del precedente “Camuzzi Gas Pampeana. A.”, Expte. N° 19.314-I, sentencia de fecha 21/02/2005, en cuanto se dijo que “cuando queda acreditada la materialidad de la infracción prevista en el art. 45 de la ley de rito, la falta de prueba de la existencia de error excusable, unido a la existencia de una negligente y errática conducta del contribuyente en la determinación de sus impuestos, corresponde su confirmación, aunque las particularidades del ajuste que involucran en algunos casos la precisión de cuestiones de imputación (no de procedencia) del castigo a determinado ejercicio fiscal, corresponde la reducción al mínimo de la escala punitiva de la figura aplicada”.
Por lo merituado, se confirman las sanciones aplicadas, reduciéndolas al mínimo legal de la escala punitiva aplicada, con costas.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
I. Confirmar las determinaciones de oficio en el Impuesto a las Ganancias e IVA, en cuanto determinan los gravámenes y liquidan intereses resarcitorios, con costas.
II. Confirmar las multas aplicadas en las resoluciones apeladas, reduciéndolas el mínimo legal. Las costas se imponen a la actora en cuanto se confirma la sanción y por su orden en la proporción reducida.
Registrese, notifiquese, a los domicilios electronicos constituidos por las partes -conforme lo dispuesto en Acta del Acuerdo celebrado el 8 de Septiembre de 2020 IF-2020-60084748--APN-VOCXXI#TFN, anexa a la RESOL-2020-44- APN-TFN#MEC – B.O. 11/09/2020-: a la actora en el domicilio constituído y al Fisco Nacional en la CUIT 27- 23644127-5 (Dra. Evangelina Natalia Urondo), y CUIT 33-69345023-9 (AFIP). Fecho, procedase a la impresion y agregacion de la presente al expediente papel, devuelvanse los antecedentes administrativos y, archivese. Date: 2022.12.06 12:43:22 ART Date: 2022.12.06 16:56:58 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.12.07 17:36:55 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.07 17:37:59 -03:00
Fin de la sentencia