Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en cuanto determinan impuestos, accesorios y multa, reduciendo esta última al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental. Con costas salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
I. Que, a fs. 14/21 el apoderado de la actora interpone recurso de apelación contra las resoluciones N° 70/2014 (DV RRLP) y N° 71/2014 (DV RRLP) de la A.F.I.P. -Dirección General Impositiva-, ambas de fecha 8 de mayo de 2014, suscriptas por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional La Plata.
Mediante la primera de ellas se determina de oficio la obligación impositiva de la recurrente en el Impuesto a las Ganancias correspondiente a los períodos fiscales 2009 y 2010, ambos inclusive, imponiéndole la obligación de ingresar en concepto de impuesto la suma de $343.505,60-, con más la suma de $415.216,71- en concepto de intereses resarcitorios, y aplicándose multa equivalente a tres tantos del gravamen presuntamente evadido por la suma de $1.030.516,80- con sustento en el artículo 46 de la ley de rito. Mediante la segunda de las referidas resoluciones, se determina la obligación impositiva en el Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los períodos fiscales enero de 2009 a diciembre de 2010, ambos inclusive, imponiéndole la obligación de ingresar en concepto de impuesto la suma de $409.303,20-, con más la suma de $573.685,97- en concepto de intereses resarcitorios, y aplicándose multa equivalente a tres tantos del gravamen presuntamente evadido por la suma de $1.227.909,24- con sustento en el artículo 46 de la norma procedimental.
De modo preliminar, el apelante declara como actividad el expendio de helados. En concreto, se observa un argumento central tendiente a lograr por parte de este Tribunal la declaración de nulidad de las resoluciones apeladas sobre la base de una serie de argumentaciones tales como vicios en la motivación de los actos recurridos, la omisión de considerar los argumentos expuestos por la recurrente en su defensa y la denegatoria de producir la prueba informativa propuesta en sede administrativa -a su entender- sin justificación alguna, lo que afirma vulnera su derecho de defensa (fs. 15/18). Asimismo, expresa el apoderado de la recurrente que “(s)u mandante confeccionó sus declaraciones juradas en base a los datos objetivos obrantes en sus registros contables no existiendo ninguna incongruencia entre lo declarado y los registros del contribuyente”, que su “representado lleva en debida forma la contabilidad de sus negocios y en base a sus registros, documentos, libros contables, confeccionó las correspondientes declaraciones juradas que se ajustan a las previsiones legales vigentes”, destacando -en referencia a las declaraciones juradas de su representado- que son “fiel reflejo de sus registros contables, resulta adecuado para el cálculo del IVA el crédito oportunamente computado por mi representado, como así también las deducciones practicadas (sic) para el cálculo del impuesto a las ganancias” (fs. 18). Luego, las restantes argumentaciones se vinculan a las sanciones impuestas (fs. 18 vta./20) y a la solicitud de morigeración por parte de este Tribunal Fiscal de los intereses resarcitorios señalando que estos superan más del ochenta por ciento (80%) del presunto capital adeudado (fs. 20/21). Ofrece prueba informativa al proveedor Ángel Escobar O'Neill, pericial contable y testimonial, plantea el caso federal y, finalmente, peticiona se dicte sentencia revocando las resoluciones apeladas, con costas al Fisco Nacional.
II. Que, a fs. 38/56 vta. el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso, desestima los agravios de la recurrente, tanto los planteos nulificantes -señalando que en todo momento se respetaron las normas procedimentales y el derecho de defensa de la recurrente-, como así también los referidos a las cuestiones de fondo atinentes a los ajustes fiscales en relación a ambos gravámenes. Ratifica en todas sus partes las resoluciones determinativas de oficio que motivan las presentes actuaciones, solicitando el rechazo de los recursos impetrados por las razones de hecho y de derecho que expone, y acompaña las actuaciones administrativas.
Asimismo, se opone a la prueba informativa, toda vez que la considera, en esencia, dilatoria e improcedente, en tanto - puntualiza- la misma se hubo producido durante la instancia administrativa de oficio por la fiscalización actuante. Por su parte, también se opone a la producción de las restantes pruebas ofrecidas por la actora, en atención a considerarlas dilatorias e improcedentes. Por último, plantea el caso federal y pide se confirmen las resoluciones recurridas, con costas a la actora.
III. Que, a fs. 67 se dispuso la apertura a prueba de la presente causa, admitiéndose la oposición formulada por el Fisco Nacional respecto de la prueba testimonial, y haciéndose lugar a la prueba informativa ofrecida por la recurrente y a la prueba pericial contable.
A fs. 103/103 vta., obra la contestación del oficio dirigido al proveedor Ángel Escobar O'Neill. Por su parte, y no obstante las reiteradas intimaciones efectuadas por este Tribunal a efectos de que la parte actora impulsara la producción de la prueba pericial contable, se dispuso a fs. 117 hacer efectivo el apercibimiento correspondiente y, en consecuencia, dar por decaído el derecho a producir dicha prueba en lo sucesivo.
IV. Que, a fs. 148 se declara la clausura del período probatorio, se elevan los autos a consideración de la Sala “B”, a fs. 152 se ponen los autos para alegar, encontrándose glosado el alegato producido por el Fisco Nacional a fs. 155/157, no habiendo hecho uso la parte actora de su derecho pese a encontrarse debidamente notificada (vide fs. 159) y seguidamente se ponen los mismos para sentencia.
V. Que, en primer término, corresponde expedirse en torno a los planteos de nulidad efectuados por la recurrente sobre la base de una serie de argumentaciones tales como vicios en la motivación de los actos recurridos, la omisión de considerar los argumentos expuestos por la recurrente en su defensa y la alegada denegatoria de producir la prueba informativa propuesta en sede administrativa sin justificación alguna, lo que afirma vulnera su derecho de defensa, adelantando que estos argumentos carecen de fundamentos legales suficientes para sustentar la petición.
En efecto, para que prospere la pretensión de la recurrente, la nulidad impetrada debe estar sustentada en un interés jurídico concreto, por lo que resulta necesario que el vicio respectivo haya colocado al recurrente en un verdadero estado de indefensión, ocasionándole un agravio no subsanable, lo que no se verifica en el caso de marras.
En ese sentido, el objeto de las nulidades procesales radica en el resguardo de la garantía constitucional de la defensa en juicio, debiendo acreditarse en cada caso el perjuicio concreto de esa garantía y que la misma ha sido conculcada. Asimismo, no pueden decretarse para satisfacer un interés teórico, sino únicamente cuando ellas hayan redundado en un perjuicio positivo y concreto para el derecho de quien las pide, lo que no ocurre en autos. Lo contrario implicaría declarar la nulidad por la nulidad misma.
Ahora bien, no se observa en los actos recurridos una falta de motivación tal que amerite la declaración de nulidad pretendida por el apelante. Tampoco se verifica en el desarrollo de la etapa administrativa violación alguna a las formas esenciales, pues conforme se desprende de las mismas, los montos reclamados en concepto de impuestos, accesorios y multas se referencian de modo expreso en dichas resoluciones.
Asimismo, debe destacarse que la recurrente ha tenido en todo momento posibilidad de acceder a las actuaciones, aportando documentación en varias oportunidades, la cual fue recibida sin inconveniente alguno e incluso, cuando hubo considerado la instancia inspectora que las explicaciones o la documentación aportada no resultaban completas, también se solicitó documentación adicional que respaldara dichas aseveraciones.
Vale decir, en todo momento la parte actora tuvo la posibilidad de comprender el origen y el tenor de los ajustes propuestos por la fiscalización actuante en referencia a cada impuesto, posteriormente reiterados durante el procedimiento de determinación de oficio, de defenderse y aportar prueba.
En atención a lo señalado precedentemente, no pueden acogerse los planteos de nulidad articulados, no correspondiendo imponer costas en forma autónoma.
Al respecto, cabe recordar que en tal sentido se ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Bolland y Cía SA (TF 21.122-I) C/DGI” de fecha 21/02/2013 en el que expresó que “tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal, ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. Fs. 132) lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y -tal como lo puso de relieve el a quo- la actora la planteó “como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal” (conf. Sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia”.
VI. Que, sentado lo que antecede, corresponde que este Tribunal se expida respecto de las cuestiones de fondo vinculadas a los ajustes efectuados durante la instancia administrativa en el Impuesto al Valor Agregado y en el Impuesto a las Ganancias durante los períodos fiscales 2009 y 2010.
En ese sentido, es necesario dejar expresado que conforme surge del Informe Final de Investigación (cfr. fs. 51/55 Cuerpo de Antecedentes, AA) que diera origen a todo el procedimiento administrativo posterior, el organismo recaudador detectó a partir de la carátula “Indicadores eBafis Anual” una serie de inconsistencias entre las ventas exteriorizadas por el recurrente en sus declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado respecto de los ingresos de la tercera categoría también declarados por la aquí actora en el Impuesto a las Ganancias, todo ello durante el transcurso de los períodos fiscales 2009 y 2010.
A partir de dicha aproximación preliminar, que evidenciaba un supuesto de omisión de ventas en el IVA, surgieron además otra importante serie de inconsistencias; algunas detectadas en forma sistémica, como el caso de las diferencias entre las Remuneraciones y Contribuciones informadas por el propio contribuyente en el SUSS y aquellas deducidas por dichos conceptos en el Impuesto a las Ganancias; algunas no detectadas de dicha manera pero que en principio pueden ser observables, tales como provisiones contra malos créditos, pérdidas extraordinarias y otros gastos. Asimismo, otro disparador no menos importante fue la observación de un índice de rentabilidad escaso, en torno al 1,05% y 1,03% durante los períodos fiscales 2009 y 2010, respectivamente.
Por otra parte, el aquí recurrente no declaró en ambos períodos fiscales bajo investigación bienes, cuando de las bases informáticas de la Administración Tributaria surgía a las claras que el mismo era propietario de varios vehículos y de un inmueble. En lo que refiere al rubro “Deudas”, el actor declaró una importante suma de dinero como debida a su principal proveedor -Ángel Escobar O'Neill- al cierre del ejercicio 2009 que luego no surge al inicio del ejercicio 2010. Por último, se constató en el ejercicio 2010 una abrupta disminución del monto consumido respecto de los dos períodos fiscales anteriores, del orden de entre las cinco y siete veces y media inferiores.
VII. Que, por una cuestión de orden lógico y de claridad en la exposición, corresponde despejar aquellos conceptos que no ameritan mayor tratamiento, toda vez que el recurrente no presentó documentación alguna de respaldo no obstante haberle sido requerida, o bien ya que las inconsistencias surgen palmarias entre lo declarado en los sistemas informáticos y lo expresado finalmente en las Declaraciones Juradas del Impuesto a las Ganancias.
En esa tónica, conforme surge de la Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias Período Fiscal 2009 Rectificativa N° 1, el recurrente declaró entre los gastos y deducciones especialmente admitidos para la tercera categoría que no implican erogación de fondos la suma de $215.500 dividida en “Provisiones contra malos créditos” por valor de $50.000, “Pérdidas extraordinarias” por valor de $125.500 y “Otros gastos que no implican erogación de fondos” por valor de $40.000 (cfr. fs. 17, Cuerpo Ganancias, AA). No obstante sus explicaciones (cfr. fs. 11, fs. 45 y fs. 98), el propio recurrente reconoce en la última de ellas que no posee otra documentación a la fecha, y tampoco ensaya justificación o explicación de tipo alguno en referencia a estos tres rubros, razón por la que no cabe más que confirmar el ajuste fiscal al impugnar estas deducciones.
Por otra parte, tanto en la Declaración Jurada precedentemente mencionada como en aquella referida al Impuesto a las Ganancias Período Fiscal 2010 Original, el aquí apelante declaró en concepto “Sueldos, aguinaldos, gratificaciones y cargas sociales” las sumas de $153.000 para el ejercicio 2009 y de $560.633 para el ejercicio 2010 (cfr. fs. 16, fs. 19 y fs. 21, Cuerpo Ganancias, AA). Contrastados dichos importes declarados con las propias declaraciones del contribuyente ante el Sistema Único de Seguridad Social -nómina salarial y Formularios 931 SUSS- (cfr. fs. 54/100 y fs. 187, Cuerpo Ganancias, AA), esto es, las sumas de $84.739,80 para el ejercicio 2009 y de $498.711,42 para el ejercicio 2010, se observan diferencias por valor de $68.260,20 y $61.921,58, respectivamente, sin que el aquí actor hubiera justificado dichas diferencias ni aportado comprobantes que justificaren las erogaciones con imputación a esos cargos, por lo que corresponde confirmar las impugnaciones efectuadas por la fiscalización.
En resumidas cuentas, las correcciones e impugnaciones formuladas por la Administración Fiscal en lo que respecta a estos primeros ajustes en el Impuesto a las Ganancias 2009 y 2010 no han merecido objeción por parte del recurrente, razón por la que corresponde confirmar en este aspecto la resolución apelada, con costas.
VIII. Que, corresponde ahora analizar los ajustes vinculados a las diferencias detectadas por el Fisco Nacional entre los ingresos declarados por el recurrente en el Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2009 y 2010 respecto de las ventas declaradas en el Impuesto al Valor Agregado períodos fiscales enero de 2009 a diciembre de 2010.
En concreto, conforme surge del Informe Final de Investigación (cfr. fs. 51, Cuerpo de Antecedentes, AA), el recurrente declaró como ingresos de la tercera categoría las sumas de $1.327.509 para el ejercicio 2009 y $1.984.036 para el ejercicio 2010, mientras que conforme surge de los montos globales de ventas según las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado que componen los doce períodos fiscales de cada uno de los ejercicios mencionados, en 2009 el apelante declaró ventas por valor de $729.640 y $1.643.198 en 2010.
Vale decir, de acuerdo a lo que la propia actora exteriorizó en cada gravamen, surgen diferencias por valor de $597.869 en 2009 y $340.838 en 2010. Partiendo de la base de que las incongruencias surgen de lo declarado por el propio contribuyente y no verificándose la existencia de ninguna otra fuente generadora de renta ya que el expendio de helados es la única actividad que el contribuyente reconoció desarrollar en la práctica en sede administrativa (cfr. fs. 11, Cuerpo IVA N° 1, AA, cuando consultado por su participación en otro emprendimiento societario denominado Calimas S.R.L., el contribuyente expresó que era meramente formal y no generaba renta alguna), el razonamiento fiscal se observa más que lógico, puesto que si se declaran ingresos en el impuesto a las ganancias superiores a las ventas en IVA, y no existe otra fuente de ingresos, lo que se verifica es la omisión de ventas de tal actividad de venta de helados.
Ahora bien, producto de la detección de estas diferencias, y una vez aportados los Libros IVA Ventas y Compras por el recurrente, lo que se detectó fue la existencia de una serie de operaciones de compra de mercadería y facturas de gastos supuestamente realizados por la quejosa que no se encontraban registrados en los libros anteriormente mencionados. Para ello, resulta fundamental entender que las operaciones de compra de mercadería se detectaron a partir de dos líneas de investigación. La primera ya explicitada, el contribuyente declaró ingresos en el Impuesto a las Ganancias superiores a las ventas declaradas en el Impuesto al Valor Agregado, por ende los números de la quejosa desde un comienzo distan de ser claros. La segunda, que al declarar la recurrente en el rubro “Deudas en el País” al 31/12/2009 la suma de $254.700 con su principal proveedor -La Sorbetiere de Ángel Escobar O'Neill- (cfr. fs. 3, fs. 10 y fs. 11, Cuerpo Ganancias, AA), y no declarar dicha deuda al inicio del período fiscal 2010, esto condujo a la fiscalización a requerir la información directamente a dicho proveedor.
En ese sentido, del cotejo efectuado por la fiscalización entre lo registrado en el Libro IVA Compras, el listado de cuenta corriente aportado por el recurrente -incompleto en el año 2010, por cierto- y la contestación del requerimiento efectuada por el proveedor Escobar O'Neill (cfr. fs. 99/107 y fs. 171/176, Cuerpo IVA N° 1, AA y, fs. 128/132, Cuerpo Ganancias, AA) surge no solo que la deuda existente al cierre del período fiscal 2009 era inferior a la declarada a razón de un 50% sino que también el recurrente debía un importe similar hacia finales del ejercicio 2010, en el cual no había declarado deber suma alguna, aún en su propio perjuicio, circunstancias ambas que fueron debidamente valoradas por la fiscalización en el Impuesto a las Ganancias de cada período fiscal involucrado (cfr. fs. 178/179, Cuerpo Ganancias, AA). Asimismo, el descubrimiento de esta serie de operaciones de compra no registradas llevó a la fiscalización a computar el correspondiente crédito fiscal para cada período involucrado en el Impuesto al Valor Agregado, lo cual también se tradujo en un beneficio para el recurrente (cfr. fs. 187/189, Cuerpo IVA N° 1, AA).
No obstante lo expuesto supra, no debe perderse de vista el hecho de que estos ajustes, que en buena parte bien han beneficiado al propio recurrente, tienen su respectivo correlato en los respectivos prorrateos del débito fiscal en el IVA en razón de la diferencia de ingresos detectada en el Impuesto a las Ganancias, la cual se reitera, fue declarada por la quejosa en primer lugar y el Fisco Nacional no cuestionó los referidos ingresos.
En este aspecto la fiscalización actuó conforme a derecho, computando a favor del recurrente una estimación de gastos correspondiente al cinco por ciento de las ventas en ambos períodos fiscales del Impuesto a las Ganancias (cfr. fs. 193, Cuerpo Ganancias, AA). Dicho de otro modo, cada ajuste se realizó teniendo especialmente en cuenta la simetría entre ambos gravámenes involucrados.
Una vez más, evidenciado un monto de ingresos superior en el Impuesto a las Ganancias al declarado como vendido en el Impuesto al Valor Agregado, la conclusión lógica, razonable y coherente es que el recurrente omitió declarar buena parte de sus ventas y los débitos fiscales correspondientes. Tanto más si se toma en consideración que se detectó sin registrar un importante número de operaciones de compra de mercadería al proveedor principal.
Por estas cuestiones, y no observando este Tribunal que la fiscalización se hubiere apartado de las normas vigentes para ambos gravámenes en los respectivos períodos fiscales, corresponde confirmar los ajustes efectuados por el Fisco Nacional en lo que se refiere a la impugnación y ajuste de deudas con el proveedor Ángel Escobar O'Neill, la estimación de gastos por ventas en el Impuesto a las Ganancias, así como también los ajustes en materia de débitos y créditos fiscales del Impuesto al Valor Agregado por las operaciones de compra no registradas y ventas omitidas, con costas.
IX. Que, conforme lo señalado en el Considerando VIII que antecede, resta analizar una serie de facturas no registradas presentadas por el contribuyente, las cuales fueron objeto de impugnación durante la instancia administrativa, toda vez que del cruzamiento de información y de las diligencias dispuestas, se verificó que dichos documentos eran apócrifos (duplicación de facturas).
Primero, respecto de dos facturas supuestamente emitidas por Distribuidora Mercurio de Zulema Cristina Ganduglia por la venta de envases de telgopor, consultada que fuera la Sra. Ganduglia desconoció las respectivas facturas, toda vez que no había vendido ni transportado ese tipo de mercaderías al Sr. Plastino -aquí actor-. Asimismo, informó que todas las operaciones de su comercio se registran a través del respectivo controlador fiscal y que, como excepción, cuando no se puede utilizar el dispositivo, dispone de facturas tipo A que completa de forma enteramente manual y no como las exhibidas que fueron completadas a máquina (cfr. fs. 145/146 y fs. 177 Cuerpo Ganancias, AA).
Asimismo, producto de las bases informáticas del Fisco Nacional, surgió que la actividad de la Sra. Ganduglia era venta al por menor de papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería y, que a tenor de su declaración jurada del Impuesto al Valor Agregado para el período fiscal febrero de 2010 -supuestas ventas al aquí apelante-, el IVA correspondiente únicamente a esas dos facturas superaba en un seiscientos por ciento (600%) la totalidad de la operatoria comercial de la Sra. Ganduglia para idéntico período fiscal (cfr. fs. 155/158, Cuerpo Ganancias, AA).
Otro tanto sucedió con una factura del contribuyente Neo Transporte S.A. de la localidad de Arrecifes, Provincia de Buenos Aires, transportista de animales cuyo débito fiscal por esa única operación de transporte de mercadería superaba la totalidad de la operatoria comercial declarada por el transportista para idéntico período fiscal (cfr. fs. 148/149, Cuerpo Ganancias, AA).
En estos dos supuestos, tanto el de la Sra. Ganduglia como el de Neo Transportes S.A., la fiscalización constató que se trataba del mismo imprentero, el Sr. Juan José Ferreyra, quien reconoció haber efectuado los respectivos trabajos de impresión y acompañó en el caso de la Sra. Ganduglia la autorización de impresión correspondiente (cfr. fs. 175/176, Cuerpo Ganancias, AA).
No escapa a este Tribunal Fiscal que no parece una mera coincidencia el hecho de que un transportista de animales de la localidad de Arrecife y una comerciante minorista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, utilicen el mismo imprentero y por alguna razón ambos tengan intercambio comercial con el aquí actor que no se condice con sus actividades declaradas y que incluso en algún caso se desconoció las supuestas operaciones, no obstante lo cual tanto en un caso como el otro sus declaraciones juradas dan cuenta de volúmenes muy inferiores a las facturas exhibidas por el Sr. Plastino. Tampoco es menor el hecho de que estas operaciones no se encontraran registradas en el Libro IVA Compras del recurrente.
En esa línea también se encuentran dos facturas de Alamchap de Gloria Noemi Tamburini de San Justo, Provincia de Buenos Aires, comerciante minorista de materiales para la construcción cuyas dos ventas al aquí actor en los períodos fiscales abril y mayo de 2009 superan por sí mismas el débito fiscal declarado por esa contribuyente en idénticos períodos fiscales (cfr. fs. 150/154, Cuerpo Ganancias, AA).
Por último, se verifica una factura del contribuyente Giordano Hnos. de Giordano Bruno H. y Giordano Damián (S.H.), también transportista, cuya factura N° 172 fuera informada por sistema por otro contribuyente, en otro período fiscal, por diverso monto y débito fiscal (cfr. fs. 147 y fs. 173, Cuerpo Ganancias, AA).
En todos estos supuestos, y sin perjuicio de que pueda considerarse una supuesta validez formal de los documentos exhibidos por el aquí apelante, resulta lógica la impugnación fiscal, toda vez que los mismos no estaban registrados en los respectivos libros, algunas facturas fueron desconocidas por los supuestos emisores, bien su actividad comercial no se vincula en lo absoluto con el expendio de helados desarrollado por el recurrente, u otros contribuyentes declararon las operaciones con anterioridad por idéntica factura.
Además, a ello deben agregarse otras dos circunstancias; la primera, que el Sr. Plastino no brindó explicación alguna respecto de la documentación aportada, y la segunda, que el apelante no aportó un sólo documento que diera cuenta de que, en efecto, hubo pagado por los servicios y/o bienes adquiridos.
Dicho de otro modo, desconocidos o refutados los documentos, y no habiendo aportado el recurrente prueba alguna de la erogación supuestamente realizada en cada caso, no cabe más que convalidar las impugnaciones de gastos efectuadas por el Fisco Nacional en los respectivos períodos fiscales del Impuesto a las Ganancias en las cuales dichos gastos fueran cargados, sin efectos en el IVA toda vez que al no haber sido registradas en los respectivos libros tampoco fueron computados los hipotéticos créditos fiscales a las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado, con costas.
X. Que, corresponde a este Tribunal resolver entonces el último de los ajustes en el Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2009 y 2010, correspondiente a las impugnaciones referidas a los contratos de locación de algunos locales comerciales explotados por el apelante.
Conforme surge de una de las deposiciones efectuadas por el recurrente en sede administrativa, en su actividad de expendio de helados el aquí actor explotaba cinco locales comerciales distribuidos en las localidades de Santa Teresita, San Bernardo, Mar de Ajó, Villa Gesell y Tandil, aspecto no cuestionado por la fiscalización actuante (cfr. fs. 98, Cuerpo IVA N° 1, AA).
Asimismo, a efectos de justificar determinados gastos, oportunamente el recurrente presentó tres contratos de alquiler, correspondientes a los locales comerciales ubicados en Mar de Ajó, San Bernardo y Tandil (cfr. fs. 139/144, fs. 105/107 y fs. 101/104, respectivamente, Cuerpo Ganancias, AA).
En el caso del primero de ellos -Mar de Ajó- no observó la fiscalización actuante inconveniente alguno. Para así decidir, tomó en consideración que el contrato tenía “fecha cierta” y que el locador -Héctor Ramón Andrés Fernández- o mejor dicho, la sucesión de dicho contribuyente, declaró como ingresos de la primera categoría durante los períodos fiscales 2009 y 2010 sumas mayores que las previstas contractualmente en el contrato de alquiler con el Sr. Plastino (cfr. fs. 159/165, Cuerpo Ganancias, AA).
Ahora bien, la carencia de ambos elementos en los restantes contratos tuvo como resultado la impugnación de las respectivas erogaciones por parte de la fiscalización.
Al respecto, en esta instancia el recurrente no aporta, además del contrato firmado que valoró la instancia de fiscalización, ningún otro elemento de prueba para acreditar la existencia y cuantía de tales erogaciones, por ende no queda otra que concluir que la circunstancia que torna inadmisibles la deducibilidad de las cuantías computadas por el aquí apelante en concepto de alquileres de los locales comerciales de San Bernardo y Tandil es que al margen de la existencia del mencionado contrato no existe en estas actuaciones ningún otro elemento que demuestre la cuantía, oportunidad y efectiva erogación del pago de las sumas respectivas en cada uno de los referidos contratos, aspecto que recaía en cabeza del apelante demostrar y no ha producido ni ofrecido producir prueba alguna a ese respecto, lo que convalida en último término la impugnación efectuada por el Fisco Nacional, con costas.
XI. Que en cuanto a los planteos vertidos por la parte actora respecto de los intereses resarcitorios, cabe señalar en primer lugar en cuanto a los planteos de inconstitucionalidad que este Tribunal tiene limitaciones establecidas en ese sentido en el art. 185 de la Ley de rito. Asimismo, que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. Respecto de los agravios vinculados a los intereses resarcitorios, en donde se aduce la ausencia de mora culpable, cabe señalar que, en forma reciente, la CSJN ha revisado la doctrina de fallos “Ika Renault” en donde se expuso que “si bien en el precedente de fallos 304:203 el Tribunal estableció que resulta aplicable la última parte del art. 509 del Cod. Civil que exime al deudor de las responsabilidades de la mora cuando ésta no le es imputable, las particularidades del derecho tributario... que indudablemente se reflejan en distintos aspectos de la regulación de los mencionados intereses (fallos 308:283, 316:42 y 321: 2093), llevan a concluir que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del código civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales ajenas al deudor que deben ser restrictivamente apreciadas han impedido a éste el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria. Es evidente entonces que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con prescindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la corte en otros precedentes..., se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000). Por lo expuesto, corresponde confirmar los intereses resarcitorios calculados en las determinaciones apeladas apeladas.
XII. Que, corresponde a este Tribunal resolver si se ajustan a derecho las multas aplicadas referentes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2009 y 2010, todas con sustento en el artículo 46 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
Debe dejarse senado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la Ley de Procedimiento, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re “Vadelux SRL c/DGI s/recurso directo” del 5/06/2014 “la figura de la defraudación -tipificada en el artículo 46 de la Ley Nº 11.683- requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Ello, en la medida en que no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error en la víctima de defraudación (conf. esta Sala en las causas: “Casino del Litoral S.A.” del 08/02/99; “Carlos Romero Hijos y Cía. S.A.” del 02/05/05; “Sacks, Santiago (TF 20.669-I) c/ DGI” del 15/09/10).
Del comportamiento ya descripto del contribuyente, se observan en el caso un serie de indicios graves, precisos y concordantes que tanto objetiva como subjetivamente sitúan al recurrente en el centro de una serie de maniobras intencionales tendientes a ocultar su verdadera posición obligacional frente al Fisco Nacional, tanto en el Impuesto al Valor Agregado como en el Impuesto a las Ganancias, por lo que cabe confirmar las sanciones, con costas. En cuanto al quantum de la sanción aplicada, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en el acto atacado una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarlas en tres veces el impuesto omitido, por el contrario no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirla al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental, con costas salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas en cuanto determinan impuestos, accesorios y multa, reduciendo esta última al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental. Con costas salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese a las partes. Fecho, procédase a la impresión y agregación de la presente al expediente papel, devuélvanse los antecedentes administrativos y oportunamente, archívese.
Date: 2022.08.26 17:14:45 ART Date: 2022.08.26 17:19:35 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.08.26 21:33:45 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.26 21:34:10 -03:00
Fin de la sentencia