Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 24.553-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la resolución fallo nro. 41/2012 (AD TUCU) dictada en la actuación administrativa nro. 12724-33-2008, en cuanto ha sido materia de agravio. Costas a la demandada.
I. Que a fs. 12/21 y vta. se presenta, por apoderado, la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución nro. 41/2012 (AD TUCU), recaída en las actuaciones SIGEA Nro. 12724-33-2008, en cuanto la condena al pago de una multa por considerarla responsable de la comisión de la infracción tipificada en el artículo 954, apartado 1, incisos b) y c), del Código Aduanero, en relación con la destinación de importación 07074IC03000027M.
Manifiesta que ha cumplido con la totalidad de sus obligaciones aduaneras, sin causar perjuicio alguno al Fisco, sin afectar o girar dineros o fondos al exterior violando el ejercicio del poder de policía del Estado. Sostiene que no sólo es inexistente el perjuicio fiscal, sino que la existencia de la declaración inexacta tampoco está probada. Afirma que no lesiona el bien jurídico -hacienda pública- protegido por el art. 954 inc. c) por lo que no hay infracción aduanera.
Explica que ha cumplido con su obligación aduanera de declaración de la mercadería, aunque tuvo en destino una diferencia debido a la disminución del peso de la mercadería importada, por evaporación en su propia naturaleza no pudiendo esta causa ajena a su voluntad ser a ella imputada. Entiende que la diferencia entre lo declarado y lo efectivamente ingresado es tan ínfima que no puede afirmarse que se entorpezca de alguna manera el control por parte del aduanero. Añade que todo ello consta en la documentación que en prueba original adjuntó en el descargo y que no fue tenida en cuenta al dictarse la resolución condenatoria.
Invoca la doctrina de la Corte Suprema in re “Nidera S.A.” del 20/3/03. Considera que el servicio aduanero aplicó incorrectamente al caso el precedente “Bunge y Born”. Sostuvo que la infracción se configuraría si se mostrara que las transferencias de dinero al exterior no corresponden a la cantidad de mercadería efectivamente ingresada. Aclara que no existe un egreso hacia el exterior de una suma pagada o a pagar distinta de la que correspondiere. Agrega que en el descargo realizó una breve descripción de la operación contable llevada a cabo a los fines de transferir al exterior dinero que se corresponde exactamente con la mercadería ingresada al país. Concluye que no se configura la comisión de la infracción endilgada pues la resolución se refiere siempre al elemento objetivo mas nada dice del elemento subjetivo.
Cita jurisprudencia de este Tribunal Fiscal. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 31/38 y vta. se presenta la representación fiscal y contesta el traslado que le fuera conferido. Efectúa un breve racconto de lo acontecido en sede aduanera y formula una negativa genérica de las afirmaciones vertidas por la actora.
Señala que la firma importadora efectuó una declaración ante el servicio aduanero que difiere, en cuanto a la cantidad de mercadería, con lo que resultó de la comprobación. Agrega que ello generó el efecto previsto en el art. 954 ap. 1 inc. c) del C.A., toda vez que la diferencia en la cantidad aludida determinó el egreso de nuestro país de un importe distinto del que correspondía.
Explica que la acción típica consiste en efectuar ante el servicio aduanero una declaración respecto de destinaciones aduaneras de importación o exportación que difiera con la comprobación practicada por la aduana y que produzca o pueda producir en caso de pasar inadvertida, alguno de los supuestos previstos en los tres incisos del art. 954 del Código de rito.
Destaca que del informe que luce a fs. 36 de las actuaciones administrativas surge que hay una diferencia de cantidad de mercadería entre lo declarado y lo realmente ingresado siendo tal diferencia de U$S 332,50.-. Añade que la recurrente no ha invocado ni probado que la diferencia estuviera dentro del margen de tolerancia legal establecido por el art. 959 inc. c) del C.A.
Considera que es clara la declaración inexacta enrostrada a la actora y la viabilidad legal del fallo aduanero que la condena toda vez que la maniobra se encuentra tipificada por el art. 954, ap. 1, inc. c) del Código Aduanero. Invoca jurisprudencia que haría a su derecho.
Advierte que la recurrente sólo se agravia de la resolución aduanera en cuanto califica su accionar en los alcances del art. 954 ap. 1, inc. c) del C.A. sin expresar un solo motivo de agravio con relación al encuadre legal del art. 954 ap. 1 inc. b) del C.A. Considera que el incumplimiento de la actora de la manda del art. 1145 del C.A., que le exige al apelante la expresión de todos sus agravios torna firme lo decidido en este aspecto dado que al no agraviarse de ello corresponde entender que la ha tácitamente consentido.
Ofrece como prueba las actuaciones administrativas vinculadas a la causa, hace reserva del caso federal y solicita se rechace el recurso, con costas a la actora.
III. Que de la compulsa de las actuaciones administrativas que tramitaron mediante expediente SA74 n° 007/2009, informatizado bajo SIGEA n° 12724-33-2008, resulta que las mismas se iniciaron a raíz de la denuncia labrada por el Jefe de la Sección Verificaciones de la Aduana de Tucumán, mediante la Nota UTV nro. 153/2008, que da cuenta que la firma PAPELERA TUCUMÁN SA y el despachante de aduana ROQUE MONTELEONE documentaron la destinación de importación N° 07074IC03000027M de la que surgiría una diferencia en la mercadería la que fue declarada como clase PSI N° 9 y 10 resultando del análisis practicado que corresponde a la clase PSI N° 6. Asimismo, a fs. 36 se informa de una diferencia entre la cantidad declarada con un valor de FOB de U$S 23.750 y lo realmente ingresado con un valor FOB cumplido de U$S 23.417,50.-, surgiendo una diferencia de U$S 332.50 que podría producir un egreso hacia el exterior de un importe distinto al que efectivamente correspondía (ver informe UTV N° 002/2009). A fs. 5/23 obra copia autenticada del despacho de importación N° 07074IC03000027M y demás documentación complementaria. A fs. 37/38, con fecha 09/01/2009, se dispone, en los términos del art. 1090, inc. c), del CA, la instrucción de sumario contencioso por presunta infracción al art. 954, inc. c), del CA contra la firma PAPELERA TUCUMÁN SA y el despachante de aduana ROQUE MONTELEONE y se ordena correr vista de lo actuado en los términos del art. 1101 del CA, resultando notificada la firma importadora el 4/03/2009 (ver fs. 51) y el despachante de aduana el 11/03/2009 (ver fs. 60). A fs. 61/63 y vta., la firma importadora contesta la vista conferida, haciendo lo mismo el despachante de aduana en fecha 25/03/09 (ver fs. 70/72). A fs. 119/122, en los términos del art. 1040 del CA, se emite dictamen jurídico. A fs. 123/126 se dicta la resolución fallo n° 41/2012 (AD TUCU).
IV. Que corresponde dilucidar en autos si la resolución apelada, por la que se condena a la firma importadora recurrente al pago de una multa por la infracción tipificada en el artículo 954, apartado 1, incisos b) y c), del Código Aduanero, se ajusta a derecho.
Que a los efectos de la configuración de la infracción en trato es presupuesto necesario la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación. Que el 3/04/2007, la firma Papelera Tucumán S.A. documentó mediante la destinación de importación 07 074 IC03 000027M la importación para consumo de 250 toneladas de papel bajo el subrégimen de envíos fraccionados.
Que, al día siguiente del registro de la solicitud de destinación, fue despachado a plaza el primer envío fraccionado de la mercadería involucrada, consistente en 72.920 kilogramos – 72.92 Tn-. El 05/04/2007, se habría producido el libramiento de otros 75.370 kilogramos de mercadería -75,37 Tn-. Asimismo, el 10/04/2007, se despachó a plaza 21.730 kilogramos -21,73- de la mercadería en trato y, finalmente, el 24/04/2007, se produjo el libramiento de 76.480 kilogramos de mercadería -76,48 Tn- (ver fs. 5vta). De ese modo, lo ingresado al amparo del despacho de importación involucrado totaliza la suma de 246.500 kg., vale decir, 246,5 toneladas. De ese modo, faltaron ingresar 3,5 toneladas de las 250 declaradas en el DI involucrado.
Que si bien en varios pasajes de su recurso la firma importadora reconoce expresamente el faltante de mercadería (al que califica de ínfimo), en otros afirma contradictoriamente que su declaración cumplió con todos los requisitos legales vigentes y que el servicio aduanero no verificó que se cumpliera el presupuesto fáctico de que se haya declarado incorrectamente alguno de los elementos. En uno de esos pasajes manifiesta expresamente que su declaración indica correctamente, entre otras cosas, al peso, cantidad y precio, para luego volver a decir que la diferencia mínima de peso era ajena a su previsión.
Que la recurrente no ofreció ni produjo prueba tendiente a acreditar que existieran otros manifiestos terrestres de carga que se amparen en el DI involucrado. Lo cierto es que en su declaración comprometida la firma importadora declaró, como fuera expuesto anteriormente, la importación para consumo de 250 toneladas, cuando de las constancias obrantes en autos resulta que se importaron para consumo 246,5 de esas toneladas. En efecto, debe tenerse presente el CANAL ROJO obligatorio asignado a la destinación en trato, en virtud de tratarse de una importación para consumo de mercadería que arriba por vía terrestre en envíos fraccionados (sub regimen IC03 conf. RG AFIP n° 583/99).
Que el art. 234 del CA (reformado por la ley 25.986) establece que la declaración comprometida debe indicar toda circunstancia o elemento necesario para permitir al servicio aduanero el control de la correcta valoración de la mercadería de que se trate. Al establecer ello el art. 234 del CA, en consonancia con el art. 332 (norma análoga en destinos de exportación), hace referencia necesariamente a la descripción de la mercadería (naturaleza, especie, calidad, cantidad, etc.) y de la relación jurídica y comercial del importador con el remitente de la mercadería (de la cual surge, entre otros, el precio y demás elementos que inciden sobre el valor de la mercadería) y de toda otra información intrínseca o extrínseca de la mercadería y de la operación de base que permita determinar el tratamiento aduanero que corresponda a las mercaderías objeto de despacho.
Sentado lo que antecede, el presupuesto de hecho del tipo infraccional -una diferencia entre lo declarado por la firma importadora en su solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación–, se encuentra acreditado en autos.
V. Que de la Exposición de Motivos del Código Aduanero se desprende que el legislador ha querido tutelar en el Capítulo VII, correspondiente al Título II de la Sección XII, referido a las declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas, el principio básico de veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación aduanera.
Que como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “SUBPGA S.A.C.I.E.eI. c/ Estado Nacional (A.N.A.) s/ nulidad de resolución”, el artículo 954 del Código Aduanero da prioridad a la veracidad y exactitud de la declaración, con prescindencia de otra actividad ulterior del declarante -salvo los supuestos previstos en la propia ley- o del control que pueda efectuar el servicio aduanero. Ello se traduce en que en la confiabilidad de lo declarado mediante la correspondiente documentación reposa todo un sistema que no depende de la mayor o menor eficiencia con que el servicio aduanero practique las tareas de control que le están asignadas; al contrario, la sujeción a tales presupuestos tiende a evitar que al amparo del régimen de exportación o importación, en su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen o perviertan (Fallos: 315:942).
VI. Que ello así, corresponde dilucidar si la diferencia de cantidad de la mercadería declarada resultó idónea, bajo las circunstancias del caso, para afectar el bien jurídico “tutelado” por el legislador.
Que, a ese efecto, resulta esencial tener presente que las declaraciones formuladas se hicieron al amparo del régimen relativo a las “importaciones fraccionadas”, así como que el propio servicio aduanero aceptó su encuadre en dicho régimen, al autorizar los libramientos parciales que se produjeron.
Que en la Resolución General AFIP nº 44/1998, referida a criterios de verificación para el despacho de mercaderías objeto de importación, el punto B-3 del Anexo II contempla a los despachos fraccionados por vía terrestre sobre camión. Por su parte, la modalidad de envíos fraccionados también fue contemplada en la Resolución A.N.A. nº 970/95 y la nº 4291/95, modificatoria de la anterior. La Resolución A.N.A. nº 970/95 en su Anexo IV “A” (incorporado por la Resolución A.N.A. nº 4291/95) preveía la existencia de envíos fraccionados. Que cabe señalar, asimismo, que con posterioridad a ello se dictó la Resolución General AFIP nº 583/1999 - modificada por la Resolución General nro. 2347/2007-, que implementó un subrégimen IC03 para la oficialización o registro de solicitudes de destinación de importación de mercaderías que arriben al territorio aduanero, en forma fraccionada, por la vía terrestre.
Que así las cosas, se trata de un régimen que habilita la posibilidad de efectuar una sola declaración relativa a más de un envío, quedando fijado en la fecha de esa declaración el momento único en el que se establecen todos los elementos utilizables para la liquidación de los tributos que correspondieren y demás factores del régimen aplicable (régimen tributario, alícuota, base imponible), a todos los efectos previstos en el artículo 639 del C.A., constituyendo una facilidad contemplada en la normativa aduanera a favor del importador.
Que no puede perderse de vista que el principio de inalterabilidad de la declaración es consecuencia necesaria del sistema de control selectivo -azaroso o inteligente- al que recurre el servicio aduanero, atento a la imposibilidad de verificar la totalidad de las mercaderías que se importan o se exportan. En virtud de ello, el importador o exportador presenta ante el servicio aduanero una declaración previa, y es a partir de la confianza en la veracidad y exactitud de esa declaración que se sostiene el instituto del “despacho en confianza”, que permite el libramiento de mercaderías sin proceder a la verificación de las mismas.
Que, en ese sentido, las diferencias de cantidad (faltantes y sobrantes) resultan pasibles de sanción, en razón de que hacen presumir la introducción ilegal de la mercadería que resulta faltar o sobrar.
VII. Que, sin embargo, cabe atender las particularidades del caso que nos ocupa. La firma importadora, como fuera expuesto anteriormente, declaró en la solicitud de destinación que se trataba de “envíos fraccionados”, es decir que en su declaración comprometida no manifestó estar presentando ante el servicio aduanero la cantidad de 250 toneladas de papel, sino que declaró que se producirían envíos fraccionados y, por lo tanto, parciales. Que, ello así, no se ha producido en el caso de autos faltante alguno, pues el mismo debería resultar de lo comprobado con referencia a un manifiesto de carga, en el cual el transportista, a través de su agente de transporte aduanero, declara que transporta en ese medio la totalidad de la mercadería objeto de la operación que habrá de desarrollarse por envíos fraccionados y no, concretamente, aquella que efectivamente transporta en el medio de transporte respectivo, lo que no ocurrió en el caso de autos, al no encontrarse agregado el manifiesto de carga. Que en ese hipotético supuesto, el responsable por el faltante sería el transportista, y en forma solidaria su agente de transporte aduanero, en caso de ser razonablemente atribuible a su esfera de responsabilidad, por tratarse de un sujeto sometido al control del servicio aduanero en operaciones anteriores a la verificación de la mercadería en el trámite de la solicitud de destinación (ello conforme la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Nidera S.A. (TF 9.533-A) c/ D.G.A.”, Fallos: 326:708).
Que como quedara expuesto, en autos se trata de un régimen que fue autorizado por el servicio aduanero, respecto del cual la reglamentación no prevé consecuencia alguna por la no importación de la cantidad total de mercadería declarada en las solicitudes de destinación.
Que si bien se establece un plazo de quince días hábiles fijado para el arribo de la mercadería (contado desde el arribo de la primera unidad de transporte), conforme se establece en el Anexo IV “A” de la Resolución A.N.A. nº 970/95 (incorporado por la Resolución A.N.A. nº 4291/95), se encuentra prevista expresamente la posibilidad de rehabilitación del despacho de importación una vez vencido ese plazo, y sin límite temporal. Asimismo, el punto 9 del Anexo III de la Resolución A.N.A. nº 3147/96 establece, con relación a la rehabilitación de los despachos directos a plaza, que se debe “observar -como único requisito- para su autorización, que a la fecha de la solicitud de rehabilitación, se abonen las eventuales diferencias tributarias y, que no exista prohibición para la importación de la mercadería. Se podrán efectuar las rehabilitaciones que resulten necesarias hasta el arribo de la mercadería”.
Que siendo así, en el caso de autos la falta de arribo de una parte de la mercadería en el plazo establecido podría tener consecuencias únicamente en materia tributaria, quedando excluido todo reproche penal fundado en la infracción de declaración inexacta, toda vez que no se ve afectado el principio de veracidad e inalterabilidad de la declaración, al haberse manifestado en las declaraciones, como fuera expuesto anteriormente, que se trataba de envíos fraccionados.
Que, en definitiva, frente al no arribo de una parte de la mercadería amparada en ese régimen de importaciones fraccionadas, el importador pierde el derecho a mantener, respecto a la mercadería no arribada en el plazo autorizado, el régimen tributario, la alícuota y la base imponible de la mercadería, fijado en la fecha de entrada del medio transportador al territorio aduanero, de conformidad con lo previsto en los artículos 639 y 637, apartado 1, inciso a), del Código Aduanero.
Que en virtud de las consideraciones precedentes, que llevan a la conclusión de que en el caso de autos no se configuró declaración inexacta alguna, corresponde revocar la resolución aduanera apelada.
VIII. Que corresponde referirse al reproche infraccional, contenido en la resolución aduanera condenatoria, en los términos del art. 954, ap. 1, inc. b), del Código Aduanero.
Que la representación fiscal entiende que la recurrente ha consentido, en este aspecto, el decisorio aduanero pues en su escrito recursivo (que luce a fs. 12/21 y vta.) no se observarían agravios respecto del encuadre legal en el art. 954, ap. 1, inc. b), del Código Aduanero.
Que, en efecto, tanto al momento de constestar la vista en sede aduanera (ver fs. 61/63 y vta.) como al momento de interponer el recurso ante este Tribunal Fiscal la recurrente sólo se agravia de la resolución aduanera en cuanto califica su accionar en los alcances del art. 954 ap. 1, inc. c), del Código Aduanero.
Que la recurrente adopta dicho proceder toda vez que de la compulsa de los antecedentes administrativos SIGEA Nro. 12724-33-2008 surge que con fecha 09/01/09 el servicio aduanero dispuso la instrucción de sumario por la presunta existencia de una declaración inexacta con encuadre en el art. 954, apartado 1, inciso c) del Código Aduanero. , sin embargo, nada se le imputa en los términos del mencionado inciso b). Nótese que en el mencionado auto de apertura de sumario se hace referencia de modo abstracto a la denuncia aduanera (ver s fs. 1 la UTV Nª 153/2008) en la que la Aduana de Tucumán deja constancia de que se habría detectado una declaración inexacta en el item 1 declarada por la PA SIM 4707.30.00.000C -papel periodico- como clase PSI N° 9 y 10 cuando correspondía a la clase PSI N° 6 mas no hay allí una imputación concreta en los términos del art. 954, ap. 1, inc. b) del C.A.
Que, para clarificar la cuestión, adviértase que el art. 954 ap. 2 del Código Aduanero dispone que “Si el hecho encuadrare simultáneamente en más de uno de los supuestos previstos en el apartado 1, se aplicará la pena que resultare mayor”, no obstante, en el presente caso la multa por la que el servicio aduanero instruye sumario y corre vista a la recurrente -por la suma de U$S 332,50- surge del art. 954, ap. 1, inc. c) del C.A. (que resulta ser sustancialmente menor a la que cabría por la aplicación del inciso b) del mismo artículo) cuyo origen sería la diferencia entre la cantidad de mercadería efectivamente ingresada a territorio aduanero y el importe egresado de nuestro país. Se desprende con claridad entonces que el servicio aduanero no tuvo en cuenta al momento de instruir el sumario y correr vista de la actuaciones la aplicación del art. 954 ap. 1, inc. b) del C.A., cuya pena - valor en aduana de la mercadería- es la que se debería haber utilizado para determinar la multa mínima por ser sustancialmente superior a la que alude el art. 954 ap. 1, inc. c) del C.A.
Que la eventual resolución condenatoria por tales hechos no imputados al momento de correr la vista del art. 1101 sería un acto viciado de nulidad. Se trata entonces de que el imputado no se vea “sorprendido”, en su derecho de defensa, al tomar conocimiento, recién mediante la resolución definitiva de que ha sido condenado (es decir imputado y condenado) por un hecho y/o una infracción diferente que no habían sido objeto de la imputación inicial (corrida de vista del art. 1101) y de la que sí había podido defenderse.
Que en el caso de autos no cabe ninguna duda de que el hecho (o situación fáctica) que motivó la apertura del sumario y la corrida de vista fue la diferencia entre la cantidad de mercadería efectivamente ingresada a territorio aduanero y el importe egresado de nuestro país por lo cual el funcionario aduanero al correr la vista –y hacer saber el importe de la multa mínima-, lo hizo teniendo en cuenta dicha diferencia como mercadería en infracción. No obstante, en la resolución definitiva se condenó además por otro hecho (diferencia en la mercadería la que fue declarada como clase PSI N° 9 y 10 resultando del análisis practicado que correspondería a la clase PSI N° 6) que encuadra en el art. 954 ap. 1 inc. b) del C.A., razón por la cual debía haberse corrido una vista con dicha imputación infraccional exigiendo la multa mínima en los términos de lo dispuesto por el art. art. 954 ap. 2 del Código Aduanero.
Que, por ello, corresponde declarar la nulidad de la resolución aduanera apelada, en la parte que condena a la recurrente por la comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. b).
Que, en consecuencia, resulta ajustado a derecho revocar la infracción endilgada por la Aduana, dejando a salvo el criterio asumido por el Dr. Garbarino – por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala – en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes (“Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.840, del 02/12/13; “Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.553-A, del 03/12/13 y “Nutribras SA c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 36.507-A, del 06/03/12, entre otros). Que, por ello, SE RESUELVE:
Revocar la resolución fallo nro. 41/2012 (AD TUCU) dictada en la actuación administrativa nro. 12724-33-2008, en cuanto ha sido materia de agravio. Costas a la demandada.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y, por Secretaría de Registro, a la Dra. María Teresa Pedreira, al domicilio sito en Uruguay 390 Piso 15 Of. F y G, CABA. Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese. Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2022.04.11 17:03:20 -03:00 Date: 2022.04.11 19:32:59 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.04.11 19:33:00 -03:00
Fin de la sentencia