Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 6.031-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la resolución apelada y, en consecuencia, hacer lugar a la repetición ensayada por la recurrente con más lo intereses desde la fecha de interposición del respectivo reclamo administrativo, liquidados a la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina de acuerdo con lo dispuesto en la doctrina plenaria establecida por este Tribunal en la causa “Dalmine Siderca S.A.I.C.” del 27/12/93 (Expte. N° 6.031-I), que resulta de acatamiento obligatorio en virtud de lo establecido por el art. 151 de la ley procedimental. Las costas se imponen al Fisco Nacional, no observando este Tribunal razón alguna que permita apartarse del criterio objetivo de la derrota, tanto más si se tiene en consideración que no se trata el caso de marras de una cuestión novedosa.
I. Que, a fs. 49/65 la actora interpone recurso de apelación contra la resolución N° 148/2014 (DV NRR1) de la A.F.I.P. - Dirección General Impositiva de fecha 16 de Junio de 2014, suscripta por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Norte, mediante la cual no se hiciera lugar a la acción de repetición interpuesta el 29/10/2013 por la recurrente en los términos del art. 81 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y modificatorias) referida a la solicitud de reintegro de la suma de $39.393,20, suma que fuera ingresada a través de la cancelación de once anticipos de $3.581,20 cada uno correspondientes al Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta período fiscal 2012.
Señala la recurrente que bajo la denominación “El Aduar S.A.” funciona una asociación civil sin fines de lucro bajo la forma de una sociedad anónima, de acuerdo a lo establecido en el art. 3° de la Ley N° 19.550, denominada en aquél entonces Ley de Sociedades Comerciales -actual Ley General de Sociedades-. Sintetiza que no realiza actividades que trasciendan a terceros, dado que su único objeto radica en ser titular del dominio de las áreas comunes del complejo urbanístico, del mismo modo que lo haría un consorcio regulado por la Ley N° 13.512 de Propiedad Horizontal si se optara por desarrollar el emprendimiento de una manera alternativa (cfr. fs. 52 vta.).
En ese sentido, desarrolla que tiene por objeto constituirse en la entidad jurídica que integren, o a la que necesariamente deban incorporarse quienes ulteriormente adquieran por cualquier título cada una de las parcelas o “unidades funcionales” enajenables que forman parte de la urbanización denominada “Estancia El Aduar”, y que a ese único fin la sociedad El Aduar S.A. Adquirió la titularidad del dominio de las áreas comunes recreativas, sociales, deportivas, de esparcimiento, circulación y demás ámbitos y bienes destinados a servicios comunes de dicho emprendimiento (cfr. fs. 52 vta.). Por otra parte, sintetiza que la forma societaria utilizada deriva expresamente de las disposiciones legales vigentes en la Provincia de Buenos Aires bajo el complejo normativo establecido por la Ley N° 8912/1977 de Ordenamiento Territorial y uso del Suelo y de su decreto reglamentario N° 9404/1986, y que el club de campo El Aduar, en tanto emprendimiento inmobiliario ubicado en el Partido de Zárate, Provincia de Buenos Aires se organizó, realizó y subdividió en un todo conforme con la normativa vigente en la jurisdicción en la cual se encuentra asentado (cfr. fs. 52/52 vta.). En lo que aquí interesa, la argumentación de la recurrente se sintetiza en que sin perjuicio de su forma jurídica, no desarrolla actividad alguna que resulte objeto de gravabilidad en el Impuesto a las Ganancias, pues no tiene ingresos, solo recupera gastos a través de las expensas, no distribuye utilidad alguna entre sus socios y su objeto se resume únicamente en el cumplimiento de las normas establecidas en territorio provincial para el establecimiento de determinados complejos de urbanización (cfr. fs. 52/53).
En breve, el razonamiento explicitado se resume en que un sujeto insusceptible de generación de renta y cuyos bienes no están a afectados a actividad económica alguna no puede ser considerado válidamente sujeto pasivo del Impuesto a las Ganancias, por tanto no obstante la gravabilidad de los referidos bienes por el Impuesto a la Ganancias Mínima Presunta, no existe en rigor de verdad absolutamente ninguna posibilidad de que una vez gravado con el gravamen mencionado en último término, la recurrente pueda computarlo como pago a cuenta de una renta que jamás existirá (cfr. fs. 52/53 vta.). A su vez, puntualiza la recurrente, ello se refuerza por el sencillo hecho de que, conforme lo establece su propio estatuto social en el artículo décimo cuarto, una vez disuelta y liquidada la misma, cancelado su pasivo y reembolsado el capital, el remanente incluido en dicho capital pasará a una entidad exenta en los términos del artículo 20 inciso f) de la Ley de Impuesto a las Ganancias (cfr. fs. 52 vta./53 y fs. 2/33 -en especial fs. 29-).
En esa tónica, cita la recurrente el precedente recaído en el caso “Hermitage S.A.”, pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual afirma resulta de aplicación al caso concreto, efectúa un análisis sumamente detallado del mismo, de su doctrina, así como también de la doctrina mayoritaria en la materia y de la jurisprudencia emanada de los diversos Tribunales que hubieron abordado la cuestión con posterioridad al pronunciamiento del Máximo Tribunal. Por otro lado, acompaña certificación contable en la que referencia déficits contables y quebrantos impositivos casi ininterrumpidos, señalando que dicha documentación no fue debidamente valorada en la instancia administrativa previa (cfr. fs. 62/64 vta.). Finalmente, plantea el caso federal y solicita se revoque la resolución venida en recurso, haciendo lugar a la repetición ensayada con más sus intereses.
II. Que, a fs. 81/85 el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso, desestima los agravios de la recurrente, ratifica en todas sus partes la resolución determinativa de oficio que motiva las presentes actuaciones, destacando que la recurrente no ha demostrado el hecho de no encontrarse dentro de la esfera de aplicación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y que la documental aportada en sede administrativa o, para el caso en esta oportunidad, no resulta suficiente para demostrar la realidad económica que la propia actora describe, sin dejar de señalar que ha sido dicha parte quién de modo expreso reconoció haber tenido superávit en el período fiscal 2009 (cfr. fs. 90). A su vez, solicita el rechazo del recurso impetrado por las razones de hecho y de derecho que expone, y acompaña las actuaciones administrativas, con costas.
III. Que, a fs. 96 pto. 2° se confirió traslado a la parte actora de la oposición a la prueba formulada por el Fisco Nacional, el que fuera contestado a fs. 99/100 vta., disponiendo este Tribunal a fs. 101 pto. 2° no hacer lugar a la referida oposición. En esencia, la documentación agregada a estos autos por la recurrente no es sino su instrumento constitutivo a lo largo del tiempo y la misma e idéntica certificación contable de fecha 12/08/2013 que presentara en sede administrativa y que obra en los antecedentes administrativos acompañados por el Fisco Nacional (cfr. fs. 44/48 autos principales y fs. 38/41 AA).
IV. Que, a fs. 107 se elevan los autos a consideración de la Sala “B” y seguidamente se ponen los mismos para sentencia.
V. Que, corresponde entonces a este Tribunal evaluar si procede o no la repetición ensayada por la recurrente de la suma de $39.323,20, suma que fuera ingresada a través de la cancelación de once anticipos de $3.581,20 cada uno correspondientes al Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta período fiscal 2012.
En rigor de verdad -y en mérito a la brevedad- no está discutido en autos ni la forma societaria que reviste la recurrente, ni que dicho contribuyente presentó en tiempo y forma la declaración jurada del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta período fiscal 2012 original en fecha 14/05/2013 con saldo cero y rectificativa el 13/06/2013 con saldo a favor por la suma de $39.323,20 (cfr. fs. 72/73, AA). Tampoco está discutido que dicho saldo resulta el producto de la suma de los once anticipos ingresados en tiempo y forma, así como también de la compensación del saldo de impuesto ingresar con el saldo a favor que la recurrente tuviera a su favor en el Impuesto a los Débitos y Créditos (cfr. fs. 59/69 y fs. 74/75, AA). Por otra parte, y en atención a la certificación contable oportunamente presentada en sede administrativa y analizada por el ente recaudador en dicha instancia, tampoco se encuentra discutido en autos que durante los ejercicios económicos y fiscales 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 y 2012 el contador público certificante evidenció la recurrencia de resultados contables negativos -pérdidas-, los cuales se componen básicamente de gastos de administración (cfr. fs. 39/40, AA). A su vez, producto de dicha certificación, el profesional interviniente dio debida cuenta de que para cada período fiscal involucrado -incluido, aunque todavía no mencionado- el período fiscal 2009, la recurrente presentó la correspondiente declaración jurada del Impuesto a las Ganancias para todos y cada uno de los períodos fiscales analizados y que la información contable coincide, en esencia, con la declaración impositiva (cfr. fs. 41, AA).
En esa tónica, y en atención a lo manifestado por la representación fiscal en su responde, tampoco está discutido en autos que en el ejercicio fiscal 2009 la recurrente presentó un resultado contable positivo, el cual fue absorbido íntegramente por los quebrantos acumulados hasta ese momento, ampliamente superiores al resultado impositivo del período en cuestión. A su vez, la recurrente dio en su oportunidad las respectivas explicaciones del caso, validadas por el certificante, en cuanto a que los ingresos que se produjeron en el ejercicio de referencia reposan en una ganancia derivada de la reformulación de un plan de pagos “RAFA 2” y en la ganancia derivada de la recompra de un lote vendido el 10/09/1998, única y irrepetible (cfr. fs. 39).
VI. Que, sentado lo que antecede, conforme disponen los artículos 1° y 2° de la Ley N° 25.063 sobre Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, dicho gravamen tiene como base de imposición los activos de las sociedades y empresas domiciliadas en el país que desarrollen actividades de producción y comercialización de bienes con fines de lucro, resultando la intención del legislador al momento de crear el tributo en cuestión la captación de una capacidad contributiva de una ganancia mínima presumida por los sujetos pasivos equivalente al 1% del valor de los bienes involucrados, sin efectuar discriminación alguna respecto de la situación financiera o actividad económica y sin admisión de prueba en contrario.
Por otra lado, ambas partes reconocen, han desarrollado ampliamente y referenciado en un sentido u el otro la vinculación del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fecha 15/06/2010 recaído en la causa “Hermitage S.A.”, la que en mérito a la brevedad se resume en que la presunción legal de una ganancia mínima que no admite prueba en contrario es lisa y llanamente inconstitucional.
No es del caso efectuar una reseña exhaustiva de la evolución jurisprudencial previa y posterior al pronunciamiento del Máximo Tribunal, pues sus ramificaciones han abarcado un amplio espectro de casos judiciales en dónde las actividades de los contribuyentes no podrían ser más diversas, pero en los cuales invariablemente el aspecto central de la cuestión radica en verificar si, en efecto, la presunción de ganancia fue o no desvirtuada a través de la prueba rendida en cada uno de los supuestos planteados.
Dentro de ese universo de casos, tampoco resulta una novedad que que en el territorio de la Provincia de Buenos Aires se verifica desde antaño el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios bajo distintas figuras normativas, las que dentro de ese territorio se encuentran reguladas en diversos aspectos de su funcionamiento, desde su misma constitución bajo el complejo normativo establecido por la Ley N° 8912/1977 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo y de su decreto reglamentario N° 9404/1986.
Dicha cuestión ha sido abordada a través de diversos precedentes de este Tribunal Fiscal de la Nación y por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, cada uno con sus aristas y particularidades y en algunos supuestos presentando incluso varios frentes de litigio de forma simultánea ante los diversos fueros e instancias vinculado por un lado al no reconocimiento del carácter exento de estos entes particulares frente al Impuesto a las Ganancias y la consiguiente determinación y reclamo por parte del ente recaudador del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta por el otro (cfr. “Asociación Civil Las Glorietas S.A. (TF 30364-I) c/ DGI”, CNACAF, Sala III, 05/12/2013; “Asociación Civil La Alameda S.A. s/ recurso de apelación -Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta”, TFN, Sala B”, 02/03/2017; “Asociación Civil Los Castores s/ recurso de apelación – Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta”, TFN, Sala “A”, 02/10/2018) Incluso, en algún supuesto se hubo planteado -exitosamente, por cierto- acción declarativa de inconstitucionalidad del gravamen en cuestión (cfr. “Caracoles S.A. c/ EN – AFIP-DGI (período fiscal 2011-2014) s/DGI”, CNACAF, Sala I, 20/09/2016, con comentario de Horacio Ziccardi y Miguel J. Cucchietti EOLJU180721A). En el caso concreto, se trata de la denegatoria de repetición del gravamen ingresado en el período fiscal 2012. Por un lado, la documentación presentada por la recurrente en sede administrativa da cuenta no solo de que jurídicamente se trata de una entidad que no está destinada a generar renta de ningún tipo, sino que además dicha forma jurídica constituye una expresa obligación legal en el territorio de la Provincia de Buenos Aires (cfr. art.1 inc. A y b Dto. 9404/86 y art. 10 Dto. 27/98). Por otro lado, la certificación contable presentada también en sede administrativa permite convalidar la tesitura de la parte actora en cuanto que, en efecto, a lo largo del tiempo el resultado contable e impositivo de la misma arroja pérdidas y quebrantos, respectivamente.
En otro orden de ideas, no escapa a este Tribunal lo manifestado por el Fisco Nacional respecto del período fiscal 2009, en el cual el resultado contable arrojó ganancias y el resultado impositivo una disminución del quebranto trasladado de los ejercicios fiscales anteriores. Al respecto, no solo esa situación fue debidamente clarificada por la recurrente y, en efecto, luce excepcional, sino que además no está referida al período fiscal 2012, respecto del cual se intenta la presente repetición.
En función de las consideraciones expuestas, corresponde revocar la resolución apelada y, en consecuencia, hacer lugar a la repetición ensayada por la recurrente con más lo intereses desde la fecha de interposición del respectivo reclamo administrativo, liquidados a la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina de acuerdo con lo dispuesto en la doctrina plenaria establecida por este Tribunal en la causa “Dalmine Siderca S.A.I.C.” del 27/12/93 (Expte. N° 6.031-I), que resulta de acatamiento obligatorio en virtud de lo establecido por el art. 151 de la ley procedimental. Las costas se imponen al Fisco Nacional, no observando este Tribunal razón alguna que permita apartarse del criterio objetivo de la derrota, tanto más si se tiene en consideración que no se trata el caso de marras de una cuestión novedosa.
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar la resolución apelada y, en consecuencia, hacer lugar a la repetición ensayada por la recurrente con más lo intereses desde la fecha de interposición del respectivo reclamo administrativo, liquidados a la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina de acuerdo con lo dispuesto en la doctrina plenaria establecida por este Tribunal en la causa “Dalmine Siderca S.A.I.C.” del 27/12/93 (Expte. N° 6.031-I), que resulta de acatamiento obligatorio en virtud de lo establecido por el art. 151 de la ley procedimental. Las costas se imponen al Fisco Nacional, no observando este Tribunal razón alguna que permita apartarse del criterio objetivo de la derrota, tanto más si se tiene en consideración que no se trata el caso de marras de una cuestión novedosa. Regístrese, notifíquese a los domicilios electrónicos de las partes -conforme lo dispuesto en Acta del Acuerdo celebrado el 8 de Septiembre de 2020 IF-2020-60084748--APN-VOCXXI#TFN, anexa a la RESOL-2020-44- -APN-TFN#MEC – B.O. 11/09/2020-. Fecho, procédase a la impresión y agregación de la presente al expediente papel, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos acompañados, y archívese.
Date: 2022.08.26 17:08:47 ART Date: 2022.08.26 17:21:18 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.08.26 21:31:38 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.26 21:31:55 -03:00
Fin de la sentencia